El Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) que opera en el municipio de Juan R. Escudero (Tierra Colorada) informó que su Policía Comunitaria, se sumó a la búsqueda de la defensora de derechos humanos, Obtilia Eugenio Manuel, desaparecida con su compañero Hilario Cornelio Castro la mañana del martes.
En un boletín de prensa el órgano de seguridad comunitaria indicó que la desaparición de los activistas de la Organización del Pueblo Indígenas Me’ phaa (OPIM) fueron “en circunstancias aún no aclaradas”, se deslindó de los hechos ocurridos cerca de su territorio de influencia y externó una “enérgica” protesta.
En el escrito breve emitido anoche la dirigencia del Frente condenó la desaparición de la activista, quien además es una autoridad del Consejo Municipal Comunitario de Ayutla de los Libres que gobierna el primer municipio en Guerrero que formalmente se rige por usos y costumbres.
Se deslinda de la desaparición y anuncia su disposición para colaborar la localización de los dos.
De la búsqueda dijo que los policías comunitarios pondrán todo su empeño para encontrar a Obtilia Eugenio y a Hilario Cornelio, a quienes familiares y el gobierno estatal ubican por última vez en el tramo Tierra Colorada-El Ocotito.
El organismo de seguridad se unió a la búsqueda del gobierno del estado, que de manera oficial estuvo informando el vocero Roberto Álvarez Heredia en redes sociales.
El FUSDEG precisa que a los promotores del desarrollo comunitario les preocupa la desaparición de la defensora y el dirigente de la OPIM, “y merece nuestra más enérgica protesta”. (Lourdes Chávez / Chilpancingo).
Soldados del Ejército en la comunidad La Palma, Juan R. Escudero (Tierra Colorada) detuvieron a dos policías comunitarios del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), uno portaba un arma M1 de uso exclusivo del Ejército.
El vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia informó que dos hombres fueron detenidos por el Ejército en Las Palmas, municipio de Juan R. Escudero (Tierra Colorada).
Indicó que en respuesta los pobladores cerraron la carretera de Tierra Colorada a San Marcos.
A las 2 de la tarde de este sábado la Secretaría de Seguridad Pública estatal, mediante un breve reporte, informó que militares estaban retenidos por los policías comunitarios.
Sin embargo, vía telefónica después de las 4 de la tarde Álvarez Heredia dijo que a los dos hombres los apresaron cuando caminaban por un filtro instalado por soldados portando armas de las que no tenían permiso, y que se dirigían a la base comunitaria.
El diputado electo postulado por Morena, Rubén Cayetano informó mediante sus redes sociales que llevaba 3 horas en un bloqueo antes de llegar a la comunidad Las Palmas, en donde no había paso porque el Ejército había desarmado a un policía comunitario y en el lugar no había ningún funcionario del gobierno del estado para resolver el conflicto.
El vocero compartió un reporte en el que se detalla que la Secretaría de Seguridad Pública se dirigió esa comunidad en donde se entrevistó con el comandante de la Policía Comunitaria de nombre Maximino Alejo, quien informó que militares del 68 Batallón de Infantería desarmaron a uno de sus policías.
También dijo que los comunitarios portaban un arma de uso exclusivo del Ejército tipo M1, pero al intentar despojarlo de ella aproximadamente 60 habitantes de la comunidad cerraron el paso para evitar que lo detuvieran.
Álvarez Heredia señaló que después de las dos inició un bloqueo intermitente en la carretera federal Tierra Colorada-Ayutla, permitiendo el paso cada 15 minutos a los vehículos.
De manera insistente se informó que no se estaba desarmando a la policía comunitaria, ni que se tuvieran retenidos a los soldados del Ejército.
El comandante del 68 Batallón de Infantería, Alfredo González Cuevas expuso que efectivamente desarmaron a un hombre que portaba un arma de fuego de uso exclusivo del Ejército. (Redacción / Chilpancingo).
La generación 2013-2017 de la Facultad de Ciencias de la Comunicación y Mercadotecnia (Facom) de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) lleva el nombre de Cristian Jesús Santiago Navarrete, estudiante que murió el 13 de mayo en una balacera entre el Frente Unido para la Seguridad y Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) y la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) en El Ocotito, municipio de Chilpancingo.
Este sábado se celebró la clausura en el auditorio José Joaquín Herrera en el Palacio de Gobierno, a donde asistieron los 218 estudiantes de la generación, excepto Santiago Navarrete, quien a los 22 años fue víctima de la disputa entre los grupos de autodefensa por el control del corredor del Valle de El Ocotito, de Mazatlán a Tierra Colorada, municipio de Juan R. Escudero.
La directora de la Facultad, Norma Angélica Sevilla Muñoz lamentó la situación difícil de Guerrero en materia de seguridad y que el joven universitario falleciera.
Por su parte, los compañeros de Santiago Navarrete lo recordaron con cariño como un buen estudiante, y exigieron justicia para todos los universitarios que han sido asesinados.
De acuerdo con cifras que ha dado a conocer el rector, Javier Saldaña Almazán, quien fue padrino de la generación pero no asistió a la ceremonia, en los últimos cinco años 27 universitarios, académicos, trabajadores administrativos y estudiantes han sido asesinados ante la inseguridad en el estado.
Un policía comunitario fue asesinado y otros dos integrantes del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) resultaron heridos en un ataque con armas largas y granadas a la base comunitaria de Tierra Colorada, además dispararon contra la fachada de tres casas de líderes de esa organización la madrugada de ayer, informó el comandante Maximino Alejo Prudencio.
Consultado en la base del FUSDEG, Alejo Prudencio afirmó que el ataque fue perpetrado por policías ciudadanos de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), junto a delincuentes del grupo delincuencial Los Ardillos, que buscan sacar a esa organización de la zona.
El comandante de Tierra Colorada precisó que los heridos en la base son una mujer de la guardia civil y otro policía comunitario, quien recibió un balazo en la pierna y su estado de salud es estable. El ataque duró más de una hora.
Por otra parte, el vocero del Grupo de Coordinación Guerrero (GCG) Roberto Álvarez Heredia señaló que desde las 4:40 de la madrugada 18 grupos de la Policía Estatal y soldados del Ejército resguardan esa cabecera municipal luego de los ataques de “civiles armados”.
En declaraciones en Chilpancingo el fiscal general del estado, Javier Olea Peláez confirmó a las 9 de la mañana la muerte de una persona en Tierra Colorada, “heridos” sin precisar el número, y dijo que inició la carpeta de investigación al respecto.
Además la UPOEG se deslindó de los señalamientos del FUSDEG en un boletín de prensa, negó que sus policías participaran en el ataque armado de la madrugada de ayer en Tierra Colorada.
El ataque a la base comunitaria
A las 3:30 de la madrugada más de 60 hombres armados a bordo de ocho camionetas, algunas blindadas, irrumpieron en la cabecera municipal de Juan R. Escudero y en hechos simultáneos atacaron con armas de alto poder y granadas la base comunitaria del FUSDEG frente a la carretera federal Acapulco-Tierra Colorada, en la colonia San José, además dos casas de dos consejeros de la organización y otra vivienda de un policía comunitario.
Según testigos, tres comunitarios y una mujer de la guardia civil estaban adentro de la comandancia, los civiles armados a bordo de cuatro camionetas bloquearon la carretera frente a la base, los agresores descendieron de los vehículos, atacaron con armas de alto poder el edificio y aventaron una granada de fragmentación que estalló.
Los tres policías comunitarios repelieron la agresión pero en el estallido de la granada murió el comandante de guardia Juan Ponce Nava, su cuerpo quedó boca arriba adentro de la base, mientras que un policía comunitario y la mujer de la guardia civil resultaron heridos de bala.
Cuando ocurría el ataque armado en las instalaciones del FUSDEG, un ciudadano subió a la torre de la iglesia de San José y tocó las campanas para alertar al pueblo de lo que estaba sucediendo, y los sicarios lo atacaron a balazos. En la torre del templo se observaron más de 10 impactos de bala en la fachada.
En la comandancia del FUSDEG se vieron en la fachada y los barrotes de fierro más de 250 impactos de bala de diferentes calibres, adentro había un charco de sangre donde cayó el comandante de guardia.
La farmacia Plata ubicada a un lado de la base comunitaria resultó con daños en la fachada, y un refrigerador tenía más de 15 impactos de bala. Un trabajador relató que cuando ocurrió el ataque armado nadie estaba en el negocio.
En el suelo frente a la comandancia de la organización se vieron cientos de casquillos percutidos para AR-15, Cuerno de Chivo, escopetas, de rifles Barret calibre 50, y restos de la granada de fragmentación.
Disparan y lanzan granadas contra la casa de los consejeros Romualdo Santiago y Pedro Vázquez y de un policía comunitario
En hechos simultáneos otro grupo de civiles armados a bordo dos camionetas llegaron a la casa del consejero del FUSDEG, Romualdo Santiago Díaz, con armas de alto poder y con lanza granadas atacaron la vivienda, según versiones en este ataque dos o tres agresores resultaron heridos o muertos y sus compañeros recogieron los cuerpos.
Testigos informaron que llegó a la vivienda una camioneta doble cabina blanca y otra camioneta blanca y cerraron la calle, con un vehículo trataron de abrir el portón de la casa para entrar, pero sólo ingresaron dos agresores y rafaguearon la fachada.
En el ataque los sicarios aventaron dos granadas de fragmentación a la casa, adentro estaba un hombre que repelió la agresión y según algunos vecinos hirió a dos o tres civiles armados.
En un recorrido en la vivienda de dos pisos y de construcción de concreto ubicada en la colonia San José, se constató que la fachada, las ventanas, el comedor, cocina, sala y una camioneta gris estacionada tenían impactos de bala, había restos de las dos granadas de fragmentación y en el piso había sangre.
Un vecina de la colonia San José quien se reservó su nombre relató que cuando escucharon los balazos lo que hicieron fue tirarse al piso para protegerse, “estuvo muy fea la balacera, lo que hicimos es tirarnos al suelo para protegernos, estamos temerosos de lo que pueda ocurrir más adelante”.
En la colonia San Antonio fue atacada a balazos la casa del consejero de esa organización, Pedro Vázquez. La casa de concreto de dos pisos tenía en el portón, dos ventanas y un vehículo Chrysler Voyager que se encontraba en la cochera impactos de bala, había un cargador para fusil AK-47.
En la colonia Lázaro Cárdenas fue atacada otra vivienda de un policía comunitario.
El comandante municipal de Tierra Colorada del FUSDEG, Maximino Alejo Prudencio dijo que fue un ataque cobarde, que los agresores utilizaron armas de alto poder y granadas que asesinaron a un comandante de guardia e hirieron a un policía y una mujer de la guardia civil.
“Fueron ocho camionetas de los mentados Ardillos en conjunto con la UPOEG que utilizaron, además de granadas cuernos de chivo, Barret calibre .50 para atacarnos, pero no nos dejamos, parece que se llevaron sus muertitos pero no sabemos por qué se los llevaron”, declaró.
Alejo Prudencio informó que el convoy de los agresores ingresó a Tierra Caliente por la Autopista del Sol, y que al terminar la agresión se fueron con dirección a la comunidad de El Ocotito.
Dijo que se reforzó la seguridad con policías comunitarios en la cabecera municipal para evitar otro ataque.
Busca que prevalezca la calma en el municipio, dice el vocero
El vocero del Grupo de Coordinación Guerrero (GCG), Roberto Álvarez Heredia difundió un comunicado al mediodía de ayer en el que dice que desde las 4:40 de la madrugada, 18 grupos de la Policía Estatal y soldados resguardan la cabecera municipal luego de los ataques de “civiles armados”, para salvaguardar a los habitantes y que “prevalezca la calma en el municipio”.
El documento dice que la Fiscalía General del Estado (FGE) integró la carpeta de investigación por homicidio y lesiones, luego de peritajes y recabar pruebas y testimonios de los hechos.
“Los miembros del FUSDEG señalan que el ataque fue perpetrado por integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG)”, indica.
Por otra parte la Secretaría de Seguridad Pública (SPP) estatal informó en un boletín que a las 3:50 de la madrugada que recibieron un reporte de una fuerte balacera en Tierra Colorada, “como resultado de una presunta agresión de miembros de la UPOEG a la base del FUSDEG”.
Agrega que al lugar se trasladaron 18 grupos operativos de la corporación procedentes de Chilpancingo y Acapulco, que la base del FUSDEG atacada a balazos en las paredes había impactos de bala y cartuchos percutidos de fusil AR-15, y adentro de la casa estaba el cuerpo de Juan Ponce Nava, quien se encontraba de guardia.
“Asimismo agredieron la casa del consejero Pedro, el cual también presenta múltiples impactos de arma de fuego y un vehículo marca Chrysler tipo Voyager que se encontraba en la cochera y otra vivienda del consejero Romualdo quien manifestó que 10 individuos armados ingresaron a su vivienda y dispararon contra ella, por lo que al repeler la agresión logró lesionar a uno de los atacantes, en el lugar se encontró un chaleco negro con placas balísticas, rastros de sangre, así como casquillos percutidos AR-15 y cuerno de chivo”.
En el boletín precisa que los heridos de bala son el policía comunitario Demetrio de 63 años, quien tiene una herida en la pierna derecha, y la señora Martha quien tiene una lesión en el antebrazo derecho.
Lamenta la UPOEG los ataques y pide que las autoridades los esclarezcan
La UPOEG difundió un boletín de prensa la tarde de ayer en el que lamentó y reprobó el ataque armado que sufrió el FUSDEG, y se deslindan de los señalamientos de esta organización, que los responsabiliza de este hecho.
Pide a las autoridades correspondientes realizar las investigaciones y el esclarecimiento del ataque, “la UPOEG ha sido y será un proyecto comunitario en beneficio a los pobladores, los policías de nuestra organización estuvieron y se encuentran en sus poblaciones realizando labores de seguridad, y se mantienen a la expectativa con el propósito de salvaguardar la integridad física de los ciudadanos”.
El 4 de junio hubo un enfrentamiento entre las dos organizaciones que duró 3 horas, el 15 de mayo policías de la UPOEG trataron de entrar a Tierra Colorada y mataron a un taxista que no se detuvo al marcarle el alto, y el 13 de mayo en tres enfrentamientos murieron un policía ministerial, un estudiante de la UAG y un policía de la UPOEG y dos del FUSDEG resultaron heridos.
Matan a un comunitario del FUSDEG y hieren a dos en ataque con granadas en Tierra Colorada
Irrumpen sicarios en ocho camionetas, disparan a la comandancia, a las viviendas de dos consejeros y a la de un policía del Frente.
Acusa la organización a Los Ardillos y a la UPOEG, y ésta se deslinda.
Una mujer y un adulto mayor son los heridos, a quienes reportan estables.
Más de una hora después llegaron a la cabecera municipal 18 grupos de la Policía Estatal y soldados del Ejército, informa el vocero Roberto Álvarez.
Se utilizaron AR-15, cuerno de chivo, escopetas, rifles Barret y lanza granadas, dice el comandante de la Comunitaria Maximino Alejo
Un policía comunitario fue asesinado y otros dos integrantes del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) resultaron heridos en un ataque con armas largas y granadas a la base comunitaria de Tierra Colorada, además dispararon contra la fachada de tres casas de líderes de esa organización la madrugada de ayer, informó el comandante Maximino Alejo Prudencio.
Consultado en la base del FUSDEG, Alejo Prudencio afirmó que el ataque fue perpetrado por policías ciudadanos de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), junto a delincuentes del grupo delincuencial Los Ardillos, que buscan sacar a esa organización de la zona.
El comandante de Tierra Colorada precisó que los heridos en la base son una mujer de la guardia civil y otro policía comunitario, quien recibió un balazo en la pierna y su estado de salud es estable. El ataque duró más de una hora.
Por otra parte, el vocero del Grupo de Coordinación Guerrero (GCG) Roberto Álvarez Heredia señaló que desde las 4:40 de la madrugada 18 grupos de la Policía Estatal y soldados del Ejército resguardan esa cabecera municipal luego de los ataques de “civiles armados”.
En declaraciones en Chilpancingo el fiscal general del estado, Javier Olea Peláez confirmó a las 9 de la mañana la muerte de una persona en Tierra Colorada, “heridos” sin precisar el número, y dijo que inició la carpeta de investigación al respecto.
Además la UPOEG se deslindó de los señalamientos del FUSDEG en un boletín de prensa, negó que sus policías participaran en el ataque armado de la madrugada de ayer en Tierra Colorada.
El ataque a la base comunitaria
A las 3:30 de la madrugada más de 60 hombres armados a bordo de ocho camionetas, algunas blindadas, irrumpieron en la cabecera municipal de Juan R. Escudero y en hechos simultáneos atacaron con armas de alto poder y granadas la base comunitaria del FUSDEG frente a la carretera federal Acapulco-Tierra Colorada, en la colonia San José, además dos casas de dos consejeros de la organización y otra vivienda de un policía comunitario.
Según testigos, tres comunitarios y una mujer de la guardia civil estaban adentro de la comandancia, los civiles armados a bordo de cuatro camionetas bloquearon la carretera frente a la base, los agresores descendieron de los vehículos, atacaron con armas de alto poder el edificio y aventaron una granada de fragmentación que estalló.
Los tres policías comunitarios repelieron la agresión pero en el estallido de la granada murió el comandante de guardia Juan Ponce Nava, su cuerpo quedó boca arriba adentro de la base, mientras que un policía comunitario y la mujer de la guardia civil resultaron heridos de bala.
Cuando ocurría el ataque armado en las instalaciones del FUSDEG, un ciudadano subió a la torre de la iglesia de San José y tocó las campanas para alertar al pueblo de lo que estaba sucediendo, y los sicarios lo atacaron a balazos. En la torre del templo se observaron más de 10 impactos de bala en la fachada.
En la comandancia del FUSDEG se vieron en la fachada y los barrotes de fierro más de 250 impactos de bala de diferentes calibres, adentro había un charco de sangre donde cayó el comandante de guardia.
La farmacia Plata ubicada a un lado de la base comunitaria resultó con daños en la fachada, y un refrigerador tenía más de 15 impactos de bala. Un trabajador relató que cuando ocurrió el ataque armado nadie estaba en el negocio.
En el suelo frente a la comandancia de la organización se vieron cientos de casquillos percutidos para AR-15, Cuerno de Chivo, escopetas, de rifles Barret calibre 50, y restos de la granada de fragmentación.
Disparan y lanzan granadas contra la casa de los consejeros Romualdo Santiago y Pedro Vázquez y de un policía comunitario
En hechos simultáneos otro grupo de civiles armados a bordo dos camionetas llegaron a la casa del consejero del FUSDEG, Romualdo Santiago Díaz, con armas de alto poder y con lanza granadas atacaron la vivienda, según versiones en este ataque dos o tres agresores resultaron heridos o muertos y sus compañeros recogieron los cuerpos.
Testigos informaron que llegó a la vivienda una camioneta doble cabina blanca y otra camioneta blanca y cerraron la calle, con un vehículo trataron de abrir el portón de la casa para entrar, pero sólo ingresaron dos agresores y rafaguearon la fachada.
En el ataque los sicarios aventaron dos granadas de fragmentación a la casa, adentro estaba un hombre que repelió la agresión y según algunos vecinos hirió a dos o tres civiles armados.
En un recorrido en la vivienda de dos pisos y de construcción de concreto ubicada en la colonia San José, se constató que la fachada, las ventanas, el comedor, cocina, sala y una camioneta gris estacionada tenían impactos de bala, había restos de las dos granadas de fragmentación y en el piso había sangre.
Un vecina de la colonia San José quien se reservó su nombre relató que cuando escucharon los balazos lo que hicieron fue tirarse al piso para protegerse, “estuvo muy fea la balacera, lo que hicimos es tirarnos al suelo para protegernos, estamos temerosos de lo que pueda ocurrir más adelante”.
En la colonia San Antonio fue atacada a balazos la casa del consejero de esa organización, Pedro Vázquez. La casa de concreto de dos pisos tenía en el portón, dos ventanas y un vehículo Chrysler Voyager que se encontraba en la cochera impactos de bala, había un cargador para fusil AK-47.
En la colonia Lázaro Cárdenas fue atacada otra vivienda de un policía comunitario.
El comandante municipal de Tierra Colorada del FUSDEG, Maximino Alejo Prudencio dijo que fue un ataque cobarde, que los agresores utilizaron armas de alto poder y granadas que asesinaron a un comandante de guardia e hirieron a un policía y una mujer de la guardia civil.
“Fueron ocho camionetas de los mentados Ardillos en conjunto con la UPOEG que utilizaron, además de granadas cuernos de chivo, Barret calibre .50 para atacarnos, pero no nos dejamos, parece que se llevaron sus muertitos pero no sabemos por qué se los llevaron”, declaró.
Alejo Prudencio informó que el convoy de los agresores ingresó a Tierra Caliente por la Autopista del Sol, y que al terminar la agresión se fueron con dirección a la comunidad de El Ocotito.
Dijo que se reforzó la seguridad con policías comunitarios en la cabecera municipal para evitar otro ataque.
Busca que prevalezca la calma en el municipio, dice el vocero
El vocero del Grupo de Coordinación Guerrero (GCG), Roberto Álvarez Heredia difundió un comunicado al mediodía de ayer en el que dice que desde las 4:40 de la madrugada, 18 grupos de la Policía Estatal y soldados resguardan la cabecera municipal luego de los ataques de “civiles armados”, para salvaguardar a los habitantes y que “prevalezca la calma en el municipio”.
El documento dice que la Fiscalía General del Estado (FGE) integró la carpeta de investigación por homicidio y lesiones, luego de peritajes y recabar pruebas y testimonios de los hechos.
“Los miembros del FUSDEG señalan que el ataque fue perpetrado por integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG)”, indica.
Por otra parte la Secretaría de Seguridad Pública (SPP) estatal informó en un boletín que a las 3:50 de la madrugada que recibieron un reporte de una fuerte balacera en Tierra Colorada, “como resultado de una presunta agresión de miembros de la UPOEG a la base del FUSDEG”.
Agrega que al lugar se trasladaron 18 grupos operativos de la corporación procedentes de Chilpancingo y Acapulco, que la base del FUSDEG atacada a balazos en las paredes había impactos de bala y cartuchos percutidos de fusil AR-15, y adentro de la casa estaba el cuerpo de Juan Ponce Nava, quien se encontraba de guardia.
“Asimismo agredieron la casa del consejero Pedro, el cual también presenta múltiples impactos de arma de fuego y un vehículo marca Chrysler tipo Voyager que se encontraba en la cochera y otra vivienda del consejero Romualdo quien manifestó que 10 individuos armados ingresaron a su vivienda y dispararon contra ella, por lo que al repeler la agresión logró lesionar a uno de los atacantes, en el lugar se encontró un chaleco negro con placas balísticas, rastros de sangre, así como casquillos percutidos AR-15 y cuerno de chivo”.
En el boletín precisa que los heridos de bala son el policía comunitario Demetrio de 63 años, quien tiene una herida en la pierna derecha, y la señora Martha quien tiene una lesión en el antebrazo derecho.
Lamenta la UPOEG los ataques y pide que las autoridades los esclarezcan
La UPOEG difundió un boletín de prensa la tarde de ayer en el que lamentó y reprobó el ataque armado que sufrió el FUSDEG, y se deslindan de los señalamientos de esta organización, que los responsabiliza de este hecho.
Pide a las autoridades correspondientes realizar las investigaciones y el esclarecimiento del ataque, “la UPOEG ha sido y será un proyecto comunitario en beneficio a los pobladores, los policías de nuestra organización estuvieron y se encuentran en sus poblaciones realizando labores de seguridad, y se mantienen a la expectativa con el propósito de salvaguardar la integridad física de los ciudadanos”.
El 4 de junio hubo un enfrentamiento entre las dos organizaciones que duró 3 horas, el 15 de mayo policías de la UPOEG trataron de entrar a Tierra Colorada y mataron a un taxista que no se detuvo al marcarle el alto, y el 13 de mayo en tres enfrentamientos murieron un policía ministerial, un estudiante de la UAG y un policía de la UPOEG y dos del FUSDEG resultaron heridos.
El gobernador Héctor Astudillo Flores calificó este fin de semana como complejo, no sólo por la violencia que dejó más de 15 muertos, varios de ellos desmembrados, sino también por la “acción de grupos” que generan conflicto.
La mañana de este lunes al concluir el homenaje a la Bandera en Palacio de Gobierno, el gobernador puntualizó que el estado no sólo se vio afectado por la violencia provocada por grupos del crimen organizado, sino también por ciudadanos afines al Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), quienes el domingo bloquearon la Autopista del Sol en Tierra Colorada para exigir la salida de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).
“Muy duro, muy grave y muy fuerte en muchos aspectos, no solamente en la violencia, sino también en la acción de grupos que se han dedicado a generar conflictos más que soluciones para la sociedad, como es el grupo de los que actuaron en Tierra Colorada”, señaló.
Dijo que a pesar de estos hechos el gobierno actuó como se debe, y que seguirá actuando cada vez para responder a estos hechos.
“Hay que valorar que nadie en su sano juicio anda asesinando a las personas y después haciéndolas pedazos, es un tema grave que habla de una gran descomposición emocional”, agregó.
Ofrece investigar el asesinato del abogado en Tixtla
En una segunda actividad en Casa Guerrero donde se celebró la sesión ordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil, y donde personal de la Secretaría de Seguridad Pública que vigila la entrada revisó el equipo y las bolsas de los reporteros para evitar otra protesta, el gobernador fue consultado sobre el asesinato del abogado Eduardo Catarino Dircio, a quien le sembraron un rifle de asalto AK-47.
“Se investigará lo que se tenga que investigar, por supuesto, y no habrá ningún problema, el gobernador es el más interesado en saber qué es lo que está sucediendo y por qué sucedió, pero no tengo los elementos para hacer un señalamiento de quién fue y qué fue lo que pasó”, agregó.
Dijo que lo que le corresponde es que el gobierno “encuentre una ruta de investigación muy precisa de qué es lo que pasó y por qué sucedió, por supuesto que eso es lamentable”.
A pregunta expresa del señalamiento de que los policías mataron al abogado y le sembraron una arma para hacerlo pasar como integrante del crimen organizado, respondió que se investigará a quien deba para dar con un resultado justo.
A pesar de la insistencia el gobernador se excus-o de seguir hablando del tema, y dijo que tendría una reunión del Grupo de Coordinación Guerrero donde se abordaría para fijar una postura sobre los hechos.
El coordinador del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), Salvador Alanís Trujillo respondió al gobernador Héctor Astudillo Flores que debe de asumir su responsabilidad, que como mandatario él no es un espectador que puede sólo sentarse a ver cómo se pierden vidas.
Consultado por teléfono, Alanís Trujillo quien tuvo que salir de Guerrero tras ser amenazado por el fiscal general del Estado Javier Olea Peláez de que sería detenido, expuso, “yo creo que más que quedar en medio de pleitos, el gobernador debe asumir su responsabilidad, como gobernador principalmente, él es responsable de mantener a un estado en orden, como él lo dice”.
Este viernes El Sur publicó que el corredor de Xaltianguis, municipio de Acapulco a Petaquillas, municipio de Chilpancingo, se utiliza para el trasiego de droga de la sierra por los grupos criminales Los Ardillos y Cártel del Sur, de los que el dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio forma parte, y tienen acuerdos con el gobernador, según la denuncia del coordinador del FUSDEG.
“El gobernador lo que tiene que tener es mucho cuidado de no quedar en medio de estos pleitos que se dan entre grupos que están armados y que están fuera de la ley. El gobernador siempre lo que le corresponda para hacer que la mayoría pueda estar en condiciones de estar libre y evitar los menos conflictos posibles, el gobernador siempre lo que ha hecho es tratar de evitar conflictos y por supuesto cuidar no quedar en medio de estos pleitos que se han convertido casi en personales entre grupos armados que están fuera de la ley”, dijo el viernes Astudillo en respuesta.
Ayer, Salvador Alanís advirtió, “la delincuencia sigue avanzando y sigue sometiendo a pueblos, yo creo que debe de fajarse los pantalones y cumplir los acuerdos” que hizo con el FUSDEG, de desarmar a la UPOEG.
Reprochó que lo haya engañado, que si no quería intervenir en el conflicto debió evitar meterse desde el principio, “y ya veíamos nosotros como arreglar el conflicto, es cierto que la UPOEG desde San Juan del Reparo abrió la puerta a una situación de violencia”.
“Este no es un conflicto personal como él lo suaviza, más bien un conflicto entre la delincuencia y un grupo de la policía comunitaria que nació del pueblo”, precisó.
“Hay muchas familias que viven exiliadas, que están fuera de sus pueblos, y ahora sí, él no quiere quedar en medio, esto demuestra sólo la falta de ética del gobernador”, señaló.
Le ofrecieron 5 millones de pesos a cambio de irrumpir en Corral de Piedra, asegura
El coordinador del FUSDEG informó que el interés de los narcotraficantes era tan alto que el líder del grupo criminal Los Rojos, Ángel Villalobos Arellano, El señor de la A, le ofreció 5 millones de pesos a cambio de que la Policía Comunitaria del FUSDEG entrara a la comunidad Corral de Piedra.
“El FUSDEG no se creó para eso, y ese fue un problema que a la larga nos afectó por que quedamos como un movimiento pobre, porque no teníamos el recurso económico para poder comprar armamento más pesado como el que trae la UPOEG sierra”, expuso.
Mencionó que esta organización encabezada por Bruno Plácido llegó a El Ocotito con 400 hombres armados con cuernos de chivo y granadas.
“Entonces el interés económico es muy grande y no solo le interesa al estado, sino a la federación y por eso le echa la bolita al estado y la cosa es que no va a terminar esto, porque el interés económico es más grande que la verdadera responsabilidad de los gobernantes de querer solucionar esto”, consideró.
Agregó que los grupos delictivos apadrinan campañas políticas, y a cambio a los grupos del crimen organizado los dejan mover sus mercancías en el territorio.
La fragmentación de los movimientos magisterial y social, la impunidad y complicidad del gobierno con criminales ante la violencia generalizada y la posibilidad de que el ejecutivo federal declare un estado de excepción como parte de la militarización de la seguridad interior, agudizan la crisis humanitaria en Guerrero, denunciaron e Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (Ccti) y el Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos).
En un comunicado señalan que “la agresión gubernamental” fragmentó y dejó en un alto grado de vulnerabilidad a la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero (CETEG), dividió y provocó el reflujo de las bases sociales de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) en una embestida que comenzó en 2013, e hizo lo mismo con el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota (Cecop).
Advirtieron el riesgo de organizaciones como la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), el Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) y otras policías o guardias comunitarias que no se rigen necesariamente en el ámbito de la Ley 701 ni responden a los usos y costumbre de los pueblos originarios, “de que el fenómeno se desarrolle hacia narco-paramilitares que le hagan las tareas sucias al gobierno agrediendo a activistas, militantes y defensores de derechos humanos”.
En un balance de los acontecimientos de 2016 señalan que el año que terminó fue el más violento desde 2006, con más de 2 mil 200 asesinados, al grado de alcanzar los niveles de 2011.
“Tanto si se trata de violencia del crimen organizado, delincuencia común o de ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, el dato nos señala una ineludible responsabilidad del Estado mexicano, al no proteger ni castigar estos homicidios, en la que hay que resaltar los feminicidios a los que el gobierno del estado de Guerrero ha invisibilizado negándose a aplicar una alerta de género”, opinaron sobre la solicitud de feministas que demandaron una política pública federal para evitar los asesinatos de mujeres en la entidad, por la que el gobernador ofreció implementar acciones para evitar la intervención de la federación.
Mencionan la muerte de tres líderes históricos de Guerrero: uno de los fundadores de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Benigno Guzmán Martínez, el abogado de las viudas de la masacre de Aguas Blancas, José Sánchez Sánchez y el doctor Bertoldo Martínez Cruz, “los tres se enfrentaron al gobierno de Rubén Figueroa Alcocer y fueron perseguidos y encarcelados”.
Destacan que en 2016 se registraron muertos de todas las edades, género y diferentes preferencias sexuales, y el mayor número fueron hombres jóvenes en edad productiva, de baja escolaridad, y de los estratos socioeconómicos más desprotegidos. Entre las ejecuciones mencionaron los casos de los normalistas de Ayotzinapa, Jonathan Morales Hernández y Filimón Tacuba Castro, además de miembros de los grupos de policías comunitarias de Tixtla.
Asimismo indicaron que hay casi mil casos de desapariciones forzadas en registros de las asociaciones de familiares de desaparecidos Iguala, Chilpancingo, Chilapa, Zitlala y Acapulco, donde se sospecha la participación de agentes del Estado, como las cometidas por los grupos del crimen organizado y poderes fácticos, y no existe ningún cálculo de este problema en las instituciones de gobierno.
De los casos de desaparición que terminaron con hallazgos de cadáveres recordaron el del maestro y miembro de la CRAC-PC Irineo Salmerón Dircio y del líder de la Coordinadora Estatal de Transportistas Independientes de Guerrero (CETIG), Juan Mendoza Tapia y su esposa Carolina Francisca Santos Delgado, así como de estudiantes y trabajadores de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG).
Otro fenómeno que contribuye a la crisis del Estado de derecho y la crisis humanitaria que vivimos en Guerrero, exponen, es el desplazamiento forzoso interno que comenzó en 2007 en la sierra de la Costa Grande y Tierra Caliente, y que en 2016 afectó más a las regiones Centro, Norte y Tierra Caliente.
Aseguraron que las tres regiones se caracterizan por la ausencia del Estado y el control territorial de facciones del crimen organizado, y las víctimas siguen desprotegidas a pesar de que existe una ley estatal sobre desplazamiento forzoso.
Tanto en ejecuciones, desapariciones y desplazamiento forzado prevalece la falta de investigación, la criminalización hacia las víctimas, la impunidad y la falta de respuesta de las autoridades conforme a tratados y convenciones internacionales y al propio derechos interno.
Un eje transversal en todos los conflictos “es la militarización de la seguridad pública”, al grado que los políticos propusieron crear un marco inconstitucional para avalar la actuación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, lo que implica “una garantía de impunidad”, denunciaron.
Como ejemplo mencionan la reciente reglamentación del artículo 29 de la Constitución, que permitiría al presidente de la República declarar estado de excepción o suspensión de garantías, acotando los derechos humanos más básicos como parte de ese proceso de militarización que se complementaría con la Ley de Seguridad Interna.
Sigue sin resolverse la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa
La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa sigue sin resolverse, no obstante que el año pasado el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) encontró evidencias de “muy graves intenciones de desviar líneas de investigación contra presuntos responsables, a quienes ahora hay que considerar como víctimas de tortura y de ser obligados a armar la verdad histórica con confesiones sacadas bajo tortura”.
Debido a lo anterior, el Estado mexicano básicamente expulsó a los integrantes del GIEI y retrasó por meses la conformación del Mecanismo de Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que “demuestran la nula voluntad política de resolver el caso conforme a derecho. Por el contrario, se dilucida la intención de encubrir a los verdaderos autores materiales e intelectuales de la desaparición masiva de los normalistas”.
En el campo del derecho a la salud, aseguraron que “tampoco se ven avances significativos”, más bien la disminución del presupuesto destinado a la salud y el intento de impulsar la universalización de la salud que tarde o temprano va privatizar no solo el acceso, sino el derecho a la salud.
En Guerrero no existen avances en los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales para los pueblos originarios, ya que sigue expulsando migrantes que de otra forma morirían de hambre en sus pueblos, o por falta de oportunidades y servicios.
Para 2017, consideraron que la pobreza se profundiza debido a los incrementos a los precios de la gasolina, al gas y la electricidad, pero millones de mexicanos empobrecidos tienen la oportunidad de “organizarse y defender sus derechos, logrando verdad y justicia para los familiares de los desaparecidos, que los desplazados por fin sean atendidos de acuerdo a la Ley 487 Para la Prevención y Atención al Desplazamiento Interno”.
Proponen personal interdisciplinario en la Fiscalía para atender las desapariciones
Para la atención de los desaparecidos proponen que se dote a la nueva Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas, de personal interdisciplinario y recursos económicos suficientes para su funcionamiento y eficacia en todo el estado, y que el Congreso apruebe la iniciativa de ley presentada por el diputado Ricardo Mejía Berdeja sobre la declaración de ausencia de personas desaparecidas, a fin de que las familias puedan acceder a la protección de los bienes de los desparecidos.
Asimismo demandaron la independencia de la Dirección General de Servicios Periciales que depende de la Fiscalía General de Justicia del estado, y que se establezca una base de datos de ADN en el Estado de Guerrero, para confrontar los resultados de las muestras en el menor tiempo posible, y concluir la identificación de los más de 400 cuerpos desconocidos, que a fin de año se colocaron en un cementerio ministerial.
Solicitaron que la Secretaría de Asuntos Indígenas del estado y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas se comprometan a acompañar y apoyar a las familias de víctimas de desaparición que pertenezcan a población indígena, de acuerdo con sus facultades tal y como lo establece la Ley General de Víctimas.
Además, que la FGE “deje de querer entregar a las familias de desaparecidos cuerpos con sólo el resultado positivo del ADN de uno de sus familiares, lo cual deben de estar más completas las confrontas de ADN y se deben hacer los peritajes de otras especialidades como el de Odontología y Antropología Forense”.
Antes de cumplir dos años de su presentación pública en el valle de El Ocotito, municipio de Chilpancingo, el Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) fue básicamente desarticulado y sus representantes obligados a buscar refugio; ahora Tierra Colorada, la cabecera municipal de Juan R. Escudero es donde mantienen un bloque de resistencia ante el avasalle de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), grupo del que es una escisión.
La salida de la organización civil que brindaba seguridad y justicia en comunidades de Chilpancingo no fue tersa. Hubo confrontaciones verbales, a golpes y a balazos que dejaron nueve muertos relacionados con la confrontación con la UPOEG por el control del territorio, que incluye uno de los corredores de droga más importantes de Guerrero: la carretera federal Acapulco-Tierra Colorada.
Pero los enfrentamientos y asesinatos tienen su antecedente en 2015, después de la separación de varios grupos de la Policía Ciudadana de la UPOEG quienes conformaron el FUSDEG, debido a presuntos malos manejos y la falta de rendición de cuentas de los coordinadores provenientes de Costa Chica, sobre lo incautado a presuntos narcotraficantes a la llegada del grupo del dirigente Bruno Plácido Valerio al valle.
La UPOEG comenzó a operar en el valle de El Ocotito porque fue llamada por los vecinos para contrarrestar los asesinatos, secuestros, extorsiones y el cobro de piso.
Los registros periodísticos dan cuenta de 26 muertos del FUSDEG y dos de la UPOEG en 2015, pero el mayor número de víctimas ocurrió en el enfrentamiento de dos grupos del FUSDEG en Xolapa, municipio de Acapulco, con 16 muertos. Por ese evento, el FUSDEG se retiró del Acapulco rural y la UPOEG se volvió a posicionar en algunas comunidades del municipio porteño.
Ataques y enfrentamientos
En 2016 el FUSDEG perdió espacios en Petaquillas a partir del conflicto político de la elección de comisario que arrastraba de 2015, y en la comunidad El Ocotito, con el surgimiento de un grupo disidente de policías comunitarios en febrero que habrían sido expulsados en asamblea de la organización.
En medio de estos conflictos el 17 de abril fue asesinado Edilberto Santiago, hermano de un fundador del FUSDEG de Tierra Colorada, Romualdo Santiago. Sus familiares denunciaron que fue emboscado por integrantes de la UPOEG en el camino hacia la comunidad de San Juan del Reparo en el municipio Juan R. Escudero, donde era coordinador del grupo de la Policía Comunitaria.
El antecedente de este homicidio es la agresión del 30 de marzo de 2015 en el crucero de San Juan del Reparo, cuando los grupos se enfrentaron con un saldo de 12 muertos: 10 del FUSDEG y dos de la UPOEG.
El 16 de octubre fue asesinado a balazos el comandante del FUSDEG en Petaquillas, José Julio Alarcón Astudillo cuando iba a estacionar una Urvan de la ruta Chilpancingo-Petaquillas, donde trabajaba como chofer, a pleno día y en el centro de Chilpancingo.
El alcalde de la capital, Marco Antonio Leyva Mena atribuyó el homicidio al conflicto interno de Petaquillas por el control de la Comisaría, ya que la autoridad constitucional de la que dependen las policías comunitarias es el comisario, y el respaldo y legitimidad la otorgan las asambleas. Así que quien tiene al comisario tiene el mando de la Policía Comunitaria.
El 24 de octubre en Tlayolapa, municipio de Juan R. Escudero ocurrió otro ataque con un saldo de siete hombres muertos. De los hechos el secretario de Seguridad Pública del estado, Pedro Almazán Cervantes dijo que “ocurrió a las 4:30 de la madrugada a 2 kilómetros del poblado de Tlayolapa, en donde perdieron la vida al menos seis personas de esa organización y uno más del FUSDEG”.
Según Plácido Valerio los muertos de la UPOEG en Tlayolapa eran originarios de Ayutla y Tecoanapa, enviados a apoyar acciones de seguridad en el municipio de Chilpancingo, fueron atacados cuando regresaban a sus comunidades (en el cambio de guardia), iban por un camino distinto a la carretera federal donde generalmente hay un retén militar que impide el paso de grupos de civiles armados.
El comandante del FUSDEG de Tierra Colorada, Maximino Alejo aseguró que esa madrugada la UPOEG se alistaba a tomar por asalto la cabecera municipal de Juan R. Escudero, y el FUSDEG estaba listo para impedir su paso, así que los grupos de Costa Chica regresaron sus pasos y se dirigieron a Tlayolapa, pero la población también había sido alertada.
A partir de este evento y dada la tensión entre los grupos, el gobierno del estado anunció que más de 200 policías estatales distribuidos en 25 patrullas, dos autobuses antimotines y uno de línea, iban a patrullar el territorio entre El Ocotito y Tierra Colorada, para evitar otro enfrentamiento.
Según los reportes oficiales se aglutinaban en defensa y ofensiva 200 integrantes de la UPOEG distribuidos en las comunidades del valle de El Ocotito: Buena Vista de la Salud y San Juan del Reparo, 350 del FUSDEG en Mohoneras, Tierra Colorada y Las Palmas sobre la carretera federal. En los dos bloques “hombres armados portaban armas exclusivas del Ejército, Fuerza Aérea y Armada Nacional”.
No obstante el despliegue policiaco, el 24 de noviembre grupos armados de la UPOEG intentaron tomar la cabecera municipal de Tierra Colorada y se suscitaron cuatro nuevos enfrentamientos en las inmediaciones de la población. Reporteros y agentes de gobierno desarmados quedaron en medio del fuego cruzado.
Resultó muerto el policía del FUSDEG Jesús Eloíso Contreras de 22 años. Se presume que su cuerpo fue levantado por el grupo contrario, porque no lo encontraron sus compañeros y familiares. Lo que cuenta del hecho del deceso era una fotografía tomada por reporteros. Sin embargo las autoridades y ambas organizaciones en disputa lo consideran desaparecido.
Al siguiente día el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame se reunió con los representantes de la UPOEG y del FUSDEG, y anunció un acuerdo para solucionar “el evento” del 24 de noviembre en Tierra Colorada: el repliegue de la UPOEG hacia la comunidad de Xolapa, municipio de Acapulco, y del FUSDEG a su base en Tierra Colorada, que la zona quedaría en resguardo de la Policía Estatal y una tregua del 28 de noviembre de este año al 15 de enero de 2017, para no afectar el flujo de turistas, en las fechas decembrinas.
Para el 20 de diciembre el gobernador Héctor Astudillo anunció el reforzamiento de la seguridad en la zona, con cinco retenes más de policías estatales, así como la integración de una comisión paritaria para arreglar el conflicto y la búsqueda de dos desaparecidos.
El territorio
La versión extraoficial más extendida de este conflicto es la búsqueda del control del territorio por su importancia en el trasiego de droga.
La banda de narcotraficantes Los Ardillos que tiene sede en Tlanicuilulco, municipio de Quechultenango, en la zona centro del estado y que disputa Chilapa a Los Rojos, habría buscado recuperar el paso obligado hacia Chilpancingo por Petaquillas. En tanto, el cártel de la Sierra (de nueva creación), habría buscado infiltrar a los grupos de El Ocotito (UPOEG) para tener el control en los pueblos del valle.
De finales de 2015 a agosto de 2016, hay registros de conflictos en Petaquillas y El Ocotito por el control de las comisarías municipales que llevó a enfrentamientos verbales, jaloneos, amagos con armas y detenidos de los grupos de la comunidad confrontados por el control de la Comisaría municipal, cuando el FUSDEG perdió las dos comisarías e intentó mantener la organización de seguridad en la zona.
El 15 de enero el Ayuntamiento emitió la convocatoria para la elección de comisario de Petaquillas, a fin de terminar un conflicto político de los dos grupos. El 18 de enero resultó electo Mario Flores, a quien el FUSDEG acusó de vínculos con la delincuencia, pero en agosto fue ratificado en una asamblea. En tanto operaron dos policías comunitarias, la del FUSDEG y la del comisario vinculado a la UPOEG.
La situación se complicó en octubre debido al asesinato del comandante del FUSDEG de Petaquillas en Chilpancingo, y el comisario Flores Castrejón reconoció que buscó asesoría de la UPOEG “para saber cómo resolver el conflicto y tener mayor seguridad en el pueblo”, dado que el grupo contrario quería detenerlo acusado del homicidio.
El 10 de septiembre hubo una confrontación verbal, golpes y amagos de rifles de asalto de ambos grupos porque los policías del comisario Mario Flores Castrejón desarmaron a policías comunitarios del FUSDEG, del incidente resultaron seis heridos y ocho retenidos. Continuó el diálogo con el Ayuntamiento y el repliegue total de la organización de seguridad. A la fecha la Policía Comunitaria de Petaquillas se deslindó de las dos organizaciones y mantiene retenes con hombres armados en su territorio.
En enero también hubo elecciones de comisario en El Ocotito que ganó el candidato contrario al FUSDEG, Audifred Benítez. En febrero la autoridad cobijó a un nuevo grupo de policías comunitarios separado del FUSDEG que se alió con algunos grupos de la UPOEG que seguían operando en el valle de forma discreta, sin la cobertura de los medios.
Recibieron apoyo los grupos de Ayutla y Tecoanapa y en octubre ocurrió el enfrentamiento de Tlayolapa, municipio de Juan R. Escudero, paso obligado para llegar de la Costa a la zona Centro. También había ocurrido la confrontación en Petaquillas, donde sólo hubo amagos y golpes y ante este ambiente tenso el comisario denunció amenazas, se declaró incompetente para solucionar el conflicto e informó que tendría que huir de la población.
Mientras, el coordinador de la policía del FUSDEG en El Ocotito, Salvador Alanís denunció una alianza de Plácido Valerio con el diputado local del PRD, Sebastián de la Rosa Peláez y el cartel del Sur para destruir a la organización.
Afirmó que José Deivid Barrientos, conocido como El Carioca, separado de las filas del FUSDEG con el comisario Audifred Benítez Visoso y el comisario de Petaquillas Mario Flores Castrejón, eran financiados por el diputado para poner a las comunidades del valle y del corredor de Acapulco a Tierra Colorada en su contra.
Para el 7 de noviembre policías de la UPOEG ocuparon la comandancia del FUSDEG en El Ocotito, aún con la vigilancia de patrullas de la Policía Estatal, mientras los integrantes de la organización se replegaron a Tierra Colorada. No hubo inventario de lo hallado en la comandancia porque no hubo autoridades municipales para dar constancia.
El alcalde de Chilpancingo reconoció que intervino porque juntas, las organizaciones suman más de 600 hombres armados y el Ayuntamiento sólo tiene 119 policías. Versiones de los vecinos señalaron que había un calabozo, droga y personas detenidas en el inmueble.
Los principales líderes del FUSDEG de El Ocotito huyeron con sus familias, otros pidieron refugio en Juan R. Escudero, el municipio donde mantiene presencia. Aunque algunos grupos se han manifestado en apoyo a la organización, otro sector se pronunció por el retiro de las dos organizaciones armadas.
Vecinos de las colonias Lázaro Cárdenas y Ruffo Figueroa de Tierra Colorada, la cabecera municipal de Juan R. Escudero, conformaron brigadas de vigilancia vecinales tras la violencia provocada por grupos de autodefensa.
A las 7 de la noche en ambas colonias los vecinos se reunieron para acordar la instalación de puestos de vigilancia en las entradas principales de cada lugar.
En la Lázaro Cárdenas cerraron las calles que rodean la colonia para dejar sólo el acceso principal de la avenida Xochimilco, para tener una mejor vigilancia y evitar el ingreso de personas ajenas.
Un representante de la colonia informó que lo que buscan es crear seguridad, sin el respaldo de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) ni del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) que están en constantes enfrentamientos.
Mediante una llamada detalló que las brigadas conformadas en la noche de este jueves, se acordó que no se armarían, ya que no buscan una confrontación, sino de manera pacífica detener la violencia.
“Nosotros a partir de hoy vamos a tomar la seguridad de nuestra colonia, nosotros nos deslindamos de ambas organizaciones, no queremos ni UPOEG ni FUSDEG, lo que queremos es nuestra propia seguridad”, agregó.
Detalló que en la colonia Lázaro Cárdenas viven 150 personas, que es de familias de migrantes y la mayoría vive en los Estados Unidos.
“150 personas están abalando la conformación de las brigadas de seguridad para la colonia”, puntualizó.
Detalló que se acordó que en las noches se cerrarán las calles secundarias de las colonias, para que la única vía de circulación sea la calle principal en caso de una emergencia.
Recordó que la decisión de conformar estas brigadas surgió ante la violencia provocada por las dos organizaciones, y que están cansados de los enfrentamientos y las muertes.
“Aquí no queremos armamento, no somos personas armadas, queremos puros civiles, somos una sociedad civil, somos personas pacíficas”, dijo y agregó que la idea de este movimiento es la prevención de los delitos.
Mencionó que antes de conformar estas brigadas se le planteó a los representantes de la Policía Estatal, pero no estaban en la base a donde les iban a entregar el documento.
“Notificamos al Mando Único del gobierno estatal, les llevamos el documento pero no estaba el jefe en turno y no nos recibieron el documento, pero les avisamos que nos haríamos cargo de nuestra seguridad”, relató.
La colonia Ruffo Figueroa se ubica frente a la Lázaro Cárdenas y está dividida por la carretera federal México-Acapulco, en esta colonia también hay brigadas de vigilancia en la entrada y durante la noche.
