La directora de Participación Social y Política del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Paula Adriana Soto Maldonado, señaló que el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres no sirve de nada si no se modifican las leyes que rigen los procesos electorales en el país, para que se tipifique como delito electoral la violencia política hacia la mujer.
Durante su participación en el panel Aplicación desde los Organismos Públicos Electorales Locales (OPLES) del Protocolo de Violencia Política contra las Mujeres, como parte del foro La Participación Ciudadana rumbo al 2018 organizado por el Instituto Electoral de Participación Ciudadana (IEPC), dijo si no hay leyes que regulen la violencia política el Protocolo solo será un papel que no erradicará el problema.
El Protocolo es un iniciativa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), del Instituto Nacional Electoral (INE), de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA).
El Protocolo “pretende orientar a las instituciones ante situaciones de violencia política contra las mujeres, facilitar la aplicación de las obligaciones internacionales así como dar estricto cumplimiento al deber de debida diligencia, tratar de responder a la ausencia de un marco normativo integral y de políticas concretas en la materia, así mismo responde a le necesidad de contar con lineamientos generales que permitan a las autoridades actuar de forma inmediata frente a las víctimas”.
Soto Maldonado dijo “no creo que el Protocolo sea un instrumento efectivo ni eficiente para la atención de la violencia política porque no tenemos marco normativo, porque no tenemos ley y si no tenemos ley que nos faculte a las instituciones que nos dé dientes, que nos digan cómo lo tenemos que atender, qué tenemos que entender por violencia política. Puedo yo tener el mejor librito como Protocolo de Atención” pero no se puede hacer absolutamente nada.
Llamó a modificar las leyes federales y estatales para que se tipifique como delito la violencia política de género
Sugirió que desde la sociedad se trabaje en una iniciativa para modificar la ley de Atención a vida libre de violencia a las mujeres para incluir el término de violencia política. Otra legislación que debe adecuarse es la ley electoral y las ley de sanciones para castigar la violencia política de género.
La directora de Participación Social y Política del Inmujeres dijo que se debe tener claro que la paridad política “no es un tema, es un derecho” de las mujeres y recomendó que cuando escuchen a un político hombre o mujer utilizar la palabra “tema” para referirse a la paridad entre hombre y mujer que le chiflen o lo abucheen para que entienda que se trata de un derecho.
También criticó que se cuestione el acceso a la representación popular de las mujeres por la vía de cercanía a grupos de poder o políticos porque esa es una práctica que siempre ha existido y en los hombre no se cuestiona que sea el compadre, tío, amigo, sobrino, ahijado de otro político y que eso le haya permitido acceder a un cargo de poder pero a las mujeres se les critica, lo que se convierte en violencia política de género.
Sugirió que se les haga notar a los gobernantes que “no hay temas de la mujer” sino que todo lo que ocurre en la vida política y social son temas de la mujer porque tiene la misma capacidad que el hombre.

Casos de Guerrero

La diputada Yuridia Melchor Sánchez informó que en el Congreso local hay dos iniciativas “en la congeladora” desde marzo para incluir la violencia política de género como un delito en la Ley de Acceso a una vida libre de violencia, pero sigue en análisis sin que se dictamine sobre las mismas.
Indicó que al Congreso han llegado tres casos de violencia política hacia las mujeres: uno es el de la alcaldesa de Martir de Cuilapan (Apango) Felicitas Muñiz Gómez, otro es el de la alcaldesa de Florencio Villarreal (Cruz Grande), Emisel Molina y la síndica de Xochihuehuetlán, María Lucía Balbuena Rivera, pero hay mas casos porque los alcaldes no ven a las ediles como sus pares y les limitan los recursos a las mujeres que fueron electas como síndicas en las planillas de ayuntamientos.
En el panel también estaba invitada la alcaldesa de San Pedro Chenalhó, Chiapas Rosa Pérez Pérez, que se ha convertido como el referente nacional de la violencia política de género, pero no acudió porque la noche del miércoles le llamaron para seguir con las negociaciones para que ejerza el cargo de presidenta municipal.
En su lugar acudió Margarita Gutiérrez Romero, quien relató el conflicto que se vive en San Pedro Chenalhó porque es la primera vez que una mujer asume el cargo de alcaldesa.