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Entra en receso la 64 Legislatura local; deja pendiente armonizar reformas federales

José Miguel Sánchez

Chilpancingo

El miércoles terminó el primer periodo de se-siones de la 64 Legislatura local del Congreso del estado, que asumió en septiembre del 2024, por lo que se declaró el receso con pendientes como la armonización de las 13 minutas federales aprobadas, los nombramientos de los directores de las áreas administrativas y sin aprobar iniciativas de sus integrantes.
Durante el receso entra en funciones la Comi-sión Permanente, para que las actividades legislativas no se frenen. La integran12 diputados que permanecen en sesión para atender algunas tareas, con ciertos límites.
Durante los cuatro meses que duró el primer periodo ordinario se realizaron 53 sesiones, dos fueron solemnes, seis de comparecencias y 45 ordinarias, de acuerdo con el informe que rindió el presidente de la Mesa Directiva, el priista Jesús Parra García.
De acuerdo con dicho informe, se recibieron 153 asuntos, los cuales fueron turnados a las comisiones y comités legislativos competentes para su trámite conducente. Se subdividen en iniciativas de reformas o adiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de las cuales se presentaron 16 en total, 12 presentas por la Cámara de Senadores y tres por la Cámara de Diputados federal.
Reformas o adiciones a la Constitución Política local se presentaron cuatro, tres hechas por integrantes del Legislativo local y una por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda; reformas de Ley se presentaron 93 en total, 3 por parte de la titular del Ejecutivo, cinco por diputados y 85 por los ayuntamientos, que en realidad fueron las leyes de ingresos para ejercicio fiscal 2025.
De las 13 minutas de reformas constitucionales, algunas del Plan C propuesto por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, y otras por la presidenta Claudia Sheinbaum, todavía están en espera de ser armonizadas por el legislativo local para que se apliquen en la entidad.
Dichas reformas federales también tienen plazos establecidos para realizar la respectiva armonización y adecuaciones necesarias en la Constitución local y diversas leyes secundarias, procedimiento que en ninguno de los casos ha iniciado en el Congreso.
El receso legislativo se declaró sin culminar dichos procedimientos, aunque los límites que establecen dichas reformas para su armonización todavía no vencen de acuerdo a sus propios artículos transitorios.
Entre las minutas aprobadas y que deben armonizarse están la de la reforma judicial; de Pueblos y Comunidades Indígenas; de Igualdad Sustantiva; de Prisión Preventiva Oficiosa; la que eliminó a los órganos autónomos; de Seguridad federal y de Bienestar Animal.
También tienen pendientes las desig-naciones de los titulares de los órganos admi-nistrativos y técnicos del Poder Legislativo local. Es decir, los titulares de seis áreas que deben rendir protesta ante el pleno, y a cuatro meses de iniciados los trabajos legislativos funcionan con encargados de despacho y en algunos casos continúan los designados en la pasada Legislatura,.
Dentro de su estructura orgánica, el Poder Legislativo funciona con distintos órganos administrativos y técnicos, entre los cuales están la Secretaría de Servicios Parlamen-tarios; la de Servicios Financieros y Admi-nistrativos; la Dirección del Instituto de Estu-dios Parlamentarios Eduardo Neri; la de Co-municación Social; Unidad de Transparencia y Anticorrupción y Unidad para la Igualdad de Género, cuyos titulares son designados por el pleno a propuesta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).
La Ley Orgánica del Poder Legislativo establece como atribución de la Jucopo proponer al Pleno para su aprobación o ratificación, en su caso, dentro de los primeros 45 días naturales los nombramientos de los titulares de los órganos administrativos y técnicos.
En la Secretaría de Servicios Financieros y Administrativos continúa Esli Joanan Navarrete Cisneros, quien fue nombrado por la entonces presidenta de la Jucopo, Gloria Citlali Calixto Jiménez.
En el cargo de Secretario de Servicios Parlamentarios, continúa José Enrique Solís Ríos, nombrado en septiembre del 2022 por la entonces presidenta de la Jucopo, Yoloczin Domínguez Serna.
El artículo 198 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo establece que los titulares de los órganos administrativos y técnicos serán nombrados y removidos por el Congreso a propuesta de la Junta de Coordinación Política.
El pasado 14 de enero fue la última sesión del periodo ordinario y los diputados regresan a sesiones ordinarias el 1 de marzo, y se tienen pendiente aún definir si habrá este 2025 elección de las personas juzgadoras del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), o si se aplaza hasta el 2027.
La Comisión Permanente sólo desempeña funciones políticas, jurídicas, administrativas y de control; no cuenta con facultades legislativas, es decir, no puede aprobar iniciativas de leyes o decretos, a menos que se cite a alguna sesión extraordinaria durante dicho periodo.

 

Urgen a armonizar leyes estatales con tratados internacionales sobre violencia hacia mujeres y niñas

Lourdes Chávez

Chilpancingo

En la sesión de la Comisión Permanente del Congreso local, la Comisión de Derechos Humanos propuso diversas reformas sobre violencia sexual, para armonizar cinco leyes estatales con los tratados internacionales, en el marco de la Iniciativa Spotlight México para eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas.
La presidenta de la Comisión, la diputada del PT, Leticia Mosso Hernández, señaló en la sexual es la violencia que más se ha incrementado en Guerrero en los últimos años, al pasar de 27 por ciento, según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) de 2016, al 40. 9 por ciento en 2021.
Asimismo, indicó que la ENDIREH 2021, indica que casi la mitad de las mujeres de este país -49.7 por ciento- con 15 años o más experimentan al menos una vez a lo largo de su vida violencia sexual; 12.6 porciento de éstas lo hace durante su infancia.
Requirió que el paquete se dictamine lo antes posible, después de que fueron turnadas a las comisiones unidas de Justicia, Derechos Humanos, y de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes.
El programa Spotlight México, que promueven la ONU y la Unión Europea,  se implementó en mayo de 2019  para varias ciudades de tres entidades del país, incluido Guerrero, con Chilpancingo. Tiene una duración de cuatro años que ya se agotaron, pero el periodo se amplió a diciembre de 2023, de acuerdo con fuentes extraoficiales.
Mosso Hernández recordó que el año pasado el Congreso firmó un memorándum de entendimiento con ONU Mujeres, para fortalecer las leyes locales en materia de prevención y erradicación de los diferentes tipos de violencia, incluida la violencia sexual, que se ejerce contra las mujeres y las niñas.

Los agravantes

El paquete de iniciativas propone introducir agravantes a la violencia sexual que se ejerza en un medio de transporte público o privado o las víctimas pertenezcan a grupos que requieran especial protección: mujeres, niñas, niños o adolescentes, y cuando se trate de mujeres rurales o indígenas, personas adultas mayores o con alguna discapacidad.
Además de eliminar “el móvil de lascividad en los delitos de hostigamiento y acoso sexual”, para introducir el concepto de “naturaleza sexual” en los términos definidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Además de reconocer como ámbito de ocurrencia del hostigamiento y acoso sexual el entorno escolar y establecer la oficiosidad en  la investigación del delito cuando se trate de niñas, niños y adolescentes, incorporando la Perspectiva de Género y el enfoque de Derechos Humanos en las medidas de reparación del daño para las víctimas de la violencia sexual.
Explícitamente, incorporar la perspectiva de género en las medidas de prevención, en el diseño de políticas públicas estatales y municipales, en las medidas de identificación y prevención de la violencia sexual en el ámbito social, comunitario, situacional y sicosocial.
Que la prevención de la violencia contra la mujer sea un elemento explícito en la planificación urbana y rural, e incorporar obligaciones específicas en materia de atención a víctimas en lo referente al diseño de medidas y políticas de atención, en armonía con lo que establece la Ley General de Víctimas.
Finalmente, que se reconozca a hijos de víctimas de feminicidio como víctimas indirectas, sujetas a la protección del sistema estatal, para garantizarles atención especial, integral, y atención en casos de violencia sexual.

Piden a Aidé un informe sobre la atención a embarazadas

En segunda lectura, nueve diputados aprobaron dos exhortos, uno para que la secretaria de Salud, Aidé Ibarez Castro, realice diagnóstico que permita considerar los recursos materiales y humanos, así como con la infraestructura necesaria para proporcionar atención médica oportuna a las mujeres embarazadas.
El otro para el Consejo Estatal de Salud Mental y contra las adicciones, establezca el 10 de octubre, como el Día de la Salud Mental en Guerrero, ambos propuestos por la Comision de Salud.
Asimismo, se aprobó la adhesión del poder legislativo de Guerrero al primer acuerdo del Congreso de Morelos, donde exhortan a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales federal, a que implemente un programa presupuestal para la captación de agua de lluvia y ecotecnias; además, que modifique las reglas de operación del programa de agua potable, drenaje y saneamiento (Proagua), a fin de que incorpore a los municipios de baja, muy baja y media marginación.
En la correspondencia, el Con-greso de Morelos envió otra solicitud de adhesión a otro exhorto al gobierno federal para que garantice la adecuada prestación de los servicios, entrega de medicamentos e insumos a los derechohabientes del ISSSTE en todas los estados turnada a la Comisión de Salud.
También se informó que la Comisión de Derechos Humanos del estado de Guerrero (Codehum), envió al Congreso informes de dos recomendaciones no aceptadas o no atendidas por los sujetos obligados, una dirigida al Ayuntamiento de Tixtla. De la segunda no se precisó en la sesión. Las dos se turnaron a la Comisión de Derechos Humanos.
Dieron cuenta de que la Secre-taría de Gobernación respondió a una solicitud de diputados locales sobre el establecimiento de acciones estratégicas y asignación de recursos para la conservación del hábitat del jaguar en Guerrero.
Autoridades del comisariado de San Vicente Zoyatlán de Juárez, de Alcozauca, pidieron la intervención de los diputados para que se atiendan sus demandas de obra pública, que incluye puente vehicular, que se turnó a la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.
El diputado Héctor Apreza Patrón remitió a la mesa Directiva una iniciativa de reformas a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, sobre Comunicación Social.
En el único punto de la sección de intervenciones, el diputado del PRD, Bernardo Ortega Jiménez se congratuló con la declaración de inconstitucionalidad de la SCJN, que señaló “las fallas y atropellos” que cometió el Congreso de la Unión en el proceso legislativo, al aprobar el Plan B de las reformas electorales que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Tener la mayoría y ejercerla, no es un argumento ni justifica violar las normas internas del Poder Legislativo, y mucho menos la Constitución”, expresó.
Criticó que el Congreso de la Unión desdeñó “el análisis y deliberación entre pares, de las reformas electorales regresivas que impulsó Morena”, y lo calificó como negación al quehacer parlamentario.
Alertó que con un plan C “se transgreden la Constitución y la ley electoral, cuando desde los espacios del Estado y el propio Poder Ejecutivo, para hacer campaña a favor de sus corcholatas y pedir el voto de las mexicanas y mexicanos, sin importarles que ello constituye la comisión de un delito electoral”.

Pide Frente Indígena y Afromexicano al Congreso armonizar la Ley 701

Integrantes del Frente Indígena y Afromexicano acudieron al Congreso para reunirse con los diputados de MC y PT, a quienes les pidieron tomar en cuenta las iniciativas presentadas para mejorar la Ley 701.
Los representantes de las 15 organizaciones indígenas y afromexicanas presentaron propuesta para armonizar la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura Indígena antes de que se venza el plazo de vigencia de la ley el 15 de marzo.
Entre las organizaciones están la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), el Consejo para el Autodesarrollo Sustentable del Alto Balsas (CASAB) y Altepetl Nahuas de la Montaña, que pretenden la ratificación de la Ley 701 y la aprobación de la Ley General de Consulta con base en tratados, convenios y declaraciones internacionales que ha firmado el Estado mexicano.
El ex diputado federal Carlos de Jesús Alejandro acudió como representante de CASAB. En declaraciones después de la reunión informó que ante la demora del poder Legislativo para armonizar la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas, insistieron a los diputados agilizar ese proceso.
Lamentó que a menos de 20 días de que concluya el plazo aún no realicen los foros de consulta ni mesas de trabajo.
Recordó que ya se presentaron diferentes iniciativas en ese sentido, entre las que están la diputada de Morena, María de Jesús Cisneros Martínez; la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano; el Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña de Guerrero, y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).
La propuesta que plantearon a los diputados es que el dictamen que emita el Congreso se realice a partir de las cuatro propuestas ya presentadas. “Nosotros planteamos que hay que defender los derechos de los pueblos indígenas tomando como base la Ley 701, como techo mínimo, desde luego buscando que sea mejorada, progresiva, en el marco jurídico nacional e internacional y considerando también las iniciativas que han llegado”.
De los foros regionales que organiza el gobierno del estado y que se desarrollarán el próximo 28 de febrero, lamentó que no hayan sido convocados por las autoridades estatales. Además consideró que no es prudente iniciar el proceso de consulta a las comunidades indígenas 15 días antes de que venza el plazo que tiene el Congreso para armonizar la ley, cuando se tuvo un año para cumplir ese proceso.