Zotoltitlán: entre la alerta por grupo armado y corte del agua a Apango para conseguir obras

Pobladores de Zotoltitlán, municipio de Mártir de Cuilapan, se “alzaron” en contra de los gobiernos municipal y estatal, porque incumplieron una minuta de acuerdos firmada en febrero de 2016. También están a la defensiva ante la presencia de un grupo de la delincuencia organizada que había llegado el 24 de febrero pasado, que tenía amedrentados a los habitantes y pretendía tomar el control del pueblo.
En un recorrido este miércoles, se confirmó que las más de 2 mil familias mantienen cerradas las válvulas de la red de agua que surte a unos 8 mil habitantes de Apango, la cabecera municipal, para presionar a los gobiernos del municipio y del estado a cumplir las obras y compromisos que firmaron.
Asimismo, los habitantes aseguran desconocer a qué grupo criminal pertenecen los agresores, pero creen que llegaron como represalia a su exigencia a los gobiernos municipal y estatal para que cumplan la minuta de acuerdos que firmaron en febrero de 2016.
En una reunión a la que asistieron unos 500 vecinos, el comisario municipal, Sabino Sevilla Rodríguez dijo sospechar que los hombres armados fueron enviados por la presidenta municipal, Felícitas Muñiz Gómez para amedrentar al pueblo.

Antecedentes

El 27 de febrero de 2016, la alcaldesa que llegó por el partido Movimiento Ciudadano (MC), Felícitas Muñiz Gómez; el subsecretario para Asuntos Políticos, Martín Maldonado del Moral, y el entonces asesor del gobernador, Roberto Álvarez Heredia, se reunieron con unos 2 mil habitantes de Zotoltitlán para firmar acuerdos a cambio del agua que surte su núcleo agrario a los habitantes de Apango, pero los gobiernos estatal y municipal incumplieron todos los compromisos.
En la reunión de este miércoles, el comisario municipal, Sabino Sevilla Rodríguez fue respaldado por cientos de vecinos frente a la comisaría, donde denunció que después del reclamo del incumplimiento de la minuta de acuerdos, el 24 de febrero entró al pueblo un grupo de hombres armados que, en camionetas o a pie comenzaron a “patrullar” las calles, amedrentando a los habitantes.
El viernes de la semana pasada los pobladores cerraron las válvulas de la red de agua que surte a Apango para presionar a Felícitas Muñiz y a Maldonado del Moral, a dialogar los términos de la minuta de acuerdos que firmaron en 2016.
Maldonado del Moral se comprometió a ir él e invitar a la alcaldesa para el martes pasado, pero los pobladores estuvieron esperando y no llegó nadie.

Demanda penalmente el Ayuntamiento al comisario municipal y a un líder comunitario, informan

En la reunión de ayer, los habitantes denunciaron que, en respuesta a sus acciones, el Ayuntamiento presentó una demanda penal contra el comisario, Sabino Sevilla, y el líder, Floriberto Vidal, a quienes acusa de mantener “secuestrado al pueblo” y responsabiliza del corte del agua a los habitantes de la cabecera municipal.
Asimismo, a Floriberto Vidal lo acusa de “abuso de confianza”, porque dice que se quedó con dinero del Ayuntamiento, Acusación que rechaza el dirigente, que asegura que él nunca ha trabajado en el Ayuntamiento y que no sabe de dónde saca la alcaldesa que se quedó con dinero.
Incluso responsabilizó a la alcaldesa de un atentado en el que resultó herido en abril del año pasado en la carretera Apango-Zotoltitlán.
Mostrando las cicatrices, denunció que, sin embargo, ahora le paga con quererlo perjudicar, sólo porque está exigiendo que cumpla sus compromisos con el pueblo.
Después de la reunión, los pobladores mostraron las válvulas que cerraron para impedir que pase el agua hacia Apago. A unos 100 metros se encuentra el manantial.
Los habitantes informaron allí que son ellos los que limpian, los que dan mantenimiento a los depósitos, los que apagan los incendios y los que han reforestado la zona para evitar que disminuya el flujo del manantial.
Se quejaron de que, mientras tanto, a los pobladores de Apango les llega el agua, y que el Ayuntamiento ahora se niega a pagar el servicio, y tampoco quiere hacer obras en Zotoltitlán, a pesar de que es obligación de la autoridad municipal.
El comisario municipal Sevilla Rodríguez, advirtió que el pueblo va a seguir así, alzado, hasta que los gobiernos estatal y municipal no vayan a cumplir los compromisos que firmaron allí, junto al manantial, el 27 de febrero del 2016, ante unos 2 mil habitantes.
A seis días de que pobladores de Zotoltitlán cerraron las válvulas de la red de agua que surte a Apango, la cabecera municipal, comenzaron los problemas de en este pueblo.
Algunas familias han comenzado a comprar agua hasta en 150 pesos por mil litros; otros aceptan el agua gratis, pero sucia, que les envía la presidenta municipal Muñiz Gómez, declaró el síndico Benito Sánchez Ayala, quien encabeza el grupo del Cabildo disidente a la alcaldesa.
Sánchez Ayala reconoció que si no se resuelve el conflicto pronto con los pobladores de Zotoltitlán, ésta será una de las peores temporadas para los habitantes de Apango.
La propietaria de la fonda Lupita, ubicada en el mercado de la cabecera municipal, dijo que, hasta hoy todavía le alcanzó el agua que tenía almacenada en la cisterna de su casa, pero que para mañana tendrá que comenzar a comprarla al precio que se la den, porque es indispensable para su negocio.
El síndico informó que el agua que llega a la cabecera municipal la traen de Atliaca o de un manantial que está cerca de Apango, pero que no es agua de calidad como la que les llega de Zotoltitlán, que incluso usan para consumo humano.
Se quejó de que, hasta en estas condiciones haya discriminación de la alcaldesa, pues el agua buena, que trae con recursos del Ayuntamiento, la reparte gratuitamente entre sus familiares, y la de peor calidad que saca de un pozo cercano a la cabecera municipal, la distribuye al resto de la población.
El resto de las familias tienen que comprar el agua hasta en 150 pesos un recipiente de mil litros.
Ante la gravedad del problema, este miércoles, dos grupos de ciudadanos, uno afín a la alcaldesa y otro opuesto, estaban convocando a reuniones para la noche de este mismo día y tomar acuerdos que alcancen la solución del conflicto con sus vecinos de Zotoltitlán.

 

 

No reanudan clases en 32 escuelas del Valle del Ocotito; incumplen gobiernos con dar seguridad

Autoridades del Consejo Municipal, maestros y vecinos del Valle de El Ocotito acordaron no reanudar las clases en escuelas de seis pueblos, luego de que los gobiernos estatal y federal no cumplieron los acuerdos del 22 de febrero, en los que se comprometieron a garantizar la seguridad en el corredor, luego de los ataques de un grupo armado en Buena Vista de la Salud, municipio de Chilpancingo.
El comisario de El Ocotito, Fernando Rosales González informó que son 32 escuelas de todos los niveles educativos que pararon labores, lo que afecta a 2 mil 600 estudiantes.
En la comisaría municipal de El Ocotito, se llevó la reunión a las 12 del mediodía, que duró más de una hora y media, y a la que acudieron autoridades municipales de El Ocotito, Mohoneras, Dos Caminos, Buenavista de la Salud, Cajelitos y Rincón de la Vía, así como promotores de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y maestros de distintas escuelas, que se quejaron de que el gobierno no ha cumplido los acuerdos para brindar seguridad a la población.
En su participación, Rosales González recordó que en la reunión del 22 de febrero en Acapulco fueron atendidos por el delegado estatal de la Secretaría de Gobernación (Segob), Érit Montúfar Mendoza, y por el subsecretario de Asuntos Políticos del gobierno del estado, José Martín Maldonado del Moral, luego de que la madrugada de ese día, en la comunidad de Xaltianguis, Acapulco, la Policía Federal detuvo a integrantes de la UPOEG y, en respuesta, los pobladores bloquearon las carreteras.
Comentó que en la audiencia firmaron un acuerdo de que la Secretaría de Seguridad Pública estatal y el Ejército reforzarían la seguridad en el Valle de El Ocotito y Xaltianguis, y que continuarían las mesas de diálogo de la UPOEG con los gobiernos estatal y federal para atender las demandas de seguridad ante los constantes hechos de violencia en la zona.
El comisario de El Ocotito se quejó de que las peticiones no se cumplieron y los acuerdos se quedaron a medias, porque la noche del domingo en la comunidad de Buena Vista de la Salud, hombres armados atacaron la base de la Policía Ciudadana de la UPOEG, con el saldo de un policía y un civil heridos de bala, y como medida de precaución se suspendieron las clases el lunes para resguardar la integridad física de los estudiantes y maestros.

Deben crear sus propias policías ciudadanas para acabar con el cáncer de inseguridad, dice la UPOEG

En la asamblea, el promotor de la UPOEG, Gonzalo Torres Valencia dijo que en el corredor del Valle de El Ocotito se está viviendo una situación grave a la que se debe poner atención, “todos los seres humanos tenemos derechos y obligaciones, pero aquí el derecho de libertad y seguridad no lo está brindando el gobierno, pero nuestra obligaciones si la estamos llevando a cabo”.
Dijo que la única alternativa para acabar con el cáncer de inseguridad que afecta a esta zona, es organizarse en cada comunidad y colonia para formar su propia policía ciudadana para proteger a los pobladores, “por eso ustedes, como pueblo, deben de elegir a sus policías con responsabilidad y deben conocerlos para que brinden mejor servicio”.
Torres Valencia explicó que un grupo criminal ya desintegro a la Policía Ciudadana de la UPOEG en Palo Blanco, Acahuizotla y Rincón de la Vía, y que la intensión de los criminales es apoderarse del corredor hasta Acapulco, “si estos amigos llegan a El Ocotito se van a empezar a llevar a las mujeres y a los hombres para reclutarlos a sus grupos, por eso hay que organizarnos para seguir adelante y cuidar a nuestra familia e hijos”.
Por su parte, una maestra de El Ocotito quien se reservó su nombre, dijo que desconoce la situación en Buena Vista de la Salud, “el gobierno nos dice que está tranquilo y que podemos trabajar, pero no es verdad, continúan las balaceras y así nos quieren mandar a trabajar, al gobierno no le interesa nuestra seguridad ni la de los estudiantes”.
Dijo que los padres de familia se quejan de que los maestros no dan clases a causa de la inseguridad, “entiendo su queja… pero no podemos hacer nada, porque si les pasa algo a los estudiantes, el responsable es el maestro, por eso pido consideración en este asunto”.
La maestra propuso que, si los gobiernos del estado y federal no brindan las condiciones de seguridad en el valle, continúe la suspensión de clases para presionar a las autoridades a atender sus demandas.
En su participación, el director de la Universidad Tecnológica del El Ocotito, José Luis Campos Espíritu comentó que es una situación preocupante, “lo que deberíamos hacer es cerrar filas para que ellos cumplan los acuerdos, yo me enteré de la balacera del domingo, y decidí que no hubiera clases en la escuela”.
Por su parte, un padre de familia propuso bloquear la Autopista del Sol, “así actúa el gobierno, si realizamos bloqueos carreteros luego nos atenderán ellos, por eso se necesita que hay que presionarlos”.
En la reunión acordaron suspender clases en todos los niveles educativos hasta el viernes en las comunidades de Dos Caminos, Mohoneras, El Ocotito, Buenavista de la Salud, Cajelitos y Rincón de la Vía como parte de la presión a las autoridades para que brinden seguridad en la zona, y dijeron que si el jueves las autoridades continúan sin dar la seguridad, nuevamente se reunirán para decidir si sigue el paro de labores en las escuelas o si bloquean la Autopista del Sol.
La noche del domingo hombres armados atacaron con granadas y armas de alto poder la base de la Policía Ciudadana de la UPOEG en Buena Vista de la Salud, municipio de Chilpancingo, con un saldo de dos heridos, uno de ellos agente de esa corporación, informaron fuentes de la organización.
Por este hecho se suspendieron las clases todos los niveles educativos en el Valle de El Ocotito.
Otros hechos de violencia en la zona ocurrieron el 8 de febrero, cuando tres integrantes de la organización fueron heridos a balazos en dos emboscadas, y el 21 de febrero un policía resultó herido en otro ataque con armas de grueso calibre a la base comunitaria.
Antes, el 29 de enero, integrantes del grupo criminal de Los Ardillos intentaron irrumpir en la comunidad de Buena Vista de la Salud para tomar el control de la zona para el trasiego de droga; entonces murieron calcinados un comandante, un consejero y dos peones luego de ser emboscados en los límites de Chilpancingo y Mochitlán, informaron fuentes de la UPOEG.