Ramón Gracida Gómez
Ninguno de los familiares de los 24 marineros desaparecidos ha podido tramitar la pensión a dos años del paso del huracán Otis. La esposa de uno de ellos, Cristina Sánchez Camacho, señaló en entrevista que al actual gobierno federal de Claudia Sheinbaum Pardo “no le interesó” darle seguimiento a los trámites, como se comprometió su antecesor.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador pactó tramitar las actas de presunción de ausencia en seis meses, pero algunos todavía ni la reciben y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) está argumentando que no puede entregar las pensiones porque las fechas de desaparición y de la presunción de ausencia no coinciden.
El esposo de Sánchez Camacho es Fernando Esteban Parra Morales, uno de los cuatro tripulantes del yate Litos que desaparecieron al intentar salir de la Marina Majahua en Puerto Marqués a la Base Naval, uno de los casos más sonados por la movilización de los familiares.
La familia de Parra Morales, al igual que el resto de parientes de los marineros extraviados tras el paso del huracán, acudió a todas partes, hospitales, refugios, donde la gente rumoraba sin sustento que estaban los trabajadores de los yates y las lanchas hundidas, circularon listas de nombres que dieron un pequeño atisbo de esperanza.
Al segundo día del desastre, Sánchez Camacho al Servicio Médico Forense (Semefo) e interpuso la denuncia de desaparición. No había luz, no te dejaban entrar, nada más en dado caso que tu familiar tuviera un tatuaje, hueso roto, que se pudiera reconocer más porque los cuerpos estaban hinchados”.
Las movilizaciones de los familiares lograron las reuniones semanales entre la Secretaría de Marina (Semar) y los deudos, la primera ocurrió a menos de un mes de que pasara el huracán categoría cinco, les entregaron las carpetas de investigación y participaron en las búsquedas.
Los familiares pidieron una asesoría legal a los integrantes de la Secretaría de Marina (Semar) por el tema de las pensiones “porque obviamente al inicio los patrones tenían dados de alta a los empleados y ya después pasaron tres meses y los dieron de baja”.
En ese trajín, los familiares se dieron cuenta que más de la mitad de los 24 marineros desaparecidos, de acuerdo con su propio conteo, no estaban inscritos dentro del seguro social, o a algunos no les alcanzaban las semanas cotizadas, para ellos el camino ha sido demandar a los patrones, pero tampoco ha prosperado.
Los representantes del gobierno federal “se comprometieron a darnos las facilidades en los trámites, cosa que la verdad no cumplieron y vamos a seguir el proceso como cualquier persona, ellos dijeron que iban a tratar que fueran seis meses lo de la presunción de ausencia para iniciar trámites en material laboral”.
Abogados de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social llevaron al principio los juicios en el Juzgado de lo Familiar ubicado en Caleta, pero dejaron de asistir y Sánchez Camacho tuvo que pagar un abogado privado para continuar el juicio y recuperar la carpeta de investigación que se había extraviado, fue apenas en septiembre pasado que el juez autorizó el acta de presunción de ausencia, documento que tiene que validar en el Registro Civil.
La esposa del marinero expuso que los abogados dejaron de asistir cuando acabaron las búsquedas y las reuniones en la Base Naval en diciembre pasado, “creo que en el cambio de gobierno se deslindó totalmente, o sea, los compromisos que adquirió el gobierno pasado (de Andrés Manuel López Obrador), que se supone que debieron haber dado seguimiento, este gobierno (de Claudia Sheinbaum Pardo) no le interesó”.
“O sea, ya no le dieron seguimiento a los trámites, los trámites quedaron pasados, en mi caso yo contraté un abogado que es el que está gestionando, pero no todos tienen la posibilidad de poder contratar a alguien para que les dé tramite a sus juicios”.
Por la discrepancia entre las fechas de la carpeta de investigación y del acta de presunción de ausencia, el IMSS “se está agarrando para decir que no coinciden y que la pensión no va a proceder”.
En los primeros meses, los familiares tuvieron que lidiar con la postura de los dueños de algunas embarcaciones de no moverlas hasta que cobraran el seguro, existe el temor que los restos “se desbarataron o qué sé yo con el tiempo, ya no se pudo recuperar nada, primero dijeron que eran tres meses, pasaron seis meses y cuando nosotros tocamos el tema, nos decían que ellos no podían obligar a las aseguradoras a levantar los reportes”.
Los deudos también enfrentaron la falta de reconocimiento como víctimas por parte de la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEEAV), en razón de que las desapariciones no eran producto de un hecho de violencia.
