Dos calles de la colonia Centro están cerradas por obras, lo que obliga a los usuarios del transporte público a caminar.
Un tramo de la calle José Valdez Arévalo está cerrada a la circulación de vehículos en el tramo de avenida Cuauhtémoc a la calle Tadeo Arredondo, atrás de la tienda Chedraui.
La otra calle cerrada es la Cinco de Mayo por obra de pavimentación del gobierno municipal, que conecta a las Siete Esquinas.
Los taxis colectivos llegan solamente frente al hospital Centro Médico y dan vuelta a la avenida Cuauhtémoc, abajo de la Vía Rápida.
La calle José Valdez Arévalo, en el tramo Tadeo Arredondo está cerrada por la pavimentación de concreto hidráulico por parte del gobierno municipal.
Los automóviles que entran por la calle José Valdez Arévalo tienen que regresarse en la avenida Cuauhtémoc.
Los choferes de taxis colectivos trucan su ruta por la obra de pavimentación del gobierno municipal.
Los taxis colectivos de la ruta Renacimiento-Centro, Renacimiento-Zapata, Real Hacienda-Centro y Coloso-Centro, trabajaron de manera normal.
Sin embargo, los choferes de taxis colectivos truncaron el trayecto abajo de la Vía Rápida para incorporarse a la avenida Diego Hurtado de Mendoza a la calle Artículo 27.
Cuando antes transitaron por la avenida Constituyentes, Diego Hurtado de Mendoza y Andrés de Hurdaneta, en el fraccionamiento Hornos.
Los camiones de la ruta Hospital-Vacacional trabajaron en un porcentaje menor, según un chofer de camión urbano.
Pero no circulan por la nave mayor por temor a los integrantes del crimen organizado. Los choferes del transporte público evitan las inmediaciones del Mercado Central. (Redacción).
Al menos 20 funcionarios del gobierno municipal de Acapulco buscan candidaturas por Morena, de acuerdo con los registros que desde principios de año se han difundido en redes sociales, mismos que ninguna autoridad de Morena, estatal o nacional, ha desmentido.
Del total 11 son ediles, tres funcionarios de primer nivel y el resto son directores de área.
En la búsqueda de la candidatura a la alcaldía de Acapulco están la actual presidenta municipal, Abelina López Rodríguez, quien busca la reelección. También están la secretaria de Bienestar, Leticia Lozano Zavala, los ediles Laura Caballero Rodríguez e Ilich Lozano Herrera y el trabajador sindicalizado del ayuntamiento, Edson Rivelino Pérez Salas.
En la búsqueda de diputaciones locales, por el distrito 4 los nombres conocidos son el de la síndica de Gobernación y Seguridad, María Inés Mendoza Sandoval; la regidora Ricarda Robles Urioste, el ex director del Instituto Municipal de Planeación, Yair García Delgado, y el ex director Operativo de la CAPAMA, Alejandro Sotelo Urióstegui.
Por la candidatura en el distrito 5 están en anotadas las regidoras Laura Caballero Rodríguez y Karime Rentería Catalán; el ex director del Instituto Municipal de Planeación, Ernesto González Pérez, y el director de Mercados, Ricardo Martínez Sánchez.
En el distrito 6, buscan la candidatura el actual regidor Jonathan Márquez Aguilar y el director de la CAPAMA, Hugo Lozano Hernández. Por el distrito 9, la regidora Flora Contreras Santos busca ser la candidata.
En las listas de aspirantes a la diputación por la vía de representación proporcional están anotados los regidores José Antonio Carbajal Moreno y Kandy Salas del Valle.
Para las diputaciones federales se supo que se registró el secretario de Planeación, Erick Romero Morales, por el distrito federal 2.
La lista de autoridades municipales interesadas en un cargo de elección popular es inexacta, pues para los siete distritos locales de Acapulco están anotados 130 aspirantes, la mayoría desconocidos en el municipio. Todavía no se conocen las listas de aspirantes a ediles y en esas listas puede haber funcionarios menores en búsqueda de algún cargo.
También se supo que los morenistas están en la puja por los espacios de representación popular, porque una encuesta interna les reveló que Morena tiene la intención de voto más alta, por encima de cualquier personaje, por lo que su principal intención es lograr la nominación como candidatos y ganar con la fuerza del partido.
Los tiempos electorales
De acuerdo con la legislación local, los funcionarios públicos que son aspirantes a un cargo de elección popular deben separarse del cargo en dos etapas. La primera para las precampañas, que es el periodo para conseguir el apoyo de los militantes y simpatizantes de un partido, que para las diputaciones locales comenzó el pasado 2 de enero y concluye el 10 de febrero.
En tanto, las precampañas para los aspirantes a integrar las planillas de ayuntamientos, alcaldes, síndicos y regidores, empiezan el 16 de enero. En ambos casos, los interesados en estos cargos deben separarse de sus funciones un día antes del inicio del proceso interno de sus respectivos partidos.
La siguiente fecha en que los los funcionarios públicos que pretendan participar en la contienda electoral, como aspirantes a un cargo de elección popular, deberán separarse del cargo a mas tardar el 4 de marzo, es decir, 90 días antes de la jornada electoral.
En la sesión del pleno del Instituto Electoral y de Participacion Ciudadana (IEPC) del pasado 16 de diciembre, se dio cuenta de la respuesta que el organismo dio a varios actores políticos sobre el proceso de precampaña, aclarando que quienes aspiren a ser candidatos para los comicios de 2024, y sean “servidores públicos que desempeñen cargos de dirección, fiscalización, supervisión, manejo de recursos públicos o que tengan a su cargo la operación de programas sociales”, deben separarse del cargo durante el lapso que duren las precampañas respecto del cargo de representación popular por el que desean ser postulados.
La sugerencia del IEPC fue que tomen como referencia la fecha de inicio del periodo de precampañas para que, a más tardar un día antes de su inicio, se separen del cargo.
En el caso de los partidos políticos que no van a realizar precampañas, la separacion del cargo “no aplica, pues, al no existir dichos actos de precampaña, resulta innecesario separarse del cargo para poder cumplir tal exigencia. No obstante, deberá evitar incurrir en actos anticipados de precampaña o campaña que generen una ventaja indebida en el proceso electoral”.
El 28 de dicembre, el IEPC emitió un aviso, en el que se limitó a informar que los aspirantes a diputaciones debían separarse a más tardar el 1 de enero y los interesados a integrar las planillas de Ayuntamiento, el 15 de enero.
No hizo ninguna acotación sobre los procesos internos de los partidos, dijo: “Las y los servidores públicos con cargo de dirección, que tengan a su cargo la operación de programas sociales y que aspiren a una precandidatura, deberán separarse del cargo durante el lapso que duren las precampañas respecto del cargo de representación popular por el que desean ser postulados”.
También avisó que quienes busquen reelegirse, pero “que no tengan funciones de dirección, fiscalización, supervisión o manejo de recursos públicos, ni lleven a cabo la ejecución de programas gubernamentales, así como los demás casos previstos en la Constitución Política del Estado y en la Ley Elctoral Local no estarán obligados a separarse del cargo”.
Vecinos de las céntricas colonias Hogar Moderno y Bellavista pidieron al gobierno municipal retirar la basura afuera de sus casas, luego del impacto del huracán Otis, porque aseguraron que ya limpiaron su frente, como lo pidió la presidenta de Abelina López Rodríguez.
Manifestaron que los montones de basura causan malos olores, obstruyen las vialidades y pueden causar enfermedades gastrointestinales.
La basura acumulada está formada por ramas de árboles, cascajo de construcción, plástico cartón, vidrio, tela y comida descompuesta.
Las calles de las colonias están a un costado de la transitada avenida Ejido, entre las calles 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9; además de Río Bravo y Río Colorado.
La vecina de la colonia colonia Bellavista, Alma de la Cruz López, pidió al gobierno municipal quitar la basura frente a su casa, “nosotros ya cumplimos con barrer nuestro frente, como lo dijo la presidenta. Ahora que cumpla en llevársela”.
Consideró que la basura acumulada afuera de su casa obstruye las cales, tiene malos olores y puede causar enfermedades gastrointestinales.
“Ya la basura lleva más de cinco días tirada en la calle, luego del paso del huracán que nos dejó daños severos en nuestras casas”, puntualizó.
Contó que la mayoría de las casas están construidas de material, pero el techo era de herrería y láminas galvanizadas, “todo eso se lo llevó el viento, además de las ventanas”.
El señor de la colonia Hogar Moderno, Juan Antonio Valente, exigió al Ayuntamiento retirar la basura acumulada en su colonia, “ya pasó mucho tiempo acumulada. Ya hicimos lo que la alcaldesa nos dijo”.
Opinó que los montones de basura acumulada puende “ser un foco de infección”, porque aseguró que lleva más de cinco días en la calle.
“Sabemos de las circunstancias, pero el gobierno debe dar prioridad a los asuntos de emergencia en está contigencia después del huracán”, acotó.
Sugirió dotar de alimentos a las población, junto con agua y, después, restablecer el servicio eléctrico en toda la ciudad.
“Yo creo que poco a poco se va levantar Acapulco y que cada quien ponga su granito de arena”, indicó.
La periferia del puerto
En todo el eje central de la colonia Ciudad Renacimiento nada más está abierto un carril, porque el otro está ocupado por los montones de basura y lodo que ha sacado la gente de sus casas. En ellas se pueden ver colchones, comedores, sillas, refrigeradores y lavadoras.
La concentración de basura está provocando que la gente le ponga cal para evitar que genere olores y otros están optando por quemar la basura o los árboles.
Mientras, en el arco de la entrada de La Sabana hay acumulamiento de basura, al igual que varios metros de cerros de basura en el mercado de dicho poblado. También en el camellón y la preocupación de la gente es que se generen enfermedades o una plaga de ratones y moscas, además del dengue, por el acumulamiento de pozas de agua.
En la colonia Emiliano Zapata también todas sus calles tienen gran concentración de lodo podrido y ramas de árboles, así como escurrimiento de agua de drenaje que genera olores fétido.
Los vecinos comentan que es urgente que las autoridades acudan a retirar la basura, porque temen enfermarse y en el hospital del IMSS no hay medicamentos. (Argenis Salmerón)
El supervisor de la zona 7 de secundarias técnicas en Zihuatanejo, Humberto García Soberanis, dio a conocer que ya desalojó las instalaciones que esta oficina ocupaba, en el área del centro social de la unidad habitacional Infonavit El Hujal, luego de que el gobierno municipal le dijo la semana pasada que tenía tres días para desocupar.
El jueves de la semana pasada, García Soberanis informó que el gobierno municipal, a través de la Dirección de Gobernación, le notificó que tenía hasta el sábado 8 de julio para desalojar las instalaciones que desde hace 12 años ocupaba la supervisión escolar, porque ahí va a funcionar una guardería.
Vía telefónica comentó que pese a que intentó hablar personalmente con el alcalde Jorge Sánchez Allec, para que le diera una prórroga de unos cuantos días más para encontrar un lugar adecuado y poder cambiarse, los colaboradores del edil no se lo permitieron con el argumento de que tenía muchas actividades programadas.
Señaló que lo que el Ayuntamiento le proporcionó fue un vehículo y peones, para que le ayudaran a sacar el mobiliario, equipo y documentación, y llevárselas a un salón que le prestaron en la secundaria técnica 52, en la colonia El Embalse, en esta ciudad.
Agregó que hasta que termine el ciclo escolar, él y sus compañeros estarán trabajando vía remota a través del internet, “así como estábamos durante la pandemia. Ya más adelante buscaremos la manera de que nos apoyen para tener nuestras propias instalaciones”, indicó. (Brenda Escobar / Zihuatanejo).
El PRI y PRD en Guerrero denunciaron la ausencia de autoridades de los tres órdenes de gobierno, que no han dado cuentas sobre los hechos de violencia de este sábado en la capital del estado, que dejaron cinco choferes de taxis asesinados y quema de vehículos y que provocaron psicosis entre la población.
El presidente estatal del PRI, l PRI, Alejandro Bravo Abarca señaló que “el pan y circo no puede seguir siendo el eje del gobierno” municipal, y el del PRD, Alberto Catalán Bastida indicó que los hechos ocurrieron en el contexto de la filtración de una reunión que tuvo la alcaldesa de Morena, Norma Otilia Hernández, con el jefe de un grupo delictivo, del que tampoco existe información oficial.
En consultas telefónicas, coincidieron en que la presidente debe separarse del cargo mientras la Fiscalía General de la República investiga qué pasó en esa reunión.
Por otro lado, el dirigente estatal de Morena, Jacinto González Varona, opinó que la psicosis que se generó en Chilpancingo fue propiciada por los medios tradicionales, que informaron de manera parcial.
Aseguró que la violencia fue una reacción a la detención de dos líderes transportistas relacionados con la delincuencia, un problema heredado de las administraciones pasadas. Llamó a los partidos de oposición “a no hacer politiquería de un tema que atañe más a las autoridades (de investigación)”.
Con un boletín de prensa, el presidente y la secretaria general del PRI, Alejandro Bravo y Pilar Vadillo Ruiz, denunciaron la incapacidad del gobierno municipal de garantizar la seguridad; expresaron su solidaridad con los familiares de las víctimas y su apoyo a la población que tiene que salir a trabajar y regresar a sus hogares, por “las horas de angustia”.
Señalaron que “el pan y circo no puede seguir siendo el eje del gobierno”, en momentos en que la población requiere de apoyo y seguridad. Recordaron que en su campaña, la alcaldesa de Morena ofreció cambios positivos, pero lo que se atestigua es “la frivolidad y el desinterés” de su gobierno.
Enfatizaron que esta posición no es política, “la violencia es un problema que requiere ser atendido con estrategias, atención y coordinación. La ausencia de gobierno en momentos en los que se requiere dar apoyo y seguridad a la gente, es muestra de la poca importancia que le dan al problema que más afecta al país”.
En tanto, Bravo ratificó que la inseguridad no es una bandera política, sino una demanda a los gobiernos obligados a dar resultados. “Lo que se ha vivido en Chilpancingo, en los últimos días, es muy lamentable porque nos damos cuenta que hay psicosis, temor, la percepción es de gran inseguridad y esto obliga al gobierno municipal a responder en coordinación con quien se tenga que coordinar, pero que garantice la seguridad”.
Subrayó la ausencia de las autoridades, en el momento en que la población conocía los hechos mediante las redes sociales.
Dijo que las autoridades no dan respuesta ni certeza. Confirmó su propuesta de que se separe del cargo la alcaldesa de Chilpancingo.
Que no use Norma Otilia al Ayuntamiento para limpiar su imagen, pide el PRD
Catalán Bastida dijo que la capital fue presa del pánico por los enfrentamientos “derivados de la difusión de un video, donde se aprecia a la alcaldesa desayunando con un personaje implicado” en la delincuencia organizada.
Consideró lamentable el silencio de los tres órdenes de gobierno, salvo por un escueto boletín de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, que “no aporta nada”.
Además, cuestionó que la alcaldesa, en un audio que trascendió este domingo en redes sociales, esté diciendo que se trató de noticias falsas para someterla al escarnio político.
Aclaró que el temor de la población es real, “(porque) no siente que haya respuesta de las autoridades y de las instituciones, para salvaguardar la seguridad. Hoy respiramos un domingo desolado, con poca movilidad, negocios cerrados, que no es bueno para nadie”.
Lamentó que, desde que se conoció esta situación, no haya una versión del secretario de Gobierno, Ludwig Reynoso Núñez; del de Seguridad Pública, Evelio Méndez, y de la misma gobernadora Evelyn Salgado “como si todo fuera voltear la página y nada pasa”.
Sobre la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador, de investigar a la alcaldesa por su desayuno con un jefe de un grupo delictivo, aclaró que la defendió cuando dijo que no tenía que separarse del cargo.
“Yo creo que es necesario que la presidente municipal se separe de su cargo, no solamente para no intervenir en las investigaciones, sino porque está utilizando el aparato gubernamental del municipio, precisamente para tratar de limpiar su imagen. Lo vimos en este audio que se filtró, pidiendo a su gente, entiendo a todos los funcionarios del Ayuntamiento, que la defiendan en redes”.
Señaló que también hay un video de la alcaldesa en Petaquillas, dando dinero para una fiesta, resaltando que es el pueblo quien quiere fiesta, “realmente no ve la magnitud de la situación tan complicada que vive Chilpancingo. Ella, con esa desfachatez va y ofrece dinero, para que la gente tenga una opinión favorable de su persona. No asume lo que hizo. Por eso creo que es necesario que la señora presidente se retire del cargo”.
Morena apoya a la alcaldesa
El dirigente estatal de Morena informó que el jueves por la noche se reunió con la alcaldesa y conversaron ampliamente sobre el desayuno con el jefe de un grupo delictivo, pero se reservó la información, porque dijo hay más involucrados que investiga la Fiscalía.
González Varona aseguró que Hernández Martínez está dispuesta a asumir la responsabilidad que le toca. Como dirigente, dijo que él se comprometió a respaldarla, para que no haya excesos mediáticos de sus contrincantes, a fin de que la investigación se haga en los tiempos legales y no por presiones políticas.
Aclaró que Norma Otilia no va a dejar el cargo en tanto no haya una resolución de la Fiscalía, porque habría mayor ingobernabilidad. “La Fiscalía tiene que definir en qué responsabilidad incurre legamente”, indicó. Pedir que la alcaldesa solicite licencia es “politiquería. No le vamos a hacer caso”.
De los hechos de violencia este sábado en la capital, opinó que fueron auspiciados por los medios “tradicionales”, para generar psicosis desde las redes sociales. Los “magnificaron”, dijo. Afirmó que no informaron que la causa de esta violencia fue otro golpe a la delincuencia organizada: “La detención de dos líderes transportistas al servicio del crimen organizado. Eso no lo dicen los medios, nomás señalan que hay una ingobernabilidad”.
Lamentó los homicidios, pero cuestionó el bombardeo en redes sociales a la población, que en lugar de ayudar a informar de manera objetiva, crean psicosis en el pueblo”.
El presidente de la Comunidad Politécnica de Acapulco, David Acevedo Ugarte, dijo que el gobierno municipal no ha socializado con los colegios y el consejo, el proyecto de la ciclovía que conectará las colonias Emiliano Zapata y Ciudad Renacimiento.
Este martes, en declaraciones en su oficina, sobre el anuncio que hizo la alcaldesa Abelina López Rodríguez de que en una primera etapa se invertirán 20 millones de pesos para la ciclovía, dijo que espera que la obra se haga con materiales duraderos y que se cumpla con tener iluminado para que la inversión que se va a realizar se justifique.
“Es un proyecto que por su impacto no requiere de un estudio de impacto urbano como tal, pero sí de alguna manera lo que le exigimos a la autoridad es que lo socialice previamente al banderazo de inicio de obra, porque lo dice la ley”, declaró.
Agregó que sabe que la empresa que hizo el proyecto de la ciclovía, “hizo un estudio y este proyecto viene señalado en el Plan Municipal Urbano 2020 que es necesario y que de alguna manera se justifica, la empresa que se encargó del proyecto hizo el estudio de movilidad, del porqué se justifica el uso de la bicicleta”.
“¿Por qué no lo ha socializado de una manera correcta? ¿Por qué no lo informa la encargada del área? Sobre todo al comité técnico que es el que debería tener el informe previo del proyecto. Lo que pedimos es cumplimiento al 100 por ciento del proyecto que no le hagan cambios de última hora y si se lo van a hacer que sean motivos de un sustento y que los materiales a usar, pintura, señalética, el alumbrado público sea material duradero”.
Sostuvo que esta primera etapa de construcción de 14 kilómetros debe “cumplir con lo que se señala en el proyecto” y es que reiteró que no se lo han presentado a los colegios, “por eso la observación que se ha hecho, que deberíamos de tener información para decir que se está cumpliendo con la socialización”.
“Porque hay proyectos que sí requieren un cambio de uso de suelo y de un visto bueno, pero hay otros que se deben informar, pero hay otros como el del Mercado Central, del que hay duda porque primero una autoridad dice que se va a demoler, pero hay otra que dice que se puede reutilizar entonces ahí es cuando entra la intervención de los profesionistas para ayudar a decir más a detalle en qué momento se puede reutilizar”, dijo.
La secretaria general del SUSPEG, Adela Hernández Angelito, en el informe del secretario general de la sección XVI del mismo sindicato Efrén Salinas Chávez Foto: Carlos Carbajal
Daniel Velázquez
La secretaria general del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), Adela Hernández Angelito, indicó que la postura de esa organización sigue siendo que el gobierno municipal le dé la calidad de única reconocida, aunque el Sindicato de Trabajadores de Organismos Operadores de Agua en el Estado de Guerrero (STOOAEG) diga que es anti constitucional.
El pasado martes, el SUSPEG realizó una protesta en las escalinatas del Palacio Municipal del parque Papagayo, para exigir que el gobierno municipal reconozca a este sindicato como el único de la administración. El miércoles, el STOOAEG señaló que la demanda de los suspegistas es inconstitucional, porque en el país se permite la libertad sindical.
En declaraciones a reporteros en el salón Diamante, donde se llevó a cabo el tercer informe de actividades de la sección 56 del SUSPEG, a la secretaria general se le preguntó por las declaraciones del secretario general del STOOAEG, José Martín Martínez Luna, y respondió: “Nuestro posicionamiento sigue siendo el mismo, el SUSPEG es un sindicato establecido hace más de 77 años y nosotros venimos luchando a pianito, con cada beneficio que se nos ha otorgado, por eso nos estamos oponiendo. Podrá decir lo que quiera el sindicato independiente que está en CAPAMA, pero vamos a seguir en la lucha”.
Sobre el anuncio que hizo el STOOAEG, de que va a recurrir a tribunales, la secretaria general del SUSPEG dijo que adelante, porque esa organización es la que tiene las condiciones generales de trabajo y el mayor número de agremiados.
Hernández Angelito dijo que el tema del sindicato único en el gobierno municipal ya está en análisis con los abogados del SUSPEG, que están en espera de la respuesta por escrito que les dé la alcaldesa, prevista para hoy.
Durante el tercer informe de la sección 56, la secretaria general del SUSPEG tomó protesta a ocho nuevos miembros de la sección 56. El secretario general seccional, Efrén Salinas Chávez, dijo que las plazas de base entregadas son por sustitución de los trabajadores que fallecieron en los últimos tres años. Informó que para 2023 solicitaron 20 nuevas plazas a la administración, para las cuatro secciones sindicales.
En sus mensajes los secretarios generales del SUSPEG y de la sección 56 coincidieron en señalar que el anterior gobierno municipal de Acapulco fue muy duro con los sindicatos, dijo que Adela Hernández fue déspota y golpeo al SUSPEG; en cambio, con la actual alcaldesa en la primera reunión que tuvo con ellos les dijo: “Yo vengo a trabajar con ustedes, quiero que me apoyen”.
Destacó que el gobierno de Abelina López está a punto de liquidar la deuda histórica que se tenía con el Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero (ISSSPEG), lo que significa que en 2023 muchos trabajadores podrán jubilarse.
Convocó a los suspegistas a caminar juntos en la misma línea y hacer a un lado sus diferencias, porque son una sola familia.
La sección 56 tiene 15 años de creación, tiene 194 sindicalizados. Está dividida desde antes de la elección de secretario general del SUSPEG, por lo que en la votación del año pasado esta fue la única sección del Ayuntamiento que no respaldo al cien por ciento a Adela Hernández, como lo hicieron las otras secciones, y una parte del sindicato apoyó a Alfonso Calderón Nava.
En su mensaje, Efrén Salinas dijo: “No nos equivocamos en apoyar” a Adela Hernández, porque ha logrado la unidad de las secciones sindicales en Acapulco.
El secretario general de la sección 56 entregó por escrito el informe a la secretaria general del SUSPEG.
Asistieron al acto la secretaria general del SUSPEG, Adela Hernández; la síndica María Inés Mendoza Sandoval, el subsecretario general Marcelino Miranda Añorve, el director de Recursos Humanos, Héctor Salgado Altamirano; la directora del DIF, Mara Iris Saligán; los secretarios generales de la sección 35, Iris Avilés Molina; de la 19, Mario Alonso Quevedo, y el coordinador de asesores, René Lobato Ramírez, en representación de la alcaldesa, que tenía en su agenda de actividades públicas asistir al informe, pero al final no acudió.
El secretario general del STOOAEG Martin Martinez Luna, en la confe-rencia de prensa muestra el documento con las demandas laborales en trámite Foto: Carlos Carbajal
Daniel Velázquez
El Sindicato de Trabajadores de Organismos Operadores de Agua en el Estado de Guerrero (STOOAEG) informó que con la alcaldesa Abelina López Rodríguez está cerrado el diálogo, por lo que ahora sus demandas se van a dirimir en los tribunales.
La organización señaló que la petición del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG) es inconstitucional y mal haría una abogada litigante, como se define la alcaldesa, en responder positivamente a la petición de un sindicato único en el gobierno municipal.
El STOOAEG solicitó, desde noviembre del año pasado, una audiencia con la alcaldesa, la que se les negó y fueron recibidos hasta julio, pero no atendieron sus demandas de que se les dieran beneficios, como seguridad social y bonos sindicales que recibe el SUSPEG, por el contrario, la dirigencia sindical fue despedida el pasado 7 de noviembre.
En conferencia de prensa afuera de las instalaciones de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA), el sindicato fijo su postura en torno a las declaraciones de la alcaldesa sobre el señalamiento que hizo, de que los sindicatos de nueva creación buscan beneficios personales, como la inclusión de familiares en la nómina, y sobre la manifestación del SUSPEG que pidió al gobierno que no acepte más sindicatos.
El secretario general del STOOAEG, José Martín Martínez Luna, sostuvo que esta agrupación tiene su toma de nota desde 2010 y que ninguna ley secundaria está por encima de la Constitución que “hoy permite, con simplemente reunir 20 trabajadores, que se forme un sindicato”. Recordó que la Ley 51, con la que el SUSPEG pide ser el sindicato único, ya fue rebasada y también el artículo 69 de la Ley Federal de Servidores Públicos permite a los trabajadores formar sindicatos.
Agregó que ellos nunca han atentado contra los derechos sindicales, ni han amenazado con cerrar la fuente de empleo, y cuando sea así, van a seguir el trámite en los tribunales “mienten para desvirtuar la imagen de nuestro sindicato”.
Dijo que el STOOAEG buscaba una salida al conflicto mediante el diálogo con la alcaldesa, pero “ante la cerrazón”, todo se dirimirá en tribunales. Con-fió en que van a ganar los juicios, porque les asiste la razón y el derecho.
“No puedo concebir que una persona, abogada, con maestría y abogada postulante, le dé cabida a apreciaciones subjetivas y desviadas del derecho, porque el derecho se interpreta conforme a la letra, no como lo entiendo yo y los compañeros de las cinco secciones. Tienen un criterio equivocado, errado, caduco y anticonstitucional, porque no existe, en ninguna parte de la República, la sindicación única”, y le recomendó a la alcaldesa “que se asesore con gente que esté actualizada”.
CAPAMA, una “empresa familiar”
El secretario general del STOOAEG sostuvo que en su gremio no hay nepotismo, ni son aviadores ni huevones, por el contrario, las personas de confianza que metió la alcaldesa son los que llevaron a familiares a la nómina de la CAPAMA. Uno de ellos, señaló, es el yerno de la ex directora de Finanzas, Francisca Vázquez Juárez, Irving Bolega, quien ya tiene plaza de base en el SUSPEG y apenas tiene un año como jefe de Servicios Generales; también el sobrino de éste, Omar Juárez, quien está como representante legal de la CAPAMA y también ya fue sindicalizado. Otro basificado es Juan José Peláez, con un año en servicio y ya fue basificado.
Aseguró que por oponerse a entregar esas plazas de base fue que la alcaldesa le pidió la renuncia al ex director Arturo Latabán López. También el director de Obras Públicas, Alfredo García Vázquez, tiene a su hijo Aldo García Ponce en el área de proyectos, a quien identifican como “el sobrino de la alcaldesa”, por la relación de compadrazgo de Abelina López y García Vázquez.
Martínez Luna también señaló que el líder de la sección 27, Gonzalo Arias Cárdenas, tiene a su hermana, a su hija y a su sobrino; otros líderes también tienen a sus hijos en la nómina, a quienes les dieron plaza de base cuando acaban de entrar a la administración. “Pode-mos hacer una larga lista de todos los líderes del SUSPEG que tienen a todos sus familiares. Esta (la CAPAMA) es una empresa familiar”.
Advirtió que si la alcaldesa responde positivamente al SUSPEG en su demanda de ser único gremio sindical, violaría los principios de legalidad y transgrediría el derecho de los trabajadores a la libertad sindical, pues es un pleito de sindicatos y se debe resolver en los tribunales, “el patrón tiene prohibido meterse en la vida de un sindicato, restringir los derechos o coaccionar al trabajador para que se afilie a uno u otro, ninguna autoridad debe estar por encima de la ley, ninguna ni la presidente”.
Recordó que en el paro del SUSPEG en mayo, el STOOAEG hizo frente a un problema de descarga de aguas negras a la bahía, porque el colector Papagayo estaba colapsado. Ahí la alcaldesa les agradeció y les preguntó qué podía hacer por ellos y sólo le pidieron la entrega de contratos a 17 trabajadores, “pero no cumplió, se los dio a la sección 27”.
Indicó que las plazas de base no las da un sindicato, sino que son ganadas por los trabajadores por su desempeño o bien pueden requerirlas en tribunales, y que ellos optaron por esa vía, “ante la cerrazón de la presidente municipal”.
En la actualidad, el STOOAEG tiene cuatro juicios en trámite y está pendiente uno más, por el despido de la dirigencia del sindicato, que hizo la CAPAMA el pasado 7 de noviembre. Uno de los juicios es por la disputa con el contrato colectivo que firmó la CAPAMA en 2006, con Pedro Mendoza Pérez, y que está sin cumplirse. Otro juicio es la demanda de plazas de base para los 141 agremiados del STOOAEG, en respeto a la ley que establece que después de seis meses todo trabajador tiene derecho a una plaza de base.
Otro es por el pago de 90 días de aguinaldo y otro es un juicio civil por daño moral, contra el secretario general de la sección 27 del SUSPEG, Gonzalo Arias Cárdenas, por haber hecho declaraciones lesivas contra el STOOAEG; la demanda es que haga una disculpa pública.
Revancha política
El STOOAEG es un sindicato afín a Morena y ha respaldado a ese partido desde 2006. A pregunta expresa sobre si esperaban que un gobierno morenista los agredirá de esa forma, Martínez Luna dijo que esperaban ese mal trato, porque la alcaldesa no es fundadora de Morena, “es gente que llegó a Morena en la elección”. Recordó que hay declaraciones donde Abelina López se definía como perredista.
Del hecho de que la alcaldesa respalde a un sindicato que históricamente ha servido al PRI, dijo que eso debe ser analizado por Morena, “deja mucho que desear”, porque el estatuto de Morena no permite que se hagan denostaciones hacia los militantes.
Consideró que la alcaldesa actúa así contra el STOOAEG por revanchismo político, porque la ex secretaria general Rosalinda Gutiérrez Terrones, disputó la candidatura a la alcaldía y la Comisión Nacional de Honor y Justicia le dio la razón de que Morena no hizo encuestas y ordenó reponer el proceso e incluir a Gutiérrez Terrones, pero al final se decidió no continuar con el proceso para no afectar el proyecto del presidente López Obrador.
A la alcaldesa se le pidió en dos ocasiones ayer una postura sobre la protesta del SUSPEG en Palacio Municipal, pero no respondió.
Las acciones de limpieza del gobierno municipal han sido insuficientes y siguen los montones de basura en diferentes zonas de la ciudad, por lo que ciudadanos se quejaron de que se descuide la recolección.
Durante un recorrido por la calzada México- Acapulco, de La Cima hacia Las Cruces, había unos 11 montones de residuos sólidos en diferentes calles y contenedores de basura desbordados de bolsas de plástico, tejas y colchonetas.
En la colonia Hogar Moderno en las esquinas de las calles había bolsas de basura apiladas, y de ello personas que caminaban por el lugar y vecinos dijeron que el camión tenía días sin pasar, pero no precisaron cuántos.
El gobierno municipal ha informado en comunicados de prensa que lleva a cabo acciones de limpieza para erradicar los acumulamientos de desechos sólidos en la ciudad.
Sin embargo en las calles hay montones de basura y los ciudadanos se quejan de que no hay recolección, que el camión pasa pero no se lleva los desechos.
“A veces pasa el camión recolector pero ya va lleno y no recoge la basura de los contenedores”, se quejó un vecino de la colonia Benito Juárez, que caminaba cerca del contenedor que se encontraba saturado de desechos sólidos.
Indicó que “el municipio ha olvidado la recolección de basura, hay puntos negros donde quiera, en diferentes partes de la ciudad, en La Sabana también hay un punto de negro, donde está el cementerio de Bodega Aurrera. Ahorita no sé si todos están metidos en campaña y están olvidando de la recolección”.
Agregó que “sabemos que diario se paga un dineral por la recolección de basura ¿se lo están ahorrando?”.
De si los ciudadanos deben contribuir al no dejar la basura en las calles, respondió que “es el punto de recolección y participo en dejarla porque no tenemos un recolector que vaya a los domicilios” .
En la calzada México-Acapulco hay montones de basura a cielo abierto en paradas del Acabús y cerca de puentes peatonales.
Y en la colonia Miguel Alemán, en la calles también había acumulamiento de desechos sólidos.
Pobladores de Zotoltitlán, municipio de Mártir de Cuilapan, se “alzaron” en contra de los gobiernos municipal y estatal, porque incumplieron una minuta de acuerdos firmada en febrero de 2016. También están a la defensiva ante la presencia de un grupo de la delincuencia organizada que había llegado el 24 de febrero pasado, que tenía amedrentados a los habitantes y pretendía tomar el control del pueblo.
En un recorrido este miércoles, se confirmó que las más de 2 mil familias mantienen cerradas las válvulas de la red de agua que surte a unos 8 mil habitantes de Apango, la cabecera municipal, para presionar a los gobiernos del municipio y del estado a cumplir las obras y compromisos que firmaron.
Asimismo, los habitantes aseguran desconocer a qué grupo criminal pertenecen los agresores, pero creen que llegaron como represalia a su exigencia a los gobiernos municipal y estatal para que cumplan la minuta de acuerdos que firmaron en febrero de 2016.
En una reunión a la que asistieron unos 500 vecinos, el comisario municipal, Sabino Sevilla Rodríguez dijo sospechar que los hombres armados fueron enviados por la presidenta municipal, Felícitas Muñiz Gómez para amedrentar al pueblo.
Antecedentes
El 27 de febrero de 2016, la alcaldesa que llegó por el partido Movimiento Ciudadano (MC), Felícitas Muñiz Gómez; el subsecretario para Asuntos Políticos, Martín Maldonado del Moral, y el entonces asesor del gobernador, Roberto Álvarez Heredia, se reunieron con unos 2 mil habitantes de Zotoltitlán para firmar acuerdos a cambio del agua que surte su núcleo agrario a los habitantes de Apango, pero los gobiernos estatal y municipal incumplieron todos los compromisos.
En la reunión de este miércoles, el comisario municipal, Sabino Sevilla Rodríguez fue respaldado por cientos de vecinos frente a la comisaría, donde denunció que después del reclamo del incumplimiento de la minuta de acuerdos, el 24 de febrero entró al pueblo un grupo de hombres armados que, en camionetas o a pie comenzaron a “patrullar” las calles, amedrentando a los habitantes.
El viernes de la semana pasada los pobladores cerraron las válvulas de la red de agua que surte a Apango para presionar a Felícitas Muñiz y a Maldonado del Moral, a dialogar los términos de la minuta de acuerdos que firmaron en 2016.
Maldonado del Moral se comprometió a ir él e invitar a la alcaldesa para el martes pasado, pero los pobladores estuvieron esperando y no llegó nadie.
Demanda penalmente el Ayuntamiento al comisario municipal y a un líder comunitario, informan
En la reunión de ayer, los habitantes denunciaron que, en respuesta a sus acciones, el Ayuntamiento presentó una demanda penal contra el comisario, Sabino Sevilla, y el líder, Floriberto Vidal, a quienes acusa de mantener “secuestrado al pueblo” y responsabiliza del corte del agua a los habitantes de la cabecera municipal.
Asimismo, a Floriberto Vidal lo acusa de “abuso de confianza”, porque dice que se quedó con dinero del Ayuntamiento, Acusación que rechaza el dirigente, que asegura que él nunca ha trabajado en el Ayuntamiento y que no sabe de dónde saca la alcaldesa que se quedó con dinero.
Incluso responsabilizó a la alcaldesa de un atentado en el que resultó herido en abril del año pasado en la carretera Apango-Zotoltitlán.
Mostrando las cicatrices, denunció que, sin embargo, ahora le paga con quererlo perjudicar, sólo porque está exigiendo que cumpla sus compromisos con el pueblo.
Después de la reunión, los pobladores mostraron las válvulas que cerraron para impedir que pase el agua hacia Apago. A unos 100 metros se encuentra el manantial.
Los habitantes informaron allí que son ellos los que limpian, los que dan mantenimiento a los depósitos, los que apagan los incendios y los que han reforestado la zona para evitar que disminuya el flujo del manantial.
Se quejaron de que, mientras tanto, a los pobladores de Apango les llega el agua, y que el Ayuntamiento ahora se niega a pagar el servicio, y tampoco quiere hacer obras en Zotoltitlán, a pesar de que es obligación de la autoridad municipal.
El comisario municipal Sevilla Rodríguez, advirtió que el pueblo va a seguir así, alzado, hasta que los gobiernos estatal y municipal no vayan a cumplir los compromisos que firmaron allí, junto al manantial, el 27 de febrero del 2016, ante unos 2 mil habitantes.
A seis días de que pobladores de Zotoltitlán cerraron las válvulas de la red de agua que surte a Apango, la cabecera municipal, comenzaron los problemas de en este pueblo.
Algunas familias han comenzado a comprar agua hasta en 150 pesos por mil litros; otros aceptan el agua gratis, pero sucia, que les envía la presidenta municipal Muñiz Gómez, declaró el síndico Benito Sánchez Ayala, quien encabeza el grupo del Cabildo disidente a la alcaldesa.
Sánchez Ayala reconoció que si no se resuelve el conflicto pronto con los pobladores de Zotoltitlán, ésta será una de las peores temporadas para los habitantes de Apango.
La propietaria de la fonda Lupita, ubicada en el mercado de la cabecera municipal, dijo que, hasta hoy todavía le alcanzó el agua que tenía almacenada en la cisterna de su casa, pero que para mañana tendrá que comenzar a comprarla al precio que se la den, porque es indispensable para su negocio.
El síndico informó que el agua que llega a la cabecera municipal la traen de Atliaca o de un manantial que está cerca de Apango, pero que no es agua de calidad como la que les llega de Zotoltitlán, que incluso usan para consumo humano.
Se quejó de que, hasta en estas condiciones haya discriminación de la alcaldesa, pues el agua buena, que trae con recursos del Ayuntamiento, la reparte gratuitamente entre sus familiares, y la de peor calidad que saca de un pozo cercano a la cabecera municipal, la distribuye al resto de la población.
El resto de las familias tienen que comprar el agua hasta en 150 pesos un recipiente de mil litros.
Ante la gravedad del problema, este miércoles, dos grupos de ciudadanos, uno afín a la alcaldesa y otro opuesto, estaban convocando a reuniones para la noche de este mismo día y tomar acuerdos que alcancen la solución del conflicto con sus vecinos de Zotoltitlán.
