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Informe confirma la ineficacia de los militares en tareas de seguridad, señalan defensores

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La militarización en las áreas de seguridad no ha dado resultados porque no están preparados para ello; sólo resguardan a las instituciones del Estado y a sus funcionarios, así como a las empresas extractivitas extranjeras. Además, están infiltrados por el crimen organizado, opinaron por separado el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, (Tlachinollan), Abel Barrera Hernández, y la directora del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), Teodomira Rosales Sierra.
El martes se dio a conocer el reporte de México Evalúa denominado: La otra militarización: Fuerzas Armadas al frente de instituciones estatales de seguridad pública en México, 2011- 2024 que indica que la designación de miembros del Ejército o la Marina como secretarios de seguridad pública en diversos estados del país no ha garantizado la contención de la violencia.
El mismo estudio revela que Guerrero es uno de los estados en los que más ha predominado el nombramiento de militares como secretarios de seguridad pública.
Consultado por teléfono, el director de Tlachinollan, Barrera Hernández, declaró que los militares no dan resultados debido a que no están preparados para dar seguridad a la población, sino que tienen más preparación contra la insurgencia, a pesar de que en el actual gobierno se diga lo contrario.
Explicó que los militares y los marinos, ven a los ciudadanos como a un enemigo al que hay que combatir y vencer y no al que hay que cuidar.
“El problema está en que a los militares y a los marinos, los han formado en la escuela de la contrainsurgencia, a pesar de que se diga que ya es otro Ejército, sin embargo la formación que han tenido desde hace décadas y sobre todo la perspectiva que se han formado es de que el ciudadano es un peligro, es un enemigo, es un adversario”, indicó Barrera Hernández, quien ha dado seguimiento al problema de la violencia en la entidad.
Además, indicó que los militares y marinos creen que su obligación y responsabilidad es resguardar a los funcionarios y no a la población.
“Tienen otra perspectiva, suponen que no están obligados a proteger a la población, a los ciudadanos comunes, sino que su papel es la vigilancia de la gente que representa al gobierno al que pertenecen”.
En su opinión, se debe fortalecer a las policías estatales y locales para garantizar la seguridad de la población, porque son los que conocen el territorio, las calles, las zonas donde operan los grupos criminales, a los que conocen y saben quiénes son.
Reconoció que las policías también están corrompidas y vinculadas con los grupos delictivos, “pero ello no quiere decir que la solución es el Ejército o la Marina, sino que se debe buscar una solución a este problema, y la solución no es militarizando las áreas de seguridad pública”, indicó.
En su opinión, el reporte de México Evalúa comprueba el fracaso de la política militarista de este gobierno y es un indicativo de que debe dar marcha atrás para atender y resolver el problema de la violencia.

Los militares, vinculados al crimen

Teodomira Rosales Sierra dijo que se ha constatado que en las zonas militarizadas es más alta la violencia “porque los militares están vinculados con el crimen organizado”.
Explicó que el plan militarista del presidente Andrés Manuel López Obrador para resolver el problema de la violencia y la inseguridad en el país “es un plan fallido”.
Destacó que el ejemplo es Guerrero, donde aunque está lleno de militares es una de las entidades donde la violencia no cesa y, por el contrario, va en aumento; “todos los días hay homicidios, feminicidios, desaparecidos, el reclutamiento de jóvenes por los grupos delictivos está a flor de piel. Además de que se incrementaron los secuestros y la extorsión”.
La activista reprochó: “¿De qué nos ha servido tanta inteligencia, si casi en las puertas de las casas donde hay militares están asesinando?. Por eso, insisto, el de López Obrador es un plan fallido”.
Rosales Sierra lamentó que el presidente haya destinado muchos recursos para militarizar el país, supuestamente con la intención de resolver el problema de la violencia y la inseguridad y no haya servido de nada.
“La verdad es una lástima que ese dinero que se ha destinado a los militares solamente se esté tirando prácticamente a la basura, puesto que no se ve que repercuta en la solución de la inseguridad”.
Recordó que desde el inicio del actual sexenio de López Obrador los organismos de derechos humanos se manifestaron en contra de militarizar la seguridad pública y que propusieron que se hiciera una depuración de las policías estatales y municipales, además de fortalecerlas y reforzarlas.
Recordó que también rechazaron que se colocaran militares en la Fiscalía General del Estado (FGE), y, en todo caso, colocar como titulares a civiles, además de hacer una limpia general del personal.
Porque dijo que también ahí hay vínculos de funcionarios con el crimen organizado y por eso no se investigan los delitos y muchos casos quedan en la impunidad, “entonces si no cambian esas piezas que están mal van a contagiar a las demás”.
De acuerdo a la directora del Centro Morelos, la pandemia del Covid “fue un buen pretexto” para el actual gobierno para que se ampliaran los territorios que controlan los grupos criminales, a pesar de la militarización.
“En Guerrero hay amplias zonas como la Sierra y la Montaña, donde antes de la pandemia no había grupos criminales pero ahora se fortalecieron y la violencia está altísima”.
Dijo que a pesar de que los resultados de los militares y la Guardia Nacional han sido nulos, el presidente “ha predicado” en el extranjero de que los militares y la Guardia Nacional están limpiando el país de los grupos criminales, “que están haciendo un buen trabajo, que hay disminución de delitos, que se respetan los derechos humanos y que hay garantías de seguridad para los ciudadanos, cuando eso es mentira”.
Explicó que hay países y empresas extranjeras que aportan recursos para combatir la inseguridad y la violencia en México, sobre todo en estados como Guerrero, Oaxaca y Chiapas y en donde López Obrador entregó la seguridad a los militares.
Añadió que lo lamentable es que en amplias zonas de esos estados por la violencia no se está garantizando los derechos de la gente. Tampoco se les garantiza el derecho a la salud.
Añadió que el presidente está asegurando en el extranjero que los militares dan resultados, “cuando es todo lo contrario, Guerrero, Chiapas y Oaxaca son los estados con más violencia provocada por el crimen organizado”.
Explicó que la falta de resultados de los militares es porque están infiltrados por los grupos delictivos y sólo resguardan los bienes del Estado, a funcionarios y a las empresas, pero dejan vulnerables a la mayoría de los ciudadanos.

 

Guerrero no es “santuario de mujeres”, pues siguen las desapariciones, señalan colectivos

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Litigio Estratégico en Derechos Humanos (I(dh)eas), el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), y el Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), alertaron del incremento exponencial de las desapariciones de mujeres en Guerrero, así como la omisión y complicidad de las autoridades de los tres órdenes de gobierno con los grupos criminales generadores de la violencia.
En un documento, refieren que de acuerdo a cifras del proyecto RedLupa, en el 2022 hubo 690 mujeres desaparecidas; en el 2023 se registraron 731, y en los primeros seis meses del 2024 ya suman 729.
Los organismos piden justicia por el caso de Marisol Castro Gatica de la comunidad de Mecatepec, municipio de Tecoanapa, desaparecida el 8 de junio y hallada asesinada el 19 de julio pasado en Ixtapan de la Sal, Estado de México. Exigen que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, quien ha dicho que Guerrero es un “santuario de las mujeres”, informe cuántos detenidos y sentenciados hay por el delito de desaparición de mujeres.
Reprochan que a los “dueños del poder” en la entidad lo único que les interesa es enriquecerse a costa del dolor y desconsuelo de cientos de familias.
“Todo crimen causa consternación, pero cuando se trata de una mujer este sentimiento se convierte en indignación en contra de las autoridades que se muestran tolerantes ante el jugoso negocio que significa la desaparición de mujeres, en su mayoría jóvenes, para el comercio sexual”.
Denuncian que en este negocio podrían estar involucradas las autoridades, “porque sólo así se explica que la desaparición de mujeres se haya incrementado en forma exponencial en el corredor de Tierra Colorada a Ayutla en la medida que en Guerrero aumenta el número de elementos del Ejército mexicano en tareas de seguridad, así como el aumento de agentes de la Guardia Nacional y la Policía Estatal y Ministerial”.
Las agrupaciones refieren que en el contexto de violencia va en aumento contra las mujeres en la entidad, de acuerdo a datos del proyecto RedLupa, que lleva el registro de violencia en contra de las mujeres. En el 2022 hubo tres mil 802 desaparecidos, de las cuales 690 fueron mujeres; en el año 2023 hubo cuatro mil 106 desapariciones, y 731 fueron mujeres; en tanto que en los primeros seis meses del 2024 se han contabilizado cuatro mil 313 desaparecidos de los cuales 729 son mujeres.
“Hay que mencionar que de enero a los primeros días de mayo se presentaron ocho denuncias por la desaparición de niñas”, refiere el documento.
Las agrupaciones señalan que uno de los meses en los que se presentaron más denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por la desaparición de mujeres fue junio pasado, pues del total de 99 desapariciones ocurridas en ese mes, 53 fueron mujeres.
“Toda la violencia en general, y contra las mujeres en particular, crece a pesar del abierto apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, quien ha declarado que el estado es un santuario para los derechos de las mujeres”.
Reprochan que, sin embargo, de nada ha servido el envío de cientos de elementos de la Guardia Nacional a la entidad, pues de enero a junio de este 2024 han habido 845 homicidios dolosos, “como consecuencia de seguir permitiendo el accionar de alrededor de 16 grupos criminales y narcoparamilitares que se disputan el control del estado”.
Indican que esta violencia que crece en el estado como consecuencia de la expansión de los grupos criminales, “con el permiso gubernamental”, ya se veía venir “y lo habíamos manifestado que después de los estragos provocados por el huracán Otis, el problema crecería por el reacomodo e implementación de otros giros delincuenciales”.
Refieren que en este ambiente de violencia que se vive en la entidad, la comunidad afromexicana de Mecatepec, municipio de Teoanapa “aún se encuentra consternada tras la localización del cadáver de Marisol Castro Gatica, de 29 años de edad, desaparecida el 8 de junio y 40 días después, el 19 de julio, hallada muerta en Ixtapan de la Sal, Estado de México.
“Por el lugar y las condiciones en que se localizó su cuerpo es necesario que la familia se mantenga alerta y preparada para una lucha larga y complicada por verdad y justicia, porque tal parece que se pretende hacer recaer la responsabilidad en una sola persona y dejarlo solo como un hecho de feminicidio, ajeno al accionar de grupos delincuenciales”.
La joven salió de su casa el sábado 8 de junio por la mañana a una cita médica al puerto de Acapulco y regresaría al otro día a su comunidad de Mecatepec, de donde era originaria, pero ya no lo hizo.
Su cuerpo fue hallado el 19 de julio pasado envuelto en plástico y en avanzado estado de descomposición en la colonia 24 de Febrero de Ixtapan de la Sal, por lo que fue trasladado a las instalaciones de la Coordinación General de Servicios Periciales de ese estado para que se le practicara la necropsia y determinar las causas de su muerte así como la fecha del deceso.
El cadáver de la joven guerrerense fue encontrado por integrantes de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México (COBUPEM), policías de investigación, efectivos de la Marina, Policía Estatal y Municipal.
La Fiscalía de Guerrero informó el martes pasado la detención y vinculación a proceso a Maximiliano “N” por el presunto feminicidio de Marisol.
El presunto responsable fue detenido en El Mogote, municipio de Taxco de Alarcón, sólo por el delito de secuestro, según denunciaron los organismos que reclamen justicia para la joven y su familia.
Destacan también en su documento las desapariciones de cuatro mujeres en distintos lugares de la entidad, dos de ellas menores de edad, tres que desaparecieron en los últimos cuatro meses y otra en el 2021, de las que a pesar de que sus familiares pidieron la intervención de las autoridades y se emitieron las fichas de alerta Ámber y se encuentran activas, no hay indicios de que se esté investigando su paradero.
Ellas son: Yohana Yuridia Marín Molina, de 16 años, quien desapareció el 9 de abril en el municipio de Copala; Naomi Torres Pintor, de 16 años, desaparecida el 6 de abril en el municipio de Chilpancingo; Alondra Daniela Olea Hernández, de 19 años, desaparecida el 12 de abril en Acapulco, y Sarahí Suástegui Callejas, de 24 años de edad, desaparecida en el 2021.
Sin embargo, insisten que las mujeres desaparecidas son muchas más derivado de la espiral de violencia en el estado.
Ante ello, I(dh)eas, el IMDHD y el Centro Morelos, exigen “verdad y justicia para las víctimas de desaparición y sus familias”, además, que la gobernadora Salgado Pineda informe cuántos detenidos y sentenciados hay en Guerrero por el delito de desaparición de mujeres.
Asimismo, que la tarea de la seguridad pública esté en manos de civiles y que la estrategia correspondiente surja de las propuestas de la sociedad. También que se investigue a las autoridades y funcionarios públicos de los tres órdenes de gobierno “para terminar con su complicidad, corrupción e impunidad que protege a los responsables de las desapariciones”.

Anuncian marcha contra violencia; denuncian en Guerrero 26 mil desplazados y 4 mil desaparecidos

 

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Familiares de víctimas de la violencia e integrantes de organismos de derechos humanos, marcharán este domingo en varias ciudades del país y de Estados Unidos, “por la paz y contra la violencia”; en Guerrero se movilizarán en Chilpancingo y Cuajinicuilapa, informó el Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos).
Informó que en Guerrero hay 26 mil 700 desplazados por la violencia y 4 mil 500 desaparecidos.
La directora del Centro Morelos, Teodomira Rosales Sierra agregó que las acciones se realizarán en coordinación con la agrupación nacional Movimiento de los Pueblos por la Paz y la Justicia.
La agrupación está convocando a colectivos de familiares de víctimas de desaparición forzada, a familiares de personas asesinadas, a familiares de víctimas de desplazamiento forzado Interno, a familias de víctimas de feminicidios “y de todo tipo de violencia”.
Su llamado es, también, a organizaciones sociales, a la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG), al Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (Sutcobach) a los pueblos originarios, a los profesionistas y estudiantes preocupados por la violencia y la inseguridad y a los grupos religiosos.
Rosales Sierra informó que la marcha en Chilpancingo partirá a las 10 de la mañana de la estatua a Nicolás Bravo, conocida como la “estatua del caballito”, en el parque Margarita Maza de en Juárez, al norte de la capital.
A la misma hora habrá otra marcha en la cabecera municipal de Cuajinicuilapa, en la región de la Costa Chica.
“Estas manifestaciones se realizarán de manera simultánea y articuladas con otras organizaciones y colectivos de otros estados del país y organizaciones internacionales de Estados Unidos, como parte de la Jornada por la paz y contra la violencia”, informó el Centro Morelos.
Las movilizaciones se realizarán en la Ciudad de México; en San Francisco Tetlanochcan, Tlaxcala; en Tapachula, Chiapas; en Temixco, Morelos; en Querétaro, Querétaro; en Agua Prieta, Sonora; en Nueva York; en South Bend, Indian, y Los Ángeles, California. Las tres últimas ciudades de Estados Unidos.

Protestar contra la violencia armada y estructural

“La intención es protestar contra la violencia armada y estructural que vivimos desde el sur de México hasta Estados Unidos y de manera particular en Guerrero”, informó en un comunicado el Centro Morelos.
El organismo destacó que en México hay alrededor de 400 mil desplazados por la violencia, de los cuales cerca de 26 mil 700 son de Guerrero; hay más de 110 mil desaparecidos en el país, de los cuales alrededor de 4 mil 500 son de Guerrero.
También denunció que hay miles de víctimas de homicidios dolosos, decenas de víctimas de feminicidios y violencia de género, así como miles de víctimas de todo tipo de delitos.
“Las cifras sangrientas de esta violencia y criminalidad se cometen con las cientos de miles de armas que se trafican principalmente de Estados Unidos a México, permitidas por la corrupción de los gobernantes, autoridades y actores políticos, que generan el manto de impunidad y hace imposible que las víctimas puedan tener acceso a la verdad, a la justicia y a la reparación integral del daño”, destacó el Centro Morelos.
Denunció que, mientras, la política del gobierno federal ha sido la de militarizar todo el país, con una Guardia Nacional militarizada, la entrega de todo el poder al Ejército, “lo que no ha servido para detener la violencia y alta criminalidad que sufrimos todos los días”.

Atender el tráfico de armas, la militarización, leyes y presupuestos

Las demandas de la marcha serán: Respeto y cumplimiento a los derechos humanos, a la vida, a la paz y a la justicia, aprobación de leyes que prohíban el tráfico ilegal de armas hacia nuestro país; que los nuevos presidentes de México y Estados Unidos celebren un acuerdo binacional de derechos humanos y la creación de un organismo que observe la aplicación de los derechos humanos en ambos países.
Asimismo, pedirán un alto a la militarización de los órganos civiles de seguridad pública.
Como familias de víctimas de desaparición forzada, exigirán que el Congreso del estado apruebe la ley en materia de desaparición forzada de personas y su inmediata reglamentación y publicación en el Periódico Oficial del Estado.
También un protocolo de notificación, identificación y entrega digna de personas desaparecidas y asesinadas en el estado.
Exigirán la aprobación de un presupuesto suficiente para cubrir los derechos y necesidades de las víctimas; búsqueda y localización de los desaparecidos; aprobación y publicación del protocolo de notificación y entrega de los restos de desaparecidos y/o víctimas de homicidios dolosos; homologación de la cantidad de la canasta básica que entrega la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) con la CEAV federal.
Exigirán, según informó el Centro Morelos, verdad, justicia y reparación integral del daño para las víctimas de la violencia, alto a la criminalización y estigmatización de las víctimas y sus familias; el cumplimiento inmediato de la recomendación 171/2023 de la CNDH, relacionada con la desaparición forzada de personas; alto a los desplazamientos forzados internos, a las desapariciones forzadas, a los homicidios dolosos.
Asimismo harán un llamado al Senado de la República para la aprobación de la ley general para prevenir, atender y reparar integralmente el desplazamiento forzado interno; alto a la criminalización e intentos por deslegitimar el trabajo de las y los defensores de derechos humanos, y, finalmente, prevenir de manera efectiva el desplazamiento forzado interno.

 

Llama el Centro Morelos a la federación y al estado a detener “la espiral de violencia”

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), exigió ayer a los gobiernos federal y estatal que ya detengan la espiral de violencia “que sigue enlutando decenas de hogares” en la entidad.
Pidió una investigación “pronta y expedita” para dar con el paradero de los autores intelectuales y materiales del asesinato del profesor Marcelino Ruiz Esteban y su esposa, la profesora Guadalupe Guzmán Cano, hecho ocurrido la noche del miércoles en la carretera Chilpancingo-Tlapa.
“La violencia es como una noche en la cual no se ve la luz del amanecer, mientras que la muerte cabalga a lo largo y ancho del estado de Guerrero, las autoridades siguen sin la voluntad de hacer algo contundente para detener o cuando menos inhibir la violencia”, manifestó el organismo en un comunicado.

En Chilapam la violencia “a la orden del día”

Se refirió a la situación que se vive en Chilapa, “donde la violencia ha estado siempre presente; las ejecuciones y desapariciones siguen a la orden del día, algunas se denuncian, otras se callan por miedo”.
El organismo recordó el homicidio de tres mujeres ocurrido el 6 de enero en el barrio de El Calvario de Chilapa, “sin que hasta el momento se sepa quiénes cometieron este crimen.
“Como Centro Morelos repudiamos todos los hechos sangrientos que siguen ocurriendo en las diferentes regiones del estado”.
Habló del caso más reciente ocurrido en la zona: el asesinato del expresidente municipal de Atlixtac Marcelino Ruiz Esteban y su esposa, la maestra Guadalupe Guzmán Cano cerca de la comunidad de Atempa, en la carretera Chilpancingo-Tlapa.
“Centro Morelos conocimos al maestro Marcelino y siempre se mostró accesible, sensible y muy solidario con las personas a quienes acompañábamos y que eran víctimas de la violencia, familiares de desaparecidos, asesinados, fueran o no de su municipio”.
El Centro Morelos lo recordó como un hombre que siempre apoyaba las causas nobles y honestas, “y pudimos darnos cuenta de que contaba con la simpatía de la mayoría de las comunidades de Atlixtac”.
Marcelino, quien era originario de Huitzapula, según el comunicado del Centro Morelos, fue desde niño muy trabajador “y sufrió mucho trabajando como ayudante de albañil”, debido a que sus padres eran maestros pero no les alcanzaba el dinero porque tuvo muchos hermanos y él fue el mayor”.
Agregó que con su propio esfuerzo estudio para maestro y decidió incursionar en la política partidista (fue en dos ocasiones presidente municipal de Atlixtac por el PRD), “al ver que la gente necesitaba mucha ayuda”.
El Centro Morelos exigió a los gobiernos federal y estatal “que ya detengan esta espiral de violencia que sigue enlutando decenas de hogares”.
Asimismo, que se realice una investigación pronta y expedita para dar con el paradero de los autores intelectuales y materiales de su asesinato y el de su esposa.
Ademan, pidió el cumplimiento de la Recomendación 171/2023 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a favor de 171 familias desplazadas que acompaña y representa el Centro Morelos dándoles la reubicación y la reparación integral del daño.
Se pronunció, además, porque “se deje de deslegitimar el trabajo de los organismos civiles de derechos humanos que acompañan y representan a la mayoría de madres y padres de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 de septiembre de 2014.

 

Da detalles PC de los 45 muertos en Acapulco e informa que van 12 en Coyuca de Benítez

Zacarías Cervantes
y Lourdes Chávez

Chilpancingo

Autoridades estatales y federales cerraron anoche con la cifra de 45 muertos y 47 desaparecidos como resultado del huracán Otis en Acapulco, y de 12 fallecidos en Coyuca de Benítez, aunque las cifras son preliminares.
Sin embargo, organismos civiles denunciaron que la cifra de desaparecidos no coinciden con los registros públicos que se han dado a conocer en los medios.
El secretario de Marina, José Rafael Ojeda, no descartó que pueda haber más cuerpos en las 29 embarcaciones hundidas que ya han sido localizadas. Dijo que se espera la llegada de un buque para recuperarlas.
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del gobierno del estado reportó el fallecimiento de 45 personas en Acapulco, y de 12 en Coyuca de Benítez, que hacen un total de 57 decesos en la actualización de las consecuencias del impacto del huracán Otis de categoría 5 en Guerrero, el 24 de octubre.
De manera extraoficial, se supo que la Fiscalía General del Estado en el informe de las las 8 de la noche, manejó 47 defunciones entre los daños ocasionados por el meteoro.
Pero sólo esa dependencia hizo un desglose del deceso de 35 hombres y 10 mujeres en Acapulco, así como de una mujer, dos hombres adultos, y dos niños en Coyuca de Benitez, y de seis adultos y dos menores de edad sin identificación.
Detalla que encontraron ahogadas a 10 personas en la playa de la Base Naval, siete en el Club de yates, dos en Playa Tlacopanocha, dos en Pie de la Cuesta, y uno en el Malecón.
Por colapso fallecieron, uno en la colonia Jardín, otro en Jardín Palmas, una más en la Unidad El Coloso; dos en la colonia Icacos, cinco en la Alta Progreso, cuatro en la 20 de noviembre, cinco en Renacimiento, y cuatro en otros sitios. La mayoría fueron confirmados por la Fiscalía del Estado, y un caso por Bomberos Acapulco.
En el informe diario indica que el ayuntamiento de Coyuca de Benítez reportó el deceso de una mujer de 45 años por un infarto en Aguas Blancas: de un hombre sin identificar en Bajos del Ejido, de un vecino de Ejido Viejo de 88 años; de Kevin N por colapso de una barda en la colonia Luces del Mar, de dos niños en Tixtlancingo, de cinco personas halladas en la franja de área de Los Mogotes, sin identificar.
El caso de Los Mogotes fue denunciado un día antes por vecinos, de que el mar arrojó los cuerpos que yacían en la arena en estado de putrefacción.
Mientras la Secretaría federal de Seguridad y Protección Ciudadana informó que, en el quinto día de trabajo para la atención de la población afectada, este 30 de octubre, había 45 personas fallecidas por el huracán. Aunque el día anterior reportó 48, 43 en Acapulco y cinco en Coyuca de Benítez.

Señalan cifras “maquilladas”

Aunque las cifras siguen siendo preliminares, la gobernadora Evelyn Salgado informó ayer que los muertos como consecuencia de Otis, suman 45 y que son 47 los reportes de personas desaparecidas. Vecinos de la ciudad aseguran que la cifra de víctimas están siendo maquilladas.
Desde la mañana, Salgado Pineda informó en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador que otras 47 personas no habían sido localizadas.
De acuerdo con López Obrador, la diferencia de las cifras tanto de muertos como de heridos tiene que ver con la constante “actualización de las cifras”.
La cifra de 45 muertos fue ratificada en la noche por la Fiscal General del Estado (FGE), Sandra Luz Valdovinos Salmerón, quien dijo se abrieron 45 carpetas de investigación por personas desaparecidas, de quienes, aseguró, 16 ya habían sido entregados a sus familiares “por información verídica”.
La cifra de desaparecidos que dio a conocer la gobernadora Salgado, según organismos como el Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos) no coincide con los reportes de familiares que no han localizado a sus familiares.
En un comunicado el Centro Morelos informó que los reportes de personas de desaparecidos suman más de 60. Entre algunos de los desaparecidos se sumaron los de Jesús Galindo Matamoros de 29 años de edad. De acuerdo a sus familiares fue visto por última vez en su casa ubicada en Ciudad Renacimiento el jueves a las 9 de la noche. Se informó que su amigo Julián fue a ayudarlo a limpiar su hogar en la calle Revolución, pero después lo perdió.
Otra de las desaparecidas es Araceli Nájera Moreno, quien estaba embarazada pero no dio a conocer su edad, sólo dijo que vive en la colonia Las Cumbres de Acapulco, y que luego del huracán Otis desapareció y su familia hasta ayer no sabía nada de su paradero.
Se informó que ella es originaria de Yextla, municipio de Leonardo Bravo (Chichihualco). Sus familiares pusieron a disposición el número de celular 7772314538 para que la gente se comunique en caso de que tengan datos de ella.
También se dio a conocer la desaparición del matrimonio integrado por Beatriz Zepeda Gabino y Gabino Flores García.
Sus familiares pidieron llamar al teléfono 7472255087 para localizar al matrimonio, que viven en la colonia Coloso de Acapulco.
Otro de los ausentes es Genaro Palma Sánchez, quien está desaparecido desde el martes 24 de octubre “cuando no sabemos nada de él quien se encontraba en Acapulco”.
También estaban desaparecidos hasta ayer los periodistas Fabián Domenichelli, Humberto Aburto Parra y Ernestina Aguilera, ésta última hermana de Leodegario Aguilera, desaparecido desde hace más de 20 años, pero ella fue localizada “sana y salva” en su domicilio ayer lunes.
En comunicado por separado, el secretario de la Marina, José Rafael Ojeda, informó que hasta ayer ya habían salido de Acapulco un total de 546 turistas que estaban hospedados en distintos hoteles.

El censo

Por la tarde-noche de ayer el gobierno federal informó que sigue haciendo un censo para conocer y evaluar los daños. De acuerdo a ese censo hasta ayer se habían registrado 270 mil viviendas, 120 hospitales y clínicas, además, se informó que el 95 por ciento de los comercios y el 80 por ciento de la infraestructura hotelera fueron reportados con daños por el huracán Otis.
Aunque las autoridades federales siguen haciendo un censo de daños ya informaron que Otis afectó más de 270 mil viviendas y 120 hospitales y clínicas, además del 95 por ciento de los comercios y el 80 por ciento de la infraestructura hotelera.
Por su parte la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó en su reporte de ayer que que de los 513 mil 524 afectados por el huracán Otis, se había restablecido el servicio a 334 mil 304 usuarios, lo que representa más del 65 por ciento. La paraestatal informó en un comunicado que ha priorizado el servicio a los establecimientos que prestan el servicio a la población.
En un comunicado, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó a los contribuyentes afectados por el paso del huracán Otis que se considerará días inhábiles del 25 de octubre al 10 de noviembre de 2023 en Acapulco.
Mediante la Octava Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023, publicada de manera anticipada en el portal del SAT, estableció que en dicho periodo “no se computarán plazos y términos legales correspondientes a actos, trámites y procedimientos en las unidades administrativas del SAT, con el objetivo de que los contribuyentes que tengan domicilio fiscal en las zonas afectadas, puedan cumplir con sus obligaciones fiscales de manera oportuna”.
A su vez, Pemex informó que hasta ayer 30 de octubre había restablecido el servicio en 12 gasolineras de Acapulco tras el paso del huracán Otis, la semana pasada.
La empresa paraestatal anunció, además, que conforme la CFE vaya avanzando en la restauración del suministro eléctrico también se irá incrementando el número de gasolineras en servicio para el público en general.
Pemex aseguró que cuenta con el abasto suficiente de combustible en la Terminal de Almacenamiento y Despacho (TDA) de Acapulco, Guerrero. Asimismo, dijo que a partir de ayer cuenta con un inventario de 14.4 millones de litros de gasolina regular, 3.9 millones de litros de gasolina Premium y 4.8 millones de litros de diésel para abastecer la ciudad de Acapulco.

 

Encuentra la FGE muerto a activista de Chilapa pero no da información

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El indígena nahua, José Santos Nava, quien vivía en la colonia Frente de Defensa Popular (FDP) de Chilapa, desapareció el martes pasado y fue hallado muerto el jueves sin que la Fiscalía General del Estado (FGE) le haya informado a su familia dónde ni las circunstancias de su muerte, denunció ayer el Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos).
El organismo informó que el indígena es integrante del Colectivo de Víctimas de Chilapa y Pueblos Indígenas, y responsabilizó a los tres órdenes de gobierno de su asesinato, así como de la integridad física de las personas defensoras de derechos humanos periodistas y luchadores sociales que están siendo asesinadas en Guerrero.
De acuerdo con el Centro Morelos, Santos Nava desapareció cuando salió al centro de Chilapa a realizar unas compras, y ya no regreso a su vivienda, y el jueves la Fiscalía le avisó a su familia que fue encontrado su cuerpo sin vida, “sin que le dijeran dónde lo encontraron”.
La víctima y su esposa María Alejandra Valle González pertenecían al Colectivo de Víctimas de Chilapa y Pueblos Indígenas porque el 18 de agosto del 2015 desapareció, también en Chilapa su hijo Benjamín Santos Valle, de 14 años de edad, del cual hasta la fecha se desconoce su paradero.
La familia del asesinado era originaria de la comunidad nahua de Ahuixtla, municipio de Chilapa, y desde el 2015 llegaron a vivir a la colonia Frente de Defensa Popular de la cabecera municipal.
El Centro Morelos informó que por la pobreza, José instaló un pequeño puesto de abarrotes en las cercanías del mercado agroindustrial, pero en el 2017 personal del Ayuntamiento lo acosó exigiéndole que desocupara el lugar.
“Incluso en una noche sufrió el robo de su mercancía, y con el apoyo del Centro Morelos logró que lo dejaran en paz un tiempo, pero en los últimos meses reinició el acoso, por lo que no se descarta que esa sea la causa de su desaparición y posterior asesinato, ya que don José era un hombre de 71 años de edad, muy humilde y pacífico”, informó el organismo.
Agregó que “este indignante crimen” se suma a toda la cadena de homicidios dolosos y atentados que vienen ocurriendo día con día en el estado de Guerrero, donde líderes, funcionarios o exfuncionarios y personas comunes de cualquier sexo y edad son víctimas de la violencia e inseguridad generada desde las esferas gubernamentales, que manejan o encubren a los grupos narco paramilitares y delincuenciales”.
Recordó que apenas el 16 de octubre fueron entregados los restos de Pablo Zeferino Ángel a su esposa Kenya Adilene Baltazar Acho, después de haber sido desaparecido el 8 de marzo de 2017 y localizado desmembrado y calcinado en un taxi en Chilapa el 17 de marzo del mismo año, “o sea que cerca de seis años permaneció desaparecido en el Semefo”.
Se informó que Kenya también pertenece al Colectivo de Víctimas de Chilapa y Pueblos Indígenas.
“Es mentira que el estado esté rebasado por la delincuencia o la inseguridad, está muy rebasada su falta de voluntad y honestidad para atender el flagelo de la inseguridad”, escribió en su comunicado el organismo.
“Pese a todo, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, todos los días dice que ya hay menos homicidios, que ya hay más seguridad y que la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz en Guerrero está dando buenos resultados, y hasta felicita a las instituciones que son parte de dicha mesa y cada vez que anuncia que se van a fortalecer los operativos de seguridad, aumenta el número de homicidios dolosos, desapariciones, desplazamientos y enfrentamientos”, denunció.
“Una vez más hacemos responsables a los gobiernos gobierno federal, estatal y municipal de la seguridad e integridad física de las personas Defensoras de Derechos Humanos Periodistas y Luchadores Sociales y le exigimos garantías para realizar nuestro trabajo”, acusa.
El Centro Morelos exigió la reparación integral del daño a las familias que han recibido los restos de sus familiares desaparecidos.
“Exigimos a los diputados de todas las fracciones parlamentarias y comisiones del Congreso estatal que inmediatamente aprueben la Ley en Materia de Desaparición de Personas del estado de Guerrero, su reglamentación y presupuesto emergente suficiente que permita hacerla operativa”.
Concluyó: “que quede claro, no somos conservadores ni militantes de algún partido político o religioso y menos de algún grupo narco-paramilitar o delincuencial, tampoco somos resentidos como lo ha dicho el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, somos defensores de derechos humanos que no nos vendemos ni claudicamos”.

 

Continúa la violencia hacia mujeres y niños a pesar de acciones para prevenirla, advierte el Centro Morelos

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La violencia contra mujeres y niñas continúa a pesar de la Convención y de la Resolución aprobadas por la ONU hace 43 y 29 años, respectivamente, y aún con las acciones anunciadas por el gobierno estatal para resolver el problema, declaró el Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos).
El organismo informó que hasta el mes de octubre, sumaron 90 mujeres asesinadas y de ellas solo 12 fueron tipificados como feminicidios.
En un pronunciamiento con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el organismo mencionó que la violencia contra mujeres y niñas continúa, a pesar de la Convención y de la Resolución aprobadas por la ONU, “en pos de la igualdad de mujeres y hombres, y aun cuando han pasado 43 y 29 años, respectivamente”.
El Centro Morelos opinó que lucha ha sido muy complicada “porque siempre vamos a contracorriente, ya que si bien es cierto que dichos instrumentos internacionales sientan las bases para una sociedad donde hombres y mujeres disfruten los mismos derechos, existen causas subjetivas que no lo ha hecho posible”.
Explicó que por ejemplo están los intereses políticos y económicos de gobernantes y autoridades.
“En Guerrero, hasta el mes de octubre suman alrededor de 90 mujeres asesinadas y, de ellas solo 12 son tipificadas como feminicidios”, informó el organismo citando como fuente un recuento publicado por El Sur el 23 de noviembre.
“Lo anterior nos indica que es necesario combinar los esfuerzos jurídicos para inhibir la violencia de género con castigos corporales y pecuniarios, así como con una estrategia de concientización, poniendo énfasis en las nuevas generaciones, porque no podemos olvidar que el patriarcado se instauró miles de años, de acuerdo al desarrollo de la sociedad y la instauración del modo de producción capitalista”.
El Centro Morelos reconoció que el proceso de cambio puede llevar mucho tiempo, “siempre de acuerdo a las estrategias que implementemos para avanzar en la eliminación de la violencia contra nosotras, contra nuestras hermanas, contra nuestra hijas y contra todas las mujeres de Guerrero y de México”, expuso el organismo en su escrito.
Añadió que por lo pronto se debe seguir exigiendo a las autoridades que asuman su responsabilidad de garantizar seguridad y justicia para las mujeres “que somos víctimas de violencia sistémica-patriarcal, porque no basta decir que el estado de Guerrero será un santuario de los derechos humanos o que está avanzando en la construcción de la paz y la justicia social o que los índices de inseguridad van a la baja”.
Añadió que mientras la violencia contra las mujeres, los feminicidios y la desaparición de mujeres de todas las edades sea el pan de cada día, no puede decirse que se va resolviendo el problema, o que Guerrero es el santuario de los derechos de las mujeres.
El organismo cuestionó: ¿El caso de Aurelia, mujer indígena náhuatl de la comunidad de Xochimilco municipio de Chilapa, condenada por un aborto espontaneo, por una jueza con mentalidad patriarcal, no es violencia?, ¿acaso la declaración del secretario de gobierno, en el sentido de que no hay presupuesto para atender el desplazamiento interno forzado donde el mayor número de víctimas son mujeres, no es violencia?.
También preguntó: ¿Acaso no es violencia que las madres, esposas, hijas de los desaparecidos a quienes les han entregado los restos de su familiar desaparecido no puedan acceder a la reparación del daño?, ¿acaso no es violencia que las madres o esposas de los desaparecidos que se quedaron con la responsabilidad de sacar adelante a sus hijos o nietos y, al mismo tiempo buscar a su desaparecido, reciban por parte de la CEAV del estado, dos mil pesos mensuales para la canasta básica, siempre con el pretexto de que no hay dinero?.
Otra de las interrogantes al gobierno es: ¿Acaso no es responsabilidad del Estado y sus instituciones garantizar nuestros derechos humanos a la vida, a la seguridad pública, a la paz, y a la justicia?, además, concluye con la pregunta: ¿Acaso la venta de niñas para el matrimonio en la región de la montaña de Guerrero no es violencia?

 

Hay menos desplazados en Chichihualco, pero no han regresado a sus pueblos: Centro Morelos

El 23 noviembre, un adulto mayor desplazado por la violencia de Filo de Caballos descansa en la entrada del auditorio de Chichihualco. Foto: José Luis de la Cruz

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El director del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), Manuel Olivares Hernández, negó que grupos de desplazados de comunidades de Leonardo Bravo (Chichihualco) estén regresando a sus comunidades, como le dijo el alcalde de este municipio, Ismael Cástulo Guzmán, al obispo Salvador Rangel Mendoza.
Aseguró que la mayoría sigue en su calidad de desplazados porque el gobierno no les ha garantizado la seguridad en sus pueblos.
En cambio, ratificó que las familias desplazadas han quedado abandonadas por el gobierno del estado, como lo declaró el domingo el ex coordinador de la Policía Ciudadana de Leonardo Bravo y Eduardo Neri, Crescencio Pacheco González.
La noche del domingo el obispo Rangel Mendoza dijo en su homilía que el alcalde Cástulo Guzmán le informó que algunos grupos de desplazados estaban regresando a sus comunidades, sobre todo los de la comunidad de Los Morros y que sólo quedaban las familias de Filo de Caballos.
“Eso es mentira”, aseguró ayer vía telefónica el director del Centro Morelos, organismo no gubernamental (ONG) que fue elegido por las familias desplazadas para que los represente en sus gestiones.
Recordó que para que las familias pudieran regresar en condiciones de seguridad a sus hogares, el organismo propuso la firma de una minuta de acuerdos con el gobierno estatal, mediante el subsecretario para Asuntos Políticos, Martín Maldonado del Moral, en donde se plasmaran los compromisos del gobierno del estado “para garantizar la vida y la seguridad de toda la gente que deseara regresar a su comunidad”.
Sin embargo, reiteró que el funcionario estatal se negó a firmar la minuta aun cuando en el contenido se daba cumplimiento a la Ley 487 para Prevenir y Atender el Desplazamiento Interno.
Declaró que no se ha cumplido con las garantías mínimas de seguridad para el regreso de las familias, tampoco tienen garantías de alimentación salud, educación y empleo que establece la ley 487 para los desplazados por la violencia.
Insistió que en estas condiciones las familias no pueden regresar a sus casas y comunidades.
Reconoció que a diferencia de los primeros días, después del 11 de noviembre cuando la Policía Comunitaria de Heliodoro Castillo irrumpió en Filo de Caballos, y había de mil 600 a 2 mil personas desplazadas en el auditorio municipal de Chichihualco, ahora hay unas 500, pero no porque el resto hayan regresado a sus comunidades, sino porque algunos se fueron a vivir con sus familiares en varias ciudades del estado y otros están emigrando a otros estados.
Pero dijo que eso no les quita su calidad de desplazados porque siguen fuera de sus pueblos porque el gobierno no les cumplió con brindarles las garantías de seguridad.
Añadió que a 15 días de que fueron desplazados, hay desesperación entre las familias porque el gobierno les suspendió la ayuda desde la semana pasada. Dijo que tampoco cuentan con un interlocutor, “los padres de familia carecen de empleo para sostener a sus hijos, éstos no van a la escuela y tampoco tienen el servicio de salud”.
El defensor de derechos humanos expresó que el hecho de que haya disminuido el número de desplazados en el auditorio municipal, le resta presión al gobierno, “pero finalmente siguen siendo gente desplazada, a quienes no les ha resuelto su problema de fondo el gobierno”.
Añadió que las familias están buscando dónde establecerse por su propia cuenta porque no ven un compromiso serio y a corto plazo de los gobiernos estatal y federal para replegar y desarmar a los policías comunitarios que los desplazaron de sus comunidades.
Olivares Hernández comentó que por la disminución del número de desplazados el gobierno ha comenzado a desentenderse de esta situación, y que a partir del miércoles de la semana pasada es la población civil la que les está llevando víveres para su alimentación y ropa.
“La última vez que vimos que el gobierno estatal les trajo víveres fue el miércoles de la semana pasada, el mismo día que pagó un desplegado”, dijo Olivares en referencia a una publicidad pagada por el gobierno estatal en la que niega que haya omisión en el caso y acusa a Olivares Hernández de “disuadir” a los desplazados para que no regresen a sus pueblos y de provocar la segmentación del grupo.
Añadió que ese día por la noche personal del gobierno del estado llevó muchas despensas, cobertores, ropa y zapatos nuevos, “aparentemente para respaldar su inserción pagada trajeron mucho apoyo, pero fue la última vez que trajeron algo”, aseguró.
Pero replicó que ese apoyo no es una dádiva del gobierno, sino un derecho que tienen los desplazados que está establecido en la Ley del Desplazamiento Interno. Además, aclaró que no están aquí por gusto ni por voluntad propia, sino porque el gobierno no les garantizó seguridad en sus pueblos de los que se vieron obligados a salir.
“Yo creo que el derecho a la alimentación en esta situación de victimas tiene que ser algo diferente, pero lo que están comiendo diariamente es frijol, huevo y arroz que es la despensa clásica”.
Olivares añadió que para la solución del problema de fondo, la esperanza la tienen en las nuevas autoridades federales que entrarán este 1º de diciembre, “la única esperanza que tienen es para cuando tome posesión Andrés Manuel López Obrador, creen que será cuando esto pueda resolverse”.
Informó que los desplazados no han decidido otras acciones como salir en comisiones a dependencias federales u organismos de derechos humanos, o manifestarse en otros lugares del estado porque se sienten muy vulnerables y temen que los repriman o queden más abandonados fuera de su territorio, “mientras que aquí, en el refugio, prácticamente se sienten en su casa”, expresó.

 

Abren en la capital un centro de atención a víctimas

En la inauguración del Centro Minerva Bello, que defenderá los derechos de las víctimas de la violencia, familiares y defensores de los derechos humanos exigieron al presidente electo Andrés Manuel López Obrador que no haya perdón ni olvido para los agresores y señalaron que el gobernador Héctor Astudillo criminaliza a las víctimas. En la gráfica, el presídium de la ceremonia con Tita Radilla, Sandra Luz Román, María Guadalupe Rodríguez, Martha Obezo, el obispo Salvador Rangel y Clemente Rodríguez Moreno, padre de Christian Alfonso Rodríguez, uno de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos Foto: Jessica Torres Barrera

Exigen familiares y defensores a AMLO que no haya perdón ni olvido y señalan que Astudillo criminaliza a víctimas

En la inauguración del Cnetro Minerva Bello el obispo Salvador Rangel dijo que el nuevo gobierno federal da mucha confianza y esperanza a los ciudadanos

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Entre exigencias al próximo gobierno federal para que no haya perdón ni olvido, y reproches al gobernador Héctor Astudillo por su señalamiento de que muchos jóvenes están desaparecidos por su participación en acciones delincuenciales, víctimas de la violencia, representantes de colectivos, organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y el obispo Salvador Rangel, participaron en la inauguraron del Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello (Centro Minerva Bello).
El nuevo Centro de Derechos Humanos lleva el nombre de la madre del estudiante de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Everardo Rodríguez Bello, uno de los 43 normalistas desaparecidos la noche del 26 de septiembre del 2014. Minerva Bello falleció en febrero pasado en Omeapa, municipio de Tixtla, sin haber encontrado a su hijo.
El Centro Minerva Bello fue inaugurado a las 6 de la tarde de ayer y se encuentra ubicado en la avenida Gobernadores 15, del fraccionamiento Villas Adame en la capital.
El obispo Salvador Rangel celebró la apertura porque denunció que en Guerrero se ha violentado y pecado mucho contra la vida, “a pesar de que es un derecho fundamental que tenemos como personas”, y agregó que es esa vida la que se tiene que proteger y defender en los centros de derechos de las víctimas como éste.
Agregó que por eso le da gusto que se abra esta casa y el movimiento en favor de los derechos humanos. Recordó que en abril los obispos publicaron un proyecto que establece su compromiso para estar con las causas sociales y a favor de la paz.
Explicó que por eso él se ha comprometido en trabajar por la paz, con las víctimas y con los victimarios, porque agregó que “si sabemos de dónde viene la fuente de la violencia, tenemos que ir a pararla”, dijo en referencia a sus constantes reuniones con los grupos delictivos que generan la violencia en el estado.
En su intervención, el prelado anunció que en breve se abrirán otros dos centros de atención a víctimas, uno en Iguala y otro en Chilapa, “porque estamos con ustedes y queremos caminar con ustedes”, dijo a víctimas de la violencia, representantes de colectivos, organismos de derechos humanos y organizaciones sociales.
Añadió que la Iglesia quiere comprometerse más con los derechos humanos, con las víctimas de la violencia, y con la gente, pues criticó que en vez de que las heridas de la violencia vayan secando, las muertes diarias, los levantones y secuestros las reavivan. Informó que en los últimos días ha tenido que intervenir para resolver los casos de tres secuestros.
Frente al problema de la violencia en la entidad, el prelado convocó a las víctimas y a defensores a empoderar a la sociedad y a “sacudirnos el miedo” y luego dijo que el nuevo gobierno federal le da mucha confianza y esperanza a los ciudadanos.
Durante la inauguración, a la que asistieron unas 200 personas, familiares de víctimas de desaparecidos colocaron pancartas atrás de la mesa del presídium con fuertes críticas al gobernador por el señalamiento que hizo en Acapulco la semana pasada en el sentido de que muchos jóvenes están desaparecidos por su participación en acciones delincuenciales.
“Los jóvenes desaparecidos eran estudiantes, trabajadores, empresarios, hijos. No eran delincuentes”, se leyó en una de ellas. Otra más decía: “Héctor Astudillo, gobernador de Guerrero, eres maldito por criminalizar a nuestros hijos”.
El director del Centro Minerva Bello, José Filiberto Velázquez Florencio, explicó que aun cuando el organismo surgió con “inspiración cristiana”, está abierto para creyentes o no creyentes porque agregó que las injusticias del mundo no tienen credo.
Explicó que trabajarán en tres ejes: la sanación, que será la atención sicológica y espiritual; la atención médica y la defensoría legal. Anunció que trabajaran en coordinación con organismos como el Centro de Derechos de la Montaña, Tlachinollan y el Centro Regional de Derechos Humanos, José María Morelos y Pavón (Centro Morelos).
Asistieron a la inauguración el director de Tlachinollan, Abel Barrera; el director del Centro Morelos, Manuel Olivares; la presidenta del colectivo de víctimas de Chilpancingo, Guadalupe Rodríguez; la vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem), Tita Radilla; la representante de Madres Iguatecas de Desaparecidos, Sandra Luz Román; la viuda del diputado Armando Chavarría Barrera, Martha Obeso.
Asimismo, la representante de Familiares de Desaparecidos Indígenas de Chilapa, Reyna Hernández; el representante de los padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos, Clemente Rodríguez; una comisión de estudiantes de la Normal de Ayotzinapa y de Mactumatzá, Chiapas; el presidente del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (Ccti), Raymundo Díaz.
La presidenta del colectivo Chilpancingo, lamentó que para enfrentar al Estado y exigir sus derechos como víctimas hayan tenido que unir fuerzas en colectivos y en centros de derechos humanos como éstos, “porque el Estado no quiere saber nada de las víctimas”.
A su vez, Clemente Rodríguez criticó que el gobernador Héctor Astudillo haya asistido a Tixtla “con todo cinismo” a presidir el desfile el 9 de agosto por el natalicio de Vicente Guerrero, cuando apenas había señalado que algunos jóvenes están desaparecidos por sus actividades delincuenciales y cuando todavía el gobierno no ha dado resultados de las investigaciones.
Abel Barrera también celebró la apertura del Centro Minerva Bello porque dijo que en un estado violento y en donde reina la impunidad como Guerrero estos esfuerzos son importantes y significativos.
El defensor de los derechos humanos añadió que el Centro Minerva Bello nace desde la raíz del dolor y la indignación de las víctimas que no han encontrado eco a sus reclamos de justicia, y añadió que ante ello es necesario romper y resquebrajar el muro de la impunidad, y denunció que la pequeñez, mezquindad y colusión de las autoridades con el crimen organizado hace que la injusticia siga acorazada.
El director del Centro Morelos cuestionó que el gobernador haya dicho que los jóvenes están desaparecidos por su participación en acciones delincuenciales, y también criticó la postura del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que “no debe haber olvido pero sí perdón” a los victimarios de la violencia. Olivares dijo que no, que las víctimas reclaman ni perdón ni olvido.
Tita Radilla lamentó que actualmente todavía se siga luchando en contra de la impunidad, como desde la guerra sucia en la que los victimarios, que fueron los militares, que también eran delincuentes y que si se hubieran castigado en su tiempo, hoy no habría impunidad.
La viuda del diputado perredista Armando Chavarría Barrera, Martha Obeso, denunció que actualmente se sigue criminalizando a las víctimas de la violencia como ocurrió con su esposo, “después de muerto, viene la criminalización, el lodo, la difamación”.

 

Exigen familiares y defensores a AMLO que no haya perdón ni olvido y señalan que Astudillo criminaliza a víctimas

Entre exigencias al próximo gobierno federal para que no haya perdón ni olvido, y reproches al gobernador Héctor Astudillo por su señalamiento de que muchos jóvenes están desaparecidos por su participación en acciones delincuenciales, víctimas de la violencia, representantes de colectivos, organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y el obispo Salvador Rangel, participaron en la inauguraron del Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello (Centro Minerva Bello).
El nuevo Centro de Derechos Humanos lleva el nombre de la madre del estudiante de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Everardo Rodríguez Bello, uno de los 43 normalistas desaparecidos la noche del 26 de septiembre del 2014. Minerva Bello falleció en febrero pasado en Omeapa, municipio de Tixtla, sin haber encontrado a su hijo.
El Centro Minerva Bello fue inaugurado a las 6 de la tarde de ayer y se encuentra ubicado en la avenida Gobernadores 15, del fraccionamiento Villas Adame en la capital.
El obispo Salvador Rangel celebró la apertura porque denunció que en Guerrero se ha violentado y pecado mucho contra la vida, “a pesar de que es un derecho fundamental que tenemos como personas”, y agregó que es esa vida la que se tiene que proteger y defender en los centros de derechos de las víctimas como éste.
Agregó que por eso le da gusto que se abra esta casa y el movimiento en favor de los derechos humanos. Recordó que en abril los obispos publicaron un proyecto que establece su compromiso para estar con las causas sociales y a favor de la paz.
Explicó que por eso él se ha comprometido en trabajar por la paz, con las víctimas y con los victimarios, porque agregó que “si sabemos de dónde viene la fuente de la violencia, tenemos que ir a pararla”, dijo en referencia a sus constantes reuniones con los grupos delictivos que generan la violencia en el estado.
En su intervención, el prelado anunció que en breve se abrirán otros dos centros de atención a víctimas, uno en Iguala y otro en Chilapa, “porque estamos con ustedes y queremos caminar con ustedes”, dijo a víctimas de la violencia, representantes de colectivos, organismos de derechos humanos y organizaciones sociales.
Añadió que la Iglesia quiere comprometerse más con los derechos humanos, con las víctimas de la violencia, y con la gente, pues criticó que en vez de que las heridas de la violencia vayan secando, las muertes diarias, los levantones y secuestros las reavivan. Informó que en los últimos días ha tenido que intervenir para resolver los casos de tres secuestros.
Frente al problema de la violencia en la entidad, el prelado convocó a las víctimas y a defensores a empoderar a la sociedad y a “sacudirnos el miedo” y luego dijo que el nuevo gobierno federal le da mucha confianza y esperanza a los ciudadanos.
Durante la inauguración, a la que asistieron unas 200 personas, familiares de víctimas de desaparecidos colocaron pancartas atrás de la mesa del presídium con fuertes críticas al gobernador por el señalamiento que hizo en Acapulco la semana pasada en el sentido de que muchos jóvenes están desaparecidos por su participación en acciones delincuenciales.
“Los jóvenes desaparecidos eran estudiantes, trabajadores, empresarios, hijos. No eran delincuentes”, se leyó en una de ellas. Otra más decía: “Héctor Astudillo, gobernador de Guerrero, eres maldito por criminalizar a nuestros hijos”.
El director del Centro Minerva Bello, José Filiberto Velázquez Florencio, explicó que aun cuando el organismo surgió con “inspiración cristiana”, está abierto para creyentes o no creyentes porque agregó que las injusticias del mundo no tienen credo.
Explicó que trabajarán en tres ejes: la sanación, que será la atención sicológica y espiritual; la atención médica y la defensoría legal. Anunció que trabajaran en coordinación con organismos como el Centro de Derechos de la Montaña, Tlachinollan y el Centro Regional de Derechos Humanos, José María Morelos y Pavón (Centro Morelos).
Asistieron a la inauguración el director de Tlachinollan, Abel Barrera; el director del Centro Morelos, Manuel Olivares; la presidenta del colectivo de víctimas de Chilpancingo, Guadalupe Rodríguez; la vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem), Tita Radilla; la representante de Madres Iguatecas de Desaparecidos, Sandra Luz Román; la viuda del diputado Armando Chavarría Barrera, Martha Obeso.
Asimismo, la representante de Familiares de Desaparecidos Indígenas de Chilapa, Reyna Hernández; el representante de los padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos, Clemente Rodríguez; una comisión de estudiantes de la Normal de Ayotzinapa y de Mactumatzá, Chiapas; el presidente del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (Ccti), Raymundo Díaz.
La presidenta del colectivo Chilpancingo, lamentó que para enfrentar al Estado y exigir sus derechos como víctimas hayan tenido que unir fuerzas en colectivos y en centros de derechos humanos como éstos, “porque el Estado no quiere saber nada de las víctimas”.
A su vez, Clemente Rodríguez criticó que el gobernador Héctor Astudillo haya asistido a Tixtla “con todo cinismo” a presidir el desfile el 9 de agosto por el natalicio de Vicente Guerrero, cuando apenas había señalado que algunos jóvenes están desaparecidos por sus actividades delincuenciales y cuando todavía el gobierno no ha dado resultados de las investigaciones.
Abel Barrera también celebró la apertura del Centro Minerva Bello porque dijo que en un estado violento y en donde reina la impunidad como Guerrero estos esfuerzos son importantes y significativos.
El defensor de los derechos humanos añadió que el Centro Minerva Bello nace desde la raíz del dolor y la indignación de las víctimas que no han encontrado eco a sus reclamos de justicia, y añadió que ante ello es necesario romper y resquebrajar el muro de la impunidad, y denunció que la pequeñez, mezquindad y colusión de las autoridades con el crimen organizado hace que la injusticia siga acorazada.
El director del Centro Morelos cuestionó que el gobernador haya dicho que los jóvenes están desaparecidos por su participación en acciones delincuenciales, y también criticó la postura del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que “no debe haber olvido pero sí perdón” a los victimarios de la violencia. Olivares dijo que no, que las víctimas reclaman ni perdón ni olvido.
Tita Radilla lamentó que actualmente todavía se siga luchando en contra de la impunidad, como desde la guerra sucia en la que los victimarios, que fueron los militares, que también eran delincuentes y que si se hubieran castigado en su tiempo, hoy no habría impunidad.
La viuda del diputado perredista Armando Chavarría Barrera, Martha Obeso, denunció que actualmente se sigue criminalizando a las víctimas de la violencia como ocurrió con su esposo, “después de muerto, viene la criminalización, el lodo, la difamación”.