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El gobierno minimiza a los desplazados; son cerca de 30 mil, denuncia el Centro Morelos

 

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos) denunció que el actual gobierno, como los anteriores, sigue minimizando el problema del desplazamiento forzado interno por la violencia, que en la entidad afecta a entre 25 y 30 mil personas.
El organismo realizó un recuento de las acciones de violencia que han provocado el desplazamiento de familias en la entidad y pidió la actualización de la Ley 487 para Atender y Prevenir el Desplazamiento Interno; además, que el Senado de la República ratifique la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno.
“Con la práctica gubernamental de minimizar la violencia, que desde el 5 de octubre de 2022 azota al estado de Guerrero, como la masacre de 22 personas en San Miguel Totolapan, las autoridades del estado quisieran que, con el sólo hecho de negarlo, no existiera”.
El organismo enumeró las masacres y enfrentamientos, sobre todo en la sierra, desde la de 22 personas el 5 de octubre del 2022 en San Miguel Totolapan, en la que fue asesinado el presidente municipal, Conrado Mendoza Almeda, su padre y parte de su gabinete.
Hasta el enfrentamiento más reciente del 2 de febrero pasado en Coyuquilla Norte, municipio de Petatlán, entre civiles armados contra policías y militares, dejando un muerto, un herido y tres detenidos.
“Ahora, si le agregamos los homicidios cometidos día con día en diferentes puntos del estado y las desapariciones, no entendemos cómo pueden las autoridades decir que hay paz y tranquilidad”.
El organismo de derechos humanos sostiene en su comunicado que la consecuencia de esta guerra “por el control del territorio y el apoyo de agentes del estado a algunos grupos delincuenciales, ha traído como consecuencia decenas de familias desplazadas”.
Refiere que algunas son simpatizantes de uno y otro grupo, “así como familias aterrorizadas por la violencia que se desplazan para evitar ser víctimas del fuego cruzado o de algún secuestro, extorsión o desaparición de algún familiar, tanto de municipios de Tierra Caliente, de la sierra y de Costa Grande, concretamente de los municipios de Petatlán y Tecpan”.
Subrayó que este fenómeno de violencia genera una “violación completa y continuada de todos los derechos humanos; el derecho a la salud, a la educación, al empleo, a la paz, a la seguridad y a la vida”.
Agrega: “Le recordamos a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda que desde el año 2016, hasta 2021, sumaron 22 mil 840 desplazados a los que habría que sumarle los más de 2 mil 500 de 2022 y los que van de enero de este año, por lo que Guerrero tiene el 50 por ciento de los desplazados que hay en el país, y hasta ahora, habría más de 25 mil desplazados en el estado”.
De acuerdo con el organismo defensor de derechos humanos, por el contexto de violencia que se vive en el estado, “es previsible que habrá otros enfrentamientos, masacres y desplazamientos masivos que van a incrementar los 25 mil personas desplazadas actualmente”.
Informó que durante el proceso de acompañamiento y representación del Centro Morelos “a una gran cantidad de familias víctimas de desplazamiento forzado interno, son varios los logros que hemos tenido en beneficio de familias de diferentes municipios”.
Agregó que de manera paulatina, el Centro Morelos sigue avanzando “en la construcción de soluciones más duraderas y con estos logros habremos construido el camino para que otras víctimas lo recorran con mayor facilidad”.
Añadió que en ese organismo están conscientes de que el problema del desplazamiento forzado interno “está muy lejos de detenerse”, que en la medida en que los tres órdenes de gobierno no garanticen condiciones de seguridad y paz pública, “el desplazamiento crecerá”.
Por ello, hizo un llamado a todos los grupos de familias víctimas de desplazamiento forzado interno y a las familias que no están organizadas, “para unirnos en la exigencia de poner un alto a esta crisis de derechos humanos y que el gobierno cumpla con nuestros derechos”.
El Centro Morelos exigió, por tanto, que se actualice y reglamente la Ley 487 para Atender y Prevenir el Desplazamiento Interno. Asimismo, que el Senado de la República ratifique la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno.

 

Demanda el centro Morelos una fiscalía independiente para casos como Ayotzinapa

El Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos) dijo que se necesita una fiscalía independiente que sirva para resolver casos como el de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Ayer se cumplieron 45 meses de la desaparición forzada de los normalistas, ocurrida la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala.
En un comunicado el Centro Morelos expuso que a casi cuatro años de la desaparición de los normalistas el caso sigue impune.
Resalta que hace falta una fiscalía independiente para que no se vuelvan a dar casos de tortura y detenciones arbitrarias, como durante la investigación del caso de los 43 por la Procuraduría General de la Republica (PGR), que ha carecido de inmediatez, eficacia, independencia e imparcialidad en sus actuaciones.
Agrega que la versión del gobierno de que los estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula, sigue siendo desmentida no sólo por equipos interdisciplinarios independientes u organizaciones internacionales de derechos humanos, sino que ahora el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito ha ordenado la reposición de todo el proceso de investigación, porque no se ha dado un seguimiento a las líneas de investigación que involucran la participación del Ejército y la Policía Federal, además de la tortura atribuida a la Marina.
“La creación de la Comisión Especial de Investigación para la Justicia y la Verdad que tiene que estar dirigida por las familias de las víctimas, acompañados por el Ministerio Público propuesta por el Tribunal, evidencia una vez más que el Estado de Derecho está ausente y son las familias las que tienen que hacer el trabajo que corresponde a las autoridades, y especializarse para vigilar que los profesionales del MP realicen bien su trabajo”, agrega.
El Centro Morelos lamenta que está por concluir el sexenio de Enrique Peña Nieto y el país está sumido en una crisis humanitaria que han permitido las altas esferas gubernamentales y militares, provocando el sufrimiento de las familias de los normalistas y de los miles de desaparecidos que mantienen la fe en el esclarecimiento de este caso.
Agrega que aclarándose el caso de los normalistas dará esperanza al resto de familiares de desaparecidos de que sus casos que han permanecido olvidados puedan ser investigados, logrando conseguir la verdad y la justicia que por años han buscado.
El Centro Morelos indicó que como acompañante a familias de desaparecidos de diferentes colectivos del estado, manifiesta su “fraterna solidaridad” a los padres y madres de los 43 normalistas, y se une a la exigencia para que con la Comisión Especial de Investigación para la Justicia y la Verdad por fin se dé con el paradero de los estudiantes, “que este año verían coronada su aspiración, graduándose como profesores”.

Repudian la represión en Atenco; se violó el derecho al trabajo, dice el Centro Morelos

Ezequiel Flores Contreras/Chilpancingo

El director general del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, con sede en la ciudad de Chilapa, Manuel Olivares Hernández, señaló ayer que ante los hechos de violencia registrados en Texcoco y San Salvador Atenco, estado de México, la sociedad debe alzar la voz.
Consideró que la libertad de los miembros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra detenidos después del enfrentamiento con elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP), estatal y municipal que dejó un saldo de un muerto, dos centenares de detenidos y 33 policías heridos, debe ser mediante un acuerdo negociado.
De lo contrario, aseveró, “volveremos al pasado donde la cualidad de los gobiernos era la de imponer sus decisiones por la fuerza”.
Olivares Hernández fue entrevistado vía telefónica y criticó el desalojo en contra de los floricultores del municipio de Texcoco, estado de México ordenado por el alcalde perredista, Nazario Gutiérrez y el posterior arribo de policías federales y estatales.
Calificó esta acción de las autoridades como un acto violatorio de los derechos humanos porque se está impidiendo el derecho a trabajar honestamente.