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Analizó la Sedena en 2015 a la CRAC, la UPOEG y el FUSDEG, según correo hackeado por Guacamaya

Policías comunitarios de Tlacotepec en la entrada a Apaxtla, en donde ayer incursionaron en contra del grupo que impone una cuota a los productos de la canasta básica, según dijeron Foto: El Sur

Lenin Ocampo Torres

Chilpancingo

El perfil de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC); de las autodefensas de la Unión de Pueblos y Organizaciones Sociales del Estado de Guerrero (UPOEG) y del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), fueron analizados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en el año crítico de 2015, después de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, cuando hubo un levantamiento social que obligó a la salida del cargo del gobernador, Ángel Aguirre Rivero.
En los recientes correos hackeados por el grupo Guacamaya aparece un texto confidencial donde la Sedena hace un cuadro comparativo de la estructura de los tres grupos, sus diferencias internas, el número de sus integrantes y el tipo de armamento que ocupan en los diferentes municipios de la Montaña, Costa Chica y la Región Centro donde tienen su mayor presencia.
La Policía Comunitaria de la CRAC nació en 1995 en Santa Cruz del Rincón municipio de San Luis Acatlán, donde los indígenas de la Montaña Alta tomaron las armas para defenderse de los asaltos, violaciones y homicidios que se daban en sus caminos.
Desde el inicio, la organización indígena fue acosada por el Ejército y las autoridades, que la señalaron como brazo armado del apenas saliente Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
En el informe de la Sedena fechado en 2015, señalan que uno de los objetivos de la CRAC es “preservar la seguridad de sus comunidades, proteger su territorio y oponerse al despojo y desplazamiento de la población que se vea afectada por la privatización del ejido”.
El texto en Power Point describe a la CRAC como una policía comunitaria que realiza recorridos a inmediaciones “de las comunidades donde mantienen presencia, establecen puestos de revisión en diferentes puntos y cometen detenciones arbitrarias en contra de la población en general, los cuales son
recluidos en las Casas de Justicia para que sean reeducados conforme a usos
y costumbres; asimismo, realizan reuniones para la resolución de problemas internos, impartición de justicia y para la planeación y ejecución de operativos
especiales de seguridad”.
Inteligencia militar menciona que la Policía Comunitaria tiene presencia en Acatepec, Atlamajalcingo del Monte, Atlixtac, San Luis Acatlán, Ayutla de los Libres, Metlatónoc, Malinaltepec, Marquelia, Copanatoyac, Cochoapa, Iliatenco, Tlapa de Comonfort, Xalpatláhuac, Tlacoapa, Tecoanapa, Copala, Tixtla, Olinalá, Ometepec, Tlacoachistlahuaca, Cualac, Huamuxtitlán, Chilapa y
Juchitán.
Los datos del informe revelan que en el 2015 la CRAC controlaba 120 comunidades, con mil 400 hombres armados y que recibían del gobierno del estado mensualmente un millón 100 mil pesos.
Según el texto la vulnerabilidad del grupo era una pelea interna entre los seguidores de Abad García García, excoordinador y promotor de la Casa de Justicia Matriz de San Luis Acatlán contra los seguidores de Eliseo Villar Castillo (preso en el Cereso de Chilpancingo), coordinador de la “Casa de Justicia Horcasitas, por el control de los recursos económicos que otorga el Gobierno del Estado para sus actividades”.

UPOEG

En el mismo texto se trata la división dentro de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) por cuestiones económicas y la creación de la UPOEG el 28 de enero del 2011.
“Se presentó un conflicto al interior de la CRAC-PC, lo cual originó que Bruno Plácido Valerio se separara y creara la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), con el objeto de ganar adeptos, esta organización tomó como bandera de lucha las altas tarifas de luz que pagaban las comunidades indígenas, abogando por una tarifa preferencial por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE)”.
La Sedena señala que la UPOEG en el 2013 con “Bruno Plácido Valerio crea el Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC), con estructura similar a la de la Policía Comunitaria (PC)”.
En esos años la agrupación salió a combatir al grupo de la delincuencia organizada de Los Rojos que controlaba parte de la Costa Chica y zona Centro del estado, donde en sus primeros operativos detuvieron al menos 54 integrantes del crimen organizado que fueron entregados a las autoridades del gobierno de Ángel Aguirre Rivero.
Según el cuadro comparativo de la Sedena la UPOEG tenía como objetivo “brindar seguridad a sus comunidades, la liberación de presos políticos, presentación de los 43 normalistas desaparecidos, exigiendo la apertura de los cuarteles para su búsqueda”.
En el 2014 la agrupación fue obligada por pobladores de Ayutla y Tecoanapa para entrar a la ciudad de Iguala y buscar al menos a 13 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro de Ayotzinapa, que eran originarios de esos municipios y que fueron desaparecidos la noche del 26 de septiembre.
Los operativos eran encabezados por el promotor de la UPOEG, Miguel Ángel Blanco, que fue el primero en encontrar decenas de fosas clandestinas y quien ubicó el punto conocido como Barranca La Carnicería –a un costado del basurero de Cocula– donde se encontró un resto óseo del normalista Jhosivani Guerrero de la Cruz.
Miguel Ángel Blanco fue asesinado en el poblado de Xaltianguis en agosto del 2015 y hasta la fecha su asesinato nunca fue esclarecido.
El informe señala que la UPOEG tiene 2 mil 200 elementos, 750 armas largas y 150 cortas, con presencia en los municipios de Chilpancingo, Coyuca de Benítez, Acapulco, Juan R. Escudero, San Marcos, Tecoanapa, Ayutla de los Libres, Cruz Grande, Copala, Cuautepec, San Luis Acatlán, Marquelia, Azoyú, Igualapa, Ometepec, Cuajinicuilapa y Tlapa de Comonfort.
Según la Sedena la vulnerabilidad del grupo era que su líder “Bruno Plácido Valerio ha adoptado una postura mesurada buscando el acercamiento con autoridades de los tres niveles de gobierno con la posible intención de postularse como diputado local”.

FUSDEG

El Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) es una escisión de la UPOEG y la inteligencia militar señala que “su conformación contó con la asesoría y respaldo de Bertoldo Martínez Cruz, líder del Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero (FODEG), vinculado al ERPI” (Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente).
El grupo nació el 23 enero de 2015, en la comunidad de Mohoneras, municipio de Chilpancingo, bajo el liderazgo de Salvador Alanís Trujillo que posteriormente fue desplazado de la zona y fundó la Policía Comunitaria de Heliodoro Castillo.
Durante el levantamiento armado del Valle del Ocotito y posteriormente la creación del FUSDEG, la organización participó en el apoyo de las organizaciones sociales que exigían la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
El 6 de febrero de 2015 los integrantes del FUSDEG y pobladores del Valle retuvieron al comandante de la Policía Federal, José Luis Solís López, más conocido como Espartaco.
La retención se dio luego de que un grupo de al menos 300 policías federales se dirigía a los pueblos de Mazatlán y Petaquillas para desalojar a los pobladores que tenían retenidos a militares y exigían su salida.
En el informe de la Sedena mencionan que en el 2015 el FUSDEG tenía al menos mil hombres armados que controlaban Chilpancingo (Palo Blanco, Dos Caminos, Mazatlán, Acahuizotla, El Ocotito, Petaquillas, Mohoneras y Los Cajeles); Juan R. Escudero (Tierra Colorada) y Acapulco (Xaltianguis, Cacahuatepec, Limoncito, Huamuchito, Xolapa, Barrio Nuevo de los Muertos, Huajintepec, Amatepec, El Playón, Pablo Galeana, Las Tortolitas, San José, Las Marías y La Calera.
La vulnerabilidad del grupo era que carecían “de una estructura solida debido a su conformación y presenta dificultad para definir su dirección en las localidades y
municipios donde tiene presencia, principalmente en Chilpancingo”.
El texto de Power Point de 14 diapositivas al que tuvo acceso El Sur y que era de carácter confidencial, considera que los tres grupos enfrentan una crisis estructural derivada de los “protagonismo de sus dirigentes, por mantener sus privilegios e intermediación con las autoridades; pugnas por el control de los recursos económicos; recurrentes abusos y transgresión de los derechos de la población; control de territorios y rutas que les facilite el desarrollo de sus actividades”.
“La pérdida de legitimidad y de liderazgo en las organizaciones CRAC-PC, UPOEG y FUSDEG, mantendrá limitada su pretensión por expandir sus áreas de influencia, lo que contribuye al divisionismo y el consecuente debilitamiento de
sus estructuras internas, lo que debidamente encauzado, permitirá a las autoridades estatales mantener su control”.
El análisis finaliza que “el activismo de estas organizaciones estará orientado a dar continuidad a proyectos de autonomía donde ejerzan el control de los municipios donde tienen presencia, limitando la presencia gubernamental, seguir obteniendo recursos argumentando su contribución a la seguridad local y ampliar sus áreas de influencia”.
Actualmente de los tres grupos, la CRAC-PC es la única que se ha mantenido por la forma de organización que tienen de elegir su sistema comunitario por asambleas de los pueblos.
La UPOEG en el sexenio de Evelyn Salgado Pineda ha sido prácticamente desmantelada de su zona de control de la Costa Chica, donde han detenido o asesinado a sus principales comandantes que fundaron la organización y han sido señalados constantemente por las autoridades federales de operar para el grupo delictivo Los Rusos.
El Fusdeg sólo controla algunas comunidades de Juan R. Escudero (Tierra Colorada) y actualmente se encuentra dividido y peleando el control de su zona con los grupos delictivos de Los Ardillos y Los Rusos.

 

Acapulco, el municipio del país con más habitantes en pobreza extrema

Acapulco, el municipio del país con más habitantes en pobreza extrema; 93 mil 513 viven en esta situación

Los datos del Coneval indican que en porcentaje, el peor situado en Guerrero es Cochoapa el Grande y ocupa el segundo lugar en el país con 87.7 de su población que no alcanza a adquirir la canasta alimentaria y tiene tres o más carencias sociales. En 17 de los 81 municipios de Guerrero más de la mitad de la gente está en esas peores condiciones de vida

Ramón Gracida Gómez

Acapulco es el municipio con mayor número de personas en situación de pobreza extrema en todo México y Cochoapa el Grande se ubica en segundo lugar entre los municipios con mayor porcentaje de su población en la misma condición.
Con estos dos casos Guerrero aparece en los primeros lugares de pobreza municipal, en el informe  que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) presentó este viernes 7 de diciembre.
De 771 mil 454 habitantes que tiene Acapulco, cifra de 2015, año de la última encuesta intercensal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en la que se basa el Coneval, 93 mil 513 viven en condiciones de pobreza extrema que representan alrededor del 12.1 por ciento del total de su población.
Asimismo 87.7 por ciento, de 18 mil 681 personas que viven en Cochoapa el Grande, se encuentran en la misma situación de pobreza extrema.
De acuerdo con el Coneval, una persona se ubica en situación de pobreza extrema cuando sus ingresos son inferiores a la línea de bienestar mínimo –no alcanza para comprar toda la canasta alimentaria aunque se dedicase todo el ingreso para ello– y tiene tres carencias sociales o más (rezago educativo, acceso a los servicios de salud, a la seguridad social, a la alimentación y la calidad, espacios y servicios básicos de la vivienda). Son los más pobres entre los pobres.
Por arriba de Cochoapa el Grande, municipio indígena de lengua tun savi (mixteca) de la Montaña, sólo se ubica Santos Reyes Yucuná, Oaxaca, en donde el 97.4 por ciento de su población se encuentra en situación de pobreza extrema.
Los 15 municipios que encabezan esta cifra a nivel nacional están ubicados en los estados mencionados y Chiapas. Metlatónoc, municipio que fue dividido en 2002 para crear Cochoapa el Grande, se encuentra en el lugar 15, con 76.9 por ciento de su población en la misma condición.
A nivel estatal, el tercer municipio de Guerrero con mayor porcentaje de su población en situación de pobreza extrema es Atlamajalcingo del Monte con 71.5, luego Alcozauca de Guerrero con 69.6 y en el quinto lugar se ubica Acatepec con 68.9. Todos de La Montaña.
En total son 17 municipios de 81 que tiene el estado en donde más de la mitad de la población vive en pobreza extrema.
En la lista donde Acapulco se ubica en primer lugar, el municipio que le sigue es Chilón, Chiapas con 90 mil 526 personas en pobreza extrema y Ecatepec, Estado de México con 90 mil 438.
En la lista de los municipios con mayor número de habitantes pobres en general, es decir, que tienen al menos una carencia social y un ingreso que no les alcanza para una canasta alimentaria y no alimentaria, Ecatepec se ubica en primer lugar con 786 mil 843 personas y Acapulco en séptimo lugar con 436 mil 947, es decir que el 56.64 por ciento del total de su población vive en situación de pobreza.
Además de compartir los primeros lugares en pobreza extrema, Acapulco y Ecatepec también tienen en común la violencia que se vive en esas ciudades, y en particular la perpetrada por razones de género. Los dos municipios están incluidos en la alerta de género de sus respectivos estados debido a los altos índices de feminicidios.
Este par de ciudades ejemplifica lo dicho por la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles, quien declaró en Guerrero (El Sur del 26 de noviembre pasado) que en las ciudades de México se concentra la mayoría de los pobres debido al mal diseño de desarrollo de las urbes, el cual genera desigualdad y violencia.
De acuerdo con la información presentada, es la primera vez que se puede comparar las cifras en dos años, en este caso 2010 (primer año en el que se presentó la pobreza a nivel municipal por el Coneval con base en las dimensiones económicas y sociales que señala la Ley General de Desarrollo Social) y 2015.
Los números muestran que en la presente década los niveles de pobreza en Guerrero han sido similares en el transcurso de los años.
En 2010, Cochoapa el Grande se ubicó en el primer lugar de los municipios con mayor porcentaje de población en pobreza extrema con 82.6 por ciento, mientras que Metlatónoc se ubicó en el décimo lugar con 77 por ciento.
A pesar de que no se cuenta con la misma medición en años anteriores, la situación de la pobreza en estos municipios y en la región va más allá de estos últimos años. En la década pasada el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ubicó a estos municipios entre los más bajos en el Índice de Desarrollo Humano. En el 2000 Metlatónoc fue el último lugar y tan sólo mejoró su posición al séptimo en 2005 por la creación de Cochoapa el Grande, el cual ocupó su lugar.
Igual que en 2015, Guerrero, Oaxaca y Chiapas acapararon los primeros 15 lugares además de Veracruz con los municipios de Mixtla de Altamirano (80.3%) y Tehuipango (76.8%), ubicados en la zona de la sierra de Zongolica, que igual que la Montaña de Guerrero concentra a los municipios más marginados de aquel estado y de México.
En cuanto a Acapulco, en el 2010 se ubicó en el lugar 3 de los municipios con mayor número de habitantes en situación de pobreza extrema, 107 mil 048 personas. En primer lugar se ubicó Ocosingo, Chiapas con 144 mil 088 personas y después Puebla, Puebla con 110 mil 012.
A nivel estatal, las cifras de Guerrero lo ubican en el tercer lugar entre los estados con mayor porcentaje de su población en pobreza extrema. A pesar de que la cifra pasó de 31.8 por ciento en 2010 a 23 por ciento en 2015, 822 mil 185 de 3 millones 574 mil 221, Guerrero sólo se ubica por arriba de Chiapas y Oaxaca en los que el porcentaje en esas condiciones son el 27.2 por ciento y 25.5 por ciento de la población.
Asimismo, la población guerrerense que vive en condiciones de pobreza en general fue de 67.1 por ciento en 2015 mientras que en 2010 fue de 67.57 por ciento, es decir que prácticamente no mejoró la situación.
En el 2015, en 79 municipios más de la mitad de la población vive en condiciones de pobreza en general. Dieciocho tienen cifras arriba del 90 por ciento como Cochoapa el Grande (99.3%), Metlatónoc (98.4%) y Acatepec (97.59%).
El porcentaje de Cochoapa el Grande lo ubica en el quinto lugar a nivel nacional al igual que otros cuatro municipios y por arriba sólo están municipios que los rebasan por décimas.
En la edición de El Sur del 8 de este mes, se informó que el Coneval dio a conocer los datos de pobreza municipal, que se debieron  dar a conocer en 2016, pero fue revelada hasta el jueves 7 debido a los cambios metodológicos que el Inegi hizo al Módulo de Condiciones Socioeconómicas (MCS) 2015, con base en el cual se realiza la medición.

No aumenta el número de millonarios en México, pero sí las cantidades que acumulan: investigador

En 2002, la riqueza de los cuatro mexicanos más acaudalados representaba el 2 por ciento del PIB nacional, pero de 2003 a 2014 subió al 9 por ciento, dice Gerardo Esquivel Hernández. “Estas élites han capturado al Estado mexicano, sea por falta de regulación o por un exceso de privilegios fiscales”, señala

Redacción

El número de multimillonarios en México no ha crecido mucho en los últimos años, pero su fortuna en conjunto ha aumentado de forma exponencial, pues acumulan 142 mil 900 millones de dólares, de acuerdo con el informe Desigualdad extrema en México, concentración del poder económico y político, del investigador Gerardo Esquivel Hernández.
Doctor en Economía por la Universidad de Harvard, así como profesor e investigador del Centro de Estudios Económicos de El Colegio de México, en donde ha colaborado desde 1998, Esquivel Hernández precisa que los 16 millonarios más acaudalados de México concentraban en 1996 una riqueza de 25 mil 600 millones de dólares.
Integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel III, Esquivel hace otra precisión sobre la magnitud de la riqueza: en 2002, la riqueza de cuatro mexicanos representaba el 2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), pero de 2003 a 2014 ese porcentaje subió al 9 por ciento. “Se trata de un tercio del ingreso acumulado por casi 20 millones de mexicanos”.
“Para darnos una idea de la magnitud de la brecha en México –observa–: para el año 2014, los cuatro principales multimillonarios mexicanos podrían haber contratado hasta 3 millones de trabajadores mexicanos pagándoles el equivalente a un salario mínimo, sin perder un solo peso de su riqueza”.
Para el doctor Esquivel, “las implicaciones de lo anterior no son sólo de índole social. Carlos Slim en la telefonía, Germán Larrea y Alberto Bailleres en la industria minera y Ricardo Salinas Pliego en TV Azteca, Iusacell y Banco Azteca, han hecho sus fortunas a partir de sectores privados, concesionados o regulados por el sector público. Estas élites han capturado al Estado mexicano, sea por falta de regulación o por un exceso de privilegios fiscales”.

Pagan los pobres más impuestos que los ricos, una de las razones, dice

Uno de los investigadores mexicanos que da seguimiento puntual a la desigualdad social en México, advierte que “uno de los grandes problemas reside en que nuestra política fiscal favorece a quien más tiene. No es de ninguna manera progresiva y el efecto redistributivo resulta casi nulo. Por gravar consumo por encima del ingreso, las familias pobres, al gastar un porcentaje más alto de su ingreso, terminan por pagar más que las ricas.
“La tasa marginal del ISR –una de las más bajas de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)–, el que no haya impuestos a las ganancias de capital en el mercado accionario, y el que tampoco los haya a herencias, entre otras cosas; son ejemplos de cómo el sistema tributario beneficia a los sectores más privilegiados”.
De acuerdo con sus señalamientos, que se difundieron este fin de semana, la constante desigualdad y la captura política por parte de las élites tienen consecuencias económicas y sociales graves que resultan, además, excluyentes. El mercado interno se ve francamente debilitado. Ante la escasez de recursos, se recorta el capital humano y se pone en juego la productividad de los pequeños negocios.
“La política social asimismo ha sido un rotundo fracaso: al día de hoy, esa lógica de que el crecimiento se filtra de las capas altas a las bajas simplemente no ocurre en México desde hace décadas. Uno de los dolorosos ejemplos es el salario mínimo: si un mexicano percibe esta cantidad y mantiene a alguien, a ambos se les considera pobres extremos. La política salarial que en algún momento se concibió como mecanismo de contención inflacionaria, ya no tiene razón de ser. El salario mínimo mexicano está por debajo de los umbrales aceptados de pobreza”.
En cuanto a la magnitud de la desigualdad, Esquivel hace algunas observaciones fundamentales: “La reciente reducción de la desigualdad en México se ha atribuido a tres factores principales: a las remesas que reciben los hogares mexicanos de bajos ingresos (principalmente en zonas rurales); a la mejor focalización de algunos programas sociales (en particular Prospera, antes Progresa u Oportunidades); y a una menor desigualdad en los ingresos salariales”.
Pero, hace una acotación, si bien en México resulta innegable una mejoría en la distribución del ingreso entre los hogares que forman parte de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (Enighs), en la medida en que las encuestas en las que se basan estas estimaciones no capturen correctamente el ingreso de las personas en la parte más alta de la distribución, las cifras no reflejarán de manera certera el verdadero estado de la distribución total del ingreso en México.
“Otro problema con estas cifras reside en que la tendencia decreciente de la desigualdad no parece ser compatible con otros aspectos por demás conocidos de la economía mexicana. En particular, que en las últimas dos décadas han coincidido dos eventos dicotómicos: crecimiento del ingreso per cápita y estancamiento de las tasas de pobreza en el país. Esto sólo se explica si el crecimiento del ingreso se concentra en la parte superior de la distribución del ingreso, situación incompatible con la reducción de este aspecto de desigualdad”.

Búsqueda en fuentes alternativas a falta de datos oficiales, otros caminos

Así, explica, las discrepancias han dado lugar a múltiples demandas de acceso a fuentes de información alternativas para obtener mayor claridad de lo que realmente ocurre en las esferas altas de la distribución en nuestro país.
A falta de información oficial al respecto, se ha optado por otros caminos, a saber, las declaraciones fiscales. Así, de manera indirecta, a través de métodos estadísticos, se obtienen estimaciones de lo que podría suceder en esa franja de la población –por demás inobservada– de México.
Y sobre la distribución de la riqueza en México, recuerda que no hay cifras oficiales, pero sí algunas estimaciones no oficiales:
“El Global Wealth Report 2014 de Credit Suisse (2014), por ejemplo, señala que el 10 por ciento más rico de México concentra el 64.4 por ciento del total de la riqueza del país. El porcentaje se ubica alrededor del promedio del grupo de países incluidos en dicho reporte, aunque está ligeramente por encima del porcentaje del ingreso que corresponde a la misma población, tanto en las cifras originales de la Encuesta de Hogares como en los datos ajustados.
“Por otro lado, un reporte de WealthInsight revela que, en 2012 había en México 145 mil individuos con una riqueza neta superior a un millón de dólares (sin incluir el valor de su residencia habitual). En conjunto, sus riquezas ascendían a un total de 736 mil millones de dólares. Estos millonarios –representantes de menos del 1 por ciento de la población total– concentraban en ese año alrededor del 43 por ciento de la riqueza total del país”.
El reporte de Wealth Insight precisa que la riqueza de estos millonarios excede por mucho el promedio que corresponde a los de otros países, quienes concentran apenas el 29 por ciento de los recursos de sus países. El reporte también señala que el número de millonarios en México creció 32 por ciento entre 2007 y 2012; tendencia que contrasta, como el blanco y el negro, con la reducción de 0.3 por ciento a nivel mundial, en ese mismo periodo, finaliza Esquivel.

Acapulco, el municipio del país con más habitantes en pobreza extrema; 93 mil 513 viven en esta situación

Acapulco es el municipio con mayor número de personas en situación de pobreza extrema en todo México y Cochoapa el Grande se ubica en segundo lugar entre los municipios con mayor porcentaje de su población en la misma condición.
Con estos dos casos Guerrero aparece en los primeros lugares de pobreza municipal, en el informe  que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) presentó este viernes 7 de diciembre.
De 771 mil 454 habitantes que tiene Acapulco, cifra de 2015, año de la última encuesta intercensal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en la que se basa el Coneval, 93 mil 513 viven en condiciones de pobreza extrema que representan alrededor del 12.1 por ciento del total de su población.
Asimismo 87.7 por ciento, de 18 mil 681 personas que viven en Cochoapa el Grande, se encuentran en la misma situación de pobreza extrema.
De acuerdo con el Coneval, una persona se ubica en situación de pobreza extrema cuando sus ingresos son inferiores a la línea de bienestar mínimo –no alcanza para comprar toda la canasta alimentaria aunque se dedicase todo el ingreso para ello– y tiene tres carencias sociales o más (rezago educativo, acceso a los servicios de salud, a la seguridad social, a la alimentación y la calidad, espacios y servicios básicos de la vivienda). Son los más pobres entre los pobres.
Por arriba de Cochoapa el Grande, municipio indígena de lengua tun savi (mixteca) de la Montaña, sólo se ubica Santos Reyes Yucuná, Oaxaca, en donde el 97.4 por ciento de su población se encuentra en situación de pobreza extrema.
Los 15 municipios que encabezan esta cifra a nivel nacional están ubicados en los estados mencionados y Chiapas. Metlatónoc, municipio que fue dividido en 2002 para crear Cochoapa el Grande, se encuentra en el lugar 15, con 76.9 por ciento de su población en la misma condición.
A nivel estatal, el tercer municipio de Guerrero con mayor porcentaje de su población en situación de pobreza extrema es Atlamajalcingo del Monte con 71.5, luego Alcozauca de Guerrero con 69.6 y en el quinto lugar se ubica Acatepec con 68.9. Todos de La Montaña.
En total son 17 municipios de 81 que tiene el estado en donde más de la mitad de la población vive en pobreza extrema.
En la lista donde Acapulco se ubica en primer lugar, el municipio que le sigue es Chilón, Chiapas con 90 mil 526 personas en pobreza extrema y Ecatepec, Estado de México con 90 mil 438.
En la lista de los municipios con mayor número de habitantes pobres en general, es decir, que tienen al menos una carencia social y un ingreso que no les alcanza para una canasta alimentaria y no alimentaria, Ecatepec se ubica en primer lugar con 786 mil 843 personas y Acapulco en séptimo lugar con 436 mil 947, es decir que el 56.64 por ciento del total de su población vive en situación de pobreza.
Además de compartir los primeros lugares en pobreza extrema, Acapulco y Ecatepec también tienen en común la violencia que se vive en esas ciudades, y en particular la perpetrada por razones de género. Los dos municipios están incluidos en la alerta de género de sus respectivos estados debido a los altos índices de feminicidios.
Este par de ciudades ejemplifica lo dicho por la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles, quien declaró en Guerrero (El Sur del 26 de noviembre pasado) que en las ciudades de México se concentra la mayoría de los pobres debido al mal diseño de desarrollo de las urbes, el cual genera desigualdad y violencia.
De acuerdo con la información presentada, es la primera vez que se puede comparar las cifras en dos años, en este caso 2010 (primer año en el que se presentó la pobreza a nivel municipal por el Coneval con base en las dimensiones económicas y sociales que señala la Ley General de Desarrollo Social) y 2015.
Los números muestran que en la presente década los niveles de pobreza en Guerrero han sido similares en el transcurso de los años.
En 2010, Cochoapa el Grande se ubicó en el primer lugar de los municipios con mayor porcentaje de población en pobreza extrema con 82.6 por ciento, mientras que Metlatónoc se ubicó en el décimo lugar con 77 por ciento.
A pesar de que no se cuenta con la misma medición en años anteriores, la situación de la pobreza en estos municipios y en la región va más allá de estos últimos años. En la década pasada el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ubicó a estos municipios entre los más bajos en el Índice de Desarrollo Humano. En el 2000 Metlatónoc fue el último lugar y tan sólo mejoró su posición al séptimo en 2005 por la creación de Cochoapa el Grande, el cual ocupó su lugar.
Igual que en 2015, Guerrero, Oaxaca y Chiapas acapararon los primeros 15 lugares además de Veracruz con los municipios de Mixtla de Altamirano (80.3%) y Tehuipango (76.8%), ubicados en la zona de la sierra de Zongolica, que igual que la Montaña de Guerrero concentra a los municipios más marginados de aquel estado y de México.
En cuanto a Acapulco, en el 2010 se ubicó en el lugar 3 de los municipios con mayor número de habitantes en situación de pobreza extrema, 107 mil 048 personas. En primer lugar se ubicó Ocosingo, Chiapas con 144 mil 088 personas y después Puebla, Puebla con 110 mil 012.
A nivel estatal, las cifras de Guerrero lo ubican en el tercer lugar entre los estados con mayor porcentaje de su población en pobreza extrema. A pesar de que la cifra pasó de 31.8 por ciento en 2010 a 23 por ciento en 2015, 822 mil 185 de 3 millones 574 mil 221, Guerrero sólo se ubica por arriba de Chiapas y Oaxaca en los que el porcentaje en esas condiciones son el 27.2 por ciento y 25.5 por ciento de la población.
Asimismo, la población guerrerense que vive en condiciones de pobreza en general fue de 67.1 por ciento en 2015 mientras que en 2010 fue de 67.57 por ciento, es decir que prácticamente no mejoró la situación.
En el 2015, en 79 municipios más de la mitad de la población vive en condiciones de pobreza en general. Dieciocho tienen cifras arriba del 90 por ciento como Cochoapa el Grande (99.3%), Metlatónoc (98.4%) y Acatepec (97.59%).
El porcentaje de Cochoapa el Grande lo ubica en el quinto lugar a nivel nacional al igual que otros cuatro municipios y por arriba sólo están municipios que los rebasan por décimas.
En la edición de El Sur del 8 de este mes, se informó que el Coneval dio a conocer los datos de pobreza municipal, que se debieron  dar a conocer en 2016, pero fue revelada hasta el jueves 7 debido a los cambios metodológicos que el Inegi hizo al Módulo de Condiciones Socioeconómicas (MCS) 2015, con base en el cual se realiza la medición.

Piden jubilados estímulos; protestan afuera del acto con el gobernador por del Día del Maestro

Maestros jubilados y pensionados protestaron afuera del Centro de Convenciones Mundo Imperial, cuando el gobernador Héctor Astudillo encabezaba el acto por el Día del Maestro.
Cerca de 70 maestros pidieron que se les pague el estímulo a la jubilación y los seguros de vida pendientes desde el año pasado.
El representante Ricardo Jimón Campos dijo que los jubilados son víctimas de las consecuencias de la reforma educativa, porque debido a esa reforma se vieron obligados a jubilarse.
La protesta también obedeció a la preocupación porque la sección 14 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE) anunció la publicación de una próxima convocatoria del estímulo a la jubilación, pues el adeudo también es de 2015 y hay todavía casos de 2014.
Estimó que hay mil 200 jubilados afectados y la participación en la protesta de este lunes era de una comisión de maestros de Acapulco.
Con tres lonas colocadas en las rejas del centro de convenciones, llegaron los maestros a las 8 de la mañana, una hora antes de la recepción a los proferoes que recibieron reconocimientos por el Día del Maestro.
La segunda demanda es la agilización de trámites de pensiones, el cual avanza “lo que sí tenemos problemas es en el pago de nuestros seguros, que esos no tienen discusión porque lo generamos desde el primer día que empezamos a trabajar”. Uno de los seguros, el llamado colectivo, no se les ha entregado. El Pago de Previsión Social (PPS) tampoco se les ha entregado.
La maestra jubilada Guadalupe Eugenio Feliciano dijo que han seguido los protocolos pactados con el gobernador, sin obtener resultado, “sin embargo notamos con mucha tristeza e indignacion, que a pesar de que nos hemos guiado conforme a las recomendaciones  emitidas por ellos, la sección 14 está emitiendo informaciones para que compañeros se sigan jubilando”. Lo que se traduce en el incremento de los adeudos, en todos los rubros, que mantiene el gobierno del estado.
Llamó a los próximos a jubilarse a “que se preparen”, pues la pensión les llegará después de cinco meses.
La representante de los jubilados, dijo que ellos terminaron el trámite de retiro a finales del año pasado, y luego de seis meses siguen sin recibir su pensión.
Minutos antes de las 10 de la mañana, una comisión de jubilados entró a entregar su pliego petitorio al gobernador del estado, para que se dé cumplimiento a las demandas expuestas. Informaron que la próxima semana tentativamente se reunirían en una mesa de trabajo, para desahogar los puntos expuestos.

Presuntos integrantes de Los Rojos intentaron asesinar a un vecino de San Jerónimo Palantla, denuncian

Vecinos nahuas de la comunidad de San Jerónimo Palantla, municipio de Chilapa, denunciaron que Constantino Calvario Merino, quien se jacta de pertenecer al grupo criminal Los Rojos, junto a dos hombres intentaron asesinar al campesino Jacinto Ayulteco Calvario el viernes 5 de mayo cuando regresaba de juntar leña.
En conferencia de prensa en el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP) en Chilpancingo, unos 30 pobladores denunciaron que el más reciente ataque de Calvario Merino y su gente ocurrió el viernes a las 5 de la tarde.
Ayulteco Calvario explicó que ese día cuando regresaba de trabajar, Calvario Merino a bordo de una camioneta junto con otros dos hombres que iban armados, lo detuvieron, se bajaron del vehículo y le dijeron que “estaba haciendo su desmadre”.
Dijo que intentó dialogar con sus agresores, pero corrió en sentido contrario a la camioneta cuando mostraron sus armas y le dispararon, pero no fue herido.
Los pobladores leyeron un comunicado sobre la inseguridad dirigido al gobernador Héctor Astudillo Flores, éstos formaban parte de la Coordinara Regional de Autoridades (CRAC) de los Pueblos Fundadores, que pertenecía a la Casa de Justicia de Rincón de Chautla, pero consideran que ya no pertenecen desde que fueron desarmados y ahora, aunque no han roto oficialmente con el movimiento, ya no brindan justicia.
“Nos han asesinado 11 hermanos nahuas de esta región; fabricaron 45 órdenes de aprehensión y 15 órdenes por liberarse todas son dolosas; detuvieron (a) 14 compañeros de manera ilegal el 11 de junio de 2016, en las órdenes de aprensión acusan (a) tres mujeres indígenas de usar armas AK-47 y AR-15, esta ola de violencia e ingobernabilidad (se) desataron de 2015 a 2016, seguimos viendo caminar en nuestro pueblo a los delincuentes”, declararon.
Afirmaron que el grupo liderado por Constantino Calvario Merino es protegido por el gobierno.
Detallaron que los principales responsables de los asesinatos y de la inseguridad en San Jerónimo Palantla son: Constantino Calvario Merino, Domingo Orgín Calvario, Antonio Bolaños Calvario, Apolinar Calvario Tlatempa, Facundo Bolaños Reyes, Florencio Calvario Tlatempa, Evodio Calvario Merino, Justiniano Tolentino Atempa, Alfonso Orgín Castro, Eladio Orgín Trinidad, Eladio Díaz Calvario y Francisco Hernández Tepetate.
Los pobladores reprocharon que a pesar de que en esta comunidad está un destacamento de la Policía Estatal no hacen nada para frenar a los delincuentes.
“El grupo delictivo encabezado por Constantino Calvario Merino, de sus propias palabras afirma que ellos pagan a la Fiscalía para que no sean recluidos en la cárcel, porque además, dicen que pertenecen a Los Rojos”, afirmaron.
Los pobladores advirtieron que si las autoridades no intervienen tendrán que hacer justicia por su propia mano ante las constantes amenazas de muerte hacia los pobladores.
El 16 de junio de 2016, el gobernador informó que los dos grupos de policías comunitarias que operaban en Rincón de Chautla y en San Jerónimo Palantla, fueron desarmados, pero señalaron que el grupo contrario encabezado por Calvario Merino retomó las armas.
Los inconformes reprocharon al gobernador que en vez de cuidar a quienes sufren por la violencia, dejan que los criminales actúen con libertad.
También denunciaron que el 3 de mayo, a las 3:30 de la tarde acudieron con el comisario, José Miguel Orgín, para solicitarle constancias para el programa Procampo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), pero Calvario Merino no permitió que el comisario autorizara las constancias.
Los 30 pobladores hicieron responsable a Constantino Calvario de lo que les pueda ocurrir o si son asesinados.
Exigieron al gobernador que frene la violencia, que no les inventen delitos, que investiguen a los verdaderos culpables y no detengan a gente inocente, “¿Hasta cuándo señor gobernador?”, expresaron.
Además, denunciaron que el mismo grupo cobra 2 mil 500 pesos a los pobladores para que tengan agua en sus viviendas.

No acreditó Taxco 5 millones para seguridad en 2015; Chilapa y Chilpancingo, con observaciones

 

De los cinco municipios del estado que recibieron subsidios para la seguridad pública en 2015 y que tienen los mayores problemas de inseguridad, Taxco no acreditó el destino de 5 millones asignados, y Chilapa y Chilpancingo tienen pendientes de acreditar 700 mil pesos cada uno.
Acapulco tuvo 22 observaciones por adjudicaciones directas, las cuales ya fueron solventadas.
Chilpancingo e Iguala, no invirtieron en el Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación de Control de Confianza en su policía, y en el caso de Taxco no hay registro de ninguna inversión con ese dinero.
Como parte de los Subsidios a los Municipios para la Seguridad Pública (SUBSEMUN) actualmente llamado Fortaseg, en 2015 Acapulco recibió 26 millones 280 mil pesos, Chilapa 10 millones de pesos, Chilpancingo 6 millones 294 mil pesos, Iguala 5 millones 52 mil pesos y Taxco 5 millones.

Taxco

En el Informe General de la Cuenta Pública 2015, consultado en la página de internet de la ASF señala que como resultado de la revisión encontró que “el municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, no proporcionó la documentación justificativa y comprobatoria del gasto de 5 millones de pesos”.
En el caso de Acapulco hizo siete adjudicaciones directas para la compra de uniformes y equipo para la policía municipal sin justificar los criterios en los que se fundamentó esa decisión.
En el caso de Chilpancingo la ASF estima recuperaciones probables por 700 mil pesos, y en Chilapa por 750 mil pesos.
En el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 publicado en la página de internet de la ASF “presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 5 millones de pesos por no acreditar el uso del dinero para el fortalecimiento de cuatro programas de seguridad pública.
Los programas de los que el gobierno de Taxco no presentó la documentación comprobatoria son Prevención Social del Delito con Participación Ciudadana, Fortalecimiento de las Evaluaciones de Control de Confianza, Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública, Red Nacional de Telecomunicaciones y Sistema Nacional de Información”.
“La Auditoría Superior de la Federación se abstiene de emitir opinión respecto de la revisión, toda vez que el municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, no proporcionó la información que le fue requerida para efectuar esta auditoría, lo cual se sustenta en el Acta Administrativa Circunstanciada de Auditoría con número 003/CP2015, del 30 de agosto de 2016”.
El alcalde de Taxco en el período 2012-2015 fue Salomón Majul González y en septiembre de ese año asumió el cargo su primo Omar Jalil Flores Majul por el periodo 2015-2018, ambos priistas.

Chilapa

En cuanto a Chilapa, la ASF observó que el gobierno municipal “abrió más de una cuenta bancaria donde se recibieron y administraron los recursos e intereses del SUBSEMUN 2015, las cuales no se consideran como cuentas específicas, ya que se genera opacidad en el manejo de los recursos del subsidio”.
La ASF encontró que el gobierno municipal no presentó la documentación comprobatoria de los conceptos de Evaluaciones de Control de Confianza, Evaluación del Desempeño, Evaluación de habilidades, destrezas y conocimientos generales, Formación de Mandos, y Herramientas de Seguimiento y Control del Servicio Profesional de Carrera Policial, todo por valor de 752 mil pesos. También tuvo un subejercicio por 681 mil 600 pesos.
La Auditoría emitió dos recomendaciones, seis promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y una observación.
El alcalde de Chilapa en el periodo 2012-2015 fue el priista Francisco Javier García González, y en septiembre de 2015 entró en funciones el también priista Jesús Parra García por el trienio 2015-2018.

Chilpancingo

En Chilpancingo la Auditoría señala como recuperaciones probables 700 mil pesos por la compra de uniformes para los policías. Una factura tiene fecha de 26 de febrero de 2016, por la adquisición de uniformes, la cual no ampara las erogaciones realizadas en 2015, “por lo que existe un monto pendiente de comprobar por cien mil pesos.
También hay un contrato por 600 mil pesos para la compra de uniformes consistentes en camisola, chamarra, pantalón, gorra tipo beisbolera o kepis, calzado y fornitura de piel, la cual se pago mediante una transferencia que se hizo a la cuenta del Fortamun y el gobierno de Chilpancingo no acreditó que la adquisición de uniformes corresponde al presupuesto de SUBSEMUN.
Entre las observaciones de la ASF es que en 2015 el municipio de Chilpancingo no invirtió en el Fortalecimiento de las capacidades de Evaluación de Control de Confianza en su policía, que en ese año tenía 115 agentes, ni en prevención social del delito, donde era una obligación destinar el 20 por ciento del total del dinero del SUBSEMMUN ejercido.
Como resultado de la fiscalización la ASF emitió dos recomendaciones, ocho promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y dos pliegos de
observaciones.
El alcalde de Chilpancingo por el periodo 2012-2015 fue el priista Mario Moreno Arcos. En septiembre de ese año asumió el cargo Marco Antonio Leyva Mena por el trienio 2015-2018.

Iguala

Entre las observaciones de la ASF es que en 2015 el gobierno de Iguala no invirtió en su policía en el Fortalecimiento de las capacidades de Evaluación de Control de Confianza.
“No puso a disposición de los elementos de seguridad pública las adquisiciones realizadas con los recursos del SUBSEMUN 2015, referente a 10 bastones policiales, 30 esposas, 30 linternas, 30 gases lacrimógenos y 50 chalecos balísticos nivel III-A”.
Compró con dinero del SUBSEMUN tres vehículos Sedan, los cuales en la fecha de la auditoría se constató que no operan y no cuentan con el equipamiento, conforme al catálogo de bienes y servicios, ni con el balizamiento, conforme al manual de identidad.
También encontró que el gobierno municipal no asignó al área de seguridad pública 24 computadoras de escritorio, ocho impresoras, cinco licencias antivirus, diez software office y 24 UPS.
“Adquirió con recursos del SUBSEMUN, 40 equipos de cómputo y 160 mesas de trabajo, por un importe de un millón 21 mil pesos, para el proyecto Violencia Escolar, de los cuales, las mesas de trabajo no operan, se encuentran desarmadas y en almacén; asimismo, el equipo de cómputo no funciona correctamente”.
De una adquisición de 300 libros del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial al personal de Seguridad Pública sólo entregó 97.
Derivado de la auditoría la ASF emitió dos recomendaciones y tres promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.
El alcalde de Iguala en período noviembre 2014-septiembre 2015 fue Silvano Mendiola Pérez. En septiembre de 2015 asumió el cargo el priista Esteban Albarrán Mendoza, quien en octubre de 2016 dejó la alcaldía para irse al Senado en sustitución de René Juárez Cisneros, quien fue nombrado subsecretario de Gobernación. El actual alcalde de Iguala es Herón Delgado .
Mendiola Pérez asumió el cargo luego de que el suplente de José Luis Abarca Velázquez, Luis Mazón Alonso pidiera licencia. José Luis Abarca quien actualmente está preso en una cárcel federal en Tamaulipas, abandonó la alcaldía después de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos en la que participaron policías municipales de Iguala y Huitzuco.

Acapulco

Acapulco tuvo observaciones por asignaciones directas.
Entre las observaciones de la ASF es que en 2015 el municipio de Acapulco no invirtió en el Fortalecimiento de las capacidades de Evaluación de Control de Confianza en su policía, que en ese año tenía mil 901 agentes.
Otras observaciones fueron adjudicación directa en la compra de equipo y uniformes para policías, en prestación de servicios profesionales para el programa Violencia Escolar y expedientes incompletos en cursos de capacitación.
El gobierno municipal , adjudicó directamente la prestación de servicios profesionales para el programa Violencia Escolar por 6 millones 272 mil pesos y prestación de servicios profesionales para el programa Mediación Comunitaria por 2 millones 120 mil pesos, en ambos casos no proporcionó la fianza de vicios ocultos por la contratación de servicios profesionales de los programas Violencia Escolar y Mediación Comunitaria.
Otra adjudicación directa fue la compra de 30 motocicletas y 6 cuatrimotos por 5 millones 669 mil 900 pesos; 12 camionetas RAM por 6 millones 240 mil pesos.
Otra compra sin licitación fue la adquisición de 250 chalecos balísticos Nivel III-A por 2 millones 389 mil 600 pesos que no contaron con los logotipos y estampados de la policía municipal; la compra de mil 300 camisolas manga corta, mil 300 pantalones tácticos, mil 300 botas tácticas, mil 300 gorras tipo beisbolera y 130 cascos por un importe de 4 millones 21 mil 800 pesos; 12 equipos terminales y 16 equipos de radios móviles por un millón 174 mil cien pesos “los cuales no operan y no cumplen la función para la cual fueron adquiridos”.
En todos los casos de adjudicación directa, la ASF señaló que el gobierno municipal “no acreditó los criterios ni la justificación en la que se fundamentó la adjudicación; tampoco se indicó el nombre de la persona propuesta para la adjudicación, acompañada del estudio de mercado correspondiente; y las cotizaciones solicitadas no se obtuvieron en los treinta días previos a la adjudicación; además, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, validó esta adjudicación sin considerar los montos máximos indicados en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Por estas faltas la ASF integró carpetas de investigación.
Otra de las anomalías encontradas por la ASF es que el gobierno municipal adquirió una herramienta de seguimiento y control del Servicio Profesional de Carrera Policial que se integró por una cámara web, un lector de huella, una licencia de uso de software, dos multifuncionales, dos computadoras, un teclado, un mouse y un cargador por 250 mil pesos para el programa Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública, pero a la fecha de la Auditoría “el software se encuentra sin operar y sin cumplir la función para el cual fue adquirido”.
Entre los expedientes incompletos que presentó el gobierno municipal a la Auditoría están la capacitación de 150 agentes en el Nuevo Sistema de Justicia Penal ni evidencia documental del programa de Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública para 50 policías en Activo, ni del curso formación inicial para 70 aspirantes a policías. Las comprobaciones del gobierno municipal las hizo durante el transcurso de la auditoría.
El alcalde de Acapulco en 2015 fue Luis Uruñuela Fey de Movimiento Ciudadano y en septiembre de ese año asumió el cargo el perredista Evodio Velázquez Aguirre por el trienio 2015-2018.

Mil 818 asesinatos de enero a octubre, 358 más que en 2015; sube 24.5 por ciento

En los primeros 10 meses del año han ocurrido mil 818 asesinatos en el estado, en los que aparentemente participó el crimen organizado, 358 más que en el mismo periodo de 2015 lo que representa un 24.5 por ciento de incremento.
En octubre de este año se registraron 162 ejecuciones, 18 más que en septiembre que tuvo 144 homicidios según un recuento de lo publicado en El Sur, lo que representa un incremento de 12.5 por ciento ese mes.
El 24 de octubre hubo un enfrentamiento entre civiles armados del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) y la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero en Tlayolapa, municipio de Juan R. Escudero, que dejó siete muertos, pero esos no se consideran en este recuento porque no hay indicios de que participara el crimen organizado, como sí ocurre en los otros casos.
El 3 de octubre en una actividad en Tixtla el gobernador Héctor Astudillo Flores reiteró que el índice de homicidios dolosos en el estado disminuyó en septiembre en un 40 por ciento en Acapulco y 32 por ciento en el resto de la entidad.
El mes pasado en Acapulco aumentaron los asesinatos, sumaron 70, el 44 por ciento del total en el estado y fueron ocho más que en septiembre cuando hubo 62, es decir, en el último mes aumentaron un 11 por ciento.
En los 31 días de octubre de las 162 víctimas cinco fueron mujeres. Sin contar Acapulco en el conteo hubo 18 jóvenes entre 18 y 26 años, una niña de 14 que fue secuestrada y después hallada cerca de la comunidad de Iyotla en Leonardo Bravo (Chichihualco). Las edades de las demás víctimas oscilan entre 30 y 60 años.
La mayoría de los homicidios fueron a balazos, le siguen los asesinados con arma blanca, lapidados, a golpes y desmembrados. En algunos casos les dejaron narcomensajes.
Las regiones en las que se cometieron más ejecuciones son Acapulco, Centro, Costa Grande, Norte y la Montaña.
Los municipios en los que se cometieron más hechos de violencia fueron Chilpancingo con 25 muertes, Coyuca de Benítez con 11, Zihuatanejo con siete, Iguala y Atoyac de Álvarez con cinco, Chilapa de Álvarez con cuatro, Eduardo Neri (Zumpango) con tres, en San Marcos, Buenavista de Cuéllar, Atenango del Río, Ometepec, Tixtla, Petatlán, Huitzuco y Pilcaya se registraron dos, en Tecpan de Galeana, Leonardo Bravo, Marquelia, Telolopan, Cruz Grande, Zitlala, Metlatónoc, La Unión, San Luis Acatlán, Copala, Ayutla de los Libres, Cuetzala del Progreso, Tlapa, Tepecoacuilco y Tlacoapa hubo uno.
Entre las víctimas están un trabajador de una empresa de Tecpan, un campesino, el ex secretario particular del ex diputado PRD Miguel Cantorán, el director de asuntos indígenas de Chilapa Apolinar García Palatzin y el comisario Zizicazapa en Chilapa Bartolo García Tlalamolteco, el chofer del secretario de Finanzas de Chilapa Edgar Salmerón, un líder priista en Metlatónoc, la doctora del IMSS Adela Rivas Obé, dos presuntos asaltantes de Oxxos en Chilpancingo, y un policía ciudadano de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).
Además un ingeniero, un comandante del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) y chofer de Petaquillas, Julio Alarcón Astudillo, dos taxistas, un carnicero, el ex secretario particular del alcalde del PRI Javier Escobar, dos hermanos, dos choferes de la ruta a Chilapa, tres albañiles, un mecánico, un pasajero de un taxi, el director de Tránsito de Cocula Luis Alberto Bahena Mora, un trabajador del Ayuntamiento de Acapulco, un maestro de primaria, un comerciante, dos estudiantes de Telebachillerato en Ometepec y un indígena me’phaa.

La violencia en 30 municipios

El 1 de octubre un joven de 26 años fue asesinado a balazos cuando viajaba en una camioneta Urvan del transporte público en Tecpan. Al siguiente día dos hombres fueron asesinados a balazos dentro de un vehículo en Alto Ventura, municipio de San Marcos en la Costa Chica.
El 4 de octubre el ex secretario particular del ex diputado local perredista Miguel Cantorán Gatica, Manuel Pérez Lazca fue ejecutado a balazos a unas cuadras del Zócalo de Chilapa.
La tarde del mismo día los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, Jonathan Morales Hernández y Filimón Tacuba Castro, y el trabajador del Instituto Estatal de Educación para Jóvenes y Adultos (IEEJAG), Juventino Carranca Tejacal fueron asesinados en el viejo libramiento a Tixtla en un supuesto asalto. Los presuntos asaltantes al huir asesinaron a balazos al chofer de la Urvan de la ruta Reforma-Mercado, Marco Antonio Organista Lorenzo en la colonia Ampliación Revolución en la capital. Los cinco delincuentes fueron detenidos por agentes de la Fiscalía General del Estado.
Dos días después el director de Asuntos Indígenas del Ayuntamiento de Chilapa, Apolinar García de 29 años y su tío el comisario de la comunidad de Zizicazapa, Bartolo García Tlalamolteco de 43 años fueron torturados y asesinados con arma punzocortante.
Los cadáveres fueron encontrados la mañana de este miércoles en la carretera de El Limón a Refugio en el lugar conocido como La Pila, en Chilapa. A un lado de los cuerpos había un narcomensaje.
El día 7 de ese mes el chofer del secretario de Finanzas de Chilapa, Israel Salmerón fue ejecutado y encontrado en la orilla del nuevo libramiento a Tixtla, a un kilómetro de la caseta de cobro.
El 11 de octubre el cuerpo de la doctora del IMSS Adela Rivas Obé, desaparecida el 22 de septiembre, fue encontrada en un barranco de la playa La Majahua en Zihuatanejo.
Después de tres días un ingeniero topógrafo de unos 30 años fue ejecutado a balazos en el negocio Pizza Bar La U en la plaza Las Palmas cerca del Congreso del Estado en Chilpancingo.
El domingo 17 de octubre vecinos e integrantes del FUSDEG de Petaquillas y El Ocotito, municipio de Chilpancingo, y de Tierra Colorada, cabecera municipal de Juan R. Escudero, bloquearon más de seis horas en estos tres sitios la carretera federal Chilpancingo-Acapulco para exigir el esclarecimiento del asesinato del comandante y chofer de Petaquillas Julio Alarcón Astudillo quien fue asesinado dentro de su Urvan en el estacionamiento del mercado San Francisco en la capital.
El 18 hombres armados ejecutaron a balazos a dos vecinos de la cabecera municipal de Huitzuco, y el cuerpo de un hombre con el tiro de gracia en la cabeza fue hallado en la entrada de la comunidad de San Vicente Palapa, municipio de Tepecoacuilco.
El 19 de octubre cuatro hombres fueron encontrados asesinados en dos hechos distintos. En las inmediaciones del poblado de Atoyaquillo en la sierra de Coyuca de Benítez hallaron a tres víctimas que habían sido levantadas en Aguas Blancas, entre ellas al ex secretario particular del alcalde priista Javier Escobar Parra, Gabino Ramos Flores.
Hace 12 días dos choferes del transporte público de la ruta Chilapa-Chilpancingo fueron ejecutados a balazos en la cabeza a un lado del parque Margarita Maza de Juárez en la capital.
En un enfrentamiento a balazos entre la Policía Estatal y civiles armados hace ocho días hubo tres hombres muertos y uno herido en la gasolinera cerca del entronque al aeropuerto de Zihuatanejo.
El 27 de octubre dos hermanos fueron ejecutados con el tiro de gracia y hallados en una brecha de terracería en la cabecera municipal de Atenango del Río.
Un día después hombres armados entraron, mataron a un estudiante e hirieron a dos más en el Telebachillerato Comunitario 82, de la comunidad Las Iguanas, Ometepec, luego murió uno de los heridos.
Hace cinco días el director de Tránsito Municipal de Cocula, Luis Alberto Bahena Mora de 40 años, fue hallado asesinado en la carretera Iguala-Cocula, en la comunidad de Mextitlán, Teloloapan, con huellas de tortura y un narcomensaje clavado en el pecho con un picahielos, en el que advirtieron al ex alcalde Ulises Ramírez Crespo que no asumiera el cargo.
El último día de octubre en Chilpancingo dos hombres fueron ejecutados a balazos en distintos hechos, uno era chofer de una Urvan de transporte público.

En Acapulco 70 asesinatos

En Acapulco en octubre ocurrieron 70 homicidios, ocho más que en septiembre cuando hubo 62, lo que es un aumento de 11 por ciento y en lo que va del año suman 844 en el municipio.
Según las notas publicadas en El Sur el mes pasado de las 71 muertes en las que presuntamente estuvo involucrada la delincuencia organizada, 10 fueron mujeres.
Entre las víctimas están tres tortilleros, un trabajador administrativo de una escuela, un teniente de corneta, una vendedora de jugos, cuatro taxistas, un jardinero, un cobrador de cuotas, un mecánico, un arquitecto, un abogado, un policía municipal, dos comerciantes, una trabajadora de pastelería y un estudiante de enfermería, un taquero, un carnicero, la dueña de un autolavado, una secretaria de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), un vendedor de chicles y dos militares.
En algunos de los casos fueron desmembrados y dejados con narcomensajes, degollados, torturados a golpes y otros ejecutados a balazos.
Las colonias donde ocurrieron los hechos de violencia son Alianza Popular, Clemencia Figueroa, Andrés de Urdaneta, Costa Azul, Renacimiento, Bella Vista, Unidos por Guerrero, Loma Bonita, Industrial, Ampliación Miguel de la Madrid, Zapata, Cumbres de Figueroa, Ampliación Villa Madero, Fraccionamiento Magallanes y Las Parotas.
El 6 de octubre tres personas fueron asesinadas a balazos en distintos hechos, entre ellas una vendedora de jugos en el fraccionamiento Costa Azul.
Después de cuatro días un taxista y su pasajero fueron asesinados a balazos en la colonia Unidos por Guerrero y esa noche otro hombre fue ejecutado en la calzada conocida como carretera federal Acapulco-México, en el punto conocido como la Y Griega.
El día 12 del mes pasado dos hombres fueron asesinados, otro fue desmembrado, y hubo un ataque a balazos contra la fachada de la Coordinación de la Policía Ministerial en la colonia La Laja.
Asimismo dos hombres fueron ejecutados a balazos la noche de ese día luego que fueron sacados de su casa en la colonia Industrial, cerca de Paso Limonero.
Hace 17 días tres cuerpos, una mujer y dos hombres, fueron exhumados de una fosa clandestina en la colonia Ampliación Miguel de la Madrid en la parte alta de Las Cruces. Además una cabeza y el brazo de una persona fueron hallados afuera de un negocio de comida en la avenida Ruiz Cortines en la colonia Quebradora, tenían un narcomensaje.
El 22 de octubre siete personas fueron asesinadas a balazos en distintos hechos en Acapulco, entre ellos un policía municipal acribillado frente a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública y dos trabajadores de la pastelería Charlotte, en el fraccionamiento Magallanes, una era mujer estudiante de enfermería quien trabajaba para sostener sus estudios.
El domingo una pareja fue asesinada a balazos y se hallaron dos cuerpos envueltos en sábanas debajo del puente de la Vía Rápida.
Un joven fue asesinado a golpes dentro de su vivienda en el fraccionamiento Las Playas, mientras que otro, muerto a pedradas, quedó abajo del puente de la Vía Rápida. Mientras que los dos militares levantados el sábado en el Mercado Central fueron localizado el domingo envueltos en sabanas en Acapulco.

Aumentaron 25.6% los homicidios este año respecto de 2015; suman 871 en cinco meses

En mayo en Guerrero ocurrieron 179 homicidios con características de los crímenes de la delincuencia organizada, casos que en los cinco meses que van del año suman 871 asesinatos, 178 más que en el 2015, lo que representa un aumento del 25.6 por ciento.
De acuerdo con un recuento de la información publicada en El Sur, en el mes pasado 81 ejecuciones ocurrieron en Acapulco, que tiene el 45.2 por ciento del total del estado, y 98 en otros 25 municipios de la entidad.
En los 31 días de mayo hubo 14 asesinatos más que en los 30 días de abril de este año en los que ocurrieron 165 asesinatos, lo que significa un aumento del 8. 4 por ciento.
De las 96 muertes que ocurrieron en los 25 municipios en mayo, sin contar Acapulco, 10 fueron mujeres. Las regiones en las que ocurrieron más asesinatos fueron la Norte, Centro y la Costa Grande.
Los municipios con mayor número de homicidios en este mes son Iguala con 22, Chilpancingo con 20, Zihuatanejo con 11, Heliodoro Castillo (Tlacotepec) con seis, Cocula con cuatro, Buenavista, La Unión, Tepecoacuilco y Zirándaro con tres, Atoyac, Ayutla de los Libres, Chilapa, Tlapa, San Luis Acatlán, Coyuca de Benítez y Taxco con dos, San Jerónimo, Tecpan, Teloloapan, Huitzuco, Cutzamala de Pinzón, Ahuehuepan, Ciudad Altamirano, Tixtla y Apaxtla de Castrejón tuvieron uno.
Las víctimas fueron ejecutadas a balazos, golpes, con navaja, machete, piedras, degolladas y un hombre fue desmembrado y depositado en bolsas negras. En algunos casos les dejaron narcomensajes.
En el recuento se contaron 17 jóvenes de entre 20 y 30 años,  dos menores de edad, uno de 11 y otro de 14 años y las demás víctimas tenían entre 30 y 80 años.
Entre las víctimas hay una policía municipal, un músico, siete taxistas, la trabajadora de una fonda, un líder transportista y su esposa, un trabajador de la Coca-Cola, dos estudiantes, cuatro campesinos, el jefe de seguridad de un bar, dos albañiles, un líder transportista de la COSTEG, un ex agente ministerial, una comerciante de oro, un urbanero, una policía estatal y un hombre con su hijo.
Además un trabajador de Bodega Aurrera, un guardia de seguridad del Instituto Tecnológico de Zihuatanejo, dos choferes de Urvan, un trabajador del Instituto Nacional Electoral (INE),  el dueño de un taller de reparación de celulares, un médico, un joyero, un comandante del Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), un comerciante y una empresaria.

La violencia en 25 municipios

El 3 de mayo una mujer policía municipal de Tecpan fue asesinada a balazos por su pareja adentro de su casa. El sospechoso es agente activo de la Policía Federal (PF) del sector caminos.
Un día después dos taxistas asesinados fueron encontrados en Ayutla y un feto en San Luis Acatlán. Uno de los choferes fue reportado desaparecido a la Policía Ciudadana de la UPOEG.
El 5 de  mayo dos jóvenes ejecutados a balazos y con huellas de tortura fueron encontrados en un camino de terracería de la comunidad de Tecuescontitlán, municipio de Tepecoacuilco.
La noche de ese día hombres armados ejecutaron a balazos al líder de la Unión de Transportistas Democráticos (UTD) y ex dirigente de la Coordinadora del Transporte Organizado de la Zona Norte, Victórico Martínez López, en el estacionamiento de su casa en la calle Altamirano frente al mercado municipal en Iguala, también mataron a su esposa que lo esperaba en su automóvil.
Al siguiente día dos jóvenes  ejecutados a balazos, atados de las manos y con los ojos vendados fueron encontrados en el encauzamiento del río Huacapa, cerca del restaurante Señorial y del Congreso local en la capital. A un lado de los cuerpos había dos narcomensajes.
El 9 de mayo en la región Tierra Caliente tres hombres murieron en un enfrentamiento que ocurrió entre civiles armados y policías federales, en la comunidad  El Bajío y Cupuán, en la sierra de Zirándaro de Los Chávez.
Después de nueve días tres hombres ejecutados a balazos y con huellas de tortura fueron hallados en la orilla de la carretera Zihuatanejo-Lázaro Cárdenas, en El Mirador, en Zihuatanejo.
El 19 de mayo en hechos distintos fueron localizados los cuerpos de dos hombres ejecutados en Iguala, uno estaba desmembrado. Uno es un joven de 22 años que fue hallado ejecutado a balazos, con huellas de tortura y las manos atadas a la espalda en un camino de terracería de la colonia California, al sur de la ciudad.
En otro hecho ese día fue hallado un cuerpo desmembrado de un hombre adentro de dos bolsas negras, en un canal de riego de la colonia Juan Álvarez de Iguala.
El día 22 ocurrió un enfrentamiento a balazos entre policías estatales y presuntos delincuentes que dejó dos muertos, entre ellos una policía del estado, cuando revisaba una Urvan del  servicio público de Chilapa  en la carretera en el crucero a Atliaca, en Tixtla.
Tres días después una mujer y un hombre fueron ejecutados a balazos en distintos hechos en Zihuatanejo. Un caso ocurrió cuando una guardia de seguridad del Instituto Tecnológico de Zihuatanejo fue sacada de su casa y ejecutada a balazos en la vía pública, en la colonia Las Pozas de ese municipio.
El 27 de mayo los cuerpos de tres jóvenes ejecutados a balazos y con huellas de tortura fueron hallados cerca de la autopista Siglo XXI Morelia-Lázaro Cárdenas, en una brecha que comunica con Agua Zarca, municipio de La Unión. A un lado de los cuerpos había una narcomanta.
La tarde del sábado dos campesinos y un niño de 11 años fueron fusilados en la carretera Chilpancingo-La Cieneguita, a la altura de la colonia Santo Domingo al norte de Chilpancingo.
Un menor de 14 años, un comandante de la recién creada Policía Ciudadana, su hijo y dos de sus sobrinos fueron emboscados y ejecutados el 24 de mayo en el Crucero del Jilguero, entre las comunidades de Los Bajos y Vuelta del Sur, del municipio de Heliodoro Castillo (Tlacotepec).
La mañana del lunes la conocida empresaria restaurantera y también dedicada a la venta de bienes raíces, María de Lourdes Maldonado de la Cruz fue ejecutada en la calle Gonzalo N. Ramírez de la colonia Tribuna Nacional de Chilpancingo, a unos 100 metros de la casa del gobernador Héctor Astudillo Flores.

81 homicidios en Acapulco

La violencia en mayo en Acapulco cerró con 81 homicidios: 24 asesinatos menos que el año pasado en el mismo mes y 20 menos que en abril donde se contabilizaron 101 víctimas, según un recuento de lo publicado en El Sur.
Las zonas con el mayor número de homicidios fueron la colonia Ciudad Renacimiento con 11, la Primero de Mayo (parte alta de La Cima) con cuatro, y el fraccionamiento Las Playas con tres.
Con 81 muertos en mayo se dio un promedio de 2.7 homicidios dolosos al día. Entre las víctimas se contabilizaron 66 hombres y 8 mujeres,  de los cuales 54 fueron identificados por sus familiares.
Entre las víctimas están seis taxistas, siete comerciantes, dos choferes de camiones urbanos, cuatro trabajadores de tortillerías, cuatro meseros, dos mecánicos, un repartidor de pizzas, un trabajador del restaurante 100% Natural y un estudiante de preparatoria de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG).
Además de un asesor inmobiliario, una empleada doméstica, un abogado, un policía auxiliar comisionado como escolta, un cargador de la central de abasto, un trabajador del IMSS, un chofer de camioneta de la ruta alimentadora de San Agustín, un albañil y un trabajador de lavandería.
Según el recuento de este diario, en enero se contabilizaron 70 homicidios, en febrero 73, en marzo 98 y en abril 101.
En mayo se registraron 81 homicidios, 24 menos que año pasado en el mismo mes en el que hubo 105.
Respecto a las edades de las víctimas, entre 14 a 24 años hubo 21 asesinados, de 25 a 34 hubo 14, de 35 a 44 fueron 15, de 45 a 54 años se contabilizaron dos homicidios. En el rango de edad de 55 a 64 años y de 65 a 74 hubo un muerto por cada uno.
En la colonia La Mira y en la unidad habitacional se contabilizaron dos asesinatos. El resto de los homicidios ocurrieron en las colonias La Mira, La Laja, Llano Largo, La Quebradora, La Garita, la céntrica Progreso y Loma Bonita.
Asimismo las colonias Emiliano Zapata, Alborada, Seis de Enero, Coloso, playa Icacos, Costa Azul, el fraccionamiento Hornos, José López Portillo y los poblados de El Quemado, Tres Palos, La Venta y San Isidro. También hubo uno en Sinfonía del Mar, en la zona turística del puerto.
En lo que va del año en Acapulco se han contabilizado 423 homicidios en los que presuntamente estuvo involucrada la delincuencia organizada.

Visita Leyva el plantón de la CETEG en el Zócalo capitalino; no tienen nada que dialogar, dice Antonia

 

El alcalde de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena informó que se reunió con integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), para liberar el acceso principal del Palacio municipal que permanece cerrado ante el plantón del magisterio en la plaza cívica Primer Congreso de Anáhuac.
Sin embargo, sobre la visita del alcalde al plantón de los maestros, la líder Antonia Morales Vélez dijo que el presidente municipal fue a “saludar” a los representantes de la CETEG opositora que sostenían una reunión en una de las carpas del campamento; sin embargo, no abundó en los detalles del encuentro y aseguró que la organización “no tienen nada” que dialogar con el presidente municipal.
En cuanto a la violencia suscitada en Chilpancingo, Leyva Mena refirió que es a causa de la disputa que mantienen grupos del crimen organizado por el control de los territorios que producen amapola cercanos a la capital del estado, “y estos efectos nos están llegando”.
El alcalde acudió al mediodía de este sábado a la clausura de la Expo Jornada de Emprendedores 2016, a cabo a un costado del kiosco central de Chilpancingo, y a la que también asistieron el secretario de Desarrollo Social (Sedesol) municipal, Guillermo Reyes Videla, y el director de Gobernación municipal, José Luis Sagahon Figueroa.
Consultado al término del acto protocolario, el alcalde expuso que tuvo un acercamiento con una comisión de la CETEG, con la que avanzó en el diálogo sobre asuntos “de cohabitación general entre todos”.
Leyva Mena explicó que en la reunión en el plantón que encabeza la dirigente magisterial Antonia Morales, la comisión de maestros fue receptiva, “ellos consultarán nuestra petición y otros temas”, dijo sin especificar cuáles temas, lo que luego fue desmentido por la líder de la CETEG.
El pasado domingo durante la conmemoración del 90 aniversario del natalicio de Alejandro Cervantes Delgado, el gobernador Héctor Astudillo Flores manifestó que “urgía” recuperar la plaza cívica Primer Congreso de Anáhuac, que desde el 8 de octubre de 2014 está ocupada por la CETEG y otras organizaciones que exigen la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.
A pregunta expresa sobre el avance en la negociación para liberar la plaza cívica, Leyva Mena expuso que las exigencias de las organizaciones son temas de agenda nacional, que incluye la abrogación de la reforma educativa y la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Subrayó que estos asuntos no le competen al municipio, “y (en) los temas que nos corresponden seguramente vamos a avanzar”, dijo.

La inseguridad se debe a la cercanía con las zonas productoras de amapola, dice

A Leyva Mena se le consultó sobre el informe del Gabinete de Comunicación Estratégica, Las ciudades más habitables de México, 2015, que por segundo año consecutivo pone a Chilpancingo, de acuerdo con sus habitantes, como la peor ciudad del país para vivir de entre 55 centro urbanos, principalmente a causa de la inseguridad.
“Yo quiero decir que el asunto de la seguridad Pública no es un asunto fácil; coincido con el gobernador cuando de pronto solicitamos protección en diversas ciudades y en esas ciudades se calma (la violencia), pero se salta para otro municipio; yo lo que creo es que el trabajo de fondo lo debemos hacer junto con la sociedad”, expuso.
Añadió que por la coyuntura no puede mover la estrategia de seguridad en Chilpancingo, ya que el objetivo principal es crear un gobierno municipal con participación ciudadana en asuntos de seguridad, “todo el asunto de inversión pública debe de estar sustentada y dirigida para disminuir la delincuencia”, subrayó.
Aunque reconoció que Chilpancingo continúa siendo una ciudad insegura, “el nivel de inseguridad no es para que armemos a toda la ciudad y los ciudadanos estemos en un proceso de pánico; la sociedad en su conjunto debe acercarse a la autoridad y juntos emprender programas encaminados para reducir los delitos”.
“México produce el 60 por ciento de la amapola en el mundo, y del 45 por ciento estamos a una hora… Estados Unidos en materia de la amapola y sus derivados contrae una gran demanda, y ésta es también para los territorios que producen este producto”, dijo.
Y siguió, “las organizaciones criminales están peleando esa zona de producción y los efectos están siendo aquí, en Chilpancingo”.
Sobre la declaración del fiscal general Xavier Olea Peláez durante la reunión del gabinete federal en Chilapa, donde aseguró que al menos 50 grupos criminales son los que operan en el estado, Leyva Mena detalló que desconoce el número de las bandas que operan en Chilpancingo.
Y reconoció que sí hay bandas establecidas en la capital, “aunque la liberación de secuestrados y la llegada de 3 mil elementos del Ejército es un símbolo de que la autoridad está viendo este tema, y también con la colocación de las 25 alarmas vecinales sobre toda la ciudad”.

Suman 265 ejecuciones en 2015 en la zona Norte, 145 de éstas en Iguala; 35 víctimas fueron mujeres

En el 2015 se registraron 265 ejecuciones en la zona Norte, 35 de las víctimas fueron mujeres y seis menores de edad, 145 de ellas, el 54.7 por ciento, ocurrieron en Iguala, seguido de los municipios de Teloloapan con 35, el 13.2 por ciento, Taxco y Tepecoacuilco con 13, el 4.9 por ciento y Huitzuco con 12, el 4.5 por ciento.
En el resto de los municipios hubo menos de 10 asesinatos en el año, en Ixcateopan y Pedro Ascencio de Alquisiras (Ixcapuzalco) se registraron ocho ejecuciones, en el primero dos fueron mujeres; en Cocula, Buenavista y Atenango hubo seis, en Tetipac cuatro, en Copalillo y Pilcaya tres, y en Apaxtla, Canuto Neri (Acapetlahuaya) y Cuetzala sólo uno, este último fue una mujer calcinada.
Según los registros de El Sur, con base en la cobertura que se hizo durante 2015, en Iguala los meses con mayor violencia fueron febrero, donde hubo 22 ejecuciones, octubre 19, marzo con 18 y julio con 17.
En Iguala, a pesar de la presencia de la Policía Federal, estatal y de soldados del 41 y 27 Batallón de Infantería, se registraron 145 ejecuciones, lo que representa el 54.7 por ciento del total, 18 de las víctimas fueron mujeres, seis menores de edad, un policía municipal, 13 taxistas, y durante los ataques resultaron heridas de bala 48 personas, mientras que otras 30 fueron levantadas por hombres armados. Además se tiene registrada la muerte accidental de un soldado durante una operación, y de un policía federal, quien fue asesinado de un disparo en la cabeza.
En enero en Iguala hubo siete ejecutados y cinco heridos, en febrero 22 ejecutados, tres de ellas mujeres, así como cuatro heridos, en marzo 18 asesinatos, dos de ellas mujeres, y cuatro heridos, en abril 12, y de ellas dos mujeres, y en mayo y junio, que fueron los meses con menos hechos violentos se registraron tres y dos ejecutados, y seis heridos en junio.
En julio la violencia repuntó con 17 ejecuciones, dos de las víctimas mujeres, siete heridos y cuatro levantados, en agosto hubo 11 ejecutados, dos fueron mujeres, en septiembre sólo seis, dos de ellas mujeres, para octubre la violencia repuntó y se registraron 19 ejecutados, ocho heridos y cinco levantados, en noviembre 12 hombres ejecutados y cuatro heridos, y pare el cierre de año, en diciembre se registraron 16 asesinatos, cuatro de ellas mujeres y cuatro heridos en los diferentes ataques.
El 13 de febrero un hombre armado ejecutó de dos disparos, uno de ellos en la cabeza, a Norma Angélica Bruno Román, de 25 años, quien  participaba en el comité de familiares de víctimas de desaparición forzada Los Otros Desaparecidos de Iguala, grupo al que se unió para buscar a su prima Ivett Melisa Flores Román, desaparecida el 2 de marzo de 2013 por un grupo armado.
El 25 de febrero, hombres armados asesinaron a balazos en hechos diferentes, al comisariado ejidal de Iguala, Emilio Rabadán Román en la puerta de su domicilio en la calle Pineda del centro de la ciudad, y de forma simultánea, a las 6:45 de la mañana también fue atacado a balazos el ex comisariado de ese mismo ejido y ex regidor del PRD, Gerardo Román Chávez, quien murió cuando llegó al hospital general.
Ese mismo día, hombres armados a bordo de motocicletas atacaron por la noche el autolavado Los Peques, y asesinaron a el ex funcionario municipal del PRI, Luis Acosta Beltrán, quien había llevado a lavar su vehículo, y dejaron herido a un joven empleado del negocio.
Ese mismo mes, entre el 25 y el 27 de febrero hubo 14 ejecuciones, entre ellas la del policía municipal Juan Varela, además el teniente del 27 Batallón de Infantería, Bruno Hernández murió cuando cayó de una patrulla y se golpeó la cabeza durante un operativo.
El 3 de marzo, cinco personas fueron ejecutadas en la ciudad, un taxista y cuatro integrantes de una misma familia, a quienes hombres armados asesinaron en su domicilio de la colonia Educación, a solo tres cuadras del centro de la ciudad.
El 6 de marzo, el policía federal Roberto Ixtlahuaca Barrientos fue hallado muerto de un disparo en la cabeza en el estacionamiento del hotel Plaza las Fuentes, en el centro de Iguala, donde se hospedaban los agentes federales desde octubre de 2014 que tomaron el control de la seguridad en el municipio luego del caso Ayotzinapa.
El 29 de abril, en un nuevo ataque al autolavado Los peques, un par de hombres armados hirieron a dos lavadores y ejecutaron de varios balazos a un contratista de la empresa minera Media Luna, de Nuevo Balsas, Cocula, el ingeniero Gustavo Alejandro Gómez, de 50 años, de nacionalidad argentina, quien iba acompañado por otra persona que resultó ilesa.
La ola de violencia también alcanzó el proceso electoral de junio, pues el 9 por la noche, hombres armados ejecutaron a balazos al dirigente de la organización social perredista Mártires del Vado de Aguas Blancas y ex secretario general del comité municipal del PRD en Iguala, Francisco López Liborio, quien después se supo que había recibido amenazas para no apoyar a los candidatos de su partido.
El 21 de octubre hombres armados ejecutaron con armas de alto poder a cuatro personas, entre ellas  dos ejidatarios de la comunidad de Carrizalillo, municipio de Eduardo Neri (Zumpango), y dejaron herido de gravedad a otro en la colonia Nuevo Horizonte, al norte de la ciudad.
Y el 26 de noviembre hombres armados atacaron y lesionaron de un balazo en la pierna a un hermano del activista de la Unidad Popular (UP), levantado, torturado y asesinado el 30 de mayo de 2013, durante el gobierno del perredista José Luis Abarca, Félix Rafael Bandera Román, de nombre Cuauhtémoc, a quien le dispararon en la recepción del hotel Cuba, propiedad de su familia, en el centro de la ciudad.
Entre el 24 y 25 de diciembre, para cerrar el año, en una nueva escalada de violencia seis hombres fueron ejecutados en diferentes hechos, uno de ellos fue hallado con las manos atadas, huellas de tortura y un narcomensaje en el que señalan a un líder transportista y a otras personas de tener vínculos con la delincuencia, y en los que se advierte de una “limpia”, en una posible disputa entre grupos rivales de la delincuencia.
La madrugada del 27 de diciembre dos hombres y dos mujeres fueron ejecutados a balazos en una cocina económica de la comunidad de Sabana Grande, municipio de Tepecoacuilco, a la orilla de la carretera federal México-Acapulco, en el tramo Chilpancingo-Iguala.
Y al final del 2015, el 31 de diciembre un hombre fue hallado ejecutado de varios balazos en la cabeza en un lote baldío del bulevar Heroico Colegio Militar, junto a la agencia de automóviles Chevrolet y cerca de las instalaciones del 27 Batallón de Infantería, a quien le dejaron el mismo mensaje de advertencia de una “limpia”, en una aparente disputa de la plaza entre miembros rivales de la delincuencia organizada asentados en Iguala.