Durante la presentación del documental “Guerrero: memoria y verdad”, la ex integrante de la Comisión de la Verdad, Pilar Noriega García, afirmó que el Estado trata de ocultar sus crímenes y desapariciones forzadas, pasando la responsabilidad a la delincuencia organizada, como ocurrió en el caso del ataque, detención y desaparición de los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
Explicó que a diferencia de la época de la Guerra Sucia en el estado, de la que se conoce y está documentada la participación del Ejército, ahora el Estado ha “sofisticado” sus acciones contra la sociedad porque responsabiliza a la delincuencia organizada.
El documental, que realizaron la extinta Comisión de la Verdad y el Canal Seis de Julio, fue presentado en la sala José Francisco Ruiz Massieu del Congreso local y acudieron decenas de estudiantes de derecho, algunos familiares de las víctimas y tres de los cinco integrantes de la comisión, Pilar Noriega, Arquímedes Morales Carranza y Nicomedes Fuentes García.
Ahí Pilar Noriega informó que los ex integrantes de la comisión pedirán a la Fiscalía General de Justicia (FGJ) del estado un oficio a través del cual se solicite a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México la entrega de los restos de dos víctimas, que fueron asesinadas y enterradas por militares, ya que aún los tienen los médicos forenses que colaboraron en su identificación.
En su participación después de la proyección del documental, la abogada explicó que la Comisión de la Verdad estuvo a cargo de la exhumación de las víctimas, y en ese momento hizo una pausa y se disculpó ante los asistentes porque la voz se le quebró cuando dijo: “creo que no los hubiéramos encontrado si (la investigación y búsqueda) hubiera estado en manos de la Procuraduría General de la República”.
Pilar Noriega se recuperó y reprochó que la PGR, con todos los recursos que tiene, “no ha encontrado a nadie”, y recordó que la fiscalía federal tiene acceso al Archivo General de la Nación, donde está toda la documentación en la que se comprueba la responsabilidad del Ejército en las desapariciones forzadas, torturas y asesinatos de la época.
“El Ejército tomó el nombre de cada una de las personas que detuvo, ejecutó y desapareció; por eso decimos que no están desaparecidos porque no se sepa dónde están, sabe el gobierno, el Estado mexicano, la PGR y el Ejército mexicano qué pasó con ellos y es lo que tienen que decir”, precisó.
Por eso recordó que en el informe final de la comisión no pidieron a la PGR que investigara lo sucedido durante la Guerra Sucia en el estado, sino “que dijeran dónde están”, porque apuntó que después de que presentaron su informe, el Archivo General de la Nación fue cerrado a los investigadores y ya no pueden seguir investigando.
También aprovechó para recriminar “la vergonzosa actitud del gobierno mexicano ante las víctimas de la Guerra Sucia y que creo ya está dicho, lo que sucedió en aquella época, como ha quedado impune, quieren hacer lo mismo con todos los desaparecidos de esta época”.
Durante la Guerra Sucia se sabe que fue el Ejército, pero las actuales desapariciones forzadas y ejecuciones son “más sofisticadas”, dijo Noriega García, y se refirió a que la estrategia del Estado “trata de hacer ver que (los responsables de) las desapariciones pudo ser el narco o quien sabe quién”.
Y se refirió al caso de la agresión, detención y desaparición contra estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa el 26 y 27 de septiembre de 2014; “es evidente que ahí también estuvo el Ejército y por omisión o acción son responsables, así como las policías y sin embargo no lo han querido tipificar como desaparición forzada”, dijo.
La abogada denunció también que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas no ha cumplido el compromiso de reconocer en el Registro Nacional de Víctimas a la mayoría de las personas que dieron su testimonio a la Comisión de la Verdad.
El documental
El documental está basado en testimonios de sobrevivientes que relataron a las cámaras cómo fueron los días y noches que estuvieron privados de su libertad por el Ejército en cárceles clandestinas, principalmente de Acapulco.
Entre las víctimas que aparecen en el documental está el hermano del dirigente guerrillero Lucio Cabañas Barrientos, David Cabañas, Eloy Cisneros Guillén, Antonio Hernández, Alejandra Cárdenas, Efigenio Gallegos García y Luis Radilla Godoy.
Las víctimas, principalmente de la comunidad El Quemado, relataron cómo fueron detenidos arbitrariamente por el Ejército, y las agresiones que sufrían las familias, como amenazas, golpes, torturas y violaciones sexuales.
Contaron que todos los hombres y adolescentes mayores de 14 años eran interrogados, secuestrados y acusados de ser guerrilleros.
Luis Radilla Godoy relató que una tarde en la cancha del pueblo, los soldados juntaron a los más de 40 hombres campesinos para interrogarlos, y después a algunos los metieron a una casa donde los tenían tirados en el piso de tierra esperando su turno, porque uno a uno los iban apartando para torturarlos.
“Yo creo que me dejaron muerto un rato porque no sentía nada”, relató Radilla Godoy, a quien mientras lo torturaban le preguntaban si él había estado en la emboscada, y después se los llevaron en helicópteros junto con otros compañeros a las cárceles clandestinas de Acapulco.
Relataron que los militares tenían en las cárceles clandestinas reguladores eléctricos y tambos de agua, donde los sumergían hasta que estaban a punto de desvanecerse y después, ya mojados, les aplicaban descargas eléctricas y los sometían a sesiones sistemáticas de tortura y otros eran obligados a firmar declaraciones falsas.