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Da trámite el Congreso a paquete de leyes para atender violencia hacia mujeres y niñas

Diputados votan a favor de aprobar que las actas certificadas de nacimiento sean un documento único con pleno valor, que no perderá vigencia para la realización de trámites Foto: Jessica Torres Barrera

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El Congreso local presentó para trámite legislativo una serie de reformas para atender el convenio que diputados suscribieron con ONU Mujeres en el marco de la Iniciativa de Spotlight para la erradicación de las violencias a mujeres, niñas y adolescentes, suscrito en septiembre de 2022.
En sesión, aprobó un exhorto para que las secretaría de Educación Pública federal y de Guerrero garanticen a los alumnos de la Universidad Americana de Acapulco estudios de calidad, validados por la UNAM, aunque esta escuela es la única con esta característica en Guerrero, aclaró la promovente, la diputada de Morena Leticia Castro Ortiz.
Por unanimidad, se aprobó el decreto de reforma a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Guerrero, para la integración paritaria del organismo y, para que los sujetos obligados que no cumplan con sus obligaciones en la materia comparezcan ante el Congreso.
Así también se aprobó el decreto que adición de los párrafos segundo, tercero y cuarto al artículo 40 de la Ley del Registro Civil, para que las actas de nacimiento que se emita en formato el Sistema Estatal del Registro Civil o vía internet tengan vigencia indeterminada, y dar certeza jurídica y economía de las familias,.
El diputado de Morena, Joaquín Badillo, impulsor de la iniciativa que dictaminó la Comisión de Justicia, explicó que esta reforma beneficia a las familias más vulnerables, a quienes en ciclo escolar les piden actas de nacimiento actualizadas con un costo aproximado de 200 pesos.

Reformas urgentes

La Comisión de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes presentó para primera lectura tres dictámenes: el primero para reformar el Código Penal, al Código Civil y de siete leyes estatales sobre de feminicidios, erradicación de violencias hacia las mujeres.
El segundo para reformar la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del estado de Guerrero, que incorpora la crianza positiva, la prohibición de imponer castigos corporales y humillantes, y el derecho a la alimentación nutritiva.
El tercero, como la primera lectura de adiciones a la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, a fin de certificar al personal en los centros de asistencia; contar con una ficha técnica y un sistema de monitoreo digital para prevenir violencias.
La presidenta de la Comisión, la morenista Beatriz Mojica Morga, explicó en consulta que este paquete de reformas son parte de un estudio a fondo de las agencias de ONU que intervienen en la Iniciativa Spotlight, para reformar 17 leyes.
Expuso que en la actual legislación no hay agravantes si el delito de feminicidio lo cometió un familiar, sino atenuantes: recibían una pena menor. Con estas reformas habrá una penalidad mayor si se comete por alguien cercano a la víctima.
Entre las propuestas de reformas al Código Penal, presentadas por la Mesa Directiva, señala la inclusión como razones de género en el delito de feminicidio, los antecedentes de amenazas relacionadas con el hecho delictuoso; relación de parentesco, consanguinidad, matrimonio, concubinato o sociedad de convivencia, relación laboral sea formal o de confianza.
Además que el delito de feminicidio y de tentativa de feminicidio cometidos contra mujeres vulnerables como niñas, adultas mayores o con algún tipo de discapacidad, se aumente la sanción en la mitad del mínimo y mitad del máximo.
Señala que las autoridades no podrán excusarse de la investigación de delito por cuestiones intrafamiliares.
Que el maltrato físico o sicoemocional por un cónyuge o persona con parentesco consanguíneo o pariente colateral, se le impondrá de uno a cinco años de prisión, pérdidas de los derechos respecto de la víctima, el doble del término de prisión impuesta, incluidos los de de caracter sucesorio. En caso de violencia, el delito se perseguirá de oficio.
La patria de potestad se perderá cuando se dicte sentencia por casos de violencia familiar, feminicidio, feminicidio en grado de tentativa, trata de personas, lesiones, o cualquie otra que pongan en peligro la integridad del menor.
Para la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece la responsabilidad de los poderes constituidos y de los municipios de adoptar por todos los medios para erradicar todas las formas de violencia hacia la mujer, y crear un sistema interinstitucional para el registro de víctimas con potencial riesgo de violencia feminicida.
En la Ley de Salud señala la coordinación de la Secretaría de Salud con instancias para canalizar y dar vista de hechos constitutivos de violencia sexual, familiar y de género, y para vigilar que el derecho a la interrupcion legal del embarazo se realice con con pleno respeto y libre de prejuicios.

Las autoridades no aplican la norma: Bernal Reséndiz

Como parte del convenio de la Iniciativa Spotlight, la diputada del PRI, Gabriela Bernal Reséndiz, a nombre de la Comisión de Igualdad de Género que preside, presentó en tribuna la iniciativa de reforma y adiciones la Ley 553 de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del estado de Guerrero, y de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para armonizar lo estipulado en materia de órdenes de protección, en concordancia con los estándares internacionales y las reformas en la materia aplicadas por el Congreso federal entre 2021 y 2022.
En la exposición, denunció la normalización de la violencia hacia las mujeres en sus diferentes tipos, que no hay un marco jurídico adecuado para la atención, “y si la tiene, las autoridades no la aplican”.
Confirmó que en el ejercicio público sigue prevaleciendo el uso de estereotipos basados en roles de género. Además, muchas mujeres no denuncian la agresión por el rechazo y la estigmatización social, o no identifican la violencia que padecen.
La iniciativa busca homologar tanto los criterios para evaluar y medir el nivel de riesgo y determinar el tipo de medida a emitirse, como las acciones para la implementación, adecuado seguimiento, control y conclusión de las medidas de protección mediante la reforma a las disposiciones que en la Ley se refieren a este importante tema, destacó.
Además, reconoció que en más de una década de la Ley 553 de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia ha demostrado su pertinencia, pero también algunas deficiencias, que a la par del escrutinio al que ha sido expuesto el Estado mexicano en cuanto a las acciones para atender la violencia de género, ha dejado al descubierto omisiones y errores que han traído como consecuencia una serie de recomendaciones, por organismos internacionales, que aún están pendientes de solventar.
También de primera lectura, la Comisión de Justicia presentó el dictamen de reformas al Código Penal, a la Ley para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana, y de la Ley Sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social, de la Juventud Guerrerense y a la Ley para la Promoción de la Convivencia Libre de Violencia en el entorno escolar, dentro del marco de la Iniciativa Spotlight que promueve la ONU para eliminar eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas en los sistemas jurídicos de los Estados.

Seguimiento a Otis: una iniciativa y dos exhortos

En el seguimiento a las secuelas del huracán Otis, Mojica Morga propuso reformar el artículo 12 de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del estado, para agregar: “En las zonas costeras y de riesgo, no se permite la colocación de espectaculares, ni estructuras peligrosas, que sean vulnerables a temblores, huracanes u otros fenómenos; toda la publicidad podrá pintarse, pero no colocarse en estructuras peligrosas”.
Destacó que esta disposición no se limitaría a Acapulco, “sino a la zona costera y a lugares donde la colocación de espectaculares sea peligrosa”.
El diputado de Morena, Marco Tulio Sánchez Alarcón, planteó como asunto urgente y de obvia resolución un exhorto al cabildo de Acapulco para reformar el Bando Policial y Gobiernos del municipio y crear al Instituto Municipal de Planeación como un órgano descentralizado con las atribuciones y facultades que le otorga la ley General de Asentamientos Huma-nos, Ordenamiento Territorial y De-sarrollo Urbano y la Ley de Asenta-mientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del estado de Guerrero. Fue aprobado por unanimidad.

Universidad Americana

Leticia Castro Ortiz propuso el exhorto a las secretarías de Educación Pública y de Educación Guerrero, para que implementen acciones prontas y coordinadas que garanticen a los estudiantes de la Universidad Americana de Acapulco, su derecho a la educación en las condiciones que habían elegido.
En la fundamentación informó que el cierre anunciado de la universidad, se niega el derecho a los jóvenes a un mejor porvenir, para tener mejores oportunidades de trabajo.
Destacó a la Universidad Loyola de Acapulco, en la misma circunstancia de la Americana, que reanudará sus clases de manera virtual a finales de enero, y paulatinamente será presencial.
De la declaración de la SEG, de que hay un acuerdo con autoridades de la UAA y padres de familia para atender a los estudiantes en instalaciones incorporadas a la UNAM, advirtió que la Americana es la única incorporada a la máxima casa de estudios en Guerrero.

Otras iniciativas

La diputada de Morena Jessica Alejo Rayo, planteó reformar la Ley de Salud Mental del estado a fin de garantizar la prevención, atención y erradicación de cualquier malestar que atente contra la salud mental, para apoyar a las personas que por miedo no recurren a la ayuda profesional.
La diputada de Morena Nora Velázquez Martínez, presentó la Ley para la Transición Agroecológica en los Sistemas Productivos del estado, para sentar las bases normativas para para la regulación, promoción, transferencia e impulso de actividades, prácticas y procesos de producción con sostenibilidad ambiental, el cuidado de la biodiversidad y la diversidad cultural, social y económica, que contribuyan a la restauración y conservación de los agroecosistemas, así como al manejo sostenible de la tierra, que se realizó con instituciones y organizaciones de la sociedad civil, turnada para trámite a la Comisión de Desarrollo Agropecuario y Pesquero.
El morenista Andrés Guevara Cárdenas, advirtió que en el artículo 35 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, no coincide con el artículo 198 de la misma Ley, y el Artículo 6, de la Ley 652 para la Elección de comisarías Municipales del Estado de Guerrero.
Para armonizar ambas leyes, propuso la iniciativa de reforma al artículo 35 de La Ley Orgánica del Municipio Libre para establecer que las elecciones de comisarios se sufragarán por planilla la última semana de junio del año en que de-ba renovarse, y en estas elecciones de comisarios, se sufragará, además, por un comisario suplente, así como por dos comisarios vocales.
También sobre esa Ley Orgáni-ca, el diputado Carlos Cruz López propuso reformar los artículos 36 y 41 sobre el cierre del ejercicio fiscal de los ayuntamientos, como complemento a la modificación de la fecha de toma de protesta del cabildo al 1 de enero a partir de 2027, para que las administraciones ejerzan su periodo constitucional por ejercicios fiscales completos.
Pasaron a trámite las solicitudes de licencia como regidoras de Acapulco de Flora Contreras San-tos; de Tlacoachistlahuaca, Roxana Coronado Ángel, y de Tetipac, a Rita Patiño Muñoz, para separarse de sus cargos el 31 de diciembre de 2023, el 1 de enero y el 15 de enero del año en curso, respectivamente.
Así como la solicitud de la alcaldesa suplente de Copala, Marlet Ramírez Cuadras, para que se ratifique su entrada en funciones como propietaria.

Urgen a armonizar leyes estatales con tratados internacionales sobre violencia hacia mujeres y niñas

Lourdes Chávez

Chilpancingo

En la sesión de la Comisión Permanente del Congreso local, la Comisión de Derechos Humanos propuso diversas reformas sobre violencia sexual, para armonizar cinco leyes estatales con los tratados internacionales, en el marco de la Iniciativa Spotlight México para eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas.
La presidenta de la Comisión, la diputada del PT, Leticia Mosso Hernández, señaló en la sexual es la violencia que más se ha incrementado en Guerrero en los últimos años, al pasar de 27 por ciento, según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) de 2016, al 40. 9 por ciento en 2021.
Asimismo, indicó que la ENDIREH 2021, indica que casi la mitad de las mujeres de este país -49.7 por ciento- con 15 años o más experimentan al menos una vez a lo largo de su vida violencia sexual; 12.6 porciento de éstas lo hace durante su infancia.
Requirió que el paquete se dictamine lo antes posible, después de que fueron turnadas a las comisiones unidas de Justicia, Derechos Humanos, y de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes.
El programa Spotlight México, que promueven la ONU y la Unión Europea,  se implementó en mayo de 2019  para varias ciudades de tres entidades del país, incluido Guerrero, con Chilpancingo. Tiene una duración de cuatro años que ya se agotaron, pero el periodo se amplió a diciembre de 2023, de acuerdo con fuentes extraoficiales.
Mosso Hernández recordó que el año pasado el Congreso firmó un memorándum de entendimiento con ONU Mujeres, para fortalecer las leyes locales en materia de prevención y erradicación de los diferentes tipos de violencia, incluida la violencia sexual, que se ejerce contra las mujeres y las niñas.

Los agravantes

El paquete de iniciativas propone introducir agravantes a la violencia sexual que se ejerza en un medio de transporte público o privado o las víctimas pertenezcan a grupos que requieran especial protección: mujeres, niñas, niños o adolescentes, y cuando se trate de mujeres rurales o indígenas, personas adultas mayores o con alguna discapacidad.
Además de eliminar “el móvil de lascividad en los delitos de hostigamiento y acoso sexual”, para introducir el concepto de “naturaleza sexual” en los términos definidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Además de reconocer como ámbito de ocurrencia del hostigamiento y acoso sexual el entorno escolar y establecer la oficiosidad en  la investigación del delito cuando se trate de niñas, niños y adolescentes, incorporando la Perspectiva de Género y el enfoque de Derechos Humanos en las medidas de reparación del daño para las víctimas de la violencia sexual.
Explícitamente, incorporar la perspectiva de género en las medidas de prevención, en el diseño de políticas públicas estatales y municipales, en las medidas de identificación y prevención de la violencia sexual en el ámbito social, comunitario, situacional y sicosocial.
Que la prevención de la violencia contra la mujer sea un elemento explícito en la planificación urbana y rural, e incorporar obligaciones específicas en materia de atención a víctimas en lo referente al diseño de medidas y políticas de atención, en armonía con lo que establece la Ley General de Víctimas.
Finalmente, que se reconozca a hijos de víctimas de feminicidio como víctimas indirectas, sujetas a la protección del sistema estatal, para garantizarles atención especial, integral, y atención en casos de violencia sexual.

Piden a Aidé un informe sobre la atención a embarazadas

En segunda lectura, nueve diputados aprobaron dos exhortos, uno para que la secretaria de Salud, Aidé Ibarez Castro, realice diagnóstico que permita considerar los recursos materiales y humanos, así como con la infraestructura necesaria para proporcionar atención médica oportuna a las mujeres embarazadas.
El otro para el Consejo Estatal de Salud Mental y contra las adicciones, establezca el 10 de octubre, como el Día de la Salud Mental en Guerrero, ambos propuestos por la Comision de Salud.
Asimismo, se aprobó la adhesión del poder legislativo de Guerrero al primer acuerdo del Congreso de Morelos, donde exhortan a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales federal, a que implemente un programa presupuestal para la captación de agua de lluvia y ecotecnias; además, que modifique las reglas de operación del programa de agua potable, drenaje y saneamiento (Proagua), a fin de que incorpore a los municipios de baja, muy baja y media marginación.
En la correspondencia, el Con-greso de Morelos envió otra solicitud de adhesión a otro exhorto al gobierno federal para que garantice la adecuada prestación de los servicios, entrega de medicamentos e insumos a los derechohabientes del ISSSTE en todas los estados turnada a la Comisión de Salud.
También se informó que la Comisión de Derechos Humanos del estado de Guerrero (Codehum), envió al Congreso informes de dos recomendaciones no aceptadas o no atendidas por los sujetos obligados, una dirigida al Ayuntamiento de Tixtla. De la segunda no se precisó en la sesión. Las dos se turnaron a la Comisión de Derechos Humanos.
Dieron cuenta de que la Secre-taría de Gobernación respondió a una solicitud de diputados locales sobre el establecimiento de acciones estratégicas y asignación de recursos para la conservación del hábitat del jaguar en Guerrero.
Autoridades del comisariado de San Vicente Zoyatlán de Juárez, de Alcozauca, pidieron la intervención de los diputados para que se atiendan sus demandas de obra pública, que incluye puente vehicular, que se turnó a la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.
El diputado Héctor Apreza Patrón remitió a la mesa Directiva una iniciativa de reformas a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, sobre Comunicación Social.
En el único punto de la sección de intervenciones, el diputado del PRD, Bernardo Ortega Jiménez se congratuló con la declaración de inconstitucionalidad de la SCJN, que señaló “las fallas y atropellos” que cometió el Congreso de la Unión en el proceso legislativo, al aprobar el Plan B de las reformas electorales que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Tener la mayoría y ejercerla, no es un argumento ni justifica violar las normas internas del Poder Legislativo, y mucho menos la Constitución”, expresó.
Criticó que el Congreso de la Unión desdeñó “el análisis y deliberación entre pares, de las reformas electorales regresivas que impulsó Morena”, y lo calificó como negación al quehacer parlamentario.
Alertó que con un plan C “se transgreden la Constitución y la ley electoral, cuando desde los espacios del Estado y el propio Poder Ejecutivo, para hacer campaña a favor de sus corcholatas y pedir el voto de las mexicanas y mexicanos, sin importarles que ello constituye la comisión de un delito electoral”.