La 64 legislatura del Congreso del Estado cierra el año sin ninguna ley aprobada propuesta por sus integrantes, pues lo que aprobaron en sus tres primeros meses fueron 14 dictámenes de reformas federales del llamado Plan C, propuesto por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, un par enviadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y cuatro por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
Entre los 14 dictámenes del Plan C aprobados por el Congreso local, destacan la reforma judicial, que plantea una elección por voto directo para jueces, magistrados y ministros.
También se aprobó la reforma en materia de pueblos indígenas y afromexicanos; de bienestar; de poner un mando militar a la Guardia Nacional; el alza salarial por arriba de la inflación; impulso a las vías ferroviarias como medio de transporte; de devolver el carácter público a Pemex y CFE; de protección y cuidado animal y la extinción de siete órganos autónomos.
Tres más, que no son parte del Plan C, fueron enviadas por Sheinbaum Pardo, como la de igualdad sustantiva, la de fortalecer a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y una más para evitar que mediante recursos legales se reviertan cambios aprobados por el poder Legislativo federal a la Carta Magna.
En el ámbito local, se aprobó la reforma a la Ley de Mejora Regulatoria, que establece el aprovechamiento de la tecnología para que los trámites del gobierno sean más rápidos, claros y eficientes; además de la reforma al Decreto 551 por el que se crea la Universidad Virtual del Estado de Guerrero, para modernizar su estructura; la creación del Sistema Estatal para el Bienestar y por último, aprobaron una reforma para que las instituciones de seguridad pública implementen la búsqueda inmediata de niñas, niños, adolescentes y mujeres reportadas como desaparecidas a través del número de emergencias 911 o de manera presencial, sin necesidad de denuncia formal ante el Ministerio Público.
De entre estas iniciativas, puntos de acuerdo a reformas hechas por algunos de los 46 diputados, ninguna ha salido de las comisiones legislativas.
Al iniciar la Legislatura, en septiembre, hubo un retraso de poco más de un mes para la conformación de las comisiones, lo que en consecuencia atrasó el trabajo legislativo, entre las que destacan las comparecencias, que se realizaron los primeros días de septiembre y las aprobaciones de las leyes de Ingresos y Tablas de Valores de los 85 municipios y el Presupuesto de Egresos 2025, que se terminó de aprobar el pasado viernes.
Está pendiente la homologación de varias reformas constitucionales, como la del Poder Judicial, la de Pueblos Indígenas y Afromexicanos y la de desaparición de los órganos autónomos, que para el caso de Guerrero sería el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información.
La sesión del Congreso local de ayer Foto:?Jesús Eduardo Guerrero
José Miguel Sánchez
Chilpancingo
El Congreso local aprobó las minutas de reformas federales en materia de salario mínimo, vías ferroviarias, y de áreas y empresas estratégicas (energética), enviadas por el Senado de la República y que forman parte del llamado Plan C del ex presidente Andrés Manuel López Obrador.
En la primera sesión, que inició alrededor de la 1 de la tarde, se notificó al pleno la llegada de las minutas de la reforma a las vías ferroviarias, áreas y empresas estratégicas, mientras que la de salario mínimo llegó desde el pasado martes.
Al no haber comisiones conformadas, se creó una Comisión Especial para que se emitieran los dictámenes correspondientes, la cual quedó integrada por la presidenta, Glafira Meraza Prudente (Morena); secretaria, Beatriz Vélez Núñez (PRI), y como vocales las diputadas Gladys Cortés Genchi (PVEM), Leticia Mosso Hernández (PT) y el diputado Robell Urióstegui Patiño (PRD).
Ya en la segunda sesión, ya con el dictamen de cada una de las reformas, se procedió a su discusión, votación e inminente aprobación con los votos a favor de los diputados de Morena, PVEM y PT; que para el caso de las vías ferroviarias y del salario mínimo, fueron votadas por unanimidad.
Reforma salarial
Sobre el dictamen de reforma al salario mínimo, de acuerdo con la minuto leída ante el pleno, se trata de reformar el primer párrafo de la fracción VI del apartado A y la adición de un tercer párrafo a la fracción IV del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política del país, para establecer la fijación anual de los salarios mínimos generales o profesionales, así como su revisión para que nunca estén por debajo de la inflación.
También se establece que los docentes de nivel básico de tiempo completo, policías, guardias nacionales, integrantes de las fuerzas armadas, médicos y enfermeros, perciban un salario mensual que no podrá ser inferior al salario promedio registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Fijaron postura a favor de las reformas en materia de salarios las diputadas María Irene Montiel Servín (PAN), Erika Lorena Lührs Cortés (MC), Mirna Guadalupe Coria Medina (PRD) y los diputados Pánfilo Sánchez Almazán (PT), Arturo Álvarez Angli (PVEM), Bulmaro Torres Berrum (PRI) y Héctor Suárez Basurto (Morena).
Los oradores representantes de los seis grupos parlamentarios que conforman el Congreso se dijeron a favor de la reforma, y en el caso de la diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Erika Luhrs Cortés, llamó a que también se legisle a favor de la reducción a 40 horas labores.
“En Movimiento Ciudadano estamos a favor del avance gradual del bienestar de las personas trabajadoras, la riqueza no es solo dinero, también es tiempo, por eso es importante también hablar de la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales. Tema que hasta ahora, se ha eludido”, dijo Luhrs Cortés en tribuna.
En tanto los demás grupos parlamentarios aseguraron que con la aprobación de dicha reforma se garantiza la seguridad salarial de toda la población del estado y da certeza a los médicos, maestros y agentes de seguridad.
Sin discusión la reforma salarial se aprobó por unanimidad del pleno, con 41 votos a favor de los diputados de Morena, PT, PVEM, PRI, PRD, MC y PAN. Con la aprobación del dictamen, el Congreso de Guerrero se convirtió en el estado número 11 en validarla, de 17 que se necesitan para que sea publicada en el Diario Oficial de la Federación y entre en vigor.
Piden que vuelva el tren a Iguala y que llegue a Acapulco
La segunda reforma en aprobarse fue la referente al transporte ferroviario, que pretende que el Estado retome el derecho de uso y aprovechamiento de dicha actividad y medio de transporte.
De acuerdo con el dictamen, con esta reforma se pretende que haya un control gubernamental sobre los derechos de las vías férreas, y promover los trenes de pasajeros y de carga como un medio de transporte para “que contribuyan al desarrollo y crecimiento económico, a través de una infraestructura que brinde bienestar a la población, fortaleciendo la competitividad del país y permitiendo la mejora en la conectividad y movilidad de los bienes y servicios, disminuyendo tiempo y costos”.
El dictamen plantea también promover el transporte de las personas por vía ferroviaria para facilitar la libertad de tránsito, además argumenta que utilizando las redes ferroviaria ya existentes en México “se pueden mitigar las perturbaciones ecológicas y el impacto en la salud de las personas que causan las altas concentraciones de dióxido de carbono generadas por otros sistemas de transporte”.
A favor de dicha reforma razonaron sus votos en tribuna las diputadas María Irene Montiel Servín (PAN), Erika Lorena Lührs Cortés (MC), Claudia Sierra Pérez (PT), María de Jesús Galeana Radilla (PRD), el diputado Alejandro Carabias Icaza (PVEM), las diputadas María del Pilar Vadillo Ruiz (PRI) y Ana Lilia Botello Figueroa (Morena).
Al igual que en la anterior reforma, no hubo discusión en el pleno, pero la diputada del PRD, María de Jesús Galeana Radilla, durante su exposición de motivos solicitó que se contemple al estado de Guerrero en estos proyectos, proponiendo rescatar la antigua red ferroviaria que conectaba la Ciudad de México con Iguala de la Independencia, y su ampliación hasta el puerto de Acapulco.
“Consideramos importante que se fortalezca y se amplíe la red ferroviaria con un enfoque social, Esperamos que los proyectos en esta materia se contemple al estado de Guerrero, se rescate la red ferroviaria que existía de la Ciudad de México a Iguala de la Independencia y se amplíe hasta el puerto de Acapulco”.
A la petición también se sumó la diputada de MC, Lührs Cortés, quien dijo: “Dentro del plan de infraestructura de la presidenta Claudia Sheinbaum, se contempla la construcción de proyectos de infraestructura ferroviaria importantísimos, el tren AIFA-Pachuca, México-San Luis Potosí, Monterrey-Nuevo Laredo, el México-Querétaro-Guadalajara, y creo que como Congreso de Guerrero deberíamos de aspirar que en estos importantes planes se incluyera el de Iguala”.
El dictamen en materia de vías ferroviarias se aprobó con 42 votos a favor, cero abstenciones y 0 en contra, es decir, por unanimidad, lo que convirtió a Guerrero en el sexto estado en aprobar la reforma, después de Ciudad de México, Zacatecas, Sinaloa, Colima y San Luis Potosí.
Reforma en materia de áreas y empresas estratégicas
La última reforma aprobada fue la de áreas y empresas estratégicas, que pretende beneficiar a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como empresas paraestatales sobre la iniciativa privada.
El dictamen trata de reformas al párrafo quinto del artículo 25, a los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 y el párrafo cuarto del artículo 28 de la Constitución Política federal, que pretende “fortalecer las capacidades del Estado en áreas como el sector energético, el servicio de internet y el aprovechamiento de litio”.
También plantea garantizar “la seguridad, autonomía y accesibi-lidad de los recursos energéticos del país bajo la responsabilidad del Estado, y respondiendo a los desafíos económicos actuales”.
“Con estas modificaciones se garantiza seguridad y autosufi-ciencia energética y provee a los mexicanos de electricidad a un menor precio, al cambiar el concepto de empresas productivas por empresas públicas del Estado, y estableciendo que “no constitui-rán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclu-siva en áreas estratégicas como el litio, el servicio de internet, ni la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, cuyos objeti-vos serán preservar la seguridad y la autosuficiencia energética de la nación”, dice el dictamen.
A diferencia de las demás reformas, para esta PRI, PAN y MC votaron en contra bajo el argumento de que afectará la inversión privada y tratados comerciales con el extranjero.
Fijaron postura a favor los diputados Édgar Ventura de la Cruz (PT), Jorge Iván Ortega Jiménez (PRD), Obdulia Naranjo Cabrera (PVEM) y Marisol Bazán Fernández (Morena). En contra María Irene Montiel Servín (PAN), Erika Lorena Lührs Cortés (MC) y Alejandro Bravo (PRI).
“Es necesario recordar que desde la reforma energética del 2013, México ha experimentado un crecimiento en la inversión y en la competencia del sector energético, esto ha permitido la incorporación de tecnologías limpias, y ha fomentado un entorno propicio para la innovación, sin embargo, la actual propuesta busca revertir estos avances eliminando la posibilidad de que la inversión privada tanto nacional como extranjera contribuya el desarrollo de un sistema energético más eficiente y sostenible”, dijo la del PAN.
Y Lührs Cortés mencionó que dicha reforma “podría llevar a México a no cumplir el objetivo de cero emisiones de carbono para el 2050 establecido en tratados internacionales”.
Bravo Abarca dijo que “quienes están a favor de esta reforma hablan de una soberanía, la soberanía ahí está en la ley y eso no es cierto de que no hay soberanía fundamentalmente sobre los hidrocarburos. Lo que sí es que esta reforma lamenta-blemente le resta competitividad” a la CFE y Pemex.
Morena celebró que además de mejorar CFE y Pemex, también habrá un control total sobre el litio mexicano para que sea administrado por organismos estatales.
Dicho dictamen fue aprobado por mayoría de votos, con 35 a favor, de Morena, PT, PVEM y PRD; en contra siete del PRI, MC y PAN y cero abstenciones.
Primera sesión
En la primera sesión se presentó un punto de acuerdo para que el Congreso del Estado exhorte a la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT) y a la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado (CICAEG), atiendan los daños carreteros en la Tierra Caliente que dejó el paso del huracán John.
El punto de acuerdo fue propuesto por el diputado del distrito 17 con sede en la Tierra Caliente, Victor Hugo Vega Hernández, en donde también propuso solicitar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que se condone por un periodo de seis meses el pago del servicio.
La diputada del PT Leticia Mosso durante su intervención sobre el dictamen de reformas a la Ley de Salud y para la Prevención y Atención del Cáncer de Mama Foto: Jessica Torres Barrera
Lourdes Chávez
Chilpancingo
El Congreso del estado reformó por unanimidad las leyes de Salud y Para la Prevención y Atención de Cáncer de Mama, a fin de establecer las campañas de prevención de la enfermedad, y en su caso, la reconstrucción mamaria.
La diputada del PT, Leticia Mosso Hernández dijo que esperó cinco años para este día “de justicia”, ante la demanda de mujeres detectadas con cáncer que buscan ayuda de los servidores públicos para recibir atención, por la carencias que existen en el sector.
La Comisión de Salud solicitó la dispensa de la segunda lectura y aprobación del dictamen de reforma el artículo 9 fracción décima y el artículo 20, fracción 11 de la Ley de Salud; así como el artículo 25, párrafo cuarto y artículo 38 de la ley para la Prevención y Atención del cáncer de mama
Aprobada la dispensa, antes de la votación unánime a favor, la diputada de Morena, Angélica Espinoza García, destacó la importancia de que haya una política pública centrada en la prevención temprana de la enfermedad, para tener diagnósticos más favorables, con condiciones de acceso integral a la seguridad social.
Señaló que el Inegi registró 97 mil 323 personas fallecidas por cáncer, de las cuales 13 mil fueron por tumores de mama, 17 por ciento del total de los decesos. En Guerrero hay varios programas de prevención pero no contemplan la necesidad de fortalecer las acciones de quienes han superado la enfermedad, por ello, planteó la cirugía reconstructiva de mamá, como parte de la rehabilitación integral.
Recordó que el uso de moños rosas en octubre, mes para sensibilización del cáncer de mamá, “sea una realidad palpable” también para quienes han superado la enfermedad.
Enseguida, Mosso Hernández señaló que la iniciativa le provocaba “emoción, tristeza y dolor”, porque pasó cinco años esperando este día, “que se le hiciera justicia a la mujer que tristemente es detectada con cáncer, y necesitas estar ahí como funcionario público, cuando llegan a tu oficina y solicita tu acompañamiento porque encontraban cerrado el Centro de Salud, para atenderles de verdad”.
Recordó que en la anterior legislatura hizo esta propuesta, y año con año buscó el consenso para lograr esta garantía. Reconoció a Espinoza García que presentó el año pasado una iniciativa paralela que fortaleció su propuesta en la Comisión de Salud.
Pidió que la iniciativa se acompañe con presupuesto para las jurisdicciones y centros de salud, “es triste recordar que a un año de estar insistiendo, en la jurisdicción 04 de Tlapa, aún no cuenta con un mastografo”. Además de la revisión por las mujeres, enfatizó que lo ideal es realizarse el estudio de mastografía.
Rodolfo Torales Catalán pidió, además de buscar más recursos en el presupuesto, que los diputados también hagan una aportación a la salud, “para que no sólo especulemos, hablemos, o nos paremos en una tribuna sobre qué forma podemos apoyar, si no tenemos respuesta del gobierno, creo que nosotros lo podemos hacer”. Ofreció 150 mil pesos.
Desde su curul, el diputado de Morena, Alfredo Sánchez Esquivel, compartió la intención de aportar 150 mil pesos.
Con un posicionamiento, la diputada de Morena, Leticia Castro Ortiz, indicó que en pocos días el Congreso recibirá la iniciativa de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2024.
Llamó a la legislatura a emprender un trabajo coordinado con el poder ejecutivo, órganos autónomos para buscar un presupuesto que permita procurar un mejoramiento significativo y sustantivo en el acceso a la justicia en Guerrero.
Advirtió que, sin justicia, se corre el riesgo de que la ciudadanía actúe por sí misma “en todas las materias”.
Recordó que en 2021, la población votó por un cambio que hoy se sigue debiendo, “me cuento entre los servidores públicos que no hemos respondido al reclamo social, sin embargo, todavía es momento de trabajar de manera coordinada, para dar resultados favorables”.
Se pronunció por la justicia administrativa y laboral. Solicitó a la Comisión de presupuesto y Cuenta Pública que escuche el proyecto del Sistema de Justicia Administrativa en Línea del TJA, que no opera por falta de recursos, y conozca la situación de la Junta de Conciliación y Arbitraje.
Piden atender problemas en laguna de Mitla
En la sesión se aprobó como asunto de urgente y obvia resolución, con 29 votos, un exhorto a los titulares de las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y de Agricultura y Desarrollo Rural del estado, para atender los problemas que enfrentan en laguna de Mitla, pescadores de Coyuca de Benítez, Atoyac y Benito Juárez.
El diputado de Morena, Fortunato Hernández Carbajal, que hizo la propuesta en apoyo a los pescadores de la zona, señaló la necesidad del dragado de la laguna, que tiene 4 mil 800 hectáreas de longitud, afectada por el cierre artificial del canal, el arrastre natural de sedimentos y las afectaciones de Ingrid y Manuel en 2013.
Reubicar el penal de Las Cruces
Se envió a la Comisión de Justicia la propuesta de exhorto a la Secretaría de Seguridad Pública, para valorar y decidir la reubicación del Centro de Readaptación Social de Las Cruces, creado en 1981, que hizo la diputada de Morena, Beatriz Mojica Morga.
Argumentó que desde el penal se siguen cometiendo delitos, y las 15 colonias de los alrededores crecieron sin servicios de agua y drenaje. “Hoy muchas de estas colonias no pueden tener drenaje porque los tubos tendrán que pasar debajo del Cereso y por seguridad no se autorizan hace 40 años”, denunció.
Propuso que el sitio sea reutilizado como un gran pulmón verde y centro cultural en beneficio para toda la población.
Con 32 votos de los diputados asistentes a la sesión, sólo se aprobó la dispensa de la segunda lectura de la modificación del artículo 46 de la Constitución Política del estado de Guerrero, contemplada en el orden del día, y se envió la votación a la siguiente sesión. No había mayoría calificada, mínimo 34 votos.
El diputado Antonio Helguera Jiménez propuso una iniciativa de reforma a la Constitución Política del Estado para que establecer el programa de Reingeniería Administrativa, como disciplina administrativa, para mejorar la operatividad en la estructura administrativa del Ayuntamiento, para la prestación de los servicios públicos y funciones municipales abarcando todas las áreas de la administración.
El diputado del PRI, Marco Tulio Sánchez Alarcón, propone que en la Ley de Protección y Fomento a las Artesanías del estado, establezca el impulso de esta actividad, precarizada por los bajos costos de su producción turnada a la Comisión de Artesanías para su análisis y dictaminación.
La presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Yoloczin Domínguez Serna, dijo que la responsabilidad de que se haya agotado el plazo legal mínimo de un año de duración para los ayuntamientos instituyentes sin la designación del cabildos de los nuevos ayuntamientos de Las Vigas y San Nicolás, recae en los 46 diputados que integran el Congreso local.
No obstante, afirmó que esos dos municipios tendrán cabildo instituyente este año, aunque podrán participar en las elecciones locales de 2024.
Recordó que la Jucopo resolvió impulsar una reforma a la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero para salvaguardar al Congreso y a los ayuntamientos.
Con la ley vigente, sin gobiernos instituyentes, los nuevos municipios no pueden participar en el próximo proceso electoral. Tendrían que esperar hasta después de la elección de 2024, para un nuevo proceso de designación.
“Lo que hicimos con esta (iniciativa de) reforma es homologar la Ley del Municipio Libre con la Constitución del estado y la federal, donde marca un máximo de tres años de duración (de los municipios instituyentes), quitando el mínimo de un año. Eso nos va a permitir más tiempo para poder nuevamente analizar las propuestas de cabildo en conjunto con los municipios”, indicó.
Consultada en el banderazo de transporte violeta en Zumpango del Río, enfatizó que en la sesión pasada no se obtuvieron los votos requeridos para aprobar las planillas que se sometieron al pleno, por falta de acuerdo al interior del Congreso, y también de parte de los municipios que presentaron más de una planilla. “El tema era complejo”, añadió.
Sin mayoría calificada para aprobar los dictámenes, dijo que la Jucopo revisó la manera “de salvaguardar el tema del Congreso, también a los municipios, se hizo una reforma de ley para que no tuviera una temporalidad inicial (la duración de los cabildos instituyentes)”.
Así, indicó que el Congreso tendrá más tiempo para analizar de nueva cuenta las propuestas. Confió en que el próximo mes haya avances para nombrar a los nuevos cabildos instituyentes.
De la división de opiniones en el Congreso local sobre esta medida, solo mencionó que respeta todas las posiciones de sus compañeros.
“Sí, puedo adelantar que estos dos municipios ya deben tener cabildo instituyente este año, es una garantía de la reforma para tranquilizar y salvaguardar el tema de los municipios y del Congreso también”.
En el Congreso del Estado se realizó la Mesa de Trabajo Presencial de la Consulta Previa, Pública, Abierta y Regular a Personas con Discapacidad de Guerrero, para las reformas a la Ley de Educación en materia de educación inclusiva, de la cual no se dieron a conocer los resultados.
Este jueves, el poder Legislativo, a través de la Comisión de Atención a Personas con Discapacidad, realizó la quinta mesa de trabajo presencial, con la presidenta del colegiado, la morenista Citlali Calixto Jiménez, quien recordó que es una obligación del Estado tomar en cuenta a este sector de la población, para realizar modificaciones a la ley que tengan un impacto directo en el sector.
“A partir de ahora, cualquier ley, política pública o acción gubernamental que afecte de alguna manera a las personas con discapacidad, deberá ser consultada”, recordó Citlali Calixto.
Informó que también se han realizado cuatro mesas de trabajo presenciales en Tecpan, San Luis Acatlán, Tlacoachistlahuaca e Iguala, además de dos mesas a petición de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) y con diversos colectivos.
En la mesa participaron integrantes de las organizaciones Talleres de Padres y Madres de Familias con Autismo, Ayúdanos a Escuchar y Asociación de Sordera del Estado de Guerrero.
Calixto Jiménez dijo a los presentes que “quienes alguna vez fueron vistos como personas enfermas, como personas que requerían de caridad, hoy son las y los protagonistas de este proceso legislativo”.
Por su parte, la diputada Gabriela Bernal Reséndiz, vocal de la comisión, aseguró que “si ustedes están de acuerdo, se aprobará. Si no, lo votaremos en contra, pero tengan la certeza de que siempre se les consultará todo lo que el Congreso proponga”.
En este foro se instalaron seis mesas de trabajo, distribuidas conforme a cada discapacidad: visual, auditiva, motriz e intelectual, y dos mesas enfocadas a infancias, personas de talla baja, que sufren neurodivergencias y epilepsias.
Estuvieron presentes las presidentas de la mesa directiva, Yanelly Hernández Martínez, y de la Junta de Coordinación Política, Yoloczin Domínguez Serna, y los diputados Nora Velázquez Martínez, Osbaldo Ríos Manrique y Jacinto González Varona.
La ex perredista Rosario Robles en reunión con el Grupo Cuicalli en Chilpancingo Foto: El Sur
Rosalba Ramírez García
Chilpancingo
La secretaria de Desarrollo Social en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, Rosario Robles Berlanga, afirmó que éste iba bien, pero el caso Ayotzinapa fue su principal problema y no tuvieron la capacidad de enfrentarlo. También defendió la “inocencia” del ex procurador José Murillo Karam, y acusó al gobierno municipal de Iguala del ataque y la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.
Ayer la ex secretaria de Desarrollo Social, y después de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano federal, acudió como invitada a la sesión del grupo Cuicalli, y después en una conferencia de prensa dijo que intenta retomar su trabajo político e inició una gira de gratitud hacia quienes le han apoyado durante el tiempo que estuvo en la cárcel.
También que no ha tomado la decisión de participar en el proceso electoral, pero “no me puedo ver del lado de aquellos que me metieron a la cárcel injustamente”.
En su participación en la sesión del grupo Cuicalli habló de lo que fueron aciertos del gobierno de Enrique Peña Nieto, entre los cuales contó las reformas que se aprobaron a partir del Pacto por México.
Pero señaló que “el problema se llamó, y no es que les quiere echar la culpa, Ayotzinapa y la Casa Blanca”, y el gobierno federal no tuvo “la capacidad de enfrentar”, aunque justificó que ahora “puede haber casas grises, verdes, rosas, rojas y no pasa nada”.
La ex funcionaria federal insistió en que ambos temas, “sobre todo Ayotzinapa”, fue el principal problema que afectó al gobierno de Peña Nieto, y responsabilizó al gobierno del perredista José Luis Abarca Velázquez: “era responsabilidad de una presidencia municipal que los jóvenes desaparecieron, por el crimen organizado”.
Preguntó: “¿Ustedes díganme qué hace Chucho Murillo en la cárcel? ¿Qué tiene que ver con la desaparición de esos jóvenes? ¿Cómo puede estar una persona de esa edad y enferma en la cárcel?”.
Robles Berlanga dijo que el ex procurador está preso porque “no lograron encontrar una verdad distinta a la que ya se tenía, de que había sido el crimen organizado en complicidad con las autoridades municipales. Como no lograron eso entonces había que poner de todos modos un culpable y escogieron a Jesús Murillo, diciendo que su verdad histórica no era verdad histórica, que él había torturado que le había sido cómplice: ¿De qué si todos estaban en la cárcel?”. Y recordó que durante el actual gobierno se han liberado a muchos de los detenidos por la desaparición de los normalistas.
Reprochó que Murillo Karam, “quien hizo la investigación”, continúe en la cárcel porque “un día se le ocurrió decir, ‘ya me cansé’, pues hay que ponerlo en la cárcel enfermo como está, muy enfermo otra vez justicia selectiva”.
Aseguró que ese gobierno priista “venía muy bien” pero que el caso del ataque y desaparición contra normalistas “fue el punto de quiebre”
Debe Evelyn asumirse como gobernadora
En esta sesión se refirió al gobierno de Evelyn Salgado Pineda: “Yo pienso que ella tiene que asumir que es la gobernadora” porque Guerrero “es un estado muy difícil” por la falta de recursos y la dependencia económica que tiene de la federación “tiene poca capacidad de maniobra” para tener programas o políticas públicas propias.
Sin embargo, Salgado Pineda debe aprovechar la ventaja que tiene por el apoyo del presidente y “trabajar para reconstruir tejidos social” y que no solo se de dinero a los beneficiarios si no que “reconstruir trabajar comunitariamente”.
También se refirió a la Ley 3 de 3 que retira derechos políticos a violentadores de mujeres: “ya el senador que se vaya despidiendo de su reelección porque ya no cumple con los requisitos”, sin precisar a quién se refería.
Robles Berlanga aprovechó para criticar los programas sociales en los que se entrega de manera directa dinero a los beneficiarios: “mucha gente está ahí porque está engañada, porque cree que ese dinero sale del bolsillo del presidente… pon la mano y te hago sentir que a mí me debes el favor que yo soy tu redentor”.
La ex funcionaria llamó a luchar “contra la corrupción, a mí me quisieron hacer como el trofeo de la lucha contra la corrupción peñanietista, porque se creyeron esa narrativa, pero no la lograron demostrar”.
El vocero de la Coordinadora Re-gional de Autoridades Comunitarias (CRAC), de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, Raúl de Jesús Cabrera, informó que el sábado durante una reunión se acordó impugnar las reformas que apruebe el Congreso local sobre derechos indígenas, junto con sus 211 comunidades de influencia.
La Comisión de Justicia del Congreso local aprobó los dictámenes de reformas que serán llevados al pleno, relacionados con las candidaturas para integrantes de los pueblos originarios y afromexicanos, en los que se descartan decenas de propuestas de la consulta a los pueblos que realizó el Instituto Electoral y de Particiapcion Ciudadana (IEPC).
Adelantó que todas las comunidades donde tiene presencia la CRAC, y que participaron en la consulta, van a denunciar que el Congreso descartó sus planteamientos. Uno fue que en los municipios con un porcentaje importante de indígenas, las candidaturas para la presidencia y las sindicatura sean asignadas a personas que hablen una lengua originaria y tengan el respaldo de sus comunidades.
Lo anterior, para evitar el uso de “relleno” de las personas indígenas, como en otro momento se aplicó a las mujeres para cubrir las cuotas de género, antes de la paridad horizontal y vertical.
“A los partidos no les convino el resultado de la consulta, y volvieron a cometer el mismo atropello contra los pueblos”, señaló Cabrera.
Abundó que en la asamblea que se realizó en San Luis Acatlán, las autoridades manifestaron su hartazgo de que los pueblos sean utilizados sin un verdadero reconocimiento. Asimismo, señalaron que la CRAC no debe ser utilizada en los discursos de los candidatos para ganar adeptos.
Por otro lado, informó que este viernes, representantes de las cinco casa de justicia se reunieron con el diputado de Morena, Masedonio Mendoza Basurto, para solicitar que presente una nueva iniciativa para reformar el artículo 14 constitucional, y la ley de Seguridad Pública, que toca al sistema de seguridad y justicia comunitario para restablecer el reconocimiento legal a la institución de los pueblos, que opera desde hace 28 años.
Aunque el diputado aceptó, precisó que aún va a hablar con sus compañeros de bancada para hacer una propuesta colectiva. Mientras tanto, subrayó que las comunidades se matendrán “en alerta de lo que pueda pasar”.
Sobre el acuerdo con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, de que a través del Ejecutivo estatal presentarían una iniciativa para restablecer el reconocimiento constitucional de la CRAC-PC, explicó que el IEPC respondió que no hay suficiente tiempo antes del inicio del proceso electoral al planteamiento de hacer una consulta que respalde el proyecto de la mandataria.
Sin embargo, el vocero precisó que la relación con el gobierno estatal sigue en buenos términos, a través del secretario de Gobierno, Marcial Ludwing Reynoso Núñez.
Señaló que acaba de concluir una capacitación técnica que se impartió a varios grupos de la CRAC, de la Universidad Policial del Estado de Guerrero (Unipol), del 19 al 24 de junio. Van a solicitar capacitaciones a más grupos, dijo.
La asamblea libera a un ciudadano
También informó que la asamblea regional liberó a un ciudadano acusado de complicidad en un homicidio, después de la valoración del trabajo que realizó la comisión de investigación, sin elementos de que esta persona estuviera relacionada con el hecho delictivo.
Asimismo, indicó que el 8 de julio será la siguiente reunión regional de consejeros de las cinco casas.
Tras la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de declarar la validez “en definitiva” de las reformas aprobadas por el Congreso de Guerrero a la Ley 701 de Reconocimiento de Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas, éstas son constitucionales, por lo que son aplicables.
Después de la reforma del 24 de mayo de 2022 aprobada por el Congreso local, la CNDH buscó combatir esta norma a través de una acción de inconstitucionalidad, que finalmente este lunes fue declarada “procedente pero infundada” por los 11 ministros de la Corte.
Lo que significa que las reformas que el Congreso de Guerrero aprobó con 36 votos a favor y uno en contra en materia de derechos y seguridad indígena y afromexicana, son constitucionales.
Con las reformas avaladas por la Corte, no se reconoce en la ley al sistema de justicia que incluye la reeducación, ni a la policía comunitaria que fue sustituida por “policía indígena o afromexicana”.
El artículo 26 de la norma vigente establece que “la Ley reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía” y se agregó que se sujetará “a los principios generales” de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la de Guerrero “en particular aquellos relativos al respeto de los derechos humanos”.
En la fracción tercera se establecía que se reconoce y garantiza el derecho de elegir a “sus autoridades políticas o representantes”, pero con la reforma se apunta que solo podrán elegir “a sus autoridades comunitarias o representantes”.
En el título tercero “De la Justicia Indígena y Afromexicana” se señala en el segundo párrafo del artículo 35 que “la aplicación de la justicia indígena es alterna a la vía jurisdiccional ordinaria y al fuero de los jueces del orden común, conforme a lo dispuesto por el Código Nacional de Procedimientos Penales” la Constitución de la República; los tratados internacionales; la Constitución de Guerrero, y las leyes de ellas emanadas.
Y en el artículo 36 se reconoce en los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, “el conjunto de normas orales y escritas que se han transmitido por generaciones, enriqueciéndose y adaptándose con el paso del tiempo, de carácter consuetudinario que regulan sus relaciones familiares, comunitarias, la vida civil y la prevención y solución de conflictos al interior de cada pueblo o comunidad, entre sus integrantes”.
En el artículo 37 se establece que las autoridades del estado “mantendrá una relación de cooperación y comunicación” con estos pueblos “para garantizar que sus sistemas normativos internos sean adecuadamente conocidos por personas e instituciones ajenas a ellos” cuidando que no se contrapongan a la constitución federal y tratados internacionales.
También en la sección primera Sistema de Seguridad Comunitario Indígena y Afromexicano dice en su artículo 38 que el Sistema de Seguridad Comunitario Indígena y Afromexicano “es el conjunto articulado de instituciones, autoridades, acciones, instrumentos y mecanismos que implementan los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, de acuerdo a sus usos y costumbres dentro del municipio, en la prevención del delito, sin vulnerar sus sistemas normativos, prácticas tradicionales, lo dispuesto por el Código Nacional de Procedimientos Penales, y la presente Ley”.
En el artículo 39 se dice que ambos sistemas “constituirán una relación de cooperación” en materia de seguridad pública.
Mientras que en el artículo 40 se destaca que el órgano supremo del Sistema de Seguridad Comunitario Indígena y Afromexicano “es la Asamblea General de cada pueblo”.
Por unanimidad, el pleno del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) aprobó el informe de la consulta a pueblos indígenas y afromexicanos en materia electoral, que será remitido al Congreso local para realizar reformas a la ley y establecer las reglas con las que se garantizará a estas poblaciones su participación en el proceso electoral 2023-2024
Entre las principales reformas se plantea que únicamente las asambleas comunitarias -y no alguna institución del Estado- pueden emitir las constancias de autoadscripción o vínculo comunitario, con la que los candidatos indígenas o afromexicanos podrán registrarse.
Además deberán acreditar su vínculo con la comunidad con su acta de nacimiento; y se plantea bajar del 40 al 30 por ciento de población indígena o afromexicana para determinar que se deben postular candidatos de estas poblaciones.
La consulta es para realizar las reformas a los artículos 13 Bis y 272 Bis de la ley 483 de Instituciones Procedimientos Electorales del estado, en la que participaron mil 135 autoridades de las comunidades, delegaciones y colonias.
En la sesión del Consejo General que se realizó de manera virtual, el presidente de la Comisión Especial de Sistemas Normativos Internos del IEPC, Edmar León García, dijo que se consultó a 2 mil 532 comunidades en las que tuvieron intérpretes y traductores para cumplir con el principio de “culturalmente adecuada”.
Destacó también la participación en la etapa consultiva del 45 por ciento de las autoridades comunitarias convocadas.
De las 2 mil 532 autoridades comunitarias que participaron en las reuniones informativas solo 138, que son 13.2 por ciento fueron mujeres, 910 que representan el 86.8 por ciento fueron hombres.
Mientras que, en la fase consultiva, fueron convocadas 2 mil 532 autoridades y asistieron mil 135 que representan el 45 por ciento, de los cuales el 16 por ciento (182) fueron mujeres y el 84 por ciento (153) fueron hombres.
En este informe se apunta que en la para la fase previa se realizaron 29 reuniones, el mismo número para la fase informativa y 52 de la consultiva
Mientras que la consejera Dulce Villalobos Tlatempa confió en que los resultados que obtuvieron en esta consulta tengan finalmente “una materialización en la normativa que integrará la representación” de los pueblos consultados.
Los resultados
En el caso del artículo 13 Bis que se refiere a la postulación de candidaturas a diputaciones locales, se menciona en el informe que se está parcialmente de acuerdo con la iniciativa de reforma, pues se propone que en los ocho distritos electorales locales (de los 28 de Guerrero) identificados como indígenas, los partidos políticos registren y postulen de manera obligada a ciudadanos que se autoadscriban como indígenas” o, en su caso, se postulen en al menos seis distritos de manera obligada.
Se propuso que en el distrito 15 afromexicano, de manera obligada los partidos políticos registren y postulen candidaturas de ciudadanas o ciudadanos que se autoadscriban como afromexicanas.
Que las candidaturas indígenas y afromexicanas cumplan con la paridad; están de acuerdo en que se sigan usando los datos estadísticos INEGI, y que, por lo tanto, se actualicen los distritos catalogados como indígenas y afromexicanos, en función de los resultados de dicho censo.
Otra de las opiniones principales incluidas en este informe es que “se opinó que en la Ley debe establecerse la obligación de que se postulen personas indígenas, no a personas de origen indígena”.
Del artículo 272 Bis relacionado con las candidaturas a los ayuntamientos, se propuso que el porcentaje para determinar si en el municipio se deben registrar candidaturas indígenas o afromexicanas, sea requisito un porcentaje del 30 y no del 40 por ciento como actualmente se propone, y que “en su mayoría de registren y postulen ciudadanas y ciudadanos que se auto adscriban como indígenas”.
Se planteó que los cargos de presidencia, sindicatura y regidurías, se reserven la mitad indígenas, considerando la paridad de género, y “en menor medida” se solicitó la posibilidad que puedan reservarse más del 50 por ciento de cargos para los pueblos y comunidades indígenas.
En Juchitán y Azoyú, donde existe población indígena, se pueda tener un registro o espacios para ambas poblaciones, sin que se afecte el derecho de representación que tiene cada pueblo.
Respecto al vinculo comunitario y autoadscripción calificada en la consulta se opinó que quienes deben expedir la constancia para acreditar a una candidata o candidato como indígena o afromexicano, sea expedida por las autoridades comunitarias: comisarías, delegaciones o colonias, así como autoridades tradicionales de la comunidad de donde se adscriba la o el candidato.
También que ni el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), ni la Secretaría para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos (SEDEPIA) o alguna otra institución, tienen la facultad para expedir constancias de auto adscripción o vínculo comunitario, por lo que estas constancias no pueden ser utilizadas para el registro de candidatos.
Las constancias emitidas por las autoridades comunitarias deberán tener la validación o aprobación de la asamblea, “para evitar que pueda darse una constancia a quienes no cumplan con los requisitos internos de la comunidad: haber prestado servicio comunitario, ocupado cargos civiles, agrarios o tradicionales, trabajo colectivo en beneficio de la comunidad o participar en diversos comités y comisiones que existen en las comunidades indígenas y afromexicanas”.
Y que preferentemente la candidata o candidato que se postule como indígena, hable la lengua de su comunidad, además del español; que el IEPC revise las documentales o pruebas que se presenten para acreditación del vínculo comunitario o, en su caso, se realice alguna verificación de la expedición de la constancia por la autoridad que suscribe.
En el caso de las mujeres, priorizar los cargos tradicionales u otros en los que participen en sus comunidades de origen, debido a que la mayoría no realiza servicios comunitarios o de ser el caso, “se cuenta al hombre como cabeza de familia”.
También debe solicitar acta de nacimiento, constancia expedida por autoridades comunitarias y avalada por la asamblea, para que se acredite la pertenencia de la candidata o candidato a la comunidad indígena o afro, asimismo, que la persona viva en una comunidad de ese origen.
La coordinadora de la fracción parlamentaria de Morena, Yoloczin Dominguez Serna platica con el coordinador de la bancada del PRI, Héctor Apreza Patrón, mientras que al fondo diputados locales de Morena discuten luego de no ponerse de acuerdo para votar a favor de la reforma denominado “Divorcio Notarial”, y cuyo punto fue sacado del orden del día a petición del presidente de la Comisión de Justicia, el priista Jesús Parra García Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Rosalba Ramírez García
Chilpancingo
El pleno del Congreso local aprobó reformas al Código Penal y a la Ley para la Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guerrero, para establecer agravantes al delito de abuso sexual cometido contra menores de 18 años, y para que se elabore un banco de datos que contenga estadísticas con perspectiva de infancia y adolescencia en materia de violencia familiar y sexual.
La reforma al Código Penal establece que aumentarán las penas hasta en una mitad del máximo de la sanción si el delito es cometido en contra de una persona menor de 15 años de edad, en lugar de los 12 años que establece el texto vigente.
También la se equipara a la violación y se sancionará de 10 a 40 años de prisión al que sin violencia realice cópula con persona menor de 18 años de edad, en sustitución de los 15 años; también se adiciona una fracción al artículo 118 de la Ley número 812 Para la Protección de los Derechos de Niñas Niños y Adolescentes para que dentro de las atribuciones del gobierno del estado, “en concurrencia con la federación, se prevea la elaboración de un banco de datos que contenga estadísticas con perspectiva de infancia y adolescencia en materia de violencia familiar y sexual contra personas menores de 18 años”.
En la sesión ordinaria el pleno del Congreso se aprobaron reformas al Código Penal del estado para aumentar de 4 a 10 años las penas de prisión por el delito de despojo, mismas que se incrementarán hasta en dos terceras partes cuando los agraviados sean adultos mayores o personas con alguna discapacidad.
Se precisa que comete el delito de despojo quien por voluntad propia y utilizando violencia física o moral, engaño o furtivamente, ocupe o hace uso de un inmueble que no le pertenece. También quedó establecido que quienes cometan en forma reiterada el delito de despojo de bienes inmuebles se les impondrá de 6 a 12 años de prisión y de 300 a 600 días de multa.
Otro dictamen que se aprobó es el de adición a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado para que la Fiscalía Especializada en Investigación del Delito de Homicidio Doloso Cometido en Agravio de Mujeres a la que se agregan que investigue los asesinatos cometidos contra personas con orientación o preferencia sexual por identidad o expresión de género, porque sólo era incluido en el reglamento pero no en la ley.
Minuto de silencio por feminicidios
A petición de la diputada priista Gabriela Bernal Reséndiz, el pleno del Congreso local guardó un minuto de silencio por los cuatro feminicidios que ocurrieron o se conocieron en menos de 24 horas ocurridos en Chilpancingo, Acapulco, Juan R. Escudero y José Joaquín de Herrera.
Tras la aprobación del orden del día, la también presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género pidió la palabra para solicitar un minuto de silencio “por las mujeres asesinadas en las últimas horas en Guerrero, y que con este minuto de silencio también sea una exigencia de justicia para que estos hechos sean castigados y sobre todo se exija todo el peso de la ley para los feminicidas”.
La diputada priista nombró a las mujeres asesinadas. Pidió justicia para la maestra Marlén Enríquez Brito, asesinada el miércoles en Chilpancingo afuera del kínder en el que trabajaba; de la adolescente Vanesa Pérez Bahena, cuyo cadáver fue localizado el martes pasado en un barranco de la colonia Mozimba en Acapulco; el de Guilibalda Reyes, de quien fue hallado su cadáver el domingo en Carrizal de la Vía e identificada el miércoles; y el de Bonificia Mendoza Ortiz, asesinada el 18 de abril, pero localizada un día después en las inmediaciones de la laguna de Ayahualtempa, en José Joaquín de Herrera.
“Que ninguno de estos feminicidios quede impune y que cada quien haga lo que le corresponde”, concluyó Gabriela Bernal, el minuto de silencio fue autorizado por la presidenta de la Mesa Directiva Yanelly Hernández Martínez “ante la situación, lamentable, triste que compartió la diputada, por ellas y por todas las mujeres asesinadas en nuestro estado”.
Piden garantizar derechos de ciudadanos de nuevos municipios
También de Morena, el diputado José Efrén López Cortés presentó un punto de acuerdo por el que se solicita a los ayuntamientos de los municipios de Cuajinicuilapa, San Marcos y Malinaltepec, así como al Concejo Comunitario Municipal de Ayutla de los Libres, a efecto de que envíen un informe escrito pormenorizado relativo a la obligación que tienen de garantizar los derechos humanos de los ciudadanos que habitan en los nuevos municipios de San Nicolás, Las Vigas, Santa Cruz del Rincón y Ñuu Savi, porque recordó que es su obligación suministrarles los servicios públicos necesarios para una vida digna y de calidad.
Se suman a posición federal contra el tráfico de armas
El pleno también aprobó adherirse a los acuerdos emitidos por los Congresos de Guanajuato, Quintana Roo y Yucatán para exhortar al Congreso de la Unión y a los congresos locales de todo el país a que respalden las acciones legales emprendidas por el gobierno de México en Estados Unidos a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con el objetivo de frenar el tráfico ilegal de armas y poner un alto al crimen organizado.
El diputado morenista Andrés Guevara Cárdenas propuso un exhorto que fue aprobado por unanimidad para que los titulares de las secretarías estatales de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Gestión de Riesgos y Protección Civil, de Salud y de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, todas del gobierno del estado, que en coordinación con los representantes estatales de las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, los 80 ayuntamientos y el Concejo Comunitario de Ayutla de los Libres, implementen acciones para la creación de centros municipales de gestión de envases de desecho de pesticidas.
Retiran dictamen sobre “divorcio notarial”
El tema que generó debate fue la segunda lectura del dictamen de la Comisión de Justicia por el que se adicionan y reforman el Código Civil, la Ley de Divorcio y la Ley de Notariado Público para regular de manera armónica y sistemática en la legislación estatal el “divorcio notarial”.
La iniciativa fue del morenista Carlos Cruz López y dictaminada a favor por la Comisión de Justicia, pero ya en la discusión. la morenista Leticia Castro Ortiz pidió la palabra para argumentar su voto en contra y en tribuna señaló que el tema “no se encuentra lo suficientemente analizado” y que con estas reformas se quitan facultades y “atentan” contra el Poder Judicial pues se pretende dotar a los notarios “de facultades sumamente riesgosas”.
Leticia Castro cuestionó por qué se pretende dar más facultades a los notarios; por su parte el promovente, Carlos Cruz defendió que esta figura ayudaría a descargar de trabajo a los juzgados familiares y así los trámites serían menos tardados, además justificó que ya hay estados de la República que ya tienen esta herramienta legal.
En seguida los diputados de Morena se reunieron en uno de los pasillos entre las curules para hablar del tema y se solicitó un receso, ahí Leticia Casto advirtió a sus compañeros que no votaría a favor las iniciativas de sus compañeros solo por ser morenistas, también Efrén López Cortez les adelantó que su voto sería en contra.
Finalmente pidieron al presidente de la Comisión de Justicia el priista Jesús Parra García, que retirara el dictamen el cual se turnó a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, para continuar con su análisis y enlistarse en una próxima sesión.
