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Acusa Evodio a Aguirre y Catalán de estar tras reclamos de ex trabajadores del PRD

José Miguel Sánchez

Chilpancingo

El hasta hoy coordinador estatal del PRD en Guerrero, Evodio Velázquez Aguirre, rechazó irregularidades en la liquidación de ex trabajadores y acusó al ex presidente Alberto Catalán Bastida y al ex gobernador Ángel Aguirre de promover un “golpeteo sistemático” contra la nueva dirigencia.
Después de que el TEE desechó una denuncia por presuntas irregularidades en el proceso de liquidación del PRD como partido nacional, y de varias publicaciones en redes sociales donde acusan a Velázquez Aguirre de adeudar pagos a trabajadores despedidos durante la liquidación del partido, Velázquez Aguirre, rechazó las acusaciones y aseguró que detrás está el grupo político de Aguirre Rivero.
A través de un comunicado, mencionó directamente que el ex trabajador del PRD, Óscar Juárez, quien pertenecía al área de Finanzas, “ha buscado entorpecer el proceso de liquidación que se realiza bajo la supervisión de autoridades electorales”.
Explicó que Óscar Juárez presentó diversas impugnaciones ante tribunales, las cuales fueron desechadas y aseguró que el conflicto no responde únicamente a un asunto personal “sino que forma parte de una estrategia perversa promovida por quienes anteriormente dirigieron el partido y quieren, sin vergüenza alguna, seguir recibiendo beneficios económicos onerosos mediante acciones irregulares preparadas desde su administración”.
Velázquez Aguirre señaló al ex presidente estatal Alberto Catalán Bastida y a su grupo político (Izquierda Progresista de Guerrero) de estar detrás de las críticas contra la actual dirigencia.
“Dicho bloque corresponde a Izquierda Progresista Guerrerense (IPG), corriente que renunció públicamente al PRD y abandonó el partido por la puerta trasera, priorizando intereses políticos que ya no estaban dentro del instituto político”, se mencionó en el comunicado.
Velázquez Aguirre aseguró estar dispuesto a debatir públicamente sobre la situación financiera del partido y en qué condiciones lo dejaron, con muchas irregularidades detectadas; sin embargo, aclaró que no lo hará con el ex trabajador sino directamente con Catalán Bastida o Aguirre Rivero.
“No vamos a ceder a chantajes de aquellos que quieren seguir recibiendo canonjías y ya no están en el partido”.
Mencionó que la dirigencia continuará enfocada en la reorganización del partido en Guerrero, luego de la pérdida del registro nacional en las elecciones de 2024 y su posterior registro como partido político local y que el trabajo político se mantendrá junto con el ex senador Celestino Cesáreo Guzmán, quien hoy sábado asumirá la coordinación estatal del partido.

 

Trabajadores aceptan la liquidación y dan fin al cierre de un año del parque acuático CICI

Pancarta colocada en las instalaciones del CICI, en dónde los trabajadores agradecen a la gobernadora Evelyn Salgado su intervención para solucionar el conflicto laboral Foto: Carlos Carbajal

Jacob Morales Antonio

Ayer concluyó el cierre del par-que acuático CICI de Acapulco, a un año de que 41 trabajadores iniciaron una protesta para exigir el pago de salarios caídos, que se convirtió después en la lucha para exigir su liquidación y el pago de prestaciones conforme a derecho, luego de que la empresa Grupo 92 retiró la inversión de reactivación del parque.
A primera hora del día, el oficial mayor de la Secretaría de Finanzas del gobierno del Estado, Ricardo Salinas Méndez, acudió al parque acuático ubicado en la avenida Costera, en Costa Azul, donde los 23 trabajadores sindicalizados y de confianza que faltaban por aceptar un acuerdo de liquidación con el gobierno del estado, firmaron, e hicieron entrega del inmueble.
El pasado 4 de noviembre un primer grupo de 18 de sus compañeros, aceptaron la liquidación y el ofrecimiento que se hizo por parte del gobierno del estado por medio de la Promotora Turística, y en esa ocasión la negociación la llevó el director del organismo, José Luis González de la Vega Otero.
En una visita al inmueble, antes del mediodía, sólo se observó una manta donde se leía “agradecemos sinceramente a la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, por su interés y apoyo en la solución del pago a los trabajadores del Cici y a la intervención del oficial mayor del Estado de Guerrero, Ricardo Salinas Méndez”, y un candado colocado en la reja, y ya no se encontró a ningún trabajador.
En un boletín, el gobierno del estado informó que se alcanzaron acuerdos con las y los trabajadores del inmueble, “privilegiando siempre el respeto a sus derechos laborales y con la firme intención de garantizar certeza y acompañamiento en esta nueva etapa”.
Se indicó que una vez que se aceptó el acuerdo, el gobierno del estado recibió el inmueble”. Ya en manos del gobierno del estado, el inmueble será entregado a la empresa Sofmarfun que es la nueva inversionista que construirá el parque acuático, y que invertirá 200 millones de pesos.
El oficial mayor destacó que con este paso se abre la ruta para potencializar el CICI y convertirlo nuevamente en un referente turístico y recreativo de Acapulco, anticipando que el próximo año comenzarán los trabajos de transformación y se anunciarán inversiones de gran relevancia para la región, se indicó.
La protesta de los trabajadores inició en diciembre de 2024, cuando hicieron un bloqueo intermitente en la avenida Costera, para exigir el pago de las quincenas de octubre, a la empresa Grupo 92 propiedad del empresario y titular de la Unidad de Administración de Finanzas de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación federal, Raúl Pérez Durán, quien tomó la inversión luego de que en 2023 se retiró El Rollo, que durante 10 años operó el parque acuático, luego vino el huracán Otis, y el parque ya no se reabrió.
Las autoridades no han informado qué sucederá con el arrendamiento de dos espacios que se dieron a una cadena de tiendas de conveniencia, y que según el director de Protur, Grupo 92 sub arrendó a la cadena, sin facultad.
El director de Protur, José Luis González, de la Vega Otero, indicó que el pasado 23 de octubre el gobierno del estado mantiene una acción legal contra la empresa, por el incumplimiento del contrato que tenía, además de otro proceso de los trabajadores en el Tribunal Laboral.

Liquidan a 15 trabajadores sindicalizados del condominio Playa Ixtapa en huelga

Brenda Escobar

Zihuatanejo

Los 15 trabajadores sindicalizados del condominio privado Playa Ixtapa, ubicado en la zona hotelera I de Ixtapa, que desde el 8 de septiembre pasado mantenían una huelga en demanda de que la parte patronal respetara y cumpliera su contrato colectivo de trabajo, fueron liquidados laboralmente debido a que no pudieron llegar a acuerdos con sus patrones, además de que ya habían empezado a recibir amenazas.
Ayer lunes, vía telefónica, uno de los trabajadores comentó que el viernes 10, en el Tribunal Laboral, ubicado en esta ciudad, se llevó a cabo la última audiencia en la que se pretendía llegar a un acuerdo conciliatorio, “pero nos liquidaron a todos, ya no nos quisieron, la solución no fue atender lo que nosotros estábamos pidiendo, sino mejor despedirnos; otra, tampoco nosotros queríamos seguir trabajando ahí, ya eran tres, cuatro huelgas las que llevábamos, ya iba a ser incómodo regresar otra vez”.
“Llegamos a un convenio que mejor nos liquidaran, sino querían regresarnos, que mejor nos liquidaran y sí, fue el mejor convenio porque muchos aceptaron rápido, éramos 17, pero dos renunciaron antes y sólo quedábamos 15, a nosotros 15 nos liquidaron al 100, conforme a la ley y ahora nos toca buscar otro trabajo porque en este caso, los patrones, lejos de querer llegar a una buena conciliación, nos liquidaron”.
El trabajador comentó que en los alegatos la parte patronal señalaba, “que nosotros estábamos atacando sus bienes, pero no, es la mala administración que ahí tienen, no otra cosa, lo único que nosotros pedimos es un trato digno, que no nos dan y estábamos pidiendo las prestaciones que tampoco nos dan, no nos dan vales, no nos dan ni uniformes, no nos dan los pasajes, la comida nomás de lunes a viernes y hay muchas inconsistencias que la verdad, estábamos incómodos y un salario que ya llegábamos al mínimo”.
Recordó que, “ganábamos bien al principio, pero ya no nos subieron por la mala administración que tenían y siguen teniendo; yo la verdad no recomiendo ese lugar para que entren a trabajar ahí, te dan un trato indigno, ahí quieren burros, uno tiene que hacer todo, tienes que planchar la playa, poner camastros, poner colchones, atender el bar, uno era milusos por un mísero sueldo, no conviene, la verdad”.
“Fue lo más sano para nosotros como trabajadores que después de un mes y dos días, mejor decidimos que nos liquidaran conforme a la ley y sobre todo porque a uno de mis compañeros empezaron a llamarle varios condóminos y ya eran prácticamente amenazas lo que nos estaban haciendo por parte de varios dueños de los departamentos del condominio, sonaba a amenaza dentro de lo que cabe porque le decían que eran 40 poderosos, ¿a qué le suena eso?, y es cierto, tienen mucho dinero, entonces, hablamos entre todos y caímos a la cuenta de que iba a ser indigno regresar, mejor buscamos la forma de que nos liquidaran a todos y fue lo más viable”, acotó.
Lo que los 17 trabajadores sindicalizados afiliados a la Confederación de Trabajadores de México (CTM) exigían con su huelga era que se respetara y se cumpliera el contrato colectivo de trabajo, se les pagaran sus salarios caídos, así como sus retroactivos, vacaciones, un bono trimestral y un bono de calzado.

Da la Marina por terminada la búsqueda de desaparecidos por el huracán Otis

Ramón Gracida Gómez

La Secretaría de Marina (Semar) dio por terminadas en diciembre pasado las búsquedas de los marineros desaparecidos por el huracán Otis y las reuniones con los familiares porque ambas acciones acordadas entre ambas partes eran compromisos del gobierno federal anterior.
Representantes de la Base Naval se comprometieron con los familiares de los desaparecidos a conseguir enlaces con la nueva administración federal para agilizar los trámites de las actas de desaparición y defunción y recibir una pensión, liquidación y atención médica, pero hasta la fecha el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo no ha respondido, denunció ayer Cristina Sánchez Camacho, esposa de Fernando Esteban Parra Morales, uno de los cuatro tripulantes del yate Litos.
De las 24 familias que se reunían cada martes dentro de las instalaciones de la Décima Segunda Región Naval, sólo siete han conseguido que el proceso para obtener el acta de defunción con el juez asignado avance, mientras que el resto está estancado por documentos que les piden y no han sido tramitados.
En el caso de Cristina Sánchez, el juez le pidió en octubre pasado que la Semar emita un documento en el que informe que la búsqueda de su esposo no dio resultados positivos, pero la Marina se ha negado y el abogado de la Secretaría del Trabajo que lleva su caso tampoco lo ha gestionado.
Vía telefónica, la esposa de Fernando Esteban, desaparecido en el mar al salir de la Marina Majahua de Puerto Marqués el 25 de octubre de 2023, precisó que el 17 de diciembre de 2024 fue la última reunión entre familiares e integrantes de la Semar dentro de la Base Naval.
El capitán Federico Prieto “prácticamente nos dijo pues que el nuevo secretario de Marina (Raymundo Pedro Morales Ángeles) les había dicho que ya cesaran porque ésos eran compromisos del almirante anterior (José Rafael Ojeda Durán, ex titular de la Semar), que pues ellos de su parte ya habían hecho lo que estaba en sus manos para lo de la búsqueda y que ya no podían seguir destinando recursos de eso”.
Sin embargo, el capitán Prieto comentó que iba a tratar de hacer un “enlace” con otra dependencia del gobierno federal porque la Semar, que fue asignada a este trabajo por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, ya cumplió “su parte”.
La Marina giraría un escrito a la mandataria federal Sheinbaum Pardo para ver qué dependencia quedaría encargada de atender a los familiares de los marineros desaparecidos, en particular se buscaría que fuera la Secretaría de Trabajo porque ahí se están haciendo los trámites de la pensión y el seguro social.
“Pero hasta la fecha no nos han dicho nada, de hecho el día martes me enviaron un mensaje donde me están avisando que ellos metieron el escrito, pero que no les han dado respuesta”, dijo Cristina Sánchez.
Los familiares le pidieron al representante de la Semar gestionar una reunión con la presidenta de México, pero se las negó argumentando que las búsquedas de los desaparecidos y las reuniones semanales eran “compromisos del anterior gobierno y que este gobierno no se va a hacer responsable de lo pasado”.
La esposa de Fernando Esteban Parra expuso que es importante el seguimiento a los trámites para obtener las actas de desaparición y de defunción de sus familiares para que puedan tramitar las pensiones, el seguro social para los deudos y futuras demandas.
Sin embargo, sólo siete juicios han avanzado del grupo de 24 familias, “los demás están en espera, hay creo que dos juicios que no han iniciado, la Secretaría del Trabajo no ha emitido la documentación”.
En su caso, el juez del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, Saúl Torres Marino, solicitó que la Marina hiciera un documento “donde ellos avalan que buscaron, pero que no encontraron ningún cuerpo; por eso, según, tiene detenido el juicio”.
“Pero la Marina me dijo que ellos no pueden hacer un escrito sin que una autoridad se los solicite y el abogado que lleva mi casa de la Secretaría del Trabajo no ha hecho esa gestión”, agregó la familiar.
El abogado le dijo que no era necesario que él tuviera que hacer un escrito, pero se comprometió a mandar el documento, pero en la última reunión con la Marina, empleados le dijeron a Cristina Sánchez que todavía no llega ningún escrito.
La esposa de Fernando Esteban Parra va a buscar que la Fiscalía General del Estado (FGE), que tiene la carpeta de investigación por desaparición de su esposo, gire un escrito a la Semar demandando lo que solicitó el juez.
Después de que el juez apruebe el juicio, los familiares deben acudir al Registro Civil para tramitar su acta de defunción y luego ir al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para solicitar una pensión y el servicio médico.
La familiar del marinero del yate Litos pidió que la nueva administración federal no se deslinde de los compromisos del gobierno anterior, sobre todo porque provienen del mismo partido político.
La madre de dos niños estudiantes de preescolar recordó que sus hijos están “desamparados” porque no puede tramitar la pensión ni la liquidación, y no han sido registrados en los programas sociales del gobierno federal.
Cristina Sánchez recordó que las búsquedas de los marineros fueron suspendidas por la contingencia del huracán John y fueron reanudadas cuatro semanas más, pero la última fue a principios de diciembre.
La Semar argumentó que ya no todos los familiares que en un principio acudían a las reuniones, lo seguían haciendo después del primer año del paso del huracán categoría 5, pero se comprometió a notificarles si en siguientes recorridos encuentran algún indicio de su desaparición.

 

El PRD seguirá la impugnación en el TEE por la retención de prerrogativas

 

José Miguel Sánchez

Chilpancingo

La Dirección Estatal Ejecutiva (DEE) del PRD Guerrero informó, mediante un comunicado, que dará seguimiento legal ante el Tribunal Electoral del Estado (TEE), a la retención de sus prerrogativas hechas por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), lo cual ocurrió como parte de su liquidación como partido nacional.
A finales de 2024, el IEPC entregó el recurso estatal de financiamiento público del PRD, destinados a sus últimas prerrogativas del año, al interventor designado por el Instituto Nacional Electoral (INE), con motivo de su liquidación y pérdida de registro nacional, lo cual consideraron fue un error, porque al ser ya un partido estatal esta retención fue ilegal.
Ante la falta del pago de sus prerrogativas de los últimos tres meses del año, el PRD no pagó salarios ni aguinaldos de fin de año a sus trabajadores.
Mediante un comunicado emitido en sus redes sociales, el PRD Guerrero mencionó que dará seguimiento a la impugnación hecha ante el TEE para que sus prerrogativas le sean devueltas.
“Se destacó la importancia de dar seguimiento a la impugnación ante el tribunal electoral, a fin de obtener las prerrogativas que nos corresponden por ley, y continuar resolviendo las controversias con la actuación del interventor”, se indicó en el comunicado.
En el escrito, el PRD también llamó a todos los ciudadanos guerrerenses que lo deseen a sumarse a su proyecto, y se indicó que este 2025 se centrarán en organizar a sus estructuras para fortalecerse como un partido local, después de que a nivel nacional no logró la votación requerida para mantener su registro.
“Reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando al 100 por ciento para organizar nuestras estructuras y fortalecer el Sol Azteca en Guerrero. Invitamos a todos los guerrerenses a sumarse a este proyecto que, desde su origen, abrió el camino a la izquierda en Guerrero, luchando por una sociedad más justa y equitativa”.
En Guerrero, de acuerdo con datos del IEPC, el PRD logró en la votación de diputaciones locales el 9.52 por ciento, que corresponde a 121 mil 780 votos, de una votación válida de un millón 429 mil 352 su-fragios. En la elección de ayun-tamientos obtuvo el 10.29 por ciento, que corresponde a 146 mil 182 sufragios, de un total de votación válida de un millón 420 mil 625 votos. Con estos resultados mantuvo su registro estatal y en el proceso electoral de 2027 podrá contender para regidurías, ayunta-mientos y diputaciones locales.
Los estados donde el PRD mantiene su registro son Aguas-calientes, Baja California Sur, Ciudad de México, Michoacán, Mo-relos, Estado de México, Oaxaca, Guerrero, Tabasco, Tlaxcala, Zacatecas, Sonora y San Luis Potosí, por lo que en la siguiente elección sólo podrá participar en gubernaturas, diputaciones locales y alcaldías.

Se convertirá en condominio el hotel Romano Palace en enero; se liquidará a los trabajadores

Jacob Morales Antonio

El hotel Romano Palace se convertirá en condominio a partir de enero y liquidará a 40 trabajadores sindicalizados y 15 de confianza, informó el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria Hotelera y Gastronómica, Raúl Ramírez Gallardo.
La hospedería que comenzó a operar en 1974 enfrente de La Condesa, hace exactamente 50 años, fue afectada fuertemente por el huracán Otis en octubre de 2023.
El hotel concluirá sus operaciones este mes, y ya ofrece en redes sociales un catálogo de las habitaciones y departamentos con precios a partir de un millón 400 mil pesos.
Ramírez Gallardo informó que el propietario del hotel le notificó la decisión del cierre de la hospedería, para convertirlo en un edificio condominal, ante la falta de liquidez para poder hacer frente a los trabajos de reconstrucción del edificio de 21 pisos y 267 habitaciones.
Dijo que los 40 trabajadores sindicalizados serán liquidados con todas las prestaciones de ley, al igual que otros 15 trabajadores de confianza. Recordó que luego del impacto del huracán Otis, 21 trabajadores del restaurante que cerró fueron liquidados.
El líder sindical dijo que pactó con el propietario que el sindicato mantendrá la titularidad del nuevo contrato colectivo de trabajo, que será bajo otras condiciones, y los trabajadores que volverán a ser contratados serán los de mantenimiento.
Comentó que el hotel continuará ofreciendo las habitaciones hasta el último día de este mes para los huéspedes, y para enero dejará de operar, y para comenzar en febrero con los trabajos de remodelación y la venta de los departamentos, y habitaciones, en lo que será un nuevo concepto.
Ramírez Gallardo indicó que desde la devastación que dejó el huracán Otis, el sindicato quedó con una plantilla muy reducida de afiliados, y pasó de tener 80 a 40 agremiados, y comentó que no es el único sindicato afectado, además de que en la actualidad es difícil encontrar personas que quieran trabajar, y la gran mayoría se ha quedado en otros destinos y ciudades a trabajar y no ha regresado.
En redes sociales ya se ofrecen los departamentos del desarrollo Romano Residences a partir de un millón 400 mil pesos, hasta los 2 millones 376 mil pesos.

 

Aún le adeuda el IEPC 10 millones 378 mil pesos al INE que se usaron para la elección

José Miguel Sánchez

Chilpancingo

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) todavía adeuda 10 millones 378 mil 58 pesos al Instituto Nacional Electoral (INE), correspondientes a un préstamo entre órganos electorales, para cubrir el gastos de la jornada electoral del 2 de junio pasado.
La consejera electoral, que preside la Comisión de Administración, Vicenta Molina Revueltas, aseguró que el adeudo con el INE no es por falta de recursos, ya que el mes pasado el gobierno estatal liberó el dinero para cubrir el pago, por lo que ya está en trámite la liquidación.
“El gobierno estatal, el mes pasado, nos dio la ministración correspondiente y ya se está haciendo el trámite para poder cubrir el adeudo con el INE, que sí, sigue pendiente, porque no se ha hecho la transferencia correspondiente, pero estamos en ese trámite”, dijo Molina Revueltas en consulta telefónica.
Agregó que a más tardar este mes quedarán cubiertas las aportaciones para gastos, costos del procedimiento, las actividades y lo correspondiente al convenio con el INE, que rondó los 11 millones de pesos, de acuerdo con la funcionaria electoral.
“Yo, incluso, espero que antes de que termine el mes ya esté cubierto ese punto, que tenemos todavía con el INE, pero ya el gobierno estatal nos ministró el recurso correspondiente el mes pasado”, agregó.
Molina Revueltas explicó que el presupuesto extraordinario, que les entregó la administración estatal para realizar el proceso electoral, fue calendarizado para el todo el año, por lo que el pago para el INE ya les fue entregado y en próximos días se cubrirá la deuda.
Este recurso se destinó para alimentos, salarios, material y papelería electoral, que se utilizó en la mesas directivas de casilla el día de la elección.
Desde a finales de 2023, la presidenta del IEPC, Luz Fabiola Matildes Gama, denunció la falta de recursos para la organización de las elecciones locales, debido a que el gobierno estatal, además de que le recortó el presupuesto para el ejercicio fiscal 2024, le entregó a cuentagotas parte de lo aprobado para 2023.
Para el ejercicio fiscal 2024, el IEPC solicitó 695 millones al Congreso local, pero al final solo les aprobaron 395 millones, que sólo rindieron para mayo, de acuerdo con lo declarado en su momento por los integrantes del Consejo General.
Para concluir el proceso electoral, el IEPC y el poder Ejecutivo firmaron un convenio de 41 millones de pesos, el cual se está ocupando para el pago de salarios, de más de 2 mil personas que trabajaron en el proceso electoral, desde los capacitadores electorales, personal en los 28 consejos distritales y en el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).
Sobre el adeudo del financiamiento público para los partidos políticos, Molina Revueltas aclaró que sólo se les adeuda una parte de lo correspondiente a junio, “no es porque el instituto electoral no quiera realizar el pago, es más bien un atraso por parte de la ministración de recursos en ese rubro, que tiene que realizar la Secretaría de Finanzas, y es por esa causa que está pendiente una cantidad mínima, que es lo correspondiente a actividades especificas”.

Controlan finalmente al 100% el incendio en El Veladero; afectó a 505 hectáreas

Aurora Harrison

El incendio forestal del parque nacional El Veladero se controló al 100 por ciento y su liquidación al 98 por ciento, con un total de 505 hectáreas afectadas, dieron a conocer autoridades de los tres órdenes de gobierno, que pidieron a la población no quemar basura, y que se mantendrá una brigada para las tareas de prevención y vigilancia.
La tarde del martes en la Unidad Deportiva Vicente Suárez, las autoridades informaron que el martes el helicóptero de la Secretaría de Marina, equipado con un helibalde de 2 mil 500 litros de capacidad, hizo 12 descargas de agua en los puntos de calor que eran Carabalí y Roca de Oro.
Se informó que el Puesto de Comando de Incidencia permanecerá vigilando que no se reactive ningún foco de calor, porque los combatientes tuvieron golpes de calor, pero “ningún incidente mayor, el personal está bien”, a pesar de que se construyeron 8 kilómetros de contrafuego, 10 kilómetros de liquidación y se hicieron 126 descargas de agua.
El encargado de Presidencia, el síndico Jaime Ramos, dijo que fueron seis las colonias afectadas: María de la O, Olímpica, Generación 2000, Santa Cecilia, Carabalí y Pueblo Nuevo, donde trabajaron más de 2 mil brigadistas de las diferentes dependencias, así como 180 voluntarios.
Se informó que para controlar el fuego se contó con la participación de 35 vehículos, una pipa con agua y una ambulancia; en los trabajos se recorrieron 17.5 kilómetros de brecha corta fuego, 8 kilómetros contra fuego y 10 kilómetros de liquidación.
Durante las ruedas de prensa hechas en los últimos siete días, asistieron autoridades y representantes del gobierno municipal, la Coordinación General de Protección Civil y Bomberos Municipal y Estatal, Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y la Comisión Nacional Forestal.

 

No asiste nadie de la Americana a la reunión de conciliación; maestros anuncian demandas

Karina Contreras

Maestros despedidos de la Universidad Americana de Acapulco (UAA) informaron que el jueves presentarán demandas laborales, de manera individual, para exigir su liquidación, luego de que este lunes autoridades de la casa de estudios que encabeza el rector, Mario Mendoza Castañeda, no se presentaron al Centro de Conciliación en Chilpancingo.
En declaraciones, se informó que los maestros han conformado la Coalición de Académicos y Administrativos de la UAA, de la cual fue nombrado vocero el maestro Javier Sierra Avilés y donde están representados los 60 docentes despedidos.
Vía telefónica, Sierra Avilés informó que este lunes estuvieron en Chilpancingo, para asistir al acercamiento con las autoridades educativas de la Universidad Americana, pero nadie se presentó, por lo que en ese órgano conciliador les entregó una “carta de no conciliación, por la inasistencia de la parte patronal”.
Dijo el docente que todos acudieron, por lo que, ante la falta de acuerdos para la liquidación, llevarán a cabo movilizaciones y el jueves iniciarán con las demandas laborales contra las autoridades educativas y los dueños de la UAA, porque “no nos vamos a quedar con los brazos cruzados”.
Añadió que están buscando que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda “busque la manera de apoyarnos a los docentes, reubicándonos en alguna de las instituciones de educación superior con las que cuenta el gobierno estatal”.
Esperamos contar con el apoyo, porque hay “muchos maestros que son cabeza de familia, que necesitan trabajo”. Explicó que en el Centro de Conciliación los recibieron por bloques, a los 60 maestros, que estuvieron desde las 9 hasta pasada las 3 de la tarde.
El profesor informó que para demandar irán en grupo, pero serán reclamos individuales, aunque todas serán en el mismo sentido, que es la exigencia de la liquidación conforme a la ley.
Aclaró que no se puede hacer de manera general, porque cada uno de los maestros tiene diferente antigüedad y diferente percepción, pero “el contenido de la demanda será igual para todos”.
El pasado viernes los docentes informaron que acudirían este lunes al Centro de Conciliación y advirtieron que si no acudían los representantes de la UAA, interpondrían una demanda laboral para exigir su liquidación, contra el rector y contra el propietario de Grupo Nacer Global, Jorge Nacer, al que pertenece la Universidad Americana de Acapulco, la cual fue severamente afectada por el huracán Otis.
Entre los padres de familia también hay descontento contra el rector Mario Mendoza, porque a pesar de que se iba a cerrar la escuela exigió el pago de las colegiaturas, según los padres de familias, hasta febrero.

 

Hay 20 millones del Fortamun para liquidar a 170 policías que no pasaron la certificación: Ilich

 

El síndico procurador de Gobernación, Ilich Lozano Herrera, informó que hay 20 millones de pesos de recursos del Fortamun para liquidar a otros 170 policías que no pasen la certificación, y en dos o tres meses se va a empezar a notificar.
Consultado por reporteros, Lozano Herrera declaró que el año pasado el Ayuntamiento no tuvo demandas masivas de policías, que hubo ocho amparos pero que no procedieron porque se hizo el procedimiento correspondiente de notificarlos para que presentaran pruebas.
Explicó que el alcalde Evodio Velázquez ha dicho que el Ayuntamiento tiene 900 policías certificados: “estamos en proceso de liquidación porque eso nos permite por un lado certificar a los agentes y quienes no estén aptos son dados de baja”.
Recordó que en febrero, con recursos del año pasado se liquidó a 171 policías “y esperamos que en dos o tres meses más, depende de la llegada de los recursos federales, tener el dinero para liquidar a otros 170 agentes, y el año que viene se contemple otro número similar, que liquidemos muchos más de 500 policías y nos permita hablar de una depuración muy seria”.
Al preguntarle si el municipio cuenta con recursos para liquidar a esos efectivos, respondió que “hay 20 millones de pesos de Fortamun, que es ramo federal, y que se van a destinar para esa área. Y para los 170 será suficiente”.
“Estamos en proceso, espero que en dos o tres meses se pueda notificar y el policía tendrá derecho a defenderse, presentar pruebas y desahogar todo el tramite jurídico”, declaró el síndico.
Explicó que de la certificación pasada se hizo en buenas circunstancias, “no hubo demandas masivas, sólo ocho amparos que no procedieron porque el Ayuntamiento hizo de manera adecuada la liquidación y estamos cuidando de que no ocurra de nuevo”.
Lozano Herrera dijo que el gobierno federal a través de Fortaseg hizo un ajuste en todo el país, porque trabaja por metas pero “hay muchos municipios como Tlapa que ya perdieron los recursos y hoy nosotros propusimos un programa de metas para acceder a ellos”.
Admitió que el año pasado el municipio tuvo una complicación en el ingreso de nuevos policías, por eso ahora están en capacitación constante y ya se contrató a 50 que se llaman “cadetes” y pasaron los exámenes de control y confianza.