Juan Luis Altamirano Uruñuela
Ciudad de México
El presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, anunció que a más tardar el miércoles se darán detalles sobre la decisión de una jueza de dar libertad provisional a ocho militares que presuntamente participaron en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
Antes de finalizar la conferencia de prensa matutina de este lunes al presidente se le preguntó: “¿De los militares presidente, que dejaron libres?”, y respondió: “Mañana vamos a informales de eso, mañana o pasado mañana. Es más, creo que hasta hoy mismo en la tarde se va a dar una conferencia de prensa sobre este tema. Queremos tener todos los elementos”.
Posteriormente, por medio de un comunicado de prensa, el gobierno federal aseguró que no les extraña la decisión del Poder Judicial, pues en sus prioridades nunca ha estado hallar la verdad del caso Ayotzinapa.
Además anunció que se solicitará a la Fiscalía General de la República (FGR) que, “de ser procedente, se otorguen nuevas órdenes de aprehensión y se agoten todas las líneas de investigación”.
A pesar de que no se llevó a cabo la conferencia de prensa, López Obrador sí se reunió en Palacio Nacional con la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Félix Arturo Medina Padilla y el fiscal especial del caso Ayotzinapa, Rosendo Gómez Piedra.
El sábado se anunció que la jueza Raquel Ivette Duarte Cedillo del Segundo Distrito de Procesos Penales Federales, ordenó dejar en libertad a ocho militares que estaban presos desde junio pasado por la desaparición de los 43 normalistas.
Por tal decisión, la FGR anunció que iniciaría un procedimiento legal contra la jueza, y la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (CoVAJ) condenó el cambio de la medida cautelar.
“No hay fundamento para cambiar medidas cautelares a militares”
En un comunicado, el gobierno federal subrayó su rechazo al fallo de la jueza Duarte Cedillo y los magistrados del tribunal colegiado, Horacio Armando Hernández Orozco, Juan José Olvera y Francisco Sarabia Ascencio.
“No nos extraña la posición del Poder Judicial de la Federación en el caso Ayotzinapa. Dentro de sus prioridades nunca ha estado hacer justicia, ni encontrar la verdad. Por el contrario, se ha dedicado a obstaculizar y entorpecer el desarrollo del proceso”. describieron.
El gobierno aseveró que “sin ningún fundamento legal, ellos mismos ordenan poner en libertad a ocho militares señalados de haber participado en el caso Ayotzinapa con la deliberada intención de favorecer la hipótesis de que el Gobierno de México protege al Ejército y de esta manera, seguir socavando el prestigio de una de las instituciones más importantes del Estado mexicano y perjudicar el compromiso del presidente de conocer la verdad y llegar al fondo de los hechos. Todo ello, por razones estrictamente políticas. El daño que se ha hecho es inconmensurable. Con estas decisiones el Poder Judicial mina los cimientos de la verdadera procuración de justicia” aclararon.
En el comunicado se destaca que se buscó “dejar en libertad” al ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, creador de la llamada “verdad histórica”, situación que se impidió por el trabajo coordinado entre la Fiscalía y otras dependencias.
“Una vez más el Poder Judicial se vale de pretextos procedimentales para dejar de lado la justicia. Encubiertos en tecnicismos, no ponderan los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la no repetición. No puede pasar desapercibido que fue el mismo Poder Judicial el que liberó a 62 implicados en los hechos al argumentar que habían sido torturados, pero no han actuado en contra de torturadores” se lee.
De igual forma, el gobierno federal afirmó que los juzgadores “ordenaron” que los militares “llevaran su proceso en libertad”, razón por la cual “coinciden y suscriben” con la Fiscalía General de la República (FGR) que anunció iniciaría un procedimiento legal contra los integrantes del Poder Judicial.
“Para el Gobierno de México, el caso Ayotzinapa es un asunto de Estado. Vamos a pedir a la Fiscalía solicite la revisión de las medidas cautelares tomando en cuenta los factores de riesgo y los elementos probatorios que llevaron a la misma jueza a otorgar la prisión preventiva justificada desde el 15 de agosto del año pasado, pero que el mismo tribunal colegiado ignoró y dejó sin efectos. De igual modo, se va a solicitar a la FGR que, de ser procedente, se otorguen nuevas órdenes de aprehensión y se agoten todas las líneas de investigación” remarcaron.