Llaman a usar leyes para garantizar a mujeres participar en elecciones en sus comunidades

La regidora de Desarrollo Social y Asuntos Indígenas del Ayuntamiento de Tepecoacuilco, Anel González Flores, denunció que en el municipio se les impide a las mujeres participar en la elección de Comisarías y al presidente municipal panista Félix López Olivares por usar palabras ofensivas hacia las mujeres a las que se refiere como “pinches viejas” Foto: Jessica Torres Barrera

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

La regidora panista de Tepecoacuilco de Trujano, Anel González Flores, denunció durante la conferencia Avances, Obstáculos y Desafíos de la Participación Política de las Mujeres en Guerrero, que el alcalde Félix López Olivares se ha resistido a que las mujeres indígenas de Ahuehuepan ejerzan su derecho de votar y ser votadas en las elecciones de comisarios, además de que la limitan en sus funciones.
La conferencia se realizó en el auditorio del Tribunal Electoral del Estado (TEE), en la que participó la regidora, y aprovechó para denunciar las resistencias en su municipio para que las mujeres ejerzan sus derechos políticos, y preguntó si son impugnables las elecciones porque sólo han votado los hombres en dicha comunidad.
En su intervención la regidora explicó que para mantener o cambiar un mecanismo de elección por usos y costumbres debe ser aprobado por el cabildo, pero a ella no la han dejado presentar su propuesta para modificar el hecho de que solo los hombres pueden votar.
En ese sentido dijo que el alcalde panista es machista e incluso en sesiones de cabildo se refiere a las mujeres como “pinches viejas”.
Y denunció que se ha encontrado con obstáculos para ejercer su cargo: “he nadado contra corriente a pesar de que somos del mismo partido político (PAN), pero se me ha impedido hacer labor a favor de las mujeres indígenas”.
En respuesta, el fiscal especial en Delitos Electorales, Miguel Guizado Jaimes, recordó que hay un antecedente directo y reciente, el caso de Ocotequila, donde por primera vez las mujeres indígenas de esa población accedieron a su derecho al voto.
La magistrada Alma Delia Eugenio Alcaraz, recordó que el Congreso local aprobó la Ley de Elecciones para La Comisarías Municipales, en la que se garantizan derechos humanos o derechos fundamentales de las mujeres, entre estos la integración con paridad de género de las planillas, disposición legal que se emitió a raíz de una resolución de este Tribunal Electoral por una impugnación en el municipio de Huitzuco de los Figueroa.
También le dijo a la regidora que no es necesario que las ediles tengan que proponer un acuerdo de cabildo para que las mujeres sean tomadas en cuenta, porque esto ya es una obligación de los ayuntamientos que en los municipios, en las elecciones de comisarías, las mujeres tengan el derecho de votar, y ser incluidas en las planillas, sin importar si se rigen por usos y costumbres.
Eugenio Alcaraz apuntó que el artículo segundo de la Constitución federal establece que los usos y costumbres prevalecen y se garantizan, “pero jamás serán violatorios de los derechos humanos, y los derechos políticos de las mujeres, son derechos humanos”.
Y le planteó tres vías para denunciar la violencia política contra las mujeres en razón de género, la primera es a través de un Juicio Electoral Ciudadano (JEC), el cual tiene como fin restituir derechos político-electorales, y se presenta ante el TEE; la segunda vía es el Procedimiento Especial Sancionador (PES), que tiene como finalidad sancionar a quien comete la violencia política, y la denuncia se presenta ante el IEPC.
El órgano electoral será el encargado de sustanciar e investigar, y una vez hecho, integra el expediente y lo remite al TEE para que sea este órgano jurisdiccional el que resuelva si hay violencia política o no.
Ambos procedimientos se establecen medidas cautelares y medidas de protección, por lo que no es necesario finalizar los procedimientos para que la mujer víctima de violencia esté protegida desde el inicio de la presentación tanto de la demanda de JEC o de la denuncia del PES, por lo que dijo es importante denunciar, para que tengan el acompañamiento con medidas de protección.
Finalmente dijo que la tercera vía, sería una denuncia penal, ante la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales, donde se sanciona al victimario con prisión y una medida de reparación.
Después en declaraciones, la regidora explicó que ha intentado que en esta comunidad se pueda votar y ser votada en las elecciones de comisarios, pero el alcalde no quiso.
Anel González comentó que en esta comunidad indígena del Alto Balsas las mujeres tienen la intención de participar en los procesos de elección de las autoridades, pero no se les ha permitido y el alcalde no las respalda.
La regidora panista llamó a las autoridades en la materia que acudan a esta población e investiguen preguntando a las mujeres de esta comunidad, por su parte dijo que ella denunciará para que inicien los procedimientos.

Tiene Evelyn agenda feminista, dice consultora

La ponente, la consultora e envestigadora sobre la desigualdades y liderazgo político con perspectiva de género, Mónica Patricia Zárate Martínez, cuando habló de las mujeres guerrerenses que han logrado ganar espacios importantes o emblematicos por su contexto, finalizó con el caso de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, de quien destacó que sí tiene “una agenda feminista”, a pesar de las resistencias “que seguramente debe tener al interior del gobierno, trae también los estigmas”.
Reiteró que a la gobernadora la deben de acuerpar las organizaciones de mujeres “porque trae el estigma de su proceso de elección, y lo que ustedes quieran, pero demosle chance ¿no? Acuerpémosla, acompañémosla para que pueda hacer su trabajo”.
En su ponencia también dijo que la participación de las mujeres sobre todo en el ámbito político en los espacios que se toman las decisiones “es triplemente difícil”, y eso ha generado muchas denuncias por violencia política.
Destacó que en Guerrero, hay “una capacidad organizativa muy impresionante”, pero consideró importante que las organizaciones locales se vinculen con las nacionales y regionales.
Zárate Martínez valdría la pena “releer algunos puntos que tiene la reforma, el Plan B donde nos están diciendo entre líneas ‘ustedes no pueden estar ahí’ en los cargos públicos”, y afirmó que está en riesgo la equidad en la política.
Destacó también que la estructura organizacional de los partidos políticos en el país no es favorable para las mujeres a quienes mantienen relegadas que no han dejado otro camino o método de garantizar sus derechos que con acciones afirmativas, “por eso es importante tener estos mecanismos temporales que nos ayuden a subir”.
En el país, dijo, los partidos tienen estructuras organizacionales de las “más burocráticas, muy jerárquicas, muy anquilosadas, con modelos de gestión muy anacrónicos… con un liderazgo tipo clan, donde tú tienes que pertenecer a un grupo político, a una tribu, como ustedes le quieran llamar dónde ese liderazgo lo tienen los hombres entonces para que una mujer transite en es en esa estructura organizacional le va a costar muchísimo más trabajo que a los hombre por eso no es que no haya mujeres capaces no es que no haya mujeres es que esa estructura organizacional no es favorable”.
Sumado a que el presupuesto que le llega a los partidos políticos etiquetado exclusivamente para el fortalecimiento y capacitación de las mujeres es utilizado para otros fines y “siguen haciendo simulación”.

 

Toman estudiantes el CBTA de Buena Vista de la Salud; exigen parar hostilidades entre maestros

Padres de familia y estudiantes del plantel 225 del Centro de Bachillerato Tecnológico y Agropecuario (CBTA), ubicado en el poblado de Buena Vista de la Salud, municipio de Chilpancingo, tomaron el plantel para exigir el cese de hostilidades entre dos grupos de maestros.
A las 6 de la mañana, los manifestantes cerraron las instalaciones con el respaldo de la comisaria, Bernarda Silva Herrera, quien denunció que los maestros no cumplen su jornada laboral ni el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP), y justifican sus faltas alegando que es la misma comisaria la que dio la indicación, debido a la inseguridad.
Silva Herrera afirmó que no ha pedido la suspensión de clases, sino que los estudiantes hicieran sus prácticas en el poblado para que pudieran ser vigilados por los habitantes.
El estudiante, Ahuitzul Axayacatl Zamora explicó que los 20 trabajadores administrativos y maestros del plantel están divididos, unos representan a “la vieja escuela” y los contrarios pretendieron implementar nuevas formas de enseñar; además de sus diferencias laborales, también tienen conflictos a nivel personal y algunos –sin mencionar nombres– usan sus clases para enterar a los alumnos de la situación.
Declaró que a los alumnos que se quejaron de la falta de clases o la forma de trabajar de los maestros, fueron “tachados de rebeldes”, y hubo represalias que se reflejaron en sus calificaciones, es decir, que perdieron puntos que afectaron su promedio general. Añadió que algunas alumnas también fueron víctimas de acoso sexual.
Por otra parte, para el proceso de inscripción y reinscripción se pidió una cooperación de 300 pesos a los estudiantes, a pesar de que no se deben establecer cuotas como un requisito y a lo largo del ciclo escolar también se solicita dinero, presuntamente para mejorar las instalaciones.
Axayacatl Zamora informó que se formará un Comité Estudiantil para defender los derechos de los alumnos, mientas que Silva Herrera dijo que los manifestantes pidieron al director, Gilberto Guzmán Carranza una reunión con todas las partes involucradas para dialogar, pero se negó, por ello protestaron en las instalaciones.
Al lugar llegaron representantes de la SEG y la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI) en Guerrero, quienes escucharon a los estudiantes y padres; luego de analizar la situación, las autoridades informaron que Guzmán Carranza y cinco maestros más serán suspendidos y reubicados, mientras que en los próximos días se nombrará a un nuevo director.
Silva Herrera adelantó que a partir de hoy se reanudan las labores en el plantel.(Alina Navarrete Fernández / Chilpancingo).

 

Falso, que pidieran dinero por la amapola destruida, dicen vecinos de Juquila Yucucani

 

El segundo comisario de la comunidad de Juquila Yucucani, Francisco López Aguilar y los vecinos Benito Zeferino Sánchez y Clemente Santiago de Jesús negaron que hayan exigido un millón y medio de pesos como indemnización al alcalde del PT de Tlacoachistlahuaca, Javier Carmona Villavicencio, por el plantío de amapola que el Ejército destruyó y que ese dinero sería para la construcción de la comisaría.
El señor López Aguilar con ayuda de su traductor expresó que si el presidente municipal de Tlacoachistlahuaca sabe que hay sembradíos de amapola en la comunidad, que denuncie en la Procuraduría General de la República (PGR) de lo contrario se vuelve cómplice.
La autoridad de la comunidad afirmó que “el que caiga, caiga por su propio delito que se está cometiendo”, detalló el periódico regional Diario Alternativo a donde los vecinos acudieron a demandar su derecho de réplica, luego de que el alcalde petista dijo que fue liberado el lunes pasado luego de firmar un documento donde se comprometía dar un millón y medio a los inconformes por los sembradíos de amapola que el Ejército destruyó.
Aclaró que no pidieron una indemnización por la destrucción de sembradíos de amapola que hizo el Ejército, sino que el dinero es para construir la comisaría, porque llevan dos años sin que el alcalde invierta en obra pública en su comunidad.
Según el medo citado le fueron entregadas copias de las solicitudes hechas de los habitantes al alcalde desde el 15 de diciembre de 2015, cuando tenía dos meses de haber asumido la alcaldía, para que les construya un albergue de 30 por 15 metros, que usarían como comisaría del pueblo.
Otro escrito del 14 de enero de 2016 fue entregado al alcalde quien respondió que no haría la comisaría porque no estaba en el presupuesto de 2016, “ni por el gobierno del estado de Guerrero”, sin embargo en la comunidad vecina de Santa Cruz Yucucani fue construido el albergue.
De la retención del secretario de seguridad, así como del secretario general del Ayuntamiento y dos ingenieros, dijo que fue porque llegaron a medir una casa que utilizan como comisaría y realizaron el comentario de que “si es que sale el proyecto hoy, o si no hasta próximos años”.
Afirmó que el alcalde fue retenido por el incumplimiento a las peticiones de obras. De la camioneta fue retenida para presionar al alcalde a invertir en obra pública.
“El compromiso que… estamos pidiéndole al alcalde de Tlacoachistlahuaca, el doctor Juan Javier Carmona Villavicencio, es que cumpla el compromiso de las obras que hizo en su tiempo de campaña, y es lo único que estamos pidiendo. Hemos entregado peticiones en tiempo y forma”, informó.
Agregó que en “el momento que él regrese nos entregue el recurso, el compromiso que se quedó, y ya, se termina el problema”.
Además dijo que al secretario de seguridad se le retuvo el arma porque al momento de la retención la sacó, y por eso quedó en resguardo en la comisaría.
López Aguilar dijo que “en el pueblo se dedican a sembrar frijol, maíz, algunos señores se dedican también a sembrar lo que es jitomate de cáscara, de ese verde, de los criollo, se dedican a sembrarlo. Ese es el trabajo que realizan, pero del conocimiento de lo que se está diciendo que se está diciendo sobre el enervante, no es trabajo de ser humano, eso sí desconocemos nosotros las autoridades”.
El segundo comisario dijo que después de las declaraciones del alcalde a los medios de comunicación ahora temen que las autoridades federales lleguen y los detengan.
Indicó que en un próxima asamblea la población analizará qué procederá con el acuerdo firmado por el alcalde y donde fue testigo el comisario de la localidad, Juan Perfecto Aguilar.

 

A casi dos años de su creación, fue desarticulado el FUSDEG; sólo mantiene un bloque de resistencia en Tierra Colorada

Antes de cumplir dos años de su presentación pública en el valle de El Ocotito, municipio de Chilpancingo, el Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) fue básicamente desarticulado y sus representantes obligados a buscar refugio; ahora Tierra Colorada, la cabecera municipal de Juan R. Escudero es donde mantienen un bloque de resistencia ante el avasalle de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), grupo del que es una escisión.
La salida de la organización civil que brindaba seguridad y justicia en comunidades de Chilpancingo no fue tersa. Hubo confrontaciones verbales, a golpes y a balazos que dejaron nueve muertos relacionados con la confrontación con la UPOEG por el control del territorio, que incluye uno de los corredores de droga más importantes de Guerrero: la carretera federal Acapulco-Tierra Colorada.
Pero los enfrentamientos y asesinatos tienen su antecedente en 2015, después de la separación de varios grupos de la Policía Ciudadana de la UPOEG quienes conformaron el FUSDEG, debido a presuntos malos manejos y la falta de rendición de cuentas de los coordinadores provenientes de Costa Chica, sobre lo incautado a presuntos narcotraficantes a la llegada del grupo del dirigente Bruno Plácido Valerio al valle.
La UPOEG comenzó a operar en el valle de El Ocotito porque fue llamada por los vecinos para contrarrestar los asesinatos, secuestros, extorsiones y el cobro de piso.
Los registros periodísticos dan cuenta de 26 muertos del FUSDEG y dos de la UPOEG en 2015, pero el mayor número de víctimas ocurrió en el enfrentamiento de dos grupos del FUSDEG en Xolapa, municipio de Acapulco, con 16 muertos. Por ese evento, el FUSDEG se retiró del Acapulco rural y la UPOEG se volvió a posicionar en algunas comunidades del municipio porteño.

Ataques y enfrentamientos

En 2016 el FUSDEG perdió espacios en Petaquillas a partir del conflicto político de la elección de comisario que arrastraba de 2015, y en la comunidad El Ocotito, con el surgimiento de un grupo disidente de policías comunitarios en febrero que habrían sido expulsados en asamblea de la organización.
En medio de estos conflictos el 17 de abril fue asesinado Edilberto Santiago, hermano de un fundador del FUSDEG de Tierra Colorada, Romualdo Santiago. Sus familiares denunciaron que fue emboscado por integrantes de la UPOEG en el camino hacia la comunidad de San Juan del Reparo en el municipio Juan R. Escudero, donde era coordinador del grupo de la Policía Comunitaria.
El antecedente de este homicidio es la agresión del 30 de marzo de 2015 en el crucero de San Juan del Reparo, cuando los grupos se enfrentaron con un saldo de 12 muertos: 10 del FUSDEG y dos de la UPOEG.
El 16 de octubre fue asesinado a balazos el comandante del FUSDEG en Petaquillas, José Julio Alarcón Astudillo cuando iba a estacionar una Urvan de la ruta Chilpancingo-Petaquillas, donde trabajaba como chofer, a pleno día y en el centro de Chilpancingo.
El alcalde de la capital, Marco Antonio Leyva Mena atribuyó el homicidio al conflicto interno de Petaquillas por el control de la Comisaría, ya que la autoridad constitucional de la que dependen las policías comunitarias es el comisario, y el respaldo y legitimidad la otorgan las asambleas. Así que quien tiene al comisario tiene el mando de la Policía Comunitaria.
El 24 de octubre en Tlayolapa, municipio de Juan R. Escudero ocurrió otro ataque con un saldo de siete hombres muertos. De los hechos el secretario de Seguridad Pública del estado, Pedro Almazán Cervantes dijo que “ocurrió a las 4:30 de la madrugada a 2 kilómetros del poblado de Tlayolapa, en donde perdieron la vida al menos seis personas de esa organización y uno más del FUSDEG”.
Según Plácido Valerio los muertos de la UPOEG en Tlayolapa eran originarios de Ayutla y Tecoanapa, enviados a apoyar acciones de seguridad en el municipio de Chilpancingo, fueron atacados cuando regresaban a sus comunidades (en el cambio de guardia), iban por un camino distinto a la carretera federal donde generalmente hay un retén militar que impide el paso de grupos de civiles armados.
El comandante del FUSDEG de Tierra Colorada, Maximino Alejo aseguró que esa madrugada la UPOEG se alistaba a tomar por asalto la cabecera municipal de Juan R. Escudero, y el FUSDEG estaba listo para impedir su paso, así que los grupos de Costa Chica regresaron sus pasos y se dirigieron a Tlayolapa, pero la población también había sido alertada.
A partir de este evento y dada la tensión entre los grupos, el gobierno del estado anunció que más de 200 policías estatales distribuidos en 25 patrullas, dos autobuses antimotines y uno de línea, iban a patrullar el territorio entre El Ocotito y Tierra Colorada, para evitar otro enfrentamiento.
Según los reportes oficiales se aglutinaban en defensa y ofensiva 200 integrantes de la UPOEG distribuidos en las comunidades del valle de El Ocotito: Buena Vista de la Salud y San Juan del Reparo, 350 del FUSDEG en Mohoneras, Tierra Colorada y Las Palmas sobre la carretera federal. En los dos bloques “hombres armados portaban armas exclusivas del Ejército, Fuerza Aérea y Armada Nacional”.
No obstante el despliegue policiaco, el 24 de noviembre grupos armados de la UPOEG intentaron tomar la cabecera municipal de Tierra Colorada y se suscitaron cuatro nuevos enfrentamientos en las inmediaciones de la población. Reporteros y agentes de gobierno desarmados quedaron en medio del fuego cruzado.
Resultó muerto el policía del FUSDEG Jesús Eloíso Contreras de 22 años. Se presume que su cuerpo fue levantado por el grupo contrario, porque no lo encontraron sus compañeros y familiares. Lo que cuenta del hecho del deceso era una fotografía tomada por reporteros. Sin embargo las autoridades y ambas organizaciones en disputa lo consideran desaparecido.
Al siguiente día el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame se reunió con los representantes de la UPOEG y del FUSDEG, y anunció un acuerdo para solucionar “el evento” del 24 de noviembre en Tierra Colorada: el repliegue de la UPOEG hacia la comunidad de Xolapa, municipio de Acapulco, y del FUSDEG a su base en Tierra Colorada, que la zona quedaría en resguardo de la Policía Estatal y una tregua del 28 de noviembre de este año al 15 de enero de 2017, para no afectar el flujo de turistas, en las fechas decembrinas.
Para el 20 de diciembre el gobernador Héctor Astudillo anunció el reforzamiento de la seguridad en la zona, con cinco retenes más de policías estatales, así como la integración de una comisión paritaria para arreglar el conflicto y la búsqueda de dos desaparecidos.

El territorio

La versión extraoficial más extendida de este conflicto es la búsqueda del control del territorio por su importancia en el trasiego de droga.
La banda de narcotraficantes Los Ardillos que tiene sede en Tlanicuilulco, municipio de Quechultenango, en la zona centro del estado y que disputa Chilapa a Los Rojos, habría buscado recuperar el paso obligado hacia Chilpancingo por Petaquillas. En tanto, el cártel de la Sierra (de nueva creación), habría buscado infiltrar a los grupos de El Ocotito (UPOEG) para tener el control en los pueblos del valle.
De finales de 2015 a agosto de 2016, hay registros de conflictos en Petaquillas y El Ocotito por el control de las comisarías municipales que llevó a enfrentamientos verbales, jaloneos, amagos con armas y detenidos de los grupos de la comunidad confrontados por el control de la Comisaría municipal, cuando el FUSDEG perdió las dos comisarías e intentó mantener la organización de seguridad en la zona.
El 15 de enero el Ayuntamiento emitió la convocatoria para la elección de comisario de Petaquillas, a fin de terminar un conflicto político de los dos grupos. El 18 de enero resultó electo Mario Flores, a quien el FUSDEG acusó de vínculos con la delincuencia, pero en agosto fue ratificado en una asamblea. En tanto operaron dos policías comunitarias, la del FUSDEG y la del comisario vinculado a la UPOEG.
La situación se complicó en octubre debido al asesinato del comandante del FUSDEG de Petaquillas en Chilpancingo, y el comisario Flores Castrejón reconoció que buscó asesoría de la UPOEG “para saber cómo resolver el conflicto y tener mayor seguridad en el pueblo”, dado que el grupo contrario quería detenerlo acusado del homicidio.
El 10 de septiembre hubo una confrontación verbal, golpes y amagos de rifles de asalto de ambos grupos porque los policías del comisario Mario Flores Castrejón desarmaron a policías comunitarios del FUSDEG, del incidente resultaron seis heridos y ocho retenidos. Continuó el diálogo con el Ayuntamiento y el repliegue total de la organización de seguridad. A la fecha la Policía Comunitaria de Petaquillas se deslindó de las dos organizaciones y mantiene retenes con hombres armados en su territorio.
En enero también hubo elecciones de comisario en El Ocotito que ganó el candidato contrario al FUSDEG, Audifred Benítez. En febrero la autoridad cobijó a un nuevo grupo de policías comunitarios separado del FUSDEG que se alió con algunos grupos de la UPOEG que seguían operando en el valle de forma discreta, sin la cobertura de los medios.
Recibieron apoyo los grupos de Ayutla y Tecoanapa y en octubre ocurrió el enfrentamiento de Tlayolapa, municipio de Juan R. Escudero, paso obligado para llegar de la Costa a la zona Centro. También había ocurrido la confrontación en Petaquillas, donde sólo hubo amagos y golpes y ante este ambiente tenso el comisario denunció amenazas, se declaró incompetente para solucionar el conflicto e informó que tendría que huir de la población.
Mientras, el coordinador de la policía del FUSDEG en El Ocotito, Salvador Alanís denunció una alianza de Plácido Valerio con el diputado local del PRD, Sebastián de la Rosa Peláez y el cartel del Sur para destruir a la organización.
Afirmó que José Deivid Barrientos, conocido como El Carioca, separado de las filas del FUSDEG con el comisario Audifred Benítez Visoso y el comisario de Petaquillas Mario Flores Castrejón, eran financiados por el diputado para poner a las comunidades del valle y del corredor de Acapulco a Tierra Colorada en su contra.
Para el 7 de noviembre policías de la UPOEG ocuparon la comandancia del FUSDEG en El Ocotito, aún con la vigilancia de patrullas de la Policía Estatal, mientras los integrantes de la organización se replegaron a Tierra Colorada. No hubo inventario de lo hallado en la comandancia porque no hubo autoridades municipales para dar constancia.
El alcalde de Chilpancingo reconoció que intervino porque juntas, las organizaciones suman más de 600 hombres armados y el Ayuntamiento sólo tiene 119 policías. Versiones de los vecinos señalaron que había un calabozo, droga y personas detenidas en el inmueble.
Los principales líderes del FUSDEG de El Ocotito huyeron con sus familias, otros pidieron refugio en Juan R. Escudero, el municipio donde mantiene presencia. Aunque algunos grupos se han manifestado en apoyo a la organización, otro sector se pronunció por el retiro de las dos organizaciones armadas.

Planta el Cabildo de Tlapa a vecinos de Tototepec; abrirían la comisaria cerrada tras un conflicto

 

El comisario de Tototepec, municipio de Tlapa, Abundio Campos Hernández informó que el Cabildo no acudió a abrir la comisaria como acordaron con el secretario general del Ayuntamiento, Sergio Parra Villavicencio, “y ya no puede esperar porque hay muchas actividades que atender”, dijo.
El comisario fue abordado cerca de la iglesia del poblado, cuando se retiraba a su casa para buscar documentos para hacer trámites relacionados con la secundaria técnica y la clínica, luego de estar esperando a los integrantes del Cabildo que se comprometieron a acudir a la apertura del inmueble que va a cumplir un año cerrado, y que no llegaron.
Campos Hernández recordó que el lunes acudieron al Ayuntamiento para que les dijeran cuándo abrirían la comisaría, como se habían comprometido, porque la población necesitaba ser atendida, y es un lugar para organizar las actividades del pueblo, sobre todo las religiosas, explicó.
Mencionó que Parra Villavicencio les dijo que sería ayer, 20 de enero, a las 12 del día, y que desde la mañana enviaría una patrulla para resguardar el orden, pero “no llegó nada ni nadie”, se quejó.
Comentó que el secretario general le dijo que hablaría con el presidente municipal, Jesús Noé Abundiz García, sobre el compromiso de ir a la comunidad a reabrir la comisaria, a donde no llegó, pero que sí estuvo en otras actividades en la ciudad, según información publicada en su cuenta de Facebook.
“Esperamos que el Cabildo asuma su responsabilidad porque ahí se tomó la decisión de cerrar (la comisaría de Tototepec) para que no siguieran los problemas, y ahora que ya se eligió a una sola autoridad, tienen que abrirla”, comentó el comisario, y agregó que, “nosotros, la gente puede hacerlo y lo quiere hacer, pero las cosas se deben hacer bien”.
Aunque adelantó, “si el Ayuntamiento no lo quiere hacer, como estamos viendo porque los otros (que no fueron electos) son de su línea política, la gente y los principales tomaran la decisión”.
Llamó al Cabildo de Tlapa a asumir su responsabilidad y que abra la comisaría, cuyas puertas y ventanas fueron soldadas para evitar que los grupos en conflicto hicieran uso de ella hasta que se eligiera a un solo comisario, lo cual ocurrió el 10 de enero, cuando fue electo por mayoría de votos en asamblea Campos Hernández.
A los vecinos ya se les había avisado que se abriría el inmueble, pero no llegaron las autoridades del Ayuntamiento, por lo que los asistentes se retiraron del lugar y otros esperaban el aviso de la apertura para desplazarse al centro del poblado.

Gana el perredista Julio Ortiz Ochoa la comisaría del ejido de Tres Palos

 

 Elecciones sin violencia y sin incidentes

El perredista Julio Ortiz Ochoa fue elegido con 311 votos como el nuevo comisario ejidal de Tres Palos. En una contienda de 3 a 1 venció a su contrincante, el priísta Joaquín Olea Perulero, quien alcanzó 106 votos y 14 fueron anulados.

Las elecciones ejidales iniciaron desde las 9 de la mañana  y terminaron a las 5 de la tarde con la toma de protesta del candidato de la planilla Roja, Julio Ortiz Ochoa como comisario ejidal de ese poblado. El padrón oficial tiene registrado 702 ejidatarios de los cuales nada más acudieron a votar 431.

En la contienda se dio el clásico acarreo de votantes de ambas planillas y al emitir el voto eran invitados a la comida en la casa de alguno de los candidatos.

Los ejidatarios para emitir su voto tuvieron que hacer largas filas y esperaron a que se les llamara por medio de un micrófono a la mesa de registro, donde se encontraba la enviada de la Secretaría de la Reforma Agraria, Ofelia Palacios Raya, quien no tuvo ningún problema en las elecciones, ya que fueron realizadas sin ningún incidente .

Mientras pasaba la larga jornada electoral, afuera de la comisaría, cientos de personas de ambas planillas se enfrentaron en una guerra de porras; mientras las bandas de música de viento lucharon por hacerse escuchar.

En un momento de la jornada electoral, el comisario ejidal saliente, Manuel Baltasar Ávila Sierra, comentó que el nuevo comisario tendrá que enfrentarse a muchos problemas, ya que es un ejido que está localizado cerca de la zona Diamante, por lo que lo hace codiciado para muchos.

Señaló que en su administración de tres años quedaron pendientes varios casos como la indemnización del Viaducto Diamante, ya que no se logró la indemnización, sino nada más el compromiso de obras a cambio de la prórroga en la concesión a Grupo Mexicano de Desarrollo (GMD).

Otro trámite que quedó pendiente fue ante la Comisión Regularizadora de la Tenencia de la Tierra (Corett) para que les regresaran predios que fueron expropiados. Sobre sus logros dijo que fueron la realización de varias obras con recursos propios de la comisaría ejidal y la certeza jurídica de los ejidatarios sobre sus parcelas.

A las 5 de la tarde se hizo oficial el resultado y se declaró ganador a Julio Ortiz Ochoa; secretario, Abundio García Salas y tesorero, Santiago Valerio García.

El Concejo de Vigilancia quedó conformado por Erasmo Vélez Castro; primer secretario Carlos Vázquez Palma y como segundo secretario Candelario García Arcos.