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Cancela el gobierno estatal entrega de Condecoraciones y Premios civiles

La Secretaría General de Gobierno canceló ayer la entrega de Condecoraciones y Premios Civiles 2023, en el marco del 174 aniversario de la creación del estado de Guerrero, por la emergencia de “algunos municipios y comunidades” tras el paso del huracán Otis.
Horas antes de que el meteoro tocara tierra, el 24 de octubre, la dependencia anunció con un aviso en redes sociales que la ceremonia prevista para el 27 de octubre, se reprogramó para el lunes 6 de noviembre, “con el objetivo de salvaguardar a la población”.
Sin embargo, la Ley de Premios Civiles del estado de Guerrero, prevé que el gobierno del estado “podrá no otorgar todos los premios anualmente, pero cuando lo haga, será el día 27 de octubre de cada año”.  Por lo tanto, no era posible prorrogar la convocatoria de la SGG ni la entrega de los premios. Ahora, con un nuevo aviso, señala que la actividad se cancela, y agradece “la comprensión y solidaridad con el pueblo de Acapulco y Costa Grande”. (Lourdes Chávez / Chilpancingo).

 

Ya desalojó las oficinas que le pidieron en Zihuatanejo, dice el supervisor de las secundarias técnicas

El supervisor de la zona 7 de secundarias técnicas en Zihuatanejo, Humberto García Soberanis, dio a conocer que ya desalojó las instalaciones que esta oficina ocupaba, en el área del centro social de la unidad habitacional Infonavit El Hujal, luego de que el gobierno municipal le dijo la semana pasada que tenía tres días para desocupar.
El jueves de la semana pasada, García Soberanis informó que el gobierno municipal, a través de la Dirección de Gobernación, le notificó que tenía hasta el sábado 8 de julio para desalojar las instalaciones que desde hace 12 años ocupaba la supervisión escolar, porque ahí va a funcionar una guardería.
Vía telefónica comentó que pese a que intentó hablar personalmente con el alcalde Jorge Sánchez Allec, para que le diera una prórroga de unos cuantos días más para encontrar un lugar adecuado y poder cambiarse, los colaboradores del edil no se lo permitieron con el argumento de que tenía muchas actividades programadas.
Señaló que lo que el Ayuntamiento le proporcionó fue un vehículo y peones, para que le ayudaran a sacar el mobiliario, equipo y documentación, y llevárselas a un salón que le prestaron en la secundaria técnica 52, en la colonia El Embalse, en esta ciudad.
Agregó que hasta que termine el ciclo escolar, él y sus compañeros estarán trabajando vía remota a través del internet, “así como estábamos durante la pandemia. Ya más adelante buscaremos la manera de que nos apoyen para tener nuestras propias instalaciones”, indicó. (Brenda Escobar / Zihuatanejo).

 

Prorroga la Jucopo la integración de la Mesa Directiva del Congreso al 19 de julio

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

Ante la falta de consensos, la madrugada de este jueves los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, firmaron un acuerdo para establecer el 19 de julio como fecha límite para integrar y designar a la Mesa Directiva para el tercer y último año de la actual legislatura.
Después de que la mayoría del pleno del Congreso rechazó la planilla integrada por diputados de Morena y encabezada por Joaquín Badillo Escamilla, y tras una reunión de unos 40 minutos en la que no se pusieron de acuerdo respecto a la integración de la Mesa Directiva, acordaron prorrogar la designación.
El acuerdo de la Jucopo fue establecer el 19 de julio como fecha límite para integrar y designar a la Mesa Directiva para el tercer año de ejercicio constitucional.
En la sesión de este miércoles, hasta en dos ocasiones el pleno del Congreso rechazó la planilla que presentó Morena para integrar la nueva mesa directiva, las dos encabezadas por Badillo. La primera integraba a diputados, incluidos sin su consentimiento, y la segunda se presentaba sólo con diputados morenistas. Esa candidatura fue apoyada por la propia presidenta de la Jucopo, Yoloczin Domínguez, aunque no por todos los diputados de su partido, por lo que no logró la mayoría para ser aprobada.
El coordinador del PRI argumentó en el debate de la noche del miércoles que Badillo era inelegible como presidente, porque se pasó al PVEM sin renunciar a Morena, en una maniobra para que ese partido controlara los dos órganos de dirección, lo que consideró inaceptable.
El secretario de la mesa, Ricardo Astudillo Calvo, leyó el acuerdo de la Jucopo que apunta que la firma del documento se da con “el fin de llegar a los acuerdos y consensos necesarios para preservar la armonía en la integración y conformación de la Mesa Directiva”, la cual “se lleve a cabo a más tardar el 19 de julio del año 2023”.
La presidenta de la Mesa Directiva Yanelly Hernández Martínez, que seguirá en funciones mientras tanto, solamente señaló que “atenderá lo conducente una vez que el pleno ha tomado conocimiento”.

La violencia vicaria

En la última sesión del periodo ordinario de sesiones del Congreso local, el pleno aprobó incluir y tipificar como delito la violencia vicaria, que consiste en causar sufrimiento a una mujer, causando daños físicos o emocionales a sus hijas o hijos o personas significativas para ella, la cual alcanzaría una pena de 4 a 8 años de prisión y hasta 12 años si hay daño físico.
También el victimario perdería los derechos con respecto a las víctimas directas e indirectas, incluidos los de guardia y custodia, patria potestad y de carácter sucesorio de hijas e hijos.
Se trata de reformas y adiciones a los Códigos Civil y Penal del Estado y a las Leyes de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de Prevención y Atención de la Violencia Familiar, para incluir y tipificar este delito.
En tribuna la diputada Gabriela Bernal Reséndiz fundamentó el dictamen en el que se precisa que comete el delito de violencia vicaria quien mantenga o haya mantenido una relación de matrimonio y concubinato que busque dañar a una mujer utilizando como medio a las hijas o hijos, personas adultas mayores, personas en situación de dependencia económica, personas con un vínculo afectivo.
Las penas que se plantean van de 4 a 8 años de prisión y estas se incrementarán hasta en una mitad en su mínimo y en su máximo es decir hasta 12 años si se incurre en daño físico a las víctimas indirectas, o en casos en que la familia de quien agrede incurra en complicidad o haya ejercido algún tipo de violencia en contra de la mujer madre.
La presidenta de la Mesa Directiva, diputada Yanelly Hernández Martínez, dio lectura al informe de los trabajos legislativos del Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional de la LXIII Legislatura al Congreso del Estado de Guerrero.
A las 2 de la mañana se clausuró el periodo ordinario de sesiones, y se citó de inmediato a los integrantes de la Comisión Permanente para realizar la sesión de instalación de ésta, integrada sólo por 12 de los 46 diputados y diputadas locales que sesionarán una vez a la semana.

Aplazan al 19 de julio la integración de la Mesa Directiva del Congreso

Prorroga la Jucopo la integración de la Mesa Directiva del Congreso al 19 de julio

La madrugada de este jueves, luego de que en la sesión nocturna del miércoles se rechazó la planilla que presidiría el morenista Joaquín Badillo, de nueva cuenta los diputados no se pusieron de acuerdo. Tipifican el delito de violencia vicaria

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

Ante la falta de consensos, la madrugada de este jueves los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, firmaron un acuerdo para establecer el 19 de julio como fecha límite para integrar y designar a la Mesa Directiva para el tercer y último año de la actual legislatura.
Después de que la mayoría del pleno del Congreso rechazó la planilla integrada por diputados de Morena y encabezada por Joaquín Badillo Escamilla, y tras una reunión de unos 40 minutos en la que no se pusieron de acuerdo respecto a la integración de la Mesa Directiva, acordaron prorrogar la designación.
El acuerdo de la Jucopo fue establecer el 19 de julio como fecha límite para integrar y designar a la Mesa Directiva para el tercer año de ejercicio constitucional.
En la sesión de este miércoles, hasta en dos ocasiones el pleno del Congreso rechazó la planilla que presentó Morena para integrar la nueva mesa directiva, las dos encabezadas por Badillo. La primera integraba a diputados, incluidos sin su consentimiento, y la segunda se presentaba sólo con diputados morenistas. Esa candidatura fue apoyada por la propia presidenta de la Jucopo, Yoloczin Domínguez, aunque no por todos los diputados de su partido, por lo que no logró la mayoría para ser aprobada.
El coordinador del PRI argumentó en el debate de la noche del miércoles que Badillo era inelegible como presidente, porque se pasó al PVEM sin renunciar a Morena, en una maniobra para que ese partido controlara los dos órganos de dirección, lo que consideró inaceptable.
El secretario de la mesa, Ricardo Astudillo Calvo, leyó el acuerdo de la Jucopo que apunta que la firma del documento se da con “el fin de llegar a los acuerdos y consensos necesarios para preservar la armonía en la integración y conformación de la Mesa Directiva”, la cual “se lleve a cabo a más tardar el 19 de julio del año 2023”.
La presidenta de la Mesa Directiva Yanelly Hernández Martínez, que seguirá en funciones mientras tanto, solamente señaló que “atenderá lo conducente una vez que el pleno ha tomado conocimiento”.

La violencia vicaria

En la última sesión del periodo ordinario de sesiones del Congreso local, el pleno aprobó incluir y tipificar como delito la violencia vicaria, que consiste en causar sufrimiento a una mujer, causando daños físicos o emocionales a sus hijas o hijos o personas significativas para ella, la cual alcanzaría una pena de 4 a 8 años de prisión y hasta 12 años si hay daño físico.
También el victimario perdería los derechos con respecto a las víctimas directas e indirectas, incluidos los de guardia y custodia, patria potestad y de carácter sucesorio de hijas e hijos.
Se trata de reformas y adiciones a los Códigos Civil y Penal del Estado y a las Leyes de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de Prevención y Atención de la Violencia Familiar, para incluir y tipificar este delito.
En tribuna la diputada Gabriela Bernal Reséndiz fundamentó el dictamen en el que se precisa que comete el delito de violencia vicaria quien mantenga o haya mantenido una relación de matrimonio y concubinato que busque dañar a una mujer utilizando como medio a las hijas o hijos, personas adultas mayores, personas en situación de dependencia económica, personas con un vínculo afectivo.
Las penas que se plantean van de 4 a 8 años de prisión y estas se incrementarán hasta en una mitad en su mínimo y en su máximo es decir hasta 12 años si se incurre en daño físico a las víctimas indirectas, o en casos en que la familia de quien agrede incurra en complicidad o haya ejercido algún tipo de violencia en contra de la mujer madre.
La presidenta de la Mesa Directiva, diputada Yanelly Hernández Martínez, dio lectura al informe de los trabajos legislativos del Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional de la LXIII Legislatura al Congreso del Estado de Guerrero.
A las 2 de la mañana se clausuró el periodo ordinario de sesiones, y se citó de inmediato a los integrantes de la Comisión Permanente para realizar la sesión de instalación de ésta, integrada sólo por 12 de los 46 diputados y diputadas locales que sesionarán una vez a la semana.
 

Pese a amparos, todos los servidores públicos deben presentar su declaración patrimonial

 

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El subsecretario de Normatividad Jurídica de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, Saúl Montúfar Mendoza, informó que sigue en trámite el juicio amparo que promovieron docentes contra la presentación de la declaración patrimonial el año pasado, y en tanto no haya una resolución, todos los servidores públicos que reciben pagos del gobierno están obligados a presentar el trámite.
Este miércoles fue el último de la prórroga de 14 días que otorgó el gobierno estatal a los trabajadores del estado, después del mes señalado para la declaración. El funcionario señaló que todavía había mucha participación, y el personal de la dependencia estaba apoyando el trámite, de un total de 104 mil servidores públicos obligados.
Consultado después de la entrega de diplomas a comités de alumnos primaria de Chilpancingo del programa de Formación de Contralores infantiles de la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental, en el auditorio Sentimientos de la Nación, llamó a que nadie se quede fuera.
“La gobernadora Evelyn Salgado Pineda, y el secretario, Víctor Edgar Arenas, dieron esta prórroga de 14 días naturales, que se termina hoy (miércoles), hay mucha participación todavía. Estamos recibiendo declaraciones”.
Previó que hoy por la mañana, la dirección de Tecnologías de la Secretaría de Finanzas y Administración realice un corte.
Calculó que al 31 de mayo más de la mitad de los servidores públicos obligados la habían presentado, “nuestra intención es de que todos cumplan con esta obligación de transparentar nuestros ingresos”.
El funcionario subrayó que la gobernadora fue muy puntual, invitó a transparentar y a presentar cuentas claras. Precisó que desde hace tres años, la declaración patrimonial es de dos tipos: simplificada y completa.
En la primera, las categorías inferiores a jefe de departamento sólo reportan su ingreso anual de su trabajo en el gobierno. Quienes ocupan puestos de jefe de departamento hasta la gobernadora, además de su salario, deben informar si compraron bienes inmuebles, vehículos, casa, si tienen cuentas bancarias u otro tipo de ingresos.
En el caso de la Secretaría de Educación, donde la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (Ceteg) se negó a este trámite, aclaró que las categorías superiores de jefes de departamento deben presentar la declaración completa.
De los maestros de aula, que no manejan recursos públicos, afirmó que también están obligados “porque la Ley de Responsabilidades Administrativas para el estado de Guerrero y la Ley general de aplicable a nivel nacional es clara, es para todos los servidores que reciban ingreso del gobierno”.
Para este año, destacó que la Dirección de tecnologías de la Sefina diseñó la plataforma para la presentación de la declaración patrimonial, que antes se hacía en ante la Secretaría de la Función Pública, que les prestaba este sistema.
“Este año es un sistema propio, muy amigable, muy fácil para presentar la declaración”.
Sobre el incumplimiento, señaló que la Contraría enviará un requerimiento a quienes no hayan presentado su declaración para citarlos a audiencia y expongan los motivos de la no presentación. El año pasado lograron que en ese momento los servidores públicos completarán el tramité, aún de manera extraordinaria.

No se pronuncia el TEE sobre el plazo para la integración de nuevos municipios

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero (TEE), desechó los juicios para la integración de nuevos municipios, en contra del acuerdo de la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación del Congreso local, por el cual la Mesa Directiva aprobó una prórroga de 120 días para presentar ante el pleno las propuestas de las personas que integrarán los ayuntamientos instituyentes de Las Vigas, Ñuu Savi, San Nicolás y Santa Cruz del Rincón.
Los juicios fueron promovidos por Roberta Castro de los Santos, Felipe Avilés Mendoza y otras personas, en contra del acuerdo de la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación.
De acuerdo con el proyecto TEE/JEC/010/2022 Y TEE/JEC/014/2023 acumulados, propuesto por el Magistrado José Inés Betancourt Salgado, y aprobado por unanimidad de votos se determinó desechar el acto impugnado “en virtud de un cambio de situación jurídica, razón por la cual quedó sin materia”, lo que impide que este órgano jurisdiccional “se pronuncie respecto al fondo de la litis (controversia) planteada, al quedar superados los efectos del acuerdo impugnado”.
El pleno del TEE también ordenó al Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) llevar a cabo el desahogo de las etapas planteadas en su propuesta de trabajo de agosto de 2020, para realizar la consulta ciudadana en la que se preguntaría a los ciudadanos de Ayutla de los Libres si están de acuerdo a modificar el sistema de elección de sus autoridades en el municipio y pasar del actual, de usos y costumbres al sistema de partidos políticos y candidatos independientes.
Los promoventes, Sixto Cruz Ortega “y otros”, acusaron que a partir de la resolución del 3 de marzo del 2020, emitida por el TEE y de la declaratoria nacional del Semáforo Verde de riesgo epidemiológico Sars-Covid19, por parte de Secretaría de Salud Federal, el IEPC no han reiniciado con las actividades para consultar a los ciudadanos de este municipio.
El tribunal dio al IEPC un plazo de 48 horas para presentar ante este órgano jurisdiccional el calendario de actividades “con los ajustes correspondientes, y las constancias que acrediten el inicio de las mismas, y se advierte que de no acatar lo ordenado, se harán acreedoras a una medida de apremio”.
En la sesión, el TEE también declaró “parcialmente fundado” el Juicio Electoral Ciudadano (JEC) promovidos por Carlos Arturo Millán Sánchez y Jorge Francisco Hernández Pablo, en contra de la resolución dictada por la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN, en la cual confirmó la elección de consejeros estatales de ese partido.
Se declararon parcialmente fundados los agravios hechos valer por los quejosos, por lo que deberá dictar una nueva resolución, debido a que el Consejo Nacional del PAN omitió resolver, debidamente fundado y motivado, el sobreseimiento sobre la impugnación del Acuerdo COP-PANGRO/08/2022 emitido por la Comisión Organizadora del Proceso.
Además de que tampoco fue exhaustiva y congruente para pronunciarse sobre las pruebas ofrecidas, el total de asistentes a la asamblea cuestionada y si procedía o no el recuento total de votos solicitado por los actores.

Aplaza la SEG por cuarta vez el regreso a clases en la Montaña baja; 663 escuelas siguen sin actividad

Al menos 663 escuelas de nivel básico en la parte baja de la Montaña continuarán cerradas esta semana, en un contexto de zozobra por amenazas contra maestros.
Este lunes, la mayoría de las escuelas de nivel básico, medio superior y superior del turno matutino en la cabecera no abrieron sus puertas. La última prórroga de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) marcaba la reanudación el pasado jueves 26, no obstante las pocas escuelas que abrieron tuvieron que suspender hasta nuevo aviso, por una amenaza anónima en redes sociales.
Por la mañana, maestros de la región dieron a conocer un documento firmado por la Dirección de Asuntos Jurídicos de la SEG, que aplaza la suspensión hasta la siguiente semana.
El documento oficial está dirigido al sector educativo de la Montaña baja, fechado el 27 de octubre de 2017, que tiene como asunto la cuarta prorroga e indica textual:
“Con la finalidad de informar que los trabajos de revisión de las condiciones estructurales de las escuelas ubicadas en dicha región, llevan un avance significativo y que en fechas próximas estaremos en posibilidad de concluir”.
“A efecto de continuar garantizando la seguridad e integridad de quienes conforman el sector en las instituciones que aun no han sido visitadas, se hace de su conocimiento que se extiende la suspensión temporal de clases hasta el día 6 de noviembre del presente año, por lo que quedarán sin efecto los retardos y faltas del personal docente y administrativo de las escuelas”.
El texto agrega: “Así también se solicita que aquellas escuelas que se encuentran en posibilidad de regresar y normalizar actividades, así lo hagan”.
Con ésta ya son cuatro prorrogas, una circular y un comunicado que la SEG emite desde el 25 de septiembre, para amparar la suspensión de clases en medio de hechos de violencia y una serie de amenazas contra el sector.
Ese lunes 25 de septiembre, maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) se movilizaron para exigir el cese al hostigamiento de directores, supervisores y jefes de sector, quienes los amenazaban con descuentos en caso de no presentarse a sus centros de trabajo, a pesar de que no había transporte de Chilpancingo-Tixtla hacia Chilapa y en algunas rutas de este último municipio.
De acuerdo con información oficial, en la región educativa Montaña baja, que comprende Chilapa, Zitlala, José Joaquín de Herrera, Ahuacuotzingo, Atlixtac, Acatepec y Zapotitlán Tablas, existen 663 planteles de preescolar formal e indígena; primaria formal e indígena; servicios estatales, así como secundarias generales y técnicas con más de 62 mil 300 alumnos, que son atendidos por  alrededor de 3 mil 400 docentes y personal de apoyo.
En este colapso del sector educativo se encuentran también las preparatorias 26 de la Universidad Autónoma de Guerrero y la privada José Vasconcelos, así como los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guerrero (Cecyteg) y del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep).
De nivel superior, la Universidad Tecnológica y el Centro Universitario Aurora Meza.

Pidió la SEG una prórroga para atender las necesidades educativas en El Coyul: Codehum

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno, expuso que la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) pidió una prórroga para atender el envío de maestros al preescolar 30 de Abril y primaria federal bilingüe Ignacio Manuel Altamirano en El Coyul, municipio de Cochoapa el Grande, y dijo que está en tiempo para atender la demanda.
Autoridades de la comunidad na’savi, y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, denunciaron que la SEG no ha cumplido la recomendación de la Codehum para garantizar el derecho a la educación.
Al respecto, en consulta telefónica el ombudsman dijo que la SEG está en tiempo, que solicitó una prórroga por el periodo vacacional de Semana Santa que pasó, aunque dijo que no tenía a la mano la fecha exacta de vencimiento, pero refirió que está por vencerse. “Hemos tenido comunicación muy fluida con la Secretaría de Educación, esperemos que sí la atiendan (la recomendación) y si no, en la hipótesis contraria tenemos que hacer lo necesario porque se cumpla, y bueno no quisiera irme a la hipótesis del Congreso, (éste) tiene la facultad de previa notificación, muestra de distarlo a comparecer, pero estamos en tiempo y estamos esperando. Y yo tengo la confianza en que no se le niegue el derecho a los niños”, detalló Navarrete Magdaleno.

Se dan diputados prórroga hasta el 26 de abril para armonizar la Ley 701 a la Constitución

Las comisiones unidas de Asuntos Indígenas y Afromexicanos y de Justicia informaron que se concedieron otra prórroga de más de 40 días, además del año que la actual legislatura se otorgó, para armonizar la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas a la Constitución de Guerrero.
Informaron al pleno que la ley seguirá vigente hasta que el Congre-so dictamine las propuestas existentes, posiblemente el 26 de abril.
Hasta ayer la comisión informó lo que pasaría con la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas, un día antes de que se cumpla hoy el plazo que el Congreso tenía para armonizarla.
La diputada de Morena María de Jesús Cisneros Martínez denunció que el poder Legislativo cometió un acto discriminatorio y de responsabilidad política, por no cumplir el mandato constitucional, lo que consideró es un “acto de agravio discriminatorio en contra de los pueblos y de nuestros hermanos indígenas”.
Recordó que presentó tres iniciativas y que el pleno las “congeló”, y el poder Legislativo no cumplió el artículo tercero transitorio de la Constitución del estado, que marca un plazo de 24 meses para homologar. Lamentó que ni la actual ni la pasada legislatura hayan atendido la responsabilidad.
Consideró que la omisión fue grave e intencional, “producto del interés neoliberal de desconocer a las instituciones comunitarias, sus atribuciones y facultades y colocarlos al margen de la legalidad”.
El presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, el perredista Ociel Hugar García Trujillo, dijo que no porque la ley no se armonice a más tardar hoy, significa que será derogada.
Recordó que hay cinco iniciativas y que el 26 de abril se presentará el dictamen.
Argumentó que en los artículos transitorios de la Constitución de Guerrero se establece que mientras no haya una armonización, la ley mantendrá su vigencia y en consecuencia se respetarán los derechos de los pueblos indígenas así como su sistema de seguridad y justicia.
Mientras que el presidente de la Comisión de Justicia, el priista Héctor Vicario Castrejón, aseguró que el dictamen que presentará será de una ley de “vanguardia y respetará los derechos humanos de los pueblos indígenas”.
Negó que el Congreso pretenda derogar la Ley 701 y dejar vulnerables a las policías comunitarias, pero insistió en que sólo serán reconocidas las de los pueblos originarios.
En respuesta, la diputada de Morena dijo que no tratara de justificar la irresponsabilidad cometida “en el engañoso texto del cuarto transitorio” porque las disposiciones de la legislación actual mantendrán su vigencia “en tanto” se realizan las reformas correspondientes.
Dijo que ese texto resulta mucho más grave porque la frase “en tanto”, se refiere al plazo impuesto para armonizar la ley “y el asunto se agrava cuando el cuarto transitorio dice que mantendrá su vigencia y aplicación, lo que significa que de no ser adecuadas las leyes, como en el caso de la 701, dentro del plazo señalado, perderán su vigencia, lo que constituye la abolición de una norma por el acto de omisión cómplice de este Congreso”.
Argumentó que se habla de armonización pero también de plazos, “y esa vigencia se sujeta a los veinticuatro meses y la prórroga, tiempos en los que se incurrió en omisión legislativa y responsabilidad política y por eso reitero, voy a informar a los pueblos y comunidades indígenas sobre este agravio”.

Otros temas

En la sesión la coordinadora de la bancada del PRD la diputada Érika Alcaraz Sosa propuso que “se realice un verdadero análisis” de la situación de violencia que viven diariamente las mujeres en la entidad, ya que, dijo, “esta problemática es cada día de mayores proporciones”.
Sin embargo la diputada se abstuvo en la votación del pasado jueves del exhorto para solicitar al gobierno del estado que emita la alerta por violencia de género.
En tribuna aseguró que es indispensable que las instituciones se comprometan con “las niñas y mujeres, garanticen los derechos humanos y erradiquen la violencia que se ha presentado en el estado”.
El Congreso exhortó también al Ejecutivo que instruya a las dependencias a realizar campañas para disminuir los incendios forestales y a los gobiernos municipales para que destinen parte de sus ingresos a adquirir las herramientas necesarias que les permitan combatirlos.

Flor Añorve se dice preocupada por la prórroga en el juicio de desafuero de diputado priista

 
La presidenta del Congreso local, Flor Añorve Ocampo, responsabilizó a la Comisión Instructora de la decisión de no acatar el plazo de diez días hábiles que prevé la ley para concluir el proceso de juicio de procedencia para retirar el fuero, que no establece el derecho de audiencia ni de prórroga, en el caso del diputado priista Saúl Beltrán Orozco.
En declaraciones a reporteros en el Congreso local, dijo que respeta las decisiones que toma la Comisión Instructora, como la aprobación de una prórroga de diez días que concedió para que la Fiscalía le entregue copias certificadas de toda la averiguación previa, a solicitud de Saúl Beltrán durante “su derecho de audiencia”, de lo que en un primer momento dijo que no tenía ningún comentario.
Una reportera preguntó si la dilación del plazo para dictaminar no podría ser una irregularidad del poder Legislativo, la coordinadora de los diputados priistas respondió: “la ley… aquí del Congreso, establece exactamente los tiempos en los que se tiene que emitir un dictamen (diez días hábiles que concluyeron ayer), finalmente ellos hicieron un acuerdo y están pidiendo una prórroga de algún tiempo para recabar las pruebas”.
Dijo que el asunto le preocupaba y que lo planteó a los diputados de la Instructora, en el sentido de que el procedimiento de juicio de procedencia “no habla de darle al diputado el derecho de audiencia, sin embargo fue un comentario que hizo Movimiento Ciudadano (MC), el diputado Ricardo (Mejía Berdeja), y qué bueno, a mí me pareció que pudiera ser, sin embargo yo no soy la que toma las decisiones”.
La diputada responsabilizó al diputado Ricardo Mejía de proponer que la Comisión dictaminadora diera audiencia a Saúl Beltrán. Sin embargo, la fracción de MC no tiene a ningún integrante en la Comisión Instructora que es la responsable del procedimiento.
La figura de derecho de audiencia que se le otorgó a Saúl Beltrán sólo existe en los procesos de juicio político y revocación de mandato, pero “finalmente la Comisión es la que tiene la autoridad en la materia”, dijo la diputada priista.
Flor Añorve afirmó que respetó la decisión de la Comisión Instructora de otorgar el derecho de audiencia, si estas tienen la aprobación de la mayoría de sus integrantes.
Los reporteros preguntaron a la presidenta del congreso si la Comisión se está extralimitando, a lo que solo respondió, “no tengo comentarios”.
El diputado priista y ex alcalde de San Miguel Totolapan es acusado de homicidio calificado y señalado como integrante del grupo criminal Los Tequileros.

Lo que dice la ley

La Ley 695 de Responsabili-dades de los Servidores Públicos del Estado, cuando se refiere al juicio de procedencia no habla ni del derecho de audiencia del funcionario imputado, ni de la ampliación del término de la Comisión Instructora para dictaminar.
El artículo 39, establece que corresponde a esa instancia “sustanciar el procedimiento establecido en la ley y formular el proyecto de resolución dentro de los diez días hábiles siguientes a la recepción del expediente y remitirla al Pleno del Congreso del Estado, quien aprobará y dictará la resolución correspondiente por el voto de los dos terceras partes del total de sus miembros, en la que confirme o suspenda la inmunidad constitucional”.
Si el Congreso determina quitar la inmunidad al enjuiciado, devolverá la Carpeta de Investigación junto con la declaratoria de procedencia de responsabilidad penal a la Fiscalía General o al Agente del Ministerio Público Especial para que ejercite la acción penal y solicite a un juez librar la orden de aprehensión.
La ley dice también que si la Comisión Instructora “confirma la inmunidad”, entonces se suspenderá todo procedimiento y la responsabilidad penal podrá ejercitarse hasta que el servidor público haya concluido el ejercicio de su encargo.
En su artículo 40, la ley dice que la resolución de la Comisión Instructora “no prejuzga los fundamentos de la imputación”.