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Falso, que pidieran dinero por la amapola destruida, dicen vecinos de Juquila Yucucani

 

El segundo comisario de la comunidad de Juquila Yucucani, Francisco López Aguilar y los vecinos Benito Zeferino Sánchez y Clemente Santiago de Jesús negaron que hayan exigido un millón y medio de pesos como indemnización al alcalde del PT de Tlacoachistlahuaca, Javier Carmona Villavicencio, por el plantío de amapola que el Ejército destruyó y que ese dinero sería para la construcción de la comisaría.
El señor López Aguilar con ayuda de su traductor expresó que si el presidente municipal de Tlacoachistlahuaca sabe que hay sembradíos de amapola en la comunidad, que denuncie en la Procuraduría General de la República (PGR) de lo contrario se vuelve cómplice.
La autoridad de la comunidad afirmó que “el que caiga, caiga por su propio delito que se está cometiendo”, detalló el periódico regional Diario Alternativo a donde los vecinos acudieron a demandar su derecho de réplica, luego de que el alcalde petista dijo que fue liberado el lunes pasado luego de firmar un documento donde se comprometía dar un millón y medio a los inconformes por los sembradíos de amapola que el Ejército destruyó.
Aclaró que no pidieron una indemnización por la destrucción de sembradíos de amapola que hizo el Ejército, sino que el dinero es para construir la comisaría, porque llevan dos años sin que el alcalde invierta en obra pública en su comunidad.
Según el medo citado le fueron entregadas copias de las solicitudes hechas de los habitantes al alcalde desde el 15 de diciembre de 2015, cuando tenía dos meses de haber asumido la alcaldía, para que les construya un albergue de 30 por 15 metros, que usarían como comisaría del pueblo.
Otro escrito del 14 de enero de 2016 fue entregado al alcalde quien respondió que no haría la comisaría porque no estaba en el presupuesto de 2016, “ni por el gobierno del estado de Guerrero”, sin embargo en la comunidad vecina de Santa Cruz Yucucani fue construido el albergue.
De la retención del secretario de seguridad, así como del secretario general del Ayuntamiento y dos ingenieros, dijo que fue porque llegaron a medir una casa que utilizan como comisaría y realizaron el comentario de que “si es que sale el proyecto hoy, o si no hasta próximos años”.
Afirmó que el alcalde fue retenido por el incumplimiento a las peticiones de obras. De la camioneta fue retenida para presionar al alcalde a invertir en obra pública.
“El compromiso que… estamos pidiéndole al alcalde de Tlacoachistlahuaca, el doctor Juan Javier Carmona Villavicencio, es que cumpla el compromiso de las obras que hizo en su tiempo de campaña, y es lo único que estamos pidiendo. Hemos entregado peticiones en tiempo y forma”, informó.
Agregó que en “el momento que él regrese nos entregue el recurso, el compromiso que se quedó, y ya, se termina el problema”.
Además dijo que al secretario de seguridad se le retuvo el arma porque al momento de la retención la sacó, y por eso quedó en resguardo en la comisaría.
López Aguilar dijo que “en el pueblo se dedican a sembrar frijol, maíz, algunos señores se dedican también a sembrar lo que es jitomate de cáscara, de ese verde, de los criollo, se dedican a sembrarlo. Ese es el trabajo que realizan, pero del conocimiento de lo que se está diciendo que se está diciendo sobre el enervante, no es trabajo de ser humano, eso sí desconocemos nosotros las autoridades”.
El segundo comisario dijo que después de las declaraciones del alcalde a los medios de comunicación ahora temen que las autoridades federales lleguen y los detengan.
Indicó que en un próxima asamblea la población analizará qué procederá con el acuerdo firmado por el alcalde y donde fue testigo el comisario de la localidad, Juan Perfecto Aguilar.

 

Hay acuerdos con el gobierno estatal para resolver el conflicto con la UPOEG, dice el FUSDEG

El Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) confirmó que tiene acuerdos con el gobierno del estado para resolver el conflicto de inseguridad en el municipio, pero se reservó a hacer una declaración formal mientras las autoridades concretan la parte que les corresponde.
De manera extraoficial, una fuente aclaró que el FUSDEG no está “disperso” como lo señaló el alcalde de Chilpancingo, Marco Leyva Mena. Precisó que se replegaron para proteger la vida, objetivo que dio origen a la organización.
Por separado, el dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio informó que en los pueblos de Chilpancingo donde tiene presencia esta organización están haciendo asambleas para definir el perfil de la seguridad que necesitan las comunidades rurales, sin suplantar a la autoridad municipal.
Las organizaciones que tienen policías ciudadanas y comunitarias en el corredor Tierra Colorada-Chilpancingo fueron consultadas a propósito de la declaración del secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, de que en unos días habrá un acuerdo para que la UPOEG y el FUSDEG actúen conforme a la Ley 701 en sus territorios, luego de los hechos violentos que protagonizaron en Tlayolapa, municipio de Juan R Escudero.
En breves declaraciones telefónicas, un representante del FUSDEG informó que dieron un periodo al gobierno del estado para que haga lo que le toca en la solución del conflicto de las organizaciones que brindan seguridad en Chilpancingo. Después, la estructura dará a conocer su posición sobre la propuesta de regularización de las funciones de seguridad.
Precisaron que no tienen diálogo con el gobierno municipal, porque en los primeros acercamientos el alcalde no respetó los acuerdos para que en asamblea de los pueblos se nombraran a los nuevos integrantes y coordinadores de la Policía Comunitaria. Sólo se coordinó con la UPOEG.
Mientras Plácido Valerio informó que se hacen asambleas en los pueblos de Chilpancingo, donde tiene presencia la UPOEG para que la población tome sus decisiones “para que no sean sometidos”, en alusión al FUSDEG.
Aseguró que fuera de partidos y religiones, los pueblos se están reuniendo para discutir la ruta, mecanismos y perfil del Sistema de Seguridad como tema prioritario, y la UPOEG participa como facilitador de la consulta en el Valle de Ocotito, brindando información para constituir una asamblea y un consejo de autoridades comunitarias, que dé formalidad y legalidad a los grupos armados ante la inseguridad. Recordó que el Artículo 115 de la Constitución Política reconoce a los comisarios y comisariados de cada ejido como una estructura legal.
Del diálogo con el alcalde, indicó que Mena Leyva se comprometió a llevar este planteamiento al Cabildo, para regularizar el esquema de seguridad, para que no sea un planteamiento unilateral.
Aclaró también que aún no se establece ningún nombre para la organización de seguridad de los pueblos, si se somete a la Policía Rural o queda como Policía Ciudadana, porque los pueblos siguen analizando las posibilidades y los ayuntamientos tienen que revisar su economía para ver si pueden pagar la nómina de una Policía Rural.
Subrayó que la UPOEG respeta a las autoridades comunitarias y municipales, no está usurpando a las representaciones locales, y mantienen el diálogo como instrumento permanente de conciliación. Confió en que las comunidades organizadas van a encontrar la salida al conflicto municipal.

El 90% de casas para damnificados en El Nuevo Capricho, Ometepec, tienen grietas, denuncian

Pobladores de la comunidad de El Capricho, en el municipio de Ometepec, denunciaron que al menos el “90 por ciento” de las 117 viviendas que destinó la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) para El Nuevo Capricho tienen grietas en las paredes y techos, filtraciones de agua y fallas técnicas en el suministro de los servicios básicos, y “las puertas se están cayendo”.
El comisario de El Nuevo Capricho, Víctor Osorio Flores denunció que desde abril el delegado de la Sedatu, José Manuel Armenta Tello se comprometió a acudir al poblado para corroborar las fallas de las casas y brindar una solución, “sin embargo, no acudió al pueblo, y cuando fuimos  a sus oficinas argumentó que no hay presupuesto para construir las 27 casas (restantes) y arreglar los desperfectos”.
El comisario informó que al menos 27 familias viven en una zona de riesgo en El Capricho, mientras que la constructora encargada de la construcción de las viviendas se retiró tras alegar una millonaria deuda de la Sedatu.
Para finales de septiembre de 2014, el presidente Enrique Peña Nieto entregó las primeras obras de reubicación en El Nuevo Capricho, donde serían reubicados los damnificados de El Capricho afectados por las intensas lluvias provocadas por la tormenta Manuel, con una inversión de mil millones de pesos.
En ese entonces, Peña Nieto felicitó a los pobladores que accederían a la reubicación  de la comunidad ya que la tormenta dañó viviendas, comercios y los campos de cultivo.
En una llamada el comisario denunció que las 27 casas restantes siguen sin construirse y las 117 viviendas tienen desperfectos considerables y riesgos de deslave ante las lluvias.
El comisario informó que, además de las casas que faltan en el predio, hay tres templos y una unidad deportiva pendientes de construir, los cuales el Presidente prometió en su visita a la comunidad.
Agregó que debido a la desatención de la dependencia federal, los pobladores solicitarán una audiencia con entonces titular de la Sedatu, Rosario Robles Berlanga, al no tener respuesta de la delegación estatal y para revertir los problemas. (Alfonso Marín Amezcua / Chilpancingo).

La violencia no es un problema que se puede quitar de la noche a la mañana, dice Leyva Mena

El alcalde de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena, dijo que el problema de la violencia “no es un asunto que se pueda quitar de la noche a la mañana” y reiteró que el Ayuntamiento está trabajando con el programa de Vecino Vigilante para bajar el índice delictivo en la capital, además informó que sólo han sido aprobados 20 aspirantes a policías de los 100 que requieren, y que sólo hay cinco patrullas para los 115 agentes que tiene el municipio, pero que próximamente va a adquirir otras seis unidades.
Por la mañana el alcalde inauguró las nuevas instalaciones del Registro Civil y anunció que próximamente se hará un salón de fiestas en el que se ofrecerán servicios con un costo “económico” entre 4 mil pesos y 7 mil pesos.
Consultado al término de la inauguración de las oficinas del Registro Civil, el alcalde reconoció que la violencia no es un problema que se resuelva “de la noche a la mañana” y dijo que también está analizando si los delitos son federales o estatales y que el Ayuntamiento está haciendo actividades de prevención del delito con la colocación de alarmas del programa Vecino Vigilante.
Se le recordó que pese a la colocación de las 22 alarmas en el primer cuadro de la ciudad, el pasado 24 de febrero cuatro hombres asaltaron el banco Santander que está en pleno Centro de la capital, el alcalde respondió que las alarmas están funcionando pero esto no significa que los delitos tengan que desaparecer, sin embargo dijo que sí que pueden disminuir.
Sobre la convocatoria para contratar policías municipales dijo que sólo han sido aprobados 20 aspirantes de los 100 que requieren para Chilpancingo, agregó que obtener la certificación resulta complicado.
El alcalde agregó que hay 115 policías en el municipio de los cuales el 95 por ciento están certificados y sólo hay cinco patrullas, pero que con dinero del gobierno federal y estatal va a adquirir seis patrullas más.
Sobre las protestas que hicieron adultos mayores dijo que el municipio no cuenta con presupuesto para atender sus demandas pues corresponde al estado y a la federación, pero que el Ayuntamiento los ha apoyado con cobijas y despensas, y que los seguirá atendiendo en la medida de sus posibilidades.
Respecto al incremento del presupuesto que se anunció para duplicar el sistema de agua potable en Chilpancingo después de la contingencia de la tormenta tropical Manuel aceptó que éste es un problema complejo y que tiene que ver con la recarga de los mantos acuíferos, con las estaciones del año, con el sistema de distribución y con un organismo operador que financieramente “esté sano”.
Reveló que Chilpancingo recibe entre 430 litros y 450 litros por segundo y que en tiempo de escases la cantidad de agua baja entre 340 y 320 litros, agregó que esta época de sequía que viene será “delicada” por lo que también está buscando estrategias para que no afecte a las colonias.
Sobre los vendedores ambulantes reiteró que están buscando mediante el diálogo la reubicación del ambulantaje y aseguró que no utilizará la violencia para hacerlo.
Se le cuestionó sobre que la regidora de Participación Social de la Mujer del partido Movimiento Ciudadano, Margarita Montaño, lo retó a tomar del agua que se distribuye a las colonias, y respondió que sí aceptaba hacerlo en un acto público. Esto después de que laboratorios de la Universidad Autónoma de Guerrero ha asegurado que el agua está contaminada.
En el tema de la influenza dijo que lo está trabajando con la Secretaria de Salud y que se están haciendo fumigaciones, capacitando a escuelas para prevenir la enfermedad y que también emitirán información mediante la televisión y radio.