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Ofrece López Obrador dar detalles sobre la liberación de militares por caso Ayotzinapa

 

Juan Luis Altamirano Uruñuela

Ciudad de México

El presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, anunció que a más tardar el miércoles se darán detalles sobre la decisión de una jueza de dar libertad provisional a ocho militares que presuntamente participaron en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
Antes de finalizar la conferencia de prensa matutina de este lunes al presidente se le preguntó: “¿De los militares presidente, que dejaron libres?”, y respondió: “Mañana vamos a informales de eso, mañana o pasado mañana. Es más, creo que hasta hoy mismo en la tarde se va a dar una conferencia de prensa sobre este tema. Queremos tener todos los elementos”.
Posteriormente, por medio de un comunicado de prensa, el gobierno federal aseguró que no les extraña la decisión del Poder Judicial, pues en sus prioridades nunca ha estado hallar la verdad del caso Ayotzinapa.
Además anunció que se solicitará a la Fiscalía General de la República (FGR) que, “de ser procedente, se otorguen nuevas órdenes de aprehensión y se agoten todas las líneas de investigación”.
A pesar de que no se llevó a cabo la conferencia de prensa, López Obrador sí se reunió en Palacio Nacional con la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Félix Arturo Medina Padilla y el fiscal especial del caso Ayotzinapa, Rosendo Gómez Piedra.
El sábado se anunció que la jueza Raquel Ivette Duarte Cedillo del Segundo Distrito de Procesos Penales Federales, ordenó dejar en libertad a ocho militares que estaban presos desde junio pasado por la desaparición de los 43 normalistas.
Por tal decisión, la FGR anunció que iniciaría un procedimiento legal contra la jueza, y la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (CoVAJ) condenó el cambio de la medida cautelar.

“No hay fundamento para cambiar medidas cautelares a militares”

En un comunicado, el gobierno federal subrayó su rechazo al fallo de la jueza Duarte Cedillo y los magistrados del tribunal colegiado, Horacio Armando Hernández Orozco, Juan José Olvera y Francisco Sarabia Ascencio.
“No nos extraña la posición del Poder Judicial de la Federación en el caso Ayotzinapa. Dentro de sus prioridades nunca ha estado hacer justicia, ni encontrar la verdad. Por el contrario, se ha dedicado a obstaculizar y entorpecer el desarrollo del proceso”. describieron.
El gobierno aseveró que “sin ningún fundamento legal, ellos mismos ordenan poner en libertad a ocho militares señalados de haber participado en el caso Ayotzinapa con la deliberada intención de favorecer la hipótesis de que el Gobierno de México protege al Ejército y de esta manera, seguir socavando el prestigio de una de las instituciones más importantes del Estado mexicano y perjudicar el compromiso del presidente de conocer la verdad y llegar al fondo de los hechos. Todo ello, por razones estrictamente políticas. El daño que se ha hecho es inconmensurable. Con estas decisiones el Poder Judicial mina los cimientos de la verdadera procuración de justicia” aclararon.
En el comunicado se destaca que se buscó “dejar en libertad” al ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, creador de la llamada “verdad histórica”, situación que se impidió por el trabajo coordinado entre la Fiscalía y otras dependencias.
“Una vez más el Poder Judicial se vale de pretextos procedimentales para dejar de lado la justicia. Encubiertos en tecnicismos, no ponderan los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la no repetición. No puede pasar desapercibido que fue el mismo Poder Judicial el que liberó a 62 implicados en los hechos al argumentar que habían sido torturados, pero no han actuado en contra de torturadores” se lee.
De igual forma, el gobierno federal afirmó que los juzgadores “ordenaron” que los militares “llevaran su proceso en libertad”, razón por la cual “coinciden y suscriben” con la Fiscalía General de la República (FGR) que anunció iniciaría un procedimiento legal contra los integrantes del Poder Judicial.
“Para el Gobierno de México, el caso Ayotzinapa es un asunto de Estado. Vamos a pedir a la Fiscalía solicite la revisión de las medidas cautelares tomando en cuenta los factores de riesgo y los elementos probatorios que llevaron a la misma jueza a otorgar la prisión preventiva justificada desde el 15 de agosto del año pasado, pero que el mismo tribunal colegiado ignoró y dejó sin efectos. De igual modo, se va a solicitar a la FGR que, de ser procedente, se otorguen nuevas órdenes de aprehensión y se agoten todas las líneas de investigación” remarcaron.

 

Los militares liberados no han sido exonerados, responde la asociación nacional de jueces

 

Abel Barajas / Agencia Reforma

Ciudad de México

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED), rechazó que los ocho militares implicados en el caso Ayotzinapa recibieran una ventaja indebida al obtener su libertad provisional, como lo afirmó la Fiscalía General de la República.
En respuesta al comunicado difundido anteayer por la FGR, la asociación que representa a más de mil 500 impartidores de justicia del país respaldó a la juez y los magistrados federales que dictaron el cambio de medida cautelar.
“Las 8 personas pertenecientes a las fuerzas armadas no han sido exoneradas; la formal prisión que se dictó en su contra por el delito Desaparición Forzada de Personas, sobre los hechos del ‘caso Ayotzinapa’, está vigente y deberán continuar con el proceso, hasta que se decida si son culpables o inocentes”, dijo la JUFED.
La resolución, subrayan, “es que deben continuar con el proceso, pero en libertad provisional, y por eso consideran que “las autoridades jurisdiccionales involucradas no otorgaron una ventaja indebida a esas 8 personas, antes bien, se realizaron con apego a la Constitución, Tratados Internacionales y Resolu-ciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sin comprometer los derechos de las víctimas ni las facultades de la Fiscalía”.
La asociación civil dio a conocer la versión pública del fallo del Primer Tribunal Colegiado Penal en la Ciudad de México, que ordenó llevar a cabo una nueva audiencia para dictarle a los militares una medida cautelar distinta a la prisión preventiva de oficio.
La JUFED explicó que, a través de una demanda de amparo, los militares consiguieron una suspensión definitiva para que se realizara la audiencia de modificación de la prisión preventiva. El fundamento de la resolución es una jurisprudencia obligatoria que señala que dicha medida cautelar es contraria a los tratados internacionales.
“”Contra esa resolución, el fiscal no se inconformó; en cambio, las 8 personas sí”, dijo el organismo.
El tribunal colegiado confirmó el fallo de primera instancia en una sesión del pleno a la que las víctimas no asistieron, a pesar de estar debidamente notificadas, y en cumplimiento a esa determinación la juez concedió la libertad provisional, expuso la asociación civil.
Puntualizó que la liberación de los soldados no es definitiva porque la FGR y las víctimas pueden apelarla y en caso de que esta impugnación les fuera adversa, las víctimas tendrían el derecho de acudir al juicio de amparo.
“Si la Fiscalía o las víctimas consideran que, con el comportamiento que observen esas 8 personas en libertad provisional a partir del sábado 20 de enero de 2024, se genera peligro de que se fuguen, de que hay riesgo para las víctimas o los testigos o de que se ponga en riesgo la buena marcha del proceso, podrán solicitar nueva audiencia para que, si lo justifica, sean sometidas de nuevo a prisión preventiva”, precisó la JUFED.

 

Ya hay desde 2012 matrimonios igualitarios desde el enfoque de derechos humanos: jueza

 

Lourdes Chavez

Chilpancingo

La jueza de primera instancia en materia familiar, Iracema Ramírez Sánchez, señaló que desde 2012 en Guerrero hubo matrimonios e incluso divorcios de parejas del mismo sexo, con base en los derechos fundamentales, sin que hubiera una reglamentación como tal.
Informó lo anterior durante una capacitación a personal de Registro Civil, como parte de las actividades de la Semana Jurídica que se realiza cada año para conmemorar la promulgación de la Constitución de 1917.
En el auditorio del ayuntamiento de Chilpancingo, recordó que en el gobierno interino de Rogelio Ortega Martínez hubo una iniciativa de reforma para establecer este derecho en el Código Civil, que no pasó el estudio correspondiente, pero hubo matrimonios, incluso divorcios que en Acapulco que le tocó conocer.
“Hoy me da mucho que se haya legislado, porque sí, nos urgía esa inquietud de saber: ¿con base en qué vamos a hacer un trámite de divorcio, si no tenemos una reglamentación que nos indique el procedimiento a seguir?”.
Como conferencista de la capacitación que organizó el Sistema Estatal del Registro Civil, explicó que la actuación del Poder judicial en divorcios de personas del mismo sexo, se basó “en el reconocimiento de los derechos humanos, en la dignidad y pues también en las mismas normas que rigen el matrimonio y su disolución”.
A partir de una leída a la Ley 495 del Registro Civil del estado, confirmó que en esta norma debe incluir los procedimientos. Por ejemplo, indicó que ya contempla el cambio de nombre y de sexo por una única ocasión.
Sin embargo, advirtió que no tiene reglamentación que diga cuáles son las pruebas para este trámite, y estimó que debería contemplarse en la modificación.
Aclaró que si bien la ley reconoce a los transexuales o a las personas que quieren cambiar nombre y sexo por cuestión de género, también puede traer consigo otro problema, como ocultar un hecho delictivo.
Aunque hay jurisprudencia de que el cambio de nombre por género es un derecho a la libertad que cada persona tiene a decidir, y no libera a la de actos o hechos cometidos, recordó que sólo por cambio de nombre de una persona en el mismo género, hay una exigencia presentación de pruebas. “Sería necesario establecer un procedimiento adecuado para establecer de manera más concreta qué pruebas servirían para que, en un momento dado, en un caso así, las personas cambiaran de Juan a María, o el nombre que ellos quisieran”.
Asimismo, señaló el caso de las actas de adopción, del que hay un precedente jurídico de co-maternidades, “sería importante considerarlo en la ley porque en caso de separación y habiendo hijo, ¿quién de las dos personas se va a quedar con el niño, o en qué calidad? Me queda claro que en la co-maternidad, las dos siendo mujeres adquieren el rango de madres. A lo mejor es el mismo criterio para las parejas de hombres”.
Las actas de matrimonio también cambiarán en su estructura, ya no son hombre y mujer, sino contrayentes, recordó.
Añadió que antes, en el Código Civil, la pareja hombre y mujer tenía como finalidad la reproducción, pero a raíz de la reforma publicada el 30 de enero, cambia el paradigma del matrimonio, ahora se concibe la relación entre personas con la finalidad de forjar una vida en común, en la cual haya beneficios para ambos, satisfactores emocionales, afectivos y materiales.
El coordinador técnico del Sistema Estatal del Registro Civil, Roberto Barreto Bohorquez, abundó en la necesidad de formalizar los matrimonios igualitarios porque la institución conlleva deberes, obligaciones y consecuencias, y una es el divorcio con muchas vertientes que se tienen que actualizar en la ley.