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Guerrero, el que más aumentó en la actividad económica del primer trimestre de 2025: INEGI

Guerrero fue el estado con mayor incremento en actividad económica en el primer trimestre de 2025, respecto a los datos reportados en el mismo periodo de 2024, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
En el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE), Guerrero tuvo un aumento de 8% en el primer trimestre del año en la variación anual, el más alto de todos los estados del país. Por su parte, Guerrero fue el tercer estado con mayor incremento respecto al trimestre anterior, al tener 2.4% de aumento entre ambos periodos.
“Las entidades federativas que registraron crecimientos en su actividad económica, a tas trimestral, fueron Sinaloa con 7%, Nayarit 3.3%, Guerrero 2.4%, San Luis Potosí 2.3%, Zacatecas 2.2% y Michoacán con 2%. A tasa anual, Guerrero, Oaxaca, Nayarit, Baja California Sur, Zacatecas y Tamaulipas reportaron los mayores avances en su actividad económica”, indicó Inegi.
La actividad económica con mayor crecimiento para Guerrero fue el sector terciario, relacionado con la distribución de los bienes y servicios al incrementar 8.8% respecto al año anterior, por lo que fue el estado con mayor aumento. La media nacional fue 1.3% de aumento. (Juan Luis Altamirano Uruñuela).

 

Guerrero, el segundo con más víctimas de actos de corrupción en el país: Inegi

Yee Trujillo

En 2023 Guerrero fue el segundo estado con el mayor porcentaje de víctimas de algún acto de corrupción en el país; la prevalencia de este abuso aumentó más del triple en una década, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) a propósito del Día internacional para prevenir y combatir la corrupción, que se conmemora el lunes 9 de diciembre.
De acuerdo con un comunicado sobre el estado actual y la evolución de la corrupción, con base en los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), en 2023 la entidad con mayor porcentaje de víctimas fue Chihuahua con 21.9 de cada cien personas, seguido de Guerrero con el 18.3 por ciento, y Tabasco con 17.9. El promedio nacional fue de 14 de cada cien mexicanos en al menos uno de los pagos, trámites y solicitudes realizados: 18.8 por ciento en el caso de los hombres y 9.6 en el de mujeres.
En su serie bienal de 2013 a 2013, expone que en Guerrero en el primer año el porcentaje de personas de 18 años y más víctima de corrupción fue de 5.7 puntos, en 2015 de 10.4, en 2017 de 14.3, en 2019 de 15.8, en 2021 disminuyó a 13.3 y el año pasado repuntó a 18.3 por ciento.
Al igual que en Guerrero, en Sonora el fenómeno aumentó más de tres veces en la última década hasta llegar 16.1 por ciento, y en contraste Baja California Sur, Colima y Zacatecas se han mantenido entre las entidades con niveles bajos de corrupción en cuanto a evolución temporal, con 10.5, 10.3 y 8.9 puntos el año pasado, respectivamente. A nivel nacional la corrupción también aumentó de 12.1 a 14 por ciento en estos 10 años.

Gobiernos estatales, con la mayor prevalencia

En México el trámite con mayor proporción de víctimas desde 2013 ha sido para quienes que tuvieron contacto con autoridades de seguridad pública y en 2023 fue de 6 de cada 10 personas. Otros trámites con prevalencias altas de corrupción, de 2013 a 2023, fueron los realizados ante el Ministerio Público o las Fiscalías estatales y en la tramitación de permisos relacionados con la propiedad.
El Inegi también detalló que desde 2013, los trámites realizados ante alguna instancia de los gobiernos estatales (con 19.7 por ciento en 2023), como el pago del impuesto vehicular, los trámites en el Registro Civil, los relacionados con la propiedad, o ante el Ministerio Público, entre otros, tuvieron la mayor prevalencia de corrupción. En segundo lugar (con 16.5 por ciento en 2023) se ubicaron los trámites en los Ayuntamientos, como el pago del agua, el predial y otros servicios municipales. Y solo 2.1 por ciento se reportó en el gobierno federal el año pasado.

Sólo 4.8% presenta denuncia

El organismo también informó que a nivel nacional el año pasado sólo 4.8 por ciento de las víctimas de corrupción hizo una denuncia y que la cifra se ha mantenido en porcentajes similares desde 2015, cuando fue el pico más alto con 6.6 puntos.
El principal motivo por el que las personas no denunciaron es que lo consideran inútil porque las autoridades “no le darían seguimiento”, con 29.5 por ciento. A este le siguen opinar que es una pérdida de tiempo, que es una práctica muy común, que la persona obtuvo un beneficio, o por falta de tiempo, miedo a represalias, y que la víctima no sabe ante quien denunciar.

Celebra Abelina que la guerrerense Esthela Damián atienda la violencia en la entidad

La guerrerense Esthela Damián Peralta, encargada de la aplicación de la estrategia de seguridad en Guerrero, en todo lo relacionado a las causas de la violencia, “es una mujer con mucho oficio político”, afirmó la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez.
Durante la conferencia matutina de este martes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que Esthela Damián Peralta, ex diputada federal, será la titular de la nueva subsecretaria de Prevención de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC) y estará a cargo de la aplicación de la estrategia de seguridad en Guerrero, en todo lo relacionado a las causas de la violencia.
Consultada al respecto después de un evento en el Mercado Central, López Rodríguez dijo que es “excelente” que Esthela Damián tenga este encargo y agregó que es una mujer “muy preparada, es una mujer con mucho oficio político y que le entiende al tema”.
“Sin duda, el área en donde ella va a estar, pues más bien es un tema preventivo, en esa parte preventiva yo he dicho que la seguridad pasa por los municipios, es decir, donde se tiene que atender las causas es caminando en territorio, donde están los problemas: que si la escuela, que si la falta de becas, que si la carretera, que si el agua… es aquí”.
Mencionó que ya tuvo contacto con Damián Peralta y se van a reunir “en unos días, tengo buena amistad con ella”.

“El pueblo me cuida”

Una reportera le preguntó si va a reforzar su seguridad tras el asesinato el domingo pasado del presidente de Chilpancingo, Alejandro Arcos Catalán, y la alcaldesa de Acapulco respondió: “Yo sigo trabajando como es Abelina, hay un pueblo que me cuida, hay un pueblo al cual yo estoy entregada, siempre mi trabajo es con cariño, con amor”.
“No vine por dinero, no me interesa el dinero, por lo tanto no tengo negocios con nadie, lo que he hecho es cuidar el dinero del pueblo e invertirlo, y seguiré caminando con el pueblo”.
Se le preguntó si pidió seguridad de la Guardia Nacional o si le fue dada de manera “natural”, y la alcaldesa López Rodríguez respondió “estoy entregada con el pueblo”. (Ramón Gracida Gómez / Acapulco).

 

El gobierno minimiza a los desplazados; son cerca de 30 mil, denuncia el Centro Morelos

 

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos) denunció que el actual gobierno, como los anteriores, sigue minimizando el problema del desplazamiento forzado interno por la violencia, que en la entidad afecta a entre 25 y 30 mil personas.
El organismo realizó un recuento de las acciones de violencia que han provocado el desplazamiento de familias en la entidad y pidió la actualización de la Ley 487 para Atender y Prevenir el Desplazamiento Interno; además, que el Senado de la República ratifique la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno.
“Con la práctica gubernamental de minimizar la violencia, que desde el 5 de octubre de 2022 azota al estado de Guerrero, como la masacre de 22 personas en San Miguel Totolapan, las autoridades del estado quisieran que, con el sólo hecho de negarlo, no existiera”.
El organismo enumeró las masacres y enfrentamientos, sobre todo en la sierra, desde la de 22 personas el 5 de octubre del 2022 en San Miguel Totolapan, en la que fue asesinado el presidente municipal, Conrado Mendoza Almeda, su padre y parte de su gabinete.
Hasta el enfrentamiento más reciente del 2 de febrero pasado en Coyuquilla Norte, municipio de Petatlán, entre civiles armados contra policías y militares, dejando un muerto, un herido y tres detenidos.
“Ahora, si le agregamos los homicidios cometidos día con día en diferentes puntos del estado y las desapariciones, no entendemos cómo pueden las autoridades decir que hay paz y tranquilidad”.
El organismo de derechos humanos sostiene en su comunicado que la consecuencia de esta guerra “por el control del territorio y el apoyo de agentes del estado a algunos grupos delincuenciales, ha traído como consecuencia decenas de familias desplazadas”.
Refiere que algunas son simpatizantes de uno y otro grupo, “así como familias aterrorizadas por la violencia que se desplazan para evitar ser víctimas del fuego cruzado o de algún secuestro, extorsión o desaparición de algún familiar, tanto de municipios de Tierra Caliente, de la sierra y de Costa Grande, concretamente de los municipios de Petatlán y Tecpan”.
Subrayó que este fenómeno de violencia genera una “violación completa y continuada de todos los derechos humanos; el derecho a la salud, a la educación, al empleo, a la paz, a la seguridad y a la vida”.
Agrega: “Le recordamos a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda que desde el año 2016, hasta 2021, sumaron 22 mil 840 desplazados a los que habría que sumarle los más de 2 mil 500 de 2022 y los que van de enero de este año, por lo que Guerrero tiene el 50 por ciento de los desplazados que hay en el país, y hasta ahora, habría más de 25 mil desplazados en el estado”.
De acuerdo con el organismo defensor de derechos humanos, por el contexto de violencia que se vive en el estado, “es previsible que habrá otros enfrentamientos, masacres y desplazamientos masivos que van a incrementar los 25 mil personas desplazadas actualmente”.
Informó que durante el proceso de acompañamiento y representación del Centro Morelos “a una gran cantidad de familias víctimas de desplazamiento forzado interno, son varios los logros que hemos tenido en beneficio de familias de diferentes municipios”.
Agregó que de manera paulatina, el Centro Morelos sigue avanzando “en la construcción de soluciones más duraderas y con estos logros habremos construido el camino para que otras víctimas lo recorran con mayor facilidad”.
Añadió que en ese organismo están conscientes de que el problema del desplazamiento forzado interno “está muy lejos de detenerse”, que en la medida en que los tres órdenes de gobierno no garanticen condiciones de seguridad y paz pública, “el desplazamiento crecerá”.
Por ello, hizo un llamado a todos los grupos de familias víctimas de desplazamiento forzado interno y a las familias que no están organizadas, “para unirnos en la exigencia de poner un alto a esta crisis de derechos humanos y que el gobierno cumpla con nuestros derechos”.
El Centro Morelos exigió, por tanto, que se actualice y reglamente la Ley 487 para Atender y Prevenir el Desplazamiento Interno. Asimismo, que el Senado de la República ratifique la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno.