Etiqueta: violencia vicaria

Pide Tlachinollan en el Día de la Mujer Indígena parar la violencia contra ellas

Carmen González Benicio

Tlapa

Las mujeres de la región de la Montaña siguen siendo víctimas de violencia familiar, física, vicaria, institucional, sometidas a matrimonios forzados, desaparecidas y asesinadas señaló el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, en el marco del Día Internacional de la Mujer Indígena que se conmemora el 5 de septiembre.
En un boletín la organización detalla que las mujeres indígenas no celebran esa fecha porque persisten las asimetrías e intersección de discriminaciones en su contra.
Precisa que eso se refleja en los 635 casos que documentó de enero a la fecha: 200  por violencia familiar; 200 de violencia económica; 150 de violencia psicológica;  30 de violencia institucional; 15 de violencia vicaria; además de  15 por matrimonio forzado, 12 por desapariciones y 13 de feminicidios.
Siendo los principales agresores los esposos, padrastros, concubinos, padres, tíos, hermanos, vecinos del pueblo, autoridades comunitarias, municipales y estatales.
Tlachinollan menciona que la violencia institucional se observa en las muertes maternas por la mala atención y discriminación que sufren en los hospitales de parte del personal que las trata con prepotencia, racismo y las mira como personas de segunda que no tienen derecho a nada.
Y que los casos de matrimonios forzados en la región de la Montaña muestran el abandono, la marginación y vulnerabilidad de las niñas indígenas por la falta de apoyo de las autoridades.
Lamenta que el gobierno del estado sólo volteó a mirar la Montaña cuando los casos de Angélica y Nayeli adquirieron visibilidad mediática al ser víctimas de matrimonios forzados.
Y desde el escritorio diseñó una estrategia burocrática para revertir esta mala práctica sin que tenga resultados positivos porque las niñas siguen siendo objeto de matrimonios forzados, sufriendo en silencio sin el acompañamiento ni apoyo de las autoridades.
Cita el caso de la niña Nayeli, indígena na savi de Joya Real, municipio de Cochoapa el Grande a quien sus padres vendieron por 200 mil pesos y al oponerse la encarcelaron en la comisaría y luego liberada con la intervención de Tlachinollan y otras autoridades.
En seguimiento, las autoridades estatales la llevaron a un albergue del DIF estatal donde permaneció un año y cinco meses en condiciones de semi encarcelamiento y cuando regresó a su comunidad no tenía con quien llegar, hasta que la recibió un tío.
Detalla que recientemente personal de Tlachinollan fue a la comunidad por la niña porque les manifestó que deseaba estudiar, pero su tío se opuso ejerciendo violencia contra los que fueron por Nayeli.
Y menciona que su familiar, tiene la intención de venderla de nueva cuenta por lo que han hablado con la síndica de Cochoapa el Grande a fin de que acudan a la comunidad  para rescatar a  la menor y evitar que sea vendida, sin embargo las autoridades municipales dicen no tener tiempo para hacerlo.
Tlachinollan hace referencia al caso de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú las indígenas Me’pháá violadas por elementos del Ejército Mexicano quienes obtuvieron una sentencia de la Corte Interamericana que no se ha cumplido cabalmente.
Aunque, si bien se creó un centro comunitario y albergue para niñas indígenas, éstos carecen de un presupuesto fijo y sin que estén adscritos a alguna institución por lo que no tienen certidumbre jurídica y laboral quienes ahí colaboran.
Por lo que como Tlachinollan pidieron un cese la violencia contras las mujeres y niñas indígenas, se tracen políticas públicas que acorten las brechas de pobreza y desigualdad social, se proscriban los matrimonios forzados contra niñas indígenas y  haya justicia para Inés y Valentina.

 

Prorroga la Jucopo la integración de la Mesa Directiva del Congreso al 19 de julio

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

Ante la falta de consensos, la madrugada de este jueves los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, firmaron un acuerdo para establecer el 19 de julio como fecha límite para integrar y designar a la Mesa Directiva para el tercer y último año de la actual legislatura.
Después de que la mayoría del pleno del Congreso rechazó la planilla integrada por diputados de Morena y encabezada por Joaquín Badillo Escamilla, y tras una reunión de unos 40 minutos en la que no se pusieron de acuerdo respecto a la integración de la Mesa Directiva, acordaron prorrogar la designación.
El acuerdo de la Jucopo fue establecer el 19 de julio como fecha límite para integrar y designar a la Mesa Directiva para el tercer año de ejercicio constitucional.
En la sesión de este miércoles, hasta en dos ocasiones el pleno del Congreso rechazó la planilla que presentó Morena para integrar la nueva mesa directiva, las dos encabezadas por Badillo. La primera integraba a diputados, incluidos sin su consentimiento, y la segunda se presentaba sólo con diputados morenistas. Esa candidatura fue apoyada por la propia presidenta de la Jucopo, Yoloczin Domínguez, aunque no por todos los diputados de su partido, por lo que no logró la mayoría para ser aprobada.
El coordinador del PRI argumentó en el debate de la noche del miércoles que Badillo era inelegible como presidente, porque se pasó al PVEM sin renunciar a Morena, en una maniobra para que ese partido controlara los dos órganos de dirección, lo que consideró inaceptable.
El secretario de la mesa, Ricardo Astudillo Calvo, leyó el acuerdo de la Jucopo que apunta que la firma del documento se da con “el fin de llegar a los acuerdos y consensos necesarios para preservar la armonía en la integración y conformación de la Mesa Directiva”, la cual “se lleve a cabo a más tardar el 19 de julio del año 2023”.
La presidenta de la Mesa Directiva Yanelly Hernández Martínez, que seguirá en funciones mientras tanto, solamente señaló que “atenderá lo conducente una vez que el pleno ha tomado conocimiento”.

La violencia vicaria

En la última sesión del periodo ordinario de sesiones del Congreso local, el pleno aprobó incluir y tipificar como delito la violencia vicaria, que consiste en causar sufrimiento a una mujer, causando daños físicos o emocionales a sus hijas o hijos o personas significativas para ella, la cual alcanzaría una pena de 4 a 8 años de prisión y hasta 12 años si hay daño físico.
También el victimario perdería los derechos con respecto a las víctimas directas e indirectas, incluidos los de guardia y custodia, patria potestad y de carácter sucesorio de hijas e hijos.
Se trata de reformas y adiciones a los Códigos Civil y Penal del Estado y a las Leyes de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de Prevención y Atención de la Violencia Familiar, para incluir y tipificar este delito.
En tribuna la diputada Gabriela Bernal Reséndiz fundamentó el dictamen en el que se precisa que comete el delito de violencia vicaria quien mantenga o haya mantenido una relación de matrimonio y concubinato que busque dañar a una mujer utilizando como medio a las hijas o hijos, personas adultas mayores, personas en situación de dependencia económica, personas con un vínculo afectivo.
Las penas que se plantean van de 4 a 8 años de prisión y estas se incrementarán hasta en una mitad en su mínimo y en su máximo es decir hasta 12 años si se incurre en daño físico a las víctimas indirectas, o en casos en que la familia de quien agrede incurra en complicidad o haya ejercido algún tipo de violencia en contra de la mujer madre.
La presidenta de la Mesa Directiva, diputada Yanelly Hernández Martínez, dio lectura al informe de los trabajos legislativos del Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional de la LXIII Legislatura al Congreso del Estado de Guerrero.
A las 2 de la mañana se clausuró el periodo ordinario de sesiones, y se citó de inmediato a los integrantes de la Comisión Permanente para realizar la sesión de instalación de ésta, integrada sólo por 12 de los 46 diputados y diputadas locales que sesionarán una vez a la semana.

Permitirán reformas penales sancionar a quienes ejerzan violencia vicaria: Bernal

La representante del Frente Nacional Contra la Violencia Vicaria, Elexandra Volin-Bolok y la diputada priísta Gabriela Bernal Resendíz en coferencia de prensa en el hotel el Elcano en Acapulco Foto: Jesús Trigo

Daniel Velázquez

La diputada Gabriela Bernal Reséndiz informó que el Congreso local aprobó una reforma a leyes y códigos y así se podrá sancionar a quienes ejerzan violencia vicaria en Guerrero.
La violencia vicaria es cuando un progenitor daña a sus hijos con el fin de afectar a las mujeres y causar dolor en la pareja.
En conferencia de prensa en un salón del hotel Elcano, la diputada local informó que la noche del miércoles el Congreso aprobó incluir una fracción al artículo tercero de la Ley 280 de la Prevención y Atención de la Violencia Familiar. También se adiciona una fracción al artículo 9 y se reforma el inciso A) del artículo 10 de la Ley 553 de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Se agrega el artículo 202 bis y una fracción al artículo 203 del Código Penal 449, se reforma la fracción cuarta del artículo 622 del Código Civil 358, “quiere decir que quien cometa el delito de violencia vicaria, que mantenga o haya mantenido una relación de matrimonio, concubinato o de hecho y que por si o por interpósita persona busque dañar a una mujer utilizando como medio a los hijos o hijas, personas adultas mayores o personas en situación de dependencia, se considera que se causa daño a la mujer cuando existen antecedentes de violencia de género contra la mujer o sin orden de autoridad competente se sustraiga de la guardia o custodia de la madre a sus hijos o hijas”.
Con estas reformas se impondrán penas de 4 a 8 años de prisión a quienes incurran en este delito y en caso de que las víctimas sufran daño físico se duplicarán las sanciones.
“La ley vicaria es una ley que garantiza a las mujeres que se castigue a los agresores de este delito”.
En la conferencia, la diputada estuvo acompañada por la cofundadora del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, Alexandra Volin-Bolok Lovett, quien se dijo agradecida con la diputada y su equipo por hacer posible las reformas en Guerrero pues así los agresores podrán ser llevados a juicio y los hijos podrán regresar con sus madres.
Reflexionó que en el país la institución mas vulnerada es la familia y cuando está no es solida da como resultado una sociedad débil, indicó que en el Frente hay 3 mil 500 mujeres en todo el país que son víctimas de violencia vicaria, pero aún faltan nueve entidades en el país que regulen sus leyes para que el delito pueda ser sancionado.
En la conferencia la diputada también estuvo acompañada por la presidenta de Acciones para Transformar, Sayda Tapia Díaz, y Vinaey Benavidez Bataz, líder de la zona poniente de Acapulco

Aplazan al 19 de julio la integración de la Mesa Directiva del Congreso

Prorroga la Jucopo la integración de la Mesa Directiva del Congreso al 19 de julio

La madrugada de este jueves, luego de que en la sesión nocturna del miércoles se rechazó la planilla que presidiría el morenista Joaquín Badillo, de nueva cuenta los diputados no se pusieron de acuerdo. Tipifican el delito de violencia vicaria

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

Ante la falta de consensos, la madrugada de este jueves los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, firmaron un acuerdo para establecer el 19 de julio como fecha límite para integrar y designar a la Mesa Directiva para el tercer y último año de la actual legislatura.
Después de que la mayoría del pleno del Congreso rechazó la planilla integrada por diputados de Morena y encabezada por Joaquín Badillo Escamilla, y tras una reunión de unos 40 minutos en la que no se pusieron de acuerdo respecto a la integración de la Mesa Directiva, acordaron prorrogar la designación.
El acuerdo de la Jucopo fue establecer el 19 de julio como fecha límite para integrar y designar a la Mesa Directiva para el tercer año de ejercicio constitucional.
En la sesión de este miércoles, hasta en dos ocasiones el pleno del Congreso rechazó la planilla que presentó Morena para integrar la nueva mesa directiva, las dos encabezadas por Badillo. La primera integraba a diputados, incluidos sin su consentimiento, y la segunda se presentaba sólo con diputados morenistas. Esa candidatura fue apoyada por la propia presidenta de la Jucopo, Yoloczin Domínguez, aunque no por todos los diputados de su partido, por lo que no logró la mayoría para ser aprobada.
El coordinador del PRI argumentó en el debate de la noche del miércoles que Badillo era inelegible como presidente, porque se pasó al PVEM sin renunciar a Morena, en una maniobra para que ese partido controlara los dos órganos de dirección, lo que consideró inaceptable.
El secretario de la mesa, Ricardo Astudillo Calvo, leyó el acuerdo de la Jucopo que apunta que la firma del documento se da con “el fin de llegar a los acuerdos y consensos necesarios para preservar la armonía en la integración y conformación de la Mesa Directiva”, la cual “se lleve a cabo a más tardar el 19 de julio del año 2023”.
La presidenta de la Mesa Directiva Yanelly Hernández Martínez, que seguirá en funciones mientras tanto, solamente señaló que “atenderá lo conducente una vez que el pleno ha tomado conocimiento”.

La violencia vicaria

En la última sesión del periodo ordinario de sesiones del Congreso local, el pleno aprobó incluir y tipificar como delito la violencia vicaria, que consiste en causar sufrimiento a una mujer, causando daños físicos o emocionales a sus hijas o hijos o personas significativas para ella, la cual alcanzaría una pena de 4 a 8 años de prisión y hasta 12 años si hay daño físico.
También el victimario perdería los derechos con respecto a las víctimas directas e indirectas, incluidos los de guardia y custodia, patria potestad y de carácter sucesorio de hijas e hijos.
Se trata de reformas y adiciones a los Códigos Civil y Penal del Estado y a las Leyes de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de Prevención y Atención de la Violencia Familiar, para incluir y tipificar este delito.
En tribuna la diputada Gabriela Bernal Reséndiz fundamentó el dictamen en el que se precisa que comete el delito de violencia vicaria quien mantenga o haya mantenido una relación de matrimonio y concubinato que busque dañar a una mujer utilizando como medio a las hijas o hijos, personas adultas mayores, personas en situación de dependencia económica, personas con un vínculo afectivo.
Las penas que se plantean van de 4 a 8 años de prisión y estas se incrementarán hasta en una mitad en su mínimo y en su máximo es decir hasta 12 años si se incurre en daño físico a las víctimas indirectas, o en casos en que la familia de quien agrede incurra en complicidad o haya ejercido algún tipo de violencia en contra de la mujer madre.
La presidenta de la Mesa Directiva, diputada Yanelly Hernández Martínez, dio lectura al informe de los trabajos legislativos del Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional de la LXIII Legislatura al Congreso del Estado de Guerrero.
A las 2 de la mañana se clausuró el periodo ordinario de sesiones, y se citó de inmediato a los integrantes de la Comisión Permanente para realizar la sesión de instalación de ésta, integrada sólo por 12 de los 46 diputados y diputadas locales que sesionarán una vez a la semana.
 

Niega Casarrubias tráfico de influencias en el TSJ por un caso de violencia vicaria

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Raymundo Casarrubias Vázquez, rechazó la acusación de que hay tráfico de influencias en el Tribunal para favorecer a Mauro Eduardo Organista como lo denunció el martes su ex pareja Diana Hernández Castro, a quien invitó a que vaya a platicar con él o a presentar la queja.
El magistrado también rechazó que haya habido alguna recomendación del Tribunal al Centro de Justicia para las Mujeres por violencia familiar (Cecofam), para cambiar los dictámenes en este mismo asunto, pero aseguró que va a revisar el caso a raíz de la denuncia.
El martes, feministas y familiares de Diana Hernández, víctima de violencia vicaria, marcharon en Chilpancingo para exigir la destitución de la subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos del gobierno del estado, Anacleta López Vega abogada de Mauro Eduardo Organista, a quien acusaron de “violentador” de Diana y denunciaron tráfico de influencias en el TSJ para favorecerlo.
Entrevistado ayer en la explanada del Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero, a donde acudió a la presentación de la Agenda Legislativa del Ejecutivo del Estado, Casarrubias Vázquez respondió al respecto que “la gente puede decir lo que considere pertinente, está en su derecho, pero no compartimos eso, aquí no hay tráfico de influencias, aquí se resuelve conforme a las constancias y a las pruebas que haya en cada asunto”.
Aseguró que desde que asumió la presidencia del TSJ “están las puertas abiertas de la presidencia para que la gente vaya y le podamos explicar si tiene alguna queja que plantear, yo ahí la espero (a Diana Hernández) y la escucho y le diré cuál es el camino a tomar”, dijo.
Casarrubias Vázquez declaró que no tiene antecedentes si ya presentó alguna queja, “pero que vaya con nosotros, ahí la esperamos”.
En una segunda entrevista aseguró que no va a permitir que ningún juzgador “pueda cargarse de un lado u otro lado” en los asuntos, “a nosotros lo que nos debe caracterizar es la imparcialidad”.
También rechazó que haya habido en este mismo caso alguna recomendación o sugerencia del TSJ al Secofan para cambiar el dictamen y favorecer al agresor.
“No podemos hacer eso, precisamente estamos cuidando este tema, por lo menos no es el tema con migo y no puede ser que mis compañeros hagan situaciones de ese tipo, sin embargo voy a hacer una revisión, me acaban de tocar el tema hace rato y al rato voy a hacer esa revisión, llamaré a la compañera responsable del Secofan para que me explique cómo esta lo del informe, pero tengan la certeza de que no habrá ninguna situación de recomendaciones para cambiar dictámenes”.
El magistrado prometió que hará lo que corresponda y conforme a la ley.
El magistrado aseguró, asimismo, que está instalado el Sistema de violencia para atender, prevenir y sancionar la violencia hacia las mujeres en el TSJ, aunque reconoció que no había sesionado.
“En el Tribunal ya tenemos una comisión de Género, cuando llegué formamos una comisión integrada por magistradas y un magistrado, y les he pedido que vayan atendiendo todos estos asuntos de género”.
Aseguró que en el TSJ son los más interesados en cumplir con la equidad de género, “yo creo que el TSJ debe ser ejemplo de que ahí las cosas se hacen de una manera más correcta”.
Informó que la responsable de la comisión es la magistrada Leticia Méndez Abarca a quien le encargó desahogar los compromisos con los grupos de feministas.
En la primera entrevista el magistrado Casarrubias Vázquez también informó que habló con el secretario de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso para hacer un intercambio de uno de los dos edificios del TSJ ubicado en el zócalo que ya está deteriorado por un terreno que está atrás de Ciudad Judicial, al sur de la ciudad.
A pregunta de un reportero por las malas condiciones en que se encuentra en el centro de la ciudad, el magistrado informó que actualmente se le está dando mantenimiento pero que ya no está ocupado por el Tribunal por las malas condiciones en que se encuentra.
“Ya platiqué con el secretario de Gobierno para de alguna manera hacer un intercambio de ese edificio por un terreno que está al lado de Ciudad Judicial que actualmente se utiliza como estacionamiento, y nosotros darles (al Ejecutivo) ese edificio (el del centro) para que ellos vean que se va a hacer con él, “si se va a conservar o se le va a meter mano, porque es mucho dinero para nosotros”.
Informo que el secretario le dijo que se lo iba a plantear a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y que él mismo platicaría con ella.
Casarrubias Vázquez informó que el TSJ sólo se quedaría con el edificio del centro donde está el auditorio, “ese si lo seguimos conservando, es el único espacio digno que tiene el Poder Judicial”, declaró.

Presenta Bernal su iniciativa sobre violencia vicaria contra mujeres

 

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

La diputada priista Gabriela Bernal Reséndiz presentó en la Comisión Permanente una iniciativa de reformas a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Intrafamiliar, a los Códigos Penal y Civil del estado, para tipificar como delito a la “violencia vicaria”, por considerarse un tipo de violencia en contra de las mujeres, utilizando como medio a los hijos o hijas, personas adultas mayores, personas en situación de dependencia, o personas con un vínculo afectivo.
En la propuesta se plantea que este delito sea castigado con cuatro y hasta ocho años de prisión. La iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Justicia y Para la Igualdad de Género.
En tribuna, la diputada expuso que la “violencia vicaria” es una especie de violencia contra la mujer que se ejerce sobre los hijos para herir principalmente a la madre, y donde el maltratador sabe que al hacer esto se asegura de que la mujer no se recupere jamás, causando un daño extremo.