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Analizó la Sedena en 2015 a la CRAC, la UPOEG y el FUSDEG, según correo hackeado por Guacamaya

Policías comunitarios de Tlacotepec en la entrada a Apaxtla, en donde ayer incursionaron en contra del grupo que impone una cuota a los productos de la canasta básica, según dijeron Foto: El Sur

Lenin Ocampo Torres

Chilpancingo

El perfil de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC); de las autodefensas de la Unión de Pueblos y Organizaciones Sociales del Estado de Guerrero (UPOEG) y del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), fueron analizados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en el año crítico de 2015, después de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, cuando hubo un levantamiento social que obligó a la salida del cargo del gobernador, Ángel Aguirre Rivero.
En los recientes correos hackeados por el grupo Guacamaya aparece un texto confidencial donde la Sedena hace un cuadro comparativo de la estructura de los tres grupos, sus diferencias internas, el número de sus integrantes y el tipo de armamento que ocupan en los diferentes municipios de la Montaña, Costa Chica y la Región Centro donde tienen su mayor presencia.
La Policía Comunitaria de la CRAC nació en 1995 en Santa Cruz del Rincón municipio de San Luis Acatlán, donde los indígenas de la Montaña Alta tomaron las armas para defenderse de los asaltos, violaciones y homicidios que se daban en sus caminos.
Desde el inicio, la organización indígena fue acosada por el Ejército y las autoridades, que la señalaron como brazo armado del apenas saliente Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
En el informe de la Sedena fechado en 2015, señalan que uno de los objetivos de la CRAC es “preservar la seguridad de sus comunidades, proteger su territorio y oponerse al despojo y desplazamiento de la población que se vea afectada por la privatización del ejido”.
El texto en Power Point describe a la CRAC como una policía comunitaria que realiza recorridos a inmediaciones “de las comunidades donde mantienen presencia, establecen puestos de revisión en diferentes puntos y cometen detenciones arbitrarias en contra de la población en general, los cuales son
recluidos en las Casas de Justicia para que sean reeducados conforme a usos
y costumbres; asimismo, realizan reuniones para la resolución de problemas internos, impartición de justicia y para la planeación y ejecución de operativos
especiales de seguridad”.
Inteligencia militar menciona que la Policía Comunitaria tiene presencia en Acatepec, Atlamajalcingo del Monte, Atlixtac, San Luis Acatlán, Ayutla de los Libres, Metlatónoc, Malinaltepec, Marquelia, Copanatoyac, Cochoapa, Iliatenco, Tlapa de Comonfort, Xalpatláhuac, Tlacoapa, Tecoanapa, Copala, Tixtla, Olinalá, Ometepec, Tlacoachistlahuaca, Cualac, Huamuxtitlán, Chilapa y
Juchitán.
Los datos del informe revelan que en el 2015 la CRAC controlaba 120 comunidades, con mil 400 hombres armados y que recibían del gobierno del estado mensualmente un millón 100 mil pesos.
Según el texto la vulnerabilidad del grupo era una pelea interna entre los seguidores de Abad García García, excoordinador y promotor de la Casa de Justicia Matriz de San Luis Acatlán contra los seguidores de Eliseo Villar Castillo (preso en el Cereso de Chilpancingo), coordinador de la “Casa de Justicia Horcasitas, por el control de los recursos económicos que otorga el Gobierno del Estado para sus actividades”.

UPOEG

En el mismo texto se trata la división dentro de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) por cuestiones económicas y la creación de la UPOEG el 28 de enero del 2011.
“Se presentó un conflicto al interior de la CRAC-PC, lo cual originó que Bruno Plácido Valerio se separara y creara la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), con el objeto de ganar adeptos, esta organización tomó como bandera de lucha las altas tarifas de luz que pagaban las comunidades indígenas, abogando por una tarifa preferencial por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE)”.
La Sedena señala que la UPOEG en el 2013 con “Bruno Plácido Valerio crea el Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC), con estructura similar a la de la Policía Comunitaria (PC)”.
En esos años la agrupación salió a combatir al grupo de la delincuencia organizada de Los Rojos que controlaba parte de la Costa Chica y zona Centro del estado, donde en sus primeros operativos detuvieron al menos 54 integrantes del crimen organizado que fueron entregados a las autoridades del gobierno de Ángel Aguirre Rivero.
Según el cuadro comparativo de la Sedena la UPOEG tenía como objetivo “brindar seguridad a sus comunidades, la liberación de presos políticos, presentación de los 43 normalistas desaparecidos, exigiendo la apertura de los cuarteles para su búsqueda”.
En el 2014 la agrupación fue obligada por pobladores de Ayutla y Tecoanapa para entrar a la ciudad de Iguala y buscar al menos a 13 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro de Ayotzinapa, que eran originarios de esos municipios y que fueron desaparecidos la noche del 26 de septiembre.
Los operativos eran encabezados por el promotor de la UPOEG, Miguel Ángel Blanco, que fue el primero en encontrar decenas de fosas clandestinas y quien ubicó el punto conocido como Barranca La Carnicería –a un costado del basurero de Cocula– donde se encontró un resto óseo del normalista Jhosivani Guerrero de la Cruz.
Miguel Ángel Blanco fue asesinado en el poblado de Xaltianguis en agosto del 2015 y hasta la fecha su asesinato nunca fue esclarecido.
El informe señala que la UPOEG tiene 2 mil 200 elementos, 750 armas largas y 150 cortas, con presencia en los municipios de Chilpancingo, Coyuca de Benítez, Acapulco, Juan R. Escudero, San Marcos, Tecoanapa, Ayutla de los Libres, Cruz Grande, Copala, Cuautepec, San Luis Acatlán, Marquelia, Azoyú, Igualapa, Ometepec, Cuajinicuilapa y Tlapa de Comonfort.
Según la Sedena la vulnerabilidad del grupo era que su líder “Bruno Plácido Valerio ha adoptado una postura mesurada buscando el acercamiento con autoridades de los tres niveles de gobierno con la posible intención de postularse como diputado local”.

FUSDEG

El Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) es una escisión de la UPOEG y la inteligencia militar señala que “su conformación contó con la asesoría y respaldo de Bertoldo Martínez Cruz, líder del Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero (FODEG), vinculado al ERPI” (Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente).
El grupo nació el 23 enero de 2015, en la comunidad de Mohoneras, municipio de Chilpancingo, bajo el liderazgo de Salvador Alanís Trujillo que posteriormente fue desplazado de la zona y fundó la Policía Comunitaria de Heliodoro Castillo.
Durante el levantamiento armado del Valle del Ocotito y posteriormente la creación del FUSDEG, la organización participó en el apoyo de las organizaciones sociales que exigían la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
El 6 de febrero de 2015 los integrantes del FUSDEG y pobladores del Valle retuvieron al comandante de la Policía Federal, José Luis Solís López, más conocido como Espartaco.
La retención se dio luego de que un grupo de al menos 300 policías federales se dirigía a los pueblos de Mazatlán y Petaquillas para desalojar a los pobladores que tenían retenidos a militares y exigían su salida.
En el informe de la Sedena mencionan que en el 2015 el FUSDEG tenía al menos mil hombres armados que controlaban Chilpancingo (Palo Blanco, Dos Caminos, Mazatlán, Acahuizotla, El Ocotito, Petaquillas, Mohoneras y Los Cajeles); Juan R. Escudero (Tierra Colorada) y Acapulco (Xaltianguis, Cacahuatepec, Limoncito, Huamuchito, Xolapa, Barrio Nuevo de los Muertos, Huajintepec, Amatepec, El Playón, Pablo Galeana, Las Tortolitas, San José, Las Marías y La Calera.
La vulnerabilidad del grupo era que carecían “de una estructura solida debido a su conformación y presenta dificultad para definir su dirección en las localidades y
municipios donde tiene presencia, principalmente en Chilpancingo”.
El texto de Power Point de 14 diapositivas al que tuvo acceso El Sur y que era de carácter confidencial, considera que los tres grupos enfrentan una crisis estructural derivada de los “protagonismo de sus dirigentes, por mantener sus privilegios e intermediación con las autoridades; pugnas por el control de los recursos económicos; recurrentes abusos y transgresión de los derechos de la población; control de territorios y rutas que les facilite el desarrollo de sus actividades”.
“La pérdida de legitimidad y de liderazgo en las organizaciones CRAC-PC, UPOEG y FUSDEG, mantendrá limitada su pretensión por expandir sus áreas de influencia, lo que contribuye al divisionismo y el consecuente debilitamiento de
sus estructuras internas, lo que debidamente encauzado, permitirá a las autoridades estatales mantener su control”.
El análisis finaliza que “el activismo de estas organizaciones estará orientado a dar continuidad a proyectos de autonomía donde ejerzan el control de los municipios donde tienen presencia, limitando la presencia gubernamental, seguir obteniendo recursos argumentando su contribución a la seguridad local y ampliar sus áreas de influencia”.
Actualmente de los tres grupos, la CRAC-PC es la única que se ha mantenido por la forma de organización que tienen de elegir su sistema comunitario por asambleas de los pueblos.
La UPOEG en el sexenio de Evelyn Salgado Pineda ha sido prácticamente desmantelada de su zona de control de la Costa Chica, donde han detenido o asesinado a sus principales comandantes que fundaron la organización y han sido señalados constantemente por las autoridades federales de operar para el grupo delictivo Los Rusos.
El Fusdeg sólo controla algunas comunidades de Juan R. Escudero (Tierra Colorada) y actualmente se encuentra dividido y peleando el control de su zona con los grupos delictivos de Los Ardillos y Los Rusos.

 

Rechazan ejidatarios de Guajes de Ayala la acusación de Espino de que son parte del CJNG

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El dirigente ejidal de Guajes de Ayala, municipio de Coyuca de Catalán, Javier Hernández, rechazó en declaraciones por teléfono y mediante un video los señalamientos del vocero de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Víctor Espino, en el sentido de que pertenecen al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y al grupo delictivo de Oliver Coria, El Ruso, y que es él quien les está quitando madera del ejido San Antonio.
Mediante un video que subió a Facebook la tarde de ayer, también rechazó los señalamientos que hizo en su contra un grupo de desplazados de La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán, actualmente refugiados en el municipio de Ayutla, quienes lo acusaron ayer en un comunicado de prensa de que forma parte del grupo delictivo que los desplazó en 2011 y 2012 y que cometió varios asesinatos, entre ellos los de sus dirigentes Rubén Santana Alonso y Juvenitina Villa Mojica.
En el primer caso, dijo que Víctor Espino “está desesperado porque jamás pensó que se le iba a venir todo esto encima” y aseguró que tienen todo documentado de lo que han denunciado en su contra tanto públicamente como ante las autoridades.
Del segundo caso, aseguró que “ese es otro asunto” que se derivó de problemas personales y porque las personas que mencionan que fueron asesinadas y desplazadas pertenecían al Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) que encabezaba en la zona el comandante Ramiro (Omar Guerrero Solís).
“Víctor Espino dice que en nuestro ejido no tenemos tierra, que sólo tenemos espinos y piedras, eso es falso. Tenemos toda la documentación y todo mundo lo sabe”, dijo en declaraciones por teléfono.
Agregó que no sabe por qué Espino cita al ejido de San Antonio donde él habita, “puesto que no tenemos ningún problema con el ejido de San Antonio, ni con el de Coacoyul, con el de Pizotla, ni con El Durazno que son con los que colindamos”, aseguró.
Rechazó que Guajes de Ayala les esté quitando los bosques a esos ejidos.
Aseguró que las denuncias que han hecho de manera pública y ante las autoridades en contra de Espino “son reales, tenemos documentado el saqueo de la madera”.
En tanto, en un video que subió a Facebook, aseguró que “es mucho lo que ha documentado del caso” y que las declaraciones que hizo Víctor Espino a El Sur demuestran que está preocupado porque jamás pensó que las cosas se le iban a salir de control como están ahora”.
Añadió que el señalamiento de que pertenece al CJNG, “es una acusación demasiado fuerte”.
Aseguró que muchas de las cosas que denuncia Espino Cortés son de hechos que ocurrieron hace mucho tiempo, cuando él se encontraba radicando en Estados Unidos.
Con respecto al señalamiento de los desplazados de La Laguna, actualmente radicados en Ayutla, que lo acusan de encabezar al grupo delictivo que los desplazó después de asesinar a varios de esa localidad, entre ellos a sus líderes Rubén Santana y Juventina Villa Mojica, dijo que éstos están movidos por Víctor Espino y que, igual, se está valiendo de hechos que pasaron hace mucho tiempo.
“Se está valiendo de gente que fue desplazada de La Laguna por un conflicto, se puede decir personal, con ciertas personas”.
Dijo: “Yo lamento que hayan pasado esas cosas en aquellos ayeres, conozco la historia, algunas familias fueron de La Laguna, otras de Los Ciruelos. Yo no quisiera hacerlo pero a raíz de esto quiero comentarlo, este problema surge a raíz de los problemas del ERPI, del comandante Ramiro, es el mismo tema”.
Denunció que muchas de ellas tienen denuncias de secuestros y extorsiones, “cosas que están plenamente identificadas, hay cosas que se documentaron y hay personas que están cumpliendo una condena de secuestro”.
Declaró que hay cuatro que están presos por secuestro, Gildardo Díaz Pérez, Ubaldo Santana Alonso, Sebastián Santana Monje y Melitón Santana Monje, los primeros en agravio del empresario ganadero Homero Montúfar, originario del Coyol, municipio de Coyuca de Catalán y los segundos de Rogelio Solorio de Tarétaro.
Los desplazados también denunciaron en su comunicado que Javier Hernández Peñaloza, es en realidad Orbelin Díaz Peñaloza, El Gordo que fue el que los desplazó en el 2012. Al respecto el dirigente ejidal aseguró que si es Javier Hernández y mostró ante la cámara una mica del INE. “Yo efectivamente soy yo”, dijo.
Por otra parte, informó en la llamada telefónica que está programada una reunión en la Secretaría de Gobernación para tratar el asunto de las dos demandas que tienen en contra de Víctor Espino.
Informó que la reunión la gestionaría ayer Álvaro Urreta Fernández quien es enlace en materia de pacificación de la sierra del Filo Mayor con el gobierno federal.

Consultaba el ERPI en comunidades cuando ocurrió la masacre de El Charco: Efrén Cortés

Durante la Jornada del Estudiante Detenido-Desaparecido, el sobreviviente de la masacre de El Charco, Efrén Cortés Chávez reveló que hace 20 años, cuando ocurrieron los hechos, el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) se encontraba en la zona porque hacía una consulta en las comunidades de Ayutla ante el rompimiento interno del Ejército Popular Revolucionario (EPR).
También confirmó que, antes del ataque a los indígenas civiles desarmados y a una columna de milicianos del ERPI que se encontraban en la escuela Caritino Maldonado Pérez y que ya se habían rendido, hubo dos enfrentamientos de miembros del ERPI con el Ejército, que duraron de las 2 de la madrugada a las 6 de la mañana en las comunidades de Cozcatlán y Amate Amarillo.
Consultado al final de su intervención, el estudiante de la UNAM que sobrevivió a esa masacre, dijo que no se ha confirmado pero que en estos dos enfrentamientos pudo haber militares muertos o heridos, lo que explicaría “el odio” con el que actuaron los soldados en el Charco, donde ya no fue un enfrentamiento sino una masacre de los militares en contra de los indígenas indefensos y los milicianos del ERPI que ya se habían rendido.
En esa masacre del 7 de junio de 1998 murieron nueve civiles y dos miembros del ERPI, además hubo cinco heridos y 22 detenidos.
A casi 20 años de los hechos, el sobreviviente de la masacre, Cortés Chávez declaró durante su intervención en la Jornada del Estudiante Detenido-Desaparecido, “vi a unas fuerzas armadas camuflajeadas y con mucho odio”.
Dijo que también lo escuchó en la respuesta del militar que encabezaba las tropas federales, el general Juan Alfredo Oropeza Garnica, cuando les pidieron que no dispararan, que se rendían, él contestó: “les vamos a dar chilate con pan”, que es una expresión que se usa en la zona cuando se advierte a alguien que se le va a dar un escarmiento.

Las desapariciones y la violencia se han masificado hacia la población para ejercer el control mediante el terror, coinciden

Durante la jornada organizada por el colectivo Revueltas, de la Unidad Académica de Filosofía y Letras, con motivo del Día del Estudiante, Cortés Chávez, y Janahuy Paredes, hija del desaparecido de Michoacán, Francisco Paredes Ruíz, coincidieron que a diferencia del periodo de la guerra sucia, cuando las desapariciones, la represión y la persecución política se ejercía sólo contra luchadores sociales, ahora las desapariciones y la violencia se ha masificado hacia la población, para ejercer el control mediante el terror y la violencia con fines económicos y el saqueo de los recursos naturales.
En esta jornada en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), se exigió la presentación con vida de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa y de universitarios desaparecidos en la llamada guerra sucia, como Carlos Díaz Frías, Carlos Benavides y Victoria Hernández Brito.
Janahuy Paredes, hija de Francisco Paredes, desaparecido en 2007 en Michoacán, narró cómo después de la desaparición de su padre su familia ha sido perseguida, criminalizada y permanentemente hostigada por las policías de los tres órdenes de gobiernos.
Agregó que, a diferencia de lo que se vivió en la llamada guerra sucia de los años setentas y ochentas, ahora la estrategia de represión del gobierno no es solamente contra los luchadores sociales, estudiantes, periodistas o defensores de derechos humanos, sino que las desapariciones forzadas, los asesinatos y la violencia en general se ha masificado en contra de toda la población, principalmente en contra de los jóvenes, como una estrategia de terror sicológico con intereses económicos.
“Se trata de una política de estado con la intención de mantener atemorizada a la población con el objetivo del saqueo de los recursos naturales y el control del territorio”, dijo.
Janahuy Paredes recomendó que la población recurra “a los mecanismos de organización en contra del sistema jurídico-político que no nos garantiza justicia”.
Por su parte, Efrén Cortés dijo que la situación de violencia, las desapariciones forzadas y los asesinatos, no son porque haya un Estado fallido, “sino porque tenemos un Estado delincuencial, que tolera a la delincuencia, y él mismo delinque y recurre a la ilegalidad como una estrategia para generar terror, sobre todo en las zonas donde se genera capital y hay recursos naturales, como madera, agua y minerales.
Dijo que por eso recurre a la desaparición forzada, por un lado, y por otro a la militarización, como una estrategia de terror y para lograr el control político de las zonas en disputa.
Agregó que eso pasó con la masacre de El Charco hace 20 años, cuando el gobierno sabía de la presencia de grupos armados como ERPI y el EPR.
Reveló que, el 8 de junio del 1998, los milicianos del ERPI hacían una consulta en las comunidades de Ayutla ante el rompimiento interno del EPR, e incluso antes de la masacre en El Charco se dieron dos enfrentamientos con el Ejército en las comunidades de Cozcatlán y Amate Amarillo, de las 2 de la mañana a las 6 de la tarde, cuando pudo haber algunos militares muertos o heridos.
Añadió que, en El Charco ya no fue enfrentamiento, sino un ataque y una masacre a mansalva contra unos 100 civiles indígenas que pernoctaban en la escuela Caritino Maldonado Pérez, entre los que había niños y comisarios de las comunidades cercanas, y una columna del ERPI que ya se había rendido.
Comentó que los militares, encabezados por el general Oropeza Garnica, que había llegado alrededor de las 7 de la mañana, “dijeron que la íbamos a pagar, que a ellos no les importaba, que si estábamos con la guerrilla, teníamos responsabilidad”.
Fue entonces que el general amenazó, “les vamos a dar su chilate con pan”.
Dijo que esa reacción pudo haber sido porque la gente armada “no se dejó”, y que se enfrentó con los soldados en las comunidades de Cozcatlán y Amate Amarillo, “cuando ya todo mundo estaba rendido empezaron a disparar en contra de la gente que ya estaba en la cancha”.
Denunció que si el Ejército hubiera respetado el derecho a la vida, no hubiera habido tanto muerto civil desarmado, nueve, y sólo dos miembros del ERPI.
Insistió que los militares actuaron así porque la masacre del Charco fue parte de la militarización y la desaparición forzada, pero que ésta última no se dio porque hubo muchos muertos y detenidos, y no pudieron ocultarlos.
Indicó que los hechos se encuentran dentro de la lógica que tiene el gobierno, de la militarización y el terror sicológico para controlar y someter a los pueblos en donde supone que hay peligro y riesgos de insurrección.
Añadió que el gobierno sabía que en Ayutla había grupos guerrilleros, y que por eso envió a 5 mil GAFES que siguieron operando en ese municipio después de la masacre, y no precisamente para decomisar drogas y armas, sino que iban sobre los grupos insurgentes, “el Estado siempre supo que en Ayutla había guerrilleros, pero no estaban por valientes, estaban por la represión sistémica que siempre se ha dado en contra de los pueblos indígenas, era como una necesidad la guerrilla allí”, dijo.

 

Negó un juez al fiscal detener a miembros del ERPI por el caso Chavarría, revelan

El diputado de Movimiento Ciudadano, Silvano Blanco reveló que el fiscal Javier Olea Peláez solicitó a un juez la detención de presuntos miembros del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), como los responsables del asesinato del presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, Armando Chavarría Barrera, pero que la autoridad judicial rechazó la petición.
En tribuna en la sesión de ayer, dijo que “nuevamente tenemos información corroborada el día 14 de este mes de que el juez primero de lo penal de este distrito negó la orden de aprehensión de estas personas que fueron consignadas por el fiscal”.
Enseguida, recordando lo que ocurrió al término del gobierno de Zeferino Torreblanca, quien también intentó atribuir al ERPI el asesinato de quien fue su secretario de Gobierno, Silvano Blanco dijo que la decisión del juez penal se basó en un “argumento idéntico al del juzgado federal, es decir, no había elementos de prueba suficiente para acreditar que ellos eran los probables responsables, que efectivamente hubiesen intervenido en el crimen de Armando Chavarría y eso se lo dijimos al fiscal en su momento, que no se atreviera a hacer eso porque ya se había desechado esa línea de investigación”.
Después de cuestionar que el fiscal insiste en la versión de que Chavarría fue asesinado por integrantes del ERPI, a pesar de que un juzgado federal determinó en 2010 que no había elementos para sostener esta hipótesis, consideró que es “prudente” que el Congreso se pronuncie por la renuncia del fiscal, de lo contrario incurriría en una negligencia.
“El ánimo del fiscal fue quizás el hecho de pretender ya liberarse de esa enorme responsabilidad que tiene con esa investigación, quizás de una forma para ya cerrar totalmente el asunto y decir que se hizo un esfuerzo pero al final fue el juez el que negó la orden de aprehensión en contra de los responsables”, expuso. (Rosalba Ramírez / Chilpancingo).

Detienen a dos sobrinos de un dirigente del ERPI en un pueblo de Coyuca de Catalán

La Policía Federal informó de la detención de dos hombres sobrinos de Cayetano Alvarado Palacios, El Cuche Blanco, líder del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), en la comunidad de San José de la Quesería, municipio de Coyuca de Catalán.
Los detenidos se llaman Ramiro Duque Alvarado de 25 años y Reynaldo de los mismos apellidos, de 20 años, quienes según el reporte fueron detenidos con dos pistolas calibre 38, dos rifles calibre 22, una escopeta de calibre permitido para cacería y dos rifles de asalto AK-47.
Los detenidos fueron localizados en un recorrido de la Policía Federal cerca de la comunidad de San José de la Quesería, pero también catearon su casa de donde finalmente se los llevaron y los pusieron a disposición del Ministerio Público federal.
Fueron relacionados con su tío Cayetano Alvarado, quien era uno de los líderes del ERPI y a quien se señala del homicidio de Omar Guerrero Solís, Comandante Ramiro, para quedarse con el grupo.
La célula que quedó del ERPI fue ubicada en la sierra. La comunidad de San José de la Quesería está a 10 kilómetros de la cabecera municipal. Después de esa localidad sigue la sierra con pueblos pequeños.
En ocasiones hay reportes de personas vestidas de militar en grupos de 50 personas bajando a esas localidades o en el otro extremo a comunidades como Tarétaro.
Se estima que los dos jóvenes radicaban en San José de la Quesería, la policía reportó que acudió a la casa de los dos y se llevó dos camionetas una negra Toyota y una Tundra negra que presuntamente tienen reporte de robo.
Los detenidos fueron enviados a Iguala para proceder penalmente en su contra en el Ministerio Público federal.