Lourdes Chávez
Chilpancingo
En la sesión de la Comisión Permanente del Congreso local, la Comisión de Derechos Humanos propuso diversas reformas sobre violencia sexual, para armonizar cinco leyes estatales con los tratados internacionales, en el marco de la Iniciativa Spotlight México para eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas.
La presidenta de la Comisión, la diputada del PT, Leticia Mosso Hernández, señaló en la sexual es la violencia que más se ha incrementado en Guerrero en los últimos años, al pasar de 27 por ciento, según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) de 2016, al 40. 9 por ciento en 2021.
Asimismo, indicó que la ENDIREH 2021, indica que casi la mitad de las mujeres de este país -49.7 por ciento- con 15 años o más experimentan al menos una vez a lo largo de su vida violencia sexual; 12.6 porciento de éstas lo hace durante su infancia.
Requirió que el paquete se dictamine lo antes posible, después de que fueron turnadas a las comisiones unidas de Justicia, Derechos Humanos, y de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes.
El programa Spotlight México, que promueven la ONU y la Unión Europea, se implementó en mayo de 2019 para varias ciudades de tres entidades del país, incluido Guerrero, con Chilpancingo. Tiene una duración de cuatro años que ya se agotaron, pero el periodo se amplió a diciembre de 2023, de acuerdo con fuentes extraoficiales.
Mosso Hernández recordó que el año pasado el Congreso firmó un memorándum de entendimiento con ONU Mujeres, para fortalecer las leyes locales en materia de prevención y erradicación de los diferentes tipos de violencia, incluida la violencia sexual, que se ejerce contra las mujeres y las niñas.
Los agravantes
El paquete de iniciativas propone introducir agravantes a la violencia sexual que se ejerza en un medio de transporte público o privado o las víctimas pertenezcan a grupos que requieran especial protección: mujeres, niñas, niños o adolescentes, y cuando se trate de mujeres rurales o indígenas, personas adultas mayores o con alguna discapacidad.
Además de eliminar “el móvil de lascividad en los delitos de hostigamiento y acoso sexual”, para introducir el concepto de “naturaleza sexual” en los términos definidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Además de reconocer como ámbito de ocurrencia del hostigamiento y acoso sexual el entorno escolar y establecer la oficiosidad en la investigación del delito cuando se trate de niñas, niños y adolescentes, incorporando la Perspectiva de Género y el enfoque de Derechos Humanos en las medidas de reparación del daño para las víctimas de la violencia sexual.
Explícitamente, incorporar la perspectiva de género en las medidas de prevención, en el diseño de políticas públicas estatales y municipales, en las medidas de identificación y prevención de la violencia sexual en el ámbito social, comunitario, situacional y sicosocial.
Que la prevención de la violencia contra la mujer sea un elemento explícito en la planificación urbana y rural, e incorporar obligaciones específicas en materia de atención a víctimas en lo referente al diseño de medidas y políticas de atención, en armonía con lo que establece la Ley General de Víctimas.
Finalmente, que se reconozca a hijos de víctimas de feminicidio como víctimas indirectas, sujetas a la protección del sistema estatal, para garantizarles atención especial, integral, y atención en casos de violencia sexual.
Piden a Aidé un informe sobre la atención a embarazadas
En segunda lectura, nueve diputados aprobaron dos exhortos, uno para que la secretaria de Salud, Aidé Ibarez Castro, realice diagnóstico que permita considerar los recursos materiales y humanos, así como con la infraestructura necesaria para proporcionar atención médica oportuna a las mujeres embarazadas.
El otro para el Consejo Estatal de Salud Mental y contra las adicciones, establezca el 10 de octubre, como el Día de la Salud Mental en Guerrero, ambos propuestos por la Comision de Salud.
Asimismo, se aprobó la adhesión del poder legislativo de Guerrero al primer acuerdo del Congreso de Morelos, donde exhortan a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales federal, a que implemente un programa presupuestal para la captación de agua de lluvia y ecotecnias; además, que modifique las reglas de operación del programa de agua potable, drenaje y saneamiento (Proagua), a fin de que incorpore a los municipios de baja, muy baja y media marginación.
En la correspondencia, el Con-greso de Morelos envió otra solicitud de adhesión a otro exhorto al gobierno federal para que garantice la adecuada prestación de los servicios, entrega de medicamentos e insumos a los derechohabientes del ISSSTE en todas los estados turnada a la Comisión de Salud.
También se informó que la Comisión de Derechos Humanos del estado de Guerrero (Codehum), envió al Congreso informes de dos recomendaciones no aceptadas o no atendidas por los sujetos obligados, una dirigida al Ayuntamiento de Tixtla. De la segunda no se precisó en la sesión. Las dos se turnaron a la Comisión de Derechos Humanos.
Dieron cuenta de que la Secre-taría de Gobernación respondió a una solicitud de diputados locales sobre el establecimiento de acciones estratégicas y asignación de recursos para la conservación del hábitat del jaguar en Guerrero.
Autoridades del comisariado de San Vicente Zoyatlán de Juárez, de Alcozauca, pidieron la intervención de los diputados para que se atiendan sus demandas de obra pública, que incluye puente vehicular, que se turnó a la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.
El diputado Héctor Apreza Patrón remitió a la mesa Directiva una iniciativa de reformas a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, sobre Comunicación Social.
En el único punto de la sección de intervenciones, el diputado del PRD, Bernardo Ortega Jiménez se congratuló con la declaración de inconstitucionalidad de la SCJN, que señaló “las fallas y atropellos” que cometió el Congreso de la Unión en el proceso legislativo, al aprobar el Plan B de las reformas electorales que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Tener la mayoría y ejercerla, no es un argumento ni justifica violar las normas internas del Poder Legislativo, y mucho menos la Constitución”, expresó.
Criticó que el Congreso de la Unión desdeñó “el análisis y deliberación entre pares, de las reformas electorales regresivas que impulsó Morena”, y lo calificó como negación al quehacer parlamentario.
Alertó que con un plan C “se transgreden la Constitución y la ley electoral, cuando desde los espacios del Estado y el propio Poder Ejecutivo, para hacer campaña a favor de sus corcholatas y pedir el voto de las mexicanas y mexicanos, sin importarles que ello constituye la comisión de un delito electoral”.
