Ramón Gracida Gómez
Ayer, el cuarto sentenciado por la desaparición del integrante del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), Vicente Iván Suástegui Muñoz, Felipe Sandoval Gazga, alias La Yegua, recibió la condena mínima de 25 años, la mitad de la condena máxima de 50 años que solicitaron familiares y defensores de la víctima.
La audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño se llevó a cabo en la tarde de este jueves en el Juzgado de Control del Distrito de Tabares ubicado en el poblado de La Poza, en la zona Diamante, la cita fue a las 4 de la tarde y se alargó por más de dos horas.
El martes pasado, el juez Jorge Luis Galán emitió un fallo de condena a Sandoval Gazga, pero sería hasta el viernes que daría a conocer la pena, la cual ascendió a 25 años, informó a El Sur la esposa de Vicente Suástegui, Samantha Valeria Colón Morales, al concluir la audiencia.
Fue la pena mínima, “nosotros hubiéramos querido que hubiera sido una pena máxima porque creemos que los delitos de desaparición forzada son delitos graves, delitos de lesa humanidad y que deben de ser castigados, pero bueno, el juez a su criterio lo hizo y le dio una pena de 25 años”.
No van a apelar, “lo que sí creemos y yo siempre lo he dicho, que así sean 50, 100, creo que para nosotros no va a ser suficiente nunca mientras no encontremos a Vicente, no va a haber una sentencia que nosotros nos pueda calmar o nos pueda dar esa tranquilidad que nosotros anhelamos, que es encontrar a Vicente”.
Colón Morales dijo que ha sido un proceso “muy desgastante y la verdad, lo que nosotros queremos es justicia, es encontrar a Vicente y mientras no lo encontremos, yo creo que no vamos a quitar el dedo del renglón, exigiendo que Vicente aparezca”.
Informó que el lunes empezará una nueva jornada de búsqueda que se extenderá hasta el 14 de junio en distintos puntos de Acapulco y que consistirá en la segunda jornada del año en curso, recordó que en 2024 se hizo un calendario por medio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero en 2025 “no se han dado las condiciones”.
“Nos dificulta sí un poco que no haya un calendario porque nosotros tenemos que estar pidiendo las búsquedas cada mes, tenemos que estar girando los oficios, tenemos que estar yendo a Chilpancingo, tenemos que estar haciendo varias cosas para poder obtener las búsquedas”.
El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Rogelio Téliz García, indicó que pedían la pena máxima de 50 años que estipula la Ley General de Desaparición de Personas, pero le dieron 25 años, al igual que otros dos sentenciados, Jorge Eduardo García Ramírez, alias El Junior, y José Luis Carrera Vázquez, alias El Galleta, quienes apelaron, posiblemente en tres meses resuelva la Sala Penal Unitaria ubicada de Caleta que estudia el recurso jurídico.
El único que ha aceptado su responsabilidad desde el inicio es Juan Carlos Valenzuela Herrera, alias El Brillo, quien purga una sentencia de 13 años con 8 meses.
Téliz García dijo que es una sentencia que los deja “contentos, no en su totalidad porque realmente lo que hubiéramos querido es una pena máxima, sin embargo, están los recursos legales que pudiéramos agotarlos en algún momento si lo consideramos pertinente”.
Entonces, es un logro a medias porque por un lado está la justicia y por el otro lado la búsqueda, han logrado el 50 por ciento con las sentencias, pese a que los sentenciados niegan su participación, como Sandoval Gazga, quien ayer negó en la audiencia que él no cometió el delito, “que él ni siquiera conoce a la víctima, que a los otros coacusados los conoció en el penal; ésa es una estrategia que todos tienen”.
Indicó que la sentencia emitida ayer cierra todos los procesos de los cuatro detenidos, “lo que sigue faltando es el responsable directo, que es Pedro Santos Cruz (el comandante Pino de la Policía Ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG)), y que el estado y que la Policía Ministerial no ha ejecutado la orden de aprehensión”.
Consideró que es “grave” que a casi cuatro años no lo hayan detenido y mencionó que hoy volvieron a recordarle a los fiscales de la orden de aprehensión pendiente en contra de Santos Cruz, quienes contestaron que “la policía está haciendo su trabajo, pero más allá no nos dice nada”.
El abogado de Tlachinollan afirmó que la organización de derechos humanos seguirá empujando los temas de búsqueda y de seguridad exhortando al Estado para que se los garantice a las víctimas.
