La secretaría general del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), Adela Hernández Angelito pidió a la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez pagar las aportaciones obrero-patronal.
Ayer en declaraciones después de la inauguración del techado de cancha de usos múltiples de la Casa del Trabajador de CAPAMA dijo que, en el caso de Acapulco, la alcaldesa, Abelina López se comprometió a pagar 90 millones de pesos a finales del mes próximo.
“El Ayuntamiento de Chilpancingo es el mayor deudor y no vemos esa disposición de que cumpla con la responsabilidad de aportar la cuota obrero-patronal, la administración de la alcaldesa Norma Otilia tiene un adeudo de 60 millones de pesos, más el histórico que vienen arrastrando muchos presidentes” dijo la secretaria general.
Sostuvo que el gobierno de Acapulco se comprometió a pagar 90 millones de pesos el 28 de febrero próximo de adeudos históricos y “en lo ordinario está depositando puntualmente la cuota obrera, y la patronal. En todo el estado son más de mil millones de pesos de adeudos históricos de administraciones de hace 20 años y nunca pagaron”.
Hernández Angelito comentó que hay reuniones de trabajo con la alcaldesa de Chilpancingo, para buscar acuerdos, pero en caso de no pactarlos el “ISSSPEG tiene que actuar, porque se afecta al Instituto a quien se le genera adeudo, tras adeudo”.
“Nos está afectando el que haya adeudos por parte de algunos ayuntamientos que no aportan puntualmente la cuota del obrero y la patronal” dijo y mencionó que los municipios de mayor adeudo son Chilpancingo, Iguala, y Taxco; pero mencionó que en el caso de
Acapulco el adeudo es histórico, de más de cuatro administraciones.
De la situación de los jubilados y pensionados la secretaria aseguró que hay apoyo solidario a los compañeros para que “esta situación no salga de control y que se les pague oportunamente su mensualidad a los compañeros, estoy al pendiente que se le pague la segunda parte del aguinaldo que es un derecho que tiene con ellos”.
El secretario general del STOOAEG Martin Martinez Luna, en la confe-rencia de prensa muestra el documento con las demandas laborales en trámite Foto: Carlos Carbajal
Daniel Velázquez
El Sindicato de Trabajadores de Organismos Operadores de Agua en el Estado de Guerrero (STOOAEG) informó que con la alcaldesa Abelina López Rodríguez está cerrado el diálogo, por lo que ahora sus demandas se van a dirimir en los tribunales.
La organización señaló que la petición del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG) es inconstitucional y mal haría una abogada litigante, como se define la alcaldesa, en responder positivamente a la petición de un sindicato único en el gobierno municipal.
El STOOAEG solicitó, desde noviembre del año pasado, una audiencia con la alcaldesa, la que se les negó y fueron recibidos hasta julio, pero no atendieron sus demandas de que se les dieran beneficios, como seguridad social y bonos sindicales que recibe el SUSPEG, por el contrario, la dirigencia sindical fue despedida el pasado 7 de noviembre.
En conferencia de prensa afuera de las instalaciones de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA), el sindicato fijo su postura en torno a las declaraciones de la alcaldesa sobre el señalamiento que hizo, de que los sindicatos de nueva creación buscan beneficios personales, como la inclusión de familiares en la nómina, y sobre la manifestación del SUSPEG que pidió al gobierno que no acepte más sindicatos.
El secretario general del STOOAEG, José Martín Martínez Luna, sostuvo que esta agrupación tiene su toma de nota desde 2010 y que ninguna ley secundaria está por encima de la Constitución que “hoy permite, con simplemente reunir 20 trabajadores, que se forme un sindicato”. Recordó que la Ley 51, con la que el SUSPEG pide ser el sindicato único, ya fue rebasada y también el artículo 69 de la Ley Federal de Servidores Públicos permite a los trabajadores formar sindicatos.
Agregó que ellos nunca han atentado contra los derechos sindicales, ni han amenazado con cerrar la fuente de empleo, y cuando sea así, van a seguir el trámite en los tribunales “mienten para desvirtuar la imagen de nuestro sindicato”.
Dijo que el STOOAEG buscaba una salida al conflicto mediante el diálogo con la alcaldesa, pero “ante la cerrazón”, todo se dirimirá en tribunales. Con-fió en que van a ganar los juicios, porque les asiste la razón y el derecho.
“No puedo concebir que una persona, abogada, con maestría y abogada postulante, le dé cabida a apreciaciones subjetivas y desviadas del derecho, porque el derecho se interpreta conforme a la letra, no como lo entiendo yo y los compañeros de las cinco secciones. Tienen un criterio equivocado, errado, caduco y anticonstitucional, porque no existe, en ninguna parte de la República, la sindicación única”, y le recomendó a la alcaldesa “que se asesore con gente que esté actualizada”.
CAPAMA, una “empresa familiar”
El secretario general del STOOAEG sostuvo que en su gremio no hay nepotismo, ni son aviadores ni huevones, por el contrario, las personas de confianza que metió la alcaldesa son los que llevaron a familiares a la nómina de la CAPAMA. Uno de ellos, señaló, es el yerno de la ex directora de Finanzas, Francisca Vázquez Juárez, Irving Bolega, quien ya tiene plaza de base en el SUSPEG y apenas tiene un año como jefe de Servicios Generales; también el sobrino de éste, Omar Juárez, quien está como representante legal de la CAPAMA y también ya fue sindicalizado. Otro basificado es Juan José Peláez, con un año en servicio y ya fue basificado.
Aseguró que por oponerse a entregar esas plazas de base fue que la alcaldesa le pidió la renuncia al ex director Arturo Latabán López. También el director de Obras Públicas, Alfredo García Vázquez, tiene a su hijo Aldo García Ponce en el área de proyectos, a quien identifican como “el sobrino de la alcaldesa”, por la relación de compadrazgo de Abelina López y García Vázquez.
Martínez Luna también señaló que el líder de la sección 27, Gonzalo Arias Cárdenas, tiene a su hermana, a su hija y a su sobrino; otros líderes también tienen a sus hijos en la nómina, a quienes les dieron plaza de base cuando acaban de entrar a la administración. “Pode-mos hacer una larga lista de todos los líderes del SUSPEG que tienen a todos sus familiares. Esta (la CAPAMA) es una empresa familiar”.
Advirtió que si la alcaldesa responde positivamente al SUSPEG en su demanda de ser único gremio sindical, violaría los principios de legalidad y transgrediría el derecho de los trabajadores a la libertad sindical, pues es un pleito de sindicatos y se debe resolver en los tribunales, “el patrón tiene prohibido meterse en la vida de un sindicato, restringir los derechos o coaccionar al trabajador para que se afilie a uno u otro, ninguna autoridad debe estar por encima de la ley, ninguna ni la presidente”.
Recordó que en el paro del SUSPEG en mayo, el STOOAEG hizo frente a un problema de descarga de aguas negras a la bahía, porque el colector Papagayo estaba colapsado. Ahí la alcaldesa les agradeció y les preguntó qué podía hacer por ellos y sólo le pidieron la entrega de contratos a 17 trabajadores, “pero no cumplió, se los dio a la sección 27”.
Indicó que las plazas de base no las da un sindicato, sino que son ganadas por los trabajadores por su desempeño o bien pueden requerirlas en tribunales, y que ellos optaron por esa vía, “ante la cerrazón de la presidente municipal”.
En la actualidad, el STOOAEG tiene cuatro juicios en trámite y está pendiente uno más, por el despido de la dirigencia del sindicato, que hizo la CAPAMA el pasado 7 de noviembre. Uno de los juicios es por la disputa con el contrato colectivo que firmó la CAPAMA en 2006, con Pedro Mendoza Pérez, y que está sin cumplirse. Otro juicio es la demanda de plazas de base para los 141 agremiados del STOOAEG, en respeto a la ley que establece que después de seis meses todo trabajador tiene derecho a una plaza de base.
Otro es por el pago de 90 días de aguinaldo y otro es un juicio civil por daño moral, contra el secretario general de la sección 27 del SUSPEG, Gonzalo Arias Cárdenas, por haber hecho declaraciones lesivas contra el STOOAEG; la demanda es que haga una disculpa pública.
Revancha política
El STOOAEG es un sindicato afín a Morena y ha respaldado a ese partido desde 2006. A pregunta expresa sobre si esperaban que un gobierno morenista los agredirá de esa forma, Martínez Luna dijo que esperaban ese mal trato, porque la alcaldesa no es fundadora de Morena, “es gente que llegó a Morena en la elección”. Recordó que hay declaraciones donde Abelina López se definía como perredista.
Del hecho de que la alcaldesa respalde a un sindicato que históricamente ha servido al PRI, dijo que eso debe ser analizado por Morena, “deja mucho que desear”, porque el estatuto de Morena no permite que se hagan denostaciones hacia los militantes.
Consideró que la alcaldesa actúa así contra el STOOAEG por revanchismo político, porque la ex secretaria general Rosalinda Gutiérrez Terrones, disputó la candidatura a la alcaldía y la Comisión Nacional de Honor y Justicia le dio la razón de que Morena no hizo encuestas y ordenó reponer el proceso e incluir a Gutiérrez Terrones, pero al final se decidió no continuar con el proceso para no afectar el proyecto del presidente López Obrador.
A la alcaldesa se le pidió en dos ocasiones ayer una postura sobre la protesta del SUSPEG en Palacio Municipal, pero no respondió.
Trabajadores administrativos del Colegio de Bachilleres (Cobach) plantel 16, ubicado en la colonia Emiliano Zapata, tomaron las oficinas de la dirección para protestar por el ingreso a la plantilla de Azucena Edith Cantú González porque argumentan que ese espacio le toca a la hija de una trabajadora que ya tiene 38 años de servicio y que fue retirada de la escuela con el argumento que no había presupuesto.
Los trabajadores de la sección 31 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG) y del Sindicato Independiente del Colegio de Bachilleres pararon labores y cerraron la dirección; advirtieron que este viernes tomarán la escuela y se quedarán sin clases mil 200 alumnos.
La trabajadora Leticia Mendoza informó que iniciaron el paro de labores porque las autoridades de ese subsistema no cumplieron con la minuta de acuerdo del 20 de septiembre, cuando hicieron el primer paro de labores, donde el subdirector Administrativo, David Guzmán Sagredo y el jefe de departamento de Recursos Humanos, Fidencio Ixta Rojas se comprometieron a no renovar el contrato de Cantú González pero no cumplieron porque este jueves se presentó a firmar, “no les importó lo que firmaron en el acta de acuerdo y ese es el motivo del paro” agregó.
Explicó que dicha persona ingreso al plantel durante la pandemia del Covid-19 para hacer su servicio social y el ex director Cobach Fermín Alvarado Arroyo le dio un contrato.
Mencionó que ellos no sabían y se enteraron cuando regresaron a clases presenciales, por lo que informaron a las autoridades que no la querían y a pesar de ello, hoy se presentó a trabajar a la escuela.
Sobre cuál es el argumento para no quererla en el plantel, Leticia Mendoza explicó que antes de ella estaba “la hija de una compañera, quien tiene 38 años de servicio, y quitaron a su hija porque no había presupuesto y cómo hay para meter a esta niña que estaba haciendo servicio social en la escuela. Ese espacio le corresponde a la hija de la trabajadora del plantel”, resaltó. (Karina Contreras).
El director general del Colegio de Bachilleres, Juan Carlos Martínez Otero Gallegos se reunió con la sección 31 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), que agremia a trabajadores administrativos de la institución, y acordaron una reunión con el delegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Mario Moreno Arcos, para resolver los convenios pre jubilatorios.
En declaraciones luego de la reunión, Martínez Otero Gallegos explicó que los convenios pre jubilatorios están prohibidos por la ley, eran concedidos por el ISSSTE y consistían en beneficiar a los trabajadores con categorías altas, un año antes de retirarse.
Dijo que la situación se les explicó a la secretaria general, Yadira Orozco Zúñiga y a integrantes del Comité Ejecutivo Estatal de la sección 31 del SUSPEG, ya que como director general del Colegio de Bachilleres caería en actos fuera de la legalidad con consecuencias penales, si aceptara conceder convenios pre jubilatorios.
Señaló que los representantes de los trabajadores administrativos entendieron la situación y acordaron una reunión con Moreno Arcos, para buscar alternativas y otros programas que podrían beneficiarlos.
Por otra parte, se acordó que este viernes se pagarán becas de licenciatura, y en cuanto a la cancelación de plazas administrativas, que la Dirección General del Colegio de Bachilleres entregó de manera unilateral, según la sección 31 del SUSPEG, se acordó que se dialogará con los directores y trabajadores de los planteles donde se dieron las plazas para resolver los conflictos.
Expresó que los representantes de la sección 31 del SUSPEG, “salieron contentos (de la reunión), en el buen sentido”, ya que hubo acuerdos.
Sobre el bono del Día de las Madres, se acordó gestionar una diferencia de mil 250 pesos, ya que en el sector central y descentralizado se entregaron 8 mil 250 pesos a las trabajadoras; mientras que el bono del Día del Padre se mantendrá como lo paga el Colegio de Bachilleres, mil 500 pesos, pues no cuenta con recursos suficientes para homologarlo a 3 mil pesos.
En cuanto a la deserción escolar en el Colegio de Bachilleres, Martínez Otero Gallegos precisó que se trata de “abandono escolar”, lo que ocurre en la institución, principalmente porque “la competencia” telebachilleratos y planteles de Educación Media Superior a Distancia (EMSAD) que no respetan el mínimo de 5 kilómetros de distancia que deben tener entre otros subsistemas.
Señaló que de los 125 planteles que tenía el Colegio de Bachilleres en el estado, nueve se convirtieron en telebachilleratos, y que aunque una de las razones del abandono escolar es la inseguridad, ahora también se trata de que los estudiantes buscan escuelas que se encuentren cerca de sus hogares.
Ante la situación, Martínez Otero Gallegos dialogará con los dirigentes del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (Sutcobach), las secciones 31 y 63 del SUSPEG y el Sindicato Independiente de Trabajadores del Cobach (Sitcobach), “para hacer un frente común” y buscar medidas para evitar el abandono escolar.
La secretaria de la sección 31 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), Yadira Orozco Zúñiga emplazó al director general del Colegio de Bachilleres (Cobach), Juan Carlos Martínez Otero Gallegos, a que resuelva las demandas de los trabajadores administrativos agremiados en el sindicato hoy, de lo contrario, mañana comenzarán a manifestarse en la capital.
La sección 31 del SUSPEG agremia a 700 trabajadores administrativos del subsistema de educación media superior, quienes exigen a la Dirección General que se apliquen los corrimientos escalafonarios que establece el Contrato Colectivo de Trabajo; fecha de activación del convenio pre jubilatorio, pago del Programa de Previsión Social (Sefi) y otras prestaciones.
En una llamada a la redacción de El Sur, Orozco Zúñiga dijo que desde el 1 de junio se suspendieron las mesas de trabajo entre la sección 31 del SUSPEG y la Dirección General, ya que Martínez Otero Gallegos y su equipo no han demostrado disposición para resolver las demandas del sindicato, pese a que “nosotros le hemos apostado al diálogo”.
Dijo que la reunión del 1 de junio, Martínez Otero Gallegos se comprometió a que las prestaciones de los trabajadores se pagarían una vez que el gobierno federal aprobara el recurso correspondiente, pero “a la fecha no sabemos si el recurso llegó o no”.
Señaló que las demandas del sindicato ya se habían discutido con la Dirección General, pero no se han resuelto a pesar de que el año pasado hubo acuerdos para que se resolvieran.
Consideró que, por falta de voluntad y de decisión, las demandas de los trabajadores no se están resolviendo, pues el sindicato también se reunió con funcionarios de la Dirección de Personal del gobierno estatal para tratar los corrimientos por escalafón, sin respuestas concretas.
Sobre la baja en la matrícula en el Colegio de Bachilleres, Orozco Zúñiga dijo que los trabajadores administrativos están “en la sintonía de captar alumnos”.
Expresó que “la mayor parte del trabajo” la hacen los administrativos, desde aplicar exámenes hasta barrer las instalaciones para que los estudiantes tengan las condiciones óptimas para sus actividades; además de que apoyan a los padres de familia facilitándoles la impresión de fichas de nuevo ingreso en los planteles, pese a que el proceso debe ser virtual.
Manifestó que las autoridades no toman en cuenta a los trabajadores y sólo les piden que “aguanten”, por lo que emplazó a Martínez Otero Gallegos a que resuelva las demandas del sindicato hoy y agilice la gestión de los recursos para los pagos que se les adeudan, de lo contrario, a partir de mañana comenzarán a manifestarse para exigir que se respeten sus derechos laborales.
El secretario general de la sección 63 del Colegio de Bachilleres (Cobach), adherida al Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), Vicente Torres Lucerna, informó que el amparo que se resolvió a su favor para continuar en su cargo no ha sido respetado por la dirección general.
El 8 de diciembre, Torres Lucerna dio a conocer que el juicio de amparo que interpuso ante el Juzgado Séptimo de distrito en Chilpancingo fue resuelto a su favor para que continúe en su cargo como secretario general de la sección 63 del Cobach.
Sin embargo, en conferencia de prensa en el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP), Torres Lucerna informó ayer que el amparo que se resolvió a su favor no se ha respetado.
Indicó que el director general, Juan Carlos Martínez Otero Gallegos, siguió dando las prestaciones y cuotas sindicales a Adelfo Martínez Abarca, como si él fuera el secretario general.
Agregó que el 30 de noviembre se dio la resolución del amparo a su favor, y que el 8 y el 15 de diciembre pidió una audiencia con el director general, pero se la negó. “Si el señor director no se pone en un plan de que se respete la ley, vamos a proceder en su contra penalmente, porque está violando la ley de responsabilidad de los funcionarios públicos”, advirtió.
Por su parte, el abogado del SUSPEG, Rafael Villanueva Cruz pidió la intervención del gobernador, Héctor Astudillo Flores, para que se dé posesión a Vicente Torres, “porque legítimamente él fue elegido en una votación”.
Maestros de la Escuela Superior de Educación Física (ESEF) de Acapulco, cerraron la escuela y exigieron la destitución de la directora y del subdirector, a quienes acusan de corrupción, y rechazaron a tres nuevo trabajadores.
Desde las 7 de la mañana, 20 maestros tomaron las instalaciones de la escuela, ubicada en la Unidad Deportiva Acapulco, donde colocaron pancartas de rechazo a dos intendentes y una trabajadora administrativa al área de computación.
En la entrada de la Unidad Deportiva, los inconformes colocaron pancartas y lonas en las que los maestros hacían públicas sus demandas. Exigieron la destitución de los directivos, manifestaron su rechazo a tres nuevos trabajadores y solicitaron que se otorguen horas a maestros con más antigüedad.
En declaraciones, la trabajadora administrativa, Yadira Aranda Celis acusó a la directora, Norma Maravilla, de violentar sus derechos, porque después de 15 años como encargada del centro de computo, la estaban sustituyendo con una nueva trabajadora.
Yadira Aranda recordó que, el año pasado cuando estuvieron demandando personal las autoridades argumentaban que no había techo financiero, “y sin embargo lo hay, porque ya mandaron dos intendentes y un administrativo”.
El maestro Edgardo Vitorino denunció que el gobierno está actuando de una forma “intransigente, violando los derechos de los trabajadores, contratando nuevo maestros, siendo que hay maestros que apenas tienen medio tiempo”, y solicitó que primero sean cubiertas esas necesidades.
Indicó que al menos hay cuatro maestros que no tienen ni medio tiempo, y que sólo tienen horas, “debe de haber una solución. No estamos de acuerdo con el actuar de los directivos. Los maestros abanderados con el SUSPEG (Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero) han tenido todo el apoyo”.
El trabajador afirmó que el gobierno del estado solapa al dirigente de la sección 47 del SUSPEG, Fernando Fabián de la Cruz quien “sigue con la vendimia de plazas”.
También acusaron al subdirector de la escuela, Saúl Beltrán Bailón, de tener mucho trabajo rezagado, “no nos vamos a levantar hasta que se vayan los dos”, advirtieron.
Los quejosos indicaron que si no hay solución el miércoles van a marchar en la Costera.
Los 237 alumnos de la escuela que se encuentran en periodo de exámenes ayer se concentraron afuera de la escuela.
Por su parte, el dirigente sindical Fabián de la Cruz, quien se encontraba afuera del inmueble, afirmó que “en ningún momento se están lesionando los derechos de la compañera”, y lo que se estaba haciendo era un cambio de actividad con la trabajadora.
Negó que haya venta de horas y dijo que las que se han dado se han gestionado al gobierno del estado. Por la tarde, vía telefónica informó que luego de una reunión se resolvió que la trabajadora Aranda Celis se quedaría en su área y la nueva trabajadora será acomodada en otro espacio de la escuela.
El director de Ecología municipal de Chilpancingo, Alejandro Zepeda Castorena reconoció que ante la falta de supervisión del retiro de los árboles de la avenida Miguel Alemán, el 60 por ciento se secó, porque la empresa constructora no les dio el manejo adecuado.
Además, dijo que la dirección de Ecología desconoce el problema de los cuatro manantiales de la barranca Apatzingo, donde autoridades del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG) continúan vertiendo aguas residuales desde las instalaciones que tienen en el asentamiento, lo que ocasiona contaminación del suelo y del agua.
Este lunes, se iniciaron los trabajos de remodelación de la última etapa de la avenida Alemán entre las calles Pedro Ascencio de Alquiciras y Cristóbal Colón, ahí hay 10 árboles ficus que también serán retirados.
Vía telefónica, el director de Ecología, Alejandro Zepeda dijo que, “ahora sí estamos supervisando el retiro de los árboles, e incluso estarán los del Colegio de Biólogos”.
A pregunta expresa dijo que los primeros árboles que fueron retirados de la avenida, los que estaban cerca del hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), “el 60 por ciento se secaron porque la empresa no les dio el trato adecuado”.
Por tal motivo, manifestó que personalmente supervisará el retiro de estos 10 árboles para que no tengan el mismo destino que los otros.
Se le preguntó de la contaminación de los pozos de la barranca Apatzingo, donde autoridades del SUSPEG vierten aguas residuales, respondió que es un problema que tiene que resolver la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo (Capach), y que la Dirección de Ecología no estaba enterada del problema. (María Avilez Rodríguez / Chilpancingo).
Trabajadores basificados de la sección 28 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG) tomaron el Ayuntamiento capitalino para exigir el pago de la quincena, el aguinaldo, despensas y cuotas sindicales al Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero (ISSSPEG).
A las 8:30 de la mañana, los inconformes cerraron los dos accesos, colocaron sillas para impedir el paso de trabajadores y usuarios que acudieron a cumplir trámites. Asimismo, bloquearon el estacionamiento privado del Ayuntamiento.
En declaraciones, el secretario general de la sección 28, José Natividad Adame Martínez informó que se reunieron la semana pasada con el alcalde priista, Marco Antonio Leyva Mena, quien les aseguró que el aguinaldo para unos 768 agremiados se pagaría el 13 de diciembre, pero incumplió, y que en total, el alcalde les adeuda más de 1 millón de pesos.
Explicó que el 9 de diciembre les pagaron la primera parte de la quincena; el 13 les pagarían el aguinaldo, lo que no ocurrió, y el 15 de diciembre el segundo pago de la quincena, pero tampoco lo recibieron.
Adame Martínez dijo que, “el aguinaldo puede esperar, pues lo pueden pagar hasta el día de 18 de diciembre, pero la quincena no y tampoco los adeudos atrasados”.
Además les deben seis despensas que deberán ser entregadas antes que los trabajadores se vayan de vacaciones.
El secretario general de la sección 28 recriminó que a los trabajadores de base se les descuenta cada quincena, para que reciban los beneficios que ofrece el ISSSPEG; pero que desde la administración del ex alcalde priista, Mario Moreno no han pagado al Instituto y, debido a eso, los trabajadores no tienen derecho a préstamos.
Los manifestantes fueron atendidos por el asesor del presidente municipal, Carlos Misael, quien les entregó dos cheques para pagar algunos adeudos; luego, les depositaron la segunda parte de la quincena. Carlos Misael también se comprometió pagarles hoy el aguinaldo.
Adame Martínez señaló que, “es lamentable que uno tenga que recurrir a estas acciones de bloqueo para que le paguen. Si este viernes no nos pagan el aguinaldo, volveremos a tomar el Ayuntamiento, porque veo que es la única forma para que hagan caso a nuestras demandas”.
Los manifestantes se retiraron a las 12:30 del mediodía, luego de que solucionaron algunas de sus demandas.
En este año se sumarán cinco días a las vacaciones de los trabajadores del gobierno del estado, tras las negociaciones del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG).
Para este año se acordó que se otorgarán cinco días más, en comparación con el año pasado, por lo que los trabajadores saldrán de vacaciones el 19 de diciembre y regresarán el 9 de enero.
Este martes se aprobó la circular en la que se notifica a los titulares de las dependencias del gobierno estatal que los trabajadores de base, supernumerarios y de confianza del sector central y paraestatal de la nómina mecanizada del gobierno del estado, serán beneficiados con los cinco días extras de vacaciones.
En la circular se informa que se acordó con el gobernador Héctor Astudillo Flores, beneficiar a los trabajadores con cinco días más de vacaciones, y que los burócratas regresen hasta el 9 de enero.
Por otra parte, el líder sindical de la sección séptima del gobierno del estado, Jesús Manuel Nava explicó que durante este periodo de 15 días de vacaciones no operará ninguna oficina del sector central, y que sólo las guardias continuarán los trabajos que queden pendientes, lo que no significa que los ciudadanos que requieran hacer trámites puedan hacerlos.
También dio a conocer que se les pagó a los trabajadores su aguinaldo, así como las prestaciones que por ley les corresponden, y durante esta semana les darán sus recibos de pagos, por lo que tendrán esta semana para quejarse si hallan alguna irregularidad.
