Integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) tomaron la Subsecretaría de Finanzas y Administración, de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), para exigir recontrataciones de maestros.
Minutos antes de las 8 de la mañana, unos 30 cetegistas bloquearon la calle Capitán Julio Calva, donde están las oficinas. Ahí instalaron casas de campaña y colocaron pancartas con sus peticiones.
Los cetegistas, que encabeza Héctor Torres Solano, dijeron que a 120 maestros no se les ha renovado su contrato, por lo que unas 30 escuelas están cerradas, principalmente en la región Montaña.
El integrante de la comisión de enlace de la CETEG, Jaime Gálvez, informó que acordaron movilizarse para que la Subsecretaría de Finanzas de la SEG, que encabeza Alejandro Moreno Lira.
Manifestó que a los docentes que no les renovaron sus contratos, “son los que más han sufrido, porque laboran en las comunidades más alejadas del estado, llevan hasta siete años cubriendo”.
Jaime Gálvez dijo que el problema se centra en educación indígena, porque debido al proceso de cambios, la SEG no repuso a los docentes, “por lo que miles de alumnos se quedaron sin clases”.
Los inconformes colgaron una lona, en la que también exigieron la incorporación al Fondo para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, la construcción del hospital del ISSSTE y aumento salarial. (María Avilez Rodríguez / Chilpancingo).
Etiqueta: Administración
Por recortes federales, heredará pasivos por 300 millones, adelanta el rector de la UAG
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
Derivado de los recortes presupuestales del gobierno federal a las bolsas económicas en las que concursaba la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) para proyectos académicos, la actual administración de la institución heredará pasivos por 300 millones de pesos a la próxima que encabezará Javier Saldaña, reconoció el rector José Alfredo Romero Olea.
En medio de esta situación financiera, el 40 por ciento de los casi 6 mil trabajadores ya están en edad de jubilarse pero no hay recursos para el pago de su pensión.
Entrevistado después de que entregó el expediente de concesión a la radio de la UAG, XEUAG, en las instalaciones de Rectoría, Romero Olea, quien termina su periodo el 26 de septiembre y el 27 toma posesión el nuevo rector Javier Saldaña Almazán, acotó que los problemas financieros por los recortes presupuestales se están presentando en la mayoría de las universidades.
“Hubo recortes a las bolsas económicas en las que concursábamos para proyectos académicos, que ya no se convocaron”, declaró.
Informó que estos recursos generalmente se utilizaban para el pago de fallecimientos de trabajadores o para las prestaciones de quienes renunciaban.
“La falta de recursos para ese tipo de proyectos está generando problemas en todas las universidades y la nuestra no es la excepción. Ahorita ya tenemos pasivos de casi 300 millones de pesos”, informó Romero Olea.
Agregó que el problema se complicará porque hay otro grupo de trabajadores “que ya estamos en edad biológica para retirarnos, pero por falta de recursos no lo hemos hecho”.
Explicó que el 40 por ciento de la plantilla total, que es de unos 6 mil trabajadores, ya están en edad de jubilarse, lo que implica que son unos 2 mil trabajadores en espera de sus jubilaciones.
“Hemos ido solventando algunos casos, que se nos han ido presentado de compañeras que están en muy malas condiciones. Hemos hecho gestiones o se han pagado con recursos de ahorros propios y, en ese sentido, hemos ido avanzando pero son paliativos. El problema de fondo no lo hemos resuelto”, reconoció Romero Olea.
Sin embargo, de acuerdo con su opinión, el balance de su administración, que termina en una semana, “es positivo”.
Resaltó que a pesar de la pandemia “tuvimos una universidad trabajando y en constante movimiento”.
Destacó que hubo gobernabilidad y mantuvo buenas relaciones con las dependencias federales, especialmente con la Secretaría de Educación Pública (SEP), Subsecretaría de Educación Superior y la Dirección General de Educación Superior, así como con el gobierno estatal.
Para el rector, “tenemos a una universidad que está laborando al 100 por ciento y eso satisface”.
Añadió que uno de los retos que se vienen es la incorporación de la institución a las nuevas etapas de la Nueva Escuela Mexicana, que está implementando el gobierno federal, además de insertarse en las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial.
Dijo que si la institución no se actualiza en estos aspectos, está condenada a quedarse atrasada y quedarse solamente con las carreras convencionales.
Sindicato del Congreso levanta plantón; mediará Félix en reinstalación de despedidos
Rosalba Ramírez García
Chilpancingo
El sindicato Sentimientos de la Nación del Congreso local, levantó el plantón en la sede del Poder Legislativo, y el bloqueo a la calle de acceso, a partir del compromiso del senador Félix Salgado Macedonio respecto a que los tres trabajadores despedidos, entre ellos el líder sindical Fernando Martínez Román, serían reinstalados en otras áreas.
Ayer por la tarde, los trabajadores se reunieron con el senador en un restaurante de la capital, donde plantearon su temor ante las acciones de la administración del Congreso, que encabeza la diputada morenista Yoloczin Domínguez Serna, como el despido de los tres trabajadores integrantes de este sindicato.
En declaraciones, Fernando Martínez señaló que en fue “una mesa de diálogo cargada de mucha voluntad y solidaridad con la clase trabajadora, nos dijo que la 4T no reprime, al contrario son los impulsores de la reforma en materia laboral y de libertad sindical, y que él es uno de los impulsores en ese tema”.
Comentó que lo que el senador les informó es que los despedidos serían reinstalados en otras áreas. En el caso de Alondra Reza Arzola que estaba en Relaciones Públicas como edecán ahora estaría adscrita con el diputado Jacinto González Varona, mientras que Ramón Núñez Campos, quien chofer del vehículo que ofrece el servicio de transporte a los trabajadores, junto con él, serían adscritos con el diputado Joaquín Badillo Escamilla.
Salgado Macedonio promoverá que desde “el área del jurídico se desista de las denuncias” o procedimientos en contra de los trabajadores.
También acordaron que el lunes se instalará la mesa de diálogo para revisar el pliego petitorio del sindicato.
En esta reunión no estuvo ningún representante de la administración local, que los esperaban en el Congreso para recibir por parte del sindicato el edificio que estuvo tomado desde el viernes de la semana pasada.
Ayer en la mañana en el plantón explicaron que lograron hablar con el senador y que este se comprometió a recibirlos por la tarde, y ser el vínculo con la administración del Congreso local para solucionar el conflicto que había provocado el despido de tres trabajadores.
Los trabajadores tomaron la decisión de levantar el plantón y liberar la sede del Poder Legislativo antes de la reunión.
Ahí, denunciaron aproximadamente a las 12 de la noche del jueves o los primeros minutos del viernes, un hombre armado a bordo de un vehículo se acercó al plantón a “amedrentarnos y amenazarnos”.
Trabajadoras informaron que el hombre sacó una pistola y dijo “ya quiten esa chingadera”, y de inmediato quienes estaban en el plantón se tiraron al piso, por lo que no distinguieron o reconocieron al hombre que los amenazó.
Y reiteraron que el plantón lo levantaron para generar las condiciones para la mesa de diálogo y no por miedo a las amenazas recibidas durante la noche.
El secretario general señaló que responsabilizaban a la administración del Congreso de lo que les pudiera pasar a los integrantes del sindicato, aunque posteriormente dijeron que confían en que la amenaza fue un hecho aislado y que no de la presidenta Yoloczin Domínguez.
Por la noche, en un boletín el Congreso local aseguró que el sindicato levantó el bloqueo “tras dictar el Tribunal de Conciliación y Arbitraje la ilegalidad del paro”, esto a pesar de que desde la mañana de ayer viernes el sindicato anunció que lo hacían como muestra de voluntad para dialogar con el senador.
Despide la administración del Congreso al líder del sindicato parista, que radicaliza protestas
Rosalba Ramírez García
Chilpancingo
La administración del Congreso local que encabeza la diputada morenista Yoloczin Domínguez Serna realizó el tercer despido de trabajadores integrantes del sindicato Sentimientos de la Nación. Se trata del secretario general de esta organización, quien encabeza el plantón y bloqueo frente al Congreso local, Fernando Martínez Román.
Ayer en el séptimo día de plantón y bloqueo, el sindicato decidió tomar el Congreso local y colocar cadenas en las entradas de la sede del Poder Legislativo a partir de que las acciones de la administración del Congreso en contra de los agremiados, porque después de que se supo que se retuvo el sueldo del secretario general del sindicato, ayer finalmente se confirmó que fue despedido después de casi 13 años como empleado.
El dirigente sindical dijo que de manera oficial no le notificaron su despido y que de ser así este es injustificado y que es una “represalia más” en contra del movimiento de trabajadores.
El abogado del sindicato Carlos de Jesús Contreras dijo que en el Congreso local hay persecución en contra de los trabajadores, y recordó que el sindicato está “plenamente reconocido” por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje y que los únicos que pueden desconocer al secretario general es la asamblea y que mientras eso no suceda el sigue al frente de éste.
Fernando Martínez precisó que son 104 agremiados al sindicato Sentimientos de la Nación los cuales están reconocidos ante el Tribunal y que no son 60 como lo señala la administración.
También destacó que hay guardias de trabajadores para estar en el plantón y que por eso sólo son unos 15 o 20 los que están constantemente, además de que hay temor de los trabajadores por los despidos que está realizando la administración del Congreso.
El plantón que inició la semana pasada fue en demanda de la reinstalación de dos trabajadores despedidos, Ramón Núñez Campos, quien estaba en el área de Recursos materiales y era chofer del vehículo que ofrece el servicio de transporte a los trabajadores, y Alondra Reza Arzola, de Relaciones Públicas, quien era edecán. Finalmente ayer se confirmó el despido del secretario general del sindicato.
Hubo quejas y actas administrativas contra los despedidos
El secretario de Servicios Financieros y Ad-ministrativos del Congres, Andrés Rosendo Orozco Pintos, calificó las acciones del sindicato como “agresivas” por colocar cadenas en las entradas; “lo tienen tomado, lo tienen secuestrado de manera ilegal”.
El funcionario también destacó que solo hay en el plantón unos 15 trabajadores “más agresivos, pero menos… vemos entonces que ya no tienen el apoyo de los compañeros en el sindicato”. Al respecto señaló que están respetando los derechos de los trabajadores que han estado participando “de manera intermitente o permanente” en el plantón, y que se les ha depositado íntegra su quincena.
Sin embargo, eso no lo aplicaron en el caso del líder de este sindicato al que despidieron por no presentarse a laborar en su área de trabajo, y al igual que en los casos de los otros dos trabajadores despedidos, la subdirectora de Recursos Humanos Juanita Avilez Rodríguez dijo que “es casualidad” que sean agremiados del mismo sindicato.
Señalo que todos tuvieron quejas y actas administrativas por parte de sus jefes directos “sí es casualidad, no hay nada contra los trabajadores del sindicato”.
Juanita Avilez reiteró que la administración del Congreso decidió suspender “al trabajador Fernando Martínez Román auxiliar administrativo del área de Recursos Materiales, no al secretario general, no es en contra del sindicato, por intimidaciones por persecución que él declara” y reiteró que no se le despidió por ser el dirigente.
Después la subdirectora de Recursos Materiales Siu Arlenne Sarabia señaló que en los últimos días se levantaron a Fernando Martínez una serie de actas administrativas por ausentarse de su trabajo de manera constante y permanente.
Y Andrés Rosendo Orozco dijo que el patrón tiene “la facultad de levantar las áreas administrativas correspondientes, y eso fue lo que pasó a él”, y ambos funcionarios negaron que el despido lo haya ordenado la presidenta de la Jucopo.
Tras el despido de Fernando Martínez, Juanita Avilez señaló que al ya no ser trabajador del Congreso ya no puede ser parte del sindicato y menos encabezar o participar en las mesas de diálogo con la administración del Poder Legislativo.
“Creo que los integrantes del sindicato Sentimientos de la Nación tendrán que hacer una asamblea, tendrán que buscar la manera de reunirse y solicitar el desconocimiento del secretario general en turno o nombrar a un interino, en esa parte ya no nos toca a nosotros”, pero advirtió
Orozco dijo que esperan que el Tribunal les notifique a los paristas que su acción “es ilegal” para que se retiren o abran el edificio, e insistió en que cada vez son menos los que participan, “hay un desencanto”.
Hostiga la administración del Congreso a dirigentes del sindicato en paro, denuncian
Rosalba Ramírez García
Chilpancingo
La secretaria de Derechos Humanos y Medio Ambiente del sindicato Sentimientos de la Nación del Congreso local, Nancy Bravo Gómez, denunció que en el Poder Legislativo se recrudeció el hostigamiento en contra del sindicato, y ahora buscan amedrentar a los trabajadores con acciones en contra del secretario general de la organización Fernando Martínez Román, a quien le retuvieron su sueldo.
En conferencia de prensa en el plantón y bloqueo que realizan frente al Congreso local, la integrante del comité de este sindicato señaló que “están tratando de desarticular o debilitar el movimiento porque fueron directo contra nuestro secretario general, que consiste en que le retuvieron el salario, es una forma de desanimar a las compañeras y compañeros”.
Ahí explicó que en el plantón y bloqueo solamente están los integrantes del comité para que todos los otros trabajadores puedan estar en sus áreas de trabajo por miedo a represalias.
Por su parte, Martínez Román dijo que hay señalamientos y acciones de la administración del Congreso local, con los que se confirma la “bien marcada persecución laboral en contra del sindicato, nosotros en todo momento pedimos diálogo y una mesa de trabajo”.
Sin embargo, Fernando Martínez señaló que “en este Congreso existe la persecución, es un Congreso represor, es donde de aprueban las leyes y es donde en primera instancia no existe la libertad, el derecho y es aquí donde se reprime a las trabajadoras y los trabajadores”, y ejemplificó con los casos de Ramón Núñez Campos y Alondra Reza Arzola, ambos integrantes del sindicato que fueron despedidos la semana pasada.
Destacó que la acción final cometida el pasado martes de retener su sueldo a él como secretario general “con el propósito de desarticular y amedrentar, pero nosotros creemos que nuestra lucha es justa”.
Insistió en el llamado a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para que “siga impulsando esos canales de comunicación con el Poder Legislativo para que se cristalice esa mesa de trabajo”, también llamaron a los diputados para que estén presentes en las mesas de trabajo que se logren concretar.
En la conferencia dirigentes sindicales del Colegio de Bachilleres, de Trabajadores Académicos de la UAG, de Bomberos, el de Trabajadores del Ayuntamiento de Chilpancingo (SITACH), del CECyTEG, y del DIF manifestaron su respaldo a los agremiados al sindicato y destacaron que “ahora las luchas ya no son aisladas, hoy nos hermanan las injusticias”.
Los sindicatos adelantaron que entregarán a los 46 diputados una solicitud para una mesa de diálogo, y reprocharon que los morenistas estén “defraudando” a los trabajadores.
Pidieron a la gobernadora y al senador Félix Salgado Macedonio intervenir y no permitir que se sigan violando los derechos de los trabajadores.
No se recontratará a los dos despedidos, responde la administración del Congreso
Rosalba Ramírez García
Chilpancingo
El sindicato Sentimientos de la Nación del Congreso local, mantuvo el paro labores y un plantón en la calle, frente a la sede del Poder Legislativo; afirmaron que aún no hay comunicación por parte de la administración del Congreso que preside la morenista Yoloczin Domínguez Serna. Reiteraron la demanda de que sus dos compañeros “despedidos de manera injustificada” sean reinstalado en sus empleos, porque con estos hechos “se constituyen los actos de represión”.
Por su parte el secretario de Servicios Financieros y Administrativos, Andrés Rosendo Orozco Pintos, y la subdirectora de Recursos Humanos, Juanita Avilés Rodríguez, afirmaron que había ya quejas contra ambos trabajadores despedidos y que se trató de una coincidencia el que sean agremiados del nuevo sindicato. Además adelantaron que su recontratación no está a negociación porque no sucederá.
En un primer momento, en una conferencia de prensa en el bloqueo que mantienen los trabajadores en la calle frente a la entrada del estacionamiento del Congreso local, leyeron un posicionamiento en el que destacaron que durante la reunión pública el pasado 15 de febrero entre la administración del Congreso y el sindicato, Juanita Avilez señaló que no había ningún procedimiento administrativo en contra de ningún integrante del sindicato
Los trabajadores despedidos son Ramón Núñez Campos, quien estaba en el área de Recursos Materiales y era chofer del vehículo que ofrece el servicio de transporte a los trabajadores, y Alondra Reza Arzola, de Relaciones Públicas, quien era edecán.
También denunciaron que el pasado jueves 23 de febrero “se elaboró y alteró un documento que se presentó en la subdirección de Recursos Materiales por el cual se pretendía descalificar el trabajo de integrantes del sindicato adscritos al área de limpieza, abusando de la buena fe de los firmantes, por lo que se presentará una denuncia de hechos ante el órgano interno de control del Congreso”. De este caso no dieron mayores detalles, pero apuntaron que es una muestra del hostigamiento laboral que padecen los trabajadores.
Los trabajadores pidieron a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda su intervención para la reinstalación de los despedidos, que se instale y se avance en la mesa de diálogo que se suspendió tras el despido de sus compañeros, y cese el hostigamiento.
El secretario general del sindicato, Fernando Martínez Román, explicó que mesa de diálogo del pasado 15 de febrero no generó ningún acuerdo, debido a que los funcionarios que estuvieron en representación de la presidenta de la Jucopo encabezados por Andrés Rosendo Orozco y Juanita Avilez, se negaron a firmar la minuta de acuerdos, porque no permitieron que la Comisión de Derechos Humanos del Estado firmara el documento. En ese escrito se proponía que no habría represalias en contra de los trabajadores.
Y reiteraron que previo al movimiento que iniciaron a principios de febrero no había quejas ni procedimientos en contra de los trabajadores despedidos, por lo que esto fue una represalia por ser integrantes del sindicato y participar en las movilizaciones.
Andrés Rosendo Orozco y Juanita Avilez por la tarde, al concluir la sesión del Congreso local, dieron una conferencia en el vestíbulo del salón de plenos. Ambos destacaron que fue una coincidencia el que los trabajadores despedidos formaran parte del sindicato Sentimientos de la Nación.
El administrador señaló que el 15 de febrero recibieron por parte de la dirigencia del sindicato del SUSPEG en el Congreso local en el que se quejan del chofer Ramón Núñez Campos, y pidieron que lo cambien y que ese fue el motivo del despido porque no tenían otro espacio de trabajo para él como chofer.
Además, en el caso del chofer, Juanita Avilez afirmó que llevaba trabajando en el Congreso local apenas nueve meses y no dos años como informó el líder sindical.
Mientras que en el caso de Alondra Reza Arzola del Relaciones Públicas Juanita Avilez señaló que a pesar de que no hay actas administrativas en contra de la ahora ex trabajadora, sí hubo quejas por sus malos tratos en la atención a diferentes áreas y diputados, las cuales se hablaron con ella de manera verbal.
Andrés Rosendo Orozco aseguró se han dado otros despidos trabajadores de diferentes áreas y por diferentes motivos, pero que estos fueron visibilizados por el sindicato, obviamente porque no son sus agremiados.
Del caso de una trabajadora que durante su periodo de incapacidad por maternidad se le bajó el sueldo, Juanita Avilez recordó que en su momento ella era encargada de la dirección de Relaciones Públicas y que al ser regresada al área a la que pertenecía antes de ser funcionaria obviamente se le redujo el salario. Sin embargo, no supo explicar porque no se esperó a que ella regresara a trabajar después de su licencia.
Y dijo que la trabajadora debió acudir a las instancias en cuanto se le bajó el sueldo, pero no lo hizo y que ahora denuncia “porque se siente protegida por el sindicato, entonces sale a la luz a decir algo que debió haber hecho desde el minuto uno que según ella se le violentaron sus derechos”.
También Juanita Avilez reconoció que el motivo de que no avanzara la negociación con el sindicato fue porque no quisieron firmar la minuta en la que los trabajadores pedían que se estableciera que no habría represalias en su contra.
Acatan comerciantes el retiro de puestos de las áreas públicas de la Central de Abasto
Locatarios, comerciantes fijos y semifijos de la Central de Abasto, acataron con descontento el retiro de sus puestos de la avenida El Quemado, así como en las áreas de acceso y estacionamiento del mercado, ubicado en la colonia Vacacional.
Muy de madrugada comenzaron los trabajos por parte de la administración de la central y personal de Vía Pública. Los puestos de los comerciantes informales que venden en la avenida, y que ocupaban un carril en ambos sentidos, fueron retirados y algunos recorridos a la banqueta.
En los dos accesos de camiones y automóviles, también se retiró a los comerciantes que en su mayoría son personas que llegan de las comunidades a vender verduras y frutas, así como productores de derivados de leche, como queso y crema.
Mientras que en la zona de los estacionamientos, los locatarios que tenían ocupado parte del espacio, fueron recorridos y ahora sólo venden en la zona donde tienen su local y delimitada con una línea amarilla. En el recorrido, muchas personas que acudieron a comprar se sorprendieron de los grandes espacios libres y la facilidad de entrar.
Antes de la alineación de los puestos, entrar a la central era complicado y había que sortear entre autos que trataban de salir y comerciantes en los accesos, impidiendo el libre tránsito.
Los propios vendedores indicaron que durante la semana se va a continuar con la alineación, pero ahora en los pasillos de las naves de verduras, abarrotes, carnes y semillas, donde es complicado caminar, porque los puestos han dejado apenas un metro de ancho, ocupando un metro de cada lado con sus productos.
Ante esta acción, algunos comerciantes indicaron que la alineación les va a perjudicar, debido a que no podrán mostrar todos sus productos, sin embargo, están conscientes de que ahora más personas podrán ir a comprar, porque hay espacio para estacionarse, además de la amplitud de las áreas para caminar. (Jacob Morales Antonio).
Toma protesta a puerta cerrada el tercer director de CAPAMA en esta administración
Argenis Salmerón
La alcaldesa Abelina López Rodríguez le tomó protesta al nuevo director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Muni-cipio de Acapulco (CAPAMA), el tercero en esta administración.
Se trata de Héctor Alejandro Juárez Amador quien era encargado de despacho, luego de la salida de Jesús Flores Guevara el mes pasado, y quien rindió protesta en una sesión ordinaria del Consejo de Adminis-tración de la CAPAMA a puerta cerrada.
“Su encomienda es quizá la más difícil que tenemos en la administración pública municipal, pero apelo a su experiencia, a su compromiso y sobre todo a su honestidad, para obtener los resultados favorables que la ciudadanía exige y merece”, expuso López Rodríguez en sus redes sociales.
El primer director de CAPAMA fue Arturo Latabán López quien fue destituido luego del conflicto laboral con el Sindicato Único de Servi-dores Públicos del Estado de Gue-rrero (SUSPEG), quienes tomaron las oficinas centrales de la CAPAMA casi por una semana, antes de la celebración del Tianguis Turístico.
Después fue nombrado Jesús Flores Guevara y éste presentó su renuncia el 6 de noviembre por supuestas “irregularidades” de integrantes de su equipo de trabajo.
Juárez Amador es ingeniero civil, egresado de la UNAM y es originario del municipio de Taxco.
Además, ya ocupó un cargo como delegado de Invisur, director de Vivienda en Guerrero, encargado del área técnica y jefe de Costos y Presupuestos para la delegación del Infonavit y responsable del Fonden en Guerrero.
En un boletín de prensa, se informa que el Consejo de Administración de la CAPAMA ratificó por unanimidad como director general del organismo a Juárez Amador.
La quinta sesión extraordinaria de este año fue encabezada por la alcaldesa y presidente del Consejo de Administración, Abelina López; y en ella se ratificó también a Hugo Lozano Hernández al frente de la Dirección Comercial, Edgar Ibarra Martínez en la Dirección de Finanzas, Alejandro Sotelo Urióstegui en el Área Operativa y a Natividad Torres Bautista como directora de Gestión Ciudadana.
Asimismo, López Rodríguez ratificó al director del área Técnica de la CAPAMA, Guillermo Alemán Hernández, quien funge en ese cargo desde el inicio de su administración.
López Rodríguez exhortó a los nuevos funcionarios a redoblar los esfuerzos y hacer equipo, para que en cada área se obtengan resultados positivos, más en materia de recaudación, para tener mayores ingresos y mejorar las finanzas; además, dar el extra en el tema operativo, para garantizar que haya agua potable en las colonias populares.
Los consejeros aprobaron también por unanimidad la delegación de facultades extraordinarias para el nuevo director general, Héctor Alejandro Juárez, para que represente legalmente al Organismo Operador Municipal.
Por su parte, el director de Finanzas, Edgar Ibarra Martínez, presentó los estados financieros, contables, presupuestarios y modificaciones al programa operativo anual y al presupuesto basado en resultados, correspondiente al periodo del 1 de enero al 30 de septiembre de este 2022.
En su oportunidad, el contralor general de la CAPAMA, Jorge Isaac Pérez Salas, presentó el informe de avances del acuerdo emitido para la enajenación de bienes muebles obsoletos, por el deterioro de vida útil y no funcionales, punto que había sido aprobado desde el pasado marzo de 2022 y conforme a la ley número 230 de adquisiciones.
Para finalizar, el subdirector del Área Jurídica, Mario Mayo Cotino, expuso la propuesta de acuerdo conciliatorio y aprobación en su caso del juicio civil 435/2019 del índice del Juzgado Segundo de Distrito de Ciudad de México, para encontrar una solución y evitar problemas legales que afecten a la actual administración municipal.
Nueva protesta del Sindicato Independiente en el Ayuntamiento por su reconocimiento
Daniel Velázquez
Trabajadores del Sindicato Independiente protestaron en el palacio municipal del Parque Papagayo, para exigir el reconocimiento de la administración y salarios dignos, pues los trabajadores ganan menos del mínimo.
Por tercera ocasión en menos de un mes, los trabajadores de la sección 23 del Sindicato Independiente protestaron en el Palacio Municipal. Esta vez burlaron la estrategia que ha usado el gobierno de Abelina López Rodríguez para bloquearlos, pues llegaron antes que los policías antimotines.
Los trabajadores llegaron al palacio y se instalaron afuera de la sala de Cabildo, donde la alcaldesa encabezaría una conferencia de prensa con los secretarios generales de las cinco secciones sindicales del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG). Los policías antimotines formaron una vaya en las escalinatas del acceso principal al palacio, hubo marinos, pero fue una movilización absurda porque afuera nadie protestó.
La administración municipal tiene un conflicto con los trabajadores, pues se niega a reconocer la libertad sindical y ha optado por alinearse con el SUSPEG, con el argumento que ya no puede dar plazas de base, porque la nómina es obesa, pese a que este año entregó nuevas plazas de base a la sección 27 de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA), de acuerdo con la denuncia pública realizada por el Sindicato de Trabajadores de Organismos Operadores de Agua del Estado de Guerrero (STOOAEG), la semana pasada.
El secretario general de la sección 23, Manuel Alcaraz Vázquez, informó que la protesta fue para buscar ser recibidos por la alcaldesa, porque se ha negado a recibirlos y los atienden terceros que no resuelven sus demandas, “queremos que la presidenta vea a los trabajadores, que desde la 5 de la mañana salen a trabajar”.
“No nos atiende, no voltea a ver a la gente más necesitada, a los que ganan menos del salario mínimo, como 90 pesos al día, y la ley marca que deben ser 174 pesos al día este año y serán 207 pesos al día el próximo año. No queremos trabajo, porque todos aquí somos trabajadores del Ayuntamiento, no le venimos a pedir trabajo, no le venimos a pedir nada que no sean nuestros derechos laborales y humanos, porque hoy nos están violando todos”.
Una de sus peticiones era estar presentes en la conferencia que daría con el SUSPEG, pero se les negó el acceso a la sala de Cabildo.
Al SUSPEG le dijo que se quiten el nombre, porque ya no son el sindicato único y les recordó que sólo han buscado privilegios, sin defender a los trabajadores, y la mejor prueba es que hay trabajadores municipales con una antigüedad de 20 o 30 años que no tienen plaza de base y ni el salario se les ha respetado, para que reciban el mínimo.
Agregó que la Cuarta Transformación “en Acapulco no la vemos, seguimos con aquellos partidos que votamos a favor de la presidente y vemos que es peor. No hay puertas abiertas, no hay diálogo, su gabinete desconoce de las leyes, reformas laborales, no saben nada, litigan en lo criminal y no saben de laboral, ni de ninguna otra clase de leyes”.
La protesta se mantuvo hasta la 1 de la tarde, lo que les dijeron es que después del Día de Reyes serán recibidos por la administración y que el próximo año se va a regularizar el pago de salarios, a quienes ganan menos del mínimo.
De la protesta de la sección 23 del Sindicato Independiente, la alcaldesa dijo que ha tenido “muchísimas pláticas” con ese sindicato, pero “hay cosas que se piden que no podemos dar”. Argumentó que no se puede incrementar la nómina, “eso tengo que cuidar, porque de lo contrario lo que va a pasar es que para el año que viene no tenga para pagar los aguinaldos. Yo quisiera darle a todo aquel que protesta lo que pide, pero entonces metería en muchísimos problemas a la administración”.
Agregó que el gobierno funciona mientras sea responsable y no por atender a quien pide, aunque no tenga la razón. Dijo que podrán manifestarse, porque es parte de sus derechos humanos, pero sus demandas no están presupuestadas.
No tiene Zeferino autoridad moral para juzgar a Evelyn, dice Marcos Matías
Luis Daniel Nava
Chilapa
El ex gobernador Zeferino Torreblanca no tiene autoridad moral para juzgar el ejercicio del actual gobierno, pues su administración está manchada por los asesinatos de los dirigentes Raúl Lucas y Manuel Ponce, así como del diputado Armando Chavarría, señaló Marcos Matías Alonso.
Diputado federal de 2006 a 2009; antes funcionario en el gobierno de Vicente Fox y ahora asesor del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, salió a la defensa del gobierno de Evelyn Salgado Pineda ante los señalamientos de Torreblanca.
El ex mandatario opinó, el viernes en Acapulco, que Evelyn Salgado es incapaz de gobernar y que su padre, el senador Félix Salgado, es quien ejerce el poder Ejecutivo.
Este domingo al concluir una asamblea distrital de Morena, Marcos Matías dijo que “Zeferino Torreblanca no tiene la autoridad moral de hacer ese tipo de adjetivaciones o juzgar el ejercicio de gobierno que se está desempeñando en el estado. Es un busca pleito de esquina, que quiere llamar la atención, tiene que darse cuenta que su gobierno ya pasó”.
Mencionó tres crímenes ocurridos en 2009, en el periodo del también ex alcalde de Acapulco. “Fue un gobierno tormentoso, quiero dar dos ejemplos, en los que seguimos exigiendo la aplicación de la justicia”.
Prosiguió: “Los compañeros de Costa Chica, Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, de Ayutla, que sufrieron desaparición forzada el 13 de febrero de 2009, y ocho días después fueron asesinados. Esto en el gobierno de Zeferino Torreblanca”.
Otro ejemplo, agregó, fue el 20 de agosto de 2009. “Cayó cobardemente asesinado Armando Chavarría Barrera, presidente del Congreso del Estado. Publiqué un libro con todas las evidencias y causales del asesinato que responsabilizan a Zeferino Torreblanca, en ese tiempo gobernador”. El libro se llama Homenaje póstumo, Armando Chavarría Barrera, voces de dolor, valentía e indignación.
Agregó que la esposa del finado político, Martha Obezo, lleva años exigiendo justicia en tribunales nacionales e internacionales, pero el crimen sigue impune. “Son ejemplos de cómo quedó manchado su gobierno”.
En referencia al gobierno de Evelyn Salgado, dijo que está dando la batalla y que no es el momento de juzgar algo que está iniciando.
“En ese aspecto, soy un observador, Guerrero batalla, como otros estados por la insuficiencia de recursos financieros, pero se ha avanzado”.
Con el ánimo de ilustrar, el ex diputado federal puso como ejemplo dos obras, pero del gobierno federal: la conclusión del hospital general de Chilapa y el anuncio de la construcción de caminos artesanales, que el presidente López Obrador dio en Chilapa, el pasado 21 de octubre.