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Busca su familia al joven Luis Ángel Tornez Manrique a casi 7 años de su desaparición

Ramón Gracida Gómez

A casi siete años de la desaparición del joven Luis Ángel Tornez Manrique en la glorieta de Puerto Marqués, su mamá aún le llama a su celular con la esperanza de que le conteste, y sus hermanas Érika y Angie buscan sus restos en los cerros de Acapulco porque la búsqueda oficial sólo quedó en una carpeta de investigación.
El 5 de abril de 2017, Luis Ángel, de 21 años, salió de su casa a cortarse el cabello y es la única información que tiene su familia de su desaparición. Sus hermanas indican que lo desaparecieron en la glorieta de Puerto Marqués, cerca de la colonia Nuevo Puerto Marqués, donde lo buscaron ayer con otras integrantes del colectivo Verdad, Memoria y Justicia y la Brigada Nacional de Búsqueda.
Ayer se hizo la primera búsqueda destinada a Luis Ángel, pero sus hermanas Erika y Angie Tornez Manrique han participado en otras jornadas del colectivo Verdad, Memoria y Justicia, al que pertenecen desde hace dos años y que encabeza Socorro Gil Guzmán, quien contactó a Angie para que participara en la exposición fotográfica que llevan a cabo en el Zócalo de Acapulco el primer sábado de cada mes.
“Y de ahí empezamos pues que era más accesible a salir a buscar algún familiar que estando sola como familia”, declaró Angie a El Sur después de cinco horas de buscarlo, al igual que a José Luis Ramírez Delgado, en el cerro detrás de la colonia Nuevo Puerto Marqués, cerca de la planta de Pepsi.
Cuando desapareció Luis Ángel, su familia no tenía conocimiento de que existieran instituciones y colectivos de familiares que acompañan a las víctimas y que hicieran búsquedas. Sus hermanas lo buscaron en los primeros años preguntando en las calles.
La familia levantó la denuncia ante las autoridades, “pero pues prácticamente quedó sólo en una carpeta porque nosotros fuimos, fuimos a Semefo (Servicio Médico Forense), dimos vueltas”, declaró Érika.
“Te pedían un papel, otro papel, muestras de ADN dejamos; fuimos a preguntar, pero ya con el paso del tiempo, nosotros, encontraban alguna fosa, salía en las noticias, íbamos a preguntar lo que encontraran, lo que fuera ropa”.
“Pero ya conforme fue pasando el tiempo ya decían que no, que mi familiar no podía ser ése, porque ya mi familiar tenía tantos meses y que él ya no era cuerpo, que ya eran restos”, indicó Érika. “Imagínese el sentir”: tristeza, frustración.
Y ahondó: “son tantas emociones que se juntan porque como yo les digo a ellas, tú no estás segura de que mi familiar murió ese día que desapareció. Yo pues tengo la esperanza, quisiera encontrarlo vivo, pero a como está la situación, tengo que buscarlo así”.
Luis Ángel trabajaba de mozo en el hotel Embassy, que se ubica en la avenida Costera, a un costado del supermercado Soriana de la colonia Costa Azul, frente al CICI. En el mismo edificio laboraba su hermana Angie.
“Él tenía una rutina, se podía decir, él entraba a trabajar a las 3 de la tarde, salía a las 11 de la noche. Por ser el hermano menor, nosotros bajábamos a traerlo, ya ve cómo está la situación. Nosotros vivimos en un lugar que tenemos que subir pues caminando y por la hora de la noche y la preocupación de él, que no le pasara nada, bajábamos a traerlo” a la carretera Cayaco-Puerto Marqués.
Luis Ángel “en malos pasos no andaba”, afirmó su hermana Érika, porque cuando salía del trabajo le marcaba a su mamá para avisarle que ya iba en camino a su casa para que fueran por él.
Después de que desapareció, nunca hubo una llamada de extorsión para pedirles dinero, no tuvieron más información de él, pero su familia lo sigue esperando porque “eso es lo que nos mueve, la fe de encontrarlo”.
Esta búsqueda les representa “esperanza, tal vez, pero a la vez tristeza, le digo, porque no lo queremos encontrar así, mi corazón quisiera encontrarlo vivo”, dijo Érika mientras se le empezaban a llenar los ojos de lágrimas y se entrecortaba su voz.
Sus hermanas le llevan varios años diferencia a Luis Ángel, Érika era adolescente cuando nació Luis Ángel, “era como que llegó un muñequito a tu casa. Imagínese, tenernos, tratarlo; de todas, era el más cariñoso de todos. En cuestión de mi mamá, te digo, para mi mamá era todo”.
“Mi familia se rompió: a partir de que él desapareció, no, lo desaparecieron, se rompió: ver llorando a mi mamá, caer enferma por lo mismo, la tristeza, la desesperación de no saber dónde está”.
Sus hermanas están tristes por no tener a Luis Ángel, les duele, pero se tienen que hacer fuertes por su mamá porque es la que sufre más y a sus hijas les duele verla así. “A veces ella tiene la esperanza, ella aún marca su número de teléfono con la esperanza de que le conteste”.
Hasta el viernes se van a hacer búsquedas para localizar los restos de Luis Ángel.

 

Ofrece López Obrador dar detalles sobre la liberación de militares por caso Ayotzinapa

 

Juan Luis Altamirano Uruñuela

Ciudad de México

El presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, anunció que a más tardar el miércoles se darán detalles sobre la decisión de una jueza de dar libertad provisional a ocho militares que presuntamente participaron en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
Antes de finalizar la conferencia de prensa matutina de este lunes al presidente se le preguntó: “¿De los militares presidente, que dejaron libres?”, y respondió: “Mañana vamos a informales de eso, mañana o pasado mañana. Es más, creo que hasta hoy mismo en la tarde se va a dar una conferencia de prensa sobre este tema. Queremos tener todos los elementos”.
Posteriormente, por medio de un comunicado de prensa, el gobierno federal aseguró que no les extraña la decisión del Poder Judicial, pues en sus prioridades nunca ha estado hallar la verdad del caso Ayotzinapa.
Además anunció que se solicitará a la Fiscalía General de la República (FGR) que, “de ser procedente, se otorguen nuevas órdenes de aprehensión y se agoten todas las líneas de investigación”.
A pesar de que no se llevó a cabo la conferencia de prensa, López Obrador sí se reunió en Palacio Nacional con la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Félix Arturo Medina Padilla y el fiscal especial del caso Ayotzinapa, Rosendo Gómez Piedra.
El sábado se anunció que la jueza Raquel Ivette Duarte Cedillo del Segundo Distrito de Procesos Penales Federales, ordenó dejar en libertad a ocho militares que estaban presos desde junio pasado por la desaparición de los 43 normalistas.
Por tal decisión, la FGR anunció que iniciaría un procedimiento legal contra la jueza, y la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (CoVAJ) condenó el cambio de la medida cautelar.

“No hay fundamento para cambiar medidas cautelares a militares”

En un comunicado, el gobierno federal subrayó su rechazo al fallo de la jueza Duarte Cedillo y los magistrados del tribunal colegiado, Horacio Armando Hernández Orozco, Juan José Olvera y Francisco Sarabia Ascencio.
“No nos extraña la posición del Poder Judicial de la Federación en el caso Ayotzinapa. Dentro de sus prioridades nunca ha estado hacer justicia, ni encontrar la verdad. Por el contrario, se ha dedicado a obstaculizar y entorpecer el desarrollo del proceso”. describieron.
El gobierno aseveró que “sin ningún fundamento legal, ellos mismos ordenan poner en libertad a ocho militares señalados de haber participado en el caso Ayotzinapa con la deliberada intención de favorecer la hipótesis de que el Gobierno de México protege al Ejército y de esta manera, seguir socavando el prestigio de una de las instituciones más importantes del Estado mexicano y perjudicar el compromiso del presidente de conocer la verdad y llegar al fondo de los hechos. Todo ello, por razones estrictamente políticas. El daño que se ha hecho es inconmensurable. Con estas decisiones el Poder Judicial mina los cimientos de la verdadera procuración de justicia” aclararon.
En el comunicado se destaca que se buscó “dejar en libertad” al ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, creador de la llamada “verdad histórica”, situación que se impidió por el trabajo coordinado entre la Fiscalía y otras dependencias.
“Una vez más el Poder Judicial se vale de pretextos procedimentales para dejar de lado la justicia. Encubiertos en tecnicismos, no ponderan los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la no repetición. No puede pasar desapercibido que fue el mismo Poder Judicial el que liberó a 62 implicados en los hechos al argumentar que habían sido torturados, pero no han actuado en contra de torturadores” se lee.
De igual forma, el gobierno federal afirmó que los juzgadores “ordenaron” que los militares “llevaran su proceso en libertad”, razón por la cual “coinciden y suscriben” con la Fiscalía General de la República (FGR) que anunció iniciaría un procedimiento legal contra los integrantes del Poder Judicial.
“Para el Gobierno de México, el caso Ayotzinapa es un asunto de Estado. Vamos a pedir a la Fiscalía solicite la revisión de las medidas cautelares tomando en cuenta los factores de riesgo y los elementos probatorios que llevaron a la misma jueza a otorgar la prisión preventiva justificada desde el 15 de agosto del año pasado, pero que el mismo tribunal colegiado ignoró y dejó sin efectos. De igual modo, se va a solicitar a la FGR que, de ser procedente, se otorguen nuevas órdenes de aprehensión y se agoten todas las líneas de investigación” remarcaron.

 

Piden peritos independientes para la necropsia y exhumación del cuerpo de Ranferi Hernández

A seis meses del múltiple homicidio de Ranferi Hernández Acevedo y tres de sus familiares, la Organización Campesina Vicente Guerrero solicitó a la Fiscalía General del Estado (FGE) que la exhumación y necropsia de los cuerpos la realicen peritos independientes, así como que se haga en otras instalaciones, para tener un análisis serio, científico y poder esclarecer los hechos.
“No confiamos en la fiscalía de Guerrero, ha demostrado estar más del lado de los victimarios que de las víctimas, en muchos casos”, consignó en un comunicado la organización que Ranferi Hernández constituyó en 2015.
En el texto se recuerda que este 14 de abril se cumplieron seis meses del asesinato del fundador de la organización, Ranferi Hernández Acevedo; su esposa, Lucía Hernández Dircio; su suegra, de 94 años, Juana Dircio Barrios, y su ahijado, el joven Antonio Pineda Patricio, cuando el 14 de octubre se trasladaban a Chilapa por la carretera que conecta a Ahuacuotzingo.
“A seis meses de estos hechos, la situación de violencia, tanto en la región de Chilapa, como en el estado de Guerrero y en todo el país, lejos de detenerse, se ha incrementado. Esto nos muestra el interés consciente del Estado mexicano por mantener esta situación”.
“Se trata de una guerra contra el pueblo mexicano en su conjunto, que lo denominado, a través de los medios de comunicación de paga, como ‘pugnas entre grupos del crimen organizado’, tiene como objetivo el sometimiento de la población a través del miedo. Se trata de una estrategia contrainsurgente que busca la aniquilación de la protesta social”.
De este modo se busca asegurar la implementación de las contra reformas neoliberales aprobadas en este sexenio, señala. Reformas que pretenden entregar por completo los recursos de la nación al capital extranjero y privatizar los servicios públicos, como el agua y la educación.
“El asesinato de nuestros compañeros se inscribe dentro de esta política de terror, al igual que el caso de los compañeros normalistas de Ayotzinapa, en el que asesinaron a tres estudiantes, desaparecieron a 43 y varios resultaron heridos. Uno de ellos se encuentra en coma desde que sucedieron los hechos”.
“Se inscribe ahí el caso de los dirigentes campesinos asesinados en el presente sexenio: Rocío Mesino, Arturo Hernández Cardona, Luis Olivares y Raymundo Velázquez. Todos asesinatos selectivos que en su momento fueron denunciados por nuestro dirigente”.
En todo el país, menciona, los casos de los periodistas asesinados Miroslava Breach, Javier Valdez y Rubén Espinosa; así como la masacre de Nochixtlan, Oaxaca.
Esta guerra ha sido aplicada contra los sectores que luchan contra el sistema opresor, como campesinos, estudiantes, periodistas, maestros, mujeres, defensores de derechos humanos y ecologistas, indica.
Respecto a la investigación del caso Ranferi Hernández, agrega el comunicado, “respaldamos (la postura de) la familia del compañero y del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, que han planteado que la exhumación y necropsia de los cuerpos tiene que realizarse con la participación de peritos independientes, para tener un análisis serio y científico que lleve a la verdad de estos hechos, así como a la detención de los autores materiales e intelectuales de esta vil masacre”.
“No confiamos en la fiscalía de Guerrero, ha demostrado estar más del lado de los victimarios que de las víctimas, en muchos casos. Como ejemplo están los sacerdotes asesinados en Taxco que fueron, sin ninguna investigación previa, acusados de pertenecer al crimen organizado o el caso de los compañeros del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota, a quienes se les fabricaron pruebas para encarcelarlos, cuando ellos fueron los atacados”.
Consultados por separado, familiares de Ranferi Hernández confirmaron que están haciendo las gestiones y solicitarán a la FGE que sea el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) el que realice la exuhumación y la necropsia.
“Queremos saber si fueron torturados y la forma en que murieron. Estaban atados de pies y manos y la Fiscalía del estado lo único que quiere es determinar si los cuerpos tienen orificios de bala, la causa de su muerte y pruebas, dicen ellos, para proceder”.
Revelaron que en noviembre, diciembre y enero pasados, la FGE urgió a la familia a realizar la exhumación de los cuerpos, pues se iban a borrar las huellas del delito.
La familia justificó que ellos y los peritos argentinos tienen conocimiento que la FGE no cuenta con las instalaciones adecuadas para realizar los estudios, además de que el Servicio Medico Forense está saturado.
El comunicado concluye con el poema Ante la ilícita noche en memoria a Hernández Acevedo, compuesto por el maestro Leonel Manzano Sosa, preso político de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
“Quiero cantar con mis coplas y el pesar del corazón, la historia de un hombre digno en un monto de emoción / Rama seca, hoja de palma ¿por qué visten nuestros cantos con la tristeza del odio y ráfagas del corsario? / Por los caminos del sur anduvo un hombre incesante, de pueblo en pueblo sembrando la semilla delirante / Que derribaba alambrados que censuraba el simulo, una ovación hoy te brindo sin elogio y con orgullo”, versan algunas estrofas del extenso escrito.

 

El Estado ahora oculta sus crímenes detrás de la delincuencia, señala Pilar Noriega

Durante la presentación del documental “Guerrero: memoria y verdad”, la ex integrante de la Comisión de la Verdad, Pilar Noriega García, afirmó que el Estado trata de ocultar sus crímenes y desapariciones forzadas, pasando la responsabilidad a la delincuencia organizada, como ocurrió en el caso del ataque, detención y desaparición de los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
Explicó que a diferencia de la época de la Guerra Sucia en el estado, de la que se conoce y está documentada la participación del Ejército, ahora el Estado ha “sofisticado” sus acciones contra la sociedad porque responsabiliza a la delincuencia organizada.
El documental, que realizaron la extinta Comisión de la Verdad y el Canal Seis de Julio, fue presentado en la sala José Francisco Ruiz Massieu del Congreso local y acudieron decenas de estudiantes de derecho, algunos familiares de las víctimas y tres de los cinco integrantes de la comisión, Pilar Noriega, Arquímedes Morales Carranza y Nicomedes Fuentes García.
Ahí Pilar Noriega informó que los ex integrantes de la comisión pedirán a la Fiscalía General de Justicia (FGJ) del estado un oficio a través del cual se solicite a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México la entrega de los restos de dos víctimas, que fueron asesinadas y enterradas por militares, ya que aún los tienen los médicos forenses que colaboraron en su identificación.
En su participación después de la proyección del documental, la abogada explicó que la Comisión de la Verdad estuvo a cargo de la exhumación de las víctimas, y en ese momento hizo una pausa  y se disculpó ante los asistentes porque la voz se le quebró cuando dijo: “creo que no los hubiéramos encontrado si (la investigación y búsqueda) hubiera estado en manos de la Procuraduría General de la República”.
Pilar Noriega se recuperó y reprochó que la PGR, con todos los recursos que tiene, “no ha encontrado a nadie”, y recordó que la fiscalía federal tiene acceso al Archivo General de la Nación, donde está toda la documentación en la que se comprueba la responsabilidad del Ejército en las desapariciones forzadas, torturas y asesinatos de la época.
“El Ejército tomó el nombre de cada una de las personas que detuvo, ejecutó y desapareció; por eso decimos que no están desaparecidos porque no se sepa dónde están, sabe el gobierno, el Estado mexicano, la PGR y el Ejército mexicano qué pasó con ellos y es lo que tienen que decir”, precisó.
Por eso recordó que en el informe final de la comisión no pidieron a la PGR que investigara lo sucedido durante la Guerra Sucia en el estado, sino “que dijeran dónde están”, porque apuntó que después de que presentaron su informe, el Archivo General de la Nación fue cerrado a los investigadores y ya no pueden seguir investigando.
También aprovechó para recriminar “la vergonzosa actitud del gobierno mexicano ante las víctimas de la Guerra Sucia y que creo ya está dicho, lo que sucedió en aquella época, como ha quedado impune, quieren hacer lo mismo con todos los desaparecidos de esta época”.
Durante la Guerra Sucia se sabe que fue el Ejército, pero las actuales desapariciones forzadas y ejecuciones son “más sofisticadas”, dijo Noriega García, y se refirió a que la estrategia del Estado “trata de hacer ver que (los responsables de) las desapariciones pudo ser el narco o quien sabe quién”.
Y se refirió al caso de la agresión, detención y desaparición contra estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa el 26 y 27 de septiembre de 2014; “es evidente que ahí también estuvo el Ejército y por omisión o acción son responsables, así como las policías y sin embargo no lo han querido tipificar como desaparición forzada”, dijo.
La abogada denunció también que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas no ha cumplido el compromiso de reconocer en el Registro Nacional de Víctimas a la mayoría de las personas que dieron su testimonio a la Comisión de la Verdad.

El documental

El documental está basado en testimonios de sobrevivientes que relataron a las cámaras cómo fueron los días y noches que estuvieron privados de su libertad por el Ejército en cárceles clandestinas, principalmente de Acapulco.
Entre las víctimas que aparecen en el documental está el hermano del dirigente guerrillero Lucio Cabañas Barrientos, David Cabañas, Eloy Cisneros Guillén, Antonio Hernández, Alejandra Cárdenas, Efigenio Gallegos García y Luis Radilla Godoy.
Las víctimas, principalmente de la comunidad El Quemado, relataron cómo fueron detenidos arbitrariamente por el Ejército, y las agresiones que sufrían las familias, como amenazas, golpes, torturas y violaciones  sexuales.
Contaron que todos los hombres y adolescentes mayores de 14 años eran interrogados, secuestrados y acusados de ser guerrilleros.
Luis Radilla Godoy relató que una tarde en la cancha del pueblo, los soldados juntaron a los más de 40 hombres campesinos para interrogarlos, y después a algunos los metieron a una casa donde los tenían tirados en el piso de tierra esperando su turno, porque uno a uno los iban apartando para torturarlos.
“Yo creo que me dejaron muerto un rato porque no sentía nada”, relató Radilla Godoy, a quien mientras lo torturaban le preguntaban si él había estado en la emboscada, y después se los llevaron en helicópteros junto con otros compañeros a las cárceles clandestinas de Acapulco.
Relataron que los militares tenían en las cárceles clandestinas reguladores eléctricos y tambos de agua, donde los sumergían hasta que estaban a punto de desvanecerse y después, ya mojados, les aplicaban descargas eléctricas y los sometían a sesiones sistemáticas de tortura y otros eran obligados a firmar declaraciones falsas.