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Data el proyecto de transporte de pasajeros Maribús de 2013

Yee Trujillo

El proyecto de transporte de pasajeros Maribús, presentado el jueves de la semana pasada por el gobierno de Claudia Sheinbaum, data de 2013 y ha sido impulsado por el ex gobernador Ángel Aguirre.
Hace más de 11 años colegios de profesionistas exigieron detalles sobre el proyecto, mientras que prestadores de servicios náuticos señalaron tener temor de perder sus ingresos, y ha sido respaldado por ex alcaldes y la actual presidenta municipal.
El 13 de noviembre de 2013 el entonces gobernador anunció en un programa de televisión que en marzo del siguiente año, a partir de la temporada vacacional de Semana Santa, estaría en funcionamiento del servicio de Vaporetto que, afirmó, tendría cuatro muelles para que las personas pudieran desplazarse por mar desde Caleta hasta Puerto Marqués, sin tener que circular por las avenidas Costera y Escénica, y destacó que se convertiría en un atractivo turístico.
El entonces alcalde Luis Walton opinó al día siguiente que era una excelente idea de transporte y que además serviría como paseo turístico por la bahía.
Luego del anuncio de Aguirre Rivero, el 17 de noviembre los Colegios de Ingenieros Arquitectos, de Ingenieros Civiles y la Comunidad Politécnica de Acapulco exigieron al gobierno estatal detalles sobre la obra para que se tomara en cuenta la opinión de la sociedad civil organizada para avalarlo o rechazarlo porque modificaría la dinámica de la ciudad.
Un día después el entonces delegado de la Semarnat, Cristian Garnica, informó que no existían notificaciones en la dependencia de trámites para la puesta en marcha, ningún documento de aviso de obra o de Manifiesto de Impacto Ambiental.
El 24 de noviembre se publicó en El Sur que el presidente de la Unión de Sociedades Cooperativas de Vanguardia del estado, aglutinada por 13 organizaciones, Arturo Pantoja, expuso que desconocían quien operaría las embarcaciones y muelles, que no querían que se privatizaran los espacios de playa, temían ser desplazados y perder sus fuentes de ingreso por los servicios de esparcimiento.
Al siguiente día, el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del gobierno encabezado por Walton Aburto, Manuel Malváez, afirmó que no tenía detalles ni se les había presentado el proyecto.
El 16 de enero de 2014 el gobierno de Aguirre Rivero anunció que invertiría 5 mil 294 millones de pesos en diversas obras, 7 millones de estos para los estudios y proyecto del Maribús.
En el mes en que supuesta-mente comenzaría operaciones, el 20 de marzo de 2014, el entonces capitán de Puerto, Miguel Ángel Martínez, dijo que aún no había nada concreto.
Más de una década después de su anuncio, el 26 de febrero del año pasado, Aguirre Rivero, al declarar que apoyaría a la entonces candidata a la Presidencia por Morena y a la oposición local en las elecciones, se refirió a proyectos como el Maribús, que serían detonadores de empleo, pero por celo político no se impulsan porque se hicieron en su administración.
Un año antes, el 28 de febrero de 2023 en estas páginas se publicó que Aguirre Rivero, la alcaldesa Abelina López y otros presidentes municipales se reunieron con el empresario Carlos Slim y que el ex gobernador afirmó que en el encuentro la presidenta municipal manifestó su interés por reactivarlo.
El 13 de octubre de 2021 el ex gobernador declaró que en una reunión un mes antes le sugirió a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda retomar obras como el Maribús.
El sistema de transporte también fue retomado en el Programa de Zona Metropolitana de Acapulco y/o Plan de Desarrollo Metropolitano de Acapulco publicado en marzo de 2023 en el Periódico Oficial de Estado de Guerrero, con el nombre de Sistema Acuabús.
Y el 27 de marzo de 2017 el entonces alcalde Evodio Velázquez invitó a empresarios de China a invertir y entregó al embajador Qiu Xiaoqi una carpeta con información entre la que iba el proyecto.

 

Ofrece López Obrador dar detalles sobre la liberación de militares por caso Ayotzinapa

 

Juan Luis Altamirano Uruñuela

Ciudad de México

El presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, anunció que a más tardar el miércoles se darán detalles sobre la decisión de una jueza de dar libertad provisional a ocho militares que presuntamente participaron en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
Antes de finalizar la conferencia de prensa matutina de este lunes al presidente se le preguntó: “¿De los militares presidente, que dejaron libres?”, y respondió: “Mañana vamos a informales de eso, mañana o pasado mañana. Es más, creo que hasta hoy mismo en la tarde se va a dar una conferencia de prensa sobre este tema. Queremos tener todos los elementos”.
Posteriormente, por medio de un comunicado de prensa, el gobierno federal aseguró que no les extraña la decisión del Poder Judicial, pues en sus prioridades nunca ha estado hallar la verdad del caso Ayotzinapa.
Además anunció que se solicitará a la Fiscalía General de la República (FGR) que, “de ser procedente, se otorguen nuevas órdenes de aprehensión y se agoten todas las líneas de investigación”.
A pesar de que no se llevó a cabo la conferencia de prensa, López Obrador sí se reunió en Palacio Nacional con la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Félix Arturo Medina Padilla y el fiscal especial del caso Ayotzinapa, Rosendo Gómez Piedra.
El sábado se anunció que la jueza Raquel Ivette Duarte Cedillo del Segundo Distrito de Procesos Penales Federales, ordenó dejar en libertad a ocho militares que estaban presos desde junio pasado por la desaparición de los 43 normalistas.
Por tal decisión, la FGR anunció que iniciaría un procedimiento legal contra la jueza, y la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (CoVAJ) condenó el cambio de la medida cautelar.

“No hay fundamento para cambiar medidas cautelares a militares”

En un comunicado, el gobierno federal subrayó su rechazo al fallo de la jueza Duarte Cedillo y los magistrados del tribunal colegiado, Horacio Armando Hernández Orozco, Juan José Olvera y Francisco Sarabia Ascencio.
“No nos extraña la posición del Poder Judicial de la Federación en el caso Ayotzinapa. Dentro de sus prioridades nunca ha estado hacer justicia, ni encontrar la verdad. Por el contrario, se ha dedicado a obstaculizar y entorpecer el desarrollo del proceso”. describieron.
El gobierno aseveró que “sin ningún fundamento legal, ellos mismos ordenan poner en libertad a ocho militares señalados de haber participado en el caso Ayotzinapa con la deliberada intención de favorecer la hipótesis de que el Gobierno de México protege al Ejército y de esta manera, seguir socavando el prestigio de una de las instituciones más importantes del Estado mexicano y perjudicar el compromiso del presidente de conocer la verdad y llegar al fondo de los hechos. Todo ello, por razones estrictamente políticas. El daño que se ha hecho es inconmensurable. Con estas decisiones el Poder Judicial mina los cimientos de la verdadera procuración de justicia” aclararon.
En el comunicado se destaca que se buscó “dejar en libertad” al ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, creador de la llamada “verdad histórica”, situación que se impidió por el trabajo coordinado entre la Fiscalía y otras dependencias.
“Una vez más el Poder Judicial se vale de pretextos procedimentales para dejar de lado la justicia. Encubiertos en tecnicismos, no ponderan los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la no repetición. No puede pasar desapercibido que fue el mismo Poder Judicial el que liberó a 62 implicados en los hechos al argumentar que habían sido torturados, pero no han actuado en contra de torturadores” se lee.
De igual forma, el gobierno federal afirmó que los juzgadores “ordenaron” que los militares “llevaran su proceso en libertad”, razón por la cual “coinciden y suscriben” con la Fiscalía General de la República (FGR) que anunció iniciaría un procedimiento legal contra los integrantes del Poder Judicial.
“Para el Gobierno de México, el caso Ayotzinapa es un asunto de Estado. Vamos a pedir a la Fiscalía solicite la revisión de las medidas cautelares tomando en cuenta los factores de riesgo y los elementos probatorios que llevaron a la misma jueza a otorgar la prisión preventiva justificada desde el 15 de agosto del año pasado, pero que el mismo tribunal colegiado ignoró y dejó sin efectos. De igual modo, se va a solicitar a la FGR que, de ser procedente, se otorguen nuevas órdenes de aprehensión y se agoten todas las líneas de investigación” remarcaron.