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Rechazan ejidatarios de Guajes de Ayala la acusación de Espino de que son parte del CJNG

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El dirigente ejidal de Guajes de Ayala, municipio de Coyuca de Catalán, Javier Hernández, rechazó en declaraciones por teléfono y mediante un video los señalamientos del vocero de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Víctor Espino, en el sentido de que pertenecen al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y al grupo delictivo de Oliver Coria, El Ruso, y que es él quien les está quitando madera del ejido San Antonio.
Mediante un video que subió a Facebook la tarde de ayer, también rechazó los señalamientos que hizo en su contra un grupo de desplazados de La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán, actualmente refugiados en el municipio de Ayutla, quienes lo acusaron ayer en un comunicado de prensa de que forma parte del grupo delictivo que los desplazó en 2011 y 2012 y que cometió varios asesinatos, entre ellos los de sus dirigentes Rubén Santana Alonso y Juvenitina Villa Mojica.
En el primer caso, dijo que Víctor Espino “está desesperado porque jamás pensó que se le iba a venir todo esto encima” y aseguró que tienen todo documentado de lo que han denunciado en su contra tanto públicamente como ante las autoridades.
Del segundo caso, aseguró que “ese es otro asunto” que se derivó de problemas personales y porque las personas que mencionan que fueron asesinadas y desplazadas pertenecían al Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) que encabezaba en la zona el comandante Ramiro (Omar Guerrero Solís).
“Víctor Espino dice que en nuestro ejido no tenemos tierra, que sólo tenemos espinos y piedras, eso es falso. Tenemos toda la documentación y todo mundo lo sabe”, dijo en declaraciones por teléfono.
Agregó que no sabe por qué Espino cita al ejido de San Antonio donde él habita, “puesto que no tenemos ningún problema con el ejido de San Antonio, ni con el de Coacoyul, con el de Pizotla, ni con El Durazno que son con los que colindamos”, aseguró.
Rechazó que Guajes de Ayala les esté quitando los bosques a esos ejidos.
Aseguró que las denuncias que han hecho de manera pública y ante las autoridades en contra de Espino “son reales, tenemos documentado el saqueo de la madera”.
En tanto, en un video que subió a Facebook, aseguró que “es mucho lo que ha documentado del caso” y que las declaraciones que hizo Víctor Espino a El Sur demuestran que está preocupado porque jamás pensó que las cosas se le iban a salir de control como están ahora”.
Añadió que el señalamiento de que pertenece al CJNG, “es una acusación demasiado fuerte”.
Aseguró que muchas de las cosas que denuncia Espino Cortés son de hechos que ocurrieron hace mucho tiempo, cuando él se encontraba radicando en Estados Unidos.
Con respecto al señalamiento de los desplazados de La Laguna, actualmente radicados en Ayutla, que lo acusan de encabezar al grupo delictivo que los desplazó después de asesinar a varios de esa localidad, entre ellos a sus líderes Rubén Santana y Juventina Villa Mojica, dijo que éstos están movidos por Víctor Espino y que, igual, se está valiendo de hechos que pasaron hace mucho tiempo.
“Se está valiendo de gente que fue desplazada de La Laguna por un conflicto, se puede decir personal, con ciertas personas”.
Dijo: “Yo lamento que hayan pasado esas cosas en aquellos ayeres, conozco la historia, algunas familias fueron de La Laguna, otras de Los Ciruelos. Yo no quisiera hacerlo pero a raíz de esto quiero comentarlo, este problema surge a raíz de los problemas del ERPI, del comandante Ramiro, es el mismo tema”.
Denunció que muchas de ellas tienen denuncias de secuestros y extorsiones, “cosas que están plenamente identificadas, hay cosas que se documentaron y hay personas que están cumpliendo una condena de secuestro”.
Declaró que hay cuatro que están presos por secuestro, Gildardo Díaz Pérez, Ubaldo Santana Alonso, Sebastián Santana Monje y Melitón Santana Monje, los primeros en agravio del empresario ganadero Homero Montúfar, originario del Coyol, municipio de Coyuca de Catalán y los segundos de Rogelio Solorio de Tarétaro.
Los desplazados también denunciaron en su comunicado que Javier Hernández Peñaloza, es en realidad Orbelin Díaz Peñaloza, El Gordo que fue el que los desplazó en el 2012. Al respecto el dirigente ejidal aseguró que si es Javier Hernández y mostró ante la cámara una mica del INE. “Yo efectivamente soy yo”, dijo.
Por otra parte, informó en la llamada telefónica que está programada una reunión en la Secretaría de Gobernación para tratar el asunto de las dos demandas que tienen en contra de Víctor Espino.
Informó que la reunión la gestionaría ayer Álvaro Urreta Fernández quien es enlace en materia de pacificación de la sierra del Filo Mayor con el gobierno federal.

Con la decisión de la CIDH de revisar la masacre de El Charco 50% de la lucha ya se ganó: Efrén Cortés

Efrén Cortés, sobreviviente de la masacre de El Charco, en la entrevista con El Sur, en la Alameda Central de Ciudad de México.Foto: Cuartoscuro

Guillermo Rivera

El Sur / Ciudad de México

Efrén Cortés sabe que después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aceptó estudiar y analizar la masacre ejecutada por elementos del Ejército Mexicano en El Charco –donde fueron asesinados 10 indígenas na savi y un estudiante universitario–, la discusión no se centrará en si existían o no en la zona grupos armados organizados, sino en que los militares cometieron tortura y ejecuciones extrajudiciales.
El 7 de junio de 1998 en la comunidad El Charco, ubicada en el municipio de Ayutla de los Libres, militares irrumpieron violentamente y además de matar a 11 personas, causaron lesiones a cinco más y detuvieron a 22 pobladores, que fueron torturados. Por eso Cortés, sobreviviente del atentado, celebra ahora que la CIDH aceptara llevar el caso.
“No se trata de debatir si había guerrilla. Ya se dijo que sí”, dice en entrevista con El Sur.
Sentado en la Alameda Central, a un costado del Palacio de Bellas Artes, en Ciudad de México, Efrén considera que la admisibilidad del caso por parte de la comisión “es un avance, porque se reconoce que pudo haber violaciones a los derechos humanos, pues hubo ejecuciones, tortura, niños detenidos”.
“El análisis es muy importante por dos cosas: porque el Ejército intervino y hay una cantidad grande de violaciones de parte del Estado Mexicano respecto a convenios internacionales que se ha comprometido a respetar, como los derechos humanos. La CIDH presume que eso no se hizo”.
Ese es un avance, enfatiza, “es el 50 por ciento de esta lucha”, que comenzó hace seis años.
“Lo que demandamos al Estado mexicano es que a nosotros nos consta que sí hubo ejecuciones extrajudiciales y tortura. La justicia ya nos juzgó por delito de rebelión, conspiración y portación de armas. Eso no demandamos –explica Cortés–. A los compañeros rendidos, desarmados, el Ejército los masacró, y nosotros fuimos torturados. Esa es la demanda ante la CIDH. Es lo que se debe de investigar”.
El Estado mexicano, recuerda, determinó entonces que la masacre fue producto de un enfrentamiento entre la guerrilla y el Ejército.
Son procesos tardados, reconoce Cortés, “así es la justicia internacional, pues la comisión recibe todas las demandas del continente, pero que la CIDH acepte el caso es un avance porque las fuerzas armadas, el Ejército, hizo esa masacre con total impunidad. Cuando sucedió, los jueces de distrito de Acapulco hacían lo que los ministerios públicos militares les decían. A nosotros nos consignó el MP militar”.

“Sin justicia no hay paz”

Víctima de tortura, Efrén Cortés también estuvo cuatro años preso, un año en Acapulco y tres en el penal federal de Puente Grande, en Jalisco. En dos procesos, fue juzgado por portación de armas, terrorismo, asociación delictuosa, rebelión, conspiración e incitación a la rebelión, al igual que la entonces estudiante Erika Zamora Pardo, quien estuvo en la cárcel el mismo periodo que Cortés, a diferencia de otros compañeros, absueltos año y medio después de la matanza.
“Faltan unos dos años más para que el caso pase a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay argumentos sólidos de ejecuciones extrajudiciales y tortura. El Ejército tiene que reconocer que se violaron derechos humanos de manera grave”, destaca Cortés.
Originario de Cruz Grande, en la Costa Chica, menciona que antes de que sucediera la masacre se discutían dos cosas en El Charco: si se declaraba autónomo Ayutla de los Libres y cómo desarrollar una sustentabilidad productiva.
“Ahí es zona indígena, y eran acciones frente a la militarización y violencia que se sufría. Había presencia del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), sí, porque la masacre se dio dentro de un contexto político. El Ejército Mexicano sabía que esas comunidades podían tener vínculos con grupos armados, por eso hizo lo que hizo.
“Muchos compañeros que estaban heridos de no gravedad, aparecieron muertos. La demanda es que se repare el daño y no sólo material, sino social, a las comunidades, a la región, a las víctimas. Los hijos de los masacrados estaban chicos, el Estado tiene la obligación de repararles el daño. Los conozco y hoy tienen 23, 25, 28 años. Es reparación de la región, de las comunidades, y hasta reparación individual.
Como sobreviviente, insiste, lo más importante es la ejecución de la justicia: “Si no hay justicia no hay paz, reconciliación, sigue la impunidad. Si el Estado, en vez de juzgar, asesina, entonces violenta. Pedimos a la comisión que investigue eso”.

Pobreza sistémica

Cuando ocurrió la matanza, Efrén Cortés tenía un compromiso organizativo con esa región. Se involucró en movimientos sociales desde los 15 años –hoy tiene 50– porque desde pequeño se percató del atraso en todos los sentidos que se padecía en la zona. En Cruz Grande, un poblado de unos 5 mil habitantes, las personas morían de polio o sarampión.
“Lo vi a los 9 años. Por ejemplo, en Ayutla, en el momento de la masacre, no había luz ni caminos, era mucho atraso y racismo por parte de la gente mestiza. Vi a niños morir por problemas respiratorios. La pobreza es sistémica. Eso llevó a la organización y es una zona que durante muchos años ha luchado por reivindicaciones sociales”.
Efrén cursó Derecho en la Universidad Autónoma de Guerrero e incursionó en el activismo social desde la preparatoria. Se enfocó en las causas campesinas y populares.
“No me arrepiento de lo que he hecho, pues ha sido por convicción. En los parámetros de una democracia capitalista, esto está mal, es de terror: marginación, violencia. En aquel tiempo no era una violencia como ahorita, pero había una violencia de tipo política. Las cosas han empeorado, ahora es una violencia generalizada.
“Hemos observado que donde hay minas, agua, tierras, surge la violencia, para que la gente migre y las grandes empresas lleguen y controlen, como pasa en Guerrero. Desde el surgimiento de Lucio Cabañas, Genaro Vázquez y las guerrillas del 68 y del 70, la violencia en la entidad se ha mantenido. No ha parado el asesinato de luchadores sociales. El Estado mexicano antes usaba las guardias blancas (grupos paramilitares), hoy usa la delincuencia. Es lo mismo. La lucha social tiene que seguir, porque las cosas están muy difíciles”.

Marca para toda la vida

A Efrén Cortés la masacre en El Charco lo marcó de por vida porque fueron asesinadas personas con quienes convivió de cerca. “Era gente indígena que conocí por años, yo conocí la capacidad que tenían para organizar a sus pueblos. Eso no se me olvida porque uno, en el proceso de lucha, no deja de ser humano. Cuando llegaba a sus comunidades siempre me trataban con cariño, me daban de comer sin importar la hora. Hice vínculos con varios de los asesinados. Eso es lo que más siento”.
“A nosotros nos tocó tortura, estar presos y vivos. ¿Y los que murieron?”, cuestiona. “El Ejército está dentro de la ley. Siempre lo promueven, dicen que tiene honor y nosotros pensamos que no”.

“No a la Guardia Nacional”

Cuando Efrén estuvo encarcelado, sus hermanos sufrieron acoso político, “los investigaron”, cuenta. Al salir de la cárcel se reincorporó al movimiento social y continuó en el activismo social. Sobrevive gracias a “acciones autosustentables” y trabajo independiente. “Al juego de partidos políticos no entramos. Queremos que las luchas de los pueblos sean reivindicadas”.
–¿Qué opinas de la creación de la Guardia Nacional?
–En México sí hay una crisis de seguridad, hay una descomposición donde las policías municipales y estatales y hasta el Ejército delinquen. Nunca la delincuencia puede operar sin el aval del poder. Hasta el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene la obligación de buscar que esta delincuencia baje, pero la forma como lo están haciendo es la misma que utilizaron Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Otra opción, propone Cortés, sería una policía civil y que los militares regresen a los cuarteles. “Se ha mostrado, con estadísticas de organismos nacionales e internacionales, que en donde está el Ejército se incrementa la violencia. Guerrero tiene de 15 a 20 mil militares desplegados en todo el territorio y la violencia no baja, porque ésta tiene otras características: marginación, abandono, pobreza”.
En 12 años de presencia militar, advierte, la violencia no ha bajado. “Es de locura que el nuevo gobierno diga que el mando de la Guardia Nacional lo tendrá la Secretaría de la Defensa. La guardia va a pasar, ya lo vi, pero es un error querer resolver el problema de la violencia a través de la militarización. Los gobiernos civiles tienen derecho a buscar que la violencia baje y podría pasar eso, pero a la larga, dos o tres años, esto se va a convertir en un grave problema de violaciones a los derechos humanos”.
Concluye: “Hasta las policías municipales están dirigidas por militares. Esa es la militarización, porque no se utilizan prácticas disuasivas, sino represivas. La policía tiene la función de investigar, prevenir el delito. El militar no está formado para eso, sino para matar, velar por la soberanía nacional, cuidar áreas estratégicas del país. No para estar en las calles y en los retenes”.

 

La amnistía debe ser para los presos con motivo de la lucha social, dice el ex comandante Antonio del ERPI

Jacobo Silva Nogales en la presentacio?n de su libro en el Instituto Internacional Estudios Poli?ticos Avanzados de la UAG – Foto: Carlos Alberto Carbajal

Jacobo Silva Nogales, el comandante Antonio del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), señaló que la nueva ley de amnistía debe incluir al preso político de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Gonzalo Molina, a los presos del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop) y toda aquella persona presa por la lucha social aunque forme parte de grupos armados.
En declaraciones posteriores a la presentación de su libro en el Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados (IIEPA) ayer, el ahora escritor dijo que el Estado mexicano debe de hacer justicia en la masacre de El Charco mediante el castigo a los asesinos.
Silva Nogales, el comandante Antonio que fue el principal dirigente del ERPI, desde su formación como una escisión del EPR en 1998 hasta que fue encarcelado en 1999 durante 10 años, presentó su libro Los Rasgos Esenciales del Estado, ayer en un aula del IIEPA de la UAG ante un auditorio conformado esencialmente de alumnos de la misma escuela, el director Marco Adame Meza, profesores y el ex presidente del Consejo Nacional del PRD, Camilo Valenzuela.
Después de la presentación se le preguntó qué debe hacer el nuevo gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador ante sucesos como la masacre de El Charco, municipio de Ayutla, en donde el Ejército asesinó a 10 campesinos y a un estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) el 7 de junio de 1998. También hubo cinco heridos y 22 detenidos.
Contestó que ante este hecho y otros similares el nuevo gobierno federal “debe de hacer justicia y esto implica el castigo de los asesinos porque esta parte siempre se ha eludido en cualquier proceso similar. Se investiga pero el castigo está ausente.”
También se le pidió su opinión de la recién propuesta de ley de amnistía. Dijo que “en mi experiencia sobre las leyes de amnistía, sobre todo las que se han expedido aquí de Guerrero, son muy limitadas y no se aplican a las personas que cometieron delitos supuestamente graves. Lo que yo esperaría es que se les aplicara también a esas personas”.
Señaló que debe estar incluido el promotor de la Policía Comunitaria de Tixtla, Gonzalo Molina, los presos de la Cecop “y en general todo aquel preso que haya caído en la lucha social y no importa que haya caído desarrollando la lucha legal o la lucha armada porque también debe de aplicarse la ley de amnistía si es que en verdad se pretende hacer un cambio”.
Durante la presentación de su libro, Silva Nogales dijo que debido a que vivió “un estado súper represivo dentro de la cárcel” en los años que estuvo preso –1999 a 2009–decidió escribir este libro.
Con mucho tiempo para pensar y después de haber leído muchos libros, desde teóricos sobre el Estado hasta literatura universal, decidió teorizar sobre el Estado desde la práctica y no con una visión académica. Mencionó que no estudió en la universidad porque se siente responsable de haber sacado de la escuela a varias personas para invitarlas a la guerrilla.
Indicó que el Estado tiene 25 rasgos, según él, entre los que se encuentra el monopolio de la violencia que actualmente es disputado por otros grupos como el crimen organizado; instituciones legales e ilegales como los “ejércitos secretos” que sirven de asesinos del gobierno. Mencionó que un compañero de celda en la cárcel le confesó que era un “halcón” que participó en la matanza del 10 de junio de 1971 y lanzó la pregunta: ¿qué va a hacer Andrés Manuel López Obrador con ese ejército?
En la sesión de preguntas, la profesora Rosa María Gómez Saavedra le pidió que ampliara la semblanza que se había dicho previamente a su participación para que los estudiantes conocieran su participación política.
Dijo que no le gusta hablar de sí mismo, sobre todo porque “hay unas cosas no tan bonitas” que vivió, pero mencionó que a él le tocó ser joven en la década de los 70´s, cuando habían pasado las matanzas del 68 y el 71, existían las guerrillas de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez. También había triunfado la revolución en Cuba que había “impuesto una moda” de barbas largas y vestimenta militar verde olivo. Se escuchaba “música de izquierda” pero lo que verdaderamente lo impulsó a ser guerrillero fue la ayuda que le dio una señora de San Luis Acatlán a donde había ido para conocer la zona por donde estuvo Genaro Vázquez.
Posteriormente se incorporó al Ejército Popular Revolucionario (EPR) y luego al ERPI. Cayó preso el 19 de octubre de 1999 en la Ciudad de México a donde había ido a conocer a otro grupo armado. Fue torturado y posteriormente llevado al penal de máxima de seguridad Almoloya. La abogada Pilar Noriega fue quien lo defendió y luego él mismo lo hizo. Fue liberado en 2009 y a partir de entonces se dedica a escribir y a ser tallerista.

 

Se ven olvidadas las tumbas de los guerrilleros sepultados en Atoyac

La tumba de los tres guerrilleros muertos en 1977 por el Ejército en El Guanábano, en la sierra de Atoyac, sepultados en el panteón Libertad . Foto: Francisco Magaña

Olvidadas y abandonadas se encuentran dos tumbas de tres guerrilleros, que se ubican en el panteón Libertad, en la colonia del mismo nombre, en la periferia de Atoyac.
Los combatientes fueron sepultados en este cementerio por separado en diferentes años, pues sus cuerpos fueron reclamados por organizaciones sociales para darles cristiana sepultura.
Los cuerpos de dos guerrilleros, que murieron en el enfrentamiento del 27 mayo 1997 en El Guanábano, con militares en la sierra de El Quemado, se encuentran juntos bajo una lápida que fue removida hace aproximadamente un año, por un descuido durante una limpieza hecha con maquinaria. Esta lápida ya fue reubicada a su sitio original.
Hace más de ocho años que dejó de ser visitada la tumba de estos dos guerrilleros anónimos por organizaciones sociales.
En dos ocasiones acudieron durante el Día de Muertos grupos guerrilleros a dejarles flores.
De igual manera, en este panteón municipal Libertad, se ubica la tumba del joven Isidro Molina Sánchez, quien murió el 10 noviembre de 1998, en un enfrentamiento con policías estatales en la sierra de San Juan de las Flores.
Su cuerpo fue reclamado por su padre Isidro Molina y sepultado en Atoyac, con el apoyo de las organizaciones sociales.
Mardonio Molina, su abuelo, dejó de visitar su tumba por problemas de salud, por lo que no ha podido a venir a darle mantenimiento.
Familiares de los sepultados en este panteón, se quejaron del mal estado del camino de terracería, además de que le falta de limpieza al lugar, porque no hubo recolección de basura ni vigilancia por parte de autoridades locales, a pesar de ser un lugar apartado de la ciudad.
La entrada del panteón está en mal estado y algunos familiares tuvieron que caminar entre el monte para poder llegar a las tumbas de sus parientes. (Francisco Magaña / Atoyac).

 

Consultaba el ERPI en comunidades cuando ocurrió la masacre de El Charco: Efrén Cortés

Durante la Jornada del Estudiante Detenido-Desaparecido, el sobreviviente de la masacre de El Charco, Efrén Cortés Chávez reveló que hace 20 años, cuando ocurrieron los hechos, el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) se encontraba en la zona porque hacía una consulta en las comunidades de Ayutla ante el rompimiento interno del Ejército Popular Revolucionario (EPR).
También confirmó que, antes del ataque a los indígenas civiles desarmados y a una columna de milicianos del ERPI que se encontraban en la escuela Caritino Maldonado Pérez y que ya se habían rendido, hubo dos enfrentamientos de miembros del ERPI con el Ejército, que duraron de las 2 de la madrugada a las 6 de la mañana en las comunidades de Cozcatlán y Amate Amarillo.
Consultado al final de su intervención, el estudiante de la UNAM que sobrevivió a esa masacre, dijo que no se ha confirmado pero que en estos dos enfrentamientos pudo haber militares muertos o heridos, lo que explicaría “el odio” con el que actuaron los soldados en el Charco, donde ya no fue un enfrentamiento sino una masacre de los militares en contra de los indígenas indefensos y los milicianos del ERPI que ya se habían rendido.
En esa masacre del 7 de junio de 1998 murieron nueve civiles y dos miembros del ERPI, además hubo cinco heridos y 22 detenidos.
A casi 20 años de los hechos, el sobreviviente de la masacre, Cortés Chávez declaró durante su intervención en la Jornada del Estudiante Detenido-Desaparecido, “vi a unas fuerzas armadas camuflajeadas y con mucho odio”.
Dijo que también lo escuchó en la respuesta del militar que encabezaba las tropas federales, el general Juan Alfredo Oropeza Garnica, cuando les pidieron que no dispararan, que se rendían, él contestó: “les vamos a dar chilate con pan”, que es una expresión que se usa en la zona cuando se advierte a alguien que se le va a dar un escarmiento.

Las desapariciones y la violencia se han masificado hacia la población para ejercer el control mediante el terror, coinciden

Durante la jornada organizada por el colectivo Revueltas, de la Unidad Académica de Filosofía y Letras, con motivo del Día del Estudiante, Cortés Chávez, y Janahuy Paredes, hija del desaparecido de Michoacán, Francisco Paredes Ruíz, coincidieron que a diferencia del periodo de la guerra sucia, cuando las desapariciones, la represión y la persecución política se ejercía sólo contra luchadores sociales, ahora las desapariciones y la violencia se ha masificado hacia la población, para ejercer el control mediante el terror y la violencia con fines económicos y el saqueo de los recursos naturales.
En esta jornada en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), se exigió la presentación con vida de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa y de universitarios desaparecidos en la llamada guerra sucia, como Carlos Díaz Frías, Carlos Benavides y Victoria Hernández Brito.
Janahuy Paredes, hija de Francisco Paredes, desaparecido en 2007 en Michoacán, narró cómo después de la desaparición de su padre su familia ha sido perseguida, criminalizada y permanentemente hostigada por las policías de los tres órdenes de gobiernos.
Agregó que, a diferencia de lo que se vivió en la llamada guerra sucia de los años setentas y ochentas, ahora la estrategia de represión del gobierno no es solamente contra los luchadores sociales, estudiantes, periodistas o defensores de derechos humanos, sino que las desapariciones forzadas, los asesinatos y la violencia en general se ha masificado en contra de toda la población, principalmente en contra de los jóvenes, como una estrategia de terror sicológico con intereses económicos.
“Se trata de una política de estado con la intención de mantener atemorizada a la población con el objetivo del saqueo de los recursos naturales y el control del territorio”, dijo.
Janahuy Paredes recomendó que la población recurra “a los mecanismos de organización en contra del sistema jurídico-político que no nos garantiza justicia”.
Por su parte, Efrén Cortés dijo que la situación de violencia, las desapariciones forzadas y los asesinatos, no son porque haya un Estado fallido, “sino porque tenemos un Estado delincuencial, que tolera a la delincuencia, y él mismo delinque y recurre a la ilegalidad como una estrategia para generar terror, sobre todo en las zonas donde se genera capital y hay recursos naturales, como madera, agua y minerales.
Dijo que por eso recurre a la desaparición forzada, por un lado, y por otro a la militarización, como una estrategia de terror y para lograr el control político de las zonas en disputa.
Agregó que eso pasó con la masacre de El Charco hace 20 años, cuando el gobierno sabía de la presencia de grupos armados como ERPI y el EPR.
Reveló que, el 8 de junio del 1998, los milicianos del ERPI hacían una consulta en las comunidades de Ayutla ante el rompimiento interno del EPR, e incluso antes de la masacre en El Charco se dieron dos enfrentamientos con el Ejército en las comunidades de Cozcatlán y Amate Amarillo, de las 2 de la mañana a las 6 de la tarde, cuando pudo haber algunos militares muertos o heridos.
Añadió que, en El Charco ya no fue enfrentamiento, sino un ataque y una masacre a mansalva contra unos 100 civiles indígenas que pernoctaban en la escuela Caritino Maldonado Pérez, entre los que había niños y comisarios de las comunidades cercanas, y una columna del ERPI que ya se había rendido.
Comentó que los militares, encabezados por el general Oropeza Garnica, que había llegado alrededor de las 7 de la mañana, “dijeron que la íbamos a pagar, que a ellos no les importaba, que si estábamos con la guerrilla, teníamos responsabilidad”.
Fue entonces que el general amenazó, “les vamos a dar su chilate con pan”.
Dijo que esa reacción pudo haber sido porque la gente armada “no se dejó”, y que se enfrentó con los soldados en las comunidades de Cozcatlán y Amate Amarillo, “cuando ya todo mundo estaba rendido empezaron a disparar en contra de la gente que ya estaba en la cancha”.
Denunció que si el Ejército hubiera respetado el derecho a la vida, no hubiera habido tanto muerto civil desarmado, nueve, y sólo dos miembros del ERPI.
Insistió que los militares actuaron así porque la masacre del Charco fue parte de la militarización y la desaparición forzada, pero que ésta última no se dio porque hubo muchos muertos y detenidos, y no pudieron ocultarlos.
Indicó que los hechos se encuentran dentro de la lógica que tiene el gobierno, de la militarización y el terror sicológico para controlar y someter a los pueblos en donde supone que hay peligro y riesgos de insurrección.
Añadió que el gobierno sabía que en Ayutla había grupos guerrilleros, y que por eso envió a 5 mil GAFES que siguieron operando en ese municipio después de la masacre, y no precisamente para decomisar drogas y armas, sino que iban sobre los grupos insurgentes, “el Estado siempre supo que en Ayutla había guerrilleros, pero no estaban por valientes, estaban por la represión sistémica que siempre se ha dado en contra de los pueblos indígenas, era como una necesidad la guerrilla allí”, dijo.

 

Conmemoran al comandante Ramiro del ERPI, asesinado en la sierra de Ajuchitlán hace ocho años

Miembros del Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco) conmemoraron a Omar Guerrero Solís conocido como el Comandante Ramiro, dirigente del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) en su octavo aniversario luctuoso.
El Tadeco recordó que la mañana del 4 de noviembre de 2009 siete narcoparamilitares liderados por el pistolero Cayetano Alvarado Palacios, El Cuche Blanco, emboscaron y asesinaron a balazos al Comandante Ramiro en la comunidad serrana Palos Blancos, municipio de Ajuchitlán del Progreso, en la región Tierra Caliente.
A ocho años de su asesinato, integrantes de Tadeco encabezados por el director, Javier Monroy Hernández, recordaron al guerrillero que fue sepultado en el panteón al norte de la capital.
La tumba del guerrillero fue adornada con cadenas y flores de cempasúchil, de terciopelo, nubes, veladoras e incienso de copal; en la lápida resalta una estructura, la hoz y un martillo coronados por la silueta de una estrella, que representan la unidad de la clase obrera desde la perspectiva comunista.
Tadeco convocó a distintas organizaciones sociales al acto solemne pero sólo acudieron cinco activistas, contrario a otros años en los que hubo presencia de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), el Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero (FODEG) y otras.
En el acto Monroy Hernández recordó que el asesinato del comandante Ramiro fue pagado por el ex presidente municipal de Petatlán, Rogaciano Alba Álvarez, y que su muerte causó “un gran impacto” en las comunidades pues el jefe guerrillero, de 33 años, estaba comprometido con la lucha social.
“A raíz de ese asesinato –del comandante Ramiro– nosotros entendemos que se agudizó, se intensificó una cacería de luchadores sociales en Guerrero que no termina, de diferentes organizaciones, de diferentes formas de lucha”, expresó.
Dijo que el preso político Gonzalo Molina González, promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) en Tixtla, y el maestro Luis Muñoz Vázquez, quien fue integrante de la Dirección Colectiva de la CETEG, trabajaron de manera conjunta con Tadeco para que el guerrillero asesinado tuviera un lugar digno donde se le pudiera rendir homenaje.
“El comandante insurgente Ramiro fue un joven que dio un ejemplo muy importante a la juventud guerrerense, a los luchadores sociales en Guerrero porque se desprendió de muchas cosas que con trabajo él y su familia habían ido logrando para poder dedicarse a una lucha de todos”, dijo.
Por último, señaló que “todos” recuerdan al comandante Ramiro “a su modo” e independientemente de las diferencias o discrepancias entre las organizaciones sociales “siempre nos vamos a respaldar” así como a recordar a los luchadores que fueron asesinados o desaparecidos por el Estado.

Negó un juez al fiscal detener a miembros del ERPI por el caso Chavarría, revelan

El diputado de Movimiento Ciudadano, Silvano Blanco reveló que el fiscal Javier Olea Peláez solicitó a un juez la detención de presuntos miembros del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), como los responsables del asesinato del presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, Armando Chavarría Barrera, pero que la autoridad judicial rechazó la petición.
En tribuna en la sesión de ayer, dijo que “nuevamente tenemos información corroborada el día 14 de este mes de que el juez primero de lo penal de este distrito negó la orden de aprehensión de estas personas que fueron consignadas por el fiscal”.
Enseguida, recordando lo que ocurrió al término del gobierno de Zeferino Torreblanca, quien también intentó atribuir al ERPI el asesinato de quien fue su secretario de Gobierno, Silvano Blanco dijo que la decisión del juez penal se basó en un “argumento idéntico al del juzgado federal, es decir, no había elementos de prueba suficiente para acreditar que ellos eran los probables responsables, que efectivamente hubiesen intervenido en el crimen de Armando Chavarría y eso se lo dijimos al fiscal en su momento, que no se atreviera a hacer eso porque ya se había desechado esa línea de investigación”.
Después de cuestionar que el fiscal insiste en la versión de que Chavarría fue asesinado por integrantes del ERPI, a pesar de que un juzgado federal determinó en 2010 que no había elementos para sostener esta hipótesis, consideró que es “prudente” que el Congreso se pronuncie por la renuncia del fiscal, de lo contrario incurriría en una negligencia.
“El ánimo del fiscal fue quizás el hecho de pretender ya liberarse de esa enorme responsabilidad que tiene con esa investigación, quizás de una forma para ya cerrar totalmente el asunto y decir que se hizo un esfuerzo pero al final fue el juez el que negó la orden de aprehensión en contra de los responsables”, expuso. (Rosalba Ramírez / Chilpancingo).

Detienen a dos sobrinos de un dirigente del ERPI en un pueblo de Coyuca de Catalán

La Policía Federal informó de la detención de dos hombres sobrinos de Cayetano Alvarado Palacios, El Cuche Blanco, líder del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), en la comunidad de San José de la Quesería, municipio de Coyuca de Catalán.
Los detenidos se llaman Ramiro Duque Alvarado de 25 años y Reynaldo de los mismos apellidos, de 20 años, quienes según el reporte fueron detenidos con dos pistolas calibre 38, dos rifles calibre 22, una escopeta de calibre permitido para cacería y dos rifles de asalto AK-47.
Los detenidos fueron localizados en un recorrido de la Policía Federal cerca de la comunidad de San José de la Quesería, pero también catearon su casa de donde finalmente se los llevaron y los pusieron a disposición del Ministerio Público federal.
Fueron relacionados con su tío Cayetano Alvarado, quien era uno de los líderes del ERPI y a quien se señala del homicidio de Omar Guerrero Solís, Comandante Ramiro, para quedarse con el grupo.
La célula que quedó del ERPI fue ubicada en la sierra. La comunidad de San José de la Quesería está a 10 kilómetros de la cabecera municipal. Después de esa localidad sigue la sierra con pueblos pequeños.
En ocasiones hay reportes de personas vestidas de militar en grupos de 50 personas bajando a esas localidades o en el otro extremo a comunidades como Tarétaro.
Se estima que los dos jóvenes radicaban en San José de la Quesería, la policía reportó que acudió a la casa de los dos y se llevó dos camionetas una negra Toyota y una Tundra negra que presuntamente tienen reporte de robo.
Los detenidos fueron enviados a Iguala para proceder penalmente en su contra en el Ministerio Público federal.

Los grupos armados podrían responder a la represión del foxismo: Arturo Miranda

Zacarías Cervantes / Chilpancingo

Al presentar ayer su libro La violación de los derechos humanos en Guerrero durante la guerra sucia, una herida no restañada, el universitario Arturo Miranda Ramírez, dijo que el gobierno del presidente Vicente Fox, está llevando la represión en estos días como en las décadas de la guerra sucia, lo que está provocando que el pueblo responda de manera organizada y advirtió que tanto el ERPI como el EPR podrían hacerlo por otras vías.
El autor dijo que le da tristeza que en la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) nadie haya protestado por la represión a los obreros de Sicartsa de Lázaro Cárdenas, Michoacán, o manifestado su solidaridad con ellos, a pesar de que “esta universidad fue apoyada por esos obreros en el tiempo en que también fue reprimida, pues los obreros con todo y sus salarios de hambre destinaron el 10 por ciento para apoyarla.
En la presentación de la obra compartieron el presidium con el autor el profesor emérito de la UAG, Rafael Bonilla Romero, el investigador de la UAG Ricardo Infante, y el director de la Escuela de Ciencias de la Educación, Salvador Barragán.
Miranda explicó que si bien su texto contiene narraciones de la represión y las violaciones a los derechos humanos que se cometieron hace más de 30 años, lo publica ahora “porque no se debe permitir que esos crímenes queden impunes, porque hoy hay nuevamente nubarrones que la derecha está promoviendo y puede reciclar estos hechos que se cometieron en la guerra sucia”, dijo.
Explicó que su libro tiene un objetivo “preventivo” porque “en la medida de que sigamos reclamando justicia para las víctimas de la guerra sucia y castigo para los responsables, no se repetirán represiones y violaciones a los derechos humanos como los que se vivieron en las décadas de los 70 y 60 y como los que se están repitiendo con los obreros de Sicartsa, en Lázaro Cárdenas, Michoacán, y con los ejidatarios de San Salvador Atenco”.
El investigador narra en su libro las acciones del Ejército mexicano y de las policías estatales y federales para someter a luchadores sociales a quienes el gobierno vinculaba con grupos guerrilleros. Utiliza como fuente, documentos, partes informativos y reportes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), del Centro de Investigación Seguridad Nacional (Cisen), así como de la secretaría de Gobernación.
El libro fue presentado ayer en la Unidad Académica de Ciencias de la Educación de la Universidad de Guerrero.

Llama el ERPI a sus bases y al pueblo a preparar la autodefensa ante la represión




Ante la represión en San Salvador Atenco, estado de México, el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) llamó a sus bases insurgentes, combatientes, militantes, simpatizantes y colaboradores a mantenerse en estado de alerta, a preparar la autodefensa y estar pendientes de las órdenes que emita su Comandancia General.
También llamó al pueblo de México a la movilización organizada para detener la ola represiva y a “recurrir a su legítimo derecho a la autodefensa” dentro de las resoluciones de La Otra Campaña y su plan de acción.
En un comunicado firmado por el comandante Hermenegildo, que difundió este viernes la dirección nacional del ERPI, expone que “Nuevamente empiezan a verse nubarrones en el horizonte. Al pueblo se le empiezan a cerrar los espacios y no nos están dejando otra salida, estamos siendo empujados a un rincón.
“Ante el avance de la lucha social que han demostrando las diferentes fuerzas sociales en nuestro país, representado en La Otra Campaña, el gobierno de los dueños del dinero intenta frenar y abortar el proceso organizativo del pueblo reprimiendo y criminalizando la lucha social de ese pueblo en resistencia.
“La violencia del Estado contra el movimiento social es inaceptable. La violencia del Estado contra el pueblo organizado es imperdonable. Los diferentes niveles de gobierno y de todos los partidos políticos se manchan las manos de sangre con la represión, primero de mineros, luego de floricultores, ya anteriormente con ecologistas y luchadores sociales. Ahora son los compañeros y compañeras de Atenco, después ¿quién sigue? ¿los comuneros de La Parota, las normales rurales? ¿Quién?
“Este hecho represivo no es aislado sino que es parte de un plan estructurado por el mal gobierno por lo que debemos estar alertas para evitar ataques a otras fuerzas sociales que representan un obstáculo para sus planes neoliberales y sus reformas estructurales.
“Contra este pueblo organizado se aplica una política de garrote y gas, de balas de goma, de fusiles, de helicópteros artillados. La ley aplicada contra los de abajo y a la izquierda mientras candidatos (a senadores, diputados, gobernadores y a la Presidencia de la República) tienen cuentas pendientes con la ley, cuentas pendientes con ese pueblo inerme al que ahora reprimen. Los señores del dinero son los beneficiados en esta guerra contra el pueblo organizado.
“Estos y otros hechos son la prueba fehaciente de que todos los gobiernos, emanados del PAN, PRD o PRI llevan a cabo una política social determinada por el uso de la fuerza represiva para someter al pueblo en lucha, en beneficio de los poderes fácticos encabezados por la oligarquía política.
“No podemos ni debemos quedarnos de brazos cruzados ante actos represivos como los mencionados.
“Por lo tanto, llamamos al pueblo de México a la movilización organizada capaz de detener esta ola represiva y de recurrir a su legítimo derecho a la autodefensa dentro del marco y resolutivos de La Otra Campaña y su plan de acción.
“Llamamos también a nuestras bases insurgentes, a nuestros combatientes y militantes, así como a simpatizantes y colaboradores a mantenernos en estado de alerta, a preparar la autodefensa y estar pendientes de las órdenes que se emitan desde nuestra Comandancia General.
“Nos sumamos a las exigencias principales: libertad absoluta e incondicional de todas y cada una de las y los compañeros detenidos; y retiro inmediato de los cuerpos policiacos de los alrededores de San Salvador Atenco”.