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Llama el Centro Morelos a la federación y al estado a detener “la espiral de violencia”

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), exigió ayer a los gobiernos federal y estatal que ya detengan la espiral de violencia “que sigue enlutando decenas de hogares” en la entidad.
Pidió una investigación “pronta y expedita” para dar con el paradero de los autores intelectuales y materiales del asesinato del profesor Marcelino Ruiz Esteban y su esposa, la profesora Guadalupe Guzmán Cano, hecho ocurrido la noche del miércoles en la carretera Chilpancingo-Tlapa.
“La violencia es como una noche en la cual no se ve la luz del amanecer, mientras que la muerte cabalga a lo largo y ancho del estado de Guerrero, las autoridades siguen sin la voluntad de hacer algo contundente para detener o cuando menos inhibir la violencia”, manifestó el organismo en un comunicado.

En Chilapam la violencia “a la orden del día”

Se refirió a la situación que se vive en Chilapa, “donde la violencia ha estado siempre presente; las ejecuciones y desapariciones siguen a la orden del día, algunas se denuncian, otras se callan por miedo”.
El organismo recordó el homicidio de tres mujeres ocurrido el 6 de enero en el barrio de El Calvario de Chilapa, “sin que hasta el momento se sepa quiénes cometieron este crimen.
“Como Centro Morelos repudiamos todos los hechos sangrientos que siguen ocurriendo en las diferentes regiones del estado”.
Habló del caso más reciente ocurrido en la zona: el asesinato del expresidente municipal de Atlixtac Marcelino Ruiz Esteban y su esposa, la maestra Guadalupe Guzmán Cano cerca de la comunidad de Atempa, en la carretera Chilpancingo-Tlapa.
“Centro Morelos conocimos al maestro Marcelino y siempre se mostró accesible, sensible y muy solidario con las personas a quienes acompañábamos y que eran víctimas de la violencia, familiares de desaparecidos, asesinados, fueran o no de su municipio”.
El Centro Morelos lo recordó como un hombre que siempre apoyaba las causas nobles y honestas, “y pudimos darnos cuenta de que contaba con la simpatía de la mayoría de las comunidades de Atlixtac”.
Marcelino, quien era originario de Huitzapula, según el comunicado del Centro Morelos, fue desde niño muy trabajador “y sufrió mucho trabajando como ayudante de albañil”, debido a que sus padres eran maestros pero no les alcanzaba el dinero porque tuvo muchos hermanos y él fue el mayor”.
Agregó que con su propio esfuerzo estudio para maestro y decidió incursionar en la política partidista (fue en dos ocasiones presidente municipal de Atlixtac por el PRD), “al ver que la gente necesitaba mucha ayuda”.
El Centro Morelos exigió a los gobiernos federal y estatal “que ya detengan esta espiral de violencia que sigue enlutando decenas de hogares”.
Asimismo, que se realice una investigación pronta y expedita para dar con el paradero de los autores intelectuales y materiales de su asesinato y el de su esposa.
Ademan, pidió el cumplimiento de la Recomendación 171/2023 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a favor de 171 familias desplazadas que acompaña y representa el Centro Morelos dándoles la reubicación y la reparación integral del daño.
Se pronunció, además, porque “se deje de deslegitimar el trabajo de los organismos civiles de derechos humanos que acompañan y representan a la mayoría de madres y padres de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 de septiembre de 2014.

 

Da detalles PC de los 45 muertos en Acapulco e informa que van 12 en Coyuca de Benítez

Zacarías Cervantes
y Lourdes Chávez

Chilpancingo

Autoridades estatales y federales cerraron anoche con la cifra de 45 muertos y 47 desaparecidos como resultado del huracán Otis en Acapulco, y de 12 fallecidos en Coyuca de Benítez, aunque las cifras son preliminares.
Sin embargo, organismos civiles denunciaron que la cifra de desaparecidos no coinciden con los registros públicos que se han dado a conocer en los medios.
El secretario de Marina, José Rafael Ojeda, no descartó que pueda haber más cuerpos en las 29 embarcaciones hundidas que ya han sido localizadas. Dijo que se espera la llegada de un buque para recuperarlas.
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del gobierno del estado reportó el fallecimiento de 45 personas en Acapulco, y de 12 en Coyuca de Benítez, que hacen un total de 57 decesos en la actualización de las consecuencias del impacto del huracán Otis de categoría 5 en Guerrero, el 24 de octubre.
De manera extraoficial, se supo que la Fiscalía General del Estado en el informe de las las 8 de la noche, manejó 47 defunciones entre los daños ocasionados por el meteoro.
Pero sólo esa dependencia hizo un desglose del deceso de 35 hombres y 10 mujeres en Acapulco, así como de una mujer, dos hombres adultos, y dos niños en Coyuca de Benitez, y de seis adultos y dos menores de edad sin identificación.
Detalla que encontraron ahogadas a 10 personas en la playa de la Base Naval, siete en el Club de yates, dos en Playa Tlacopanocha, dos en Pie de la Cuesta, y uno en el Malecón.
Por colapso fallecieron, uno en la colonia Jardín, otro en Jardín Palmas, una más en la Unidad El Coloso; dos en la colonia Icacos, cinco en la Alta Progreso, cuatro en la 20 de noviembre, cinco en Renacimiento, y cuatro en otros sitios. La mayoría fueron confirmados por la Fiscalía del Estado, y un caso por Bomberos Acapulco.
En el informe diario indica que el ayuntamiento de Coyuca de Benítez reportó el deceso de una mujer de 45 años por un infarto en Aguas Blancas: de un hombre sin identificar en Bajos del Ejido, de un vecino de Ejido Viejo de 88 años; de Kevin N por colapso de una barda en la colonia Luces del Mar, de dos niños en Tixtlancingo, de cinco personas halladas en la franja de área de Los Mogotes, sin identificar.
El caso de Los Mogotes fue denunciado un día antes por vecinos, de que el mar arrojó los cuerpos que yacían en la arena en estado de putrefacción.
Mientras la Secretaría federal de Seguridad y Protección Ciudadana informó que, en el quinto día de trabajo para la atención de la población afectada, este 30 de octubre, había 45 personas fallecidas por el huracán. Aunque el día anterior reportó 48, 43 en Acapulco y cinco en Coyuca de Benítez.

Señalan cifras “maquilladas”

Aunque las cifras siguen siendo preliminares, la gobernadora Evelyn Salgado informó ayer que los muertos como consecuencia de Otis, suman 45 y que son 47 los reportes de personas desaparecidas. Vecinos de la ciudad aseguran que la cifra de víctimas están siendo maquilladas.
Desde la mañana, Salgado Pineda informó en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador que otras 47 personas no habían sido localizadas.
De acuerdo con López Obrador, la diferencia de las cifras tanto de muertos como de heridos tiene que ver con la constante “actualización de las cifras”.
La cifra de 45 muertos fue ratificada en la noche por la Fiscal General del Estado (FGE), Sandra Luz Valdovinos Salmerón, quien dijo se abrieron 45 carpetas de investigación por personas desaparecidas, de quienes, aseguró, 16 ya habían sido entregados a sus familiares “por información verídica”.
La cifra de desaparecidos que dio a conocer la gobernadora Salgado, según organismos como el Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos) no coincide con los reportes de familiares que no han localizado a sus familiares.
En un comunicado el Centro Morelos informó que los reportes de personas de desaparecidos suman más de 60. Entre algunos de los desaparecidos se sumaron los de Jesús Galindo Matamoros de 29 años de edad. De acuerdo a sus familiares fue visto por última vez en su casa ubicada en Ciudad Renacimiento el jueves a las 9 de la noche. Se informó que su amigo Julián fue a ayudarlo a limpiar su hogar en la calle Revolución, pero después lo perdió.
Otra de las desaparecidas es Araceli Nájera Moreno, quien estaba embarazada pero no dio a conocer su edad, sólo dijo que vive en la colonia Las Cumbres de Acapulco, y que luego del huracán Otis desapareció y su familia hasta ayer no sabía nada de su paradero.
Se informó que ella es originaria de Yextla, municipio de Leonardo Bravo (Chichihualco). Sus familiares pusieron a disposición el número de celular 7772314538 para que la gente se comunique en caso de que tengan datos de ella.
También se dio a conocer la desaparición del matrimonio integrado por Beatriz Zepeda Gabino y Gabino Flores García.
Sus familiares pidieron llamar al teléfono 7472255087 para localizar al matrimonio, que viven en la colonia Coloso de Acapulco.
Otro de los ausentes es Genaro Palma Sánchez, quien está desaparecido desde el martes 24 de octubre “cuando no sabemos nada de él quien se encontraba en Acapulco”.
También estaban desaparecidos hasta ayer los periodistas Fabián Domenichelli, Humberto Aburto Parra y Ernestina Aguilera, ésta última hermana de Leodegario Aguilera, desaparecido desde hace más de 20 años, pero ella fue localizada “sana y salva” en su domicilio ayer lunes.
En comunicado por separado, el secretario de la Marina, José Rafael Ojeda, informó que hasta ayer ya habían salido de Acapulco un total de 546 turistas que estaban hospedados en distintos hoteles.

El censo

Por la tarde-noche de ayer el gobierno federal informó que sigue haciendo un censo para conocer y evaluar los daños. De acuerdo a ese censo hasta ayer se habían registrado 270 mil viviendas, 120 hospitales y clínicas, además, se informó que el 95 por ciento de los comercios y el 80 por ciento de la infraestructura hotelera fueron reportados con daños por el huracán Otis.
Aunque las autoridades federales siguen haciendo un censo de daños ya informaron que Otis afectó más de 270 mil viviendas y 120 hospitales y clínicas, además del 95 por ciento de los comercios y el 80 por ciento de la infraestructura hotelera.
Por su parte la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó en su reporte de ayer que que de los 513 mil 524 afectados por el huracán Otis, se había restablecido el servicio a 334 mil 304 usuarios, lo que representa más del 65 por ciento. La paraestatal informó en un comunicado que ha priorizado el servicio a los establecimientos que prestan el servicio a la población.
En un comunicado, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó a los contribuyentes afectados por el paso del huracán Otis que se considerará días inhábiles del 25 de octubre al 10 de noviembre de 2023 en Acapulco.
Mediante la Octava Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023, publicada de manera anticipada en el portal del SAT, estableció que en dicho periodo “no se computarán plazos y términos legales correspondientes a actos, trámites y procedimientos en las unidades administrativas del SAT, con el objetivo de que los contribuyentes que tengan domicilio fiscal en las zonas afectadas, puedan cumplir con sus obligaciones fiscales de manera oportuna”.
A su vez, Pemex informó que hasta ayer 30 de octubre había restablecido el servicio en 12 gasolineras de Acapulco tras el paso del huracán Otis, la semana pasada.
La empresa paraestatal anunció, además, que conforme la CFE vaya avanzando en la restauración del suministro eléctrico también se irá incrementando el número de gasolineras en servicio para el público en general.
Pemex aseguró que cuenta con el abasto suficiente de combustible en la Terminal de Almacenamiento y Despacho (TDA) de Acapulco, Guerrero. Asimismo, dijo que a partir de ayer cuenta con un inventario de 14.4 millones de litros de gasolina regular, 3.9 millones de litros de gasolina Premium y 4.8 millones de litros de diésel para abastecer la ciudad de Acapulco.

 

Encuentra la FGE muerto a activista de Chilapa pero no da información

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El indígena nahua, José Santos Nava, quien vivía en la colonia Frente de Defensa Popular (FDP) de Chilapa, desapareció el martes pasado y fue hallado muerto el jueves sin que la Fiscalía General del Estado (FGE) le haya informado a su familia dónde ni las circunstancias de su muerte, denunció ayer el Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos).
El organismo informó que el indígena es integrante del Colectivo de Víctimas de Chilapa y Pueblos Indígenas, y responsabilizó a los tres órdenes de gobierno de su asesinato, así como de la integridad física de las personas defensoras de derechos humanos periodistas y luchadores sociales que están siendo asesinadas en Guerrero.
De acuerdo con el Centro Morelos, Santos Nava desapareció cuando salió al centro de Chilapa a realizar unas compras, y ya no regreso a su vivienda, y el jueves la Fiscalía le avisó a su familia que fue encontrado su cuerpo sin vida, “sin que le dijeran dónde lo encontraron”.
La víctima y su esposa María Alejandra Valle González pertenecían al Colectivo de Víctimas de Chilapa y Pueblos Indígenas porque el 18 de agosto del 2015 desapareció, también en Chilapa su hijo Benjamín Santos Valle, de 14 años de edad, del cual hasta la fecha se desconoce su paradero.
La familia del asesinado era originaria de la comunidad nahua de Ahuixtla, municipio de Chilapa, y desde el 2015 llegaron a vivir a la colonia Frente de Defensa Popular de la cabecera municipal.
El Centro Morelos informó que por la pobreza, José instaló un pequeño puesto de abarrotes en las cercanías del mercado agroindustrial, pero en el 2017 personal del Ayuntamiento lo acosó exigiéndole que desocupara el lugar.
“Incluso en una noche sufrió el robo de su mercancía, y con el apoyo del Centro Morelos logró que lo dejaran en paz un tiempo, pero en los últimos meses reinició el acoso, por lo que no se descarta que esa sea la causa de su desaparición y posterior asesinato, ya que don José era un hombre de 71 años de edad, muy humilde y pacífico”, informó el organismo.
Agregó que “este indignante crimen” se suma a toda la cadena de homicidios dolosos y atentados que vienen ocurriendo día con día en el estado de Guerrero, donde líderes, funcionarios o exfuncionarios y personas comunes de cualquier sexo y edad son víctimas de la violencia e inseguridad generada desde las esferas gubernamentales, que manejan o encubren a los grupos narco paramilitares y delincuenciales”.
Recordó que apenas el 16 de octubre fueron entregados los restos de Pablo Zeferino Ángel a su esposa Kenya Adilene Baltazar Acho, después de haber sido desaparecido el 8 de marzo de 2017 y localizado desmembrado y calcinado en un taxi en Chilapa el 17 de marzo del mismo año, “o sea que cerca de seis años permaneció desaparecido en el Semefo”.
Se informó que Kenya también pertenece al Colectivo de Víctimas de Chilapa y Pueblos Indígenas.
“Es mentira que el estado esté rebasado por la delincuencia o la inseguridad, está muy rebasada su falta de voluntad y honestidad para atender el flagelo de la inseguridad”, escribió en su comunicado el organismo.
“Pese a todo, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, todos los días dice que ya hay menos homicidios, que ya hay más seguridad y que la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz en Guerrero está dando buenos resultados, y hasta felicita a las instituciones que son parte de dicha mesa y cada vez que anuncia que se van a fortalecer los operativos de seguridad, aumenta el número de homicidios dolosos, desapariciones, desplazamientos y enfrentamientos”, denunció.
“Una vez más hacemos responsables a los gobiernos gobierno federal, estatal y municipal de la seguridad e integridad física de las personas Defensoras de Derechos Humanos Periodistas y Luchadores Sociales y le exigimos garantías para realizar nuestro trabajo”, acusa.
El Centro Morelos exigió la reparación integral del daño a las familias que han recibido los restos de sus familiares desaparecidos.
“Exigimos a los diputados de todas las fracciones parlamentarias y comisiones del Congreso estatal que inmediatamente aprueben la Ley en Materia de Desaparición de Personas del estado de Guerrero, su reglamentación y presupuesto emergente suficiente que permita hacerla operativa”.
Concluyó: “que quede claro, no somos conservadores ni militantes de algún partido político o religioso y menos de algún grupo narco-paramilitar o delincuencial, tampoco somos resentidos como lo ha dicho el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, somos defensores de derechos humanos que no nos vendemos ni claudicamos”.

 

Continúa la violencia hacia mujeres y niños a pesar de acciones para prevenirla, advierte el Centro Morelos

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La violencia contra mujeres y niñas continúa a pesar de la Convención y de la Resolución aprobadas por la ONU hace 43 y 29 años, respectivamente, y aún con las acciones anunciadas por el gobierno estatal para resolver el problema, declaró el Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos).
El organismo informó que hasta el mes de octubre, sumaron 90 mujeres asesinadas y de ellas solo 12 fueron tipificados como feminicidios.
En un pronunciamiento con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el organismo mencionó que la violencia contra mujeres y niñas continúa, a pesar de la Convención y de la Resolución aprobadas por la ONU, “en pos de la igualdad de mujeres y hombres, y aun cuando han pasado 43 y 29 años, respectivamente”.
El Centro Morelos opinó que lucha ha sido muy complicada “porque siempre vamos a contracorriente, ya que si bien es cierto que dichos instrumentos internacionales sientan las bases para una sociedad donde hombres y mujeres disfruten los mismos derechos, existen causas subjetivas que no lo ha hecho posible”.
Explicó que por ejemplo están los intereses políticos y económicos de gobernantes y autoridades.
“En Guerrero, hasta el mes de octubre suman alrededor de 90 mujeres asesinadas y, de ellas solo 12 son tipificadas como feminicidios”, informó el organismo citando como fuente un recuento publicado por El Sur el 23 de noviembre.
“Lo anterior nos indica que es necesario combinar los esfuerzos jurídicos para inhibir la violencia de género con castigos corporales y pecuniarios, así como con una estrategia de concientización, poniendo énfasis en las nuevas generaciones, porque no podemos olvidar que el patriarcado se instauró miles de años, de acuerdo al desarrollo de la sociedad y la instauración del modo de producción capitalista”.
El Centro Morelos reconoció que el proceso de cambio puede llevar mucho tiempo, “siempre de acuerdo a las estrategias que implementemos para avanzar en la eliminación de la violencia contra nosotras, contra nuestras hermanas, contra nuestra hijas y contra todas las mujeres de Guerrero y de México”, expuso el organismo en su escrito.
Añadió que por lo pronto se debe seguir exigiendo a las autoridades que asuman su responsabilidad de garantizar seguridad y justicia para las mujeres “que somos víctimas de violencia sistémica-patriarcal, porque no basta decir que el estado de Guerrero será un santuario de los derechos humanos o que está avanzando en la construcción de la paz y la justicia social o que los índices de inseguridad van a la baja”.
Añadió que mientras la violencia contra las mujeres, los feminicidios y la desaparición de mujeres de todas las edades sea el pan de cada día, no puede decirse que se va resolviendo el problema, o que Guerrero es el santuario de los derechos de las mujeres.
El organismo cuestionó: ¿El caso de Aurelia, mujer indígena náhuatl de la comunidad de Xochimilco municipio de Chilapa, condenada por un aborto espontaneo, por una jueza con mentalidad patriarcal, no es violencia?, ¿acaso la declaración del secretario de gobierno, en el sentido de que no hay presupuesto para atender el desplazamiento interno forzado donde el mayor número de víctimas son mujeres, no es violencia?.
También preguntó: ¿Acaso no es violencia que las madres, esposas, hijas de los desaparecidos a quienes les han entregado los restos de su familiar desaparecido no puedan acceder a la reparación del daño?, ¿acaso no es violencia que las madres o esposas de los desaparecidos que se quedaron con la responsabilidad de sacar adelante a sus hijos o nietos y, al mismo tiempo buscar a su desaparecido, reciban por parte de la CEAV del estado, dos mil pesos mensuales para la canasta básica, siempre con el pretexto de que no hay dinero?.
Otra de las interrogantes al gobierno es: ¿Acaso no es responsabilidad del Estado y sus instituciones garantizar nuestros derechos humanos a la vida, a la seguridad pública, a la paz, y a la justicia?, además, concluye con la pregunta: ¿Acaso la venta de niñas para el matrimonio en la región de la montaña de Guerrero no es violencia?

 

Hay menos desplazados en Chichihualco, pero no han regresado a sus pueblos: Centro Morelos

El 23 noviembre, un adulto mayor desplazado por la violencia de Filo de Caballos descansa en la entrada del auditorio de Chichihualco. Foto: José Luis de la Cruz

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El director del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), Manuel Olivares Hernández, negó que grupos de desplazados de comunidades de Leonardo Bravo (Chichihualco) estén regresando a sus comunidades, como le dijo el alcalde de este municipio, Ismael Cástulo Guzmán, al obispo Salvador Rangel Mendoza.
Aseguró que la mayoría sigue en su calidad de desplazados porque el gobierno no les ha garantizado la seguridad en sus pueblos.
En cambio, ratificó que las familias desplazadas han quedado abandonadas por el gobierno del estado, como lo declaró el domingo el ex coordinador de la Policía Ciudadana de Leonardo Bravo y Eduardo Neri, Crescencio Pacheco González.
La noche del domingo el obispo Rangel Mendoza dijo en su homilía que el alcalde Cástulo Guzmán le informó que algunos grupos de desplazados estaban regresando a sus comunidades, sobre todo los de la comunidad de Los Morros y que sólo quedaban las familias de Filo de Caballos.
“Eso es mentira”, aseguró ayer vía telefónica el director del Centro Morelos, organismo no gubernamental (ONG) que fue elegido por las familias desplazadas para que los represente en sus gestiones.
Recordó que para que las familias pudieran regresar en condiciones de seguridad a sus hogares, el organismo propuso la firma de una minuta de acuerdos con el gobierno estatal, mediante el subsecretario para Asuntos Políticos, Martín Maldonado del Moral, en donde se plasmaran los compromisos del gobierno del estado “para garantizar la vida y la seguridad de toda la gente que deseara regresar a su comunidad”.
Sin embargo, reiteró que el funcionario estatal se negó a firmar la minuta aun cuando en el contenido se daba cumplimiento a la Ley 487 para Prevenir y Atender el Desplazamiento Interno.
Declaró que no se ha cumplido con las garantías mínimas de seguridad para el regreso de las familias, tampoco tienen garantías de alimentación salud, educación y empleo que establece la ley 487 para los desplazados por la violencia.
Insistió que en estas condiciones las familias no pueden regresar a sus casas y comunidades.
Reconoció que a diferencia de los primeros días, después del 11 de noviembre cuando la Policía Comunitaria de Heliodoro Castillo irrumpió en Filo de Caballos, y había de mil 600 a 2 mil personas desplazadas en el auditorio municipal de Chichihualco, ahora hay unas 500, pero no porque el resto hayan regresado a sus comunidades, sino porque algunos se fueron a vivir con sus familiares en varias ciudades del estado y otros están emigrando a otros estados.
Pero dijo que eso no les quita su calidad de desplazados porque siguen fuera de sus pueblos porque el gobierno no les cumplió con brindarles las garantías de seguridad.
Añadió que a 15 días de que fueron desplazados, hay desesperación entre las familias porque el gobierno les suspendió la ayuda desde la semana pasada. Dijo que tampoco cuentan con un interlocutor, “los padres de familia carecen de empleo para sostener a sus hijos, éstos no van a la escuela y tampoco tienen el servicio de salud”.
El defensor de derechos humanos expresó que el hecho de que haya disminuido el número de desplazados en el auditorio municipal, le resta presión al gobierno, “pero finalmente siguen siendo gente desplazada, a quienes no les ha resuelto su problema de fondo el gobierno”.
Añadió que las familias están buscando dónde establecerse por su propia cuenta porque no ven un compromiso serio y a corto plazo de los gobiernos estatal y federal para replegar y desarmar a los policías comunitarios que los desplazaron de sus comunidades.
Olivares Hernández comentó que por la disminución del número de desplazados el gobierno ha comenzado a desentenderse de esta situación, y que a partir del miércoles de la semana pasada es la población civil la que les está llevando víveres para su alimentación y ropa.
“La última vez que vimos que el gobierno estatal les trajo víveres fue el miércoles de la semana pasada, el mismo día que pagó un desplegado”, dijo Olivares en referencia a una publicidad pagada por el gobierno estatal en la que niega que haya omisión en el caso y acusa a Olivares Hernández de “disuadir” a los desplazados para que no regresen a sus pueblos y de provocar la segmentación del grupo.
Añadió que ese día por la noche personal del gobierno del estado llevó muchas despensas, cobertores, ropa y zapatos nuevos, “aparentemente para respaldar su inserción pagada trajeron mucho apoyo, pero fue la última vez que trajeron algo”, aseguró.
Pero replicó que ese apoyo no es una dádiva del gobierno, sino un derecho que tienen los desplazados que está establecido en la Ley del Desplazamiento Interno. Además, aclaró que no están aquí por gusto ni por voluntad propia, sino porque el gobierno no les garantizó seguridad en sus pueblos de los que se vieron obligados a salir.
“Yo creo que el derecho a la alimentación en esta situación de victimas tiene que ser algo diferente, pero lo que están comiendo diariamente es frijol, huevo y arroz que es la despensa clásica”.
Olivares añadió que para la solución del problema de fondo, la esperanza la tienen en las nuevas autoridades federales que entrarán este 1º de diciembre, “la única esperanza que tienen es para cuando tome posesión Andrés Manuel López Obrador, creen que será cuando esto pueda resolverse”.
Informó que los desplazados no han decidido otras acciones como salir en comisiones a dependencias federales u organismos de derechos humanos, o manifestarse en otros lugares del estado porque se sienten muy vulnerables y temen que los repriman o queden más abandonados fuera de su territorio, “mientras que aquí, en el refugio, prácticamente se sienten en su casa”, expresó.

 

Abren en la capital un centro de atención a víctimas

En la inauguración del Centro Minerva Bello, que defenderá los derechos de las víctimas de la violencia, familiares y defensores de los derechos humanos exigieron al presidente electo Andrés Manuel López Obrador que no haya perdón ni olvido para los agresores y señalaron que el gobernador Héctor Astudillo criminaliza a las víctimas. En la gráfica, el presídium de la ceremonia con Tita Radilla, Sandra Luz Román, María Guadalupe Rodríguez, Martha Obezo, el obispo Salvador Rangel y Clemente Rodríguez Moreno, padre de Christian Alfonso Rodríguez, uno de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos Foto: Jessica Torres Barrera

Exigen familiares y defensores a AMLO que no haya perdón ni olvido y señalan que Astudillo criminaliza a víctimas

En la inauguración del Cnetro Minerva Bello el obispo Salvador Rangel dijo que el nuevo gobierno federal da mucha confianza y esperanza a los ciudadanos

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Entre exigencias al próximo gobierno federal para que no haya perdón ni olvido, y reproches al gobernador Héctor Astudillo por su señalamiento de que muchos jóvenes están desaparecidos por su participación en acciones delincuenciales, víctimas de la violencia, representantes de colectivos, organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y el obispo Salvador Rangel, participaron en la inauguraron del Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello (Centro Minerva Bello).
El nuevo Centro de Derechos Humanos lleva el nombre de la madre del estudiante de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Everardo Rodríguez Bello, uno de los 43 normalistas desaparecidos la noche del 26 de septiembre del 2014. Minerva Bello falleció en febrero pasado en Omeapa, municipio de Tixtla, sin haber encontrado a su hijo.
El Centro Minerva Bello fue inaugurado a las 6 de la tarde de ayer y se encuentra ubicado en la avenida Gobernadores 15, del fraccionamiento Villas Adame en la capital.
El obispo Salvador Rangel celebró la apertura porque denunció que en Guerrero se ha violentado y pecado mucho contra la vida, “a pesar de que es un derecho fundamental que tenemos como personas”, y agregó que es esa vida la que se tiene que proteger y defender en los centros de derechos de las víctimas como éste.
Agregó que por eso le da gusto que se abra esta casa y el movimiento en favor de los derechos humanos. Recordó que en abril los obispos publicaron un proyecto que establece su compromiso para estar con las causas sociales y a favor de la paz.
Explicó que por eso él se ha comprometido en trabajar por la paz, con las víctimas y con los victimarios, porque agregó que “si sabemos de dónde viene la fuente de la violencia, tenemos que ir a pararla”, dijo en referencia a sus constantes reuniones con los grupos delictivos que generan la violencia en el estado.
En su intervención, el prelado anunció que en breve se abrirán otros dos centros de atención a víctimas, uno en Iguala y otro en Chilapa, “porque estamos con ustedes y queremos caminar con ustedes”, dijo a víctimas de la violencia, representantes de colectivos, organismos de derechos humanos y organizaciones sociales.
Añadió que la Iglesia quiere comprometerse más con los derechos humanos, con las víctimas de la violencia, y con la gente, pues criticó que en vez de que las heridas de la violencia vayan secando, las muertes diarias, los levantones y secuestros las reavivan. Informó que en los últimos días ha tenido que intervenir para resolver los casos de tres secuestros.
Frente al problema de la violencia en la entidad, el prelado convocó a las víctimas y a defensores a empoderar a la sociedad y a “sacudirnos el miedo” y luego dijo que el nuevo gobierno federal le da mucha confianza y esperanza a los ciudadanos.
Durante la inauguración, a la que asistieron unas 200 personas, familiares de víctimas de desaparecidos colocaron pancartas atrás de la mesa del presídium con fuertes críticas al gobernador por el señalamiento que hizo en Acapulco la semana pasada en el sentido de que muchos jóvenes están desaparecidos por su participación en acciones delincuenciales.
“Los jóvenes desaparecidos eran estudiantes, trabajadores, empresarios, hijos. No eran delincuentes”, se leyó en una de ellas. Otra más decía: “Héctor Astudillo, gobernador de Guerrero, eres maldito por criminalizar a nuestros hijos”.
El director del Centro Minerva Bello, José Filiberto Velázquez Florencio, explicó que aun cuando el organismo surgió con “inspiración cristiana”, está abierto para creyentes o no creyentes porque agregó que las injusticias del mundo no tienen credo.
Explicó que trabajarán en tres ejes: la sanación, que será la atención sicológica y espiritual; la atención médica y la defensoría legal. Anunció que trabajaran en coordinación con organismos como el Centro de Derechos de la Montaña, Tlachinollan y el Centro Regional de Derechos Humanos, José María Morelos y Pavón (Centro Morelos).
Asistieron a la inauguración el director de Tlachinollan, Abel Barrera; el director del Centro Morelos, Manuel Olivares; la presidenta del colectivo de víctimas de Chilpancingo, Guadalupe Rodríguez; la vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem), Tita Radilla; la representante de Madres Iguatecas de Desaparecidos, Sandra Luz Román; la viuda del diputado Armando Chavarría Barrera, Martha Obeso.
Asimismo, la representante de Familiares de Desaparecidos Indígenas de Chilapa, Reyna Hernández; el representante de los padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos, Clemente Rodríguez; una comisión de estudiantes de la Normal de Ayotzinapa y de Mactumatzá, Chiapas; el presidente del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (Ccti), Raymundo Díaz.
La presidenta del colectivo Chilpancingo, lamentó que para enfrentar al Estado y exigir sus derechos como víctimas hayan tenido que unir fuerzas en colectivos y en centros de derechos humanos como éstos, “porque el Estado no quiere saber nada de las víctimas”.
A su vez, Clemente Rodríguez criticó que el gobernador Héctor Astudillo haya asistido a Tixtla “con todo cinismo” a presidir el desfile el 9 de agosto por el natalicio de Vicente Guerrero, cuando apenas había señalado que algunos jóvenes están desaparecidos por sus actividades delincuenciales y cuando todavía el gobierno no ha dado resultados de las investigaciones.
Abel Barrera también celebró la apertura del Centro Minerva Bello porque dijo que en un estado violento y en donde reina la impunidad como Guerrero estos esfuerzos son importantes y significativos.
El defensor de los derechos humanos añadió que el Centro Minerva Bello nace desde la raíz del dolor y la indignación de las víctimas que no han encontrado eco a sus reclamos de justicia, y añadió que ante ello es necesario romper y resquebrajar el muro de la impunidad, y denunció que la pequeñez, mezquindad y colusión de las autoridades con el crimen organizado hace que la injusticia siga acorazada.
El director del Centro Morelos cuestionó que el gobernador haya dicho que los jóvenes están desaparecidos por su participación en acciones delincuenciales, y también criticó la postura del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que “no debe haber olvido pero sí perdón” a los victimarios de la violencia. Olivares dijo que no, que las víctimas reclaman ni perdón ni olvido.
Tita Radilla lamentó que actualmente todavía se siga luchando en contra de la impunidad, como desde la guerra sucia en la que los victimarios, que fueron los militares, que también eran delincuentes y que si se hubieran castigado en su tiempo, hoy no habría impunidad.
La viuda del diputado perredista Armando Chavarría Barrera, Martha Obeso, denunció que actualmente se sigue criminalizando a las víctimas de la violencia como ocurrió con su esposo, “después de muerto, viene la criminalización, el lodo, la difamación”.

 

Exigen familiares y defensores a AMLO que no haya perdón ni olvido y señalan que Astudillo criminaliza a víctimas

Entre exigencias al próximo gobierno federal para que no haya perdón ni olvido, y reproches al gobernador Héctor Astudillo por su señalamiento de que muchos jóvenes están desaparecidos por su participación en acciones delincuenciales, víctimas de la violencia, representantes de colectivos, organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y el obispo Salvador Rangel, participaron en la inauguraron del Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello (Centro Minerva Bello).
El nuevo Centro de Derechos Humanos lleva el nombre de la madre del estudiante de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Everardo Rodríguez Bello, uno de los 43 normalistas desaparecidos la noche del 26 de septiembre del 2014. Minerva Bello falleció en febrero pasado en Omeapa, municipio de Tixtla, sin haber encontrado a su hijo.
El Centro Minerva Bello fue inaugurado a las 6 de la tarde de ayer y se encuentra ubicado en la avenida Gobernadores 15, del fraccionamiento Villas Adame en la capital.
El obispo Salvador Rangel celebró la apertura porque denunció que en Guerrero se ha violentado y pecado mucho contra la vida, “a pesar de que es un derecho fundamental que tenemos como personas”, y agregó que es esa vida la que se tiene que proteger y defender en los centros de derechos de las víctimas como éste.
Agregó que por eso le da gusto que se abra esta casa y el movimiento en favor de los derechos humanos. Recordó que en abril los obispos publicaron un proyecto que establece su compromiso para estar con las causas sociales y a favor de la paz.
Explicó que por eso él se ha comprometido en trabajar por la paz, con las víctimas y con los victimarios, porque agregó que “si sabemos de dónde viene la fuente de la violencia, tenemos que ir a pararla”, dijo en referencia a sus constantes reuniones con los grupos delictivos que generan la violencia en el estado.
En su intervención, el prelado anunció que en breve se abrirán otros dos centros de atención a víctimas, uno en Iguala y otro en Chilapa, “porque estamos con ustedes y queremos caminar con ustedes”, dijo a víctimas de la violencia, representantes de colectivos, organismos de derechos humanos y organizaciones sociales.
Añadió que la Iglesia quiere comprometerse más con los derechos humanos, con las víctimas de la violencia, y con la gente, pues criticó que en vez de que las heridas de la violencia vayan secando, las muertes diarias, los levantones y secuestros las reavivan. Informó que en los últimos días ha tenido que intervenir para resolver los casos de tres secuestros.
Frente al problema de la violencia en la entidad, el prelado convocó a las víctimas y a defensores a empoderar a la sociedad y a “sacudirnos el miedo” y luego dijo que el nuevo gobierno federal le da mucha confianza y esperanza a los ciudadanos.
Durante la inauguración, a la que asistieron unas 200 personas, familiares de víctimas de desaparecidos colocaron pancartas atrás de la mesa del presídium con fuertes críticas al gobernador por el señalamiento que hizo en Acapulco la semana pasada en el sentido de que muchos jóvenes están desaparecidos por su participación en acciones delincuenciales.
“Los jóvenes desaparecidos eran estudiantes, trabajadores, empresarios, hijos. No eran delincuentes”, se leyó en una de ellas. Otra más decía: “Héctor Astudillo, gobernador de Guerrero, eres maldito por criminalizar a nuestros hijos”.
El director del Centro Minerva Bello, José Filiberto Velázquez Florencio, explicó que aun cuando el organismo surgió con “inspiración cristiana”, está abierto para creyentes o no creyentes porque agregó que las injusticias del mundo no tienen credo.
Explicó que trabajarán en tres ejes: la sanación, que será la atención sicológica y espiritual; la atención médica y la defensoría legal. Anunció que trabajaran en coordinación con organismos como el Centro de Derechos de la Montaña, Tlachinollan y el Centro Regional de Derechos Humanos, José María Morelos y Pavón (Centro Morelos).
Asistieron a la inauguración el director de Tlachinollan, Abel Barrera; el director del Centro Morelos, Manuel Olivares; la presidenta del colectivo de víctimas de Chilpancingo, Guadalupe Rodríguez; la vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem), Tita Radilla; la representante de Madres Iguatecas de Desaparecidos, Sandra Luz Román; la viuda del diputado Armando Chavarría Barrera, Martha Obeso.
Asimismo, la representante de Familiares de Desaparecidos Indígenas de Chilapa, Reyna Hernández; el representante de los padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos, Clemente Rodríguez; una comisión de estudiantes de la Normal de Ayotzinapa y de Mactumatzá, Chiapas; el presidente del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (Ccti), Raymundo Díaz.
La presidenta del colectivo Chilpancingo, lamentó que para enfrentar al Estado y exigir sus derechos como víctimas hayan tenido que unir fuerzas en colectivos y en centros de derechos humanos como éstos, “porque el Estado no quiere saber nada de las víctimas”.
A su vez, Clemente Rodríguez criticó que el gobernador Héctor Astudillo haya asistido a Tixtla “con todo cinismo” a presidir el desfile el 9 de agosto por el natalicio de Vicente Guerrero, cuando apenas había señalado que algunos jóvenes están desaparecidos por sus actividades delincuenciales y cuando todavía el gobierno no ha dado resultados de las investigaciones.
Abel Barrera también celebró la apertura del Centro Minerva Bello porque dijo que en un estado violento y en donde reina la impunidad como Guerrero estos esfuerzos son importantes y significativos.
El defensor de los derechos humanos añadió que el Centro Minerva Bello nace desde la raíz del dolor y la indignación de las víctimas que no han encontrado eco a sus reclamos de justicia, y añadió que ante ello es necesario romper y resquebrajar el muro de la impunidad, y denunció que la pequeñez, mezquindad y colusión de las autoridades con el crimen organizado hace que la injusticia siga acorazada.
El director del Centro Morelos cuestionó que el gobernador haya dicho que los jóvenes están desaparecidos por su participación en acciones delincuenciales, y también criticó la postura del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que “no debe haber olvido pero sí perdón” a los victimarios de la violencia. Olivares dijo que no, que las víctimas reclaman ni perdón ni olvido.
Tita Radilla lamentó que actualmente todavía se siga luchando en contra de la impunidad, como desde la guerra sucia en la que los victimarios, que fueron los militares, que también eran delincuentes y que si se hubieran castigado en su tiempo, hoy no habría impunidad.
La viuda del diputado perredista Armando Chavarría Barrera, Martha Obeso, denunció que actualmente se sigue criminalizando a las víctimas de la violencia como ocurrió con su esposo, “después de muerto, viene la criminalización, el lodo, la difamación”.

 

 

Respaldan ONG a la trabajadora despedida del Centro Morelos; exigen una disculpa del director

Defensores de derechos humanos, feministas, artistas, abogados y periodistas del estado y del país se declararon en respaldo a la ex trabajadora del Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), Araceli Tecolapa, despedida injustificadamente por denunciar acoso sexual y laboral del director Manuel Olivares Hernández, y le exigieron una disculpa pública y que reconozca la violencia de género que ejerció en contra de ella.
Agregaron que las relaciones de poder al interior de las organizaciones también tiene una clara dimensión política, que confían que esta crisis ayude a construir organizaciones más coherentes, y aprovecharon para exigir al Estado un trato digno.
Entre los firmantes está la senadora electa Nestora Salgado, el poeta nahua y defensor de los derechos lingüísticos Martín Tolnameyotl, profesores de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, sin embargo no firman como integrantes de las organizaciones, sino de manera individual. La única organización que se pronuncia en el escrito es el Centro de Arte Contra la discriminación y otras formas de violencia A. C.
El pasado 26 de junio Araceli Tecolapa Alejo fue despedida injustamente por expresar que sufrió violencia de género, acoso laboral y sexual del director del Centro Morelos, que se ubica en Chilapa.
“El trabajo que Araceli realizaba dentro de la organización fue que al hablar la lengua náhuatl hacía más fácil la comunicación entre sus compañeros y las familias indígenas que se encuentran en la búsqueda de sus familiares desaparecidos, en algunas ocasiones colaboraba como perito traductor ante el Ministerio Público, también hacia la difusión que ayuda a visibilizar la impunidad y la falta de voluntad de las autoridades en el tema de desaparición de personas en Guerrero, así también facilitaba talleres psicosociales para las familias que son acompañadas por el Centro Morelos”, se menciona en el comunicado.
El 6 de julio Araceli Tecolapa emitió un comunicado a organizaciones sociales y de defensa de derechos humanos locales y nacionales y personas de su confianza, donde expresó el trato y las formas en que fue manejado su despido, para que pudieran intervenir y mediar en esta situación.
“De igual forma queremos expresar nuestro sentir, malestar e indignación por el trato recibido al no haber sido escuchada, al haber minimizado los hechos, revictimizándole y dejándole en mayor situación de vulnerabilidad”, remarcan los firmantes.
Añade que se viven tiempos difíciles en el país y en Guerrero, y por ello resulta preocupante que dentro de las organizaciones exista una actitud que violenta a las compañeras, minimizando y normalizando, “cuando la detección de la violencia de género es un insumo básico para impulsar la lucha en los diferentes ámbitos que componen la dignificación de la vida”.
El documento expone que con este pronunciamiento no quieren sacar provecho de la situación ni mucho menos pretenden afectar a la organización, a sus integrantes, a las familias que acompañan ni el trabajo de años, porque reconocen la labor que ha desempeñado.
“Como mujeres defensoras nos solidarizamos y nos sumamos a la petición de la compañera Araceli, pidiendo que el director del Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón A. C. el C. Manuel Olivares haga una disculpa pública, reconociendo la violencia de género hacia ella”, abunda.
En consulta telefónica el director de Tlachinollan, Abel Barrera expuso que “lo que hemos platicado como sabemos que es una situación lamentable, en el sentido en que un organismo hermano se encuentra en una situación complicada con una compañera que siente que no está siendo escuchada, atendida, la importancia de que internamente puedan platicar, para sobre todo atender el planteamiento de la compañera Araceli, y al mismo tiempo de poder ser partícipes de este diálogo, yo creo que son situaciones delicadas, complicadas donde se tiene que escuchar a la compañera”, expuso. “Yo creo que el compañero Manuel tiene que asumir una responsabilidad de atender el planteamiento”, consideró. (Beatriz García / Chilpancingo).

 

Demanda el centro Morelos una fiscalía independiente para casos como Ayotzinapa

El Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos) dijo que se necesita una fiscalía independiente que sirva para resolver casos como el de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Ayer se cumplieron 45 meses de la desaparición forzada de los normalistas, ocurrida la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala.
En un comunicado el Centro Morelos expuso que a casi cuatro años de la desaparición de los normalistas el caso sigue impune.
Resalta que hace falta una fiscalía independiente para que no se vuelvan a dar casos de tortura y detenciones arbitrarias, como durante la investigación del caso de los 43 por la Procuraduría General de la Republica (PGR), que ha carecido de inmediatez, eficacia, independencia e imparcialidad en sus actuaciones.
Agrega que la versión del gobierno de que los estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula, sigue siendo desmentida no sólo por equipos interdisciplinarios independientes u organizaciones internacionales de derechos humanos, sino que ahora el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito ha ordenado la reposición de todo el proceso de investigación, porque no se ha dado un seguimiento a las líneas de investigación que involucran la participación del Ejército y la Policía Federal, además de la tortura atribuida a la Marina.
“La creación de la Comisión Especial de Investigación para la Justicia y la Verdad que tiene que estar dirigida por las familias de las víctimas, acompañados por el Ministerio Público propuesta por el Tribunal, evidencia una vez más que el Estado de Derecho está ausente y son las familias las que tienen que hacer el trabajo que corresponde a las autoridades, y especializarse para vigilar que los profesionales del MP realicen bien su trabajo”, agrega.
El Centro Morelos lamenta que está por concluir el sexenio de Enrique Peña Nieto y el país está sumido en una crisis humanitaria que han permitido las altas esferas gubernamentales y militares, provocando el sufrimiento de las familias de los normalistas y de los miles de desaparecidos que mantienen la fe en el esclarecimiento de este caso.
Agrega que aclarándose el caso de los normalistas dará esperanza al resto de familiares de desaparecidos de que sus casos que han permanecido olvidados puedan ser investigados, logrando conseguir la verdad y la justicia que por años han buscado.
El Centro Morelos indicó que como acompañante a familias de desaparecidos de diferentes colectivos del estado, manifiesta su “fraterna solidaridad” a los padres y madres de los 43 normalistas, y se une a la exigencia para que con la Comisión Especial de Investigación para la Justicia y la Verdad por fin se dé con el paradero de los estudiantes, “que este año verían coronada su aspiración, graduándose como profesores”.

Demandan atención médica familiares de víctimas de la violencia en Acapulco, Chilpancingo, Chilapa y Zitlala

 

Familiares de víctimas de la violencia de los municipios de Chilapa y Zitlala que representa el Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), y de los colectivos de Chilpancingo y Acapulco reclamaron este martes en las oficinas centrales de la Secretaría de Salud atención médica plena como lo establece la Ley General de Víctimas.
La mayoría de los familiares llegaron desde de Zitlala y Chilapa, se trata de indígenas nahuas que tienen parientes desaparecidos o asesinados, a quienes por el problema que viven se les han complicado padecimientos, sobre todo de diabetes, hipertensión, enfermedades gastrointestinales, respiratorias y de la piel.
Los más de 20 ciudadanos fueron acompañados por el director del Centro Morelos, Manuel Olivares Hernández, el representante del Colectivo de Víctimas de Acapulco Ciro Fuentes Urióstegui, del Colectivo Chilpancingo Lamberto Castro de la Cruz y la representante del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), Olivia Cortez Cerón.
Olivares Hernández informó que a raíz de la reunión del 7 de marzo con el gobernador Héctor Astudillo Flores en Casa Guerrero, convinieron brigadas médicas para la atención de las familias de víctimas de Zitlala y Chilapa. Se hicieron el 15 de marzo en Chilapa en donde se realizaron 26 consultas pero se dejaron sólo 15 recetas sin medicamentos, mientras que de las 15 consultas del 15 de marzo en Zitlala, cuatro quedaron sin receta.
Para Olivares Hernández la actitud de la dependencia es una burla porque de nada sirve a las víctimas una receta si no cuentan con los medicamentos, y denunció que el gobierno estatal no cumple la Ley General de Víctimas que establece una atención integral.
Informó que a partir de que desaparecieron o les asesinaron a un familiar, a los familiares de las víctimas se les han agravado padecimientos crónicos como diabetes o hipertensión arterial, otros han adquirido estas enfermedades a raíz del problema que viven, mientras que la mayoría sufre de enfermedades gastrointestinales, respiratorios o de la piel y requieren de una atención permanente y adecuada.
Al respecto el director del Centro Morelos demandó que al subsecretario de Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud, Armando Bibiano que los atendió, que no solamente les garantice las consultas y los medicamentos, sino que haya brigadas permanentes y calendarización de las visitas del personal médico de la dependencia.
El representante del Colectivo Chilpancingo, Lamberto Castro entregó una relación de familiares de víctimas de desaparecidos, asesinados o secuestrados que pertenecen a ese colectivo para que reciban atención médica.
Se quejó ante el funcionario que desde 2017 que el colectivo de Chilpancingo trabaja a favor de las víctimas de la violencia, cada acuerdo que asumen con el gobierno del estado, “se lo lleva el viento”.
A su vez, Ciro Fuentes del colectivo de Acapulco le espetó al subsecretario que los familiares de las víctimas no están actuando por capricho al reclamar sus derechos, sino porque existe una Ley de Víctimas que las autoridades deben cumplir. Y se quejó de que en Guerrero no hay instituciones que atiendan a las víctimas, que por eso la atención es muy lenta.
Reclamó: “No nos dejen solos”, y dijo que los familiares de las víctimas no se podrán reincorporar plenamente a la sociedad si continúan con estos problemas.
Olivia Cortés del CCTI le dijo al funcionario que las víctimas de la violencia no son pacientes normales, porque están viviendo un problema social y como consecuencia sus padecimientos emocionales o físicos se les complican.
Reclamó atención sobre todo para los niños y las personas adultas mayores, quienes, dijo, tienen derecho a la salud.
Los familiares de las víctimas fueron recibidos en la sala de juntas de la Secretaría de Salud y el subsecretario Bibiano se comprometió a “corregir las circunstancias” y a cumplir con lo que se comprometió la dependencia en la reunión con el gobernador, y anunció que las brigadas médicas y la atención a las víctimas van a ser de manera permanente y garantizó el abastecimiento de medicamentos, como lo exigieron los representantes de los colectivos de víctimas y del Centro Morelos.