Las comisiones unidas de Asuntos Indígenas y Afromexicanos y de Justicia informaron que se concedieron otra prórroga de más de 40 días, además del año que la actual legislatura se otorgó, para armonizar la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas a la Constitución de Guerrero.
Informaron al pleno que la ley seguirá vigente hasta que el Congre-so dictamine las propuestas existentes, posiblemente el 26 de abril.
Hasta ayer la comisión informó lo que pasaría con la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas, un día antes de que se cumpla hoy el plazo que el Congreso tenía para armonizarla.
La diputada de Morena María de Jesús Cisneros Martínez denunció que el poder Legislativo cometió un acto discriminatorio y de responsabilidad política, por no cumplir el mandato constitucional, lo que consideró es un “acto de agravio discriminatorio en contra de los pueblos y de nuestros hermanos indígenas”.
Recordó que presentó tres iniciativas y que el pleno las “congeló”, y el poder Legislativo no cumplió el artículo tercero transitorio de la Constitución del estado, que marca un plazo de 24 meses para homologar. Lamentó que ni la actual ni la pasada legislatura hayan atendido la responsabilidad.
Consideró que la omisión fue grave e intencional, “producto del interés neoliberal de desconocer a las instituciones comunitarias, sus atribuciones y facultades y colocarlos al margen de la legalidad”.
El presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, el perredista Ociel Hugar García Trujillo, dijo que no porque la ley no se armonice a más tardar hoy, significa que será derogada.
Recordó que hay cinco iniciativas y que el 26 de abril se presentará el dictamen.
Argumentó que en los artículos transitorios de la Constitución de Guerrero se establece que mientras no haya una armonización, la ley mantendrá su vigencia y en consecuencia se respetarán los derechos de los pueblos indígenas así como su sistema de seguridad y justicia.
Mientras que el presidente de la Comisión de Justicia, el priista Héctor Vicario Castrejón, aseguró que el dictamen que presentará será de una ley de “vanguardia y respetará los derechos humanos de los pueblos indígenas”.
Negó que el Congreso pretenda derogar la Ley 701 y dejar vulnerables a las policías comunitarias, pero insistió en que sólo serán reconocidas las de los pueblos originarios.
En respuesta, la diputada de Morena dijo que no tratara de justificar la irresponsabilidad cometida “en el engañoso texto del cuarto transitorio” porque las disposiciones de la legislación actual mantendrán su vigencia “en tanto” se realizan las reformas correspondientes.
Dijo que ese texto resulta mucho más grave porque la frase “en tanto”, se refiere al plazo impuesto para armonizar la ley “y el asunto se agrava cuando el cuarto transitorio dice que mantendrá su vigencia y aplicación, lo que significa que de no ser adecuadas las leyes, como en el caso de la 701, dentro del plazo señalado, perderán su vigencia, lo que constituye la abolición de una norma por el acto de omisión cómplice de este Congreso”.
Argumentó que se habla de armonización pero también de plazos, “y esa vigencia se sujeta a los veinticuatro meses y la prórroga, tiempos en los que se incurrió en omisión legislativa y responsabilidad política y por eso reitero, voy a informar a los pueblos y comunidades indígenas sobre este agravio”.

Otros temas

En la sesión la coordinadora de la bancada del PRD la diputada Érika Alcaraz Sosa propuso que “se realice un verdadero análisis” de la situación de violencia que viven diariamente las mujeres en la entidad, ya que, dijo, “esta problemática es cada día de mayores proporciones”.
Sin embargo la diputada se abstuvo en la votación del pasado jueves del exhorto para solicitar al gobierno del estado que emita la alerta por violencia de género.
En tribuna aseguró que es indispensable que las instituciones se comprometan con “las niñas y mujeres, garanticen los derechos humanos y erradiquen la violencia que se ha presentado en el estado”.
El Congreso exhortó también al Ejecutivo que instruya a las dependencias a realizar campañas para disminuir los incendios forestales y a los gobiernos municipales para que destinen parte de sus ingresos a adquirir las herramientas necesarias que les permitan combatirlos.