El sobreviviente de la masacre de El Charco, municipio de Ayutla, Efrén Cortés Chávez, pidió a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, que de su “declaración política” pase a los hechos y pida a la Fiscalía General de la República (FGR), una investigación en contra del ex presidente Ernesto Zedillo Ponce de León y del ex gobernador Ángel Aguirre Rivero porque tuvieron responsabilidad legal en esa masacre ocurrida el 7 de junio de 1998.
Sheinbaum anunció que en su conferencia de prensa de este viernes se informaría de la matanza de El Charco, comunidad na savi del municipio de Ayutla, donde el Ejército mató a diez indígenas y a un estudiante de la UNAM que se encontraban en una reunión en la que participaron combatientes del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) y población civil. La referencia al caso de El Charco, como un hecho represivo del gobierno de Zedillo, se dio en un video que presentó la presidenta en el que se habla de la masacre de Aguas Blancas, y de otros casos como la masacre de Acteal, Chiapas.
El caso salió a colación en medio de señalamientos que se hicieron en esta semana el ex presidente Ernesto Zedillo y la presidenta Sheinbaum.
Cortés Chávez criticó que la presidenta se haya referido a esa masacre en medio de su “disputa política” con los gobiernos anteriores, “cuando la impunidad se mantiene a 27 años de la masacre, por eso esperamos que la mención se convierta hechos y lleve a la justicia a los autores materiales e intelectuales de ese crimen”, dijo.
“Como víctimas exigimos que se investigue y se castigue este caso que está ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CDIH) y que sigue pendiente por resolver”, dijo.
“Que no quede sólo en declaraciones, el ex presidente Ernesto Zedillo y el ex gobernador Ángel Aguirre tienen responsabilidad legal porque debieron pedir a la Procuraduría General de la República (PGR) que investigara el caso y no lo hicieron”.
Para el sobreviviente, se tiene que investigar el “exceso” de las fuerzas armadas en este caso, “porque después de que se dio la rendición, se vino la masacre y eso es lo que no se investigó”, declaró por teléfono Cortés Chávez.
Insistió: “Si de verdad hay voluntad política de la presidenta que se investigue a todos los actores que participaron; unos por acción y otros por omisión. Si en realidad se quiere luchar contra la impunidad se debe de empezar por investigar, que no se quede así; como un enfrentamiento de las fuerzas armadas y la guerrilla”.
El sobreviviente explicó que si bien esa noche hubo un enfrentamiento entre el Ejército con integrantes de la guerrilla, “hemos dicho que después vino la rendición, pero el Ejército masacró, ya rendidos y después de que se pactó que se iba a respetar la vida, y eso no se ha investigado”.
Explicó que no se ha negado que en El Charco había un movimiento armado y que hubo un enfrentamiento, pero que también había población civil que fue la masacrada, “y dentro de un estado de derecho, la obligación de la autoridad era investigar si hubo crímenes para sancionarlos”.
Desde su punto de vista tanto el ex presidente Zedillo como el ex gobernador Aguirre, tuvieron responsabilidad, pero nunca se les investigó, “quedó en el hecho sólo de decir: fue un enfrentamiento y no se investigaron las violaciones graves a los derechos humanos”.
Reiteró que lo criticable ahora es que el caso lo saque a colación la presidenta “como consecuencia de una disputa política”, y la conminó a que sus dichos los convierta ahora en acciones legales, “porque si nomás queda dentro de la disputa política para evidenciar quién viola más los derechos humanos o qué sexenio es más criminal, estamos cayendo en lo mismo y nunca se va a saber la verdad”.
Pidió: “Si ella ya puso el dedo en el renglón pues tiene la facultad de pedirle a la Fiscalía General de la República que investigue los hechos porque se cometieron delitos que no prescriben, como las ejecuciones extrajudiciales y las tortura que no se han investigado”.
Insistió que si nomás deja así el tema “no va a tener éxito y sólo va a quedar dentro de la disputa política y eso deslegitima su posición, porque la situación de la impunidad y la justicia no deben de utilizarse políticamente, se tiene que juzgar a quienes cometen delitos”.
Fue reiterativo en que la presidenta “de las declaraciones tiene que pasar a los hechos, y el día que la FGR requiera al ex presidente de la República, al ex gobernador Ángel Aguirre y a los altos mandos del Ejército, es cuando se va a ver si tiene voluntad de acabar con la impunidad”.
Solicitó que la presidenta use su investidura como la máxima autoridad de este país para pedirle a la FGR que investigue estos hechos, “y si Ernesto Zedillo tiene culpa, tiene que ser juzgado, aunque sólo este preso una semana, porque como ya está viejo van a decir que por ser de la tercera edad no puede ser juzgado”.
Indicó que la misma situación debe ocurrir con el ex gobernador Ángel Aguirre quien era gobernador, cuando ocurrió la masacre.
El sobrino del luchador social Efrén Cortés Chávez, Jonathan Cortés Gallardo, desaparecido el domingo 30 de diciembre de 2024 en Cruz Grande, fue encontrado muerto este domingo 5 de enero en un lote baldío, a unos 200 metros del lugar en que fue privado de la libertad.
Los restos fueron trasladados a Acapulco para su identificación plena, su identidad se confirmó este lunes 6 de enero por peritos de la Fiscalía General del Estado, informó anoche Efrén Cortés.
En consulta telefónica añadió que el cuerpo será entregado a los familiares el miércoles a alrededor de las 10 de mañana, por un protocolo para las personas con reporte de desaparición, “de entrega digna”.
En la mañana, Efrén Cortés informó que en una acción de búsqueda con familiares y peritos estatales y federales localizaron el domingo los restos humanos que trasladaron el área de Servicios Periciales de la Fiscalía General del estado, para determinar la identidad mediante pruebas bucales y la placa dental.
Durante el día la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas del estado que emitió la ficha con sus datos y señas particulares, no lo reportaba como localizado, pero los familiares expresaron su duelo en las redes sociales desde el mediodía de este lunes 6 de enero, porque vieron indicios de que se trataba del joven desaparecido.
Confirma el hallazgo Efrén Cortés
En consulta telefónica, Efrén Cortés confirmó que había un alto porcentaje de probabilidades de que el cuerpo localizado el domingo fuera el de su sobrino.
Sin embargo, aclaró que se encontraba en un estado muy deteriorado y esperaba los resultados para establecer la identidad con certeza para reclamar los restos.
Reveló que su sobrino fue secuestrado, porque hubo una demanda de rescate al día siguiente de su desaparición.
Según la primera denuncia, Jonathan era licenciado de la asignatura de Español, fue visto por última vez a las 7:30 de la mañana del 30 de diciembre por un familiar en la colonia Amado Nervo, Cruz Grande.
Exige justicia la Red Década contra la Impunidad
El noviembre de 2017 el estudiante de veterinaria de la Universidad de Guerrero Jorge Cortés Carmona, hermano de Jonathan por parte de padre, fue encontrado ejecutado extrajudicialmente y con huellas de tortura, el 7 de noviembre de 2017.
Efrén Cortés, sobreviviente de la masacre de El Charco de 1998 e integrante de la Red Solidaria Década contra la Impunidad, también señaló que recibió amenazas por quienes se llevaron a su sobrino Jonathan, mediante el teléfono de un familiar.
Casi a las 10 de la noche, la organización de Derechos Humanos Red Solidaria Década Contra La Impunidad informó que Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado confirmó la identidad Jonathan Cortés Gallardo, con los restos localizados a 200 metros de donde fue visto por última vez, en la colonia Amado Nervo, en Cruz Grande.
Mediante un boletín exigió a los autores intelectuales y materiales de la desaparición forzada y ejecución extrajudicial de Jonathan Cortés Gallardo, sobrino de Efrén Cortés Chávez y Ericka Zamora Pardo, integrantes de la Red, así como de las amenazas a Efrén Cortes Chávez, sean localizados y procesados conforme a derecho.
Conminaron a que la investigación de este caso sea exhaustiva, transparente pronta e imparcial, apegada a derecho y que los resultados de la investigación sean públicos, que los responsables intelectuales y materiales de esos hechos comparezcan ante la justicia.
Asimismo, que el cuerpo de Jonathan Cortés Gallardo sea entregado a la brevedad para evitar más sufrimiento a la ya adolorida familia Cortés Gallardo.
Expresó su solidaridad con la familia de Cortés Gallardo, para que “la justicia llegue a su puerta”, y responsabilizaron a gobierno en sus tres niveles por la integridad física y psicológica de la familia de Jonathan Cortés Gallardo, de Efrén Cortés Chávez y su familia al igual que la de las y los que integramos Red Solidaria Década contra la Impunidad.
El sobreviviente de la masacre de El Charco e integrante de la Red Solidaria Década Contra la Impunidad, Efrén Cortés Chávez, denunció la desaparición de su sobrino Jonhatan Cortés Gallardo en Cruz Grande, cabecera municipal de Florencio Villarreal, en la región Costa Chica.
El martes pasado alrededor del mediodía mediante sus redes sociales, Efrén Cortés informó que “el día 30 de diciembre de este año desapareció mi sobrino Jonhatan Cortés Gallardo, en la colonia Amado Nervo en Cruz Grande Guerrero, la última vez que se tuvo contacto fue a las 7.30 de la mañana”.
Ante el hecho, demandó a la Fiscalía General del Estado “su búsqueda inmediata y la presencia con vida”.
También pidió “la intervención del Gobierno del Estado que encabeza la maestra Evelyn Salgado en la presentación con vida”, así como la intervención del gobierno federal en su búsqueda.
Puntualizó que, “si las instituciones estatal y federales no hacen nada, serían cómplices de esta desaparición forzada”.
En un comunicado, la Red señaló que Jonhatan Cortés es sobrino de los activistas Efrén Cortés y Ericka Zamora Pardo, así como familiar del también desaparecido Jorge Cortés Carmona, cuyo caso está en litigio ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Detalló que Jonhatan Cortés es “sobrino directo del activista social y defensor de derechos humanos Efrén Cortés Chávez y sobrino político de la defensora de derechos humanos Ericka Zamora Pardo”.
La Red exigió a los tres niveles de gobierno “la presentación inmediata y con vida” del joven desaparecido; “tomar de manera inmediata las medidas apropiadas para garantizar la seguridad e integridad física y psicológica” de Jonhatan Cortés.
También exigió “una investigación inmediata, exhaustiva, transparente e imparcial sobre sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas en agravio” de la víctima.
Así como que los resultados de la investigación “sean públicos y que los responsables intelectuales y materiales de esos hechos comparezcan ante la justicia”.
La Red solicitó a los organismos nacionales e internacionales de protección de los derechos humanos que “ante la gravedad de esta situación externen su preocupación e insten al gobierno mexicano a presentar con vida de manera inmediata” a Jonhatan Cortés. (Alina Navarrete Fernández / Chilpancingo).
Pobladores de El Charco, integrantes de la Red Solidaria De?cada Contra la Impunidad, organizaciones sociales marchan a 25 an?os de la masacre Foto: Lenin Ocampo Torres
Maribel Gutiérrez
El Charco, Ayutla de los Libres
Hace 25 años, 10 indígenas na savi y un estudiante universitario fueron asesinados por efectivos del Ejército, en la escuela primaria bilingüe de esta comunidad, y ayer, por la masacre, exigieron justicia el obispo emérito Raúl Vera López, el sobreviviente de la masacre Efrén Cortés Chávez, representantes del municipio indígena Ñu Savi que está en proceso de constitución y del gobierno municipal por usos y costumbres de Ayutla, así como dirigentes políticos de izquierda.
El obispo ofició una misa en medio de la cancha de la escuela, frente a las aulas, donde fueron acribillados los indígenas y el joven estudiante Ricardo Zavala Tapia, y con énfasis de manera reiterada llamó a los militares “asesinos”, “asesinos con grado militar”, que merecen castigo.
Nin?as se esconden de la foto en un aula de la primaria Caritino Maldonado de la comunidad de El Charco, donde fueron masacrados 10 indi?genas y un estudiante por el Eje?rcito. A la derecha mujeres escuchan la misa del obispo eme?rito, Rau?l Vera Lo?pez, que ofició en la cancha de la comunidad Foto: Lenin Ocampo Torres
Ahí dirigió un mensaje al presidente Andrés Manuel López Obrador: “No tiene por qué el actual jefe del Ejecutivo seguir manteniendo en la impunidad ese asesinato vil”. Y de seguir así, “cada día que pase va contra usted”, “automáticamente usted se está haciendo cómplice del entonces jefe máximo del Ejército, que era Ernesto Zedillo”.
El obispo emérito viajó a esta tierra del sur, y desde Acapulco en una caravana que subió a la montaña de Ayutla, por una polvorienta carretera en parte de terracería, para pensar en los 10 indígenas y el joven estudiante ejecutados, y en los 27 sobrevivientes que hace 25 años fueron detenidos y torturados y cinco de ellos heridos, y en particular mencionó a Ericka Zamora Pardo y Efrén Cortés Chávez, que sufrieron tortura y estuvieron cuatro años en prisión. El segundo mensaje fue de aliento a las comunidades de esta región que después de 25 años siguen luchando por la justicia.
El tercer mensaje a las comunidades y a las víctimas es que sigan unidas, que nadie las divida por dinero que les dé el gobierno, que estén juntas en su lucha. Se refirió a las viudas de los campesinos ejecutados y a la mayoría de los sobrevivientes que por separado, en la cabecera municipal de Ayutla, participaron en una manifestación también para exigir justicia en esta fecha.
En su cuarto mensaje elogió el esfuerzo del pueblo na savi, que está constituyendo su nuevo municipio indígena, llamado Ñu Savi, formado por las comunidades antes llamadas mixtecas del municipio de Ayutla, y lo llamó a tener fortaleza.
Cuando llegó a El Charco, el obispo Vera, de 77 años, vestido de sotana blanca que usan los sacerdotes dominicos, caminó al frente de un contingente de poco más de 100 personas, al lado de mujeres na savi de la región con sus faldas de colores brillantes, que sostenían una manta con las frases: “Masacre de El Charco. 25 años de lucha por la justicia y contra la impunidad”.
Marcharon también hombres indígenas de la región, y visitantes, líderes políticos de izquierda, que después de la misa oficiada por el obispo participaron en colectivo en la colocación de una ofrenda de flores y veladoras dentro de uno de los salones de clases de la escuela primaria Caritino Maldonado donde hace 25 años se encontraban representantes indígenas de la región y miembros de una columna guerrillera del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), que fueron atacados por tropas del Ejército. Adentro, los salones están pintados por murales alusivos a la masacre cometida en este lugar, del pintor indígena Nicolás de Jesús.
Ahí se encuentra una cruz de piedra con los nombres de los masacrados: Fernando Félix, Zeferino Damián, Manuel Francisco, Fiden-cio Morales, Apolonio Jiménez, Honorio García, Mauro González, Mario García, Daniel Crisóforo, José Rivera y Ricardo Zavala.
Entre los asistentes, a quienes Efrén Cortés llamó “liderazgos estatales” estuvieron el ex rector y nuevamente rector electo de la UAG Javier Saldaña, y los luchadores sociales y políticos Higinio Torres, Antonio Pérez, René Lobato, Javier Vázquez, Javier Manzano, Florentina Rosario y el subsecretario de Gobierno Óscar Chávez.
La secretaria ejecutiva de la Red Solidaria Década contra la Impunidad, Magdalena López Paulino, pidió en el mitin que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) –que en diciembre de 2018 admitió la petición de investigar el caso– rinda el informe de fondo, con el que se espera que la investigación se turne a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que sean juzgadas las violaciones a los derechos humanos y se emita sentencia.
Desde el día de la masacre la escuela bilingüe no volvió a ocuparse para la enseñanza, se reservó, para guardar la memoria de los caídos, sin ocultar los cientos de balazos, y se construyó otra primaria cerca de ese lugar. En frente sigue el aula donde estudian los niños de kínder, y en los alrededores existe ahora un albergue para alumnos que vienen de otros pueblos, un centro de salud con nuevo edificio este año, la comisaría y una telesecundaria. Sin embargo, la población se ha reducido, hace 25 años se contaban unos 300 y ahora son 146, algunos emigraron tras la masacre y otros se fueron en los siguientes años a las ciudades, principalmente por falta de empleo en El Charco.
Una luz desde Guerrero para seguir luchando
El obispo Raúl Vera rezó para que esta comunidad siga luchando por su dignidad, y le agradeció porque “es una luz desde acá del estado de Guerrero para todo nuestro país y más allá, donde se conozca este vil asesinato colectivo cometido por miembros del Ejército mexicano”.
Llamó a los asistentes a seguir trabajando para que en México exista verdaderamente la justicia, y existan verdaderos gobernantes que tienen la obligación desde su quehacer político de garantizar a los ciudadanos el derecho y la justicia.
Dijo que “lo que vinieron a hacer aquí miembros del Ejército mexicano es una injusticia gravísima”, cometida por quienes reciben la encomienda de defender y proteger a la población, pero lo que hicieron fue venir a matar.
Vera López, que conoce a fondo el caso, y como presidente honorario de la organización no gubernamental Red Solida-ria Década contra la Impunidad presentó la petición a la CIDH con sede en Washington de investigar el caso, explicó que los indígenas y sus atacados por soldados del Ejército en la escuela, habían participado en una asamblea para analizar proyectos para mejorar sus condiciones de vida.
Dijo que López Obrador, es sucesor de Ernesto Zedillo, que garantizó a los militares impunidad.
Manifestó que esa masacre, las injusticias cometidas, no pueden seguir impunes, y “que lo sepa el actual jefe máximo del Ejército, eso no puede seguir impune señor presidente, cada día que pase ya va contra usted, automáticamente usted se está haciendo cómplice, del entonces jefe máximo del Ejército, que entonces era Ernesto Zedillo. Entiéndalo”.
Los indígenas reunidos en la escuela ya buscaban formar un nuevo municipio
El obispo Vera, el sobreviviente Efrén Cortés, representantes municipales de Ayutla y Ñu Savi, y los visitantes hablaron de uno de los objetivos de la asamblea que se llevó a cabo hace 25 años en esta escuela.
Fue formar un nuevo municipio indígena Ñu Savi, para tener su propio gobierno que se encargara de mejorar la vida de los indígenas de esta región. Ahora, después de seguir el procedimiento legal en el Congreso del Estado, está muy cerca la constitución del nuevo municipio Ñu Savi, que tendrá cabecera en Coapinola.
“Que este municipio sea el comienzo de una nueva vida, en donde todos piensen en todos, y tengan una vida digna a la que tienen derecho al mismo trato digno”, dijo el obispo.
Efrén Cortés recordó que en la reunión hace 25 años se buscaba formar un municipio indígena, para tener una sociedad más justa, y atender la educación, la salud, las carreteras, la producción que los pueblos de la región necesitan.
En el mitin después de la ceremonia religiosa, el secretario del Comité de Gestión del nuevo municipio, Melquiades Gregorio Porfirio, recordó que hace 25 años, se reunieron representantes de las comunidades, comisarios y líderes, y uno de los tantos anhelos que tenían era el nuevo municipio”.
Manifestó que ahora “las condiciones siguen siendo las mismas, los niños siguen sin recibir una educación de calidad, los caminos siguen igual, los pocos que logramos salir (a estudiar) es por esfuerzo propio, el sistema nos enseña que tenemos que ser individualistas, la educación nos enseña eso, cuando en los pueblos originarios no se trabaja de manera individual, se trabaja en colectivo, y por eso hace 25 años muchos líderes se reunieron para plantear, soñar con un nuevo municipio que permitiera mejorar la calidad de vida, mataron a muchos líderes naturales, mataron a muchos hermanos nuestros, pero afortunadamente hay personas que tenemos memoria y vamos a lograr que más niños en la región recuerden y exijan justicia por los compañeros que han caído, estaremos aquí para que se logren los sueños que ellos tenían y por los que han caído”.
Reflexionó: “Se ha logrado avanzar para tener un nuevo municipio, pero ese municipio no vale la pena si nada más es de nombre”, y planteó “lo que necesitamos es tener una educación de calidad, no importa ser un profesional y no estar al servicio del pueblo”.
También integrante del Comité de Gestión, Donaciano Morales Porfirio, expuso: “Hace 25 años cuando se encontraban campesinos reuniéndose para impulsar el desarrollo, entre esos proyectos estaba tener un gobierno propio y además había la idea de crear nuestro propio municipio, que ahora tiene avance 98 o 99 por ciento en el Congreso”.
Entre los personajes asistentes, el rector electo de la UAG, Javier Saldaña Almazán –que trajo una ofrenda de flores blancas en honor a los 11 asesinados– recibió peticiones de ayuda.
Efrén Cortés planteó hacer en la escuela de El Charco un memorial o un museo para exponer esta historia, y Saldaña respondió que está abierto a la propuesta, cuando asuma nuevamente su función de rector y lo podrá plantear en el Consejo Universitario.
También se planteó que la UAG contribuya a elaborar un Plan de Desarrollo para el nuevo municipio Ñu Savi.
La Red Solidaria Década Contra la Impunidad que da acompañamiento a varios casos de violaciones a derechos humanos en Guerrero, denunció amenazas en contra de su secretaria ejecutiva, Magdalena López Paulino.
“Ni siquiera sabes lo involucrado que estoy en la desaparición forzada de guerrero, guerra sucia, mi caso es el segundo después de lucio cabañas, investiga antes de creer que me puedes hacer caer”, le mandaron decir a través de un mensaje vía Messenger de Faccebook.
En un boletín de prensa, los integrantes de la red Ericka Zamora Pardo y Efrén Cortes Chávez, expresaron ayer su “preocupación” por el mensaje “intimidatorio y amenazador” que le mandaron el 2 de febrero a López Paulino.
Informaron que ese día, aproximadamente a las 19:30 horas, la defensora de derechos humanos y secretaria ejecutiva de la Red Solidaria Década Contra la Impunidad, recibió vía Messenger el texto: “Ni siquiera sabes lo involucrado que estoy en la desaparición forzada de guerrero, guerra sucia, mi caso es el segundo después de lucio cabañas, investiga antes de creer que me puedes hacer caer”.
Detallaron que el texto fue enviado a través del Facebook de John Titor, pero que están seguros que se trata de un perfil falso.
La Red Solidaria Década Contra la Impunidad, actualmente da acompañamiento y litiga los casos de la masacre de El Charco, en este caso representa a Ericka Zamora Pardo, Efrén Cortes Chávez y a la familia Zavala.
Asimismo lleva el caso del luchador social de Iguala asesinado en el 2013, Arturo Hernández Cardona, y el asunto de los policías comunitarios masacrados en Ometepec en mayo del 2015.
Aunado a ello, el organismo de derechos humanos, informó que el 27 de enero, recibió la notificación por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) de la Sentencia del caso Jorge Tzompaxtle Tecpile en el que ese tribunal internacional ordena al Estado mexicano la eliminación de la figura del arraigo “en la Constitución y leyes, y la armonización de la prisión preventiva con la convencionalidad”.
La Red, exigió al gobierno federal un alto al hostigamiento e intimidación a la defensora de derechos humanos María Magdalena López Paulino.
Asimismo responsabilizó al Estado de la integridad física y psicológica de la defensora y demás integrantes de esa Red.
El organismo recuerda que López Paulino cuenta con medidas cautelares del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas desde el 2014.
Presuntos agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) intentaron detener la noche del martes al sobreviviente de la masacre de El Charco y defensor de derechos humanos, Efrén Cortes Chávez, denunció éste ayer vía telefónica.
El defensor declaró que los agentes argumentaron que “es extranjero” pero dijo que ve que se trata de una intimidación en su contra por la postura que ha asumido en el caso Ayotzinapa, pues ha dicho que si es un crimen de Estado, el gobierno tiene que asumir su responsabilidad y llegar hasta las últimas consecuencias.
Contó que el martes salió de Chilpancingo a las 7 y media de la noche y aproximadamente a las 9:50 cuando el autobús pasaba por la caseta de Alpuyeca, ya en el estado de Morelos, se detuvo unos 15 minutos con las luces apagadas.
Agregó que en ese tiempo se subieron dos personas exigiendo a los pasajeros que se identificaran, explicó que él se encontraba en uno de los últimos asientos y que cuando llegaron hasta él uno de ellos le preguntó. “¿quién eres tú?”.
Explicó que le respondió que por qué la pregunta; “primero dime quién eres tú”, le respondió Efrén pero la reacción del supuesto agente de migración fue agresiva y lo acusó: “Tu eres sospechoso de ser extranjero y te vamos a bajar”.
Pero Efrén Cortes lo retó: “Bájame si puedes, tú no me puedes bajar porque soy defensor de los derechos humanos”, dijo que al escuchar esto algunos de los pasajeros se levantaron de sus asientos y confrontaron a los dos que se dijeron agentes.
Explicó que cuando éstos vieron que unos siete pasajeros los encararon y les advirtieron que no lo podían bajar y uno de ellos le advirtió que era abogado y que su actitud era violatoria de los derechos humanos, los desconocidos aclararon que eran agentes del Instituto Nacional de Migración, pero que nunca se identificaron.
El pasajero que se dijo abogado les aclaró que aun así no tienen por qué andar parando a los autobuses, aparte de que no se habían identificado, “y que eso es violación a la Constitución”, los acusó.
Cortés Chávez denunció que se trató de un acoso en su contra, “creo que había la intención de bajarme del autobús, no sé para qué”.
Explicó que el trato que recibió fue distinto al que utilizaron con los demás pasajeros y que eso le hace suponer que ya iban directamente contra él.
“Cuando les dije que antes se identificaran me dijeron: es lo que queríamos oír; tu eres extranjero, te vamos a bajar”, contó que le respondieron.
“Yo lo veo como algo planificado. Yo tengo medidas cautelares y cómo es posible que haya esta situación de acoso”, se quejó.
Cortés Chávez declaró que cree que si la gente no se hubiera opuesto lo hubieran bajado.
Explicó que los tipos iban vestidos de civil y con corte tipo militar, aunque no alcanzó a ver si iban armados, pero dijo que cree que afuera del autobús se quedaron más personas y sólo subieron dos.
Cortés Chávez cree que lo iban monitoreando desde que salió de Chilpancingo y que sus datos los obtuvieron por las medidas cautelares que tiene.
El sobreviviente de la masacre del Charco, dijo que supone que fue para intimidarlo por la postura que ha asumido en el caso Ayotzinapa.
“Yo he estado en el debate en algunos medios de comunicación con respecto al reciente informe de Ayotzinapa; he dicho que si fue crimen de estado el gobierno tiene que asumir su responsabilidad para que no se vuelva a cometer y se tiene que llegar hasta las últimas consecuencias y castigar a los autores materiales e intelectuales, a los que ordenaron este crimen”.
Durante la Jornada del Estudiante Detenido-Desaparecido, el sobreviviente de la masacre de El Charco, Efrén Cortés Chávez reveló que hace 20 años, cuando ocurrieron los hechos, el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) se encontraba en la zona porque hacía una consulta en las comunidades de Ayutla ante el rompimiento interno del Ejército Popular Revolucionario (EPR).
También confirmó que, antes del ataque a los indígenas civiles desarmados y a una columna de milicianos del ERPI que se encontraban en la escuela Caritino Maldonado Pérez y que ya se habían rendido, hubo dos enfrentamientos de miembros del ERPI con el Ejército, que duraron de las 2 de la madrugada a las 6 de la mañana en las comunidades de Cozcatlán y Amate Amarillo.
Consultado al final de su intervención, el estudiante de la UNAM que sobrevivió a esa masacre, dijo que no se ha confirmado pero que en estos dos enfrentamientos pudo haber militares muertos o heridos, lo que explicaría “el odio” con el que actuaron los soldados en el Charco, donde ya no fue un enfrentamiento sino una masacre de los militares en contra de los indígenas indefensos y los milicianos del ERPI que ya se habían rendido.
En esa masacre del 7 de junio de 1998 murieron nueve civiles y dos miembros del ERPI, además hubo cinco heridos y 22 detenidos.
A casi 20 años de los hechos, el sobreviviente de la masacre, Cortés Chávez declaró durante su intervención en la Jornada del Estudiante Detenido-Desaparecido, “vi a unas fuerzas armadas camuflajeadas y con mucho odio”.
Dijo que también lo escuchó en la respuesta del militar que encabezaba las tropas federales, el general Juan Alfredo Oropeza Garnica, cuando les pidieron que no dispararan, que se rendían, él contestó: “les vamos a dar chilate con pan”, que es una expresión que se usa en la zona cuando se advierte a alguien que se le va a dar un escarmiento.
Las desapariciones y la violencia se han masificado hacia la población para ejercer el control mediante el terror, coinciden
Durante la jornada organizada por el colectivo Revueltas, de la Unidad Académica de Filosofía y Letras, con motivo del Día del Estudiante, Cortés Chávez, y Janahuy Paredes, hija del desaparecido de Michoacán, Francisco Paredes Ruíz, coincidieron que a diferencia del periodo de la guerra sucia, cuando las desapariciones, la represión y la persecución política se ejercía sólo contra luchadores sociales, ahora las desapariciones y la violencia se ha masificado hacia la población, para ejercer el control mediante el terror y la violencia con fines económicos y el saqueo de los recursos naturales.
En esta jornada en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), se exigió la presentación con vida de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa y de universitarios desaparecidos en la llamada guerra sucia, como Carlos Díaz Frías, Carlos Benavides y Victoria Hernández Brito.
Janahuy Paredes, hija de Francisco Paredes, desaparecido en 2007 en Michoacán, narró cómo después de la desaparición de su padre su familia ha sido perseguida, criminalizada y permanentemente hostigada por las policías de los tres órdenes de gobiernos.
Agregó que, a diferencia de lo que se vivió en la llamada guerra sucia de los años setentas y ochentas, ahora la estrategia de represión del gobierno no es solamente contra los luchadores sociales, estudiantes, periodistas o defensores de derechos humanos, sino que las desapariciones forzadas, los asesinatos y la violencia en general se ha masificado en contra de toda la población, principalmente en contra de los jóvenes, como una estrategia de terror sicológico con intereses económicos.
“Se trata de una política de estado con la intención de mantener atemorizada a la población con el objetivo del saqueo de los recursos naturales y el control del territorio”, dijo.
Janahuy Paredes recomendó que la población recurra “a los mecanismos de organización en contra del sistema jurídico-político que no nos garantiza justicia”.
Por su parte, Efrén Cortés dijo que la situación de violencia, las desapariciones forzadas y los asesinatos, no son porque haya un Estado fallido, “sino porque tenemos un Estado delincuencial, que tolera a la delincuencia, y él mismo delinque y recurre a la ilegalidad como una estrategia para generar terror, sobre todo en las zonas donde se genera capital y hay recursos naturales, como madera, agua y minerales.
Dijo que por eso recurre a la desaparición forzada, por un lado, y por otro a la militarización, como una estrategia de terror y para lograr el control político de las zonas en disputa.
Agregó que eso pasó con la masacre de El Charco hace 20 años, cuando el gobierno sabía de la presencia de grupos armados como ERPI y el EPR.
Reveló que, el 8 de junio del 1998, los milicianos del ERPI hacían una consulta en las comunidades de Ayutla ante el rompimiento interno del EPR, e incluso antes de la masacre en El Charco se dieron dos enfrentamientos con el Ejército en las comunidades de Cozcatlán y Amate Amarillo, de las 2 de la mañana a las 6 de la tarde, cuando pudo haber algunos militares muertos o heridos.
Añadió que, en El Charco ya no fue enfrentamiento, sino un ataque y una masacre a mansalva contra unos 100 civiles indígenas que pernoctaban en la escuela Caritino Maldonado Pérez, entre los que había niños y comisarios de las comunidades cercanas, y una columna del ERPI que ya se había rendido.
Comentó que los militares, encabezados por el general Oropeza Garnica, que había llegado alrededor de las 7 de la mañana, “dijeron que la íbamos a pagar, que a ellos no les importaba, que si estábamos con la guerrilla, teníamos responsabilidad”.
Fue entonces que el general amenazó, “les vamos a dar su chilate con pan”.
Dijo que esa reacción pudo haber sido porque la gente armada “no se dejó”, y que se enfrentó con los soldados en las comunidades de Cozcatlán y Amate Amarillo, “cuando ya todo mundo estaba rendido empezaron a disparar en contra de la gente que ya estaba en la cancha”.
Denunció que si el Ejército hubiera respetado el derecho a la vida, no hubiera habido tanto muerto civil desarmado, nueve, y sólo dos miembros del ERPI.
Insistió que los militares actuaron así porque la masacre del Charco fue parte de la militarización y la desaparición forzada, pero que ésta última no se dio porque hubo muchos muertos y detenidos, y no pudieron ocultarlos.
Indicó que los hechos se encuentran dentro de la lógica que tiene el gobierno, de la militarización y el terror sicológico para controlar y someter a los pueblos en donde supone que hay peligro y riesgos de insurrección.
Añadió que el gobierno sabía que en Ayutla había grupos guerrilleros, y que por eso envió a 5 mil GAFES que siguieron operando en ese municipio después de la masacre, y no precisamente para decomisar drogas y armas, sino que iban sobre los grupos insurgentes, “el Estado siempre supo que en Ayutla había guerrilleros, pero no estaban por valientes, estaban por la represión sistémica que siempre se ha dado en contra de los pueblos indígenas, era como una necesidad la guerrilla allí”, dijo.
El gobierno mexicano ha incumplido con el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas que tiene su sede en Ginebra, Suiza, y con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso de la desaparición, tortura y ejecución del joven Jorge Cortés Carmona, denunció su tío el sobreviviente de la masacre de El Charco en Ayutla, Efrén Cortés Chávez.
Cortés Chávez informó que el gobierno mexicano se comprometió oficialmente ante el Comité contra la Desaparición Forzada a informar mes con mes a los familiares del joven sobre los avances de la investigación, mientras que a la CIDH no le ha contestado su petición sobre la situación del caso.
Jorge Cortés Carmona de 24 años era de Cruz Grande, municipio de Florencio Villarreal, desapareció la noche del 28 de octubre en Cuajinicuilapa en donde cursaba su seminario de titulación y fue encontrado ejecutado con balazos y con huellas de tortura cerca de esa misma población el 7 de noviembre.
Su tío denunció que al cumplirse tres meses del asesinato los familiares no han recibido información de los avances de la investigación para detener a los responsables, por lo que suponen que el gobierno y la Fiscalía General del Estado (FGE) encubren a alguien.
Agregó que el gobierno de México se comprometió ante el Comité contra la Desaparición a informar a los familiares del avance de las investigaciones, pero que han pasado tres meses y no han sido informados.
“Eso para nosotros es preocupante, se ha filtrado que ya hay órdenes de aprehensión, pero la fiscalía no ha informado directamente a los familiares”, se quejó Efrén Cortés.
“Por eso nosotros exigimos que la FGE informe de cómo va la investigación”, insistió.
También denunció que el Estado mexicano no ha contestado a la CIDH sobre este caso y que eso todavía es más grave porque es un organismo vinculante.
Según el reporte de la Policía Ministerial que acudió al lugar donde fue encontrado el cadáver su sobrino, estaba en una fosa clandestina de unos 80 centímetros de profundidad, en un terreno en la carretera entre Cuajinicuilapa y San Nicolás.
Cortés Chávez declaró que la CIDH ha pedido información al gobierno mexicano sobre el caso pero no ha contestado, “y eso no es algo que el gobierno quiera, sino que es una obligación contestarle. No sabemos por qué el gobierno está siendo omiso con respecto a este caso, si tiene los instrumentos y es una obligación legal”.
Explicó que a los familiares les interesa conocer si la fiscalía tiene avances, y en caso contrario que ésta se declare incompetente y sea la Procuraduría General de la República (PGR) la que atraiga el caso, pues dijo que hay materia legal pues se trata de un delito de desaparición forzada y tortura.
El sobreviviente de la masacre de El Charco, municipio de Ayutla, Efrén Cortés Chávez denunció que a casi un mes del asesinato de su sobrino, estudiante de Veterinaria de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Jorge Cortés Carmona ni la Fiscalía General del Estado (FGE) ni el gobierno estatal le han informado si hay avances en la investigación.
Insistió que por la actitud sospechosa y omisa de las autoridades sigue pensando que el asesinato fue un acto de represalia y advertencia hacia él, por su activismo en el estado.
Cortés Carmona, originario de Cruz Grande la cabecera municipal de Florencio Villarreal, desapareció en Cuajinicuilapa el 29 de octubre y su cuerpo fue encontrado el 7 de noviembre en una fosa clandestina.
“Después de todo esto el gobierno del estado y la Fiscalía no han presentado ningún resultado. Otra de las cosas es que los gobiernos federal y estatal no acataron el requerimiento de los amparos que promovimos ante el juzgado Octavo de Distrito, y ni el Ejército ni la Marina realizaron la inspección que se pidió”, denunció vía telefónica Cortés Chávez.
El sobreviviente denunció que hay una “total cerrazón” de las autoridades federales y estatales para dar información con respecto de lo que está pasando.
Agregó sigue pensando que fueron gentes del gobierno quienes participaron en la privación de la libertad y posterior ejecución de su sobrino, “de lo contrario ya hubieran dado a conocer qué fue lo que pasó, quiénes participaron y cuáles son los móviles”.
Denunció que va para un mes y no se sabe qué fue lo que pasó y menos si hay algún detenido, ya sea autor material o intelectual, “si el gobierno sabe algo que lo diga y que ejerza la acción penal en contra de los autores materiales e intelectuales”.
Añadió que extraoficialmente saben que hay lagunas en la investigación y que pretenden dar una versión en el sentido de que no iban sobre él, que lo confundieron, “pero hay varias cosas que no cuadran con respecto a eso”.
Insistió en que para la familia es sospechoso que a casi un mes no haya resultados de la investigación y ningún detenido, a pesar de que hubo gente que vio cuando se lo llevaron y que, además, Cuajinicuilapa no es un pueblo grande y todos se conocen como para obtener información.
“El estado cuenta con los instrumentos para ordenar la detención en contra de quienes hayan sido los responsables. Por ejemplo el presidente municipal y el director de Seguridad Pública tienen que saber algo de lo que sucedió, porque la desaparición se dio frente a testigos y en el centro, pero no se investiga nada”, se quejó.
El luchador social y sobreviviente de la masacre de El Charco, Efrén Cortés Chávez, insistió en una investigación exhaustiva del contexto amplio del asesinato de su sobrino, el estudiante de Veterinaria de la UAG, Jorge Cortés Carmona, cuyo cuerpo fue encontrado en Cuajinicuilpa, después de nueve días sin saber de su paradero, con rastros de tortura (pudo ser asesinado a golpes), y los responsables pretendieron desaparecer su cuerpo.
En una llamada a la redacción de El Sur, advirtió que la familia teme que las autoridades quieran cerrar el caso con una tesis de tipo personal, sin ahondar en la autoridades de los tres niveles de gobierno que operan en la zona y que debieron tener conocimiento de los hechos.
Estimó que durante la desaparición forzada, se hizo mucho daño a sus familiares, y en caso de homicidio simple, su cuerpo habría sido hallado de inmediato. Consideró que las corporaciones municipal, estatal y federal, y el propio Ejército, que tiene retenes en esta carretera, deben tener información de lo que le ocurrió a su sobrino. “No se puede llevar a una persona del centro del pueblo sin que las autoridades se den cuenta”.
Pidió que se investigue al director de Seguridad Pública del municipio, a la Policía Estatal de la región, y a los militares que son parte del entorno, y si hay responsabilidades por acción u omisión, que se castigue a los responsables.
Subrayó que el único interés de los familiares es que haya resultados objetivos, creíbles, y que se llegue hasta las últimas consecuencias, y si fuera un tema sólo de particulares que lo sustenten con pruebas.
Insistió en que la investigación llegue hasta las últimas consecuencias, “caiga quien caiga, porque se lastimó mucho a su familia, o tal vez son muchas familias que están sufriendo la misma situación.
Ratificó que la víctima estaba dedicado a sus estudios, “me pongo a pensar por qué tanta saña respecto a un joven que su vida era como cualquier otro muchacho”.
Consideró que “no se puede vivir con tanta impunidad, donde todo pasa y nada se investiga, todo queda en el olvido, no podemos quedarnos callados frente a eso”.
Insistió en que un delito con estas características, no puede realizarse sin el aval de la autoridad, por lo tanto existe la presunción de que intervinieron agentes estatales.
