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Da la Marina por terminada la búsqueda de desaparecidos por el huracán Otis

Ramón Gracida Gómez

La Secretaría de Marina (Semar) dio por terminadas en diciembre pasado las búsquedas de los marineros desaparecidos por el huracán Otis y las reuniones con los familiares porque ambas acciones acordadas entre ambas partes eran compromisos del gobierno federal anterior.
Representantes de la Base Naval se comprometieron con los familiares de los desaparecidos a conseguir enlaces con la nueva administración federal para agilizar los trámites de las actas de desaparición y defunción y recibir una pensión, liquidación y atención médica, pero hasta la fecha el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo no ha respondido, denunció ayer Cristina Sánchez Camacho, esposa de Fernando Esteban Parra Morales, uno de los cuatro tripulantes del yate Litos.
De las 24 familias que se reunían cada martes dentro de las instalaciones de la Décima Segunda Región Naval, sólo siete han conseguido que el proceso para obtener el acta de defunción con el juez asignado avance, mientras que el resto está estancado por documentos que les piden y no han sido tramitados.
En el caso de Cristina Sánchez, el juez le pidió en octubre pasado que la Semar emita un documento en el que informe que la búsqueda de su esposo no dio resultados positivos, pero la Marina se ha negado y el abogado de la Secretaría del Trabajo que lleva su caso tampoco lo ha gestionado.
Vía telefónica, la esposa de Fernando Esteban, desaparecido en el mar al salir de la Marina Majahua de Puerto Marqués el 25 de octubre de 2023, precisó que el 17 de diciembre de 2024 fue la última reunión entre familiares e integrantes de la Semar dentro de la Base Naval.
El capitán Federico Prieto “prácticamente nos dijo pues que el nuevo secretario de Marina (Raymundo Pedro Morales Ángeles) les había dicho que ya cesaran porque ésos eran compromisos del almirante anterior (José Rafael Ojeda Durán, ex titular de la Semar), que pues ellos de su parte ya habían hecho lo que estaba en sus manos para lo de la búsqueda y que ya no podían seguir destinando recursos de eso”.
Sin embargo, el capitán Prieto comentó que iba a tratar de hacer un “enlace” con otra dependencia del gobierno federal porque la Semar, que fue asignada a este trabajo por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, ya cumplió “su parte”.
La Marina giraría un escrito a la mandataria federal Sheinbaum Pardo para ver qué dependencia quedaría encargada de atender a los familiares de los marineros desaparecidos, en particular se buscaría que fuera la Secretaría de Trabajo porque ahí se están haciendo los trámites de la pensión y el seguro social.
“Pero hasta la fecha no nos han dicho nada, de hecho el día martes me enviaron un mensaje donde me están avisando que ellos metieron el escrito, pero que no les han dado respuesta”, dijo Cristina Sánchez.
Los familiares le pidieron al representante de la Semar gestionar una reunión con la presidenta de México, pero se las negó argumentando que las búsquedas de los desaparecidos y las reuniones semanales eran “compromisos del anterior gobierno y que este gobierno no se va a hacer responsable de lo pasado”.
La esposa de Fernando Esteban Parra expuso que es importante el seguimiento a los trámites para obtener las actas de desaparición y de defunción de sus familiares para que puedan tramitar las pensiones, el seguro social para los deudos y futuras demandas.
Sin embargo, sólo siete juicios han avanzado del grupo de 24 familias, “los demás están en espera, hay creo que dos juicios que no han iniciado, la Secretaría del Trabajo no ha emitido la documentación”.
En su caso, el juez del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, Saúl Torres Marino, solicitó que la Marina hiciera un documento “donde ellos avalan que buscaron, pero que no encontraron ningún cuerpo; por eso, según, tiene detenido el juicio”.
“Pero la Marina me dijo que ellos no pueden hacer un escrito sin que una autoridad se los solicite y el abogado que lleva mi casa de la Secretaría del Trabajo no ha hecho esa gestión”, agregó la familiar.
El abogado le dijo que no era necesario que él tuviera que hacer un escrito, pero se comprometió a mandar el documento, pero en la última reunión con la Marina, empleados le dijeron a Cristina Sánchez que todavía no llega ningún escrito.
La esposa de Fernando Esteban Parra va a buscar que la Fiscalía General del Estado (FGE), que tiene la carpeta de investigación por desaparición de su esposo, gire un escrito a la Semar demandando lo que solicitó el juez.
Después de que el juez apruebe el juicio, los familiares deben acudir al Registro Civil para tramitar su acta de defunción y luego ir al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para solicitar una pensión y el servicio médico.
La familiar del marinero del yate Litos pidió que la nueva administración federal no se deslinde de los compromisos del gobierno anterior, sobre todo porque provienen del mismo partido político.
La madre de dos niños estudiantes de preescolar recordó que sus hijos están “desamparados” porque no puede tramitar la pensión ni la liquidación, y no han sido registrados en los programas sociales del gobierno federal.
Cristina Sánchez recordó que las búsquedas de los marineros fueron suspendidas por la contingencia del huracán John y fueron reanudadas cuatro semanas más, pero la última fue a principios de diciembre.
La Semar argumentó que ya no todos los familiares que en un principio acudían a las reuniones, lo seguían haciendo después del primer año del paso del huracán categoría 5, pero se comprometió a notificarles si en siguientes recorridos encuentran algún indicio de su desaparición.

 

Por falta de capacitación tardan horas en abrir y cerrar las casillas en Tierra Caliente

Brenda Núñez Peñaloza con el 55% de la votación se convirtió en la primera mujer en ganar una elección en Pungarabato, como la candidata de la coalición del PRI Foto: Israel Flores

Israel Flores

Ciudad Altamirano

Todas las casillas de Tierra Caliente reportaron tardanzas para abrir a tiempo para la votación, que debería de ser desde las 8 de la mañana, pero en varias comenzó hasta las 10, mientras que el cierre comenzó con el conteo de votos a las 6 de la tarde, pero terminaron el trámite seis horas después, pues los funcionarios no sabían llenar las actas.
En Ciudad Altamirano hubo tres casillas que terminaron después de la medianoche. La votación fue de menos de 300 votos en total, pero llegaron a los consejos distritales, tanto federales como estatales, después de las 12 de la noche.
La última casilla del municipio de Pungarabato en terminar fue la de Tanganhuato, que se ubica a 10 minutos de distancia de los consejos distritales. Llegó a las 2 de la mañana, porque se les complicó el llenado de actas.
En la comunidad Chacamerito, que se encuentra también a 10 minutos de los consejos distritales de Ciudad Altamirano, la paquetería y boletas llegaron a la 1 de la mañana.
El principal argumento fue que desconocían algunos métodos y protocolos para el cierre de las casillas.
Se realizó de forma correcta el conteo de las actas, pero al momento del llenado comenzó el problema. Una vez que concluyeron la suma, desconocían del protocolo para guardar los paquetes en las bolsas de plástico e ingresarlas dentro de las cajas.
De este forma, en Ciudad Altamirano el PRI, que es el partido ganador, ingresó documentos pidiendo actas certificadas de dos casillas, porque las copias de las actas que serían entregadas a los partidos, fueron ingresadas dentro de los paquetes de la caja por error o desconocimiento.
En toda la región la queja fue la misma, que las casillas abrieron demasiado tarde y tardaron mucho tiempo en realizar el conteo.
Una vez que llegaron los funcionarios a los consejos distritales, el argumento se generalizó. Varios de los funcionarios de casilla fueron tomados de la fila sin capacitación, pese a que se había dicho que en la mayoría de las comunidades estaban completos los funcionarios.
En Las Querendas, municipio de Pungarabato, de donde es originario Fálix Salgado Macedonio, dos escrutadores no llegaron. Fueron tomados de la fila, pero después de una controversia, en donde señalaron que la comisaría los estuvo amenazando para que no participaran.
Alejandro Medina Sotelo, del municipio de Tlapehuala, de 34 años de edad, dijo dedicarse a las labores del campo, que no tenía trabajo y le ofrecieron 500 pesos por participar como funcionario de casilla. Eso le atrajo para hacerlo. Dijo que fue su primera vez, pero que se pierde mucho tiempo en la jornada electoral.
Luisa Lorenzo, del municipio de Coyuca de Catalán, tiene 22 años de edad. Es alumna del Instituto Tecnológico de Altamirano. Señaló que no hubo ningún problema en la apertura de casillas y durante el llenado de las actas, “pero dejamos todos los paquetes adentro. Los partidos tomaron fotografías. Por eso no hay problema, así que no tenemos a nadie inconforme. Cuando abran los paquetes les van a entregar las copias”.
“Nos dijeron que llegáramos a las 8 de la mañana. Pensamos que nos íbamos a sentar en la mesa y con eso comenzábamos la votación, pero comenzamos a contar acta por acta. Luego llenamos un documento y luego hay que poner todas las mamparas. Eso nos volvió muy lentos y de pronto ya nos habían dado las 9:30 de la mañana y ya teníamos a la gente encima”, así lo contó Gael Rodríguez, originario del municipio de Tlapehuala, quien llegó al distrito 18 con uno de los paquetes.
Los funcionarios de casilla solicitaron, aun más que otros años, el apoyo de los capacitadores y del personal destinado por parte del Instituto Nacional Electoral o del Instituto Electoral de Participación Ciudadana.
Había uno por sección, pero en algunos momentos tuvieron que moverse, porque faltaba personal en otras secciones cercanas.
En la colonia Esquipulas se quejaron de que uno de ellos, al concluir el cierre de las votaciones y conteo, guardó las cajas detrás de una camioneta Nissan y abandonó los paquetes en esa camioneta, para poderse mover y más tarde regresaron. Pero la gente desconocía dónde estaban las boletas, porque no habían llegado al Consejo Distrital, hasta que se aclaró el problema.
El traslado de la paquetería tuvo poca vigilancia. Los paquetes llegaron a los consejos distritales en pequeñas camionetas con poca vigilancia, incluso de los mismos funcionarios de casilla.
El Ejército se concentró en darle seguridad a los edificios donde llegaban los paquetes, es decir, los consejos distritales.

 

Dejan fuera de la próxima elección propuestas para candidaturas indígenas y afromexicanas

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

Las reformas en materia de candidaturas indígenas y afromexicanas aprobadas por el Congreso local el pasado 8 de junio no incluyen decenas de propuestas planteadas por ambas poblaciones en la consulta, por lo que éstas se regirán con las mismas reglas que el proceso electoral pasado.
La 62 legislatura aprobó reformas en materia de candidaturas indígenas sin realizar una consulta adecuada, por lo que diputados locales de Morena promovieron juicios de inconstitucionalidad que derivaron en la invalidación de estas modificaciones y se ordenó al Poder Legislativo de Guerrero realizar una consulta y reponer la legislación a partir de los resultados.
Sin embargo, en la consulta hecha por el Congreso a través del IEPC, se preguntó si están de acuerdo con las reformas que la Corte invalidó por falta de consulta, y a pesar de que hubo decenas de propuestas más, los diputados sólo confirmaron los textos aprobados desde 2020.
A pesar de que el IEPC realizó la consulta a pueblos originarios y afromexicanos en aproximadamente dos meses, en el informe de los resultados enviados al Congreso local sí se incluyeron las decenas de propuestas que son las principales demandas de estas poblaciones.
Por ejemplo, una de las principales propuestas que fue reiterada en las asambleas, de acuerdo al informe aprobado por el órgano electoral demandas, como manera de blindar que los candidatos que postulen los partidos tengan reconocimiento y aval de sus poblaciones, se planteó en esta consulta que, la asamblea comunitaria es la máxima autoridad para emitir las constancias de autoadscripción o vínculo comunitario.
Sin embargo, en la reforma aprobada por el Congreso local se faculta al comisario ejidal, comisario o el presidente municipal para expedir constancias de adscripción de manera unilateral sin que la asamblea conozca ni lo apruebe.
Es decir que en el proceso electoral que está por iniciar en septiembre próximo esta regla aplicará nuevamente, bastará con que alguna de estas autoridades emita una constancia a quien se autoadscriba como indígena para que algún partido político lo pueda postular bajo este principio.
En esta reforma, solo se limitó al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), y a la Secretaría para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos para que no puedan emitir estas constancias.
Otra de las principales opiniones incluidas en el informe es que “en la Ley debe establecerse la obligación de que se postulen personas indígenas, no a personas de origen indígenas”, y esto también pasaría porque la asamblea comunitaria reconociera o no a estas personas como indígenas y que formen parte de su comunidad.
Se propuso que el porcentaje para determinar si en el municipio se deben registrar candidaturas indígenas o afromexicanas, sea el tener un porcentaje del 30 y no del 40 por ciento, pero este planteamiento ni siquiera se discutió por los diputados a la hora de dictaminar en la Comisión de Justicia ni en el pleno, y quedó como ya se contemplaba que deben tener el 40.
También se planteó que los cargos de presidencia, sindicatura y regidurías, se reserven la mitad para indígenas, considerando la paridad de género, y “en menor medida” se solicitó la posibilidad que puedan reservarse más del 50 por ciento de cargos para estas poblaciones.
Se plantearon especificaciones por municipios como el caso de Juchitán y Azoyú, donde existe población indígena y afromexicana, para que se pueda tener un registro o espacios para ambas poblaciones, sin que se afecte el derecho de representación que tiene cada sector, pero tampoco se incluyó.
En el informe de los resultados de la consulta enviado por el IEPC al Congreso se plantea que las constancias emitidas por las autoridades comunitarias deberán tener la validación o aprobación de la asamblea, “para evitar que pueda darse una constancia a quienes no cumplan con los requisitos internos de la comunidad”.
Estos son haber prestado servicio comunitario, ocupado cargos civiles, agrarios o tradicionales, trabajo colectivo en beneficio de la comunidad o participar en diversos comités y comisiones que existen en las comunidades indígenas y afromexicanas”.
Y lo que se aprobó por el pleno establece que los requisitos son “haber prestado servicios comunitarios o desempeñado cargos tradicionales en la comunidad o distrito; haber participado en reuniones de trabajo tendientes a mejorar instituciones tradicionales o resolver los conflictos que se hayan presentado en torno a ellas, dentro de la población, comunidad o distrito; haber sido representante de alguna comunidad o asociación indígena o afromexicana, cuya finalidad sea mejorar sus conservar instituciones”.
También se planteó que se dé prioridad para otorgar las candidaturas indígenas a mujeres y hombres que hablen alguna de las lenguas maternas además del español; se propuso también que se den herramientas legales para que el IEPC revise las documentales o pruebas que se presenten para acreditación del vínculo comunitario o, en su caso, se realice alguna verificación de la expedición de la constancia por la autoridad que suscribe.
Se pidió que se establezcan estos mecanismos de revisión o certificación de documentos que eviten que haya políticos que usurpen la identidad de personas indígenas o afromexicanas, y que estos casos sean sancionados, y se establezcan las sanciones. Tampoco se legisló al respecto.
 

Emprende el Registro Civil campaña gratuita de corrección de actas y CURP

Cientos de personas hacen filas para ser atendidos en la Campaña Itinerante Gratuita de la Coordinación Técnica del Sistema Estatal de Registro Civil, que ayer se realizó en el Parque Papagayo Foto: Carlos Carbajal

Aurora Harrison

La Coordinación Técnica del Sistema Estatal de Registro Civil ayer llevó a cabo una campaña itinerante para corrección gratuita de actas de nacimiento y CURP en las instalaciones del parque Papagayo, en Acapulco donde se atendieron a cientos de personas.
El coordinador estatal, Roberto Barreto Bohórquez, dijo que “los problemas más agudos son la falta de registro, tenemos en las comunidades (rurales) familias completas que no han sido registradas, y hemos presentado un alto índice de registro extemporáneo”.
De la armonización de la ley para los matrimonios igualitarios, el funcionario estatal dijo que en breve, no dio fecha, se pondrá a disposición de los oficiales del Registro Civil las actas donde quedarán registradas las bodas entre personas del mismo sexo.
A las 8 de la mañana de ayer y hasta las 4 de la tarde, los oficiales atendieron a cientos de personas que acudieron para corregir sus actas de nacimiento y CURP, algunos iban porque tenían error en el apellido o en la captura de los nombres de sus padres, en la CURP.
“Los problemas más agudos son la falta de registro, tenemos en las comunidades apartadas muchas familias enteras que no han sido registradas, y estamos presentando un alto índice de registros extemporáneos y los errores en las actas de nacimiento”, dijo el funcionario.
Abundó que en la región de la Montaña y en algunas partes de Acapulco han encontrado que hay personas que no están registradas, citó que en la comunidad de Huamuchitos hay adultos mayores y adolescentes que no se encuentran registrados.
Barreto Bohórquez reiteró que el principal error es que “no hay registros, hay personas que no están registradas y tenemos que registrarlas extemporáneamente, hay dobles o triples registros, hay confusión o errores en la CURP, hay errores de captura, hay errores producidos cuando se levantaron las actas, hay cúmulos de errores”.
“Hay tres trámites que no cuestan: el registro de nacimiento, la defunción y la certificación de la CURP son gratuitas y los demás trámites tienen un costo y se encuentran en la página oficial de Facebook ahí viene la gama de costos para esos trámites”, detalló.
El coordinador del Sistema Estatal de Registro Civil informó que hay 67 solicitudes del mismo número de alcaldes de las ocho regiones del estado que quieren que se lleven a cabo estas campañas itinerantes gratuitas y la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, instruyó que se hagan para dar identidad a las personas.
De la armonización de la ley para los matrimonios igualitarios, respondió que se necesitaba adecuar el formato de cómo vamos a casar a las personas del mismo género y se envió al Registro Nacional de Población (Renapo) para que nos diseñaran el formato, de cómo debe decir y se va a llamar ese registro “ya lo tenemos, ya lo enviamos a la Secretaría General de Gobierno y en próximas fechas va a ponerse a disposición de los oficiales del Registro Civil”.
“Hasta ayer (jueves) tuvimos la oportunidad de tener el formato en nuestras manos, pero en próximas fechas va a ponerse en operación, para Acapulco habrá un programa de bodas igualitarias muy importante, además de los recursos que van a ingresarse porque se ha elegido a Acapulco como un lugar turístico de esa naturaleza, de manera que próximamente vamos a estar atentos para que esto se desarrolle con normalidad”, dijo.

 

Largas filas para pedir actas de nacimiento verdes en Chilpancingo; las exigen en las escuelas, dicen

En Chilpancingo, ciudadanos realizaron largas filas en el cajero del Registro Civil ubicado en el edificio Juan N. Álvarez y en la tienda Aurrera Sur, para solicitar las actas de nacimiento verdes, porque en las escuelas les exigen ese nuevo documento, pese a que la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) en un comunicado aseguró que recibirían el formato pasado.
Además, trabajadores de los cajeros que expiden las actas informaron que antes de junio, julio y agosto tenían un promedio de 300 entregas, pero ahora aumentaron a 600 diarias.
En un recorrido se constató que en Aurrera Sur, ubicada en la avenida Ruffo Figueroa, había filas largas de ciudadanos, la mayoría eran padres de familia que acudieron a sacar el acta con el nuevo formato.
Una usuaria, Dalia Román informó que acudió al cajero para sacar el acta con el nuevo formato porque en la Escuela Secundaria Federal Antonio I. Delgado a los padres de familia les exigen el nuevo formato.
A pregunta expresa dijo que sabía que la SEG informó que se recibiría el formato pasado, pero que el personal directivo exige el acta verde, porque de lo contrario no inscriben a los alumnos.
Reprochó que las autoridades educativas no estén al pendiente del proceso de inscripción, porque “la SEG dice una cosa y los directivos actúan de otra manera”.
En los cajeros ubicados en el edificio Juan N. Álvarez también había largas filas, ahí los usuarios informaron que iban a sacar el acta con el nuevo formato, porque en las escuelas donde ingresarán a sus hijos les piden los nuevos formatos.
Las madres de familia consultadas en el lugar aseguraron que las escuelas no respetan el comunicado que emitió la SEG, pero que no tenían otra opción más adquirir el nuevo formato, porque sus hijos no podrían estar inscritos.
La señora Guadalupe Nava dijo que “yo sólo quiero el nuevo formato para no tener problemas más adelante con algún trámite”, pero dijo que su hija también tramitó el acta con el nuevo formato porque desde la semana pasada las escuelas en los requisitos piden el “acta verde” y si no llevaban todos lo que se les pedían no inscribirían a sus hijos.
Por su parte, los trabajadores encargados de expedir las actas informaron que antes de junio, julio y agosto, al día era 300 actas que se expedían, pero ahora se duplicó el numero ahora son 600.
Informaron que la demanda también aumentó debido a que hay programas como Prospera, o los que otorga la Sedesol que piden el nuevo formato.
En el edificio Juan N. Álvarez había circulares de la SEG, donde se precisa que no es obligatorio sacar el acta con el nuevo formato, pero las letras eran poco visible para las personas que acudían a tramitarla.
Incluso se consultó a las personas que si habían visto la circular y mencionaron que no, incluso no sabían que la SEG había emitido el comunicado.

Denuncian padres en Petatlán que les exigen el acta verde

Madres de familia de las primarias Rosario Castellanos y Justo Sierra, ubicadas en la cabecera municipal de Petatlán, denunciaron que los directores de ambos planteles les exigieron presentar el acta de nacimiento de color verde, como requisito para inscribir a sus hijos.
La señora Elsa Hernández Arizmendi manifestó que la directora de la primaria Rosario Castellanos no autorizó la inscripción de su hijo, porque llevaba el acta de color café (sepia) por lo que tuvo que acudir a la oficina del Registro Civil a hacer el trámite para conseguir el documento.
La ama de casa aseguró que no fue la única madre de familia a la que le negaron el trámite, “fuimos muchos padres los que nos regresamos porque según la directora, era un requisito obligatorio; creo que sus jefes hablaron con ella, porque después de nosotros ya no pidió el acta verde”.
Por su parte, don Juan Carlos Valdovinos, padre de familia de la primaria Justo Sierra, se quejó que el director de ese plantel también exigió el acta de nacimiento con el nuevo color, de lo contrario no les permitía la inscripción de los niños.
Comentó que en su caso, aunque argumentó que no era un requisito obligatorio, “de todos modos dijo que teníamos que llevar el acta verde que porque después se nos iba a olvidar y ya no la íbamos a llevar”.
La directora municipal de Educación de Petatlán, Bertha Díaz Garzón, confirmó las inconformidades de los padres de familia de ambas escuelas, “cuando supimos de este malestar de los padres de familia, hablamos con el delegado regional de los Servicios Educativos y con los supervisores, para que nos ayudaran a sensibilizar a los directores en ese sentido y no siguieran presentándose más quejas”. (Brenda Escobar / Petatlán).

Niega un director en Zihuatanejo la inscripción a los que no lleven acta verde, acusan padres

 

Padres de familia de la secundaria federal Luis Guevara Ramírez, ubicada en la comunidad Agua de Correa, en Zihuatanejo, denunciaron que el director de ese plantel, Felipe Rivas Paredes, negó la inscripción de los alumnos para el nuevo ciclo escolar si no llevan el acta de nacimiento en el nuevo formato color verde, por lo que acudieron a la dirección municipal de Educación, a interponer la queja correspondiente.
Tres madres de familia denunciaron que fueron este martes a reinscribir a sus hijos a esa secundaria, pero como no llevaban el acta de nacimiento verde, el director les negó la inscripción, argumentando que es requisito obligatorio presentar ese documento en color verde y no café, como ellas lo llevaban.
Una de las madres consideró injusta la postura del director, pues aseguró que la información que ella tiene es que “se trata de un documento oficial que tiene la misma validez que el de color verde. En mi caso, pedí permiso para faltar hoy a mi trabajo para inscribir a mi hija y ahora tengo que dar vueltas para sacar el acta en color verde”.
El director municipal de Educación, Luis Melchor Arizmendi, confirmó que en esa secundaria, “hoy se presentaron muchas quejas y expresiones de inconformidad en contra del director, porque les exigió el acta de nacimiento en el nuevo color, lo que hicimos fue atender la queja y hablar con el supervisor escolar para que intervenga”.
Agregó que también este martes, madres de familia del jardín de niños de la comunidad La Salitrera se quejaron de que la directora también les exigió el acta con el nuevo color, “nunca pensamos que esta situación del nuevo color de la hoja del acta de nacimiento se convirtiera en un problema, que fueran a generar los propios directores de las escuelas pese a que en su momento fueron notificados por las autoridades educativas que no era un requisito obligatorio”. (Brenda Escobar / Zihuatanejo).