La zona de la Condesa de Acapulco, en dónde se encontraba el Bungy, la cual aún continúa destruida desde el impacto del huracán Otis Foto: Carlos Carbajal
Jacob Morales Antonio
A dos años de la destrucción del huracán Otis, que impactó como categoría 5 Acapulco, el director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) Sebastián Ramírez Mendoza, aseguró que la reconstrucción de la ciudad es una prioridad para el gobierno de México.
En un documento destacó que “el Fonatur va a estar trabajando toda la administración para dejar a Acapulco completamente renovado, eso no quiere decir que vayamos a acabar hasta dentro de cinco años, sino que cada año iremos avanzando y mejorando”.
Recordó que luego de la publicación del decreto de la creación del Centro Integralmente Planeado de Acapulco el 24 de enero con el programa Acapulco se Transforma Contigo, se instaló una comisión intersecretarial, conformada por zonas, secretarías federales y estructuradas en seis grupos de trabajo.
El funcionario destacó que en el caso de Fonatur encabeza las tareas de mantenimiento rutinario, rehabilitación urbana, ordenamiento turístico y recuperación del espacio público de la zona turística de Acapulco.
Indicó que al corte de esta semana se han recolectado 9 mil 275 toneladas de residuos urbanos, se ha hecho el barrido manual de mil 672 metros cuadrados de vialidades y se han limpiado 2 mil 788 hectáreas de playa, además se han atendido 32.12 hectáreas de áreas verdes y ejecutado el mantenimiento correctivo de 641 piezas de alumbrado público.
Ramírez Mendoza precisó que este año el gobierno de México invierte aproximadamente 3 mil 100 millones de pesos en Acapulco, de los cuales Fonatur ejecuta 700 millones. La Marina 600 millones y la Comisión Nacional del Agua mil 800 millones de pesos, aunque durante todo el sexenio se invertirán 8 mil millones de pesos en materia hidráulica.
Dijo que entre los proyectos emblemáticos que ejecuta Fonatur se encuentran los Senderos de Paz que considera una inversión de 100 millones de pesos para la construcción de 20 kilómetros de senderos, que incluyen iluminación, mejoramiento de vialidades, banquetas, murales y vegetación que se prevé concluir a final de año.
Además, con una inversión de 60 millones de pesos, se trabaja en la remodelación de tres corredores turísticos en los tramos Zócalo-Fuerte de San Diego, Zócalo-La Quebrada y Caleta, así como la pintura de fachadas en la zona aledaña al Zócalo y el polígono de la bahía histórica.
El funcionario destacó la inversión que hace la Secretaría de Marina en la Terminal Marítima de cruceros, que incluye también las obras de renovación del Jardín del Puerto y el Malecón.
Respecto a la infraestructura hidráulica, indicó que incluye la modernización de una planta de tratamiento de agua residuales, la rehabilitación de colectores, la construcción de nuevos colectores en zonas sin cobertura, líneas para rehúso de aguas tratadas y el ordenamiento de descargas hoteleras.
También la limpieza y desazolve de los ríos y arroyos, reconstrucción de bordos y muros, la canalización de los arroyos Seco, Del Perro y Del Muerto y la construcción del drenaje pluvial en la zona Diamante para prevenir inundaciones.
Mendoza Ramírez informó que se trabaja en la atracción de inversiones para reactivar el destino que hasta el momento ha logrado desde el sector privado 7 mil 460 millones de pesos, “con estos proyectos, el Fonatur refrenda su compromiso para garantizar la mejora en la calidad de vida de los habitantes de Acapulco, fortalecer la infraestructura turística y atraer inversiones al puerto”, destacó.
Fueron notificados 15 negocios por inspectores de Reglamentos y Espectáculos por irregularidades en sus documentos, durante una operación de supervisión en bares, discotecas y establecimientos de la avenida Costera.
Al respecto el director, José Ramírez Arreguín, informó que se hizo un exhorto a los 15 negocios para que acudan a las oficinas correspondientes para regularizar su situación administrativa.
En la revisión se inspeccionaron más de 30 establecimientos ubicados sobre la avenida Costera para constatar que éstos cuenten con licencias de funcionamiento y demás documentos requeridos por la autoridad municipal.
“Nos estamos dando a la tarea de efectuar un operativo en conjunto con las diferentes dependencias involucradas únicamente para cerciorarnos de que cuenten con sus licencias de funcionamiento y estén todos en regla”, dijo el funcionario.
Abundó que en la revisión participaron trabajadores de la Subsecretaría de Hacienda, Regulación Sanitaria, Ecología y Secretaría de Seguridad Pública, así como de otras dependencias municipales y estatales. (Redacción).
La Secretaría de Marina (Semar) dio por terminadas en diciembre pasado las búsquedas de los marineros desaparecidos por el huracán Otis y las reuniones con los familiares porque ambas acciones acordadas entre ambas partes eran compromisos del gobierno federal anterior.
Representantes de la Base Naval se comprometieron con los familiares de los desaparecidos a conseguir enlaces con la nueva administración federal para agilizar los trámites de las actas de desaparición y defunción y recibir una pensión, liquidación y atención médica, pero hasta la fecha el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo no ha respondido, denunció ayer Cristina Sánchez Camacho, esposa de Fernando Esteban Parra Morales, uno de los cuatro tripulantes del yate Litos.
De las 24 familias que se reunían cada martes dentro de las instalaciones de la Décima Segunda Región Naval, sólo siete han conseguido que el proceso para obtener el acta de defunción con el juez asignado avance, mientras que el resto está estancado por documentos que les piden y no han sido tramitados.
En el caso de Cristina Sánchez, el juez le pidió en octubre pasado que la Semar emita un documento en el que informe que la búsqueda de su esposo no dio resultados positivos, pero la Marina se ha negado y el abogado de la Secretaría del Trabajo que lleva su caso tampoco lo ha gestionado.
Vía telefónica, la esposa de Fernando Esteban, desaparecido en el mar al salir de la Marina Majahua de Puerto Marqués el 25 de octubre de 2023, precisó que el 17 de diciembre de 2024 fue la última reunión entre familiares e integrantes de la Semar dentro de la Base Naval.
El capitán Federico Prieto “prácticamente nos dijo pues que el nuevo secretario de Marina (Raymundo Pedro Morales Ángeles) les había dicho que ya cesaran porque ésos eran compromisos del almirante anterior (José Rafael Ojeda Durán, ex titular de la Semar), que pues ellos de su parte ya habían hecho lo que estaba en sus manos para lo de la búsqueda y que ya no podían seguir destinando recursos de eso”.
Sin embargo, el capitán Prieto comentó que iba a tratar de hacer un “enlace” con otra dependencia del gobierno federal porque la Semar, que fue asignada a este trabajo por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, ya cumplió “su parte”.
La Marina giraría un escrito a la mandataria federal Sheinbaum Pardo para ver qué dependencia quedaría encargada de atender a los familiares de los marineros desaparecidos, en particular se buscaría que fuera la Secretaría de Trabajo porque ahí se están haciendo los trámites de la pensión y el seguro social.
“Pero hasta la fecha no nos han dicho nada, de hecho el día martes me enviaron un mensaje donde me están avisando que ellos metieron el escrito, pero que no les han dado respuesta”, dijo Cristina Sánchez.
Los familiares le pidieron al representante de la Semar gestionar una reunión con la presidenta de México, pero se las negó argumentando que las búsquedas de los desaparecidos y las reuniones semanales eran “compromisos del anterior gobierno y que este gobierno no se va a hacer responsable de lo pasado”.
La esposa de Fernando Esteban Parra expuso que es importante el seguimiento a los trámites para obtener las actas de desaparición y de defunción de sus familiares para que puedan tramitar las pensiones, el seguro social para los deudos y futuras demandas.
Sin embargo, sólo siete juicios han avanzado del grupo de 24 familias, “los demás están en espera, hay creo que dos juicios que no han iniciado, la Secretaría del Trabajo no ha emitido la documentación”.
En su caso, el juez del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, Saúl Torres Marino, solicitó que la Marina hiciera un documento “donde ellos avalan que buscaron, pero que no encontraron ningún cuerpo; por eso, según, tiene detenido el juicio”.
“Pero la Marina me dijo que ellos no pueden hacer un escrito sin que una autoridad se los solicite y el abogado que lleva mi casa de la Secretaría del Trabajo no ha hecho esa gestión”, agregó la familiar.
El abogado le dijo que no era necesario que él tuviera que hacer un escrito, pero se comprometió a mandar el documento, pero en la última reunión con la Marina, empleados le dijeron a Cristina Sánchez que todavía no llega ningún escrito.
La esposa de Fernando Esteban Parra va a buscar que la Fiscalía General del Estado (FGE), que tiene la carpeta de investigación por desaparición de su esposo, gire un escrito a la Semar demandando lo que solicitó el juez.
Después de que el juez apruebe el juicio, los familiares deben acudir al Registro Civil para tramitar su acta de defunción y luego ir al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para solicitar una pensión y el servicio médico.
La familiar del marinero del yate Litos pidió que la nueva administración federal no se deslinde de los compromisos del gobierno anterior, sobre todo porque provienen del mismo partido político.
La madre de dos niños estudiantes de preescolar recordó que sus hijos están “desamparados” porque no puede tramitar la pensión ni la liquidación, y no han sido registrados en los programas sociales del gobierno federal.
Cristina Sánchez recordó que las búsquedas de los marineros fueron suspendidas por la contingencia del huracán John y fueron reanudadas cuatro semanas más, pero la última fue a principios de diciembre.
La Semar argumentó que ya no todos los familiares que en un principio acudían a las reuniones, lo seguían haciendo después del primer año del paso del huracán categoría 5, pero se comprometió a notificarles si en siguientes recorridos encuentran algún indicio de su desaparición.
A puerta cerrada rindió ayer su último informe de labores el presidente del TSJ, Raymundo Casarrubias Foto: Zacarías Cervantes
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
El presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Raymundo Casarrubias Vázquez, rindió este jueves a puerta cerrada su tercero y último informe de labores, ante los magistrados y consejeros del Poder Judicial del Estado.
La reunión se realizó en el salón de plenos del Edificio 1 de Ciudad Judicial, al sur de la ciudad, a partir de la una de la tarde, en donde el presidente saliente del TSJ aseguró que en su administración trabajó “con total apertura a la sociedad”.
Sin más asistentes que magistrados, consejeros y funcionarios del órgano judicial, Casarrubias Vázquez, expresó: “Esta presidencia, como también es de su conocimiento, ha trabajado con total apertura a la sociedad. Ahora más que nunca hemos estado abiertos al escrutinio público. De hecho, este fue uno de los compromisos asumidos desde el inicio de esta administración”.
La sesión ordinaria conjunta de los plenos del TSJ y del Consejo de la Judicatura que integran el Poder Judicial, fue convocada el miércoles únicamente para desahogar tres puntos: la entrega del informe de Casarrubias Vázquez, “sobre la situación que guarda la impartición de justicia en la entidad correspondiente al año judicial del 1 de diciembre del 2023 al 30 de noviembre del 2024”; el mensaje del magistrado presidente, y la develación de su fotografía en la galería de los presidentes del Tribunal.
En su mensaje con motivo de su informe que fue distribuido por la tarde a los medios de comunicación, Casarrubias Vázquez expresó que “de lo que se trata es justamente rendir cuentas a ustedes y a la sociedad”.
El magistrado, quien el domingo entregará la presidencia al próximo presidente Ricardo Salinas Sandoval, informó que en este año que termina atendió a mil 200 personas en 920 audiencias.
Informó que en este periodo ingresaron a los órganos jurisdiccionales (juzgados y salas) del Poder Judicial 28 mil 722 asuntos, sólo 70 más que en el 2023, sin que diera la cifra del año anterior.
De ellos, de acuerdo a sus datos, se resolvieron 16 mil 992, 988 menos que los contabilizados hace doce meses, reconoció.
Informó que la materia familiar sigue siendo la más demandante pues en este periodo se radicaron 17 mil 135 casos, frente a los 17 mil 237 del 2023, “es decir, cantidades similares”.
Explicó que, de hecho, el 60 % del total de expedientes que se iniciaron en esta institución corresponde a la primera instancia familiar.
En cuanto a los juicios de divorcio “incausado”, alimentos y sucesorios intestamentarios son, en ese orden, los de mayor incidencia, al registrarse seis mil 459, dos mil 939 y dos mil 251, respectivamente.
Agregó que los tribunales laborales radicaron dos mil 48 asuntos; mil 967 individuales y 81 colectivos, que implica un incremento de 85.5 % en relación con el periodo inmediato anterior, pero igualmente no se dio a conocer la cifra del año pasado.
De ellos, de acuerdo al informe del magistrado presidente, se resolvieron 924 casos, lo que según el magistrado Casarrubias, representa un aumento de 143.2 % respecto de 2023.
Dijo que Acapulco es la región donde más conflictos laborales llegan a la instancia judicial, pues en este periodo los dos tribunales de esa ciudad radicaron 68.1 % del total de asuntos; en tanto que el de Chilpancingo radicó el 13.1 %; el de Iguala, el 9.9 %, y el de Zihuatanejo, el 8.9 %.
Informó que el Centro Estatal de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (CEMASC) registró, por tercer año consecutivo, “un aumento en la actividad desarrollada” por sus cuatro coordinaciones regionales de Acapulco, Chilpancingo, Iguala y Zihuatanejo.
Agregó que durante este periodo el CEMASC radicó tres mil 904 expedientes, 12.8 % más que en 2023, y concluyó dos mil 675 asuntos, 23.0 % más que hace un año.
Casarrubias Vázquez indicó que también en este ejercicio, las partes acreedoras recuperaron 22.9 millones de pesos, con motivo del cumplimiento de los acuerdos correspondientes; suma mayor en 55 % a la contabilizada en 2023, según dijo.
El Instituto de la Defensoría Pública, proporcionó durante este periodo 25 mil 868 servicios, 11 mil 438 de defensa y representación jurídica, y 14 mil 430 de asesoría jurídica. Destacó que la cifra representa un 48.9 % más que en 2023.
Con respecto al presupuesto, informó que este 2024 el Congreso local le asignó al Poder Judicial del Estado mil, 005 millones de pesos, de los cuales 980.7 corresponden a gasto corriente y 25 millones para obra pública; “estos últimos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)”, aclaró.
Explicó que a lo anterior se sumaron 10 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), por lo que el presupuesto total autorizado, modificado, fue de mil 015 millones de pesos.
“El balance del trabajo realizado en el periodo que está muy próximo a finalizar me parece que es positivo, las cifras ahí están, “a pesar de las circunstancias”, subrayó sin precisar qué circunstancias.
Dijo: “Lo señalado (en su informe) pone de manifiesto que, a pesar de las circunstancias, se ha avanzado en la construcción de una mejor justicia en Guerrero; los datos ahí están. Me voy con la conciencia tranquila de haber hecho lo que estaba a mi alcance, lo que las circunstancias me permitieron”, insistió.
Aprovechó la oportunidad para agradecer a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, “por su invaluable e incondicional apoyo”, así como a las diputadas y diputados, “por su solidaridad con el Poder Judicial”.
“En escasos días termina mi gestión como presidente de estos máximos órganos de gobierno judicial, No hay arrepentimientos ni reproches. No tengo duda, tenemos un mejor Poder Judicial que hace tres años”, presumió.
También aprovechó para desear “el mayor de los éxitos” a Ricardo Salinas Sandoval, el magistrado presidente electo.
Casarrubias Vázquez adelantó que los retos para la próxima administración son la implementación de la justicia oral civil y familiar; la implementación de los mecanismos alternativos de solución de controversias en materias distintas a la penal, que dijo, es “impostergable”, y el desarrollo e implementación de nuevos sistemas tecnológicos.
Expresó: “recientes decisiones legislativas están cambiando el rumbo de la administración e impartición de justicia en nuestro país. Por ahora no se puede saber cuál será el impacto real que dicha medida tendrá para la sociedad. Solo el tiempo lo dirá”, informó en referencia a la reforma judicial, que impactará también en los tribunales de los estados.
La transparencia no fue lo que distinguió a la administración que termina el domingo en el Poder Judicial. En el año del que se informó ayer, sólo una sesión fue pública, la del 15 de noviembre pasado cuando fue electo como presidente del TSJ por unanimidad de 20 magistrados, Ricardo Salinas Sandoval.
Los magistrados determinaron encerrarse en sus sesiones a pesar de que de acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Judicial, deben ser públicas y solo algunas que las circunstancias lo ameriten serían cerradas.
La presidencia del TSJ ha convocado a la siguiente sesión que será el domingo a las 9:30 de la mañana en el auditorio del TSJ del edificio ubicado en el zócalo de la capital en la que rendirá protesta el nuevo presidente Ricardo Salinas Sandoval; se ha adelantado que ésta será abierta al público.
Casarrubias Vázquez rindió protesta al cargo el 1 de diciembre del 2021 ante la presencia de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
La alcaldesa Abelina López Rodríguez y el secretario de Finanzas, Carlos Armando Morillon Ramírez, durante la conferencia de prensa en el antiguo Palacio Municipal Foto: Aurora Harrison
Aurora Harrison
La alcaldesa Abelina López Rodríguez informó que las finanzas del Ayuntamiento son “estables”, que dejará cuentas claras, que estos tres años luego de recibir una administración “colapsada” con deudas históricas ha podido reducirlas, pero aún hay pendientes.
Ayer en la conferencia Tu presidenta informa, acompañada del secretario de Finanzas, Carlos Armando Morillón, y funcionarios, la alcaldesa dio un informe de la situación financiera del gobierno municipal y aseguró que, a pesar del huracán Otis, no se endeudó.
De las irregularidades financieras de administraciones pasadas dijo que las informó a la Auditoría Superior de la Federación y es la que le corresponde determinar qué procede.
Explicó que las deudas históricas representaban 2 mil 672 millones de pesos, que su administración pagó mil 500 millones de pesos; que está pendiente pagar 206 millones de pesos 737 mil pesos de la deuda del puente Bicentenario, así como 153 millones de pesos por el pago de unos terrenos, y la deuda de CAPAMA con la CFE que es de 776 millones de pesos.
Destacó que entregará cuentas claras, libros blancos y transparencia: “tenemos ya los comités de entrega-recepción, por cierto se instala el 2 de septiembre, no se puede hacer trampa Abelina, porque sería hacerse mal”.
“Voy a entregar un municipio caminando… en todas las palabras; preocúpense quién viene después de mí, pero yo Abelina vamos a avanzar bastante”, indicó y recordó que su gobierno recibió una nómina de 8 mil 200 trabajadores y dijo que hay una reducción de mil 200. De los laudos laborales dijo que el gobierno deja en su presupuesto 20 millones de pesos para hacer pagos.
De los recursos que destinó el gobierno federal para la reconstrucción de Acapulco después del huracán Otis, dijo que ese dinero no llegó a las arcas del municipio, que la federación los aplicó de manera directa en la rehabilitación de colectores sanitarios de la avenida Costera, el mejoramiento de dos plantas de tratamiento, las fugas en los sistemas Papagayo I y II, la construcción de la nueva celda del relleno sanitario, en la instalación de los semáforos, y en la limpieza de la ciudad, escuelas dañadas y pintar viviendas.
Explicó que de la obra de los pozos en el poblado de El Pedregoso “estamos por terminar, es una inversión de 6 millones de pesos, en la próxima semana vamos a ir a dar el banderazo, donde ya se restableció, los tanques de agua, los siete, ya se construyeron nuevos, La Cima, y los de Silvestre Castro, ahí está el dinero”.
López Rodríguez aseguró que el municipio ha aportado recursos para la rehabilitación de los colectores y la reparación de fugas en los acueductos de Papagayo I y II, trabajos que lleva a cabo el gobierno del estado.
Sobre la recolección de basura, se hizo una inversión de 118 millones de pesos, “pero eso no terminó, seguimos limpiando la ciudad y estamos hablando de 250 millones de pesos”.
Respecto al pago del aguinaldo de los trabajadores, respondió que en próximos días se va a empezar a pagar la mitad del aguinaldo, “tienen mi garantía, por eso no comemos plátano para no tirar la cáscara”.
De los aviadores, López Rodríguez dijo que cuando ella recibió en octubre del 2021, entre la Secretaría General y Presidencia encontró que había 450 trabajadores que no laboraban, y “nos ahorramos ahí como 70 millones de pesos, y enfatizó que “cuando no se roba alcanza” y el Presupuesto de Egresos no ha tenido afectación.
Su informe de las finanzas
López Rodríguez dijo que al Servicio de Administración Tributaria (SAT) se pagaron 612 millones de pesos y hoy la administración tiene una opinión favorable. Informó del Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero (ISSSPEG) se redujo la deuda a 44 millones de pesos y ya fue liquidada.
Del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot), López Rodríguez recordó que había una deuda desde 2017 de 38 millones 500 mil pesos, lo que generó que los trabajadores estuvieran en buró de crédito y actualmente ha pagado 14 millones 500 mil pesos.
Sostuvo que todo eso ha provocado que el año pasado el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados ubicó al municipio de Acapulco en el cuarto lugar de los 25 municipios endeudados como porcentaje de sus ingresos totales, con 5.9 por ciento y en este primer trimestre se ubica en el sexto lugar, con el 4.9 por ciento.
“Las finanzas sanas también se ven reflejadas en los ejercicios fiscales 2022 y 2023, en los cuales la administración pública municipal no solicitó línea de crédito”, explicó la alcaldesa durante su conferencia que indicó que calificadoras como Credit Rating Agency, ratificó a Acapulco como un municipio con una perspectiva estable.
Además de que dijo que su gobierno ha hecho varios programas de descuentos en el pago de impuestos como predial, licencias de funcionamiento, de reconstrucción, de conducir, en concepto de guardia y custodia en panteones, con el objetivo de mejorar la recaudación.
En el caso de los pagos a Zofemat y proyectos en la franja turística, dijo que se pagaron los 80 millones de pesos, lo que permitió que el Ayuntamiento recibiera el retorno de recursos por 65 millones 345 mil pesos para proyectos de accesos de playa y la construcción del puente de Caleta y.
Para 2024 se tiene autorizada la preservación integral de los accesos a playa Bonfil, Condesa, Pie de la Cuesta, Puerto Marqués y están pendientes por recibirse 27 millones 364 mil 904 pesos, que, sumados con la inversión antes mencionada, dan un total de 93 millones 066 mil 151 pesos al cierre del ejercicio fiscal 2024, gestiones hechas mediante esta Secretaría de Administración y Finanzas.
El comité gestor de trabajadores de la Universidad Intercultural del Estado de Guerrero (UIEG) levantó el paro laboral que tenían desde hace tres meses, con el compromiso de que la administración atenderá sus planteamientos en un plazo no mayor a cuatro meses.
Los trabajadores dijeron que esperarán una audiencia con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, para que ella atienda sus demandas laborales.
En el documento, que se publicó en su página oficial de Facebook, informaron que el día 14 de mayo, en una mesa de diálogo con las autoridades de la UIEG, acordaron levantar el paro pacíficamente y reanudar labores el lunes 20 de mayo, en las sedes ubicadas en la comunidad La Ciénega, municipio de Malinaltepec; en Atliaca, municipio de Tixtla y en la cabecera municipal de Ayutla.
Mencionaron que en el acuerdo se logró priorizando el derecho a la educación de los estudiantes, así como sus derechos laborales.
Ademas del compromiso de la administración actual, de seguir gestionando sus demandas laborales ante las autoridades competentes, en un plazo no mayor a cuatro meses.
Las demandas laborales son incremento salarial, seguridad social en el IMSS o el ISSSTE, reconocimiento de la plantilla real, basificación, tabulador especial, renovación del parque vehicular, así como un programa de alimentación y de vivienda para los trabajadores.
El documento fue firmado en La Ciénega, por los integrantes del comité gestor, entre ellos, el presidente Fidel Trinidad León, el secretario Florentino Rojas López, la tesorera Francisca Cano Morán y la vocal Deysy López Santiago.
El paro fue iniciado por un grupo de maestros, que sólo afectaba a algunos alumnos de la UIEG. (Carmen González Benicio / Tlapa).
Integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) tomaron la Subsecretaría de Finanzas y Administración, de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), para exigir recontrataciones de maestros.
Minutos antes de las 8 de la mañana, unos 30 cetegistas bloquearon la calle Capitán Julio Calva, donde están las oficinas. Ahí instalaron casas de campaña y colocaron pancartas con sus peticiones.
Los cetegistas, que encabeza Héctor Torres Solano, dijeron que a 120 maestros no se les ha renovado su contrato, por lo que unas 30 escuelas están cerradas, principalmente en la región Montaña.
El integrante de la comisión de enlace de la CETEG, Jaime Gálvez, informó que acordaron movilizarse para que la Subsecretaría de Finanzas de la SEG, que encabeza Alejandro Moreno Lira.
Manifestó que a los docentes que no les renovaron sus contratos, “son los que más han sufrido, porque laboran en las comunidades más alejadas del estado, llevan hasta siete años cubriendo”.
Jaime Gálvez dijo que el problema se centra en educación indígena, porque debido al proceso de cambios, la SEG no repuso a los docentes, “por lo que miles de alumnos se quedaron sin clases”.
Los inconformes colgaron una lona, en la que también exigieron la incorporación al Fondo para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, la construcción del hospital del ISSSTE y aumento salarial. (María Avilez Rodríguez / Chilpancingo).
Derivado de los recortes presupuestales del gobierno federal a las bolsas económicas en las que concursaba la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) para proyectos académicos, la actual administración de la institución heredará pasivos por 300 millones de pesos a la próxima que encabezará Javier Saldaña, reconoció el rector José Alfredo Romero Olea.
En medio de esta situación financiera, el 40 por ciento de los casi 6 mil trabajadores ya están en edad de jubilarse pero no hay recursos para el pago de su pensión.
Entrevistado después de que entregó el expediente de concesión a la radio de la UAG, XEUAG, en las instalaciones de Rectoría, Romero Olea, quien termina su periodo el 26 de septiembre y el 27 toma posesión el nuevo rector Javier Saldaña Almazán, acotó que los problemas financieros por los recortes presupuestales se están presentando en la mayoría de las universidades.
“Hubo recortes a las bolsas económicas en las que concursábamos para proyectos académicos, que ya no se convocaron”, declaró.
Informó que estos recursos generalmente se utilizaban para el pago de fallecimientos de trabajadores o para las prestaciones de quienes renunciaban.
“La falta de recursos para ese tipo de proyectos está generando problemas en todas las universidades y la nuestra no es la excepción. Ahorita ya tenemos pasivos de casi 300 millones de pesos”, informó Romero Olea.
Agregó que el problema se complicará porque hay otro grupo de trabajadores “que ya estamos en edad biológica para retirarnos, pero por falta de recursos no lo hemos hecho”.
Explicó que el 40 por ciento de la plantilla total, que es de unos 6 mil trabajadores, ya están en edad de jubilarse, lo que implica que son unos 2 mil trabajadores en espera de sus jubilaciones.
“Hemos ido solventando algunos casos, que se nos han ido presentado de compañeras que están en muy malas condiciones. Hemos hecho gestiones o se han pagado con recursos de ahorros propios y, en ese sentido, hemos ido avanzando pero son paliativos. El problema de fondo no lo hemos resuelto”, reconoció Romero Olea.
Sin embargo, de acuerdo con su opinión, el balance de su administración, que termina en una semana, “es positivo”.
Resaltó que a pesar de la pandemia “tuvimos una universidad trabajando y en constante movimiento”.
Destacó que hubo gobernabilidad y mantuvo buenas relaciones con las dependencias federales, especialmente con la Secretaría de Educación Pública (SEP), Subsecretaría de Educación Superior y la Dirección General de Educación Superior, así como con el gobierno estatal.
Para el rector, “tenemos a una universidad que está laborando al 100 por ciento y eso satisface”.
Añadió que uno de los retos que se vienen es la incorporación de la institución a las nuevas etapas de la Nueva Escuela Mexicana, que está implementando el gobierno federal, además de insertarse en las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial.
Dijo que si la institución no se actualiza en estos aspectos, está condenada a quedarse atrasada y quedarse solamente con las carreras convencionales.
Integrantes del Sindicato Sentimientos de la Nación del Congreso local, durante el plantón ayer fuera del edificio legislativo, en espera de representantes de la administración para entregar las instalaciones tras la intervención del senador Félix Salgado Macedonio Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Rosalba Ramírez García
Chilpancingo
El sindicato Sentimientos de la Nación del Congreso local, levantó el plantón en la sede del Poder Legislativo, y el bloqueo a la calle de acceso, a partir del compromiso del senador Félix Salgado Macedonio respecto a que los tres trabajadores despedidos, entre ellos el líder sindical Fernando Martínez Román, serían reinstalados en otras áreas.
Ayer por la tarde, los trabajadores se reunieron con el senador en un restaurante de la capital, donde plantearon su temor ante las acciones de la administración del Congreso, que encabeza la diputada morenista Yoloczin Domínguez Serna, como el despido de los tres trabajadores integrantes de este sindicato.
En declaraciones, Fernando Martínez señaló que en fue “una mesa de diálogo cargada de mucha voluntad y solidaridad con la clase trabajadora, nos dijo que la 4T no reprime, al contrario son los impulsores de la reforma en materia laboral y de libertad sindical, y que él es uno de los impulsores en ese tema”.
Comentó que lo que el senador les informó es que los despedidos serían reinstalados en otras áreas. En el caso de Alondra Reza Arzola que estaba en Relaciones Públicas como edecán ahora estaría adscrita con el diputado Jacinto González Varona, mientras que Ramón Núñez Campos, quien chofer del vehículo que ofrece el servicio de transporte a los trabajadores, junto con él, serían adscritos con el diputado Joaquín Badillo Escamilla.
Salgado Macedonio promoverá que desde “el área del jurídico se desista de las denuncias” o procedimientos en contra de los trabajadores.
También acordaron que el lunes se instalará la mesa de diálogo para revisar el pliego petitorio del sindicato.
En esta reunión no estuvo ningún representante de la administración local, que los esperaban en el Congreso para recibir por parte del sindicato el edificio que estuvo tomado desde el viernes de la semana pasada.
Ayer en la mañana en el plantón explicaron que lograron hablar con el senador y que este se comprometió a recibirlos por la tarde, y ser el vínculo con la administración del Congreso local para solucionar el conflicto que había provocado el despido de tres trabajadores.
Los trabajadores tomaron la decisión de levantar el plantón y liberar la sede del Poder Legislativo antes de la reunión.
Ahí, denunciaron aproximadamente a las 12 de la noche del jueves o los primeros minutos del viernes, un hombre armado a bordo de un vehículo se acercó al plantón a “amedrentarnos y amenazarnos”.
Trabajadoras informaron que el hombre sacó una pistola y dijo “ya quiten esa chingadera”, y de inmediato quienes estaban en el plantón se tiraron al piso, por lo que no distinguieron o reconocieron al hombre que los amenazó.
Y reiteraron que el plantón lo levantaron para generar las condiciones para la mesa de diálogo y no por miedo a las amenazas recibidas durante la noche.
El secretario general señaló que responsabilizaban a la administración del Congreso de lo que les pudiera pasar a los integrantes del sindicato, aunque posteriormente dijeron que confían en que la amenaza fue un hecho aislado y que no de la presidenta Yoloczin Domínguez.
Por la noche, en un boletín el Congreso local aseguró que el sindicato levantó el bloqueo “tras dictar el Tribunal de Conciliación y Arbitraje la ilegalidad del paro”, esto a pesar de que desde la mañana de ayer viernes el sindicato anunció que lo hacían como muestra de voluntad para dialogar con el senador.
La subdirectora de Recursos Humanos Juanita Avilés; el secretario de Servicios Financieros y Administrativos Andrés Rosendo Orozco y la subdirectora de Recursos Materiales Arlene Siu Sarabia Peña en conferencia de prensa Foro: Jessica Torres Barrera
Rosalba Ramírez García
Chilpancingo
La administración del Congreso local que encabeza la diputada morenista Yoloczin Domínguez Serna realizó el tercer despido de trabajadores integrantes del sindicato Sentimientos de la Nación. Se trata del secretario general de esta organización, quien encabeza el plantón y bloqueo frente al Congreso local, Fernando Martínez Román.
Ayer en el séptimo día de plantón y bloqueo, el sindicato decidió tomar el Congreso local y colocar cadenas en las entradas de la sede del Poder Legislativo a partir de que las acciones de la administración del Congreso en contra de los agremiados, porque después de que se supo que se retuvo el sueldo del secretario general del sindicato, ayer finalmente se confirmó que fue despedido después de casi 13 años como empleado.
El dirigente sindical dijo que de manera oficial no le notificaron su despido y que de ser así este es injustificado y que es una “represalia más” en contra del movimiento de trabajadores.
El abogado del sindicato Carlos de Jesús Contreras dijo que en el Congreso local hay persecución en contra de los trabajadores, y recordó que el sindicato está “plenamente reconocido” por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje y que los únicos que pueden desconocer al secretario general es la asamblea y que mientras eso no suceda el sigue al frente de éste.
Fernando Martínez precisó que son 104 agremiados al sindicato Sentimientos de la Nación los cuales están reconocidos ante el Tribunal y que no son 60 como lo señala la administración.
También destacó que hay guardias de trabajadores para estar en el plantón y que por eso sólo son unos 15 o 20 los que están constantemente, además de que hay temor de los trabajadores por los despidos que está realizando la administración del Congreso.
El plantón que inició la semana pasada fue en demanda de la reinstalación de dos trabajadores despedidos, Ramón Núñez Campos, quien estaba en el área de Recursos materiales y era chofer del vehículo que ofrece el servicio de transporte a los trabajadores, y Alondra Reza Arzola, de Relaciones Públicas, quien era edecán. Finalmente ayer se confirmó el despido del secretario general del sindicato.
Hubo quejas y actas administrativas contra los despedidos
El secretario de Servicios Financieros y Ad-ministrativos del Congres, Andrés Rosendo Orozco Pintos, calificó las acciones del sindicato como “agresivas” por colocar cadenas en las entradas; “lo tienen tomado, lo tienen secuestrado de manera ilegal”.
El funcionario también destacó que solo hay en el plantón unos 15 trabajadores “más agresivos, pero menos… vemos entonces que ya no tienen el apoyo de los compañeros en el sindicato”. Al respecto señaló que están respetando los derechos de los trabajadores que han estado participando “de manera intermitente o permanente” en el plantón, y que se les ha depositado íntegra su quincena.
Sin embargo, eso no lo aplicaron en el caso del líder de este sindicato al que despidieron por no presentarse a laborar en su área de trabajo, y al igual que en los casos de los otros dos trabajadores despedidos, la subdirectora de Recursos Humanos Juanita Avilez Rodríguez dijo que “es casualidad” que sean agremiados del mismo sindicato.
Señalo que todos tuvieron quejas y actas administrativas por parte de sus jefes directos “sí es casualidad, no hay nada contra los trabajadores del sindicato”.
Juanita Avilez reiteró que la administración del Congreso decidió suspender “al trabajador Fernando Martínez Román auxiliar administrativo del área de Recursos Materiales, no al secretario general, no es en contra del sindicato, por intimidaciones por persecución que él declara” y reiteró que no se le despidió por ser el dirigente.
Después la subdirectora de Recursos Materiales Siu Arlenne Sarabia señaló que en los últimos días se levantaron a Fernando Martínez una serie de actas administrativas por ausentarse de su trabajo de manera constante y permanente.
Y Andrés Rosendo Orozco dijo que el patrón tiene “la facultad de levantar las áreas administrativas correspondientes, y eso fue lo que pasó a él”, y ambos funcionarios negaron que el despido lo haya ordenado la presidenta de la Jucopo.
Tras el despido de Fernando Martínez, Juanita Avilez señaló que al ya no ser trabajador del Congreso ya no puede ser parte del sindicato y menos encabezar o participar en las mesas de diálogo con la administración del Poder Legislativo.
“Creo que los integrantes del sindicato Sentimientos de la Nación tendrán que hacer una asamblea, tendrán que buscar la manera de reunirse y solicitar el desconocimiento del secretario general en turno o nombrar a un interino, en esa parte ya no nos toca a nosotros”, pero advirtió
Orozco dijo que esperan que el Tribunal les notifique a los paristas que su acción “es ilegal” para que se retiren o abran el edificio, e insistió en que cada vez son menos los que participan, “hay un desencanto”.
