El fallo de la Corte deja vigente la reforma a la ley indígena que aprobó el Congreso local

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

Tras la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de declarar la validez “en definitiva” de las reformas aprobadas por el Congreso de Guerrero a la Ley 701 de Reconocimiento de Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas, éstas son constitucionales, por lo que son aplicables.
Después de la reforma del 24 de mayo de 2022 aprobada por el Congreso local, la CNDH buscó combatir esta norma a través de una acción de inconstitucionalidad, que finalmente este lunes fue declarada “procedente pero infundada” por los 11 ministros de la Corte.
Lo que significa que las reformas que el Congreso de Guerrero aprobó con 36 votos a favor y uno en contra en materia de derechos y seguridad indígena y afromexicana, son constitucionales.
Con las reformas avaladas por la Corte, no se reconoce en la ley al sistema de justicia que incluye la reeducación, ni a la policía comunitaria que fue sustituida por “policía indígena o afromexicana”.
El artículo 26 de la norma vigente establece que “la Ley reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía” y se agregó que se sujetará “a los principios generales” de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la de Guerrero “en particular aquellos relativos al respeto de los derechos humanos”.
En la fracción tercera se establecía que se reconoce y garantiza el derecho de elegir a “sus autoridades políticas o representantes”, pero con la reforma se apunta que solo podrán elegir “a sus autoridades comunitarias o representantes”.
En el título tercero “De la Justicia Indígena y Afromexicana” se señala en el segundo párrafo del artículo 35 que “la aplicación de la justicia indígena es alterna a la vía jurisdiccional ordinaria y al fuero de los jueces del orden común, conforme a lo dispuesto por el Código Nacional de Procedimientos Penales” la Constitución de la República; los tratados internacionales; la Constitución de Guerrero, y las leyes de ellas emanadas.
Y en el artículo 36 se reconoce en los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, “el conjunto de normas orales y escritas que se han transmitido por generaciones, enriqueciéndose y adaptándose con el paso del tiempo, de carácter consuetudinario que regulan sus relaciones familiares, comunitarias, la vida civil y la prevención y solución de conflictos al interior de cada pueblo o comunidad, entre sus integrantes”.
En el artículo 37 se establece que las autoridades del estado “mantendrá una relación de cooperación y comunicación” con estos pueblos “para garantizar que sus sistemas normativos internos sean adecuadamente conocidos por personas e instituciones ajenas a ellos” cuidando que no se contrapongan a la constitución federal y tratados internacionales.
También en la sección primera Sistema de Seguridad Comunitario Indígena y Afromexicano dice en su artículo 38 que el Sistema de Seguridad Comunitario Indígena y Afromexicano “es el conjunto articulado de instituciones, autoridades, acciones, instrumentos y mecanismos que implementan los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, de acuerdo a sus usos y costumbres dentro del municipio, en la prevención del delito, sin vulnerar sus sistemas normativos, prácticas tradicionales, lo dispuesto por el Código Nacional de Procedimientos Penales, y la presente Ley”.
En el artículo 39 se dice que ambos sistemas “constituirán una relación de cooperación” en materia de seguridad pública.
Mientras que en el artículo 40 se destaca que el órgano supremo del Sistema de Seguridad Comunitario Indígena y Afromexicano “es la Asamblea General de cada pueblo”.

 

Golpe a la justicia comunitaria, el aval de la Corte a la consulta del Congreso: Abel Barrera

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El aval de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a la consulta sobre las reformas del Congreso local a la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultu-ra de los Pueblos Indígenas, “es un golpe fuerte al sistema de justicia comunitario”, y en particular a la Coordinadora Regional de Auto-ridades Comunitarias (CRAC), opi-nó el director del Centro de De-rechos Humanos de la Montaña (Tlachinollan), Abel Barrera.
Entrevistado por teléfono, agregó que la resolución atenta contra los derechos de los pueblos indígenas, es una burla más hacia ellos, y una mala señal porque significa un retroceso en las reivindicaciones de los pueblos originarios.
El lunes se conoció que la SCJN validó por unanimidad y “en definitiva” la consulta y las reformas que realizó el Congreso local a la Ley 701 en mayo del año pasado. En ellas se eliminó el sistema de reeducación y se sustituyó a la Policía Comunitaria por una “policía indígena y afromexicana”, misma que se subordinará a las policías de los tres órdenes de gobierno.
Tlachinollan dio acompañamiento a la CRAC en su movimiento contra esa reforma, debido a que, argumentaron, no se consultó a los pueblos indígenas. Y ayer su director subrayó que la Corte “no reconoce sus formas de organización cimentadas en la libre determinación y, sobre todo, las formas de consultas que implementan las comunidades a través de sus asambleas”.
Barrera Hernández explicó que probablemente en los últimos meses el Congreso subsanó los procedimientos de la consulta y se hicieron cabildeos con algunos ministros para que les mostraran que en términos procedimentales cumplieron con los principios que ordenó la Corte y los que rigen la consulta.
Sin embargo, dijo que la realidad es que los pueblos fueron excluidos de esa supuesta consulta, sus autoridades no fueron tomadas en cuenta ni su práctica consuetudinaria que está marcada por las asambleas comunitarias.
“Fueron simplemente acciones mediáticas, de mera formalidad legaloide, nunca consultaron a fondo los pueblos”, subrayó.
En su opinión, fue una burla más, “y se sigue dando la espalda a los pueblos, ignorando su capacidad, su fuerza, su resistencia y su inteligencia para autogobernarse y construir un entramado jurídico basado en los derechos colectivos”.

El gobierno de Morena también desprecia al movimiento indígena

Barrera lamentó que, en Guerrero, en el mismo gobierno de Morena, no haya un compromiso con los pueblos indígenas, y por el contrario, exista “un desprecio hacia el movimiento de pueblos que luchan por su sobrevivencia, y que haya, también, una criminalización”.
Dijo que la Suprema Corte ahora se suma a esa política al no reconocer a los indígenas como actores políticos y al darle “credibilidad a un Poder Legislativo que nunca se ha identificado con las luchas indígenas”.
El director de Tlachinollan criticó que la SCJN legitimó la política racista de un Poder Legislativo que “más bien utiliza a las comunidades indígenas como clientelas cautivas, como masa informe que solo sirve para depositar el voto en las urnas”.
Abundó que lo que validó la SCJN es lo que quisieron imponer los diputados con una visión etnocéntrica de lo que es el derecho.

Desestimaron los ministros la cosmogonía indígena

Dijo que los ministros desestimaron lo que es la cosmovisión de los pueblos indígenas, “que hablan de otras formas de readaptación, como lo es la reeducación que es un proceso colectivo, en el que no se criminaliza al detenido, sino que se le reincorpora a la comunidad a través de procesos pedagógicos a nivel comunitario, a través del consejo de los ancianos y del servicio comunitario, de la participación en las tareas de la comunidad, a través de la convivencia que tienen con las autoridades”.
Lo que debería hacerse, dijo, es armonizar e incorporar la legislación indígena que se ha ido construyendo con mucho sufrimiento, con luchas a nivel latinoamericano, con los principios del derecho positivo y generar legislaciones plurales.
“Pero aquí, más bien, se está supeditando el derecho de los pueblos a un derecho positivo racista, que criminaliza, que discrimina a las comunidades indígenas que las tienen en el fango de la historia y han posteado sus derechos”.
Insistió que por eso su opinión es que hubo un retroceso, “porque en la vía de los hechos se sigue separando la sociedad mestiza de la sociedad indígena al tratarla como seres inferiores, como personas salvajes, como si sus costumbres fueran de la época primitiva”.
Barrera Hernández criticó que desde el Estado se sigue reforzando la idea “etnocéntrica y racista de que los indígenas son atrasados que necesitan integrarse a la sociedad nacional de manera forzada en términos de imponerles una cultura jurídica, basada en el individuo”.
Y cuestionó: “De qué sirve reconocer la diversidad cultural de México, si en los hechos se pisotean sus derechos, si en los hechos no se les reconoce, si no hay marcos jurídicos que los respeten, que los reconozcan, que los toleren, que armonicen sus derechos”.
En lo que respecta a la CRAC, el director de Tlachinollan anunció que va a seguir navegando a contra corriente, y va a tener que seguir fortaleciendo sus procesos autonómicos y de libre determinación, “no va a haber de otra”.
Recordó que en su momento ya elaboró una propuesta de ley que fue rechazada por la misma fracción parlamentaria tanto de la actual como de la anterior legislatura.
“Por el momento entendemos que fue un golpe fuerte al sistema de justicia comunitario y a la CRAC en concreto”.
En tanto que el vocero de la CRAC y coordinador de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, Raúl de Jesús Cabrera, informó que van a consultar con los pueblos y comunidades lo que resolvió la SCJN y que este jueves ofrecerán una conferencia de prensa las cinco casas de justicia para dar su opinión.

 

Festeja Yoloczin el aval de la Corte a la Consulta del Congreso sobre la Ley 701

Curules vacíos de la bancada de Morena en el inicio de la sesión del Congreso Local, en la cual tardaron 20 minutos en el pase de lista ante la presencia de solo cuatro diputados Foto: Jesús Eduardo Guerrero

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

La presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Yoloczin Domínguez Serna, opinó que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con la que validó por unanimidad y “en definitiva” la consulta y las reformas que realizó el Congreso de Guerrero a la Ley 701, “da certeza a los procesos consultivos” que realiza este poder.
De acuerdo con un comunicado de prensa, Domínguez Serna dijo que en la actual legislatura, los procesos de consulta se están perfeccionando “en busca de garantizar una participación real de los pueblos indígenas y afromexicanos”.
El Congreso realiza consultas en materia de educación indígena e inclusiva, y recientemente el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) concluyó la consulta en materia electoral para establecer las reglas con las que se garantizará a los pueblos indígenas y afromexicanos su participación en el proceso electoral próximo.

Realiza el Ejecutivo observaciones del Legislativo a sus decretos

Al pleno del Congreso local se informó que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda envió “observación constitucional total” a dos decretos aprobados por los diputados, por lo que no se han publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
Se trata de dos decretos que se generaron a partir de iniciativas enviadas por Evelyn Salgado, propuestas que en el proceso de revisión y dictaminación sufrió modificaciones en las que la gobernadora está en desacuerdo.
En la sesión de ayer sólo se leyeron los oficios en los que se menciona el contenido de los decretos observados, pero no se leyeron los anexos en los que se puntualiza qué es lo que el Ejecutivo encontró inviable para su publicación y entrada en vigencia.
Con estos dos, son tres decretos que la gobernadora por Morena observa de manera total al Poder Legislativo, donde el grupo parlamentario con mayor número de diputados es de su mismo partido.
Al inicio de la sesión se leyeron dos oficios enviados por Salgado Pineda. Se trata de la “observación constitucional total” al decreto número 445 por el que se reforman diversas disposiciones del Código Penal para el estado libre y soberano de Guerrero, número 499”, por el que se adicionó una fracción al artículo 118 y al título quinto “de la protección y restitución integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes” y al capítulo tercero “del sistema estatal de protección integral”, y de la ley número 812 para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
La otra observación constitucional total fue al decreto número 457 por el que se adiciona el artículo 140 Bis del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del estado de Guerrero, número 763.

La sesión

El pleno del Congreso de Guerrero exhortó al gobierno estatal para que, a través de la Secretaría de Turismo, promueva el desarrollo de la actividad turística en la zona Norte de Guerrero. Fue una propuesta del diputado morenista Antonio Helguera Jiménez.
El grupo parlamentario del PRD presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado para armonizarlo con “Ley 3 de 3 contra la Violencia”.
La propuesta es para que quede establecido en la legislación local que las personas con sentencias firmes por delitos graves relacionados con la vida, integridad corporal, sexuales, violencia familiar, violencia política contra las mujeres e incumplimiento de la obligación alimentaria, no puedan ser candidatos a cargos de elección popular ni nombrados en cargos o comisiones del servicio público.
La propuesta la presentó en tribuna la perredista Jennyfer García Lucena, que plantea la suspensión de derechos para ocupar cargo, empleo o comisión del servicio público.
El morenista Antonio Helguera presentó una iniciativa de adición a la Constitución Política del Estado para establecer la prohibición de la “lista de raya” o “nómina secreta”, con lo que se inhibirá la opacidad en el funcionamiento de la administración pública municipal.
También de Morena, Carlos Cruz López presentó una iniciativa de adición a la Ley Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados, para que las madres o padres cuyos hijos hayan sido diagnosticados con cáncer puedan gozar de una licencia por cuidados médicos, que les permita ausentarse de sus labores en caso de que la niña, niño o adolescente requiera descanso en los periodos críticos del tratamiento.
 

El Plan B es para ampliar el tiempo de campaña de las “corcholatas”: Añorve

El senador Manuel Añorve en su conferencia sobre la reforma electoral en la Universidad Americana de Acapulco Foto: Jesús Trigo

Daniel Velázquez

El senador del PRI Manuel Añorve Baños señaló que la reforma electoral recientemente puesta en vigor es para que “las corcholatas” del presidente Andrés Manuel López Obrador puedan seguir haciendo campaña hasta noviembre.
Este jueves, Manuel Añorve impartió una conferencia llamada Reforma Electoral, convocada por la Universidad Americana de Acapulco y la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Guerrero, en el auditorio de la primera.
En su exposición, el senador dijo que con la reforma electoral vigente se busca “estrangular al INE” y “se van a reducir seguramente las casillas”. Eso provocaría acarreo de personas: “no voy a negarlo, el andamiaje que tiene el gobierno con los programas sociales ayuda mucho obviamente en todo lo que se puede traducir electoralmente el día de la elección”.
Añadió que con la reforma el proceso electoral de 2024 empezará la tercera semana de noviembre y no en septiembre, “para que las corcholatas puedan seguir haciendo campaña con recursos públicos” y por eso defienden el Plan B.
Agregó que la oposición, los partidos, en las Cámaras ya presentación juicios de inconstitucionalidad para echar abajo el Plan B y dejar las cosas como están. “Tenemos confianza en que la Corte lo eche abajo y que las cosas queden como se han hecho las elecciones siempre”.
Indicó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene hasta el 1 de junio para resolver los juicios de inconstitucionalidad promovidos contra la reforma, “porque es la fecha límite para hacer reformas constitucionales y de mayoría simple en temas electorales, la Corte tiene que resolver antes del 1 de junio”.
Agregó que si no resuelven los juicios, las reforma seguirá vigente, pero puede declarar suspensiones sobre algunos aspectos. Ponderó el revés que dio la Corte sobre la permanencia en la secretaria técnica a favor de Edmundo Jacobo.
Destacó que la marcha del 23 de febrero fue para defender al INE y no hubo acarreados: “nosotros no llevamos ni un camión, fuimos caminando, y Morena está convocando a todo el país para llenar el Zócalo y ahí estarán las fotos el día posterior a la marcha donde tendrán sus camiones, sus acarreados, de todo lo que se quejaban cuando otros gobiernos y otros partidos gobernaban el país”.

Alianzas, el rejuego político

De las declaraciones hechas por el fundador del PRD Jesús Ortega Martínez de que la alianza entre PRI, PAN y PRD está secuestrada por los dos primeros partidos, y que en caso de seguir en esa postura el perredismo no participaría con esos partidos, el senador opinó que su postura es parte la negociación política.
“Eso no va a suceder, ellos están negociando, también estiran la cuerda, aflojan la cuerda, normal. Todavía, vendrá el periodo de las reglas para la candidatura a la presidencia de la República, eso todavía no se ha instrumentado porque estamos esperando que pase la elección de Coahuila y la del Estado de México, por eso hablo con tanta seguridad, después se van a instrumentar las reglas para definir candidatos a la presidencia de la República y se va a definir a quién le corresponde por fuerza mayor candidaturas”.
Agregó que la postura del perredista es normal porque son las negociaciones, “pero a nadie le conviene romper porque si rompemos no vamos a ganar. Tenemos que tener toda la apertura el Va Por México. Si alguien se desprende nos vamos a ir por separado y le vamos a hacer el favor al partido en el gobierno para que gane las elecciones”.
En su exposición el senador también informó que el Senado aprobó sancionar hasta con 22 años de cárcel el matrimonio infantil y prohibió la venta de menores.
También inormó que está en discusión la aprobación de la mariguana para uso lúdico, medicinal e industrial y el aborto

 

Confía PRI estatal en que la Corte rechace la reforma electoral de López Obrador

Daniel Velázquez

La secretaria general del Comité Directivo Estatal PRI, Pilar Vadillo Ruiz, dijo que la reforma electoral del gobierno federal conocido como Plan B “no es más que la mutilación al aparato electoral que tanto nos ha costado” construir a los mexicanos y confió en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo rechace dando la razón a las distintas instituciones y actores políticos que han presentado juicios de inconstitucionalidad.
Este lunes se reanudaron las actividades del Comité Directivo Municipal del PRI llamados Encuentros con la militancia donde la secretaria general señaló que el gobierno federal busca que el INE esté al servicio del poder.
Aseguró que Morena impondrá su mayoría en la Cámara de Diputados y seleccionará a consejeros electorales afines a sus intereses y llamó a los priistas a estar informados, a no ser sumisos ni callados.
Recordó que Morena no ha renunciado a las prerrogativas de mil 900 millones de pesos que recibe “y no les parece una fortuna”, en alusión a que se dice que el propósito principal del Plan B es ahorrar en gastos.
A los beneficiarios de los programas sociales les dijo que éstos “son posibles gracias a que esta generación que hoy trabajamos y producimos, a la hora de consumir pagamos impuestos en cada uno de los productos que costeamos y quienes generamos otro ingreso a partir de una pequeña empresa contribuimos aún mas para que puedan hoy entregar cual dádiva y compra anticipada de voto, dinero a los jóvenes”
Añadió que como maestra de preparatoria “soy testigo que la mitad de mis alumnos no tienen interés académico, se están convirtiendo, perdón que lo diga porque lastima, en verdaderos limosneros, y un joven que recibe mil 600 pesos bimestrales por supuesto que siente que es mucho dinero porque los padres se hacen cargo de los gastos de la casa”.
Agregó que con las becas a estudiantes se quita a los jóvenes el deseo de ganar dinero, de superarse :“toda esa generación está sobreestimulada con esa cantidad, no tienen el mismo futuro de quienes venimos de la cultura del esfuerzo”.
La secretaria general luego señaló que aunque reciban dinero “les alcanza para menos” porque el alza de precios en productos como el huevo, la tortilla y el gas “el poder adquisitivo es menor”.

Críticas al gobierno de Abelina

Durante el desayuno, Pilar Vadillo y el presidente del CDM Sofío Ramírez Hernández criticaron al gobierno de la morenista Abelina López en Acapulco. La dirigente estatal lo acusó de nepotismo y el líder municipal de incapaz.
Vadillo dijo que “el más sano de los errores” de la alcaldesa “se llama nepotismo, el peor de sus errores se llama omisión porque Acapulco se ha convertido en un triste escenario político de unos cuantos al cobijo de una figura nacional”.
El dirigente municipal señaló: “Es triste particularmente en Acapulco ver el crecimiento de la inseguridad”, ahora se asalta y se cometen asesinatos en la Costera, no hay servicios públicos.
La ciudad “es un basurero en las esquinas, no tenemos servicios públicos, no tenemos servicio de drenaje, de agua, de alumbrado público, no tienen la mas mínima idea de lo que representa gobernar y saber gobernar para el pueblo de Acapulco”, terminó Sofío Ramírez.

 

Pide el PRI respeto para la ministra Piña en sesión del Congreso por el Día de la Mujer

Diputadas locales posan para una fotografía para conmemorar el 8 de Marzo al final de la sesión del Congreso del estado Foto: Jessica Torres Barrera

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

Diputadas de Morena y PRI, durante sus intervenciones por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, se pronunciaron por el reconocimiento de sus derechos y la erradicación de las diferentes violencias, pero también aprovecharon para hacer alusión a la posibilidad de que la próxima presidencia de la República sea encabezada por una mujer, y para defender a la presidenta de la Corte por presuntos ataques desde el gobierno federal.
La priista Grabiela Bernal Reséndiz en su intervención se solidarizó con la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia Norma Lucía Piña Hernández, “quien está siendo víctima de los más fuertes ataques y presiones del gobierno federal solo por mostrar autonomía”.
La priista le dijo a la ministra “que no está sola y que las esperanzas de millones de mexicanas y mexicanos están en usted y en las demás ministras y ministros para salvaguardar la Constitución política de nuestro país”, en referencia a la decisión sobre la revisión del plan de reforma electoral del presidente López Obrador.
Se pronunció por “no más campaña de odio y división contra la ministra Piña, ni contra ninguna mujer de este país”.
La morenista Citlali Calixto Jiménez dijo en tribuna que en el estado se realizan acciones dirigidas “a construir un santuario para las mujeres, se está trabajando como nunca antes se había hecho”.
Después señaló que México está preparado para ser gobernado por una mujer, en referencia a la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum, quien es aspirante a la presidencia de la República.
“Tenemos más funcionarias públicas que nunca ¿Y por qué no?, estamos en condiciones de tener presidenta de la República”.
La presidenta de la Jucopo, la morenista Yoloczin Domínguez Serna, dijo que conoce de primera mano lo “complejo que es enfrentarse a un sistema que por el simple hecho de ser mujer se nos juzga y se pone en duda la capacidad de tomar decisiones”.
Señaló que a quienes cuestionan y luchan por espacios “sin restricción nos vulneran, nos minimizan, nos tratan de ignorantes porque para algunas personas, el tener grados académicos o decirse especialistas en alguna materia consideran que son mejores y que tienen derecho a señalar y a ofender a los demás”.
La petista Leticia Mosso Hernández dijo qué Día Internacional de la Mujer debe ser también un movimiento que abone por un mundo digital inclusivo, a la innovación y la tecnología para la igualdad de género, ya que este es uno de los mayores rezagos en la entidad que es la tercera con mayor rezago tecnológico, situación que se profundiza en los municipios y comunidades indígenas.
El priista Héctor Apreza Patrón festejó que no “se partidicen estas luchas” porque de hacerlo, señaló que sería “mezquino”, incluso criticó que hubiera pocos diputados varones en el pleno escuchando las intervenciones de las diputadas.

Partidos y no autoridades deben regular el principio de paridad, plantea Bernardo Ortega

En la primera sesión del pleno del segundo periodo ordinario de sesiones, el diputado perredista Bernardo Ortega presentó una iniciativa para que en la elección de diputaciones locales, además del principio de paridad de género sea respetada la autodeterminación y “autogobierno de los partidos”, planteando que las asignaciones se realicen respetando el orden de prelación, tal y como las hayan registrado los partidos, para no dejar a decisión de los organos electorales esa asignación.
El perredista planteó en su propuesta que además del principio de paridad de género, sea respetada la autodeterminación y autogobierno de los partidos, señala que es apremiante “conjuntar” el tema de paridad de géneros con la autoorganización de los partidos políticos, para que “sin romper o lesionar alguno de ellos” se logre la conformación igualitaria de hombres y mujeres.
Recordó que se ha dejado en manos de las autoridades electorales, sobre todo jurisdiccionales, la aplicación de criterios para dar cumplimiento de los principios constitucionales; sin embargo, “se ha olvidado cada vez más el de la auto organización y auto determinación de los partidos políticos, gracias a los cuales se da vida al sistema electoral”.
Señaló que “es un principio ineludible lograr la conformación paritaria de mujeres y hombres en el Congreso de Guerrero; por ello, una vez realizadas las elecciones, y al quedar firmes los triunfos de las diputaciones electas por mayoría en las urnas, la autoridad electoral, como árbitro de la contienda, tiene la tarea de lograr una conformación paritaria del Congreso de Guerrero; es decir, 50 por ciento de hombres y 50 de mujeres, en cifras naturales, 23 para cada género”.
En el caso de la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional o “plurinominales”, se echa mano de las listas que registraron los partidos políticos, y “es ahí donde empieza la desarmonización, porque la autoridad electoral administrativa, queriendo cumplir con la paridad de géneros, empieza a asignar las diputaciones sin que se ciña al orden en que fueron registradas las candidaturas a diputaciones por los partidos políticos en sus listas”.
De acuerdo con lo dicho por el perredista, los órganos electorales por querer cumplir con la paridad, “empieza a hacer los ya famosos saltos de género, logrando una conformación paritaria, pero sin respetar el orden de prelación con que los partidos determinaron registrar sus candidaturas.
“Aquí es donde la problemática resulta muy visible, porque la autoridad electoral, sin hacerlo de mala fe, se aparta del principio de autodeterminación de los partidos políticos cuando se ciñe al principio de paridad de género, alternancia e igualdad sustantiva, olvidando el principio de autoorganización”.
También planteó que cuando la autoridad administrativa electoral realice la asignación, respete estrictamente el orden de prelación, tal y como lo registraron los partidos políticos en sus listas, garantizándose los primeros lugares en ellas, para lograr la armonía e igualdad sustantiva de género.

 

Debe la Corte atender la demanda de ciudadanos contra el Plan B, dice Añorve

El senador Manuel Añorve Baños, entre los invitados a la toma de protesta de la directiva del Grupo ACA Foto: Carlos Carbajal

Karina Contreras

El senador priista Manuel Añorve Baños dijo que confía que luego de la manifestación del pasado domingo 26 de febrero, que fue “ciudadana”, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) “mínimamente suspenda o eche abajo el Plan B porque no se puede jugar con la democracia”.
Añadió que podrían perder su trabajo alrededor de 6 mil empleados de carrera del organismo por las normas del llamado Plan B impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Indicó que en unos dos días más el PRI presentarán la acción de inconstitucionalidad y seguramente el PAN, PRD, MC harán lo mismo y vendrán más amparos.
Subrayó que no es posible que se esté debilitando INE, que es un instrumento ciudadano que se creó después de la caída del sistema de 1988, cuando Manuel Bartlett, hoy director de la CFE, era el responsable del organismo electoral
Indicó que el domingo se marchó en más de cien ciudades del país y se tomó el Zócalo de la Ciudad de México de manera pacífica, por lo que esperan que la SCJN suspenda o eche a bajo dicha reforma que fue promovida por Morena.
Indicó que con el INE se da certeza a las elecciones como en la elección del presidente Andrés Manuel López Obrador en 2018, que nadie le regateó el hecho de haber ganado abrumadoramente y que después, obviamente, se ha caído en las elecciones intermedias en número de votos de la 4T y sus aliados.
Agregó que nadie ha dicho en las últimas seis elecciones estatales que hubo fraude electoral por lo que “no podemos extrangular al INE”.
Señaló que no se tiene un parámetro de referencia atropellar los derechos de muchos años de andamiaje democrático que crearon los mexicanos y que no es “un traje a la medida del presidente en turno, el INE es de los mexicanos”.

La prórroga del mandato de Alito está en los estatutos del PRI

Añorve también defendió la ampliación del mandato del presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas.
El senador priista señaló que esa medida está en el Artículo 83 de los estatutos del partido “y eso no está a discusión”.
Lo que está en el debate son temas administrativos, y ejemplificó que uno de ellos es que estaban cambiando solamente el periodo de 90 días para ajustarse a las disposiciones del Plan B electoral que promovió el gobierno de Morena, pero el periodo de prórroga de la dirigencia nacional está en los estatutos desde 2020 por acuerdo de la Asamblea Nacional, reforma que fue autorizada por unanimidad por el INE, y por eso “quiero decir que esa prórroga está firme”, subrayó.
En declaraciones al acudir a la toma de protesta del consejo directivo del Grupo ACA, agregó que “si Alejandro Moreno Cárdenas decide prorrogarse y el Consejo Político Nacional lo acepta, se va a prorrogar. Eso no está en la litis de las impugnaciones que se han presentado” en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Señaló que el PRI no es el único partido que tienen en sus estatutos la prórroga porque se ha hecho en partidos como Morena, PRD y en el PAN hasta se reeligió.
“Pareciera que lo que se esta jugando ahorita en tribunales sería la prórroga no de Alejando Moreno, eso ya está, es más bien un debate político porque ese mecanismo ya esta desde el 2020 en los estatuos del PRI”.
Señaló que el debate político “no debe confrontar al priismo guerrerense y creo que todos los actores políticos estamos concientes de esto, pero la prórroga no está a discusión en los tribunales”.
Finalmente dijo que todos deben trabajar por la unidad y “que sean las instancias legales quienes decidan este tecnicismo, porque la prórroga ya está, esa está firme por unanimidad en el INE y en el Tribunal Federal Electoral, eso ya está en los estatutos, no está en litis en este momento nada más que mediáticamente pareciera que es la prórroga y eso ya está firme”.

 

Reporta la Ssa estatal 38 casos nuevos de Covid-19; sigue el descenso de activos

María Avilez Rodríguez / Emiliano Tizapa Lucena

Chilpancingo

La Secretaría de Salud (Ssa) estatal informó que el fin de semana se reportaron en Guerrero 38 contagios nuevos confirmados de coronavirus y un leve descenso de casos activos, al reportarse este domingo 161 enfermos distribuidos en 16 municipios.
El sábado, la dependencia informó en su comunicado técnico que al corte del 10 de febrero se registraron 24 contagios nuevos confirmados, de los cuales, 22 corresponden a febrero y dos a enero. Se reportó que al corte del 11 de febrero se sumaron 14 enfermos confirmados, de los que 13 corresponden a febrero y uno a enero.
Estos 38 contagios confirmados de Covid-19 sumaron un acumulado, desde el inicio de la epidemia, de 118 mil 609 enfermos; en lo que va de este 2023 suman mil 88 pacientes registrados.
Respecto a las defunciones, la Ssa estatal no reportó ningún caso durante el fin de semana, y mantuvo el acumulado de 6 mil 875 fallecimientos por complicaciones con la enfermedad.
La dependencia expuso que el sábado contabilizó 176 casos activos, cuatro menos de los reportados el viernes, mientras que este domingo se reportaron 161 enfermos activos, es decir, 15 casos menos que un día anterior.
Precisó que el fin de semana, los casos activos se distribuyeron principalmente en Acapulco, con 69 el sábado y 67 ayer; Chilpancingo, con 58 el sábado y 51 ayer; Chilapa, con nueve el sábado y siete el domingo; Tlapa, con siete el sábado y seis ayer; Iguala y Zihuatanejo con seis cada uno el fin de semana; Pilcaya y Teloloapan con cuatro cada uno el fin de semana; Ometepec con tres el sábado y dos ayer, y Taxco con dos el fin de semana.
Sobre la ocupación hospitalaria, la dependencia indicó que el sábado fue del 2 por ciento, pero el domingo disminuyó al 1 por ciento; es decir, luego de que se registrara una mujer de 76 años de edad internada por coronavirus en Acapulco y con estado de salud grave.
Reiteró el llamado a la población a mantener las medidas para evitar el aumento de contagios: el uso correcto de cubrebocas en espacios cerrados y abiertos; evitar las aglomeraciones, el lavado de manos constante con agua y jabón o desinfección con alcohol en gel al 70 por ciento, así como mantener la sana distancia de 1.5 metros.

 

Suma la Ssa estatal 36 contagios nuevos de Covid-19 y registra 231 casos activos este jueves

La Secretaría de Salud (Ssa) dio a conocer este jueves que en Guerrero se registraron 36 contagios nuevos confirmados de Covid-19 y contabilizó 231 casos activos, distribuidos en 19 municipios.
En su comunicado técnico diario, la dependencia expuso que al corte del 1 de febrero se reportaron 36 nuevos contagios confirmados de coronavirus en el estado, que suman, en lo que va de 2023, 904 enfermos del virus, y desde el comienzo de la pandemia suma un acumulado de 118 mil 420.
Resaltó que respecto a los casos activos, este jueves se reportaron 231, es decir, 11 casos más que un día anterior, los cuales se distribuyeron principalmente en Chilpancingo, con 88; Acapulco, con 81; Iguala y Zihuatanejo, con 11 cada uno; Chilapa, con 10; Tlapa, con nueve; Taxco, con cinco; Arcelia, Eduardo Neri y Mochitlán con dos cada uno.
Por cuarto día consecutivo, la Ssa estatal informó que no se registró ninguna defunción a causa de la enfermedad, y reportó el acumulado de 6 mil 873 fallecimientos.
La dependencia informó que la ocupación hospitalaria avanzó al 3 por ciento, al registrar a dos hombres, de 31 y 9 años de edad; así como una mujer de 41 años, internados por coronavirus en Chilpancingo y Acapulco, de los cuales, dos están reportados con estado de salud estable y uno grave.
Pidió que las personas que presenten algún síntoma, acudan a sus centros de salud para realizarse la prueba de Covid-19 y, en caso de resultar positivo, darle seguimiento médico y salvaguardar su salud; además, pidió mantener el uso correcto de cubrebocas en espacios cerrados y abiertos; evitar las aglomeraciones, tener sana distancia de 1.5 metros y lavarse las manos constantemente con agua y jabón o desinfectante. (Emiliano Tizapa Lucena / Chilpancingo).

 

Zotoltitlán: entre la alerta por grupo armado y corte del agua a Apango para conseguir obras

Pobladores de Zotoltitlán, municipio de Mártir de Cuilapan, se “alzaron” en contra de los gobiernos municipal y estatal, porque incumplieron una minuta de acuerdos firmada en febrero de 2016. También están a la defensiva ante la presencia de un grupo de la delincuencia organizada que había llegado el 24 de febrero pasado, que tenía amedrentados a los habitantes y pretendía tomar el control del pueblo.
En un recorrido este miércoles, se confirmó que las más de 2 mil familias mantienen cerradas las válvulas de la red de agua que surte a unos 8 mil habitantes de Apango, la cabecera municipal, para presionar a los gobiernos del municipio y del estado a cumplir las obras y compromisos que firmaron.
Asimismo, los habitantes aseguran desconocer a qué grupo criminal pertenecen los agresores, pero creen que llegaron como represalia a su exigencia a los gobiernos municipal y estatal para que cumplan la minuta de acuerdos que firmaron en febrero de 2016.
En una reunión a la que asistieron unos 500 vecinos, el comisario municipal, Sabino Sevilla Rodríguez dijo sospechar que los hombres armados fueron enviados por la presidenta municipal, Felícitas Muñiz Gómez para amedrentar al pueblo.

Antecedentes

El 27 de febrero de 2016, la alcaldesa que llegó por el partido Movimiento Ciudadano (MC), Felícitas Muñiz Gómez; el subsecretario para Asuntos Políticos, Martín Maldonado del Moral, y el entonces asesor del gobernador, Roberto Álvarez Heredia, se reunieron con unos 2 mil habitantes de Zotoltitlán para firmar acuerdos a cambio del agua que surte su núcleo agrario a los habitantes de Apango, pero los gobiernos estatal y municipal incumplieron todos los compromisos.
En la reunión de este miércoles, el comisario municipal, Sabino Sevilla Rodríguez fue respaldado por cientos de vecinos frente a la comisaría, donde denunció que después del reclamo del incumplimiento de la minuta de acuerdos, el 24 de febrero entró al pueblo un grupo de hombres armados que, en camionetas o a pie comenzaron a “patrullar” las calles, amedrentando a los habitantes.
El viernes de la semana pasada los pobladores cerraron las válvulas de la red de agua que surte a Apango para presionar a Felícitas Muñiz y a Maldonado del Moral, a dialogar los términos de la minuta de acuerdos que firmaron en 2016.
Maldonado del Moral se comprometió a ir él e invitar a la alcaldesa para el martes pasado, pero los pobladores estuvieron esperando y no llegó nadie.

Demanda penalmente el Ayuntamiento al comisario municipal y a un líder comunitario, informan

En la reunión de ayer, los habitantes denunciaron que, en respuesta a sus acciones, el Ayuntamiento presentó una demanda penal contra el comisario, Sabino Sevilla, y el líder, Floriberto Vidal, a quienes acusa de mantener “secuestrado al pueblo” y responsabiliza del corte del agua a los habitantes de la cabecera municipal.
Asimismo, a Floriberto Vidal lo acusa de “abuso de confianza”, porque dice que se quedó con dinero del Ayuntamiento, Acusación que rechaza el dirigente, que asegura que él nunca ha trabajado en el Ayuntamiento y que no sabe de dónde saca la alcaldesa que se quedó con dinero.
Incluso responsabilizó a la alcaldesa de un atentado en el que resultó herido en abril del año pasado en la carretera Apango-Zotoltitlán.
Mostrando las cicatrices, denunció que, sin embargo, ahora le paga con quererlo perjudicar, sólo porque está exigiendo que cumpla sus compromisos con el pueblo.
Después de la reunión, los pobladores mostraron las válvulas que cerraron para impedir que pase el agua hacia Apago. A unos 100 metros se encuentra el manantial.
Los habitantes informaron allí que son ellos los que limpian, los que dan mantenimiento a los depósitos, los que apagan los incendios y los que han reforestado la zona para evitar que disminuya el flujo del manantial.
Se quejaron de que, mientras tanto, a los pobladores de Apango les llega el agua, y que el Ayuntamiento ahora se niega a pagar el servicio, y tampoco quiere hacer obras en Zotoltitlán, a pesar de que es obligación de la autoridad municipal.
El comisario municipal Sevilla Rodríguez, advirtió que el pueblo va a seguir así, alzado, hasta que los gobiernos estatal y municipal no vayan a cumplir los compromisos que firmaron allí, junto al manantial, el 27 de febrero del 2016, ante unos 2 mil habitantes.
A seis días de que pobladores de Zotoltitlán cerraron las válvulas de la red de agua que surte a Apango, la cabecera municipal, comenzaron los problemas de en este pueblo.
Algunas familias han comenzado a comprar agua hasta en 150 pesos por mil litros; otros aceptan el agua gratis, pero sucia, que les envía la presidenta municipal Muñiz Gómez, declaró el síndico Benito Sánchez Ayala, quien encabeza el grupo del Cabildo disidente a la alcaldesa.
Sánchez Ayala reconoció que si no se resuelve el conflicto pronto con los pobladores de Zotoltitlán, ésta será una de las peores temporadas para los habitantes de Apango.
La propietaria de la fonda Lupita, ubicada en el mercado de la cabecera municipal, dijo que, hasta hoy todavía le alcanzó el agua que tenía almacenada en la cisterna de su casa, pero que para mañana tendrá que comenzar a comprarla al precio que se la den, porque es indispensable para su negocio.
El síndico informó que el agua que llega a la cabecera municipal la traen de Atliaca o de un manantial que está cerca de Apango, pero que no es agua de calidad como la que les llega de Zotoltitlán, que incluso usan para consumo humano.
Se quejó de que, hasta en estas condiciones haya discriminación de la alcaldesa, pues el agua buena, que trae con recursos del Ayuntamiento, la reparte gratuitamente entre sus familiares, y la de peor calidad que saca de un pozo cercano a la cabecera municipal, la distribuye al resto de la población.
El resto de las familias tienen que comprar el agua hasta en 150 pesos un recipiente de mil litros.
Ante la gravedad del problema, este miércoles, dos grupos de ciudadanos, uno afín a la alcaldesa y otro opuesto, estaban convocando a reuniones para la noche de este mismo día y tomar acuerdos que alcancen la solución del conflicto con sus vecinos de Zotoltitlán.