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En desuso el tablero electrónico y tablets compradas por el Congreso local en 2018

José Miguel Sánchez

Chilpancingo

El tablero eléctrico del Congreso local, que causó la controversia en la sesión del miércoles pasado, tuvo un costo de 7 millones 100 mil pesos, se usó en una ocasión en la que los diputados no la supieron utilizar ; luego por las amenazas de irrupciones de protestas al recinto legislativo fueron retiradas del pleno las tablets y los detectores de huellas que complementaban el sistema.
Siete años después de que la instalación del tablero fuera anunciada como un logro de la Cuarta Transformación y su política de austeridad, todo el sistema está en desuso y los diputados continúan emitiendo su votó de manera personal.
Las dos pantallas solo sirven para colocar el logo de la legislatura y en ocasiones la lista de los diputados presentes en las sesiones, mientras que las tablets están resguardadas y sin uso.
En noviembre del 2018, tiempos de la primera legislatura con mayoría morenista, el entonces presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, anunció la compra e instalación en el pleno de un tablero electrónico, además de 46 tabletas y lectores de huellas que en teoría facilitarían las labores legislativas.
“El 24 de noviembre de 2018 el Congreso local lanzó la primera Licitación Pública Nacional para la instalación y adquisición del Tablero Electrónico, en que participaron cinco empresas y el fallo de adjudicación fue el 11 de diciembre por un monto de 7.1 millones de pesos”, se lee en un boletín que fue difundido por la dirección de Comunicación Social del Congreso.
Con la designación de Sandoval Ballesteros como delegado del Bienestar en Guerrero, su cargo fue ocupado por el morenista Antonio Helguera Jiménez, quien finalmente compró e instaló los nuevos aparatos en el salón de sesiones.
Los 7 millones 100 mil pesos gastados en el tablero, las tabletas y los lectores de huellas fueron para registrar las asistencias y las votaciones de los diputados, pero después de dos sesiones no los volvieron a utilizar.
Helguera Jiménez justificó la compra y dijo que con la instalación de un sistema moderno se transparentaría el voto de los diputados y se reduciría el uso de papel, porque ahí registrarían asistencia, votarían y tendrían acceso a todos los documentos necesarios para las sesiones, como el orden del día, puntos de acuerdo e iniciativas.
Después de la presentación hubo dos intentos de utilizar el tablero, pero la Mesa Directiva terminó por contar los votos de manera directa. Los diputados volvieron a realizar el pase lista de manera normal, sin tecnología; desde su curul gritan presente y los integrantes de la Mesa Directiva los anota; para las votaciones es igual.
Las tabletas y los lectores de huellas fueron retirados después de varias amenazas de protestas por parte de maestros y estudiantes y, desde entonces, siguen sin colocarlas. Lo único que quedó fue el enorme tablero electrónico que ahora sirve como pantalla donde sólo proyectan el logo del Congreso.
Pero el sistema adquirido por el Congreso constó de 2 macropantallas, 46 tabletas, micrófonos y lectores de huella para cada uno de los diputados, un servidor, 4 videocámaras para la grabación y transmisión de las sesiones y un software exclusivo.
De acuerdo con fuentes legislativas, el problema del software fue porque el Congreso no tiene la infraestructura tecnológica y de internet necesaria para utilizarlo.
Además del tablero electrónico, otro de los sistemas instalados en el Congreso que está en deshuso es una plataforma automática para silla de ruedas que baja de la entrada del pleno a la tribuna.
En agosto del 2022 dicho artefacto fue instalado y anunciado por el propio Congreso como parte de “una serie de adecuaciones para garantizar que las y los diputados que tengan alguna discapacidad motriz puedan tener acceso a la tribuna y plena movilidad dentro del Salón de Plenos”.
Se trata de una plataforma de elevación con barandales desmontables, mismas que funcionan a través de presión hidráulica que sería maniobrada con un control remoto.
El aparato fue utilizado en una ocasión para la diputada Elzy Camacho Pineda, pero fue tan complicado de utilizar que tardaron alrededor de 40 minutos en lograr que funcionará.
En la actual legislatura, el diputado Juan Valenzo, quien usa silla de ruedas, utiliza las rampas físicas para bajar de su curul a la tribuna. De dicho aparato no hay información sobre su costo.

 

Casi concluida, la ley sobre desapariciones que redactan colectivos y diputados locales

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El presidente del colectivo Lupita Rodríguez, de Chilpancingo, David Molina Rodríguez, declaró que el proyecto de iniciativa de Ley en materia de desaparición forzada de personas en la entidad, quedó prácticamente concluido y solamente tendrán una próxima reunión este jueves para deliberar sobre 15 artículos transitorios para que pueda ser sometida a discusión y en su caso a aprobación.
El activista informó, en otro asunto, que aún es incierto que el Centro de Resguardo Forense de Acapulco se convierta en un Centro de Identificación Humana, como lo han informado las autoridades estatales.
La semana pasada, el subsecretario de Desarrollo Político y Social del Gobierno del estado, Francisco Rodríguez Cisneros, declaró que “hay un firme compromiso en aprobar la Ley de Desaparición Forzada” en el próximo periodo de sesiones del Congreso local.
El representante del colectivo Lupita Rodríguez, quien participa en la mesa de diálogo con los diputados para la elaboración del proyecto, informó que la ultima reunión que tuvieron los representantes de los colectivos con los diputados locales se realizó el 14 de agosto en la que se revisaron los 154 artículos que se proponen en la citada ley.
Informó que de ellos dejaron por revisar 15 artículos pendientes para homologarlos con la ley en la materia que se está discutiendo en el ámbito federal, “son artículos muy puntuales que se van a adecuar conforme se apruebe la reforma federal”.
Adelantó que, en los artículos transitorios se buscará la forma de convertir al Servicio Médico Forense (Semefo) en un Instituto de Ciencias Forenses.
Informó, además, que se propone establecer en la ley el sistema de carpetas de investigación, que implica un sistema público en el que los ministerios públicos tienen que anotar y actualizar periódicamente cuáles son los avances en materia de investigación, “lo que dejaría al descubierto que no trabajan las fiscalías; es decir, no hay actos de investigación”.
Igualmente insistirán en la creación de un Centro de Identificación Humana porque es necesario, “si se aprueba, Guerrero estaría muy por encima de otros estados en materia de identificación”.
Indicó que esperan que prospere la propuesta porque el principal objetivo de la ley es la creación de ese Centro de Identificación Humana, además de la independencia de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEV) y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP).

Pendiente, la Fiscalía especializada

Informó que los puntos que quedan pendientes son los que se relaciona con la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas, porque a pesar de que ha estado participando en las reuniones el fiscal Francisco Martínez, “éste difícilmente se va a salir del guión que ya le tienen establecido”.
Indicó que lo que quieren los colectivos es que el fiscal se comprometa a que cuando menos el 2 por ciento de los aproximadamente mil millones de pesos que tiene asignada la Fiscalía General del Estado (FGE) se asignen a la Fiscalía Especializada para que tenga más equipo, sobre todo vehículos y localizaciones geo.
Explicó que el funcionario de la FGE ha aceptado que en este año solamente le van a autorizar 500 geolocalizaciones, que son servicios de localización en tiempo real mediante un teléfono, cuando, dijo, es importante tener ese servicio durante las primeras horas que ocurre una desaparición.
Explicó que solamente el colectivo Lupita Rodríguez le ha solicitado 15 geolocalizaciones en lo que va de este año, en las que se han localizado a cuatro personas, una de ellas ya fallecida.
Asimismo, en unos de los transitorios de la ley se establece que se creará una comisión permanente del Congreso local para atender el caso de los desaparecidos, para que se encargue, también, de la gestión de los recursos.
El activista añadió que además, se propone eliminar en la ley el concepto de “persona no localizada”, porque en esos términos la persona desaparecida no se relaciona con la comisión de un delito, lo que puede llevar a que en un momento dado la Fiscalía donde se presente la denuncia diga que no está desaparecida, sino que no está localizada, y ello puede retrasar el proceso de búsqueda, “y por eso se propone eliminar esa figura de persona no localizada”.
Con respecto a la propuesta del gobierno estatal para que el centro de resguardo forense de Acapulco se convierta en Centro de Identificación Humana, el activista declaró que, en efecto, “lleva esa mira”, pero que todavía es incierta la propuesta: “hoy en día es sólo un centro de resguardo, mientras no esté equipado podrán decir lo que quieran. Cuando tengan el laboratorio de genética, camas equipadas para hacer el trabajo forense, cuando tengan los rayos X y el personal capacitado, entonces sí podremos hablar de un centro de identificación humana, no antes”.
Infirmó que los colectivos están buscando la posibilidad de entrevistarse con la secretaria de Gobernación federal Rosa Icela Rodríguez, para solicitarle que se destinen recursos extraordinarios para que sea equipado en la segunda etapa que se terminará en diciembre, “porque una cosa es las instalaciones y otra el equipo, que es lo realmente caro”.

Entra en receso la 64 Legislatura local; deja pendiente armonizar reformas federales

José Miguel Sánchez

Chilpancingo

El miércoles terminó el primer periodo de se-siones de la 64 Legislatura local del Congreso del estado, que asumió en septiembre del 2024, por lo que se declaró el receso con pendientes como la armonización de las 13 minutas federales aprobadas, los nombramientos de los directores de las áreas administrativas y sin aprobar iniciativas de sus integrantes.
Durante el receso entra en funciones la Comi-sión Permanente, para que las actividades legislativas no se frenen. La integran12 diputados que permanecen en sesión para atender algunas tareas, con ciertos límites.
Durante los cuatro meses que duró el primer periodo ordinario se realizaron 53 sesiones, dos fueron solemnes, seis de comparecencias y 45 ordinarias, de acuerdo con el informe que rindió el presidente de la Mesa Directiva, el priista Jesús Parra García.
De acuerdo con dicho informe, se recibieron 153 asuntos, los cuales fueron turnados a las comisiones y comités legislativos competentes para su trámite conducente. Se subdividen en iniciativas de reformas o adiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de las cuales se presentaron 16 en total, 12 presentas por la Cámara de Senadores y tres por la Cámara de Diputados federal.
Reformas o adiciones a la Constitución Política local se presentaron cuatro, tres hechas por integrantes del Legislativo local y una por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda; reformas de Ley se presentaron 93 en total, 3 por parte de la titular del Ejecutivo, cinco por diputados y 85 por los ayuntamientos, que en realidad fueron las leyes de ingresos para ejercicio fiscal 2025.
De las 13 minutas de reformas constitucionales, algunas del Plan C propuesto por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, y otras por la presidenta Claudia Sheinbaum, todavía están en espera de ser armonizadas por el legislativo local para que se apliquen en la entidad.
Dichas reformas federales también tienen plazos establecidos para realizar la respectiva armonización y adecuaciones necesarias en la Constitución local y diversas leyes secundarias, procedimiento que en ninguno de los casos ha iniciado en el Congreso.
El receso legislativo se declaró sin culminar dichos procedimientos, aunque los límites que establecen dichas reformas para su armonización todavía no vencen de acuerdo a sus propios artículos transitorios.
Entre las minutas aprobadas y que deben armonizarse están la de la reforma judicial; de Pueblos y Comunidades Indígenas; de Igualdad Sustantiva; de Prisión Preventiva Oficiosa; la que eliminó a los órganos autónomos; de Seguridad federal y de Bienestar Animal.
También tienen pendientes las desig-naciones de los titulares de los órganos admi-nistrativos y técnicos del Poder Legislativo local. Es decir, los titulares de seis áreas que deben rendir protesta ante el pleno, y a cuatro meses de iniciados los trabajos legislativos funcionan con encargados de despacho y en algunos casos continúan los designados en la pasada Legislatura,.
Dentro de su estructura orgánica, el Poder Legislativo funciona con distintos órganos administrativos y técnicos, entre los cuales están la Secretaría de Servicios Parlamen-tarios; la de Servicios Financieros y Admi-nistrativos; la Dirección del Instituto de Estu-dios Parlamentarios Eduardo Neri; la de Co-municación Social; Unidad de Transparencia y Anticorrupción y Unidad para la Igualdad de Género, cuyos titulares son designados por el pleno a propuesta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).
La Ley Orgánica del Poder Legislativo establece como atribución de la Jucopo proponer al Pleno para su aprobación o ratificación, en su caso, dentro de los primeros 45 días naturales los nombramientos de los titulares de los órganos administrativos y técnicos.
En la Secretaría de Servicios Financieros y Administrativos continúa Esli Joanan Navarrete Cisneros, quien fue nombrado por la entonces presidenta de la Jucopo, Gloria Citlali Calixto Jiménez.
En el cargo de Secretario de Servicios Parlamentarios, continúa José Enrique Solís Ríos, nombrado en septiembre del 2022 por la entonces presidenta de la Jucopo, Yoloczin Domínguez Serna.
El artículo 198 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo establece que los titulares de los órganos administrativos y técnicos serán nombrados y removidos por el Congreso a propuesta de la Junta de Coordinación Política.
El pasado 14 de enero fue la última sesión del periodo ordinario y los diputados regresan a sesiones ordinarias el 1 de marzo, y se tienen pendiente aún definir si habrá este 2025 elección de las personas juzgadoras del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), o si se aplaza hasta el 2027.
La Comisión Permanente sólo desempeña funciones políticas, jurídicas, administrativas y de control; no cuenta con facultades legislativas, es decir, no puede aprobar iniciativas de leyes o decretos, a menos que se cite a alguna sesión extraordinaria durante dicho periodo.

 

La elección de juzgadores en Guerrero, hasta 2027, dicen diputados morenistas

José Miguel Sánchez

Chilpancingo

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del estado, Jesús Urióstegui García, y el diputado Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, ambos de Morena, reconocieron que el proceso de elección del Poder Judicial local para las personas juzgadoras del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), se podría llevar hasta el 2027 por falta de presupuesto.
Aunque Sandoval Ballesteros precisó que existe la posibilidad de realizar dicha elección este 2025, esto aún se dialoga con los órganos electorales y con todas las instituciones y órganos involucrados a los que les repercuta el tema.
En conferencia de prensa, y cuestionados específicamente sobre el tema de cómo va el proceso legislativo de armonización de la reforma federal en materia de Poder Judicial, que planteó la elección por voto directos de jueces, magistrados y ministros, Sandoval Ballesteros adelantó que en Congreso del estado se prevé aprobarla al regresar del receso legislativo, el cual concluye los últimos días de febrero.
“Habrá reforma, esto no está en cuestionamiento, en los primeros días del siguiente periodo ordinario de sesiones estaremos votando el dictamen sobre reforma judicial y estamos ya en diálogo con los demás poderes y prevemos abrir mesas de diálogos con los sectores interesados y analizar cuáles son los factores claves de esta reforma”, dijo Sandoval Ballesteros.
De acuerdo con los artículos transitorios de la reforma federal, los congresos locales tienen hasta el 18 de marzo para armonizar sus leyes locales, aunque para realizar la elección en los estados, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), definió como plazo hasta este 15 de enero, para que las legislaturas locales le notifiquen si habrá elección judicial local y el número de cargos a renovar, para que sean incluidos en la organización de dicho proceso y puedan coadyuvar en la realización.
A pregunta expresa de si el vencimiento de esa fecha podría afectar o ser determinante para que la elección del Poder Judicial local se realice hasta el 2027, Sandoval Ballesteros dijo que aún se analiza y que a pesar de los plazos dados por el INE, si se aprueba el dictamen antes de que venza el plazo de los 180 días marcados por los artículos transitorios, los órganos electorales estarán obligados a realizar la elección.
“Nos establece algunos plazos la reforma constitucional federal para poder hacer la elección en 2025 y nos da un plazo hasta el 2027 y se está analizando esa fecha, tenemos opinión del Poder Judicial, del Legislativo y hemos establecido diálogo con los órganos electorales, pero todo tendrá que ver también con los recursos económicos que se requieran para llevar a cabo la elección”, agregó Sandoval Ballesteros.
Sin ser claro en su respuesta de si la elección se realizará hasta el 2027 por falta de tiempo y presupuesta, se le preguntó directamente si podía confirmar una fecha para el proceso electoral, y fue que Sandoval Ballesteros respondió que el plazo del INE es una petición administrativa “y esta prerrogativa de definir la reforma, la constitución nos da 180 días después de su promulgación que fue en octubre, entonces tenemos hasta el 18 de marzo, y entonces el INE tendrá que asumir las decisiones que tomen todos los estados”.
Ante la insistencia de los reporteros sobre el plazo dado por el INE, Sandoval Ballesteros atajó que atajó que los plazos administrativos tendrán que obedecer a los plazos constitucionales
“Lo más probable es que nos vayamos hasta el 2027 por el tema de los recursos, pero todavía podría hacerse en el 2025, tendríamos que hacer los análisis con los demás poderes, con los recursos que se deban erogar y con los institutos electorales, federal y local, para definir todo, pero hay realidades que nos definirán estos plazos”, agregó Sandoval Ballesteros.
Por su parte, el presidente de la Jucopo, Jesús Urióstegui García, reconoció que la principal dificultad es el tema del presupesto y que todo dependerá de eso.
“Este tiene que ser un ejercicio de congruencia, y si bien es cierto nosotros vamos a votar esa reforma como ya lo comentó el diputado (Sandoval Ballesteros), también es cierto que hay varios actores que tiene que ver en este proceso del Poder Judicial. Ya tenemos trabajo con el INE, con el IEPC. Pero el INE no va a hacer las boletas, no van a contratar personal con recurso del gobierno federal, sino que se va a solicitar al IEPC que coadyuve en toda esta elección y esa coadyuvancia nos significa un gasto de recursos que se tienen que buscar porque este momento hubo reducción del presupuesto, después de complejidades como lo fue el huracán John”, dijo Urióstegui García.

 

Reprocha Morena al PRI que no reconozca avances en seguridad y política social de la 4T

El coordinador parlamentario de Morena, Jesús Urióstegui García, junto a sus compañeros de bancada, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, Leticia Rodríguez Armenta, Carlos Eduardo Bello Solano, Héctor Suárez Basurto, y Vladimir Barrera Fuerte, en conferencia de prensa en el lobby del Congreso local Foto: Jesús Eduardo Guerrero

José Miguel Sánchez

Chilpancingo

El Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso local, respondió a los priistas que el martes fijaron una postura en contra del informe de los 100 días del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, al que calificaron como “de mentiras”.
El PRI criticó al gobierno de Sheinbaum por no atender el problema de inseguridad, no resolver el abasto de medicamentos, no bajar el precio de la gasolina y tampoco garantizar los servicios de salud
En conferencia de prensa, en la sede del Legislativo, un grupo de diez diputados de Morena, encabezados por su coordinador y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Jesús Urióstegui García, respaldaron el informe de Sheinbaum Pardo y reprocharon a la oposición “no reconocer la estrategia de seguridad” y los avances en política social durante el sexenio pasado y al inicio de esta administración federal.
La primera en fijar una postura fue la diputada Araceli Ocampo Manzaneres, quien celebró los 100 días de gobierno de Sheinbaum Pardo, y destacó como sus primeras acciones el apoyo que hubo para los afectados del huracán John en la entidad, con una inversión de 10 mil millones de pesos, según dijo la morenista.
Ocampo Manzanares destacó las inversiones extranjeras para el país, el aumento de las becas y los programas sociales como los avances que ha tenido Sheinbaum Pardo los primeros 100 días de su gobierno. “No acabaríamos hoy de mencionar tantos logros que se han tenido a los 100 días, apenas de trabajo de nuestra querida presidenta”.
A pregunta sobre que opinión tenían como Morena de la postura del PRI dada a conocer un día antes por el presidente de su Comité Directivo Estatal (CDE), Alejandro Bravo Abarca, la morenista Ocampo Manzanares respondió: “Habrá quien diga que hay falta de medicamentos, como lo hemos escuchado, pero no recuerdan que nosotros, Morena, la Cuarta Transformación no suministramos agua a los niños con cáncer y estamos trabajando a la altura de las circunstancias”.
A la respuesta se sumó el diputado Marco Tulio Sánchez Alarcón, quien destacó que actualmente hay una inversión de 338 mil millones de pesos destinados para la compra de medicamentos “que nunca antes se había realizado”.
“La oposición podrá hablar, podrá expresarse y criticar el trabajo de nuestra presidenta, pero creo que estos hechos hablan por sí solos, y con esto se garantiza el abasto de medicamentos en los hospitales de toda la República, y el tema de la seguridad destacar algo muy importante como son las detenciones tan importantes que se han hecho en contra de integrantes de grupos delictivos que venían azotándonos durante muchos años, hoy hay detenciones en Acapulco, en Chilpancingo, de células y generadores de violencia que ya están tras las rejas y que habla de esta estrategia de seguridad implementada en estos 100 días de gobierno”, dijo Sánchez Alarcón.
Al tema se sumó el diputado Vladimir Barrera Fuerte, quien también defendió a la presidenta y las administraciones morenistas, al decir que Morena en seis año trata de mejorar al país después de 36 años del periodo neoliberal.
“Nosotros negamos categóricamente las opiniones de la oposición en decir que el informe de la doctora Claudia Sheinbaum es de mentiras, y en el tema de la gasolina si nos ponemos a hacer números, de 18 a 24 es un peso por año del periodo de Andrés Manuel, antes hubo un gasolinazo de 12 a 18 pesos con Peña Nieto”.
“Ellos (la oposición) destruyeron al país en 36 años de periodo neoliberal, nosotros en seis lo estamos construyendo con la doctora Claudia Sheinbaum y nosotros desde el tema legislativo”.
Sobre la seguridad, agregó que como Morena no tienen de aliados a los poderes fácticos del crimen organizado y que tampoco hacen “cochupos” en la compra de medicamentos sino que ahora son licitaciones públicas de las farmacéuticas.
“Nosotros estamos haciendo nuestra parte para construir el segundo piso de la Cuarta Transformación, ellos tenían de aliados a los poderes fácticos de la delincuencia organizada nosotros tenemos al mejor, Omar García Harfuch que está haciendo una labor incansable con las fuerzas armadas para que la seguridad sea distinta”, indicó Barrera Fuerte.

 

En el Presupuesto de Egresos no se incluyen obras para diputados, dice subsecretario

 

José Miguel Sánchez

Chilpancingo

El subsecretario de Asuntos Políticos y Gobernación, Francisco Rodríguez Cisneros, y el secretario de Planeación y Desarrollo Regional, René Vargas Pineda, acudieron la mañana del viernes al Congreso, antes de la aprobación del Presupuesto, para “disipar cualquier duda” de los diputados.
Al salir del encuentro, y a pregunta de si los diputados soli-citaron recursos para obras espe-cíficas, Rodríguez Cisneros negó que eso haya ocurrido y que las únicas son las que están plasmadas en el Presupuesto de Egresos 2025.
“Estamos haciendo un ejercicio de diálogo, una práctica normal en este proceso de la discusión del Presupuesto, la señora gobernadora ha instruido que todos tengamos un diálogo propositivo con todas las fracciones parlamentarias y estamos en ese ejercicio”, abundó.
–¿Qué le ofreció el gobierno del estado a los diputados para que haya esta aprobación?
–No les estamos ofreciendo nada, no venimos a ofrecer nada, venimos a dialogar y a resolver las dudas que tengan los diputados respecto al presupuesto, pero no venimos a ofrecer nada, venimos a dialogar, las obras están en el presupuesto y son parte de la demanda que se recoge durante el año y algunas a las que se les da seguimiento, y las plantea la sociedad, los regidores, presidentes, y no hay ningún planteamiento por parte de los diputados –respondió.

No se redujo presupuesto a Salud

Por su parte, Vargas Pineda adelantó que hubo una disminución de alrededor de mil millones de pesos para el sector Salud, porque ahora esos recursos los manejará la federación a través de IMSS-Bienestar y no la Secretaría de Salud estatal, por lo que no es recorte, sino una “redirección”.
“Uno de los cambios de los que se ha estado hablando muchísimo, es que habrá una disminución en Salud, y como que empezó a dar una taquicardia colectiva diciendo que el gobierno federal nos estaba recortando el tema de Salud, pero no, la obligación del gobierno del estado era presentar la estimación total del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud y Asistencia, el famoso FASE, entonces como estamos en una transición hacia el IMSS-Bienestar esa parte del presupuesto se fue al IMSS-Bienestar, y la que nos quedó a nosotros, que nos corresponde, fue mucho menor”.
A pregunta de los reporteros del porqué dependencias como el DIF reciben más dinero que a la Se-cretaría de la Mujer o la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, Vargas Pineda explicó que el presupuesto de 800 millones de pesos para esa dependencia son de un fondo federal, “que es el Gasto Federalizable Programable”, mien-tras que de Inversión Estatal Directa solo se aporta una mínima parte.
Ese gasto “ya viene casi etiquetado en programas que tienen que emplearse, no es una decisión arbitraria de cómo se tiene que distribuir el recurso”, continuó.
Se le preguntó si se prevén recursos extraordinarios para el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) y para el Poder Judicial para la elección local de las personas juzgadores.
Dijo que cuando se elaboró el presupuesto todavía no se definía ese temal, pero adelantó que en caso de que en 2025 se realice la elección local de jueces, magistrados y ministros se tendría que revisar.

Demandan organizaciones a gobiernos destinar más recursos al campo en 2025

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Dos frentes de agrupaciones de productores, realizan acciones por separado para lograr que la federación y el estado autoricen mayor presupuesto para el campo el próximo año.
Este lunes, representantes de uno de estos dos frentes se reunieron con diputados de Morena y del PVEM, mientras que, por separado, otras agrupaciones denunciaron en conferencia de prensa la falta de apoyos y anunciaron un foro para proponer un incremento presupuestal para el próximo año que detone el desarrollo del campo.
El presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos, Antonio Colín Ramírez, informó que se reunieron con los diputados Alejandro Carabias Icaza del PVEM, así como con Catalina Apolinar Santiago y Diana Bernabé Vega, de Morena.
Estuvieron Carlos García, de la Coordinadora de Comisariados Ejidales y Comunales del estado; el ex alcalde morenista de Zirándaro, Gregorio Portillo Mendoza; el ex candidato a gobernador de Redes Sociales Progresistas, Ambrosio Guzmán Juárez, Colín Ramírez, como representante del Colegio de Ingenieros.
“Les propusimos una revisión de los presupuestos que se han ejercicio en las diferentes secretarias que apoyan al campo, no solamente en la parte agropecuaria, forestal y pesquera, sino en todas las demás dependencias que tienen que ver con el desarrollo rural”, informó por teléfono.
Además, que la gente podrá hacer sus propuestas en los foros que van a organizar a partir de octubre en función de sus necesidades a fin de que el Poder Ejecutivo estatal elabore el proyecto de presupuesto para el próximo año.
Informó que la reunión con los diputados fue parte de los acuerdos de la asamblea estatal que realizaron el 24 de agosto pasado en Chilpancingo.
Indicó que la intención es que el 23 de septiembre se realice otra en la que van a aumentar el número de diputados para coincidir en un proyecto de desarrollo que están promoviendo productores, profesionistas y diputados locales.
En tanto que por la mañana, representantes de agrupaciones como el dirigente de la Central Campesina Independiente (CCI), Maclovio Avilés García, la representante de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, (UNTA), Fabiola Nava Reyes; el representante de la agrupación Pueblos Unidos para el Desarrollo (Puedes), David Damián y de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos, Evencio Romero, que integran Fuerza Guerrerense, anunciaron la realización de un foro para el 19 de septiembre, “para escuchar propuestas para un presupuesto mejor para el campo”.
Argumentaron que Guerrero enfrenta “graves problemas de desarrollo que se expresan de manera cruda en el medio rural, debido a políticas públicas erróneas y descoordinadas, así como por la falta de apoyo y estrategias para la agroindustria, además del cambio climático que impacta negativa en la producción de temporal”.
El dirigente de la CCI leyó un documento que señala que los tres órdenes de gobierno han reconocido la problemática en el campo pero que por intereses políticos y personales han impedido la aplicación de recursos para el desarrollo rural.
Avilés, dijo que se requiere diáogo entre los actores sociales con los tres órdenes de gobierno y los diputados para que se asuma el compromiso de un mayor presupuesto para atender mejor al campo guerrerense.
Informó que asistirán a este foro que se realizara el 19 de septiembre a partir de las 10 de las mañana en el hotel Paradise Inn, comisariados ejidales y comunales, así como organizaciones de productores.

 

La ley de desaparecidos implica costos y por eso no se aprobó, afirma colectivo

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El representante del Colectivo Lupita Rodríguez de desaparecidos de Chilpancingo, David Molina Rodríguez, declaró que no hubo voluntad de los diputados de la actual Legislatura local para aprobar la Ley en Materia de Desaparición Forzada y Cometida por Particulares del Estado de Guerrero.
Rechazó lo que declaró el lunes el presidente estatal de Morena, el diputado Jacinto González Varona, quien dijo que no se aprobó porque se cuidó no aprobar una ley al vapor.
El activista declaró que, más bien, la iniciativa no se aprobó porque implica recursos, por ejemplo, para la creación de un centro de identificación humana, a lo que no le quiere aportar el gobierno estatal, por lo que no confían que la iniciativa se vaya a aprobar en la próxima legislatura, como lo informó el mismo González Varona.
El lunes, el presidente estatal de Morena, González Varona, dijo que en la próxima legislatura local, en la que nuevamente va a estar de diputado, se va a cabildear la ley sobre de desaparición forzada, que está congelada en el Congreso local.
También aseguró que no se aprobó en esta legislatura para no sacar una ley que no ayude, “queremos una ley lo suficientemente robusta y que pueda ayudar, porque de nada sirve sacar una ley al vapor y al ratito la estemos remendando, que no tenga presupuesto o que no tenga acciones”.
Consultado este miércoles por teléfono, informó que la iniciativa se quedó en la etapa de la dictaminación, “porque la realidad es que nunca hubo una voluntad política para que pasara. La razón principal es porque no quieren comprometerse con la creación de un centro de identificación humana”.
Dijo que las razones son que, además de la construcción de las instalaciones, se debe considerar la contratación de peritos, antropólogos y médicos forenses, así como se tienen que invertir en los reactivos que son necesarios.
Informó que de acuerdo con datos de la Coordinación de Servidos Periciales, de la Fiscalía General del Estado (FGE), hacer una dictaminación de un cuerpo y tenerlo completamente identificado, con todos los estudios, le cuesta al gobierno cerca de 60 mil pesos.
Informó que de los 60 mil pesos, alrededor de 45 mil pesos, son solamente por el resguardo forense, es decir, por estar “almacenado” el cadáver en el reguardo forense, debido a que las instalaciones son rentadas por el gobierno estatal.
Molina Rodríguez declaró que por ello la iniciativa de ley que apoyan los colectivos está bien fundamentada, que cuenta con “lo mínimo necesario”, pues se incluye la creación de un centro de resguardo forense, que venga a resolver el problema de la saturación de cadáveres e identificarlos con mayor rapidez, para entregarlos a sus familiares.
Recordó que los diputados se comprometieron con sacar la iniciativa adelante, y una de las diputadas que hizo el compromiso, recordó, fue la entonces presidenta de la Junta de Coordinación Política, Yoloczin Domínguez Serna, después de que los integrantes de los colectivos marcharon el 7 de marzo de 2020.
“Ella se comprometió a que la ley se iba a dictaminar y que iba a pasar, pero desde entonces la están dictaminando y no ha pasado”.
Dijo que las veces que se las han presentado a los colectivos, viene sin el capítulo que ellos propusieron, que es el de la creación de un centro de identificación humana, a cargo de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP).
Molina Rodríguez añadió que otro punto en el que no se han puesto de acuerdo, es que el centro de identificación debe estar a cargo de los servicios periciales de la FGE, “pero nosotros (los colectivos) no les tenemos confianza”.
Indicó que mientras los diputados le dan largas a la aprobación de la ley, la crisis por la desaparición de personas va en aumento; que ahora, por temor los familiares de las víctimas, se rehúsan a presentar las denuncias y a participar en las búsquedas.

Tiene Morena 130 aspirantes, internos y externos a los distritos locales de Acapulco

Daniel Velázquez

Funcionarios federales, estatales, municipales, diputados, regidores, ex priistas y liderazgos locales de Morena se apuntaron como aspirantes por alguno de los siete distritos locales de Acapulco y las diputaciones plurinominales.
De acuerdo con los listados que se han hecho públicos en redes sociales, sólo para los siete distritos locales de Acapulco están anotados 130 aspirantes, entre internos y externos. Los distritos con más registros son el 5 y el 8, con 25 apuntados en cada uno, y el 3 con 21; en tanto que el distrito con menos aspirantes es el 9, con 13 interesados en el cargo.
Para el 4 fueron 17, para el 7 son 15 y para el 6 son 14 los que buscan llegar a una curul en el Congreso local por Morena.
En tanto, la lista de aspirantes a diputados plurinominales está integrada por 62 suspirantes, de éstos, al menos unos cinco podrán ser parte del Congreso local, mediante la figura de representación proporcional, de acuerdo con los votos que consiga Morena en los comicios del próximo 2 de junio.
Para la elección de este año, Morena, PT y PVEM ya registraron su acuerdo de coalición parcial ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), con el que van coaligados en 26 de los 28 distritos locales.
En el caso de los siete distritos locales de Acapulco, los partidos se los repartieron de la siguiente manera: 4, 5, 6 y 7 están siglados para Morena; es decir, Morena pondrá los candidatos. Al PT le corresponde decidir candidato en el distrito 8 y al PVEM en el 3.
El distrito local 9 está fuera del convenio de coalición, por lo que en ese distrito cada partido postulará a su propio candidato.
En la coalición federal, en el convenio de coalición se estableció una clausura que indica que los candidatos del PT y PVEM se sucribirían al proceso interno de Morena. No se sabe si esa cláusula aplica también en el ámbito local, pero en las convocatorias emitidas por Morena se avisó que al proceso también podían inscribirse petistas y verdes. Pero en Guerrero el PT y el PVEM realizaron asambleas para definir a sus aspirantes.

Los distritos de Morena

La diputación local por el distrito 4 de Acapulco, la buscan 17 personajes, entre morenistas y externos. Destacan la actual diputada local por esa demarcación, Citlali Calixto Jiménez; la síndica María Inés Mendoza Sandoval, la regidora Ricarda Robles Urioste, los ex regidores Amílcar García Estrada y Javier Morlett Macho; el ex director de Instituto Municipal de Planeación, Yair García Delgado; uno de los líderes morenistas mas activos del municipio, Ignacio Meneses Hernández; el ex funcionario municipal de la administración de la alcaldesa Abelina López Rodríguez, ex coordinador de Servicios Públicos Municipales, ex director de Saneamiento Básico, ex director Operativo de la CAPAMA, Alejandro Sotelo Urióstegui y la líder morenista Marisol Bazán Fernández.
Los aspirantes por el distrito 5 son 25, entre morenistas y externos. Ahí están las regidoras Laura Caballero Rodríguez y Karime Rentería Catalán; las ex diputadas federales Lluvia Flores Sonduk y Teresa Mojica Morga; los ex diputados locales Teófila Platero Avilés e Irving Granda Castro; el ex director del Instituto Municipal de Planeación, Ernesto González Pérez; el director de Mercados, Ricardo Martínez Sánchez; el ex regidor Tomás Pérez Nova, el secretario general de la sección 19 del SUSPEG, Humberto Piza Pérez, el titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Contraloría estatal, Julio César Ramírez Coronel y el líder morenista Jorge Luis Terrones García.
Para el distrito 6 son 14 aspirantes, entre morenistas y externos, los que buscan la curul en el Congreso local por esta demarcación. Está la actual diputada local, Leticia Castro Ortiz; el actual regidor Jonathan Márquez Aguilar, los ex diputados locales Marco Antonio Cabada Arias y Germán Farías Silvestre; el director de la CAPAMA, Hugo Lozano Hernández y el ex director estatal de Transportes, Miguel Ángel Piña Garibay.
En el distrito 7, el único que perdió Morena de los siete distritos de Acapulco en los comicios de 2021, se anotaron 15 aspirantes, entre morenistas y externos. En éste se inscribieron el subsecretario de Desarrollo Político estatal, Óscar Chávez Rendón; el ex diputado local por ese distrito, Moisés Reyes Sandoval; el director de la Promotora Turísticia, José Luis González de la Vega Otero; Carlos Federico Payán Cortinas, Christian Garnica San Román, el subsecretario de Asuntos Agrarios, Daniel Cahua López; el director regional de programas de Bienestar en Acapulco, Carlos Eduardo Bello Solano y la directora jurídica de la Protur, Matilde Testa García.
Para el distrito 9 se registraron 13 aspirantes, entre los que están la regidora Flora Contreras Santos, el ex director Comercial de la CAPAMA, Andrés Manzano Rodríguez y el ex árbitro de futbol profesional, Adalid Maganda Villalva.
Los nombres omitidos en las listas de aspirantes pertenecen a desconocidos como liderazgos o como activistas de Morena en el municipio de Acapulco.

Los distritos cedidos

Para el distrito 3 se registraron 21 aspirantes, entre los que están la actual diputada local por ese distrito, Estrella de la Paz Bernal; el ex director del Fideicomiso Acapulco, Alfonso Calderón Velázquez; el ex subsecretario de Desarrollo Urbano estatal, Arquelao de la Cruz Pizá; Proceso González Calleja, el ex regidor Arturo López Sugía y el líder cetemista y ex regidor cetemista Rodrigo Ramírez Justo.
En la búsqueda de la diputación por el distrito 8 están anotados 25 aspirantes, entre morenistas y externos. Algunos nombres de la lista son el actual diputado local por ese distrito, Marco Tulio Sánchez Alarcón; el ex alcalde de Coyuca de Benítez, Merced Valdovino Diego; el líder de comerciantes y empresarios en Pie de la Cuesta, Joel Gómez Castillo; el vocero de la Red Es Claudia, Juan Carlos Manrique García; el ex aspirante a la dirigencia estatal de Morena, Galdino Nava Díaz; el ex diputado local Jorge Romero Romero, el líder de la asociación de Calentanos Unidos de Acapulco, Ángel Suazo Rodríguez y el ex delegado del programa de Adultos Mayores, Audel Urbina Serrano.

Plurinominales

Para las diputaciones locales por la vía de representación proporcional se inscribieron en el proceso interno de Morena 62 aspirantes, de éstos, apenas siete tiene posibilidad de obtener una curul en el Congreso local, porque esa es la cantidad máxima de diputados plurinominales que puede tener un partido.
Entre los aspirantes a las plurinominales están el actual diputado local por el distrito 8, Marco Tulio Sánchez Alarcón; la diputada local por el distrito 6, Leticia Castro Ortiz; los regidores de Acapulco, José Antonio Carbajal Moreno, Kandy Salas del Valle y Daniel Cahua López; los ex diputados locales Arturo Martínez Nuñez y Teófila Platero Avilés; el ex regidor Amílcar García Estrada, el ex delegado de Semarnat, Christian Uriel Garnica San Román; la ex consejera del IPEC, Rocío Calleja Niño; y siempre aspirante a un cargo de elección popular, el secretario general de la sección 19 del SUSPEG, Humberto Piza Pérez; la ex regidora Claudia de la O Pineda, Carlos Payán Cortinas, Proceso González Calleja, el titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Contraloría estatal, Julio César Ramírez Coronel; el cetemista ex priista César Felipe Leyva y las hermanas del secretario de Educación, Claribel y Nelly Rodríguez Saldaña. Los demás nombres no tienen mayor relevancia estatal.

Mas de un registro

La difusión de las listas de los aspirantes morenistas ha permitido conocer que ni ellos respetan las reglas fijadas por su partido, pues varios se han inscrito a más de un cargo, cuando las convocatorias emitidas por Morena establecen entre sus cláusulas que sólo podrían registrarse a un cargo de elección popular.
Entre los que acumulan más de un registro están los diputados locales Marco Tulio Sánchez Alarcón, quien busca ser candidato en el distrito 8 por mayoría relativa o por la vía plurinominal; la diputada Leticia Castro Ortiz, quien está inscrita como aspirante al Senado, a la diputación en el distrito 6 y por la cuota de representación proporcional; en el mismo caso está el titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Contraloría estatal Julio César Ramírez, quien busca ser candidato por el distrito 5 por mayoría relativa o por representación proporcional.
En el distrito 7, el subsecretario de Asuntos Agrarios estatal, Daniel Cahua López, Carlos Federico Payán Cortinas y Christian Garnica San Román, buscan ser diputados por mayoría relativa o por la vía plurinominal.
La misma situación se vive en el distrito 5, donde la ex diputada Teófila Platero y el dirigente del SUSPEG, Humberto Piza Pérez, están anotados como aspirantes en el distrito y en la lista de plurinominales.
Otros ejemplos son Proceso González, quien busca una plurinominal o la candidatura por distrito 3. También está Amílcar García, quien aspira a ser candidato a diputado en el distrito 4 o de representación proporcional.
También hay otros personajes poco conocidos, que están buscando candidaturas por la vía plurinominal o de mayoría relativa.

Se revisa modificar el proyecto de Ejecutivo para aumentar ingresos al IEPC: diputados

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El secretario y el vocal de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del estado, Ociel Hugar García Trujillo, del PRD, y Osbaldo Ríos Manrique de Morena, confirmaron que se revisa el proyecto de presupuesto de Egresos el Ejecutivo para aumentar el financiamiento al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) para la organización y desarrollo de elecciones confiables y legales.
Ambos desconocen en qué porcentaje porque continuaban esperando los ajustes que realizó la Secretaría de Finanzas y Administración del gobierno del estado al proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2024, por las afectaciones del huracán Otis.
El IEPC había demandado un presupuesto de 695 millones de pesos para 2024, pero el Ejecutivo, en su presupuesto de egresos, le asignó 393 millones.
Ambos fueron consultados por separado sobre la reunión con el secretario de Finanzas y Administración, Raymundo Segura Estrada, el día anterior, para resolver sus dudas sobre las adecuaciones a la iniciativa del Presupuesto de Egresos, tras las afectaciones del huracán Otis en Acapulco.
Sin embargo, García Trujillo aclaró que el funcionario se comprometió a enviar “de manera inmediata” los anexos para conocer los rubros exactos donde habrá recortes por la reducción de la gestión de recursos. Antes, el secretario mencionó una afectación por unos 800 millones de pesos.
El diputado aclaró que en la reunión sólo se habló de forma general de recortes en secretarías y en el Congreso, en este caso 90 o 100 millones de pesos, sin mencionar las acciones o programas que trastoca.
Por ejemplo, indicó que por cierre de administración, el Congreso debe considerar recursos para el finiquito de trabajadores, y todavía se desconoce en qué rubros se aplicarán las reducciones.
Esperaba que el documento llegara ayer mismo, en el transcurso del día. Por la tarde se supo que habría otra reunión con el secretario Segura Estrada para continuar con la mesa de trabajo sobre los ajustes al presupuesto.
García Trujillo estimó que una vez que tengan los documentos, podrán analizarlo en uno o dos días.
Sobre el presupuesto del IEPC, que reclama más recursos para los comicios, indicó que el funcionario le dijo que los gastos están contemplados en la propia ley, sin embargo, los diputados señalaron que la democracia no puede pasar una situación compleja que ponga en duda las elecciones, “le estamos diciendo que no se debe trastocar, sino robustecer, y ya se está trabajando para que no sea como se estaba previendo”.
Asimismo, Ríos Manrique confirmó que estaban a la espera de los ajustes, y confió en que el proyecto pueda ser votado el viernes.
Ratificó que hay un “incremento sustancial” para el IEPC a fin de que se garantice las elecciones, aún si el recurso es enviado a la partida de Inversión Estatal Directa (IED), de recursos propios.
Asimismo, indicó que la reducción que se estima en el IED es de 109 millones de pesos por la recaudación que se esperaba de Acapulco, “si no me falla la memoria”, precisó.