En la asamblea de ayer del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (Cecop) se convocó a marchar el 24 de abril en Chilpancingo para exigir justicia a un año del asesinato de su vocero Marco Antonio Suástegui Muñoz.
El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Rogelio Téliz García, criticó a las autoridades por no detener al responsable del crimen contra el líder comunitario, quien fue atacado a balazos en la playa Icacos, donde trabajaba, el 18 de abril de 2025 y murió en el hospital siete días después.
Ayer estaba previsto el encuentro en el embarcadero El Fraile del Cecop con funcionarios de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA), pero las autoridades no llegaron a la cita.
El objetivo es que las dependencias municipal y federal gestora del agua, informaran de los proyectos en diversas comunidades de los Bienes Comunales de Cacahuatepec para abastecer de agua a sus vecinos.
La construcción de pozos de agua en las localidades de Cacahuatepec, San Pedro Cacahuatepec y El Carrizo es producto del acuerdo entre el Cecop y los gobiernos municipal y federal para permitir el avance de la obra de los tres pozos radiales en la ribera del río Papagayo, frente a la comunidad de Aguacaliente.
Los pozos radiales son una obra millonaria que forma parte de la reconstrucción de Acapulco tras los huracanes Otis y John que promueve la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.
Ayer también se iba a informar del proyecto de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero (Capaseg) en Salsipuedes, obra acordada desde diciembre de 2024 tras la toma de las instalaciones del sistema Papagayo II ubicadas en Salsipuedes por parte de sus vecinos para exigir, entre otras demandas, el acceso al agua, y que hasta el mes pasado se les informó por primera vez del avance de las obras.
Este domingo, vecinos de Parotillas, donde la bomba de agua se quemó, Los Ilamos y Rancho las Marías, informaron a sus compañeros las visitas de la CAPAMA para avanzar en los proyectos que dieron a conocer los funcionarios municipales el 22 de febrero pasado. La CAPAMA también visitó hace unos días las comunidades El Carrizo y Garrapatas, puntualizaron los habitantes.
Pese a los avances, no obstante, vecinos de El Cantón denunciaron que no sirve una de las dos bombas de agua ubicadas en Cacahuatepec y que surten a ambas localidades y también a Huamuchitos, entonces el abastecimiento de agua sigue siendo intermitente.
En la asamblea que se llevó a cabo a las 12 de la tarde y a la que acudieron unos 40 campesinos, también se habló de la necesidad que otras comunidades con problemas de abastecimiento de agua sean incluidas en los proyectos que ejecuta la CAPAMA, como son Amatillo, El Bejuco, Las Chanecas y Tasajeras.
Por primera vez, un grupo de campesinos de Pochotlaxco acudió a la asamblea del Cecop para unirse a la lucha por la defensa del territorio y el acceso al agua del río Papagayo que siguen abanderando los campesinos de los Bienes Comunales de Cacahuatepec.
En el 15 aniversario del Sindicato de Trabajadores de Organismos Operadores de Agua del Estado de Guerrero (STOOAEG), sindicato independiente en CAPAMA, agremiados de éste exigieron justicia por el asesinato del vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, ocurrido en abril de este año.
Uno de los oradores señaló que la Fiscalía General del Estado (FGE) no tiene ni un avance en las investigaciones de los hechos por lo que “exigimos el esclarecimiento del crimen y exigimos justicia”. En la asamblea que se llevó a cabo en el hotel del Magisterio, en la calle Hornitos de la avenida Costera, el STOOAEG, que dirige José Martín Martínez, entregó post mortem la presea Juan R. Escudero al dirigente del Cecop, por su solidaridad con los movimientos sociales y a nombre de éste y su familia los recibió su prima Maricela Navidad Dorantes.
En las participaciones de los asistentes recordaron a Suástegui como un luchador que apoyó las causas sociales y si hoy “viviera con nosotros estuviera”. Dijeron que entendía claro que las luchas aisladas no conducían a nada y que se debía tener una vinculación; que siempre estuvo en los momentos más duros de los movimientos y “siempre dispuesto a rifársela con nosotros y jamás nos pidió nada por el apoyo”.
Uno de ellos indicó que fueron aliados y que Marco Suástegui fue un aliado sincero hasta el último momento y “ese era un rasgo de su personalidad”.
La ex alcaldesa de Acapulco, Adela Román Ocampo, dijo que la lucha social no ha sido fácil porque ha costado muchas vidas durante décadas en el país. Gente que ha luchado por años y siguen esperando que llegue la justicia.
Recordó que en su gobierno hubo mucha resistencia de su propia gente, sin embargo se apoyó con todo al STOOAEG porque conoce a José Martín Martínez desde hace muchos años y siempre lo ha admirado como compañeros de lucha. Román Ocampo dijo que cuando se aprobó el antimonumento a los 43 normalisas en el Cabildo, algunos integrantes de Morena se opusieron y estaban en contra porque “cómo en la Costera iba a ponerse el antimonumento que afectaba al turismo y pusieron una serie de argumentos tan absurdos”.
Recordó que les respondió: “Es precisamente lo que queremos, que se vea, que quede en la memoria colectiva la desaparición de los jóvenes”. Incluso morenistas dijeron que lo llevaran a alguna colonia, pero no en la Costera porque eso dañaba la imagen de Acapulco y señaló: “Si venimos de un movimiento de lucha, democrático, progresista, revolucionario y a la hora de gobernar tenemos esa mentalidad, imagínense pobre pueblo, pobre sociedad”.
Dijo que reconocía la lucha de los movimientos y que no tienen que ser aislados y Marco Antonio Suástegui tenía muy claro que se tenía que ir hermanados porque era la única manera de que los movimientos sociales progresaran y, por eso, los llamó a seguir unidos.
El dirigente José Martín Martínez dijo que las organizaciones y los movimientos necesitan vincularse.
Destacó que se está pensando en un encuentro de organizaciones con la finalidad de empezar a trabajar en una organización en la defensa colectiva de los derechos de cada una, pero con respeto a la autonomía de cada una. Indicó que es necesario y es algo que se estaba construyendo con Marco Antonio Suástegui, pero “no nos alcanzó el tiempo, pero estábamos en esa ruta de que las luchas aisladas traen muy pocos dividendos y urge en Guerrero retomar la lucha bien organizada, estructurada, que lleve a cada una de las organizaciones a resolver sus principales demandas”.
También los asistentes guardaron un minuto de silencio y otro de aplausos por Marco Antonio Suástegui, así como por el dirigente de la Unidad Popular Emiliano Zapata, Arturo Hernández Cardona; el miembro fundador del Colectivo Contra la Tortura e Impunidad, Bertoldo Martínez Cruz; el dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Benigno Guzmán y por todos los luchadores sociales que ya no están debido a la “herencia y legado que nos han dejado”.
La señora Blanca Iris Corona denuncia el fallecimiento de su hija Karime Posadas por negligencia médica en el Instituto Estatal de Cancerologia (IECAN), afuera del Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo Foto: Jessica Torres Barrera
Lourdes Chávez
Chilpancingo
Afuera del Recinto del Poder Ejecutivo del estado, Blanca Iris Corona Galarce exigió justicia por la muerte de su hija Karime Itzel Posadas Corona, en el Instituto Estatal de Cancerología (Iecan) de Acapulco, luego de recibir una transfusión de sangre contaminada.
Señaló que el médico Miguel Ángel Astudillo, que atendió a la adolescente la noche del 25 de febrero, pidió a sus familiares firmar un documento para autorizar, en caso de ser necesario, resucitación o intubación por un “evento centinela”, debido a una transfusión de sangre contaminada”.
El evento centinela consiste en un imprevisto que no está relacionado con la historia de su enfermedad de la paciente, que puede resultar en la muerte, daño permanente o temporal, y Karime de 17 años de edad murió al siguiente día, el 26 de febrero.
La madre explicó que por el duelo en un primer momento no prestaron atención al documento de la autorización de procedimientos que conservaron en una fotografía, pero la negligencia médica trascendió en redes sociales con un mensaje de justicia para Karime, pues otros pacientes sufren este mismo problema, pero pocos alzan la voz.
Ayer, solicitó hablar con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para que separe a los funcionarios que están en el instituto mientras se hace la investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE), y para garantizar su imparcialidad del proceso con peritos externos.
Blanca Corona señaló que la directora del Banco de Sangre del Iecan, Kora Heziquio Calderón, autorizó la salida de sangre y plaquetas contaminadas que se aplicaron a su hija, lo que no debería ocurrir nunca.
Después del fallecimiento de su hija, denunció que ni Heziquio ni el nuevo director del Iecan, Rael Escoto Hernández, informaron nada a los familiares.
Después, cuando confrontó a Kora Heziquio, ésta le dijo que no podía hacerle nada porque estaba recomendada por el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero.
Consideró que estas fallas son resultado de que no hay personal calificado en el banco de sangre ni en la dirección del Iecan, sino recomendados. Indicó que Kora Heziquio y Real Escoto son médicos sin especialidad para dirigir estos espacios.
Escoto Hernández sustituyó en el cargo hace unos meses a Sandra María Fajardo Hernández, que sí tiene una sub-especialidad en Cirugía Oncológica para Adultos en el Instituto Nacional de Cancerología en la Ciudad de México avalada por la UNAM, de acuerdo con una ficha de estudios en línea.
Por la tarde, Pedro Corona, hermano de Blanca, informó que en el Recinto del Poder Ejecutivo fueron atendidos con amabilidad por el subsecretario de Asuntos Políticos, Francisco Rodríguez, quien ofreció hacer lo posible para que se agilice la investigación, y que el expediente clínico que entregue el Iecan a la FGE vaya completo.
El funcionario les recomendó reunirse también con la secretaria de Salud, Alondra García Carbajal, que no mostró la misma disposición, denunció.
A la petición de que se sancione a la titular del Banco de Sangre que autorizó la salida de sangre contaminada, o al menos la separen del área para la investigación, Pedro Corona dijo que la funcionaria respondió que no podía hacer nada, porque el sistema hospitalario de Guerrero ahora es parte del IMSS Bienestar. Sólo ofreció ayuda sicológica.
Cuando le preguntaron si estaba enterada del caso, dijo que sí, por medio de una ficha informativa, de la que no precisó fecha, aunque se la requirieron.
El familiar de la víctima señaló que Alondra Carbajal, como el coordinador del IMSS Bienestar en Guerrero, Jesús Adame Reyna, conocieron el caso en una actividad del Congreso del estado, el pasado 1 de septiembre, del Mes de la Concientización sobre el Cáncer Infantil, donde Blanca presentó su testimonio. A pesar de escuchar la gravedad de la denuncia, no hicieron nada.
El asesor del Cecop, Rodolfo Chávez, el representante del Consejo de Cacahuatepec, Guadalupe Delgado del Carmen, de Huamuchitos Mario Estrada Bailón y el abogado de Tlachinollan, Rogelio Téliz García en la asamblea por el 22 aniversario del Cecop, en El Fraile, en Cacahuatepec Foto: Jesús Trigo
Ramón Gracida Gómez
El Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop) conmemoró ayer 22 años de lucha y exigió justicia por el asesinato de su vocero Marco Antonio Suástegui Muñoz y la cancelación definitiva del proyecto hidroeléctrico mediante un decreto.
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan criticó que a tres meses del crimen consumado el 25 de abril, la Fiscalía General del Estado (FGE) “no tiene avances en las investigaciones y los autores materiales e intelectuales siguen libres”.
El acto se llevó a cabo bajo una techumbre del embarcadero de El Fraile, cruce del río Papagayo a la localidad de Cacahuatepec, y fue moderado por el asesor del Cecop, Rodolfo Chávez, quien leyó después de un minuto de silencio y consignas, una carta dirigida a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, con el fin de pedirle una reunión.
La misiva que será entregada al jefe de asesores de Sheinbaum, le dice que el Cecop “valora positivamente” su afirmación de que el proyecto de la presa está cancelado, pero “debe concretarse mediante un decreto que cancele de manera definitiva la construcción de la presa y por lo tanto el despojo y el desastre ecológico. De acuerdo con los protocolos internacionales, hasta ahora el proyecto sólo está suspendido”.
Además, “pedimos se dé continuidad a los esfuerzos realizados por su gabinete de Seguridad, para esclarecer el asesinato de nuestro vocero y dirigente Marco Antonio Suástegui Muñoz hasta alcanzar la justicia y superar todo resquicio de impunidad”.
La carta recuerda que López Obrador dijo que el Estado dejó de ser el principal violador de los derechos humanos, “pero sabemos ahora hay otro grupo de poder que no es exactamente el Estado y que son quienes están haciendo el trabajo sucio al Estado porque eso es lo que pasó con Marco”, apuntó Rodolfo Chávez.
La misiva pide justicia “para que no se repitan actos de represión como el operativo policiaco-militar ejecutado por el último gobernador priista (Héctor Astudillo Flores) el 7 de enero de 2018 que por medio de ejecuciones extrajudiciales elevó a 10 el número de compañeros asesinados y 38 los encarcelados”.
Como vía para alcanzar la justicia y la paz, el Cecop respalda la iniciativa de ley de castigo a la extorsión “y eso toca precisamente al esclarecimiento de Marco”, expuso Rodolfo Chávez, quien externó después la petición de justicia que le decía por teléfono uno de los tres presos políticos del Cecop, Modesto León Jacinto; los otros dos encarcelados en Las Cruces son Maximino Solís Valeriano y Rodrigo León Jacinto.
Frente a unas 100 personas, la mitad de fuera de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, el abogado de Tlachinollan, Rogelio Téliz, lamentó la asistencia “poquititos compañeros de las comunidades, quiero pensar que están cansados, quiero pensar que tienen miedo y no quiero pensar que ya no quieren seguir la lucha porque eso sí es una derrota”.
Leyó una carta de Tlachinollan dirigida al finado vocero del Cecop en la que dice que el movimiento se extendió por toda América Latina “porque transmitía la buena vibra de su lucha, porque contagiaba con su poder de convocatoria, motivaba para impulsar las organizaciones comunitarias, el Cecop se conformó en un referente internacional por la eficacia de su lucha, por su consistencia argumentativa y por el gran liderazgo de Marco Antonio”.
“No hay interés en esclarecer los hechos y mantienen intocada la red criminal que controla las playas y que cotidianamente asesina sin que las autoridades den golpes certeros a los responsables para desmantelar las estructuras delictivas que desangran la vida en Acapulco”.
Tlachinollan menciona que “al principio culpaban a la familia de los nulos avances, hoy que han colaborado y aportado elementos decisivos para el esclarecimiento, las investigaciones siguen estancadas”.
Los primeros oradores fueron consejeros de algunas comunidades que “están llevando adelante el trabajo que por muchos años llevó Marco Antonio Suástegui”, un consejo del Cecop, expuso Rodolfo Chávez.
Una de ellas es Martha Hernández, de la comunidad El Cantón, quien recordó el inició del movimiento el 28 de julio de 2003 con un plantón contra el proyecto hidroeléctrico en el que participaron las comunidades proyectadas a ser desplazadas como Garrapatas y Arroyo Verde, y la resistencia contra los gobiernos estatales, por ejemplo, del perredista Zeferino Torreblanca.
A un costado del altar con la foto de Suástegui Muñoz, Mario Estrada, de Huamuchitos, lamentó la ausencia del vocero del Cecop, pero afirmó que el movimiento “está de pie y no vamos a dar marcha atrás”.
Maricela Navidad Dorantes, de Salsipuedes, pidió a las organizaciones sociales presentes que no los abandonen “porque lo que queremos es justicia para nuestro compañero”.
Con una lona con el rostro de Suástegui, sonriendo, Gimeldo Morales, de Rancho las Marías, expuso que es nuevo en el movimiento al que se unió porque el vocero del Cecop siempre buscaba lo mejor de las comunidades y evitar que “los gobiernos, los ricos, se apoderaran de nosotros”.
Acudieron campesinos de Cacahuatepec, El Campanario, Cruces de Cacahuatepec, El Carrizo, Las Parotas, Los Ilamos, Parotillas, La Concepción, Garrapatas, Aguacaliente, Amatillo y Las Chanecas; la Policía Comunitaria vigiló el perímetro, y la Guardia Nacional estuvo en el inicio del acto.
Con machete en mano, la integrante del movimiento de San Salvador Atenco, Hortencia Ramos, reivindicó la participación de las mujeres de distintas comunidades con la comida que llevaron, “cuando una resistencia, un pueblo es masacrado, criminalizado por el gobierno, y nuestros compañeros son detenidos, las que damos la cara somos las mujeres”.
Antes del inicio formal del evento casi a las 12 del día, el histórico dirigente de Atenco, Ignacio del Valle, remarcó la hermandad de este pueblo del Estado de México con los Bienes Comunales de Cacahuatepec por la lucha de ambos contra proyectos que les quitarían sus tierras.
El responsable de la comisión política en Acapulco de la CETEG, Walter Añorve Rodríguez, pidió la presentación con vida del hermano de Marco Antonio, Vicente Suástegui, desaparecido en 2021.
Del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos, Eloy del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde destacó la lucha del Cecop por defender los ríos de México alzando “su voz para seguir fluyendo libres de megaproyectos de muerte y limpios de tóxicos”.
Gloria, de Cooperación Comunitaria, indicó que junto con el Consejo Indígena y Mestizo para el Desarrollo Rural y Ambiental en los Bienes Comunales de Cacahuatepec y las comunidades, tienen la responsabilidad de “transitar de la defensa del territorio a la producción del mismo”.
El ex secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, Jorge Peto Calderón, subrayó que los gobiernos del PRI y el PAN persiguieron y torturaron al vocero del Cecop, pero su asesinato ocurrió cuando los tres órdenes de gobierno son de Morena.
Rosalinda Gutiérrez Terrones, del Sindicato de Trabajadores de Organismos Operadores de Agua del Estado de Guerrero, dijo al gobierno federal, a la Comisión Federal de Electricidad y a las empresas trasnacionales, “que se siguen afilando sus pezuñas para rapiñar nuestras riquezas naturales, que estas tierras surianas y el río no se venden, se respetan y se defienden”.
Del Movimiento Socialista del Poder Popular, Héctor Valadez, dijo que la muerte de Suástegui “es un gran golpe para el movimiento ecosocialista a nivel mundial y nacional, unos días antes de su asesinato había firmado un pronunciamiento internacional para un encuentro de todas las organizaciones que luchan en contra de la depredación capitalista”.
Estuvieron integrantes del Frente Popular Francisco Villa México Siglo XXI, Fomento Social Banamex y Siuat Yoltechikatli por los Derechos Humanos.
Socorro Gil madre del joven desaparecido Jonathan Guadalupe Romero Gil, durante la búsqueda en los cerros que colindan con la colonia Ampliación Simón Bolívar Foto: Carlos Carbajal
Ramón Gracida Gómez
Jhonatan Guadalupe Romero Gil fue desaparecido el 5 de diciembre de 2018 por policías municipales y ayer familiares, activistas y autoridades realizaron acciones de prospección en los cerros de la marginada colonia Ampliación Simón Bolívar, de la zona suburbana de Acapulco, sin la presencia de la Fiscalía General del Estado (FGE), “omisa” a la solicitud de participación.
Por tercer día consecutivo, su madre Socorro Gil Guzmán lo buscó entre los matorrales de esta recóndita parte del municipio “porque nos dan puntos, nos mandan ubicaciones y mientras yo no encuentre a mi hijo, punto que me den, punto que tengo que descartar”, dijo a El Sur.
La colonia Ampliación Simón Bolívar se encuentra más arriba de la Emiliano Zapata, en el punto más lejano de la entrada a este segundo asentamiento por la calle 14, vía recta después convertida en un laberinto de curvas y subidas que dan muestra de la irregularidad de las viviendas precarias que pueblan esta parte de Acapulco.
El convoy de camionetas de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP), la Guardia Nacional, la Policía Estatal y el Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR), se introdujo por la calle en la que termina la ruta de camionetas pasajeras Zapata-Simón Bolívar y paró en un camino de terracería.
Salvo la presencia de unas cuantas personas que caminaban hacia el área pavimentada, las últimas casas de la colonia Ampliación Simón Bolívar, la mayoría de techos de lámina y con patios alambrados, parecían estar vacías, pero el área tiene antecedentes de hallazgos de restos humanos.
“Lo encontremos o no, nosotras tenemos que subir a descartar esos lugares, siempre pensando positivo, pensando que pues vamos a encontrar, a lo mejor no a mi hijo, pero alguien más”, explicó Gil Guzmán, quien ha estado acompañada durante la jornada por su hija Nadia, sus compañeras de la colectiva Memoria, Verdad y Justicia que encabeza, familiares de desaparecidos de otros estados e integrantes de la Brigada Humanitaria de Paz Marabunta.
Esta es la segunda jornada de búsqueda en julio de Jhonatan Guadalupe a raíz de la presión de la Acción Urgente declarada por el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) al Estado mexicano, al que le requiere “continuar la indagatoria sobre el alegado involucramiento de los 9 policías miembros de la patrulla 388”.
La última vez que a la colectiva le fue autorizada una búsqueda fue en septiembre de 2023, cuando encontraron 17 cuerpos en el poblado de Carabalí, “no siempre corremos con la misma suerte de que los puntos sean certeros y que sean reales, no sabemos por qué la gente nos da puntos, por darlos o porque ya tiene mucho tiempo”.
Ayer, la primera crítica de Gil Guzmán a las autoridades presentes fue la “poca” seguridad provista por escasos integrantes de las instituciones del Estado mexicano enviados a resguardar el perímetro y la ausencia de la Secretaría de Marina (Semar).
Tampoco apareció la Unidad Canina de la FGE que fue solicitada y que fue tan necesitada para aquellos pozos de sondeo que fueron excavados con pico y pala por familiares, autoridades y activistas, entre ellos Bolívar Darío Rojas Rivas, quien busca justicia por el asesinato de su madre, la médica Adela Rivas Obé.
Específicamente en dos puntos se excavó más de un metro de profundidad porque la varilla que introducen para luego oler posibles rastros fétidos de restos humanos se hundía con facilidad, lo que daba a entender que la tierra fue removida por personas; al final se concluyó que pudieran ser inacabados pozos de agua.
“Yo sé que no soy la única que está buscando, que está en campo, tal vez hay más colectivos buscando, pero no se vale que se lleven los caninos a un solo lugar y que a nosotros no nos puedan prestar canino”.
El esfuerzo de sacar tierra, removerla y volver a meterla cuando se descarta el punto sospechoso de fosa clandestina, es mayúsculo y más en esta temporada de altas temperaturas, con un calor que no tuvo piedad para los participantes de la búsqueda de ayer.
Los 15 buscadores se dividieron en pequeños grupos para abarcar lo más posible el extenso terreno de matorrales que se avizoraba en el panorama; “la idea es limpiar este cerro”, dijo una integrante de la CNB a su compañero sin especificar los innumerables metros cuadrados de arduo trabajo en el porvenir.
La actividad de este miércoles empezó a las 10 de la mañana y terminó a la 1 de la tarde, fue el día más tranquilo de los tres, el lunes y el martes fueron “demasiados intensos, caminamos mucho, subimos hasta allá arriba al cerro y anduvimos descartando”, dijo Gil Guzmán antes de arengar a sus compañeras con la consigna: “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”.
La esposa del luchador social desaparecido Vicente Iván Suástegui Muñoz, Samantha Colón, y el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan Rogelio Teliz en entrevista que ofrecieron después de la sentencia contra un implicado en la desaparición de Vicente, en los juzgados del Centro Integral de Justicia del Estado ubicados en la Zona Diamante de Acapulco Foto: Carlos Carbajal
Ramón Gracida Gómez
Ayer, el cuarto sentenciado por la desaparición del integrante del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), Vicente Iván Suástegui Muñoz, Felipe Sandoval Gazga, alias La Yegua, recibió la condena mínima de 25 años, la mitad de la condena máxima de 50 años que solicitaron familiares y defensores de la víctima.
La audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño se llevó a cabo en la tarde de este jueves en el Juzgado de Control del Distrito de Tabares ubicado en el poblado de La Poza, en la zona Diamante, la cita fue a las 4 de la tarde y se alargó por más de dos horas.
El martes pasado, el juez Jorge Luis Galán emitió un fallo de condena a Sandoval Gazga, pero sería hasta el viernes que daría a conocer la pena, la cual ascendió a 25 años, informó a El Sur la esposa de Vicente Suástegui, Samantha Valeria Colón Morales, al concluir la audiencia.
Fue la pena mínima, “nosotros hubiéramos querido que hubiera sido una pena máxima porque creemos que los delitos de desaparición forzada son delitos graves, delitos de lesa humanidad y que deben de ser castigados, pero bueno, el juez a su criterio lo hizo y le dio una pena de 25 años”.
No van a apelar, “lo que sí creemos y yo siempre lo he dicho, que así sean 50, 100, creo que para nosotros no va a ser suficiente nunca mientras no encontremos a Vicente, no va a haber una sentencia que nosotros nos pueda calmar o nos pueda dar esa tranquilidad que nosotros anhelamos, que es encontrar a Vicente”.
Colón Morales dijo que ha sido un proceso “muy desgastante y la verdad, lo que nosotros queremos es justicia, es encontrar a Vicente y mientras no lo encontremos, yo creo que no vamos a quitar el dedo del renglón, exigiendo que Vicente aparezca”.
Informó que el lunes empezará una nueva jornada de búsqueda que se extenderá hasta el 14 de junio en distintos puntos de Acapulco y que consistirá en la segunda jornada del año en curso, recordó que en 2024 se hizo un calendario por medio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero en 2025 “no se han dado las condiciones”.
“Nos dificulta sí un poco que no haya un calendario porque nosotros tenemos que estar pidiendo las búsquedas cada mes, tenemos que estar girando los oficios, tenemos que estar yendo a Chilpancingo, tenemos que estar haciendo varias cosas para poder obtener las búsquedas”.
El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Rogelio Téliz García, indicó que pedían la pena máxima de 50 años que estipula la Ley General de Desaparición de Personas, pero le dieron 25 años, al igual que otros dos sentenciados, Jorge Eduardo García Ramírez, alias El Junior, y José Luis Carrera Vázquez, alias El Galleta, quienes apelaron, posiblemente en tres meses resuelva la Sala Penal Unitaria ubicada de Caleta que estudia el recurso jurídico.
El único que ha aceptado su responsabilidad desde el inicio es Juan Carlos Valenzuela Herrera, alias El Brillo, quien purga una sentencia de 13 años con 8 meses.
Téliz García dijo que es una sentencia que los deja “contentos, no en su totalidad porque realmente lo que hubiéramos querido es una pena máxima, sin embargo, están los recursos legales que pudiéramos agotarlos en algún momento si lo consideramos pertinente”.
Entonces, es un logro a medias porque por un lado está la justicia y por el otro lado la búsqueda, han logrado el 50 por ciento con las sentencias, pese a que los sentenciados niegan su participación, como Sandoval Gazga, quien ayer negó en la audiencia que él no cometió el delito, “que él ni siquiera conoce a la víctima, que a los otros coacusados los conoció en el penal; ésa es una estrategia que todos tienen”.
Indicó que la sentencia emitida ayer cierra todos los procesos de los cuatro detenidos, “lo que sigue faltando es el responsable directo, que es Pedro Santos Cruz (el comandante Pino de la Policía Ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG)), y que el estado y que la Policía Ministerial no ha ejecutado la orden de aprehensión”.
Consideró que es “grave” que a casi cuatro años no lo hayan detenido y mencionó que hoy volvieron a recordarle a los fiscales de la orden de aprehensión pendiente en contra de Santos Cruz, quienes contestaron que “la policía está haciendo su trabajo, pero más allá no nos dice nada”.
El abogado de Tlachinollan afirmó que la organización de derechos humanos seguirá empujando los temas de búsqueda y de seguridad exhortando al Estado para que se los garantice a las víctimas.
El asesor del Cecop, Rodolfo Chávez, enseñó en la asamblea del domingo en Cacahuatepec la portada de la edición del viernes pasado del periódico El Sur, para mostrar la exigencia de justicia en el asesinato del vocero Marco Antonio Suástegui durante la marcha del Día Internacional de los Trabajadores en Acapulco Foto: Ramón Gracida Gómez
Ramón Gracida Gómez
En la primera asamblea del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop) tras el asesinato de su vocero Marco Antonio Suástegui Muñoz, campesinos dijeron que lucharán por la justicia y por el territorio, y el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Rogelio Téliz García, advirtió que la policía no quiere decir quién lo mató para infundir miedo y que entren empresas a robarse el agua del río Papagayo.
Unos 70 comuneros, la mayoría mujeres, acudieron ayer en la mañana a Cacahuatepec provenientes de las localidades El Cantón, Huamuchitos, El Campanario, Cruces de Cacahuatepec, El Carrizo, Parotas, Rancho las Marías, Los Ilamos, Parotillas, La Concepción, Garrapatas, Aguacaliente, Salsipuedes, Amatillo y Bellavista Papagayo.
Tras un minuto de aplausos para el vocero del Cecop, Guadalupe felicitó a los campesinos por acudir a la asamblea “a pesar de que el compañero no está acá, él nos dio una guía para cómo iniciar las luchas, aquí seguiremos”.
El asesor del Cecop, Rodolfo Chávez, enseñó la foto de portada de la edición del viernes pasado del periódico El Sur, para mostrar la protesta por justicia en el crimen del vocero del Cecop durante la marcha del Día del Trabajo en Acapulco, y en la que participaron sindicalistas y pobladores de los Bienes Comunales de Cacahuatepec.
Destacó el posicionamiento de organizaciones en otras partes del país para que se castigue a los responsables del asesinato del vocero del Cecop y de la relatora especial sobre el derecho humano a un ambiente limpio, sano y sostenible de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Astrid Puentes Raño, “amiga nuestra que estuvo acá”.
Rodolfo Chávez remarcó el carácter democrático e independiente del Cecop frente a los gobiernos y a los partidos políticos, y consideró que la lucha principal actual es contra la impunidad, “el Cecop no va a permitir que no haya investigación, que no haya resultados, y además va a exigir castigo total al que lo hizo y a los demás que están atrás del que lo hizo. ¡Viva el Cecop!”.
Ayer se cumplieron siete días del entierro de Suástegui Muñoz, fallecido en el hospital el 25 de abril, en el panteón ejidal de Cacahuatepec, la gran mayoría de los que lo velaron acudieron a la asamblea en la misma casa donde estaba el féretro, entre ellos, el abogado de Tlachinollan, quien fue enérgico en su llamado a que los pueblos sigan organizados.
“El Cecop puede considerarse eterno porque el Cecop lo conforman todos ustedes como comunidades, no está solamente acaparado por una sola persona, Marco Antonio estaba al frente por decisión de ustedes, ustedes lo nombraron como vocero, él iba al frente con ustedes y juntos hacían todas las acciones legales, políticas, todo lo que tenía que llevar en la defensa del agua y del territorio”.
Téliz García señaló que el Estado considera que el Cecop ya acabó, lo que fue correspondido con un unísono no de los campesinos y la consigna “ni un paso atrás”.
Debido a que nadie va a ocupar el espacio del vocero del Cecop, reconoció el abogado de Tlachinollan, “sí tenemos un vacío importantísimo en las asambleas, sí vamos a tener un vacío en todas las acciones que haga el Cecop para defender el río y para defender la tierra”.
“Sin embargo, el Cecop no está muerto porque el Cecop lo conforman las 47 comunidades que integra Cacahuatepec, el Ejido de Dos Arroyos, Los Guajes y La Palma, compañeros, entonces por eso mandarle un mensaje al Estado de que el Cecop vive”, palabras que generaron más aplausos y más vivas a Suástegui Muñoz.
El abogado de Tlachinollan denunció que la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha detenido a nadie por el asesinato de Suástegui Muñoz, quien fue baleado el 18 de abril pasado en la calle Fragata de Yucatán, en playa Icacos.
“Ni siquiera hay pistas de quién fue el responsable que le quitó la vida a Marco Antonio; como Marco Antonio no era político, no era importante (para ellos, completó un campesino), no era rico, no era empresario, no hay nadie, o sea, murió cualquier persona”.
“Si hubiera sido alguien importante, en ese momento una o dos o tres personas, y a lo mejor torturados, y ya los hubieran presentado ante la sociedad para decir ellos fueron que mataron a esta persona”.
Indicó que en la carpeta de investigación “no hay datos, no hay información, la policía no está haciendo su trabajo, no ha hecho absolutamente nada, el Ministerio Público tampoco, no ha solicitado las cámaras de los hoteles, de la avenida, de la calle donde pasó la escena del crimen”.
“La policía tampoco tiene los informes, ellos saben quién fue que asesinó a Marco Antonio; no lo quiere decir, ¿por qué?, pues para que a ustedes les dé miedo, para que ustedes se vayan a su casa y para que los empresarios gravilleros y otras empresas lleguen a Cacahuatepec y se lleven el agua que ustedes tienen”.
Por ello, Téliz García invitó a la marcha del próximo jueves en Chilpancingo para exigir justicia por el vocero del Cecop y por la liberación de los presos Maximino Solís Valeriano, Rodrigo León Jacinto y Modesto León Jacinto.
“No es posible que a ellos sí les fabricaron un expediente y están detenidos, y los asesinos de Marco Antonio nada, allá andan paseándose por la Costera”.
Mario, integrante del Cecop, afirmó que la lucha sigue “en defensa del territorio, en defensa principalmente del agua, el agua es vida y el agua es para todos”, y llamó a los gobiernos estatal y municipal a reconocer “la responsabilidad que tienen para cuidar el río Papagayo, pues el río Papagayo seguramente lo están acabando”.
Una campesina destacó que por la lucha que encabezó Suástegui Muñoz no se ha hecho la presa La Parota “y esperemos que no se haga esa presa porque muchos ya han comentado los contrincantes que quieren la presa, los vendidos”, por lo que pidió seguir luchando.
Otra campesina pidió seguir unidos “en nombre de Marco, que no dejemos esto tirado, que sigamos adelante, él llevaba un barco y lo dejó a la deriva, pero no por eso nosotros no lo vamos a sacar a flote, hay que seguir adelante, seguir sus pasos, su ejemplo”.
“Hay que seguir, luchar por todo lo que él nos enseñó, y pedir justicia, hacer justicia por su muerte porque esto no puede quedar así: compañeros, apoyen a las marchas, a donde quiera que nos llamen para acompañar”.
Reiteró el llamado a “seguir unidos como una familia que somos, porque si dejamos de venir, el movimiento se debilita y los compañeros se desaniman…y ¡fuera la CFE (Comisión Federal de Electricidad) y las gravilleras!”, grito que fuera secundado por los campesinos.
Entre varias consignas de defensa del territorio transcurrió la asamblea durante una hora vigilada por siete policías comunitarios, en el embarcadero El Fraile para cruzar el río Papagayo había una patrulla de la Policía Estatal y cuatro agentes vigilando.
Luego de los posicionamientos se habló de la organización del Cecop e integrantes de Cooperación Comunitaria expusieron los proyectos de reconstrucción que llevan a cabo con el Consejo Indígena y Mestizo para el Desarrollo Rural y Ambiental en los Bienes Comunales de Cacahuatepec (Coimdra), que impulsó Suástegui Muñoz.
Organizaciones sociales marchan en la avenida Costera de Acapulco por el Día Internacional del Trabajo y exigen justicia en el asesinato del vocero del Cecop, Marco Antonio Suástegui MuñozFoto: Jesús Trigo
Karina Contreras
Diversas organizaciones sociales marcharon en la avenida Costera por el Día Internacional del Trabajo donde exigieron justicia por el asesinato del vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz.
Los más de mil 500 manifestantes partieron del Asta Bandera al Zócalo, ocupando todo el carril sentido Base-Centro, donde hicieron un mitin. Al frente de la marcha iban campesinos de los Bienes Comunales de Cacahuatepec con pancartas donde se leía: “Justicia, basta de impunidad. Cecop”, “Marco Antonio vive, la lucha sigue y sigue. Castigo a los asesinos” y “Cecop reclama justicia para Marco”.
Mientras la marcha avanzaba el grito de “justicia, justicia” retumbaba en el contingente, y los oradores exigían al gobierno de Evelyn Salgado Pineda un alto al hostigamiento y asesinato de los líderes sociales.
Exigieron que no se violenten los derechos laborales ya ganados, también demandaron la abrogación de la ley del ISSSTE del 2007, la incorporación al Fone de los más de 2 mil 500 trabajadores que faltan y pago del adeudo de horas.
Aumento al presupuesto para las jubilaciones y solución a las demandas de medicamentos y médicos en los centros de salud.
El representante de la CETEG en Acapulco, Walter Añorve Rodríguez, en su intervención pidió un minuto de aplausos para “el compañero que no pudo caminar con nosotros, no pudo estar presente porque balas arteras lo asesinaron el 25 de abril”, en referencia a Marco Antonio Suástegui Muñoz y gritaron: “Gobierno represor mataste a un luchador”.
El dirigente cetegista subrayó que tienen la responsabilidad y el compromiso moral de seguir acompañando a los campesinos del Cecop y seguir exigiendo la justicia que se merece Marco Antonio Suástegui.
También “denunciar este proceso sistemático de persecución y acoso contra la lucha social, contra los luchadores sociales o representantes sindicales de manera general. Decir que no nos vamos a quedar callados y no vamos a bajar la cabeza y que esto no lo vamos a tomar de lectura para rebajarnos al embate del neoliberalismo moderno”.
Llamó a la unidad porque “debemos entender que uno solo no va a poder contra este embate, que necesitamos de la unidad, hacer a un lado mezquindades y compromisos, soberbias y egos para poder enfrentar juntos el embate neoliberal”.
Mientras que el secretario general del Sindicto Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (Sutcobch), José Antonio Salvador López, dijo que como todos los años salen a la calles para exigir mejores condiciones laborales de los trabajadores del país.
Destacó que estaban en la marcha para exigir a la gobernadora que se reúna con todas las organizaciones para que “nos atienda y dé solución a nuestras demandas porque son justas. No estamos pidiendo más de lo que está en nuestros Contratos Colectivos de Trabajo”.
Exigió un alto a la represión contra los líderes sociales y sindicales, porque todos los días son amenazados, por lo que exigen un alto a la represión y persecución política, así como las amenazas de muerte a los líderes de las organizaciones.
Mientras la secretaria general de la sección 14 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), Beatriz Angélica Radilla Alarcón, dijo que estaba en esa marcha para unir fuerzas y luchar por las conquistas sindicales ganadas. Hizo un llamado a la gobernadora para atender las demandas del magisterio estatal las cuales ya han sido trabajadas, pero “no nos están haciendo caso, en donde no han sido escuchados y sólo dan largas, lo que no puede seguir así. Ya estamos hartos de que nos digan fechas y no se cumpla”.
Pidió atender de manera urgente las recategorizaciones y salarios igual que a los docentes federales. Llamó a pedir justicia por Marco Antonio Suástegui porque ahora fue él y el día de mañana puede ser otro y no es sorpresa en Acapulco y Guerrero donde asesinan a los ciudadanos.
Los participantes en sus intervenciones pidieron a las autoriades castigo a los responsables del crimen de Marco Antonio Suástegui y un alto a la represión a los luchadores sociales.
En la marcha participan integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero (CETEG), del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero (STAUAG), del Sindicato de Trabajadores Administrativos e Intendencia al Servicio de la UAG (STAISUAG).
Otras fueron del Frente Popular Francisco Villa México Siglo XXI, del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Guerrero (Sutcobach), de la Sección 14 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), del Sindicato de Trabajadores de Organismos Operadores de Agua del Estado de Guerrero (STOOAEG), del Sindicato Independiente de la Universidad Autónoma de Guerrero (SITAUAG), del Sindicato Independiente del Sector Salud y trabajadores del Instituto Estatal de Oftamología.
Una patrulla de policías estatales resguarda la entrada al hospital privado Aqua, en donde desde el viernes se encuentra hospitalizado Marco Antonio Suástegui, luego de ser herido a balazos Foto: Carlos Carbajal
Ramón Gracida Gómez
Por quinto día consecutivo, el vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, sigue en terapia intensiva tras el atentado que sufrió el viernes pasado, su estado de salud se mantiene igual, grave, pero estable.
Ayer, el hospital privado Aqua estaba resguardado por policías estatales, una patrulla de la corporación estaba estacionada en el nosocomio del lado de la avenida Costera.
Más organizaciones sociales se pronunciaron en diversos comunicados por el hecho violento pidiendo justicia y detención a los responsables del ataque a balazos contra el líder comunitario al salir de su trabajo en la playa Icacos.
La Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG) escribió el lunes en su perfil de Facebook su exigencia a los tres órdenes de gobierno para abrir una carpeta de investigación “para detener a quien resulte responsable a los autores intelectuales y materiales de este vil hecho”.
“Existe una larga lista en la lucha social de Guerrero de asesinatos de hombres y mujeres valientes que han entregado su vida, por equidad, libertad y justicia en defensa de los más necesitados”.
La organización dirigida por Nicolás Chávez afirma que “los encargados de sembrar, el terror en Guerrero y el país siguen provocando, dolor y muerte. Los políticos siguen disputándose el poder político y económico; engañando a nuestro pueblo sin cumplir sus demandas más vitales”.
En un comunicado emitido el mismo día, el Colectivo de Familiares de Desaparecidos Guadalupe Rodríguez Narciso “se une a la exigencia de justicia, castigo a los culpables materiales e intelectuales” por el atentado a Suástegui Muñoz.
Destaca que el vocero del Cecop es defensor del territorio, del suelo y del agua, también es representante de la Asociación de Turisteros Unidos en Defensa de la Playa Icacos (Tuderpi) y es hermano de Vicente Iván Suástegui Muñoz, desaparecido el 5 de agosto de 2021.
El grupo de familiares de desaparecidos pide a los gobiernos estatal y federal ofrecer la mejor atención médica al herido, “así como el alto a las agresiones en contra de los defensores, del territorio, suelo y agua, de los derechos laborales, los hermanos buscadores de familiares desaparecidos, defensores de derechos humanos y en general a toda persona que busca un México más justo para todos”.
En un comunicado emitido el domingo pasado, Cooperación Comunitaria, HIC-AL Coalición Internacional del Hábitat y más organizaciones repudian el atentado contra Suástegui Muñoz perpetrado cuando salía de su trabajo en playa Icacos.
Reconocen la defensa Suástegui Muñoz de los territorios campesinos de los Bienes Comunales de Cacahuatepec “que estuvieron en riesgo de ser inundados por la construcción de la presa La Parota y, más recientemente, en la defensa de la playa de Acapulco del proyecto de privatización y de los delitos ambientales”.
Expresan en el documento publicado en sus redes sociales su “más profunda indignación ante el ambiente de inseguridad que impera en Acapulco y el estado de indefensión que enfrentan los defensores del territorio”.
Exigen a las autoridades proteger la vida del vocero del Cecop e investigar y castigar a los culpables de su ataque a balazos, también expresan su solidaridad con los familiares y compañeros de lucha.
Suscriben el documento el Bloque de delegaciones democráticas sección 11 SNTE, Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Espacio DESCA), el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, entre otras numerosas organizaciones sociales y activistas.
El sábado pasado, casi 100 organizaciones sociales y de defensa de derechos humanos, entre ellas el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, señalaron en un comunicado que las autoridades “fueron omisas” para aplicar medidas de protección a favor del vocero del Cecop.
El mismo día, el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos emitió su posicionamiento exigiendo que se investigue y se castigue a los responsables del ataque contra Suástegui Muñoz.
Integrantes del Colectivo Nacional contra el Silencio e Impunidad denunciaron en conferencia de prensa casos de acoso y hostigamiento sexual a estudiantes y docentes en la UAG y el ITA Foto: El Sur
El Colectivo Nacional contra el Silencio e Impunidad, capítulo Acapulco, denunció que hay 40 casos de acoso y hostigamiento sexual contra estudiantes en universidades del puerto.
En conferencia de prensa en un restaurante del zócalo, integrantes del colectivo dieron a conocer que en lo que va del año, 25 denuncias fueron registradas tan sólo en la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) y otras 15 en el Instituto Tecnológico de Acapulco (ITA).
A la conferencia de prensa se presentaron dos estudiantes, quienes dieron a conocer que los actos en su contra ya fueron denunciados ante las autoridades educativas, pero que no han encontrado respuesta que les brinde justicia ante las violencias que sufrieron.
Del mismo modo, pidieron que la comunidad educativa aborde de manera integral este problema que enfrenta la población estudiantil y que se trabaje en la prevención y erradicación de la violencia.
Es por eso que integrantes del Colectivo Nacional Contra el Silencio y la Impunidad hicieron un llamado urgente a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y la titular de Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para que den atención al problema y castigo a los responsables.
El vocero del Frente Amplio Feminista, Enrique Solano López, quien encabezaba la conferencia señaló: “Tenemos casos que han sido denunciados por compañeras y a los que se está dando seguimiento en los ministerios públicos, para dar seguimiento”.
“Tenemos casos concretos en la facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Guerrero, aquí en Acapulco; de Odontología, un par de casos en la zona Norte, en la facultad de Veterinaria, e inclusive, no solamente las estudiantes de la facultad están siendo atacadas, también hay profesoras”, señaló Solano López.
Solano López agregó que en el ITA también hay casos, 15 más, y que “la violencia de género se recrudece específicamente en el acoso y hostigamiento sexual”. (Redacción).
