Un juez vinculó a proceso penal a Andrés “N”, El Tigre, y le dictó prisión preventiva en el penal de Iguala por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio calificado. Fue por los asesinatos de un funcionario y un trabajador del Concejo Municipal de Ayutla de los Libres, cometidos el 3 de marzo en el municipio de Juan R. Escudero.
La Fiscalía General del Estado (FGE), efectuó la detención la noche del miércoles en el municipio de Juan R. Escudero, en cumplimiento de una orden de aprehensión.
En un comunicado de prensa la institución informó que en la audiencia inicial el agente del Ministerio Público presentó los datos de prueba valorados por la autoridad judicial para determinar la vinculación a proceso del imputado.
El juez fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria y ordenó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que el Andrés “N” permanecerá recluido en el Centro de Reinserción Social de Iguala.
La aprehensión se realizó tras un operativo en el que participaron elementos de la Policía Investigadora Ministerial, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, así como la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero.
De acuerdo con las investigaciones de la FGE, el imputado estaría implicado con los hechos ocurridos el 3 de marzo en la carretera federal Tierra Colorada–Ayutla de los Libres, cerca del puente Omitlán, donde el comisionado de Obras Públicas, Tomás Augusto Lozano Analco, y el contador público de esa dependencia, Francisco Bonilla Muñoz, fueron asesinados por disparos de arma de fuego.
Por el doble crimen, Adolfo “N”, Ataúlfo, capturado el 9 de marzo, enfrenta también un proceso penal y permanece interno en el Centro de Reinserción Social de Chilpancingo.
Un juez de distrito ordenó al Congreso local emitir de manera inmediata la Ley en materia de Declaración Especial de Ausencia, ante la omisión legislativa por incumplir una obligación constitucional derivada de Ley General en Materia de Desaparición de Personas aprobada por el Congreso de la Unión desde 2015.
Dicho amparo emitido por el Juzgado Décimo de Distrito en el estado de Guerrero, el Congreso deberá emitir la Ley de Declaración Especial de Ausencia, luego de una resolución dictada en el juicio de amparo 813/2025, en la que se determinó que el poder Legislativo local incumplió con su obligación de expedir esta norma.
De acuerdo con el oficio turnado al pleno en la sesión de este martes, la sentencia establece que la emisión de la mencionada ley deberá realizarse en el periodo legislativo inmediato, al tratarse de una obligación derivada de la Constitución, de la Ley General en Materia de Desaparición de Personas y de tratados internacionales.
La resolución judicial indica que la falta de esta legislación ha impedido que familiares de personas desaparecidas accedan a una figura jurídica que les permita proteger sus derechos patrimoniales, de seguridad social y derechos civiles que mantiene a las víctimas en una situación de vulnerabilidad.
El fallo también establece que la ley deberá contar con condiciones para su aplicación efectiva, incluyendo recursos presupuestales y mecanismos de capacitación para las autoridades encargadas de su implementación.
El amparo por dicha omisión legislativa fue promovida por la titular de la Unidad de Litigio Estratégico en Derechos Humanos del Instituto Federal de Defensoría Pública, Jaqueline Sáenz Andujo.
Con dicha resolución, el Congreso quedó legalmente vinculado a cumplir con la emisión de la Ley de Declaración Especial de Ausencia.
En la sentencia se indica que la sentencia de amparo se tendrá por cumplida al momento en que se expida la ley local en Materia de Declaración Especial de Ausencia correspondiente a esta entidad federativa.
También se vincula al poder Ejecutivo para que garantice y regule la figura de la Declaración Especial de Ausencia por Desaparición de Personas del Estado y destine presupuesto para su aplicación.
La esposa del luchador social desaparecido Vicente Iván Suástegui Muñoz, Samantha Colón, y el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan Rogelio Teliz en entrevista que ofrecieron después de la sentencia contra un implicado en la desaparición de Vicente, en los juzgados del Centro Integral de Justicia del Estado ubicados en la Zona Diamante de Acapulco Foto: Carlos Carbajal
Ramón Gracida Gómez
Ayer, el cuarto sentenciado por la desaparición del integrante del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), Vicente Iván Suástegui Muñoz, Felipe Sandoval Gazga, alias La Yegua, recibió la condena mínima de 25 años, la mitad de la condena máxima de 50 años que solicitaron familiares y defensores de la víctima.
La audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño se llevó a cabo en la tarde de este jueves en el Juzgado de Control del Distrito de Tabares ubicado en el poblado de La Poza, en la zona Diamante, la cita fue a las 4 de la tarde y se alargó por más de dos horas.
El martes pasado, el juez Jorge Luis Galán emitió un fallo de condena a Sandoval Gazga, pero sería hasta el viernes que daría a conocer la pena, la cual ascendió a 25 años, informó a El Sur la esposa de Vicente Suástegui, Samantha Valeria Colón Morales, al concluir la audiencia.
Fue la pena mínima, “nosotros hubiéramos querido que hubiera sido una pena máxima porque creemos que los delitos de desaparición forzada son delitos graves, delitos de lesa humanidad y que deben de ser castigados, pero bueno, el juez a su criterio lo hizo y le dio una pena de 25 años”.
No van a apelar, “lo que sí creemos y yo siempre lo he dicho, que así sean 50, 100, creo que para nosotros no va a ser suficiente nunca mientras no encontremos a Vicente, no va a haber una sentencia que nosotros nos pueda calmar o nos pueda dar esa tranquilidad que nosotros anhelamos, que es encontrar a Vicente”.
Colón Morales dijo que ha sido un proceso “muy desgastante y la verdad, lo que nosotros queremos es justicia, es encontrar a Vicente y mientras no lo encontremos, yo creo que no vamos a quitar el dedo del renglón, exigiendo que Vicente aparezca”.
Informó que el lunes empezará una nueva jornada de búsqueda que se extenderá hasta el 14 de junio en distintos puntos de Acapulco y que consistirá en la segunda jornada del año en curso, recordó que en 2024 se hizo un calendario por medio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero en 2025 “no se han dado las condiciones”.
“Nos dificulta sí un poco que no haya un calendario porque nosotros tenemos que estar pidiendo las búsquedas cada mes, tenemos que estar girando los oficios, tenemos que estar yendo a Chilpancingo, tenemos que estar haciendo varias cosas para poder obtener las búsquedas”.
El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Rogelio Téliz García, indicó que pedían la pena máxima de 50 años que estipula la Ley General de Desaparición de Personas, pero le dieron 25 años, al igual que otros dos sentenciados, Jorge Eduardo García Ramírez, alias El Junior, y José Luis Carrera Vázquez, alias El Galleta, quienes apelaron, posiblemente en tres meses resuelva la Sala Penal Unitaria ubicada de Caleta que estudia el recurso jurídico.
El único que ha aceptado su responsabilidad desde el inicio es Juan Carlos Valenzuela Herrera, alias El Brillo, quien purga una sentencia de 13 años con 8 meses.
Téliz García dijo que es una sentencia que los deja “contentos, no en su totalidad porque realmente lo que hubiéramos querido es una pena máxima, sin embargo, están los recursos legales que pudiéramos agotarlos en algún momento si lo consideramos pertinente”.
Entonces, es un logro a medias porque por un lado está la justicia y por el otro lado la búsqueda, han logrado el 50 por ciento con las sentencias, pese a que los sentenciados niegan su participación, como Sandoval Gazga, quien ayer negó en la audiencia que él no cometió el delito, “que él ni siquiera conoce a la víctima, que a los otros coacusados los conoció en el penal; ésa es una estrategia que todos tienen”.
Indicó que la sentencia emitida ayer cierra todos los procesos de los cuatro detenidos, “lo que sigue faltando es el responsable directo, que es Pedro Santos Cruz (el comandante Pino de la Policía Ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG)), y que el estado y que la Policía Ministerial no ha ejecutado la orden de aprehensión”.
Consideró que es “grave” que a casi cuatro años no lo hayan detenido y mencionó que hoy volvieron a recordarle a los fiscales de la orden de aprehensión pendiente en contra de Santos Cruz, quienes contestaron que “la policía está haciendo su trabajo, pero más allá no nos dice nada”.
El abogado de Tlachinollan afirmó que la organización de derechos humanos seguirá empujando los temas de búsqueda y de seguridad exhortando al Estado para que se los garantice a las víctimas.
Samantha Valeria Colón Morales, esposa del desaparecido integrante del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa la Parota (Cecop), Vicente Iván Suástegui Muñoz; el el coordinador del Frente Nacional para la Liberación de los Pueblos (FNLP), Hoguer Morales Miranda; e integrantes de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, en la búsqueda dentro de un terreno baldío de la comunidad El Bejuco Foto: Ramón Gracida Gómez
Ramón Gracida Gómez
Samantha Valeria Colón Morales, esposa del desaparecido integrante del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (Cecop), Vicente Iván Suástegui Muñoz, denunció que el juez Juan Carlos Martínez Marchán ordenó reponer el proceso a dos detenidos que ya estaban sentenciados desde el año pasado e informó que ya interpuso un amparo por esta resolución.
Ayer comenzó una nueva jornada de búsqueda del activista y defensor del agua en un terreno baldío de la comunidad de El Bejuco, que se encuentra en la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional, frente a la entrada del rancho Bonga, otro de los puntos donde ya había sido buscado en jornadas anteriores.
Antes de que partiera el convoy de las instituciones que participaron en la búsqueda de ayer, Colón Morales comentó a El Sur que la semana pasada “llevamos un procedimiento abreviado con uno de los detenidos y pues él aceptó y se declara culpable, ya hubo una sentencia más para él”, quien ha referido al corralón de la colonia 10 de abril donde pudiera estar Vicente Suástegui y que se encuentra cerca del punto de ayer.
Sin embargo, acotó, “lo principal que queremos es encontrar a Vicente porque ayer (domingo) que fue el Día del Padre, mis hijas siguen preguntando dónde está Vicente, cuándo va a regresar su papá”, desaparecido en la colonia Ciudad Renacimiento el 5 de agosto de 2021.
Colón Morales dio a conocer que a principios de mayo el juez del Tribunal Unitario de Enjuiciamiento Penal, con sede en Acapulco, con Jurisdicción y Competencia en el Distrito Judicial de Tabares, Juan Carlos Martínez Marchán, le mandó una resolución para revocar el juicio contra Jorge Eduardo García Ramírez y José Luis Carrera Vázquez, sentenciados en octubre del año pasado a 25 años de prisión, y que nuevamente se repusiera el proceso.
Colón Morales interpuso un amparo por esta resolución con los abogados del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y habló con magistrados porque “todo lo que se ha plasmado en las carpetas es porque así lo han dicho, así pasó, y porque ellos mismo se conocen y saben de qué estaban hablando y por eso están detenidos”.
Adelantó que va a responsabilizar al juez de lo que le fuera a pasar a ella y su familiar si los dos detenidos llegan a quedar libres porque “todo el tiempo hemos estado siendo amenazados”.
La semana pasada empezó el juicio oral contra otro de los cuatro detenidos, pero se complicó porque la carpeta de la desaparición del integrante del Cecop fue atraída por otro Ministerio Público y la fecha de la audiencia cambió para el siguiente mes.
Denunció que la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas no le ha depositado varios meses de la canasta básica que recibe por formar parte del Registro de Víctimas Indirectas y comentó que la encargada de despacho, Enedina Medrano Serrano, firmó un documento en el que se comprometió a entregar los recursos hace unos 15 días, pero no ha cumplido.
Puntualizó que ese dinero lo utiliza para los insumos de la búsqueda, entonces pidió a Medrano Serrano que “por favor se ponga en nuestros zapatos, que por favor tantito sea sensible ella y vea todo lo que estamos sufriendo nosotros los familiares y todo lo que tenemos que hacer para realizar una búsqueda”.
Colón Morales pudo dar a conocer este problema a la encargada de despacho de la Secretaría General de Gobierno, Anacleta López Vega, quien contestó que el “recurso ya había sido dispersado, nada más para que se depositara, y es la hora que no nos han depositado”.
Lamentó que ayer no participara la Unidad Canina de la Fiscalía General del Estado (FGE), “fundamental para que nosotros podamos ir a los puntos y descartar”, y mostró el oficio de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) que solicita la colaboración de las demás instituciones, para demostrar que fue girado con tiempo.
La también integrante de la Colectiva Fe y Esperanza de Encontrarles Guerrero, pidió al nuevo titular de Periciales que facilite la colaboración de la institución, “sabemos que trae una forma de trabajar diferente a la que había, pero que no nos haga más tortuoso el camino más de lo que ya tenemos”.
La búsqueda en El Bejuco
Un convoy de la FGE, la CEBP, la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), la Policía Estatal, la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional partió casi a las 11 de la mañana a la comunidad de El Bejuco, donde los integrantes de estas instituciones, Colón Morales, el coordinador del Frente Nacional para la Liberación de los Pueblos (FNLP), Hoguer Morales Miranda, y dos activistas más revisaron un terreno baldío.
La cita fue a las 8 de la mañana en el estacionamiento del supermercado Soriana de la avenida Farallón, pero las instituciones llegaron después de la hora citada y la Policía Estatal hasta las 10 de la mañana, además también se discutió la pertinencia de acudir a esta zona de Acapulco debido a que en la colindante localidad de San Pedro las Playas fue asesinado el alcalde electo de Copala, Salvador Villalva Flores, en la madrugada de ayer.
El terreno inspeccionado está enfrente de la entrada al rancho Bonga, una enorme huerta de palmas colindante con la laguna de Tres Palos y a la que también se ha ingresado para buscar a Vicente Suástegui, hermano del vocero del Cecop, Marco Antonio Suástegui Muñoz, porque era la zona de influencia de la policía ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), acusada de participar en su desaparición.
La búsqueda se extendió por casi cuatro horas en el extenso terreno que parece ser usado como basurero clandestino porque desde la entrada de la carretera federal se pueden observar varios montones de desechos incinerados y también se pueden ver las huellas de las máquinas que transitan en la tierra, incluso una máquina retroexcavadora se dio la vuelta cuando vio las camionetas de las fuerzas de seguridad estacionadas en el predio.
Un integrante de la CEBP voló un dron para apuntar la trayectoria del recorrido, y la esposa de Vicente Suástegui, los activistas y los funcionarios públicos subieron y bajaron un cerro, enterraron varillas y utilizaron picos y palas, para profundizar en algunos puntos sospechosos de ser fosas clandestinas.
No se obtuvieron resultados positivos, pero la búsqueda continúa hoy en el mismo terreno, donde las viviendas más cercanas se encuentran a 200 metros de distancia, y la jornada terminará el viernes.
El Juez de Control dictó prisión preventiva a los dos presuntos implicados en el asesinato del candidato a la alcaldía de Coyuca de Benítez, por la alianza PRI-PAN-PRD, José Alfredo Cabrera Barrientos, hecho ocurrido el miércoles pasado en el poblado de Las Lomas, perteneciente a ese municipio.
En la audiencia inicial, los dos detenidos acusados del delito de homicidio, fueron recluidos en el penal de Las Cruces.
Y la segunda audiencia será el próximo jueves, en los juzgados, ubicados en la zona Diamante de Acapulco.
El Ministerio Público (MP) presentó las pruebas suficientes ante el Juez de Control, quien determinó prisión preventiva a los dos acusados de homicidio.
El miércoles pasado, el candidato José Alfredo Cabrera Barrientos fue ejecutado a balazos en el poblado de Las Lomas, donde cerraría su campaña.
De acuerdo a la investigación ministerial, el agresor iba en silla de ruedas y tenía dos playeras, al parecer para quitarse una cuando huyera.
Los dos presuntos cómplices los ayudaron infiltrarse entre los simpatizantes del priísta, hasta quedar muy cerca su víctima.
Y pasarle por la espalda, el agresor de unos 25 años en sillas de ruedas, se levantó y le disparó en dos ocasiones al candidato hasta privarlo de la vida.
Posteriormente, el agresor fue abatido a balazos por los escoltas del candidato, en medio de la multitud, que corría a refugiarse. (Redacción).
El gobierno del estado promovió un amparo contra la sentencia del juez sexto de distrito con sede en Acapulco que falló a favor de que la empresa Fibra Orión recupere la concesión del viaducto Diamante.
El falló a favor de Fibra Orión ocurrió el pasado 26 de marzo. Fue este 25 de abril cuando el gobierno del estado interpuso “el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada por el juez sexto de distrito en el estado, con sede en Acapulco, en el juicio de amparo 499/2023, promovido por Fibra Orión contra la declaratoria de rescate de la concesión del Viaducto Diamante”.
El viaducto Diamante es una carretera de cuota que va de la caseta La Venta hasta el bulevar Las Naciones, frente al desarrollo Vidanta antes Mayan Palace, es una vía de 21.5 kilómetros.
El litigio entre Fibra Orión y el gobierno del estado tiene ya un año. El 29 de abril de 2023 se conoció que el gobierno del estado informó que la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del Estado tomó el control y retiró la concesión del viaducto a Fibra Orión por no brindar el mantenimiento a la vía.
El alegato del gobierno estatal para retirar la concesión fue “la falta de atención del estado que guarda la carretera, por parte del concesionario, así como el incumplimiento de los contratos y acuerdos en materia de infraestructura y conservación que contrajo con la administración estatal”.
En noviembre de 2023 el director general de Fibra Orión, Rodolfo Campos, informó que el estado debía pagarles 10 mil millones de pesos como indemnización y que esa empresa buscaba extender la concesión por otro periodo a cambio de una contraprestación de 500 millones de pesos.
La secretaria de Salud, Aidé Ibárez Castro, informó que un juez resolvió un recurso a favor de la dependencia, para recuperar las instalaciones de la Jurisdicción Sanitaria 05, con sede en Tecpan de Galeana, tomada hace tres meses por trabajadores sindicalizados en demanda de la destitución de la jefa jurisdiccional.
La funcionaria aclaró que desconoce el procedimiento judicial para recuperar el inmueble y las camionetas “llenas de medicamentos” que están ahí encerradas, porque es la primera vez que enfrentan este tipo de situaciones, pero el procedimiento está en curso.
La Jurisdicción fue tomada el 5 de octubre por trabajadores que denunciaron incumplimiento de los acuerdos que firmó el área jurídica con la líder sindical, Beatriz Vélez Núñez.
Consultada sobre los conflictos laborales en el sector, después de la firma de la estrategia nacional de buen gobierno con la Cofepris, informó que en el hospital comunitario de San Luis Acatlán, están agotando el diálogo para restablecer la normalidad, luego de que también fue tomado a principios de octubre por trabajadores inconformes con nuevo director, Genaro Lara Calixto, a quien le impiden el acceso al nosocomio, porque señaló robo de materiales y medicamentos.
Incluso, en declaraciones anteriores de la secretaria denunció que ahí se negó el servicio a una niña, que fue trasladada de emergencia al hospital Raymundo Abarca Alarcón, donde al final perdió la vida. Aunque los inconformes aseguraban que seguían laborando.
“Se terminó la auditoria en San Luis Acatlán, se realizó la reunión en acompañamiento de persona de la Comisión de Derechos Humanos, y de la Secretaría de Gobierno, estamos agotando todo el diálogo.
Aunque el director aún no tiene acceso al hospital comunitario. Justificó que se prepara su traslado al nuevo hospital del mismo municipio.
Del Hospital General Raymundo Abarca Alarcón de Chilpancingo, y el de Teloloapan, donde enfermeras demandaron el cambio de coordinadora del área, Ibárez Castro aclaró que el tema fue atendido con el cambio de director y de administrador de cada lugar.
Al pedirle más detalles del conflicto en la capital del estado, respondió que el nuevo director puede responder a las preguntas, no obstante que la política de comunicación prohíbe a los operativos hacer declaraciones. (Lourdes Chávez / Chilpancingo).
El vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, advirtió que el gobierno de Evelyn Salgado Pineda y la fiscal Sandra Luz Valdovinos Salmerón iniciaron, como en los gobiernos pasados, una persecución en contra de los opositores a la hidroeléctrica.
En declaraciones por teléfono, el dirigente informó que fue notificado de que el juez segundo del distrito de Tabares lo sentenció a más de ocho años de cárcel por el delito de homicidio, hechos que ocurrieron en 2013; sin embargo, él recurrió a una apelación y ahora su caso será revisado por tres magistrados del Tribunal Superior de Justicia. “Yo podría regresar a la cárcel”.
Suástegui Muñoz dijo que en este contexto de persecución contra el Cecop y su lucha contra la hidroeléctrica fueron detenidos el jueves pasado, con violencia, por policías ministeriales en la comunidad de Huamuchitos, Rodrigo León Jacinto, de 70 años, y Modesto León Jacinto, de 27 años; además lesionaron de un disparo en la pierna a la señora Rosibel Suástegui Jacinto y golpearon a tres menores de 4, 7 años y un bebé.
Recordó que ese día los policías ministeriales irrumpieron a las 3:30 de la madrugada en la casa de la familia, sin embargo, en la carpeta de investigación se estipuló que los detuvieron en la cancha de la comunidad lo que es falso, y tan fue así que el sábado se les dio su libertad de la comandancia de El Coloso, pero al salir fueron detenidos nuevamente ahora con unas órdenes de aprehensión de 2013, acusados de intento de homicidio y lesiones, y fueron recluidos en la cárcel de Las Cruces.
Reprochó a la fiscal Valdovinos Salmerón que junto con la gobernadora “usan los mismos vicios y prácticas oscuras del pasado. Concluimos que hay una persecución total para eliminar al Cecop, porque tal vez el movimiento le hace estorbo a la 4T, porque nosotros mandamos al diablo al PRI, al PRD, para poner a un movimiento en el poder como lo es Morena, donde nosotros decidimos abiertamente apoyar en campaña política a la gobernadora, pero vemos que lamentablemente nos equivocamos”.
El vocero dijo que tiene conocimiento de que se están desempolvando las órdenes de aprehensión en contra de los integrantes del Cecop, “estamos procesados 30 compañeros, también surgen nuevas órdenes de aprehensión, que este gobierno está sacando de cuando se fabricaban los delitos”.
Luego, se volvió a lanzar contra la gobernadora “nos está mintiendo, diciendo que son amigos de los que menos tienen, pregonan eso, y que en este gobinero no se reprime. Todo lo contrario, sí se persigue, se encarcela, actualmente tenemos a toda la fiscalía en Huamuchitos, a los que llevan sus cosechas de jamaica y de maíz los están deteniendo, hay filtros y retenes, además, la Fiscalía entró a robar como delincuentes y amenazando de manera cobarde a la gente”.
“La gobernadora dice que Guerrero es un santuario de derechos humanos, la Fiscalía viene y tortura y le mete unos balazos a una mujer y la amenazan con quitarle a los hijos para declarar contra su esposo, diciendo que él fue quien le disparó”.
Ante estos hechos, dijo que el domingo en asamblea se acordó pedir el apoyo nacional de las organizaciones sociales, una comisión acudirá a Palacio Nacional, para plantear la situación al presidente Andrés Manuel López Obrador.
Se va a instalar un plantón en Huamuchitos y El Cantón, para evitar que la Policía Ministerial entre, “además estamos pensando que vamos a cerrar la Autopista del Sol, porque tal parece que les importa recibir turistas y crear una imagen falsa, cuando hay un mar de sangre en Acapulco, y cuando el Ejército y la Guardia Nacional están metidos en los Bienes Comunales de Cacahuatepec”.
Suástegui Muñoz también afirmó que “nos mintieron cuando dijeron que iba a haber un cambio” e informó que se cancelaron todos los apoyos a los pobladores de Cacahuatepec, “nos huele como una trampa del gobierno del estado, municipio y federal”.
El dirigente recordó que Maximino Solís Valeriano sigue preso en el penal de Las Cruces, desde 2018, por un delito que no cometió y que se le atribuye a él, pero todo es parte de la persecución contra el movimiento.
Este jueves, padres de familia del jardín de niños Gabriela Mistral, ubicado en la unidad habitacional Infonavit El Hujal, en este puerto, abrieron el plantel luego de poco más de dos semanas que permaneció cerrado para exigir que cinco maestras cumplan con el horario de Tiempo Completo.
El 23 de enero pasado, los padres de familia de cinco de los 12 grupos que hay en esa escuela tomaron la decisión de cerrarla de manera definitiva, pues desde el inicio del actual ciclo escolar, sus hijos no han tenido el servicio de tiempo completo porque sus maestras argumentan que tienen problemas de salud y que, además, es muy poco el dinero que les pagan por hacer su trabajo.
Por su parte, las cinco maestras interpusieron una demanda de amparo en contra de las autoridades educativas federales y estatales, por lo que la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) no ha podido determinar la situación laboral de las educadoras, porque no hay todavía una resolución judicial.
Este jueves, poco antes de que iniciara la hora de entrada, los padres retiraron las pancartas que desde el 23 de enero colocaron en la entrada al plantel, así como también quitaron el candado especial que tenía el portón, y permitieron que los niños retomaran sus clases.
El delegado de la SEG en Costa Grande, Fernando Leyva Sotelo, informó vía telefónica que debido a que no se ha resuelto la demanda de amparo, el juez federal que lleva el caso de las maestras determinó que enviará a un actuario a que lleve a cabo una diligencia, en la que se espera constatar que las maestras incumplen con el horario de tiempo completo.
Leyva Sotelo aseguró que fue una determinación de los propios padres de familia, que mantenían cerrado el jardín de niños, volver a abrirlo para que el actuario que vendrá a hacer esa diligencia pueda llevarla a cabo.
A pregunta, el funcionario señaló que el hecho de que se hayan retomado las clases no es indicativo de que el conflicto ya esté resuelto, “hasta que el juez que lleva la demanda de amparo de las cinco maestras emita su veredicto, hasta entonces la SEG podrá estar en condiciones de determinar qué va a pasar con las maestras que se han mantenido renuentes”. (Redacción)
El diputado de Movimiento Ciudadano, Silvano Blanco reveló que el fiscal Javier Olea Peláez solicitó a un juez la detención de presuntos miembros del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), como los responsables del asesinato del presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, Armando Chavarría Barrera, pero que la autoridad judicial rechazó la petición.
En tribuna en la sesión de ayer, dijo que “nuevamente tenemos información corroborada el día 14 de este mes de que el juez primero de lo penal de este distrito negó la orden de aprehensión de estas personas que fueron consignadas por el fiscal”.
Enseguida, recordando lo que ocurrió al término del gobierno de Zeferino Torreblanca, quien también intentó atribuir al ERPI el asesinato de quien fue su secretario de Gobierno, Silvano Blanco dijo que la decisión del juez penal se basó en un “argumento idéntico al del juzgado federal, es decir, no había elementos de prueba suficiente para acreditar que ellos eran los probables responsables, que efectivamente hubiesen intervenido en el crimen de Armando Chavarría y eso se lo dijimos al fiscal en su momento, que no se atreviera a hacer eso porque ya se había desechado esa línea de investigación”.
Después de cuestionar que el fiscal insiste en la versión de que Chavarría fue asesinado por integrantes del ERPI, a pesar de que un juzgado federal determinó en 2010 que no había elementos para sostener esta hipótesis, consideró que es “prudente” que el Congreso se pronuncie por la renuncia del fiscal, de lo contrario incurriría en una negligencia.
“El ánimo del fiscal fue quizás el hecho de pretender ya liberarse de esa enorme responsabilidad que tiene con esa investigación, quizás de una forma para ya cerrar totalmente el asunto y decir que se hizo un esfuerzo pero al final fue el juez el que negó la orden de aprehensión en contra de los responsables”, expuso. (Rosalba Ramírez / Chilpancingo).
