El 27 de mayo se sabrá si se suspende la construcción del cuartel de la GN en el Papagayo

Grupo Reforma / Agencia Reforma

Acapulco

Ciudadanos que iniciaron una demanda de amparo contra la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional en el parque Papagayo, obtuvieron una suspensión provisional por parte del Juzgado Tercero de Distrito con sede en este puerto turístico.
“En la audiencia de hoy (lunes) se prorrogó para este martes 16 de abril para que la Sedena entregue la documentación requerida, pero en tanto sigue suspendida la obra”, dijo el presidente de la asociación Soy tu Brother, Ramiro Solorio Almazán.
La audiencia constitucional se hará el próximo 27 de mayo y se va a decidir si se otorga la suspensión definitiva sobre la queja contra la construcción del cuartel militar.
Este lunes, empleados de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) entraron al parque Papagayo para hacer una inspección de los daños ambientales de la flora y fauna que han provocado los trabajos de construcción que ha hecho la Guardia Nacional.
“En Profepa me dijeron que el informe de la inspección que realizaron nos lo van a entregar el próximo jueves”, aseguró Ramiro Solorio.
Hasta antes de que fuera suspendida la obra del cuartel la Sedena, la institución ya había hecho trabajos en un área de más de 600 metros cuadrados en el Papagayo, el cual en 1979 fue declarado por el gobierno estatal como una reserva ecológica, recreativa y turística.
“La Guardia Nacional pretende construir un cuartel en un área de más de una hectárea, pero vamos a dar la lucha para que se frene esa obra en el parque Papagayo que por el huracán Otis tuvo serias afectaciones ambientales”, añadió Solorio Almazán.
“El gobierno en vez de restaurar ambientalmente este pulmón más lo está dañando con un cuartel como otros más que se están construyendo en Acapulco para supuestamente mejorar la seguridad”.
La suspensión provisional de la obra la otorgó a los demandantes del amparo el pasado 8 de abril de este 2024, quienes desde meses antes habían efectuado protestas en el reconocido parque en Acapulco.
Después del huracán Otis, el gobierno federal anunció que para mejorar las condiciones de seguridad en este puerto se van a construir 20 cuarteles de la Guardia Nacional en distintos puntos de este puerto.

 

Permitirán al IEPC recursos aportados del gobierno estatal actividades hasta mayo

Con los 20 millones para la impresión de boletas electorales enviados por el gobierno estatal, y el compromiso de pagar otros documentos y materiales de la jornada electoral, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) redistribuyó el presupuesto aprobado para 2024, que inicialmente alcanzaba para dos meses, y se amplió hasta mayo, informó la presidenta Fabiola Matildes Gama.
Después de dictar una conferencia en el Tribunal Electoral del Estado (TEE) sobre el reciclaje de materiales electorales, aclaró que siguen dialogando con funcionarios estatales sobre la ampliación del presupuesto para la operación y desarrollo del proceso electoral.
En consulta, detalló la entrega de los recursos suministrados por el gobierno del estado al IEPC, entre el miércoles y jueves de esta semana, correspondiente a enero: 15 millones de pesos de financiamiento público ordinario a partidos políticos de las dos quincenas del mes; 20 millones para el pago de las papeletas de la elección del 2 de junio, y una quincena de operación para el IEPC.
Pero falta apartar la impresión de materiales y documentación electoral que se utilizan en la jornada electoral: actas de jornada electoral, actas escrutinio y cómputo, actas de voto anticipado, y el material. “Aunque se reciclan materiales, falta otro tanto”.
Sin embargo, opinó que con la entrega de 20 millones de pesos, como ampliación, cambia la perspectiva sobre el riesgo de la elección, “porque ya tenemos el dinero de las boletas y se hizo la redistribución del presupuesto que estaba repartido entre enero y febrero, considerando que nosotros íbamos a pagar, con lo autorizado, las boletas, documentos y materiales”.
Adelantó que el gobierno del estado dijo que van a absorber el gasto de la papelería, y el presupuesto aprobado, redistribuido, alcanza para mayo, quizá junio.
“Se requiere muchísimo dinero para una elección. Los Consejos distritales implican la mayor parte, para estructura. Entre abril, mayo y  junio vamos a tener alrededor de 2 mil 400 trabajadores”, indicó.

Deudas de 2023

Explicó también que hubo una primera reunión con funcionarios estatales sobre el presupuesto del IEPC, antes de la visita a Guerrero de las consejeras del INE, Dania Paola Ravel Cuevas, Carla Humphrey Jordán, y Norma Irene de la Cruz Magaña, a Casa Guerrero, con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
En esa primera reunión, la Sefina dijo que ya les habían entregado los 26 millones de pesos pendientes de 2023, a partir de una exposición en Power point.
Desde entonces, dijo que aclaró que esos  26 millones de pesos que recibió el IEPC fueron ampliación: 12 millones de pesos y luego 14 millones para el inicio del proceso electoral, respaldados en convenios.
Si bien, coincide en la cifra de 26 millones, es diferente al pago que adeudan del presupuesto aprobado por el Congreso del estado en 2023: 21 millones de pesos para el financiamiento público a partidos políticos: tres quincenas por 7 millones de pesos cada una, y  5 millones de pesos de operación del IEPC.
Añadió que el IEPC aún tiene adeudos de 2023, de rentas, prestación a personal de despensa navideña, que no es para los consejeros, y servicios de mantenimiento a vehículos, de esos 5 millones de pesos.
Un funcionario le había dicho “que todavía estaban en eso”, sin embargo, también hay un juicio ciudadano en el TEE por la entrega de este recurso, recordó. (Lourdes Chávez / Chilpancingo)

 

Intensificar operativos de seguridad, acuerda la Mesa para la Paz; prioriza Acapulco

La Mesa de Coordinación para la Paz informó, en un comunicado de prensa del gobierno del estado, que intensificaron los operativos conjuntos en las zonas de mayor índice delictivo de Acapulco, y evaluó los operativos de combate a la delincuencia en la Sierra y zona Norte.
En parte, responde a los 27 asesinatos documentados en lo que va del mes en el puerto: el último. del reportero Gerardo Torres Rentería, ocurrido en su casa, ubicada en la colonia Icacos de Acapulco, cerca de la avenida Costera, el jueves por la noche.
El documento señala que en la sesión encabezada por el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, con la representación de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, “se dio seguimiento a las incidencias delictivas registradas en el estado en materia de seguridad y procuración de justicia”.
Asimismo, dice que las instituciones de seguridad revisaron “cada uno de los casos de violencia y las investigaciones que está realizando la Fiscalía General del Estado para esclarecer hechos constitutivos de delitos del fuero común, además de evaluar los resultados de los operativos de combate a la delincuencia en las regiones de Tierra Caliente colindante con la Sierra y la zona Norte.
No precisa cuáles son estas operaciones, pero El Sur documentó un artillado con un dron a comunidades de la Sierra, como El Parotal, y en Iguala, de la región Norte, este jueves encontraron a dos jóvenes amordazados, y un albañil fue perseguido y asesinado a balazos.
El gobierno estatal indicó que, para fortalecer los trabajos de seguridad en Guerrero, “las instituciones que integran la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, acordaron intensificar los operativos conjuntos en las zonas identificadas con mayor índice delictivo prioritariamente en Acapulco y en diversas regiones de la entidad”.
Refrendó su compromiso de garantizar la seguridad de los visitantes a los destinos turísticos durante este fin de semana con vigilancia en carreteras y zonas de mayor afluencia en la entidad como parte de las acciones de pacificación de Guerrero. (Lourdes Chávez / Chilpancingo).

 

A partir de mayo, deudores alimentarios morosos serán inscritos en un registro estatal

Daniel Velázquez

Desde hace un mes, están en vigor nuevas disposiciones legales con las que se creará a partir del 5 de mayo de este año el Registro Estatal de Deudores Alimentarios Morosos en Guerrero dirigido a quienes mediante “triquiñuelas” evaden la responsabilidad de proveer alimentos y limitará la participación política de quienes estén inscritos en ese listado.
El pasado 3 de febrero se publicaron en el Periódico Oficial del Estado una serie de reformas y adiciones al Código Civil de Estado de Guerrero número 358, a la Ley 495 del Registro Civil del Estado de Guerrero y a la Ley 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero para adecuar la legislación y crear el registro.
Los ajustes a al Código y a las leyes tienen “como propósito fundamental, robustecer el marco jurídico de los alimentos, creando el Registro Estatal de Deudores Alimentarios Morosos, que estará a cargo de la Coordinación Técnica del Sistema Estatal del Registro Civil del Estado, donde se inscribirán por orden judicial a quienes dejen de cumplir sus obligaciones alimentarias de manera injustificada por más de treinta días o, hayan sido sentenciados por el delito de incumplimiento de la obligación alimentaria”.
En los considerandos, la iniciativa que presentó el diputado priista Rafael Navarrete, sostienen que las reformas y adiciones no vulneran derechos humanos y se sostienen “desde la óptica del Derecho Familiar y el Interés Superior del Menor”.
“Instaurar el Registro Estatal de Deudores Alimentarios Morosos, no transgrede los Derechos Humanos, en contra de los acreedores alimentarios, sino antes al contrario, cumplirá una función orientadora, para que lo que hoy nace como un deber jurídico, mañana, se convierta en compromiso inexcusable que constituido como valor, nos haga transitar por las sendas de la virtud y la construcción de una ciudadanía responsable, que no se regocije en transgredir la ley, sino que sea razón que nos motive incluso, para estar convencidos que somos seres humanizados, cuya como carta de recomendación sea, el construir vidas y no destrozarlas, al cumplir en la medida de nuestras posibilidades con las altas responsabilidades a que nos contrae el ser miembro de una sociedad y el estar sometido al Derecho Vigente”.
En sus considerandos, los diputados, sin dar cifras argumentan que “es innegable que el noble propósito de los alimentos cada vez se cumple en menor medida, así lo indican los altos porcentajes de demandas por este concepto que se radican a diario en los juzgados de primera instancia de los dieciocho distritos judiciales del Estado; lo anterior, sin mencionar aquellos casos -que no son pocos- que no se judicializan por cuestiones de pobreza o ignorancia de quienes deberían exigirlos”.
También, sin datos, afirman que “existiendo un indeterminado número de deudores alimentarios que eluden sus responsabilidades tornándose en situación ilocalizable; el cambiar de residencia; dejar de prestar servicios a una empresa o institución, que retiene de su salario la cantidad correspondiente a la pensión alimenticia; ponerse de acuerdo con la parte patronal para declarar menos ingresos; el trabajar por cuenta propia, declarando menos ingresos de los reales; el afirmar que está desempleado; el no contar con bienes muebles o inmuebles a su nombre, entre otras muchas y socorridas triquiñuelas”.
Las reformas se publicaron el 3 de febrero, entraron en vigor al día siguiente, pero en los artículos segundo y tercero transitorio se estable un plazo “inexcusable de 90 días”, no especifica si hábiles o naturales, para que la Coordinación Técnica del Sistema Estatal del Registro Civil designe al responsable del padrón y elabore su reglamento interno.
“La finalidad del Registro Estatal de Deudores Alimentarios Morosos, es proteger el interés superior de la niñez, para que el deudor alimentario cumpla en tiempo y forma con su obligación alimentaria. Su eficacia, se basará en la inscripción en una base de datos de carácter pública, de aquellas personas que incumplan de manera injustificada con su obligación alimentaria”.

 

El mes pasado fue el más violento del que se tenga registro en el país con 2 mil 186 homicidios

 

Mayo fue el mes más violento en México del que se tenga registro.
Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) de la Secretaría de Gobernación (Segob), indican que el mes pasado se iniciaron 2 mil 186 carpetas de investigación por homicidio doloso.
Es la cifra mensual más alta por lo menos desde 1997, cuando el SESNSP comenzó a sistematizar las estadísticas delictivas en el país.
Ni siquiera durante el pico más alto de violencia durante la llamada guerra contra el narcotráfico, México llegó a una cifra tan alta.
Antes de mayo de 2017 el récord de violencia lo tenía mayo de 2011 -durante el sexenio de Felipe Calderón-, con 2 mil 131 homicidios dolosos.
Con los asesinatos de mayo reportados por las procuradurías y fiscalías estatales, México llegó a 9 mil 916 homicidios dolosos en los primeros cinco meses del año.
Esta cantidad es 29.4 por ciento mayor a la registrada en el mismo periodo del año pasado, que sumó 7 mil 658, y la más alta para un periodo idéntico desde 1997.
De mantenerse los niveles de violencia, 2017 se convertiría en el año con más asesinatos de las últimas dos décadas.
Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano consideró que las autoridades siguen sin encontrar la fórmula para reducir la violencia, “lo que me preocupa no sólo es que hoy tengamos los primeros cinco meses del año más violentos, sino que no veo cómo vamos a lograr reducirlos, no creo que en los próximos meses venga algo que modifique la realidad que estamos viviendo”.
“Parece ser que el rumbo está bastante perdido, es decir, no tenemos elementos que nos guíen con claridad y nos digan: en un año, en seis meses o en tres meses vamos a tener una reducción”, expresó.
Afirmó que las estrategias no están dando resultados contundentes y claros, ni existe evidencia de que los recursos destinados al combate anticrimen estén siendo bien utilizados.
La espiral de violencia inició en julio del año pasado y no ha cesado, a pesar del despliegue de fuerzas federales en distintos estados y la implementación de varias estrategias.
El 30 de agosto de 2016 ante el incremento de ese delito en los meses previos, el presidente Enrique Peña Nieto anunció una estrategia especial para acotar la violencia.
En el Consejo Nacional de Seguridad Pública, instruyó la puesta en marcha de un plan en los 50 municipios del país que concentran el 42 por ciento de los homicidios dolosos.
Sin que se detallara su contenido se puso en marcha una estrategia con dos componentes generales: prevención del delito y contención criminal con fuerzas de seguridad.
En enero la Secretaría de Gobernación lanzó otro plan para reducir el homicidio en 50 Municipios de Atención Prioritaria con Perspectiva de Prevención, denominados MAPPP.
Pese a las cifras la Segob ha sostenido que las circunstancias en materia de seguridad son distintas a las que se registraban en el sexenio anterior.
Fueron seleccionados mediante tres criterios, homicidio doloso, rezago social y desigualdad económica, y se les apoyará en el desarrollo de “proyectos especiales”.

Aumentaron 25.6% los homicidios este año respecto de 2015; suman 871 en cinco meses

En mayo en Guerrero ocurrieron 179 homicidios con características de los crímenes de la delincuencia organizada, casos que en los cinco meses que van del año suman 871 asesinatos, 178 más que en el 2015, lo que representa un aumento del 25.6 por ciento.
De acuerdo con un recuento de la información publicada en El Sur, en el mes pasado 81 ejecuciones ocurrieron en Acapulco, que tiene el 45.2 por ciento del total del estado, y 98 en otros 25 municipios de la entidad.
En los 31 días de mayo hubo 14 asesinatos más que en los 30 días de abril de este año en los que ocurrieron 165 asesinatos, lo que significa un aumento del 8. 4 por ciento.
De las 96 muertes que ocurrieron en los 25 municipios en mayo, sin contar Acapulco, 10 fueron mujeres. Las regiones en las que ocurrieron más asesinatos fueron la Norte, Centro y la Costa Grande.
Los municipios con mayor número de homicidios en este mes son Iguala con 22, Chilpancingo con 20, Zihuatanejo con 11, Heliodoro Castillo (Tlacotepec) con seis, Cocula con cuatro, Buenavista, La Unión, Tepecoacuilco y Zirándaro con tres, Atoyac, Ayutla de los Libres, Chilapa, Tlapa, San Luis Acatlán, Coyuca de Benítez y Taxco con dos, San Jerónimo, Tecpan, Teloloapan, Huitzuco, Cutzamala de Pinzón, Ahuehuepan, Ciudad Altamirano, Tixtla y Apaxtla de Castrejón tuvieron uno.
Las víctimas fueron ejecutadas a balazos, golpes, con navaja, machete, piedras, degolladas y un hombre fue desmembrado y depositado en bolsas negras. En algunos casos les dejaron narcomensajes.
En el recuento se contaron 17 jóvenes de entre 20 y 30 años,  dos menores de edad, uno de 11 y otro de 14 años y las demás víctimas tenían entre 30 y 80 años.
Entre las víctimas hay una policía municipal, un músico, siete taxistas, la trabajadora de una fonda, un líder transportista y su esposa, un trabajador de la Coca-Cola, dos estudiantes, cuatro campesinos, el jefe de seguridad de un bar, dos albañiles, un líder transportista de la COSTEG, un ex agente ministerial, una comerciante de oro, un urbanero, una policía estatal y un hombre con su hijo.
Además un trabajador de Bodega Aurrera, un guardia de seguridad del Instituto Tecnológico de Zihuatanejo, dos choferes de Urvan, un trabajador del Instituto Nacional Electoral (INE),  el dueño de un taller de reparación de celulares, un médico, un joyero, un comandante del Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), un comerciante y una empresaria.

La violencia en 25 municipios

El 3 de mayo una mujer policía municipal de Tecpan fue asesinada a balazos por su pareja adentro de su casa. El sospechoso es agente activo de la Policía Federal (PF) del sector caminos.
Un día después dos taxistas asesinados fueron encontrados en Ayutla y un feto en San Luis Acatlán. Uno de los choferes fue reportado desaparecido a la Policía Ciudadana de la UPOEG.
El 5 de  mayo dos jóvenes ejecutados a balazos y con huellas de tortura fueron encontrados en un camino de terracería de la comunidad de Tecuescontitlán, municipio de Tepecoacuilco.
La noche de ese día hombres armados ejecutaron a balazos al líder de la Unión de Transportistas Democráticos (UTD) y ex dirigente de la Coordinadora del Transporte Organizado de la Zona Norte, Victórico Martínez López, en el estacionamiento de su casa en la calle Altamirano frente al mercado municipal en Iguala, también mataron a su esposa que lo esperaba en su automóvil.
Al siguiente día dos jóvenes  ejecutados a balazos, atados de las manos y con los ojos vendados fueron encontrados en el encauzamiento del río Huacapa, cerca del restaurante Señorial y del Congreso local en la capital. A un lado de los cuerpos había dos narcomensajes.
El 9 de mayo en la región Tierra Caliente tres hombres murieron en un enfrentamiento que ocurrió entre civiles armados y policías federales, en la comunidad  El Bajío y Cupuán, en la sierra de Zirándaro de Los Chávez.
Después de nueve días tres hombres ejecutados a balazos y con huellas de tortura fueron hallados en la orilla de la carretera Zihuatanejo-Lázaro Cárdenas, en El Mirador, en Zihuatanejo.
El 19 de mayo en hechos distintos fueron localizados los cuerpos de dos hombres ejecutados en Iguala, uno estaba desmembrado. Uno es un joven de 22 años que fue hallado ejecutado a balazos, con huellas de tortura y las manos atadas a la espalda en un camino de terracería de la colonia California, al sur de la ciudad.
En otro hecho ese día fue hallado un cuerpo desmembrado de un hombre adentro de dos bolsas negras, en un canal de riego de la colonia Juan Álvarez de Iguala.
El día 22 ocurrió un enfrentamiento a balazos entre policías estatales y presuntos delincuentes que dejó dos muertos, entre ellos una policía del estado, cuando revisaba una Urvan del  servicio público de Chilapa  en la carretera en el crucero a Atliaca, en Tixtla.
Tres días después una mujer y un hombre fueron ejecutados a balazos en distintos hechos en Zihuatanejo. Un caso ocurrió cuando una guardia de seguridad del Instituto Tecnológico de Zihuatanejo fue sacada de su casa y ejecutada a balazos en la vía pública, en la colonia Las Pozas de ese municipio.
El 27 de mayo los cuerpos de tres jóvenes ejecutados a balazos y con huellas de tortura fueron hallados cerca de la autopista Siglo XXI Morelia-Lázaro Cárdenas, en una brecha que comunica con Agua Zarca, municipio de La Unión. A un lado de los cuerpos había una narcomanta.
La tarde del sábado dos campesinos y un niño de 11 años fueron fusilados en la carretera Chilpancingo-La Cieneguita, a la altura de la colonia Santo Domingo al norte de Chilpancingo.
Un menor de 14 años, un comandante de la recién creada Policía Ciudadana, su hijo y dos de sus sobrinos fueron emboscados y ejecutados el 24 de mayo en el Crucero del Jilguero, entre las comunidades de Los Bajos y Vuelta del Sur, del municipio de Heliodoro Castillo (Tlacotepec).
La mañana del lunes la conocida empresaria restaurantera y también dedicada a la venta de bienes raíces, María de Lourdes Maldonado de la Cruz fue ejecutada en la calle Gonzalo N. Ramírez de la colonia Tribuna Nacional de Chilpancingo, a unos 100 metros de la casa del gobernador Héctor Astudillo Flores.

81 homicidios en Acapulco

La violencia en mayo en Acapulco cerró con 81 homicidios: 24 asesinatos menos que el año pasado en el mismo mes y 20 menos que en abril donde se contabilizaron 101 víctimas, según un recuento de lo publicado en El Sur.
Las zonas con el mayor número de homicidios fueron la colonia Ciudad Renacimiento con 11, la Primero de Mayo (parte alta de La Cima) con cuatro, y el fraccionamiento Las Playas con tres.
Con 81 muertos en mayo se dio un promedio de 2.7 homicidios dolosos al día. Entre las víctimas se contabilizaron 66 hombres y 8 mujeres,  de los cuales 54 fueron identificados por sus familiares.
Entre las víctimas están seis taxistas, siete comerciantes, dos choferes de camiones urbanos, cuatro trabajadores de tortillerías, cuatro meseros, dos mecánicos, un repartidor de pizzas, un trabajador del restaurante 100% Natural y un estudiante de preparatoria de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG).
Además de un asesor inmobiliario, una empleada doméstica, un abogado, un policía auxiliar comisionado como escolta, un cargador de la central de abasto, un trabajador del IMSS, un chofer de camioneta de la ruta alimentadora de San Agustín, un albañil y un trabajador de lavandería.
Según el recuento de este diario, en enero se contabilizaron 70 homicidios, en febrero 73, en marzo 98 y en abril 101.
En mayo se registraron 81 homicidios, 24 menos que año pasado en el mismo mes en el que hubo 105.
Respecto a las edades de las víctimas, entre 14 a 24 años hubo 21 asesinados, de 25 a 34 hubo 14, de 35 a 44 fueron 15, de 45 a 54 años se contabilizaron dos homicidios. En el rango de edad de 55 a 64 años y de 65 a 74 hubo un muerto por cada uno.
En la colonia La Mira y en la unidad habitacional se contabilizaron dos asesinatos. El resto de los homicidios ocurrieron en las colonias La Mira, La Laja, Llano Largo, La Quebradora, La Garita, la céntrica Progreso y Loma Bonita.
Asimismo las colonias Emiliano Zapata, Alborada, Seis de Enero, Coloso, playa Icacos, Costa Azul, el fraccionamiento Hornos, José López Portillo y los poblados de El Quemado, Tres Palos, La Venta y San Isidro. También hubo uno en Sinfonía del Mar, en la zona turística del puerto.
En lo que va del año en Acapulco se han contabilizado 423 homicidios en los que presuntamente estuvo involucrada la delincuencia organizada.

Poca participación y sin autoridades municipales, la marcha del 1 de mayo en Iguala



Eduardo Albarrán Orozco Iguala

Con poca participación y la ausencia de las autoridades municipales, se llOracio vó a cabo la marcha para conmemorar el Día del Trabajo, en la cual hubo muestras de apoyo a la movilización de migrantes mexicanos en Estados Unidos.
Sindicalizados del Secretaría de Salud, de Telmex, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero (STAUAG), del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INEFAP) y, por separado, de la COBITEG, organización de transportistas, marcharon por la calles Bandera Nacional y retornaron por la avenida Guerrero.
Un total de mil 500 participantes marcharon con mantas en la que se leían sus demandas laborales relacionadas con aumentos salariales, respeto a las minutas firmadas con el gobierno estatal, así como pancartas de apoyo a los migrantes en Estados Unidos.
Las críticas en contra del presidente George Bush, así como de Vicente Fox por el caso de los mineros de Sicartsa en Lázaro Cárdenas, Michoacán, fueron las consignas de los trabajadores durante la marcha.
En años anteriores, en las marchas del 1 de mayo participaban más de 2 mil 500 asistentes, hoy no fueron los sindicatos de las empresas refresqueras y cerveceras de Iguala.
Protesta la Alianza Braceroproa
En tanto, la Alianza Braceroproa que encabeza Alfonso Lozano Sánchez llevó a cabo un acto en la explanada municipal en contra de las reformas migratorias y exigieron al gobierno federal el pago de recursos que les fueron descontados a migrantes mexicanos que trabajaron en los años 50 en Estados Unidos y que nunca les entregaron.
Lozano Sánchez dijo que en Guerrero hay unos 700 afectados que ya han recibido 38 mil pesos, pero que aún faltan muchos por recibirlo y agregó que hay casos de ex braceros que tienen más de 80 años de edad “y a pesar de que se acordó que fueran de los primeros, no se les ha dado nada”.
Dijo que hay miembros de otra organización de ex braceros, la UCEM, que dirige Taurino Castrejón Salgado, que han decidido ingresar a su organización “porque allá les cobran de 50 a 100 pesos mensuales por hacerles el trámite y la mazorca de la UCEM se está desgranando”.
A este acto asistieron unos 200 ex braceros y familiares de los municipios de Iguala, Taxco y Tepecoacuilco.