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Bloquean padres y maestros la Autopista del Sol; exigen vigilancia a primaria de la capital

Más de cien padres de familia y maestros de la primaria Emiliano Zapata, de la colonia del mismo nombre en la capital, bloquearon por 40 minutos los carriles centrales y la lateral de la Autopista del Sol, frente al Congreso local, para exigir al secretario de Seguridad Pública estatal, Pedro Almazán Cervantes, vigilancia en la escuela, porque han ocurrido asaltos que afectan la tranquilidad de los niños y los docentes.
A las 9:30 de la mañana, los inconformes salieron en marcha desde la institución y al llegar frente al Congreso local bloquearon la vialidad y luego reanudaron la marcha hasta llegar a Palacio de Gobierno.
Los padres gritaban: “Queremos seguridad para nuestros hijos” .
El director de la institución, Javier Cerón Alarcón, contó que la madrugada de este miércoles, al abrir la puerta de la escuela, el conserje fue interceptado por dos asaltantes armados que le quitaron sus pertenencias como celular, cartera y las llaves de la escuela.
Dijo que los dos delincuentes le exigieron al trabajador de la primaria que los llevara a donde se encontraban las computadoras, “pero él no tenía las llaves del centro de cómputo y después los asaltantes huyeron del lugar, mi compañero se trasladó a las instancias correspondientes para presentar la denuncia por el robo”.
Cerón Alarcón comentó que después del hecho llamaron al número de emergencia 911, para detener a los delincuentes, lo cual no atendieron el auxilio y ninguna patrulla de la Policía Estatal realizó recorridos de seguridad en la primaria.
Señaló que no es el único caso que ha ocurrido de hechos de violencia en la escuela, pues hace un mes, a unos 70 metros de la primaria, le robaron la camioneta a un maestro, ese día el compañero no regresó a la institución, “y en un salón de clases no contamos con maestro, ya solicitamos apoyo a la Secretaría de Educación Guerrero, pero no hemos tenido respuesta”.

El saqueo en Arcelia fue promovido notablemente por un grupo delincuencial, dice Astudillo

El gobernador Héctor Astudillo Flores reconoció que no ha podido hablar con el empresario dueño de la tienda de abarrotes El Surtidor, la que el domingo en la mañana fue saqueada por pobladores de Arcelia, en Tierra Caliente, azuzados por presuntos hombres de la delincuencia organizada, y descartó que con ello se ahuyenten las inversiones.
En muy breves declaraciones al concluir el desayuno con sindicatos, para conmemorar el 1 de mayo Día del Trabajo en el Centro de Convenciones de Acapulco, a Astudillo Flores se le preguntó si estos hechos no pueden inhibir la inversión de empresarios, y respondió: “Hay que ubicar dónde fue el problema ¿no? Hay que ubicar que fue en Arcelia y que fue promovido notablemente por un grupo delincuencial. No es un asunto ni siquiera de necesidad, fue un asunto que seguramente tiene que ver con algún delito que se está cometiendo ahí”.
Sobre si ya habló con el empresario afectado, respondió: “No hemos podido hablar con el empresario, ha habido el interés de comunicarse él con los funcionarios. No ha sido posible, pero vamos a seguir insistiendo”.
Como publicó El Sur en su edición del lunes 30 de abril, la tienda de abarrotes más grande de Arcelia, El Surtidor, fue saqueada. De acuerdo con versiones, jóvenes presuntamente vinculados a la delincuencia organizada la atacaron y abrieron; después, unas 100 personas sacaron mercancía y productos durante tres horas, hasta que llegaron policías de la Gendarmería y policía del estado.
Los hechos ocurrieron a las 7 de la mañana del domingo y de acuerdo con información, los daños al empresario fueron por cerca de 35 millones de pesos. Trascendió que la tienda fue abierta a la fuerza como represalia, porque el empresario no pagó su cuota al crimen organizado. (Karina Contreras).

Se están colando a Guerrero criminales de otros estados, asegura el obispo Rangel

El obispo de la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa, monseñor Salvador Rangel Mendoza, dijo que “se están colando” a Guerrero los grupos delincuenciales del Estado de México, Michoacán y, probablemente, de Puebla, a los que no tiene acceso para poder establecer un diálogo para bien de la sociedad.
Rangel Mendoza denunció que un grupo delincuencial le cobraba derecho de piso al obispo de Tlapa, por la catedral, y tras un diálogo con sus líderes concluyó la extorsión, pero después entró otro grupo, al parecer de Puebla, estado que colinda con Guerrero por la región Montaña, que ya pidió el pago.
En conferencia de prensa en la sala de la oficina parroquial, en la capital, en la que Rangel Mendoza, a propósito de la 51 Jornada Mundial de Comunicaciones Sociales, llamó a los medios de comunicación a informar manteniendo la esperanza y la confianza en que “somos más las personas buenas, que las malas”.
Al obispo se le preguntó cuáles fueron los logros de dialogar con jefes de grupos delincuenciales.
Al respecto, contestó que las autoridades declararon no estar de acuerdo en una “narco paz”, pero “¿qué hemos conseguido? Canales de diálogo, los problemas que han pasado en Petaquillas, Tierra Colorada, El Ocotito, les puedo decir que tengo la confianza de hablar con todos estos personajes (los jefes de los grupos delincuenciales) y pedirles que se calmen”.
Señaló que “hace seis meses hubo problemas y logré hablar con ellos y se calmaron, por la imprudencia de ciertas familias desterradas de El Ocotito que fueron a Tierra Colorada por su cuenta, quisieron regresar y es donde se provocó de nuevo el problema”.
Se refirió a su visita a Tierra Colorada el jueves donde encabezó una marcha y una misa con vecinos y miembros del Frente Único para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), y dijo que allí “las cosas están un poquito calmadas, por lo menos hay canales de diálogo”, en aparente alusión al conflicto entre esa organización y la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).
Se le preguntó con cuántos jefes de grupos delincuenciales se ha reunido y contestó que del 1 al 100 ha dialogado con el 15 por ciento. Añadió que ya preguntó con quién puede dialogar en Iguala, Taxco, la región Norte del estado, pero “son otros personajes y desgraciadamente se nos están colando grupos del Estado de México”.
Dijo que al poniente del estado, en los municipios de Tixtla, Chilapa y Tlapa, no ha podido comunicarse con los delincuentes, y contó que al obispo de Tlapa le cobraron derecho piso por la catedral, pero tras un diálogo se terminó con esa práctica, y luego llegó otro grupo de Puebla, según especuló, que también pide el pago, aunque no dio más detalles.
Citó el caso de la comunidad de Chontalcoatlán, municipio de Tetipac, donde el pasado 22 de abril “un grupo se apoderó de la localidad, cerró escuelas, no había transporte y otro grupo asesinó a los hijos del jefe de la plaza”, pero por medio de los sacerdotes y el diálogo logró entrar la Policía Federal a desarmar a los delincuentes.
“Nosotros como Iglesia somos los capaces de dialogar con estas personas (los delincuentes) para bien de la sociedad, para bien de la comunidad, en particular he dicho que yo quiero defender a mi clero, a los sacerdotes, a las religiosas, a los seminaristas, a los catequistas y también a los católicos, por eso quiero mantener abiertos estos canales, por eso hasta me han regañado (las autoridades)”, expresó.
Se le preguntó si hay sacerdotes amenazados por la delincuencia organizada y contestó que por seguridad no puede decir nombres ni lugares, pero “por lo menos tuve el caso de tres sacerdotes y a base de dialogar con esas personas (los delincuentes), las cosas no pasaron a mayores, actualmente tengo un caso y lo estoy tratando, Dios quiera que se resuelva con tranquilidad, pero muchas veces no son tanto los grupos de Guerrero si no los que vienen de Michoacán o el Estado de México, ¿quién los puede controlar?”.
Sobre el caso de los siete reporteros que el 13 de mayo fueron detenidos y asaltados por unos cien sicarios, en Acapetlahuaya, Rangel Mendoza dijo que al obispo de Ciudad Altamirano también le robaron su camioneta en ese punto, “que los periodistas también experimenten algo de lo que pasamos nosotros”, comentó en tono de broma, consideró que no se trató de una agresión directa hacia los periodistas sino de algo “fortuito”.
El 26 de marzo pasado, Rangel Mendoza reveló que se reunió con jefes de los grupos de la delincuencia organizada en el estado porque sacerdotes estaban siendo amenazados y uno de ellos tuvo problemas “más graves”, sin especificar la situación.
Tras sus declaraciones, el gobernador Héctor Astudillo Flores y el fiscal general del estado, Javier Olea Peláez, expresaron su desacuerdo ante las acciones del obispo.
Rangel Mendoza dijo que “hasta el presidente municipal” de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena, lo tiene “castigado”, pues en su casa en la capital no ha caído agua y hace semanas que no se recoge la basura.

En 2016 la complicidad del gobierno con el crimen agudizó la crisis humanitaria: ONG

La fragmentación de los movimientos magisterial y social, la impunidad y complicidad del gobierno con criminales ante la violencia generalizada y la posibilidad de que el ejecutivo federal declare un estado de excepción como parte de la militarización de la seguridad interior, agudizan la crisis humanitaria en Guerrero, denunciaron e Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (Ccti) y el Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos).
En un comunicado señalan que “la agresión gubernamental” fragmentó y dejó en un alto grado de vulnerabilidad a la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero (CETEG), dividió y provocó el reflujo de las bases sociales de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) en una embestida que comenzó en 2013, e hizo lo mismo con el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota (Cecop).
Advirtieron el riesgo de organizaciones como la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), el Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) y otras policías o guardias comunitarias que no se rigen necesariamente en el ámbito de la Ley 701 ni responden a los usos y costumbre de los pueblos originarios, “de que el fenómeno se desarrolle hacia narco-paramilitares que le hagan las tareas sucias al gobierno agrediendo a activistas, militantes y defensores de derechos humanos”.
En un balance de los acontecimientos de 2016 señalan que el año que terminó fue el más violento desde 2006, con más de 2 mil 200 asesinados, al grado de alcanzar los niveles de 2011.
“Tanto si se trata de violencia del crimen organizado, delincuencia común o de ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, el dato nos señala una ineludible responsabilidad del Estado mexicano, al no proteger ni castigar estos homicidios, en la que hay que resaltar los feminicidios a los que el gobierno del estado de Guerrero ha invisibilizado negándose a aplicar una alerta de género”, opinaron sobre la solicitud de feministas que demandaron una política pública federal para evitar los asesinatos de mujeres en la entidad, por la que el gobernador ofreció implementar acciones para evitar la intervención de la federación.
Mencionan la muerte de tres líderes históricos de Guerrero: uno de los fundadores de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Benigno Guzmán Martínez, el abogado de las viudas de la masacre de Aguas Blancas, José Sánchez Sánchez y el doctor Bertoldo Martínez Cruz, “los tres se enfrentaron al gobierno de Rubén Figueroa Alcocer y fueron perseguidos y encarcelados”.
Destacan que en 2016 se registraron muertos de todas las edades, género y diferentes preferencias sexuales, y el mayor número fueron hombres jóvenes en edad productiva, de baja escolaridad, y de los estratos socioeconómicos más desprotegidos. Entre las ejecuciones mencionaron los casos de los normalistas de Ayotzinapa, Jonathan Morales Hernández y Filimón Tacuba Castro, además de miembros de los grupos de policías comunitarias de Tixtla.
Asimismo indicaron que hay casi mil casos de desapariciones forzadas en registros de las asociaciones de familiares de desaparecidos Iguala, Chilpancingo, Chilapa, Zitlala y Acapulco, donde se sospecha la participación de agentes del Estado, como las cometidas por los grupos del crimen organizado y poderes fácticos, y no existe ningún cálculo de este problema en las instituciones de gobierno.
De los casos de desaparición que terminaron con hallazgos de cadáveres recordaron el del maestro y miembro de la CRAC-PC Irineo Salmerón Dircio y del líder de la Coordinadora Estatal de Transportistas Independientes de Guerrero (CETIG), Juan Mendoza Tapia y su esposa Carolina Francisca Santos Delgado, así como de estudiantes y trabajadores de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG).
Otro fenómeno que contribuye a la crisis del Estado de derecho y la crisis humanitaria que vivimos en Guerrero, exponen, es el desplazamiento forzoso interno que comenzó en 2007 en la sierra de la Costa Grande y Tierra Caliente, y que en 2016 afectó más a las regiones Centro, Norte y Tierra Caliente.
Aseguraron que las tres regiones se caracterizan por la ausencia del Estado y el control territorial de facciones del crimen organizado, y las víctimas siguen desprotegidas a pesar de que existe una ley estatal sobre desplazamiento forzoso.
Tanto en ejecuciones, desapariciones y desplazamiento forzado prevalece la falta de investigación, la criminalización hacia las víctimas, la impunidad y la falta de respuesta de las autoridades conforme a tratados y convenciones internacionales y al propio derechos interno.
Un eje transversal en todos los conflictos “es la militarización de la seguridad pública”, al grado que los políticos propusieron crear un marco inconstitucional para avalar la actuación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, lo que implica “una garantía de impunidad”, denunciaron.
Como ejemplo mencionan la reciente reglamentación del artículo 29 de la Constitución, que permitiría al presidente de la República declarar estado de excepción o suspensión de garantías, acotando los derechos humanos más básicos como parte de ese proceso de militarización que se complementaría con la Ley de Seguridad Interna.

Sigue sin resolverse la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa

La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa sigue sin resolverse, no obstante que el año pasado el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) encontró evidencias de “muy graves intenciones de desviar líneas de investigación contra presuntos responsables, a quienes ahora hay que considerar como víctimas de tortura y de ser obligados a armar la verdad histórica con confesiones sacadas bajo tortura”.
Debido a lo anterior, el Estado mexicano básicamente expulsó a los integrantes del GIEI y retrasó por meses la conformación del Mecanismo de Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que “demuestran la nula voluntad política de resolver el caso conforme a derecho. Por el contrario, se dilucida la intención de encubrir a los verdaderos autores materiales e intelectuales de la desaparición masiva de los normalistas”.
En el campo del derecho a la salud, aseguraron que “tampoco se ven avances significativos”, más bien la disminución del presupuesto destinado a la salud y el intento de impulsar la universalización de la salud que tarde o temprano va privatizar no solo el acceso, sino el derecho a la salud.
En Guerrero no existen avances en los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales para los pueblos originarios, ya que sigue expulsando migrantes que de otra forma morirían de hambre en sus pueblos, o por falta de oportunidades y servicios.
Para 2017, consideraron que la pobreza se profundiza debido a los incrementos a los precios de la gasolina, al gas y la electricidad, pero millones de mexicanos empobrecidos tienen la oportunidad de “organizarse y defender sus derechos, logrando verdad y justicia para los familiares de los desaparecidos, que los desplazados por fin sean atendidos de acuerdo a la Ley 487 Para la Prevención y Atención al Desplazamiento Interno”.

Proponen personal interdisciplinario en la Fiscalía para atender las desapariciones

Para la atención de los desaparecidos proponen que se dote a la nueva Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas, de personal interdisciplinario y recursos económicos suficientes para su funcionamiento y eficacia en todo el estado, y que el Congreso apruebe la iniciativa de ley presentada por el diputado Ricardo Mejía Berdeja sobre la declaración de ausencia de personas desaparecidas, a fin de que las familias puedan acceder a la protección de los bienes de los desparecidos.
Asimismo demandaron la independencia de la Dirección General de Servicios Periciales que depende de la Fiscalía General de Justicia del estado, y que se establezca una base de datos de ADN en el Estado de Guerrero, para confrontar los resultados de las muestras en el menor tiempo posible, y concluir la identificación de los más de 400 cuerpos desconocidos, que a fin de año se colocaron en un cementerio ministerial.
Solicitaron que la Secretaría de Asuntos Indígenas del estado y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas se comprometan a acompañar y apoyar a las familias de víctimas de desaparición que pertenezcan a población indígena, de acuerdo con sus facultades tal y como lo establece la Ley General de Víctimas.
Además, que la FGE “deje de querer entregar a las familias de desaparecidos cuerpos con sólo el resultado positivo del ADN de uno de sus familiares, lo cual deben de estar más completas las confrontas de ADN y se deben hacer los peritajes de otras especialidades como el de Odontología y Antropología Forense”.

Atacan con cuerno de chivo a cuatro policías de Taxco desarmados que trabajaban con militares; tres están heridos

Hombres armados a bordo de dos vehículos atacaron la tarde de ayer con fusiles AK-47 a cuatro policías municipales de Taxco desarmados, hirieron a tres de los cuales dos fueron reportados graves.
Los agentes iban en una patrulla en el barrio Reforma en la avenida de Los Plateros cerca del centro de la ciudad.
El alcalde priista Omar Jalil Flores Majul dijo que el ataque a los uniformados que hacen funciones de proximidad social, es en respuesta al trabajo con el Ejército y dio a conocer que solicitará al gobernador Héctor Astudillo Flores el reforzamiento de la seguridad.
Según reportes de fuentes policiacas de seguridad pública del estado y vecinos de la cabecera municipal de Taxco, minutos después de las 12 de la tarde ocurrió una fuerte balacera en la avenida de Los Plateros, en el punto conocido como La Curva del Manguito, lo que generó caos entre automovilistas, comerciantes y en escuelas cercanas a la zona donde padres de familia fueron por sus hijos.
Minutos después las autoridades supieron que dos grupos de hombres armados a bordo de dos vehículos, un Sentra gris y un Jetta negro atacaron con armas de grueso calibre a cuatro policías desarmados, que iban en la patrulla de la Policía Municipal 57016.
El ataque a los policías fue cuando circulaban en la avenida Los Plateros de norte a sur, afuera de la Clínica de Especialidades, cerca de una sucursal de la cadena de tiendas Oxxo. Algunas balas impactaron en la fachada de la clínica y un automóvil Volkswagen Sedan rojo que estaba estacionado afuera.
Tras la balacera la patrulla se impactó con la barda del estacionamiento del hotel Real de San Diego, a unos 50 metros de donde inició el ataque. En seguida los sicarios huyeron.
En el ataque resultaron lesionados por los impactos de bala los policías Cristian de 30 años, Mario de 35 y José Alonso de 35 años.
También se dio a conocer que iba una mujer policía que salió ilesa y que sólo tuvo una crisis nerviosa. Los tres lesionados fueron trasladados para su atención al hospital general de esa ciudad.
En la patrulla de los policías se observaron más de 30 impactos de bala, principalmente en el cofre, el parabrisas y la puerta del lado del chofer.
Según las fuentes, en la zona encontraron más de 50 casquillos percutidos de diferentes calibres, entre estos 7.62 para fusil AK-47.
Tras la agresión se dio a conocer el despliegue de un dispositivo de búsqueda de los sicarios sin que hasta la noche de ayer se hayan dado a conocer resultados.
En declaraciones vía telefónicas tras el ataque a sus policías, el alcalde priista de Taxco Omar Jalil Flores Majúl atribuyó el hecho a una respuesta de delincuentes al trabajo coordinado que de los policías con soldados del Ejército.
Adelantó que solicitará al gobernador Héctor Astudillo Flores el reforzamiento de la seguridad en su municipio, que tiene 76 policías municipales certificados desarmados que hacen funciones de proximidad social.
También tiene el apoyo de militares y policías estatales, estos últimos que son quienes están al frente de la seguridad.
Minutos después de las 2 de la tarde el alcalde informó que sus 76 policías municipales, los cuales tienen acreditados sus exámenes de control de confianza desde 2014 –tras los ataques a los estudiantes de Ayotzinapa en Iguala- están desarmados.
Dio a conocer que a los policías les había estado pidiendo resultados en algunos ilícitos como el robo de vehículos, por lo que se coordinaron soldados del Ejército, así que cree que el ataque de ayer fue en respuesta a esas labores.
Del estado de salud de los tres policías lesionados informó que dos estaban en quirófano, “ya que les dispararon con AK-47”, otro tuvo una lesión en un brazo y la mujer fue dada de alta.
Dijo que pedirá al gobierno del estado el reforzamiento de la seguridad “porque los policías no van a querer salir a las calles después de esto”.
La zona fue vigilada por policías estatales y soldados del Ejército en tanto que la circulación vehicular fue cerrada durante la práctica de las diligencias por peritos en criminalística y agentes del Ministerio Público de la Fiscalía del estado.

Fue detenido en la CDMX el operador financiero de Los Rojos, según reportes oficiales

El operador de la organización delictiva Los Rojos, Jesús Esteban Mazari Taboada fue detenido por fuerzas federales en la delegación Benito Juárez de la Ciudad de México.
Según los reportes oficiales, Mazari Taboada es primo del líder de ese grupo criminal que opera principalmente en los estados de Morelos y Guerrero, identificado como Santiago Mazari Hernández, El Carrete.
El detenido fungía como enlace de Los Rojos en la Ciudad de México para el trasiego de heroína, cocaína y la droga conocida como china white, una mezcla de heroína con fentanil, hacia Estados Unidos.
Según las autoridades era uno de los principales “blancos” del catálogo del Centro Nacional de Fusión de Inteligencia y su neutralización es relevante para afectar la estructura logística y operativa de Los Rojos.

Durante la captura, efectuada por agentes de la Agencia de Investigación Criminal en coordinación con el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, le fueron asegurados un arma corta, 1 kilogramo de cocaína y 48 dosis de esa droga.
Mazari Taboada fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público federal de la Procuraduría General de la República (PGR).

Piden condonación de impuestos a comerciantes de la Costera porque pagan cuota a criminales

Conerciantes de la Costera solicitaron a los tres órdenes de gobierno que les condonen el pago de impuestos, bajo el argumento de que deben pagar “cuota” a los grupos del crimen organizado.
En conferencia de prensa en un local de Plaza Condesa en la zona Dorada del puerto, la presidenta de la Asociación de Comerciantes Establecidos de la Costera, Laura Caballero Rodríguez llamó también a los grupos delincuenciales a ponerse de acuerdo para terminar las ejecuciones, parar la violencia y la inseguridad en la ciudad.
Según las cifras de la asociación, en la Costera, vía turística del puerto, han cerrado alrededor de 200 negocios pero podrían sumarse más en este año ante los recientes hechos delictivos en las playas.
“Hacemos un llamado respetuoso a los tres órdenes de Gobierno para que se condonen los impuestos, el total de los impuestos, para que así todos los guerrerenses podamos pagar la cuota que la delincuencia organizada nos está pidiendo”, dijo Caballero Rodríguez.
“Porque no podemos hacer doble pago, la economía en nuestro estado no es prospera”, se quejó.
Dijo que coincide con el gobernador Héctor Astudillo Flores en que la inseguridad es un problema grave en la entidad, y por ello apeló a su comprensión.
También llamó a los grupos de la delincuencia organizada a “ponerse de acuerdo” y que sólo uno cobre la cuota.
Al cuestionarle si ve con normalidad el pagar a organizaciones criminales, respondió que el mismo gobierno sabe quiénes son y no actúa en consecuencia.
“Que nos digan cuáles son las zonas en las que ellos (los grupos criminales) van a trabajar y que se respete y que no exista más el doble cobro de cuota”, agregó la empresaria.

Iba a señalar a criminales de Los Rojos el civil retenido en Carrizalillo, dicen sus familiares desplazados en Iguala

Desplazados por la violencia de Carrizalillo, municipio de Eduardo Neri (Zumpango), reclamaron ayer justicia y la liberación de su familiar Modesto Peña Celso, retenido este miércoles por pobladores junto a agentes de la Policía Federal y trasladados a las instalaciones de la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en Chilpancingo, acusados de ser parte del grupo criminal Guerreros Unidos.
Según los familiares del civil señalado por autoridades de Carrizalillo de ser un halcón, iba en apoyo de los agentes federales a señalar a presuntos integrantes de la delincuencia organizada, entre ellos al presidente del Comisariado Ejidal, Ricardo López García.
En la tarde después de protestar en la sala San Luis en el centro de esta ciudad, en la que el gobernador Héctor Astudillo Flores, el subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación (Segob), Arturo Escobar y Vega, el delegado federal en Guerrero de la Segob, Erik Castro Ibarra y el alcalde Esteban Albarrán daban una conferencia de prensa, unos 100 desplazados de Carrizalillo se inconformaron para pedir una audiencia con el gobernador, y fueron atendidos por Castro Ibarra en el auditorio del Palacio Municipal.
En la mañana integrantes de la familia Peña Celso, en su mayoría mujeres, ofrecieron una entrevista exclusiva en su casa al norte de la ciudad, donde el 21 de octubre dos de sus integrantes, Antonio y Onofre Peña –padre e hijo- fueron ejecutados por hombres armados, hecho en el que otras dos personas fueron asesinadas y una más herida.

Los Rojos infiltraron la comunidad y cobran piso a trabajadores de la mina de Gold Corp y a los ejidatarios, denuncian

Informaron que desde marzo de este año, 300 integrantes de estas familia fueron desplazados por la ola de violencia, de inseguridad, amenazas y extorsiones de delincuentes a los que relacional con la banda de Los Rojos, a los que también responsabilizan del asesinato de 11 integrantes de esta familia y la desaparición de cuatro más desde el 15 de abril de 2013, quienes levantaron y desaparecieron a Sergio Peña, Mario Gómez Pereyra y Pedro Celso Solís.
Denunciaron que la banda delincuencial logró penetrar e “infiltrar” puestos estratégicos en Carrizalillo, como la comisaría ejidal, el comisariado, la Secretaría General del sindicato de Gold Corp, a empleados de la mina y a la policía comunitaria, quienes cobran “derecho de piso” en abril de cada año, cuando reciben las utilidades de la mina, por cantidades de 10 mil a los cerca de 800 mineros y 40 mil a los 159 ejidatarios.
Uno de los integrantes de la familia, Valeriano Celso Solís dijo que al no entregar ellos la cuota que les pedían, el 3 de marzo fueron levantados y asesinados Mauro Galicia Peña, Juan Carlos Peña Celso y José Elí Merino González, y fueron hallados semienterrados en una fosa clandestina en la comunidad de Mazapa.
En abril, dijo, también fue levantado y desaparecido su hermano, Pedro Celso Solís, caso del que culpa al comisariado Ricardo López y a Silvestre López Peña, El Cebo, a quien también señalan de los asesinatos de Antonio Peña Montiel y Onofre Peña Celso, ocurridos el 21 de octubre en esta ciudad.
Los integrantes de la familia pidieron al gobierno estatal y federal justicia y la liberación inmediata de Modesto Peña Celso, hijo de Antonio Peña y hermano de Onofre Peña, quien aseguran iba como “testigo protegido” para colaborar con la Policía Federal, con la intención de señalar a quienes presuntamente tienen vínculos con la banda de Los Rojos, “sólo buscaba justicia por la muerte de su padre y de su hermano”.
Dijo que la Policía Federal le confiscó armamento al comisariado Ricardo López, y que cuando iban a hacer un cateo en su casa sonaron las campanas del pueblo, la gente se reunió y retuvieron a los agentes federales y a Modesto Peña, quien vestía una camisola de la corporación para que no fuera identificado.
Agregó que por presión del grupo delincuencial y el comisariado, 35 integrantes de esta familia que trabajaban para la mina de Gold Corp fueron despedidos y liquidados, y ahora se les impide entrar al pueblo de donde son originarios o trabajar para la mina, lo que ha dejado a las familias sin empleo y sin casas.
Negaron operar para el grupo Guerreros Unidos como ha sido señalado por el comisariado y que Modesto Peña sea halcón de ese grupo criminal.
Al mostrar fotografías periodísticas publicadas en los diferentes medios informativos sobre la detención de Modesto Peña, señalaron a varias de las personas que pedían su linchamiento, a quienes ubican como gente que no es de Carrizalillo, sino de las comunidades de Tenantla, como Nahúm Villalba y otros de Amatitlán, que presuntamente operan para la banda de Los Rojos, “queremos gritar al gobierno federal y estatal que si no ven la maldad en esta pinche mina, tienen que ver quiénes son los verdaderos delincuentes”.
Mostraron mensajes de texto en los que han recibido amenazas de la gente que los orilló a abandonar su pueblo, “vamos a acabar con todos, vayan comprando las cajas” y “qué hay perros ya faltan pocos y ahora le tocó a tu familiar perros”, uno de esos mensajes fue enviado al teléfono de Onofre Peña, un día antes de que fue ejecutado.
Pidieron la liberación de Modesto Peña, una investigación a fondo al comisariado Ricardo López y a la mesa directiva de las autoridades ejidales, quienes reciben el dinero de la minera por el uso del suelo ejidal, así como cateos a las casas de esas personas.

Les ofrecen seguridad

Cerca de las 4 de la tarde unos 100 integrantes de la familia Peña Celso, entre mujeres, niños y hombres, fue atendida en el auditorio del Palacio Municipal por el delegado de Gobernación Erik Castro, el inspector jefe de la Gendarmería con base en Iguala, Salvador Santos Reyes y el representante de la oficina del gobernador Héctor Astudillo, Alejandro Bravo Abarca, entre otras autoridades locales de gobernación.
Los inconformes mostraron mantas y cartulinas en las que exigían a las autoridades justicia y la liberación de su familiar Modesto Peña, así como la investigación del comisariado ejidal Ricardo López y de Silvestre López Peña.
Después de escuchar sus planteamientos, el delegado ofreció seguridad a partir de la tarde de ayer a los cerca de 300 integrantes de la familia, que fueron desplazados y que se asentaron en cuatro colonias al norte de Iguala: Nuevo Horizonte, Luis Donaldo Colosio, Franja de Santiaguito y Hábitat.
Se comprometieron a abrir carpetas de investigación por los 11 asesinados y los cuatro desaparecidos, así como la investigación de los crímenes y recibir atención a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), para tener derecho al trabajo, a la vivienda y seguridad.
Alejandro Bravo ofreció el apoyo del gobierno del estado para brindarles la seguridad “que sea necesaria a quienes han sido desplazados”.
Dijo que retomarían la investigación para la presentación de quienes fueron desaparecidos, entre ellos Pedro Celso Solís.
Se anunció que el 4 de noviembre se reunirán nuevamente con éstas y más autoridades como la PGR, y agentes del Ministerio Público para darle seguimiento a sus peticiones.