Lourdes Chávez
Chilpancingo
El Congreso local presentó para trámite legislativo una serie de reformas para atender el convenio que diputados suscribieron con ONU Mujeres en el marco de la Iniciativa de Spotlight para la erradicación de las violencias a mujeres, niñas y adolescentes, suscrito en septiembre de 2022.
En sesión, aprobó un exhorto para que las secretaría de Educación Pública federal y de Guerrero garanticen a los alumnos de la Universidad Americana de Acapulco estudios de calidad, validados por la UNAM, aunque esta escuela es la única con esta característica en Guerrero, aclaró la promovente, la diputada de Morena Leticia Castro Ortiz.
Por unanimidad, se aprobó el decreto de reforma a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Guerrero, para la integración paritaria del organismo y, para que los sujetos obligados que no cumplan con sus obligaciones en la materia comparezcan ante el Congreso.
Así también se aprobó el decreto que adición de los párrafos segundo, tercero y cuarto al artículo 40 de la Ley del Registro Civil, para que las actas de nacimiento que se emita en formato el Sistema Estatal del Registro Civil o vía internet tengan vigencia indeterminada, y dar certeza jurídica y economía de las familias,.
El diputado de Morena, Joaquín Badillo, impulsor de la iniciativa que dictaminó la Comisión de Justicia, explicó que esta reforma beneficia a las familias más vulnerables, a quienes en ciclo escolar les piden actas de nacimiento actualizadas con un costo aproximado de 200 pesos.
Reformas urgentes
La Comisión de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes presentó para primera lectura tres dictámenes: el primero para reformar el Código Penal, al Código Civil y de siete leyes estatales sobre de feminicidios, erradicación de violencias hacia las mujeres.
El segundo para reformar la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del estado de Guerrero, que incorpora la crianza positiva, la prohibición de imponer castigos corporales y humillantes, y el derecho a la alimentación nutritiva.
El tercero, como la primera lectura de adiciones a la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, a fin de certificar al personal en los centros de asistencia; contar con una ficha técnica y un sistema de monitoreo digital para prevenir violencias.
La presidenta de la Comisión, la morenista Beatriz Mojica Morga, explicó en consulta que este paquete de reformas son parte de un estudio a fondo de las agencias de ONU que intervienen en la Iniciativa Spotlight, para reformar 17 leyes.
Expuso que en la actual legislación no hay agravantes si el delito de feminicidio lo cometió un familiar, sino atenuantes: recibían una pena menor. Con estas reformas habrá una penalidad mayor si se comete por alguien cercano a la víctima.
Entre las propuestas de reformas al Código Penal, presentadas por la Mesa Directiva, señala la inclusión como razones de género en el delito de feminicidio, los antecedentes de amenazas relacionadas con el hecho delictuoso; relación de parentesco, consanguinidad, matrimonio, concubinato o sociedad de convivencia, relación laboral sea formal o de confianza.
Además que el delito de feminicidio y de tentativa de feminicidio cometidos contra mujeres vulnerables como niñas, adultas mayores o con algún tipo de discapacidad, se aumente la sanción en la mitad del mínimo y mitad del máximo.
Señala que las autoridades no podrán excusarse de la investigación de delito por cuestiones intrafamiliares.
Que el maltrato físico o sicoemocional por un cónyuge o persona con parentesco consanguíneo o pariente colateral, se le impondrá de uno a cinco años de prisión, pérdidas de los derechos respecto de la víctima, el doble del término de prisión impuesta, incluidos los de de caracter sucesorio. En caso de violencia, el delito se perseguirá de oficio.
La patria de potestad se perderá cuando se dicte sentencia por casos de violencia familiar, feminicidio, feminicidio en grado de tentativa, trata de personas, lesiones, o cualquie otra que pongan en peligro la integridad del menor.
Para la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece la responsabilidad de los poderes constituidos y de los municipios de adoptar por todos los medios para erradicar todas las formas de violencia hacia la mujer, y crear un sistema interinstitucional para el registro de víctimas con potencial riesgo de violencia feminicida.
En la Ley de Salud señala la coordinación de la Secretaría de Salud con instancias para canalizar y dar vista de hechos constitutivos de violencia sexual, familiar y de género, y para vigilar que el derecho a la interrupcion legal del embarazo se realice con con pleno respeto y libre de prejuicios.
Las autoridades no aplican la norma: Bernal Reséndiz
Como parte del convenio de la Iniciativa Spotlight, la diputada del PRI, Gabriela Bernal Reséndiz, a nombre de la Comisión de Igualdad de Género que preside, presentó en tribuna la iniciativa de reforma y adiciones la Ley 553 de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del estado de Guerrero, y de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para armonizar lo estipulado en materia de órdenes de protección, en concordancia con los estándares internacionales y las reformas en la materia aplicadas por el Congreso federal entre 2021 y 2022.
En la exposición, denunció la normalización de la violencia hacia las mujeres en sus diferentes tipos, que no hay un marco jurídico adecuado para la atención, “y si la tiene, las autoridades no la aplican”.
Confirmó que en el ejercicio público sigue prevaleciendo el uso de estereotipos basados en roles de género. Además, muchas mujeres no denuncian la agresión por el rechazo y la estigmatización social, o no identifican la violencia que padecen.
La iniciativa busca homologar tanto los criterios para evaluar y medir el nivel de riesgo y determinar el tipo de medida a emitirse, como las acciones para la implementación, adecuado seguimiento, control y conclusión de las medidas de protección mediante la reforma a las disposiciones que en la Ley se refieren a este importante tema, destacó.
Además, reconoció que en más de una década de la Ley 553 de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia ha demostrado su pertinencia, pero también algunas deficiencias, que a la par del escrutinio al que ha sido expuesto el Estado mexicano en cuanto a las acciones para atender la violencia de género, ha dejado al descubierto omisiones y errores que han traído como consecuencia una serie de recomendaciones, por organismos internacionales, que aún están pendientes de solventar.
También de primera lectura, la Comisión de Justicia presentó el dictamen de reformas al Código Penal, a la Ley para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana, y de la Ley Sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social, de la Juventud Guerrerense y a la Ley para la Promoción de la Convivencia Libre de Violencia en el entorno escolar, dentro del marco de la Iniciativa Spotlight que promueve la ONU para eliminar eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas en los sistemas jurídicos de los Estados.
Seguimiento a Otis: una iniciativa y dos exhortos
En el seguimiento a las secuelas del huracán Otis, Mojica Morga propuso reformar el artículo 12 de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del estado, para agregar: “En las zonas costeras y de riesgo, no se permite la colocación de espectaculares, ni estructuras peligrosas, que sean vulnerables a temblores, huracanes u otros fenómenos; toda la publicidad podrá pintarse, pero no colocarse en estructuras peligrosas”.
Destacó que esta disposición no se limitaría a Acapulco, “sino a la zona costera y a lugares donde la colocación de espectaculares sea peligrosa”.
El diputado de Morena, Marco Tulio Sánchez Alarcón, planteó como asunto urgente y de obvia resolución un exhorto al cabildo de Acapulco para reformar el Bando Policial y Gobiernos del municipio y crear al Instituto Municipal de Planeación como un órgano descentralizado con las atribuciones y facultades que le otorga la ley General de Asentamientos Huma-nos, Ordenamiento Territorial y De-sarrollo Urbano y la Ley de Asenta-mientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del estado de Guerrero. Fue aprobado por unanimidad.
Universidad Americana
Leticia Castro Ortiz propuso el exhorto a las secretarías de Educación Pública y de Educación Guerrero, para que implementen acciones prontas y coordinadas que garanticen a los estudiantes de la Universidad Americana de Acapulco, su derecho a la educación en las condiciones que habían elegido.
En la fundamentación informó que el cierre anunciado de la universidad, se niega el derecho a los jóvenes a un mejor porvenir, para tener mejores oportunidades de trabajo.
Destacó a la Universidad Loyola de Acapulco, en la misma circunstancia de la Americana, que reanudará sus clases de manera virtual a finales de enero, y paulatinamente será presencial.
De la declaración de la SEG, de que hay un acuerdo con autoridades de la UAA y padres de familia para atender a los estudiantes en instalaciones incorporadas a la UNAM, advirtió que la Americana es la única incorporada a la máxima casa de estudios en Guerrero.
Otras iniciativas
La diputada de Morena Jessica Alejo Rayo, planteó reformar la Ley de Salud Mental del estado a fin de garantizar la prevención, atención y erradicación de cualquier malestar que atente contra la salud mental, para apoyar a las personas que por miedo no recurren a la ayuda profesional.
La diputada de Morena Nora Velázquez Martínez, presentó la Ley para la Transición Agroecológica en los Sistemas Productivos del estado, para sentar las bases normativas para para la regulación, promoción, transferencia e impulso de actividades, prácticas y procesos de producción con sostenibilidad ambiental, el cuidado de la biodiversidad y la diversidad cultural, social y económica, que contribuyan a la restauración y conservación de los agroecosistemas, así como al manejo sostenible de la tierra, que se realizó con instituciones y organizaciones de la sociedad civil, turnada para trámite a la Comisión de Desarrollo Agropecuario y Pesquero.
El morenista Andrés Guevara Cárdenas, advirtió que en el artículo 35 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, no coincide con el artículo 198 de la misma Ley, y el Artículo 6, de la Ley 652 para la Elección de comisarías Municipales del Estado de Guerrero.
Para armonizar ambas leyes, propuso la iniciativa de reforma al artículo 35 de La Ley Orgánica del Municipio Libre para establecer que las elecciones de comisarios se sufragarán por planilla la última semana de junio del año en que de-ba renovarse, y en estas elecciones de comisarios, se sufragará, además, por un comisario suplente, así como por dos comisarios vocales.
También sobre esa Ley Orgáni-ca, el diputado Carlos Cruz López propuso reformar los artículos 36 y 41 sobre el cierre del ejercicio fiscal de los ayuntamientos, como complemento a la modificación de la fecha de toma de protesta del cabildo al 1 de enero a partir de 2027, para que las administraciones ejerzan su periodo constitucional por ejercicios fiscales completos.
Pasaron a trámite las solicitudes de licencia como regidoras de Acapulco de Flora Contreras San-tos; de Tlacoachistlahuaca, Roxana Coronado Ángel, y de Tetipac, a Rita Patiño Muñoz, para separarse de sus cargos el 31 de diciembre de 2023, el 1 de enero y el 15 de enero del año en curso, respectivamente.
Así como la solicitud de la alcaldesa suplente de Copala, Marlet Ramírez Cuadras, para que se ratifique su entrada en funciones como propietaria.
