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Aprueba el IEPC su presupuesto para 2024; sólo tiene recursos para dos meses, confirma

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), aprobó el Programa Operativo Anual, el Presupuesto de Ingresos y Egresos, el Programa Operativo Anual de los Consejos Distritales Electorales y el Plan de Trabajo del Órgano de Control Interno para el ejercicio fiscal 2024, por un monto total 393 millones 119 mil 953 pesos, con acciones y programas sin techo presupuestal.
En la sesión virtual, los consejeros confirmaron que restando los 244 millones 665 mil 447 pesos de financiamiento público a partidos políticos, 62.24 por ciento del presupuesto etiquetado para el Instituto, sólo tendrán recursos para operar en enero y febrero. Expresaron preocupación de no poder realizar todas las etapas del proceso electoral rumbo a la jornada del 2 de junio.
A partir de marzo no habrá dinero para el pago de la nómina, para la renta de las sedes de los Consejos Distritales, para la contratación de capacitadores y supervisores electorales de proceso electoral, y cancelaron proyectos estratégicos para  mujeres, para los pueblos originarios, afromexicanos, de las juventudes y otros sectores marginados históricamente.
La consejera Vicenta Molina Revueltas adelantó que a través de la presidencia y la secretaría ejecutiva van a gestionar la ampliación de 281 millones 229 mil pesos, la diferencia de lo aprobado por Congreso del estado y lo requerido por el organismo.
La presidenta del Instituto, Fabiola Matildes Gama, indicó que el anteproyecto aprobado el 21 de junio de 2023 por el Consejo General, atiende “fines y funciones establecidas en las constituciones Federal, Local y en nuestra Ley Electoral, así como la función estatal de organizar las elecciones, tal como lo establece el artículo 41 de la Constitución Federal”.
Destacó que el artículo 107 de la Constitución del Guerrero, establece que cada Órgano Autónomo elaborará su proyecto de presupuesto para cumplir adecuadamente con su función, objetivos y metas, y será remitido al Poder Ejecutivo por conducto de su titular, para que sea aprobado en estos términos.
Sin embargo, denunció que el documento remitido al Poder Ejecutivo para que fuera incluido en sus términos al Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero, para el ejercicio fiscal 2024, tuvo un ajuste a la baja de 43 por ciento, que aprobó posteriormente el Congreso del estado.
“Esta disminución del presupuesto, sin duda afecta las actividades del proceso electoral, así como la operación del Instituto Electoral, tanto el gasto operativo como en la organización del Proceso Electoral y conlleva la cancelación de proyectos estratégicos y transversales, que tienen que ver por mencionar algunos, en los derechos políticos de las mujeres, de los pueblos originarios, del pueblo afromexicano, de las juventudes y de la ciudadanía históricamente discriminada”.
Indicó que de 2015 a 2021, no tuvieron un ajuste tan radical como este año de proceso electoral, “de ahí nuestra profunda preocupación por no contar con los recursos financieros indispensables para hacer frente a las actividades que habremos de desarrollar para garantizar que la ciudadanía pueda ejercer su derecho al voto y garantizar el cambio de los poderes en esta elección intermedia”.
Llamó a confiar en que hay un compromiso ineludible del IEPC para cumplir con las actividades que señala la Constitución y las leyes electorales, y garantizar el debido ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía.
“Por nuestra parte, haremos todo lo que esté a nuestro alcance para cumplir a cabalidad con el ejercicio de nuestras funciones para que el próximo 2 de junio puedan emitir su voto y contar con resultados bajo los principios que rigen la función electoral”.

Tareas sin recursos

Molina Revueltas explicó que con la intención de tener un presupuesto con datos más exactos a los requerimientos y buscando una reducción en su requerimiento, en diciembre de 2023 el instituto hizo ajustes a las actividades proyectadas en 2024, logrando disminuir un 3 por ciento del monto inicial.
Del primer requerimiento de 695 millones 543 mil pesos, enviado a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, indicó que solicitaron al Congreso local, 674 millones 349 mil 731 pesos.
Pero el Congreso local sólo aprobó 393 millones, de los cuales, 244. 6 millones corresponden a financiamiento de partidos, y 148.4 millones a gasto corriente, que solo permite asignar techo presupuestal parcial de dos meses: a servicios personales (nómina, seguridad social, fondo de ahorro), materiales y suministros (combustibles, refacciones viáticos ) y servicios generales (renta de inmuebles, mantenimiento y servicios).
En este escenario, anunció que pedirán una ampliación de 281 millones 229 mil pesos, que es la diferencia de lo aprobado por el Congreso del estado, y lo necesario para operar en 2024.
Entre otras tareas sin techo presupuestal, señaló la renta de los Consejos Distritales de marzo a septiembre de 2024; los alimentos que deben proporcionar a 5 mil 250 presidencias de Mesas Directivas de Casilla en el desarrollo de la Jornada Electoral y cómputos de los votos, que acuden a la entrega de los Paquetes electorales a los domicilios de los Consejos Distritales Electorales.
La contratación y gastos de campo de mil 530 Capacitadores Asistentes Electorales y Supervisores y 778 Integrantes de los 28 Consejos Distritales Electorales y 224 personas que se contratarán para operar “los CRyT y mesas receptoras”.
La contratación de personal para el registro de 24 mil 450 candidaturas para cada cargo popular de los 15 Partidos Políticos; la Instalación y funcionamiento de 28 Centros de Acopio y Transmisión de Datos en el Estado y el Centro de Captura y Verificación Central y alternativo, la Contratación de personal y servicios para operar el Sistema Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y demás.
Así como otras actividades de Capacitación, Promoción y Difusión del Voto y de la Observación Electoral, del Sistema Candidatas, Candidatos, conóceles; la Supervisión de la producción de la Documentación, misma que realizará el personal en los talleres de la institución que resulte adjudicada y la Distribución de la Documentación con y sin emblemas de los talleres de producción a las bodegas de los 28 Consejos Distritales,.
El consejero Amadeo Guerrero Onofre añadió que no tener el presupuesto necesario, no sólo pone en riesgo cumplir con todas las etapas de la organización de la elección, sino que atenta contra la fortaleza de la institución.
Llamó al gobierno del estado a entregar las ministraciones pendientes de 2023, pendiente a la fecha, y a que autorice suficientes recursos para 2024.
La también consejera Dulce Merari Villalobos Tlatempa enfatizó que de cada cien pesos autorizados este año para el organismo, 62 están destinados a financiamiento de partidos políticos, y 38 para organizar la elección del 2 de junio y para operar todo 2024 fiscal.
“En años anteriores nunca se había presentado una situación tan lamentable, no se había puesto en peligro un proceso electoral como lo que ahora estamos presenciando”. Añadió que están en riesgo no sólo los derechos políticos electorales de la ciudadanía, sino de la militancia que será postulada en el proceso electoral.
El consejero Edmar León García ratificó que el proyecto de 2024 se elaboró bajo los más estrictos estándares de racionalidad y austeridad, y a través de la presidencia se promovieron los mecanismos legales para tener recursos suficientes para el presente proceso y para todo el ejercicio 2024.

Organización del proceso electoral

En la sesión también se aprobó la distribución del financiamiento público a los partidos políticos, para actividades ordinarias permanentes, actividades específicas, y para gasto de campañas, así como el cálculo destinado al liderazgo político de las mujeres y de los jóvenes.
Mijane Jiménez Salinas, reclamó que no hay porcentaje en las prerrogativas políticas de los partidos, para las representaciones de los pueblos indígenas y afromexicanos, que hacen promoción de los derechos políticos electorales, y vigilarán que la autoadscripción calificado de candidaturas que se registren, tenga vínculos comunitarios.
También se aprobaron  los límites del financiamiento privado que podrán recibir los partidos políticos por sus militantes y simpatizantes en el ejercicio fiscal 2024.
Al final aprobaron la solicitud de Convenio de Coalición Total para la elección de Diputaciones locales de Mayoría Relativa, presentada por el PAN, PRI y PRD, en el Proceso Electoral Ordinario de Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2023-2024.

 

Corta el agua a la Promotora de Playas por un adeudo de más de 878 mil pesos

La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA) cortó el servicio de agua a la Promotora de Playas por un adeudo total de 878 mil 215 pesos que se tiene desde administraciones pasadas.
Al respecto el director de la Promotora de Playas, Alfredo Lacunza de la Cruz, dijo que ya platicó con funcionarios de la paramunicipal para establecer un convenio de pago para que se restablezca el servicio en dichas oficinas de gobierno.
Como se informó en días pasados por parte de CAPAMA, varios organismos públicos descentralizados tienen adeudos con la paramunicipal, entre los que se encuentran el Fideicomiso Acapulco, el parque Papagayo, el Centro de Convenciones, la Promotora de Playas, la Unidad Deportiva Acapulco y el polideportivo de Cici Renacimiento.
De acuerdo con el Ayuntamiento, el adeudo total por parte de los organismos públicos es de 54 millones 296 mil 147 pesos, incluyendo los recargos.
En breves declaraciones el funcionario estatal confirmó que sí le cortaron el servicio de agua, y mencionó que “hay adeudos de administraciones anteriores y ese fue el motivo, pero ya estamos en pláticas para que se restablezca el servicio, ya platicamos con funcionarios”. (Aurora Harrison).

 

Celebra AMLO apoyo de la ministra Piña a destinar fideicomisos a Acapulco

El presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró ayer que hay fondos suficientes para atender la emergencia en Guerrero Foto: Presidencia de la República

Juan Luis Altamirano Uruñuela

Ciudad de México

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, declaró celebrar la decisión por parte del Poder Judicial de la Federación, para entregar los recursos de los fideicomisos para los damnificados por el huracán Otis en Acapulco
“Celebro lo que decidieron de que los 15 mil millones de pesos del fideicomiso del Poder Judicial se destinen para apoyar a los damnificados de Acapulco, lo veo muy bien”, dijo.
Durante la conferencia de prensa matutina de este miércoles, el presidente recordó que el martes exhortó a los mandos del Poder Judicial para hacer la transferencia de recursos, destacando la decisión de la ministra presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández.
“La decisión importante es que por escrito la presidenta de la Suprema Corte se compromete que van a entregar a los damnificados los 15 mil millones de pesos, hay un escrito”, mencionó.
Añadió que en caso de que el Poder Judicial no decida aportar los 15 mil millones de pesos por la razón que decidan, el gobierno federal cuenta con los suficientes recursos para apoyar a las familias damnificadas.
“Si no van a aportar los 15 mil millones por cualquier motivo, nosotros tenemos los recursos para apoyar a los damnificados. Pero sería muy bueno, muy buen gesto, que esos recursos se aplicaran para apoyar a la gente, el pueblo que lo necesita”, replicó.
Destacó que a pesar de las diferencias que puedan tener con el Poder Judicial y concretamente con la ministra Norma Piña, se debe considerar que el punto de mayor importancia es el bien común.
“Miren la actitud de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia. Muy bien su respuesta, Claro que tenemos diferencias, pero por encima de nuestras diferencias tiene que prevalecer siempre el interés general, el interés del pueblo”.
Mencionó que por parte del Poder Ejecutivo, la secretaria de Gobernación Luisa María Alcalde y el titular de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, estarán involucrados en la revisión de la aplicación de los fondos.
“Que intervenga el Poder Legislativo, que intervenga el Poder Judicial y va a intervenir el Poder Ejecutivo y yo esto nombrando con ese propósito a la secretaria de Gobernación y se va a apoyar la secretaria de Gobernación en el secretario de Hacienda”, dijo el presidente.
Añadió que este mismo miércoles se buscaría comunicación con la ministra Norma Piña, además de tener comunicación con representantes de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. En tanto que se mostró un oficio donde los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados, aceptaron la propuesta de participación.
“Sirva este medio para hacer de su conocimiento que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados se adhiere a la convocatoria que realizó el día de hoy (martes) para integrar un comité compuesto por representantes de los tres Poderes de la Unión con el propósito de constituir un fondo de ayuda para atender los estragos proyectados por el huracán Otis. Con ello, este órgano se compromete a colaborar para que los recursos acumulados de fideicomisos que deberán reintegrarse a la Tesofe, se destinen a la garantía de las personas damnificadas en el estado de Guerrero”, leyó Luisa María Alcalde de un oficio por parte de los coordinadores parlamentarios de diputados.

 

Echa abajo la Corte artículo que impedía a municipios contraer deuda para pagos

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), invalidó un artículo transitorio de la Ley de Ingresos de Coyuca de Catalán, que impedía al Ayuntamiento recurrir a financiamientos externos para pagar adeudos por sentencias o laudos.
Con el proyecto de la ministra Loretta Ortiz Ahlf, los ministros concluyeron que el Congreso local no puede determinar la forma en que el Ayuntamiento integra, maneja y aplica su presupuesto, ni impedirle obtener ciertos tipos de financiamiento para cubrir obligaciones.
Entre oficios recibidos que se dieron a conocer la sesión del jueves, se encuentran los resolutivos de la controversia constitucional 36/2023, que promovió el municipio de Coyuca de Catalán en contra de los poderes Legislativo y Ejecutivo de Guerrero, demandando la invalidez del artículo décimo primero transitorio de la Ley 321 de Ingresos municipal para el ejercicio fiscal de 2023, publicado en el periódico Oficial del estado el 23 de diciembre de 2022.
El resultado de la sentencia fue dado a conocer en un boletín de la Corte desde el 3 de octubre, en su página oficial, donde confirma la demanda del gobierno municipal.
Detalla que en el preceto impugnado “establecía, sustancialmente, que el municipio debería considerar en su Presupuesto de Egresos las previsiones necesarias para cumplir con las obligaciones y adeudos derivados de sentencias o laudos laborales, sin recurrir a financiamiento externo, adelanto de participaciones o alguna otra fuente externa”.
Asimismo, establecía que, “además de asumirse como el único obligado a cumplir dichos pagos a través de recursos propios y fuentes de financiamiento permitidos por la ley, los cuales no requerirían autorización del Congreso del Estado, razón por la cual, no se debía vincular a éste con el objeto de que el municipio cumpliera con su obligación intransferible de pago, dada su autonomía tributaria y presupuestal”.
La Corte determinó que dicho artículo transgrede el principio de libre administración de la hacienda municipal, contenido en el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal, “ya que la Legislatura no puede determinar, en lugar del municipio actor, cómo integrar, manejar y aplicar los ingresos que forman su Presupuesto de Egresos, ni impedirle recurrir a financiamiento externo, adelanto de participaciones, alguna otra fuente externa, así como a cualquier fuente que requiera autorización del Congreso local, a fin de cubrir las obligaciones y adeudos señalados”.

 

Ya notificó el Congreso a la Corte sobre invalidación de impuestos de municipios

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso local, Bernardo Ortega Jiménez, informó que el Poder Legislativo ya fue notificado vía electrónica por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de la invalidación de los impuestos adicionales que aprobaron en las leyes de ingresos de municipios, y que éstos ya no podrán ser cobrados en 2024.
En declaraciones telefónicas, Bernardo Ortega reconoció que la Comisión de Hacienda sabía que estos impuestos adicionales –que en las leyes pusieron como sobretasa– podrían ser invalidados por la SCJN, pero que buscaron la manera en la cual incluirlos en las leyes de ingresos de los municipios para no afectar los ingresos de los ayuntamientos.
De los impuestos adicionales dijo que “nos queda claro que hay que quitarlos, y tendrán los ayuntamientos que buscar otra manera de cómo recaudar esos ingresos adicionales, que ya se habían declarado (inválidos) pero nosotros habíamos tratado de ayudarles en la Comisión de Hacienda (para) que no perdieran esos ingresos”.
Reprochó que los alcaldes “no hagan lo que les corresponde” porque no realizan estudios o un análisis de cómo sustituir estos estos ingresos para que sus finanzas no se vean afectadas, y que como comisión buscaron ayudarles cambiando el nombre de estos cobros, “chamba que le corresponde a los ayuntamientos”.
Para las leyes de ingresos del ejercicio fiscal 2024 que los ayuntamientos deben entregar el próximo mes al Congreso local, ya no se podrán contemplar estos cobros adicionales, y si se busca incluir estos impuestos entonces los alcaldes deberán presentar alguna propuesta o estrategia para hacer nuevos cobros.
Por lo pronto, dijo que la Comisión de Hacienda notificará a los alcaldes que estos cobros adicionales fueron invalidados por la Corte, por lo que se deben dejar de hacerlos y sobre todo no incluirlos en sus leyes de ingresos.
El perredista festejó la decisión de la Corte de declarar constitucional el cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP) que antes se había considerado inconstitucional.
Bernardo Ortega dijo que lo que realmente preocupaba al Congreso local y a la Comisión de Hacienda era que la SCJN declarara inconstitucional el cobro del DAP, porque eso sí afectaría económicamente a los ayuntamientos.
Precisó también que el cobro del DAP debe ser proporcional al consumo de luz que realiza el consumidor.

 

Acuerda la UPOEG movilizarse contra el aval de la Corte a consultas del Congreso por Ley 701

 

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), acordó movilizarse en contra de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que validó la consulta indígena y las reformas a la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas realizadas por el Congreso local el año pasado.
El dirigente de la agrupación, Bruno Plácido Valerio, declaró por teléfono que se reunieron 60 pueblos de Ayutla y Tecoanapa, en Atocutla, y con ello iniciaron las asambleas comunitarias para determinar las acciones en contra de la consulta que supuestamente realizó el Congreso local para las reformas en materia indígena.
En su fallo emitido el 5 de junio, la SCJN avaló la consulta realizada en mayo del año pasado y la reforma a la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas, en la que se suprimen derechos de los pueblos indígenas, como las policías comunitarias y el sistema de seguridad y justicia de los pueblos indígenas.
El 12 de junio en conferencia de prensa la dirigencia estatal de la UPOEG anunció que realizaría asambleas en los pueblos indígenas donde tiene presencia para determinar las acciones a seguir en contra del fallo de la Suprema Corte.
Plácido Valerio informó que ayer se realizó la primera de estas asambleas en la que participaron autoridades comunitarias de 60 pueblos de los municipios de Ayutla y Tecoanapa y acordaron acciones jurídicas y políticas para exigir el cumplimiento de los tratados internacionales establecidos en el Convenio 169 de la Organización del Trabajo (OIT).
Refirió que no se cumplió con la consulta a los pueblos indígenas para la aprobación de las reformas a la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas que aprobó el Congreso local y validó la Suprema Corte.
En cuanto a las acciones políticas, los pueblos van a nombrar en cada una de las comunidades un comité en defensa de la consulta y el desarrollo de las comunidades.
Informó que a partir de ayer comenzarían a nombrar los comités en los pueblos y sus integrantes van a trabajar en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas establecidos en las leyes internacionales y en la propia Constitución Política federal.
El abogado Ricardo Beltrán Verdusco, presidente de la Alianza Mexicana de Abogados, quien asistió a la asamblea y se hará cargo de atender la ruta jurídica, anunció que van a recurrir a los organismos internacionales como a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), por violación al Convenio 169 de la OIT, para hacer valer el derecho de los pueblos indígenas.
Explicó que en este convenio se establecen los derechos culturales de los pueblos indígenas y que en la realización de la consulta se debieron haber atendido los usos y costumbres, así como la lengua de las comunidades indígenas a las que va dirigida dicha ley, aspecto que no se atendió en la consulta ni en la ley que fue aprobada, dijo.
El abogado declaró que el Congreso local no cumplió con la formalidad que establece dicho Convenio, y sin embargo fue avalado por la SCJN, “y eso es lo vamos a combatir ante la CIDH, porque hubo muchas omisiones”.
“Nosotros vamos a apoyar en todo lo que se refiere al aspecto jurídico y vamos a recurrir a las instancias que correspondan bajo el esquema que nosotros vamos a definir”.
Informó que van a hacer valer el derecho que corresponde a los pueblos originarios porque “a todas luces, así como han expuesto la situación, son actos violatorios a los derechos humanos y a los derechos de las comunidades indígenas que hace alusión el Convenio 169.
“El principal argumento será la violación a la norma 169 en el que se prevé que las consultas deben ser culturalmente adecuadas, “y si no la hicieron de acuerdo a sus usos y costumbres, respetando su lengua, con una información precisa y de buena fe, se violó la norma y aun así fue avalada por la misma SCJN”, insistió.
Dijo que el convenio 169 es una protección importante para las comunidades indígenas y si la autoridad no la acata, es violatorio de los derechos humanos, “y en este caso, si el organismo internacional resuelve que se atienda este asunto, tendría que reponerse el procedimiento y realizar la consulta como corresponde, y como lo establece el convenio 169”.

 

También la UPOEG rechaza aval de la Corte a la consulta del Congreso sobre la Ley 701

El comisario del Mesón Sergio Gallegos; la representante de la comunidad Capulin Lizbeth González; el dirigente de la UPOEG Bruno Plácido; el coordinador de las autoridades municipales civiles y agrarias Gonzalo Torres y el coordinador de 28 comunidades de Ayutla Jesus Pantoja en la conferencia de prensa ayer en Chilpancingo Foto: Jessica Torres Barrera

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La coordinación estatal de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), se sumó al rechazó a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que validó la consulta del Congreso local y que derivó en la reforma a la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas de mayo del año pasado.
En conferencia de prensa, al menos 28 comisarios municipales encabezados por dirigentes de la UPOEG anunciaron acciones de protesta para exigir una nueva consulta y otra reforma, porque “los pueblos tienen mucho que aportar”, dijo el dirigente de la organización, Bruno Plácido Valerio, en coincidencia con la postura de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).
El coordinador de Autoridades Municipales, Civiles y Agrarias de la UPOEG Gonzalo Torres Valencia, denunció que la consulta que realizó el Congreso “fue una simulación” y que en muchas comunidades indígenas y afromexicanas se realizaron reuniones en las que se obligó a las autoridades comunitarias a firmar, si no, las amenazaron con dejarlas fuera de las obras y de los programas sociales.
Plácido Valerio agregó que con la consulta se violaron los artículos 2 y 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: el 2 dice que los pueblos tienen derecho a crear sus propias instituciones, y el 39 que el pueblo puede alterar o modificar su forma de gobierno, “pero cuando los pueblos se organizan para crear sus propias instituciones son perseguidos y divididos”, reprochó el dirigente indígena.
Agregó que también se violó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que dice que para ser consultados los indígenas, tiene que haber de buena fe y ser previamente informados, lo que no ocurrió.
“La que hicieron no fue consulta, sólo se reunían con unas diez personas o se tomaban fotos en reuniones cuando iba la gobernadora y con eso quieren justificar sus consultas”.
Contó que en otras ocasiones le decían a la gente que se reuniera en algunos pueblos, en donde los amenazaban: “si no me firmas no habrá obras y programas sociales”.
Aseguró que no se levantaron actas de asambleas, ni se nombraron mesas de debates, tampoco firmaron los acuerdos de asamblea.
La UPOEG pide una nueva consulta en la que la gente realmente participe con sus opiniones para la reforma de sus leyes, “estamos de acuerdo en una reforma pero que se cumpla con la consulta”.
Propuso que no les pidan su opinión a los líderes, sino que sean los ciudadanos los que hablen, “son los pueblos los que tienen que ser sujetos y no objetos de derecho público”.
Denuncio que igual ocurrió con la reciente consulta que realizó el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) para la representación de los pueblos indígenas.
Explicó que en San Luis Acatlán solo llegaron las autoridades comunitarias de la cabecera municipal y no invitaron a pueblos como Cuanacaxtitlán, Yoloxóchitl, Arroyo Cumiapa y Pascala del Oro, con lo que, denunció, nuevamente hubo racismo y discriminación.
“Ya estuvo sueve que a los indígenas nos sigan utilizando sólo para eventos o festejos y después nos dejen empobrecidos, divididos y confrontados”.
Informó que la UPOEG va a iniciar asambleas en los pueblos indígenas y afromexicanas para convocar a movilizarse
Anunció que pretenden terminarlas el 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, “y vamos a terminar con una acción concreta que nos lleve a ratificar nuestro camino como pueblos indígenas y afromexicanos”.
Admitió: “Si no logramos algo por lo menos estaremos evidenciado al Estado que todavía en el siglo XXI sigue discriminando y violando los derechos de los pueblos indígenas”.

El gobierno acorrala a la UPOEG y no resuelve la inseguridad, señalan

Gonzalo Torres Valencia, denunció que los ministros de la SCJN aprobaron algo que solamente les llevaron, “y eso que les llevaron fue una simulación de consulta, lo que queremos es que realmente se hagan las consultas en asambeas y que sean públicas, no solo que les lleven una hoja y les digan estos son los resultados de la consulta y ya”.
Declaró que buscarán que se respeten sus derechos, “porque de una u otra manera el gobierno nos quiere someter y no estamos dispuestos a eso, nosotros tenemos nuestras propios usos y costumbres y eso no va a estar a discusión, ellos (el gobierno) quiere que cumplamos la ley tal cual la especifica la Carta Magna, pero hasta ahora ni si quiera ellos la respetan a pesar de que está hecha a su manera.
Agregó que hay leyes consuetudinarias “y son a ellas a las que nos estamos apegando y las vamos a defender hasta con las uñas y dientes, hasta el último suspiro”.
Denunció que el gobierno ha estado acorralando a la UPOEG “de una manera muy vil, y nos utilizan como pretexto para hacer sus cosas, empezaron por decir que estamos infiltrados por el crimen organizado, cuando todas las instituciones lo están y no hacen nada”.
Informó que estuvieron de acuerdo en replegarse “para demostrarles que no somos nosotros, y como ejemplo, ahora en el corredor de Acapulco a Huatulco, (Oaxaca), hay muchas extorsiones, y si decían que éramos nosotros y nuestra gente ya se replegó, ¿por qué siguen los problemas entonces?
Informó que en la reciente consulta que realizó el IEPC los pueblos dijeron que quieren participar en cargos de elección popular, “pero ellos nos quieren obligar a que sea por partidos, es lo mismo de siempre: divide y vencerás, quieren obligar al que quiera un cargo a que se vaya con los partidos políticos y abandone la lucha por nuestros pueblos, pero la mayoría de nuestros compañeros están puestos en la lucha”.
Jesús Pantoja Mayo, coordinador de 28 comunidades de Ayutla, declaró que en ese municipio los pueblos se rigen por el sistema normativo propio, “pero aún allí hemos sido discriminados, y eso que hemos estado en pie de lucha, cada que hay elección hay impugnación, nos quieren someter porque las comunidades indígenas han querido tener su autogobierno”.
Aseguró que cuando fueron a hacer la consulta hubo solicitudes de varios pueblos que pidieron que los convocaran a las asambleas y les informaran de qué se trataba la consulta, pero no fueron; “no se nos informó a fondo, hemos sido discriminados en ese aspecto”.

 

La consulta del Congreso sobre la Ley 701 “es cosa juzgada”, dice Apreza a la CRAC

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El coordinador del grupo parlamentario del PRI en el Congreso local, Héctor Apreza Patrón, dijo que respeta la postura de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), que rechazó el aval de la Corte a la consulta que realizó el poder Legislativo en 2022 y que derivó en la aprobación de la Ley 701.
El diputado sostuvo que “este ya es un tema juzgado” y no hay otro tribunal en el país ante el que se pueda llevar el caso.
La CRAC sostuvo que la consulta que realizó el Congreso sobre derechos indígenas, fue una simulación, por lo que adelantaron que seguirán ejerciendo su sistema de justicia comunitario. La Ley 701 no recoge además propuestas de la nueva consulta organizada por el IEPC, como la preminencia de las asambleas de los pueblos indígenas en las candidaturas de autoadscripción.
No obstante, Apreza Patrón señaló que lo que sigue es continuar con el proceso de diálogo “entre los tres órdenes de gobierno, los poderes públicos y las comunidades para ir perfeccionando el sistema jurídico que rige, que norma la vida de los guerrerenses”.
Mientras que de la oposición del diputado Masedonio Mendoza Basurto a las reformas en materia de candidaturas indígenas y afromexicanas, Apreza Patrón recordó que lo aprobado por el pleno del Congreso local “no es nada novedoso” porque es lo mismo que hace tres años. La pasada legislatura “había aprobado exactamente lo mismo”, pero que fueron invalidadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por la falta de consulta a los pueblos indígenas y afromexicanos, y que en la consulta “se confirmaron” las reformas que ya se habían realizado, dijo.

El caso Badillo

Héctor Apreza informó que la posibilidad de que Joaquín Badillo Escamilla sea el próximo presidente de la Mesa Directiva, no se ha planteado de manera formal y de ser una “jugada de Morena” para presidir este organo y la Junta de Coordinación Política (Jucopo), podrían en riesgo los acuerdos logrados con los otros grupos y representaciones.
Al priista se le preguntó de la decisión del diputado Joaquín Badillo Escamilla, quien dejó el grupo parlamentario de Morena para integrarse a la representación del PVEM, por acuerdo de la alianza Juntos Hacemos Historia, como una estrategia para que los morenistas tengan además de la presidencia de la Jucopo, también la de la Mesa Directiva en el tercer y último año de esta legislatura.
Dijo que si Badillo Escamilla tiene aspiraciones políticas debe buscarlas a través del PVEM y no de Morena, además de que no es un espacio asegurado porque la presidencia se somete a votación del pleno y si no hay un acuerdo y logra la votación necesaria se podría complicar o presentar otras propuestas.
Este escenario de proponer a Joaquín Badillo como próximo presidente de la Mesa Directiva no se ha planteado al interior de la Jucopo: “Morena tendrá que valorar si está dispuesto a romper los acuerdos políticos que ha venido construyendo con el PRI, con el PRD, con el PAN, PT, con el propio Verde, a cambio de impulsar esa candidatura” a este espacio. que debería corresponder a representantes de un partido diferente al que preside la Junta.
Apreza señaló que de ser verdad que se busque impulsar a Badillo por el PVEM como “una jugada de Morena, se entendería como que no le interesa seguir transitando en la ruta de la gobernabilidad y de la construcción de acuerdos”.
También recordó que la ley solo es clara en el sentido de que el grupo parlamentario que presida la Jucopo, que en este caso es Morena, no puede tener también la presidencia de la Mesa Directiva, pero no se establecen reglas de cómo se elegirá a quienes estén al frente en cada uno de los tres años de la legislatura, por lo que esa decisión se construye a partir de “un acuerdo político que se somete a consideración del pleno”

 

“No les vamos a pedir permiso” para ejercer la justicia comunitaria, responde la CRAC

El abogado y ex diputado federal de Morena, Rubén Cayetano; los coordinadores de la Casa da Justicia de Las Juntas Caxitepec, en el municipio de Malinaltepec, Jesús Cesáreo; de San Luis Acatlán, Raúl de Jesús; y de Espino Blanco, Martín Rosales; el abogado Vidulfo Rosales y los asesores Uriel Leal y Fernando Xochihua en la conferencia de prensa para fijar posición de la CRAC ante el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que avaló la consulta sobre derechos indígenas que hizo el Congreso Foto: Jessica Torres Barrera

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), defenderá su sistema de justicia comunitario de gobiernos e instituciones con modelos occidentales, advirtieron coordinadores de cuatro Casas de Justicia y sus asesores jurídicos, y condenaron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ahaya avalado una consulta del Congreso sobre los derechos indígenas que fue “un simulacro” y “una simulación”.
En conferencia de prensa en la que fijaron su postura con respecto a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la acción de inconstitucionalidad 133/2022 que interpuso la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), dijeron que ésta avaló .
En esta resolución que aprobó por unanimidad el martes la SCJN, se avaló la consulta organizada por el Congreso local y las reformas a la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas que esté aprobó en mayo del 2022, y en las que se desconoce el Sistema de Seguridad y Justicia de la CRAC que se había reconocido en la citada ley aprobada en el 2011.
“No serán esos gobiernos e instituciones quienes reconozcan nuestros derechos, no les vamos a pedir permiso para ejercer nuestros derechos”, expusieron los coordinadores de la CRAC en una postura por escrito.
En su fallo, la Suprema Corte avaló que el Congreso del Estado de Guerrero cumplió con las fases preconsultiva, informativa, de diálogo, deliberación y decisiva que se deben cumplir en las consultas a los pueblos indígenas.
Además, avaló que la consulta fue libre, previa, informada, de buena fe y culturalmente adecuada, lo que fue rechazado ayer por las autoridades comunitarias y sus asesores jurídicos.
“Los pueblos indígenas y afromexicanos condenamos la resolución de la SCJN ya que es un fallo emitido desde la comodidad de los escritorios de los ministros”, reprocharon en su escrito.
La respuesta de la CRAC fue respaldada por los coordinadores de las casas de justicia de San Luis Acatlán, Espino Blanco, Zitlaltepec y Las Juntas Caxitepec, así como por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, (Tlachinollan), y los asesores jurídicos de la institución comunitaria Uriel Leal Ramírez, Rubén Cayetano García y Fernando Xochihua San Martín.
En su opinión planteada en el escrito “los ministros no tomaron en cuenta las cientos de actas levantadas en los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas que daban cuenta que el Congreso nunca informó de la reforma indígena ni realizó diálogo alguno con los pueblos, y reprocharon que “tampoco participamos en la elaboración del protocolo de consulta”.
Criticaron que no fue analizada de oficio por la SCJN, la falta de armonización legislativa de las leyes locales con los tratados internacionales, la Constitución Política y el principio de progresividad que obliga a las autoridades a no abrogar derechos ya reconocidos como es el caso de la Ley 701.
Señalaron que la SCJN “pisoteó” a los pueblos indígenas y afromexicanos desconociendo sus derechos, “cual fiel capataz de las élites económicas y políticas, da continuidad a la opresión y discriminación de nuestros pueblos y nos condena a seguir siendo vasallos de los ladinos y mestizos, ciudadanos de tercera, sobreviviendo en la pobreza extrema y exclusión social”.
Expusieron: “A los diputados de Guerrero, a los ministros y a los gobiernos neocoloniales les decimos: los pueblos indígenas hemos resistido por más de 500 años, somos herederos de grandes civilizaciones y formamos parte de este país, contribuimos a la conformación y consolidación del estado democrático, por lo tanto, no son los gobiernos e instituciones con modelos occidentales quienes reconozcan nuestros derechos, no les vamos a pedir permiso para ejercer nuestros derechos”.
Advirtieron: “Seguiremos cuidando nuestras tierras y territorios, no permitiremos la entrada de las empresas extractivistas, seguiremos brindando seguridad y justicia en nuestros pueblos sin permitir que la delincuencia coludida con el gobierno penetre nuestros territorios, nuestras asambleas seguirán nombrando nuestros gobiernos comunitarios y seguiremos impulsando la creación de nuestros municipios indígena y Afromexicano”.

La Corte no veló por los derechos indígenas: Vidulfo

El abogado de Tlachinollan Vidulfo Rosales Sierra condenó la resolución de la SCJN. Dijo que pensaron que podría ser un ente judicial que podría acotar los abusos que cometió el Congreso del estado, al desmantelar los derechos de los indígenas que ya habían ganado a nivel nacional con la ley 701.
Explicó que después de que el PRI “dilapidó” los derechos con su reforma en el 2018 pensaron que
Morena con mayoría en el Congreso recogería la demanda histórica de los pueblos indígenas, “pero, al contrario, la vino a desmantelar totalmente”.
Añadió que es lamentable que la SCJN no haya verificado si en verdad cumplieron los diputados con los requisitos que ella misma fijó en su invalidación de las reformas aprobadas por la anterior legislatura, pues “solamente recibió los documentos y en base a ellos emitió su fallo”.
El abogado opinó que la SCJN comete un gran error al darle la espalda a los pueblos indígenas, pues dijo que no analizó el principio de progresividad que indica que si hay un reconocimiento de derechos ya no se puede retrotraer en éstos, es decir, no se pueden desconocer derechos ya reconocidos.
“En este caso ya teníamos la ley 701 que el propio Congreso local aprobó en el 2011 y en la que se reconoce a la CRAC como un ente facultado para administrar, procurar justicia y realizar tareas de reeducación de las personas detenidas y bajo el principio de progresividad el Congreso ya no podía ir hacia atrás”.
El abogado señaló que “hoy se acuerpan el poder Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial federal en contra de los indígenas porque éstos no forman parte de las elites políticas del país. Como somos indígenas y campesinos no somos contrapeso a sus intereses”.
El coordinador de la Casa de Justicia de Las Juntas de Caxitepec, Jesús Cesáreo Sánchez, dijo que la Suprema Corte avaló una consulta que fue falsa y “un simulacro”, porque no fue una consulta real. La SCJN sólo aprobó lo que el Congreso le envió, pero lo hicieron desde sus escritorios”, cuestionó.
El abogado Uriel Leal Ramírez, insistió que la consulta avalada por la SCJN no reunió los parámetros mínimos que establece la Constitución Política en su artículo segundo, ni los tratados internacionales, entre ellos el convenio 169.
Otro de los asesores de las CRAC, Rubén Cayetano García, argumentó que la SCJN hace mucho que dejó de ser un Tribunal de Control Constitucional en México, “ahora es una instancia de resolución por consigna política y tendenciosa hacia intereses de poderes locales y poderes fácticos, alejándose de los más altos principios de la justicia”.
Añadió que el alto tribunal “sigue haciendo de las suyas y que ahora avala en esta resolución flagrantes violaciones cometidas por el Congreso de Guerrero, instancia legislativa que simuló una consulta a los pueblos indígenas y afromexicanos que incumplieron las fases preconsultiva, informativa, de deliberación interna, de diálogo y de decisión”.
Reclamó que la presidenta de la Junta de Coordinación Política, la diputada morenista Yoloczin Do-mínguez Serna celebre la resolución, “pero antes de celebrar debiera preguntarse a quién le favorece esta resolución: ¿al Poder Legislativo local o al pueblo? Porque un representante popular no debe congraciarse con actos que traicionan a sus representados, a menos que por ser plurinominal diga que no la eligió el pueblo y no le debe nada al pueblo”.
El abogado criticó: “Esta resolución es una traición a nuestros hermanos indígenas y afromexicanos guerrerenses, especialmente de la Costa-Montaña, de parte de la SCJN y la actual LXIII Legislatura al Congreso de Guerrero, cuyos procedimientos afectan sus usos y costumbres y les impone un retroceso a sus derechos consuetudinarios que ya habían conquistado”.

 

Desdeñan diputados propuestas de la consulta del IEPC sobre candidaturas indígenas y afro

Votación de los diputados de la Comisión de Justicia, Ana Lenis Reséndiz, del PAN; Estrella de la Paz, de Morena; el presidente de la comisión Jesús Parra, del PRI; Beatriz Mojica, de Morena; y Bernardo Ortega, del PRD Foto: Jessica Torres Barrera

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

La Comisión de Justicia del Congreso local, aprobó dictámenes con reformas en materia electoral. Las principales son la Ley 3 de 3 que suspende los derechos políticos y electorales de los agresores hacia las mujeres, y la que tiene que ver con candidaturas para integrantes de los pueblos originarios y afromexicanos, en el cual no se tomaron en cuenta decenas de propuestas que estas comunidades manifestaron en la reciente consulta llevada a cabo por el IEPC.
Se espera que estos dictámenes sean llevados ante el pleno en la sesión de este jueves, ya que mañana es el último día que tiene el Poder Legislativo para aprobar reformas en materia electoral y que estas normativas sean aplicables para el proceso electoral 2023-2024.
La sesión de la comisión se realizó en la sala de los Proceres José Francisco Ruiz Massieu y fue abierta, incluso transmitida en vivo. Se esperaba una discusión por la iniciativa del perredista Bernardo Ortega Jiménez que propone que se respete la decisión de los partidos políticos en el orden y género que se registran las diputaciones plurinominales.
La intención de esta iniciativa era que en la integración del pleno no se dejaran fuera a los varones que los partidos registraron en las primeras fórmulas, como ocurrió con el caso de Evodio Velázquez Aguirre. Sin embargo, el diputado retiró la iniciativa a solicitud de grupos feministas como la Red para el Avance Político de las Mujeres, y de la morenista Citlali Calixto Jiménez.
A la sesión llegaron los cinco integrantes de la Comisión de Justicia: el presidente el priista Jesús Parra García, la secretaria y vocal Beatriz Mojica Morga, y Estrella de la Paz Bernal, ambas de Morena, así como la panista Ana Lenis Reséndiz Javier y el perredista Bernardo Ortega Jiménez.
Ahí, Bernardo Ortega dijo “no voy a ser juguete de nadie” y adelantó que propondría modificaciones a los dictámenes que se discutirían “porque se proponen cosas aberrantes”, y aseguró que estos no los realizó la Comisión de Justicia, después en varios momentos señaló que fue la Jucopo la que realizó estos documentos.
“Creo que están actuando con alevosía y ventaja quienes hicieron este dictamen, porque quiero decirles que este dictamen no lo construyó la Comisión de Justicia, a mí no me tomaron en cuenta, y yo no voy a permitir esto, soy defensor de la legalidad… yo no soy juguete de nadie, ni me voy a dejar manipular por nadie”.
En respuesta, Jesús Parra le dijo a Bernardo Ortega que fue un acuerdo entre los diputados y el trabajo de la comisión se “estaría consultando con sus secretarios técnicos”.

Candidaturas indígenas y
afromexicanas

En el dictamen, los diputados se limitaron a legislar sobre las reformas que la Corte les invalidó por falta de consulta, y no incluyeron ningún otro tema planteado por las autoridades comunitarias de pueblos indígenas y afromexicanos.
El Congreso realizó a través del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) una consulta, a partir de la cual el organismo envió a los diputados un informe en el que se incluyeron decenas de propuestas recabadas, pero finalmente en el dictamen no se tomaron en cuenta.
Se quitó del texto de la ley electoral la facultad al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), y la Secretaría para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos de expedir estas constancias de autoadscripción.
Lo anterior a pesar de que una de las principales propuestas que el IEPC recogió en la reciente consulta que realizó a pueblos indígenas y afromexicanos, fue que la asamblea es la máxima autoridad para aprobar la constancia de adscripción a alguna de estas poblaciones, en el dictamen se abre la posibilidad a que sean también el Ayuntamiento.
Incluso, en el dictamen se establece que, para el registro de las candidaturas por estos principios, se deberá acreditar la autoadscripción calificada con una constancia que contenga o esté basada en alguno de los siguientes elementos.
Estos son: el haber prestado servicios comunitarios o desempeñado cargos tradicionales en la comunidad o distrito; haber participado en reuniones de trabajo tendientes a mejorar instituciones tradicionales o resolver los conflictos que se hayan presentado en torno a ellas, dentro de la población, comunidad o distrito; haber sido representante de alguna comunidad o asociación indígena o afromexicana, cuya finalidad sea mejorar sus conservar instituciones.
También puede ser a través de presentar constancia expedida por el Ayuntamiento, Comisaría Municipal, Consejo de Ancianos, Consejo de Principales Comisariado de Bienes Comunales, con la que se acredite la pertenencia a población o comunidad indígena o afromexicana; y finalmente se agregó a propuesta de Beatriz Mojica el que sea a partir de su activismo a favor de estas poblaciones.
Queda vigente el texto del artículo 13 Ter. que los partidos políticos deberán postular fórmulas de candidaturas a diputaciones de mayoría relativa de origen indígena o afromexicana en, por lo menos, la mitad de los distritos en los que la población indígena o afromexicana sea igual o mayor al 40 por ciento del total de la población del distrito.
También el texto del artículo 272 Ter. Que establece que en los municipios que conforme al último censo de población tengan una población indígena o afromexicana que sea igual o mayor al 40 por ciento, los partidos políticos deberán postular, en por lo menos la mitad de esos municipios, el 50 por ciento de candidaturas de origen indígena o afromexicana, en la planilla de presidencia y sindicaturas, así como en la lista de regidurías para integrar los ayuntamientos.

Otras reformas

Ayer se aprobó un dictamen en el que se concentraron diversas iniciativas en la materia, entre ellas una para armonizar la legislación local con la federal en lo referente a la “Ley 3 de 3 contra la Violencia”, la cual plantea que las personas con sentencias firmes por delitos graves relacionados con la vida, integridad corporal, sexuales, violencia familiar, violencia política contra las mujeres e incumplimiento de la obligación alimentaria, no puedan ser candidatos a cargos de elección popular ni nombrados en cargos o comisiones del servicio público.
Al dictamen se le realizó una modificación en la que estuvieron de acuerdo todos los integrantes, la cual consiste en que las acciones afirmativas para garantizar los espacios a los integrantes de la comunidad LGTBI+ no trastoque la paridad entre hombres y mujeres, apuntando que las personas que se auto definan como mujeres, no pueden ser registradas con este sexo, si no que se deben limitar a los espacios para el sector de la diversidad sexual.
Otro tema que generó discusión fue una propuesta para dividir una dirección en el IEPC. El diputado Bernardo Ortega acusó que en el órgano electoral se pretenden generar nuevas áreas para hacer un mismo trabajo y que el motivo es que hay quienes necesitan espacios porque quieren dar “chamba” a sus equipos.
También se manifestó en contra de que el órgano interno de control del IEPC pase a la adscripción de la presidenta del Consejo General, cuando actualmente responde a todos los consejeros, y apuntó que esta es propuesta es “regresiva” porque lo que se debería buscar es la autonomía de las autoridades a las que se vigila.
“¿La Jucopo así la quiere? Entonces que sea parejo para todos los órganos internos de control, Derechos Humanos, el Tribunal Administrativo, de la Fiscalía ¿Qué interés hay de que dependa de la presidenta o presidente?”.
El secretario técnico César Ramos Castro señaló que se debe tener mucho cuidado “porque pareciera que alguien deslizó por ahí esa facultad para que el órgano de control interno quede sujeto a presidencia, y eso sí está en contra de todo el sistema nacional anticorrupción y en contra de la naturaleza misma de los órganos autónomos”.
Otro tema fue es el relacionado con las acciones afirmativas a favor de la comunidad LGTBI; es que, si una persona se autoadscribe a un género y así es registrado por los partidos, estos podrían ser utilizados para la compensación del género.
Explicó que un partido podría registrar cualquier número de personas de la diversidad que se autoadscriben como mujeres y que se les tendrían que dar esos espacios, y en ese sentido dijo que la inclusión podría terminar afectando la paridad entre hombres y mujeres.