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No se descarta que la disputa entre grupos delictivos esté detrás del crimen: Ludwig

Daniel Velázquez y Jacob Morales Antonio

El secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, no descartó que el asesinato del dirigente de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio, tenga relación con la disputa de grupos delictivos, como Los Tlacos y Los Ardillos, con ese grupo de autodefensa comunitaria.
En tanto, el líder de Morena, Jacinto González Varona, expresó que “todos estamos en riesgo en el estado”, y dijo que si el dirigente de la UPOEG se sentía amenazado, debió de pedir protección.
La presidenta de Comisión Estatal de Derechos Humanos de Guerrero, Cecilia Narciso Gaytán, ofreció acompañamiento a la familia del dirigente, para que puedan tener acceso a la justicia.
En declaraciones al finalizar el segundo informe de actividades de la diputada Yoloczin Domínguez Serna, realizado en Acapulco, Ludwig Reynoso calificó como un hecho “muy lamentable” el asesinato del fundador de la Unión de Pueblos y Organizaciones.
“Es un hecho muy lamentable, nosotros con Bruno teníamos muy buena comunicación y con él estábamos en el proceso de trabajar para que la UPOEG tuviera más orden, avanzamos en muchas cosas con él, lamento yo en lo personal, muy profundamente el asesinato de Bruno. La Fiscalía tendrá que hacerse cargo de las investigaciones y vamos a seguir muy puntualmente los hechos”, abundó el funcionario.
También a pregunta de reportero, aceptó que el crimen “podría” estar relacionado con la disputa que hay entre los grupos delictivos de Los Tlacos y Los Ardillos con la UPOEG, “hay una probabilidad de que sea eso pero no tengo mas elementos en este momento para poder señalar a alguien en particular”.
También a pregunta de que ya son cuatro los líderes de la UPOEG asesinados en el último mes, recordó que hay divisiones y diversos grupos en esa organización, “vamos a revisar muy bien lo que está sucediendo ahí”.
Rechazó que el asesinato de un líder tan reconocido sea una muestra de la ingobernabilidad del estado.

“Debió pedir medidas cautelares”: Jacinto

El presidente del Comité Directivo Estatal de Morena, Jacinto González Varona, expresó que “todos estamos en riesgo en el estado”, luego del asesinato de Bruno Plácido Valerio.
“Creo que nadie tiene derecho a quitarle la vida a otra persona, pero también nosotros los que nos dedicamos en la lucha social debemos de tomar precauciones. Creo que el compañero Bruno Plácido si tenía amenazas o temía por su vida debió de pedir medidas cautelares antes de que sucediera esto”, dijo el diputado morenista tras el informe de Yoloc-zin Dominguez, .
Y solicitó a la Fiscalía y a las instancias de gobierno encargadas de la seguridad a reforzarla y que las víctimas y sus familias accedan a la justicia. González Varona, dijo que a pesar de que este crimen ocurrió en las inmediaciones de oficinas de gobierno del estado, el Congreso y la Fiscalía General de la República, no es por la impunidad.
“Creo que no podemos tener un soldado en cada esquina, eso es evidente, eso no se puede, que estemos cuidando a cada guerrerense”.
–¿Está fallando la estrategia de seguridad entonces?
–Habría que estar revisando la coordinación que hay entre los niveles de gobierno, y pues ponderar la protección a los guerrerenses.
–¿Crees que este crimen pone en riesgo a más dirigentes sociales?
–Pues todo estamos en riesgo en el estado.
Respecto a lo sucedido en San Jerónimo, dijo que no fue una agresión a la  casa de  la alcaldesa morenista Glafira Meraza Prudente, sino contra la casa del director de Re-glamentos y Espectáculos.
Indicó que en el video se aprecia la camioneta que usa la alcaldesa y no es atacada, y que la confusión pudo venir porque ambas viviendas colindan, pero que será la Fiscalía la que informe al respecto.

Apreza: es “preocupante lo que sucede” en el estado

El coordinador de la bancada del PRI, Héctor Apreza Patrón quien también asistió al informe de Yoloczin manifestó que “es preocupante lo que está sucediendo en el estado, el asesinato de cualquier persona es lamentable, yo hago votos por que pueda reestablecerse la seguridad en nuestro estado”.
Pero dijo que la situación de seguridad no está fuera de control “evidentemente se requiere una mayor coordinación” entre “el gobierno y la ciudadania”.

Reconoce presidenta de la Codehum labor de Bruno

La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Guerrero, Cecilia Narciso Gaytán, lamentó y reprobó el asesinato.
Al término de la misma actividad, reprobó la ejecución del fundador de autodefensas.
Indicó que la Codehum dará acompañamiento a la familia del dirigente para que pueda tener acceso a la justicia, “era un defensor de los derechos de la policía comunitaria de nuestro estado”, pero también era un ser humano.
La defensora de los derechos humanos expresó su solidaridad y envió su pésame a los familiares de Bruno Plácido.

 

El Estado ahora oculta sus crímenes detrás de la delincuencia, señala Pilar Noriega

Durante la presentación del documental “Guerrero: memoria y verdad”, la ex integrante de la Comisión de la Verdad, Pilar Noriega García, afirmó que el Estado trata de ocultar sus crímenes y desapariciones forzadas, pasando la responsabilidad a la delincuencia organizada, como ocurrió en el caso del ataque, detención y desaparición de los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
Explicó que a diferencia de la época de la Guerra Sucia en el estado, de la que se conoce y está documentada la participación del Ejército, ahora el Estado ha “sofisticado” sus acciones contra la sociedad porque responsabiliza a la delincuencia organizada.
El documental, que realizaron la extinta Comisión de la Verdad y el Canal Seis de Julio, fue presentado en la sala José Francisco Ruiz Massieu del Congreso local y acudieron decenas de estudiantes de derecho, algunos familiares de las víctimas y tres de los cinco integrantes de la comisión, Pilar Noriega, Arquímedes Morales Carranza y Nicomedes Fuentes García.
Ahí Pilar Noriega informó que los ex integrantes de la comisión pedirán a la Fiscalía General de Justicia (FGJ) del estado un oficio a través del cual se solicite a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México la entrega de los restos de dos víctimas, que fueron asesinadas y enterradas por militares, ya que aún los tienen los médicos forenses que colaboraron en su identificación.
En su participación después de la proyección del documental, la abogada explicó que la Comisión de la Verdad estuvo a cargo de la exhumación de las víctimas, y en ese momento hizo una pausa  y se disculpó ante los asistentes porque la voz se le quebró cuando dijo: “creo que no los hubiéramos encontrado si (la investigación y búsqueda) hubiera estado en manos de la Procuraduría General de la República”.
Pilar Noriega se recuperó y reprochó que la PGR, con todos los recursos que tiene, “no ha encontrado a nadie”, y recordó que la fiscalía federal tiene acceso al Archivo General de la Nación, donde está toda la documentación en la que se comprueba la responsabilidad del Ejército en las desapariciones forzadas, torturas y asesinatos de la época.
“El Ejército tomó el nombre de cada una de las personas que detuvo, ejecutó y desapareció; por eso decimos que no están desaparecidos porque no se sepa dónde están, sabe el gobierno, el Estado mexicano, la PGR y el Ejército mexicano qué pasó con ellos y es lo que tienen que decir”, precisó.
Por eso recordó que en el informe final de la comisión no pidieron a la PGR que investigara lo sucedido durante la Guerra Sucia en el estado, sino “que dijeran dónde están”, porque apuntó que después de que presentaron su informe, el Archivo General de la Nación fue cerrado a los investigadores y ya no pueden seguir investigando.
También aprovechó para recriminar “la vergonzosa actitud del gobierno mexicano ante las víctimas de la Guerra Sucia y que creo ya está dicho, lo que sucedió en aquella época, como ha quedado impune, quieren hacer lo mismo con todos los desaparecidos de esta época”.
Durante la Guerra Sucia se sabe que fue el Ejército, pero las actuales desapariciones forzadas y ejecuciones son “más sofisticadas”, dijo Noriega García, y se refirió a que la estrategia del Estado “trata de hacer ver que (los responsables de) las desapariciones pudo ser el narco o quien sabe quién”.
Y se refirió al caso de la agresión, detención y desaparición contra estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa el 26 y 27 de septiembre de 2014; “es evidente que ahí también estuvo el Ejército y por omisión o acción son responsables, así como las policías y sin embargo no lo han querido tipificar como desaparición forzada”, dijo.
La abogada denunció también que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas no ha cumplido el compromiso de reconocer en el Registro Nacional de Víctimas a la mayoría de las personas que dieron su testimonio a la Comisión de la Verdad.

El documental

El documental está basado en testimonios de sobrevivientes que relataron a las cámaras cómo fueron los días y noches que estuvieron privados de su libertad por el Ejército en cárceles clandestinas, principalmente de Acapulco.
Entre las víctimas que aparecen en el documental está el hermano del dirigente guerrillero Lucio Cabañas Barrientos, David Cabañas, Eloy Cisneros Guillén, Antonio Hernández, Alejandra Cárdenas, Efigenio Gallegos García y Luis Radilla Godoy.
Las víctimas, principalmente de la comunidad El Quemado, relataron cómo fueron detenidos arbitrariamente por el Ejército, y las agresiones que sufrían las familias, como amenazas, golpes, torturas y violaciones  sexuales.
Contaron que todos los hombres y adolescentes mayores de 14 años eran interrogados, secuestrados y acusados de ser guerrilleros.
Luis Radilla Godoy relató que una tarde en la cancha del pueblo, los soldados juntaron a los más de 40 hombres campesinos para interrogarlos, y después a algunos los metieron a una casa donde los tenían tirados en el piso de tierra esperando su turno, porque uno a uno los iban apartando para torturarlos.
“Yo creo que me dejaron muerto un rato porque no sentía nada”, relató Radilla Godoy, a quien mientras lo torturaban le preguntaban si él había estado en la emboscada, y después se los llevaron en helicópteros junto con otros compañeros a las cárceles clandestinas de Acapulco.
Relataron que los militares tenían en las cárceles clandestinas reguladores eléctricos y tambos de agua, donde los sumergían hasta que estaban a punto de desvanecerse y después, ya mojados, les aplicaban descargas eléctricas y los sometían a sesiones sistemáticas de tortura y otros eran obligados a firmar declaraciones falsas.