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Revoca Trife sentencia a columnista y a diario en denuncia por violencia política de género

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife), revocó parcialmente la sentencia que emitió el Tribunal Estatal Electoral (TEE) en la que sancionó por violencia política de género al columnista Efraín Flores Iglesias y a la dirección del Diario de Guerrero, en contra de la presidenta municipal de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez.
Derivado de ello, dejó sin efectos la sanción, las medidas de reparación y garantías de no repetición que ese órgano jurisdiccional estableció, “al no actualizarse la infracción denunciada”.
La Sala Regional resolvió en su sesión del jueves pasado con base a los expedientes SCM-JDC-376/2023, SCMJDC-379/2023 y SCM-JE-95/2023 acumulados que se integraron por la demanda presentada por la alcaldesa Hernández Martínez en contra de Efraín Flores Iglesias y el Diario de Guerrero.
El magistrado ponente, José Luis Ceballos Daza, estableció en su ponencia que las columnas de opinión que el TEE consideró constitutivas de violencia política de género, “más allá de enfocarse en crear o reforzar supuestos estereotipos de género como lo determinó en la sentencia impugnada, se orientaron a destacar el desempeño de la presidenta municipal en el ejercicio de sus funciones”.
Destaca que el TEE “no realizó una evaluación adecuada y ponderada en su conjunto de las columnas de opinión denunciadas y, por el contrario, se concentró solo en simples fragmentos sin considerar el contexto integral de las mismas”.
Y refiere que de un análisis integral se revela que las expresiones se centraron principalmente en cuestionar el desempeño y la gestión de dicha funcionaria en el ejercicio de sus funciones, “sobre los diversos temas que son de interés público, particularmente, sobre un presunto influyentismo o nepotismo en el gobierno municipal que encabeza la denunciante”.
Argumenta: “En este caso, dadas las especificidades del contexto que lo rodean, del análisis de dichas expresiones puede afirmarse que la crítica política que se hace en tales publicaciones, aunque ácida, es parte del debate público y no debe confundirse automáticamente con manifestaciones de violencia política de género pues siempre debe distinguirse entre los cuestionamientos legítimos sobre la gestión y desempeño de una funcionaria pública de aquellas que verdaderamente buscan menoscabar sus derechos político-electorales con base en su género”.
A diferencia de lo considerado por el TEE, la Sala Regional “no arroja indicios de que las columnas de opinión denunciadas hayan incurrido en violencia política de género, “de ahí que debieron de resguardarse en la protección de los derechos a la libertad de expresión y de imprenta, al carecer de un claro propósito de menoscabar o anular los derechos de aquella”.
“En consecuencia, esta Sala Regional considera que la apreciación del TEE “fue inadecuada”.
Sin embargo, se estableció en la sentencia que: “es necesario reconocer que, aunque el periodismo ejerce un papel vital dentro del debate democrático, ello no implica una posibilidad abierta para que se puedan transgredir los límites establecidos por la normativa electoral, en especial en lo que respecta a la comisión de posibles actos de violencia política de género”.

Antecedentes

El 11 de agosto del 2023 la alcaldesa Norma Otilia
Hernández Martínez, presentó ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) una queja en contra del Diario de Guerrero y los periodistas Baltasar Jiménez Rosales, Abel Miranda Ayala, Juan Antelmo García Castro y Efraín Flores Iglesias.
La alcaldesa argumentó que los periodistas redactaron diversas publicaciones en dicho medio que estimó eran constitutivas de presunta violencia política de género en su perjuicio.
La Coordinación de lo Contencioso Electoral del
IEPC integró el expediente IEPC/CCE/PES/VPG/011/2023, mismo que se admitió a trámite el 22 de noviembre del 2023, fecha en que se ordenó emplazar al periódico Diario de Guerrero, así como Efraín Flores Iglesias, Baltazar Jiménez Rosales,
Abel Miranda Ayala y Juan Antelmo García Castro, como presuntos autores de las notas y columnas periodísticas que en la queja se identificaron como generadoras de posible violencia política de género.
El 4 de diciembre del 2023 el TEE resolvió declarar como “inexistente” la violencia política de género en cuanto a las publicaciones atribuidas a Baltazar Jiménez, Abel Miranda y Juan Antelmo García Castro e impuso a Efraín Flores y al periódico Diario de Guerrero, una amonestación pública, les ordenó realizar una disculpa pública hacia la denunciante, retirar las mencionadas publicaciones del sitio electrónico del referido periódico y acreditar un curso encaminado a promover la protección de los derechos de las mujeres.
Además, instruyó al IEPC inscribirles dentro del registro estatal de personas sancionadas en materia de violencia política de género por un mes.
Tanto los dos sancionados como la propia alcaldesa Hernández Martínez apelaron a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, para inconformarse por la resolución del tribunal local, dado que la alcaldesa pretendía que se sancionara a los tres comunicadores que fueron absueltos en la instancia estatal y los dos sancionados demandaron revisar de fondo el tema.

Absuelve Tribunal a López Betancourt de acusaciones por hostigamiento sexual

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con residencia en la Ciudad de México confirmó por mayoría de votos una sentencia de amparo en contra de la resolución judicial emitida por el Primer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito con Residencia en la Ciudad de México, en la que se había vinculado a proceso por los delitos de hostigamiento sexual agravado y tratos crueles y degradantes al presidente del Tribunal Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Eduardo López Betancourt.
Con esa resolución, emitida en la sesión del 5 de octubre dentro del Amparo en Revisión 228/20231, el abogado guerrerense quedó absuelto del señalamiento en su contra “al no haberse acreditado con dato de prueba alguno el delito en estudio”.
Mediante oficio de fecha 7 de noviembre, López Betancourt solicitó a los medios de comunicación que “violentaron mis derechos humanos, en específico mi presunción de inocencia y me relacionaron con supuestos hechos delictivos y me señalaron como un delincuente de carácter sexual”, derecho de réplica, a fin de que “de manera fundada y motivada” se sirvan publicar el resultado de dicha resolución.
El abogado, originario de Iguala, refiere que las afirmaciones, publicaciones, reportajes y menciones en su contra no solamente lo afectaron y le causaron un perjuicio a él, sino a su entorno familiar; esposa e hijos, así como a su profesión, como abogado y profesor.
Explica que con las imputaciones penales y públicas “sin sustento realizadas por una persona de la que hoy omito siquiera citar con sus iniciales y a quien jamás conocí, se pretendió involucrarme y juzgarme sobre supuestos hechos delictivos, de los que hoy en un acto de justicia, se ha determinado mi inocencia plena”.
Pide: “En ese orden de ideas, solicitamos que en ejercicio de mi derecho de réplica se informe (de la resolución) a la sociedad.
Destaca que en sesión pública del 5 de octubre, dentro del amparo en revisión 228/20231, los integrantes del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con residencia en la Ciudad de México, por mayoría de votos confirmó la sentencia de amparo emitida dentro del juicio de amparo indirecto 147/20222 , en fecha 30 de junio del 2023, por el Magistrado Integrante del Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal del Primer Circuito con Residencia en la Ciudad de México.
Añade que con esa sentencia “de manera fundada y motivada” se le concedió el amparo y protección de la justicia federal en contra de la resolución judicial de fecha 30 de mayo del 2022, emitida dentro del Toca Penal 85/2022-NSJP, del Primer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito con Residencia en la Ciudad de México.
Recuerda que en esta resolución, “de forma ilegal se me había vinculado a proceso por los delitos de hostigamiento sexual agravado y tratos crueles y degradantes supuestamente cometidos en agravio de la supuesta víctima de identidad reservada.
El abogado precisa que de los datos de prueba expuestos por la Fiscalía General de la República (FGR) en la audiencia inicial de formulación imputación, no se establece “ni en grado de probabilidad que el suscrito Raúl Eduardo López Betancourt, asediara reiteradamente a la supuesta víctima y, consecuentemente, menos aún, lo hiciera con fines lascivos”.
Añade que al no haberse acreditado dichos elementos requeridos por el tipo penal por el que se formuló imputación, “se estaría entonces juzgando y castigando ilegalmente una cuestión y situación subjetiva y ambigua pues para vincular a proceso a una persona por tales delitos debe acreditarse la intención sancionable, lo que en el caso no ocurrió”.
Destalla, asimismo, que se estableció que el hecho imputado resulta ser atípico al no haberse acreditado con dato de prueba alguno el delito en estudio, pues el espíritu del legislador al respecto es el de proteger a la sociedad ante el actuar y abusos de los servidores públicos en ejercicio de su función, en específico al encontrarse un individuo detenido o privado de su libertad, más no proferir expresiones o palabras a una persona en libre tránsito o en libertad.
“En virtud de lo anterior, y ante las sentencias emitidas por nuestros Tribunales Constitucionales, se ha acreditado de forma indubitable que el suscrito Raúl Eduardo López Betancourt, jamás realicé y, menos aún, agoté los hechos con apariencia de los delitos de hostigamiento sexual agravado y tratos crueles y degradantes supuestamente cometidos en agravio de la supuesta víctima de identidad reservada, es decir, se ha acreditado mi inocencia plena”.

 

Fiscaliza el INE a aspirantes de Morena, pero el Trife no ve que hagan precampañas

El vocal ejecutivo del INE, Donaciano Muñoz Loyola durante la sesión de Grupo ACA Foto: Jesús Trigo

Karina Contreras

Al acudir como invitado a la sesión del Grupo ACA, el vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE) en Guerrero, Donaciano Muñoz Loyola, afirmó que ese organismo sí fiscaliza los actos que realizan las llamadas “corcholatas” de Morena.
El funcionario recibió críticas de los acasocios quienes manifestaron que ven a un instituto complaciente ante lo que llamaron precampañas anticipadas de Morena.
En la sesión, refirieron de actos masivos como el de Claudia Sheinbaum en el Centro de Convenciones Acapulco.
El vocal respondió que la ley señala que son actos de campaña cuando hay un proceso electoral, lo que no cabe ahora, además de que las asambleas de Morena son parte de un proceso interno para elegir “a un coordinador” (de defensa de la Cuarta Transformación).
Y afirmó que esos fueron los criterios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife).
El funcionario respondió que el INE ha emitido un serie de restricciones, a través de la Comisión de Quejas y Denuncias, tomando como referencia los criterios del Tribunal.
También ha ordenado que todos los eventos donde participen “estas figuras públicamente conocidas, tiene el Instituto la facultad de acudir a estos actos, lo que estamos haciendo. Y hacer un levantamiento de los pronunciamientos, los dichos y sobre todo de lo que se utiliza en ese evento: si se utilizó una pantalla, si utilizaron mesas, si hubo servicio de comida. El destino de esas actuaciones es la integración del expediente que el INE esta formando para que sea entregada al Tribunal y con base en todas esas actuaciones poder determinar si es necesario interrumpir esa actividad de ese partido político o si por lo contrario es válido y puede continuar”.
El funcionario del INE dijo que es el Trife quien resolvera si los aspirantes a la presidencia de Morena, a partir de estos informes, están en actos de campaña a través de sus asambleas informativas, y que ellos como instituto sólo armaron el expediente que será entregado mañana (hoy) para su análisis.
Agregó que cuando haya esa definición entonces se entrará al estudio de que si el partido político violentó la norma.
A los cuestionamientos de los acasocios sobre si las acciones que están haciendo los aspirantes de Morena pueden constituirse como actos anticipados de campaña, respondió: “Lo que dice la ley es que un acto de precampaña se puede dar en el marco de un proceso electoral. Eso dice la ley, así esta diseñada para todos, principalmente para los que son abogados, saben que lo que hacemos las instituciones es seguirnos en cumplimiento de lo que establece la ley”.
Señaló: “Ahí traemos un problema legal en términos de que estas acciones que esta realizando Morena no están en ese supuesto contemplado en la ley, porque en este momento no hay proceso electoral y, por lo tanto, en el estricto sentido cualquier acto que realicen no necesariamente puede ser un acto anticipado de campaña”.
Explicó que como acto interno de Morena el INE tiene la obligación de analizarlo desde esa perspectiva, “y hasta el día de hoy tenemos ya varias denuncias (en el INE central) que justamente señalan lo que aquí están planteando: ¿Eso es, son actos que se anticipan a las campañas o a las precampañas? Y por lo tanto esos actos deben de ser definidos.
“Entonces en ese contexto que les estoy hablando la vía a través de la cual se tiene que abordar el problema es por la vía de un procedimiento especial sancionatorio. ¿Qué le corresponde hacer al INE dentro de ese marco? Al INE le corresponde integrar el expediente que el día de mañana (hoy) va recibir el Tribunal electoral para poder determinar sí eso es válido o si se esta incurriendo en un acto anticipado de campaña, insistó, ya sea de campaña o precampaña”.
“El INE en este momento no se puede pronunciar en tanto que ese expediente no sea revisado de fondo por parte del Tribunal Electoral. ¿Qué se ha hecho? El INE a través de la comisión de Quejas y Denuncias, que es el órgano de emitir medidas cautelares. Lo que ha hecho es referirse a los anteriores criterios del Tribunal.
Señaló que las medidas cautelares ya también se hizo extensa a los aspirantes del Frente que forman los partidos políticos opositores.
En declaraciones a reporteros, a Donaciano Muñoz Loyola se le preguntó sobre las regiones que tienen focalizadas con focos rojos y señaló que existen municipios complejos por la inseguridad.
Respondió que no tiene más información que la que es pública y una de ellas son las implicaciones que se tuvo en Chilpancingo, luego de la jornada violenta del lunes, pero que ese tema se lo dejan a las autoridades de seguridad.
Dijo que el INE se incorporará al Consejo de Seguridad con miras a las elecciones del 2024 y ahí poder explicar las tareas que como instituto realizan en campo.

Concluyó desde noviembre el periodo de Olimpia Godínez en el TJA, revelan

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

En un escrito enviado a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, “trabajadores” del Tribunal de Justicia Administrativa le notificaron que el periodo como magistrada de Olimpia María Azucena Godínez Viveros, feneció el 3 de noviembre pasado y le pidieron ejercer la facultad que le otorga la Constitución Política del Estado para enviar la propuesta al Congreso local de quien debe suplirla.
Le advirtieron que, en caso contrario, si continúa con esa responsabilidad “de manera inconstitucional e ilegal”, sus actuaciones resultarán inválidas, “al no tener sustento jurídico alguno”.
Denunciaron que los magistrados del Pleno de la Sala Superior de ese Tribunal, “fueron totalmente omisos al no hacerle de su conocimiento sobre dicha anomalía jurídica” para evitar el “retiro forzoso” de la magistrada.
Explicaron que el nombramiento de Godínez Viveros como magistrada de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa fue expedido por el Congreso del estado y publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 3 de noviembre de 2015 por seis años, por lo que feneció el 3 de noviembre pasado, aunque en realidad en esta fecha se cumplieron siete años.
“No obstante, los integrantes del pleno de la Sala Superior en contravención a las disposiciones del artículo 13 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa fueron totalmente omisos en hacerle de su conocimiento sobre dicha anomalía jurídica”.
Según los trabajadores, los magistrados actuaron así porque la ley señala que en estos casos procede el “retiro forzoso” de los magistrados, debido a que el titular del Poder Ejecutivo del Estado debe proceder con la propuesta para cubrir la vacante en los términos previstos por la Constitución Política del Estado.
Explicaron que quien debió informar oportunamente del término del periodo de la magistrada era la entonces presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa, Martha Elena Arce García.
Insistieron que su nombramiento dejó de tener vigencia “y no existe disposición legal que le permita justificar que continúe en el cargo”.
Quienes impugnan a la magistrada, detallaron que de acuerdo a la Ley orgánica de ese Tribunal, los magistrados durarán en su encargo siete años a partir de que rindan protesta de ley, y podrán ser ratificados para un segundo periodo de ocho años improrrogables.
Y aclararon que Godínez ejerció un segundo periodo como magistrada mediante el decreto del 20 de octubre del 2015, “con la salvedad que el Congreso del estado, estableció en el artículo primero que: se aprueba el nombramiento de la maestra en ciencias Olimpia María Azucena Godínez Viveros, como magistrada de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (ahora Tribunal de Justicia Administrativa) por el término de seis años.”
Por ello, argumentaron que si el Poder Legislativo estableció ese lapso “es incuestionable que, a la fecha, el nombramiento de referencia ha dejado de tener vigencia y como consecuencia lógica, al existir impedimento constitucional para ser ratificada para un tercer periodo, las actuaciones de la mencionada profesionista pueden ser tildadas por alguna de las partes contendientes en un juicio contencioso administrativo de ilegales”.

La magistrada Martha Elena Arce, en la misma situación

Los que impugnan informaron a la gobernadora que de igual manera el nombramiento de la magistrada Martha Elena Arce García termina el 17 de febrero de 2023, “toda vez que fue designada por un periodo de seis años, y en segundo lugar, que ese periodo es improrrogable”.
Añadieron que al igual que Godínez Viveros, Arce García a la fecha ha desempeñado por dos periodos el cargo de magistrada, “es decir, ha fungido como magistrada de Sala Regional y como Magistrada de Sala Superior, de ahí que una eventual ratificación de su actual nombramiento o permitírsele que continúe en el cargo con un nombramiento que ya no tiene vigencia, resultaría inconstitucional e ilegal, y como consecuencia su actuación sería inválida”.
En atención a ello, solicitaron a la gobernadora que ejerza sus facultades y proceda a cubrir las vacantes.

 

Notifican de tres amparos más a favor de detenidos acusados de la desaparición de los 43

Un tribunal federal de Reynosa, Tamaulipas, notificó ayer oficialmente tres sentencias de amparo en favor de acusados de secuestrar a los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, que se suman a la difundida el 4 de junio y ordenan crear una Comisión de la Verdad y la Justicia para investigar de nuevo el caso.
El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito oficializó los amparos 204 al 206/2017 en favor de Salvador Reza Jacobo, El Wereke, Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, y Gildardo López Astudillo, El Gil, presuntos integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos que confesaron el secuestro, asesinato y quema de los normalistas, al parecer, bajo tortura.
El amparo previo, el 203/2017 fue a favor de Miguel Angel Bahena Landa, El Chequel, y la Procuraduría General de la República (PGR) dijo que esperaba la notificación de las demás sentencias para decidir cómo impugnarlas.
El amparo 204/2017 en favor de El Wereke también incluye a otros cuatro quejosos, cuyos nombres fueron tachados por el tribunal colegiado en la versión pública de la sentencia, pese a que las identidades de todos los acusados son conocidas desde hace años.
Igual que este caso, el tribunal colegiado revisó amparos contra autos de formal prisión dictados por delincuencia organizada y otros delitos en la causa penal 123/2014, y ordenó reponer los procesos desde el inicio con la condición de que la PGR presente un dictamen independiente con base en el Protocolo de Estambul, para probar que los acusados no fueron torturados.
De no presentarse este dictamen en 10 días, el tribunal colegiado ordenó tener por hecho que hubo tortura, lo que implicaría la libertad de los acusados.
Además, en una larga sección de la sentencia que no tiene precedentes en la justicia mexicana, el tribunal desconoció la investigación de la PGR y ordenó crear una Comisión en la que representantes de las víctimas y la CNDH tendrían el mando.
Esta parte de la sentencia es la que PGR podría intentar impugnar por invasión a la esfera de atribuciones que le otorga el artículo 102 de la Constitución, pues en lo que se refiere a la protección en favor de los acusados, los fallos de los tribunales colegiados en amparos en revisión son inatacables.
Supervisar la ejecución de los amparos corresponde al Tercer Tribunal Unitario con sede en Reynosa, a cargo del magistrado Sabás Pérez García.
Hasta ahora Pérez no ha requerido al juez de Distrito que lleva los procesos en Matamoros, David Calderón, ni a las demás autoridades señaladas por el tribunal colegiado para que acaten la sentencia.
El proceso de cumplimiento del amparo en la parte que corresponde a la Comisión de la Verdad podría tomar años, y tendrá la dificultad logística de que los desacuerdos entre sus integrantes tendrían que ser arreglados ante el tribunal unitario en Reynosa.
Reforma publicó el martes que Calderón absolvió a otros cuatro involucrados en el caso Ayotzinapa, tres de Guerreros Unidos y un policía de Iguala, pero sólo uno salió de prisión.

 

Impugna Morena fallo del Trife contra la candidatura de Amílcar Sandoval

Morena impugnó la resolución de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife) que anuló las candidaturas del delegado estatal del partido, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, y de la militante Elizabeth Vega Crispín, a los que reinscribió en tercero y sexto lugar de la lista de candidatos plurinominales ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IPEC) para el proceso electoral del 1 de julio.
El consulta telefónica, el represente del partido ante el IEPC, Sergio Montes Carrillo, informó que se impugnó la resolución del órgano jurisdiccional por inmiscuirse en la vida interna del partido, al señalar que Sandoval Ballesteros y Crispín Vega no podían ser postulados como candidatos de Morena, porque nunca tuvieron la condición de aspirantes en las precandidaturas, según el expediente que tuvieron en revisión.
En sesión de trámite, el IEPC aprobó la tercera y sexta fórmula de candidatos de representación proporcional de Morena, para el proceso electoral de ayuntamientos y diputados 2017-2018, en cumplimiento de la sentencia de la sala regional de la Ciudad de México, del juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, SCM-JDC-670-2018.
Asimismo, aprobó la postulación de la fórmula y la planilla de candidatos a la alcaldía de Florencio Villareal (Cruz Grande), postulada por el Partido del Pueblo de Guerrero, también en cumplimiento de la resolución de la Sala Regional de la Ciudad de México.
En el primer caso, la Sala revocó parcialmente el dictamen de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, y dejó sin efectos las candidaturas tres y seis de la lista candidatos a diputados plurinominales, de Sandoval Ballesteros y Vega Crispín.
Agregó que, “tomando en consideración que no se acreditó la existencia de un registro de personas externas para ocupar dichas candidaturas (tres y nueve), se ordenó a la Comisión Nacional de Elecciones que atendiendo a lo dispuesto por su normativa interna y en apego a los procedimientos previstos en ella, incluida la perspectiva a que en las candidaturas reservadas para la designación de personas externas pueda postularse militantes del partido que tengan el carácter de aspirantes y así lo soliciten, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la resolución, emita una resolución que a derecho proceda para asignar a quienes harán de ocupar posiciones tres y seis de las lista”.
El representante de Morena explicó que el partido cumplió con la sentencia de la sala regional, para que en un término de 48 horas, que se cumplieron el sábado, pero en lugar de presentar nuevos nombres, reinscribió a los mismos candidatos sin descuidar lo dispuesto a su normativa interna.
Afirmó que la Comisión Nacional de Elecciones tiene la facultad de hacer los registros “a partir del trabajo de liderazgo que se haya realizado en el partido, y en contra de la sentencia se presentó un recurso de impugnación en el Tribunal Electoral del Estado (TEE) porque el Tribunal federal se inmiscuyó en el vida interna de los partidos políticos, violentando el artículo 41 constitucional, y 44 de los estatutos.
Señaló que según el Trife, los impugnados no realizaron la solicitud de registro como precandidatos en tiempo y forma, y el Comité Nacional de Elecciones presentó la solicitud y dio cumplimiento a los requisitos del partido.
Insistió en que el documento ya existía en el expediente, pero no fue requerido por el Trife, y no lo conoció. Además, “es una sentencia muy confusa y el tribunal se mete en la vida interna del partido”, dijo.
Por otro lado, también por orden judicial, el IEPC registró la fórmula y la planilla de candidatos a la alcaldía de Florencio Villareal (Cruz Grande), postulada por el Partido del Pueblo de Guerrero, que negó el instituto electoral así como en el TEE, en primera instancia, porque hicieron una sustitución con hombres en la fórmula de la presidencia municipal, donde originalmente registraron mujeres.
Los lineamientos de paridad de género impedían que un hombre fuera postulado en un espacio que inicialmente se otorgó a una mujer.
Dado que el partido de nueva creación tiene más de cincuenta por ciento de postulaciones de mujeres, el tribunal federal consideró que no se excedía el tema de paridad de general y ordenó al IEPC registrar la sustitución.

 

No propuso la legalización de la amapola; sólo fue “un comentario”, dice Astudillo

El gobernador Héctor Astudillo Flores dijo que fue “un exceso” la declaración del procurador general de Palermo, Italia, Roberto Scarpinato, quien consideró que México no tiene los recursos para enfrentarse al narcotráfico y la corrupción y propuso que la ONU establezca un tribunal penal internacional para hacer efectiva la rendición de cuentas y la aplicación de la justicia en el país.
Sobre la tregua que pidió el arzobispo de Acapulco, Carlos Garfias Merlos, a los grupos que generan violencia en la entidad a fin de que no se afecte el turismo en Semana Santa, Héctor Astudillo manifestó que “ojalá su expresión sea escuchada”.
También aclaró que su gobierno no ha emprendido ningún programa ni acciones institucionales encaminadas a la legalización de la amapola para fines medicinales, pues lo que dijo al periodista Carlos Puig del diario Milenio se trató solamente de “un comentario”.
Astudillo Flores fue abordado ayer por reporteros en dos momentos diferentes, el primero al concluir el abanderamiento del primer Batallón de la Policía Estatal Acreditable, en la explanada de la Universidad Policial del Estado de Guerrero (Unipol), y el segundo en su oficina de la Casa Guerrero, tras la puesta en marcha de la Colecta Nacional Ver Bien para Aprender Mejor 2016.
Consultado respecto a la postura del arzobispo Carlos Garfias, quien el domingo en Acapulco llamó a los que generan hechos de violencia en Guerrero a hacer “una tregua” entre ellos para que no afecten al turismo en las vacaciones de Semana Santa, Astudillo Flores dijo que es una expresión de muy buena fe.
“Ojalá y la expresión del arzobispo sea escuchada, no solamente es la voz del arzobispo, creo que es la voz en general de la sociedad, que no quisiéramos que existieran todos los hechos que lamentablemente han sucedido, y entiendo perfectamente la expresión de don Carlos Garfias a quien respeto mucho”, dijo el gobernador.
Durante una mesa redonda celebrada en Ginebra, Suiza, en el marco del Festival de Film y Foro Internacional de Derechos Humanos, el procurador general de Palermo, Roberto Scarpinato, reconocido por sus 20 años de lucha contra la mafia italiana, consideró que México no tiene los recursos necesarios para enfrentarse al narcotráfico.
Por ello pidió que la ONU establezca un tribunal penal internacional para hacer efectiva la rendición de cuentas y la aplicación de la justicia en el país.
Astudillo calificó la expresión de Scarpinato como “un exceso”, aunque reconoció que en algunas zonas el país enfrenta problemas graves en materia de seguridad.
“Es una expresión de alguien que no vive en México, que seguramente se impacta por las noticias, que yo sí creo que son delicadas, pero tampoco es un asunto generalizado en el país, yo veo que hay regiones donde todos viven en paz, no es el caso de Guerrero, (…) yo creo que hay efectivamente problemas, pero no como lo plantea él, me parece que fue un exceso esa declaración”, sostuvo.
Astudillo insistió en que su gobierno tiene claro que hay problemas en la entidad, pero consideró que, aunque la expresión de Scarpinato tiene buenas intenciones, es un análisis exagerado.
Explicó que es respetuoso de esas posturas y aseguró que las autoridades del Estado mexicano no claudicarán en su combate contra la delincuencia organizada.
En dos ocasiones se le preguntó de su propuesta de legalizar la siembra de amapola para uso medicinal como una alternativa para erradicar la violencia que priva en Guerrero.
Al respecto, en la Unipol dijo que no hay “nada armado” en ese sentido, y reiteró que está convencido de que es una opción para atender el problema de inseguridad.
“Es algo que no solamente he expresado yo, hay muchas voces en el país que lo han expresado, yo creo que no es una idea mala, yo creo que hay que incursionar para enfrentar problemas extraordinarios con acciones extraordinarias, y esta es una de ellas, yo creo que hay que verlo con seriedad, con objetividad y con mucha responsabilidad”, expresó.
Dijo que no llevará ese tema a la ONU pero consideró necesario transitar en esa ruta, pues recordó que en un 90 por ciento la violencia en Guerrero es por las drogas.
Después, en la Casa Guerrero aclaró que su gobierno no ha diseñado ningún programa especial, ni ha emprendido acciones institucionales encaminadas a aterrizar esa propuesta.
“Quiero ser muy responsable con ustedes, eso fue un comentario que se hizo en una entrevista, no hay un programa, no hay un planteamiento formal, yo creo que solamente lo coloqué, pero estoy convencido de que hay que seguirlo trabajando, no hay una fecha, no hay un documento que yo traiga, pero estoy absolutamente convencido que se tiene que trabajar”, explicó.
Manifestó que Guerrero no puede distinguirse solamente por el número de ejecutados que hay al día, “tenemos que buscar alternativas para bajar los índices de delincuencia, esto no va a desaparecer pero igual que el mando único, serán acciones que irán fortaleciendo el enfrentar de una manera en el que existan mejores datos”.

En desacuerdo, Salinas, Murueta y el Tribunal sobre el reparto del fondo de seguridad Pública: Chavarría




Debido a que la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPPC), la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) no se ponen de acuerdo en cómo distribuir los 202 millones de pesos del Fondo de Seguridad Pública (Foseg) para el 2006, el gobierno aún no ha podido adquirir armamento, equipo de comunicación, ni chalecos antibalas, reveló este viernes el secretario general de Gobierno, Armando Chavarría Barrera.
Por otra parte, a pregunta expresa Chavarría dijo que el hecho de que el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo y el secretario de Seguridad Pública, Heriberto Salinas Altés, hayan avalado al nuevo secretario de Protección y Vialidad de Acapulco, Juan Carlos Moreno Muñoz, no significa que ese vaya a ser un requisito para todos los Ayuntamientos, porque éstos gozan de “autonomía”.
Sobre el caso de Edgar Valdez Villareal, La Barbie, que es identificado por la PGR como el jefe de los sicarios del cártel de Sinaloa que dirige Joaquín El Chapo Guzmán, Chavarría dijo que “es muy complicado saber” si se encuentra en Guerrero, aunque antes, entre risas, sugirió que mejor se le preguntara sobre “temas más agradables como el de Acapulco Brilla”.
En entrevista en sus oficinas y a pregunta de un reportero, Chavarría dijo que aún no se han adquirido armas, ni equipo o material de ningún tipo, porque “estamos tratando de conciliar entre la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría de Justicia y el Poder Judicial, la distribución de los recursos, si no hay en los próximos dos o tres días un consenso, tendremos que convocar al Foseg para que ahí tomemos una decisión, independientemente de que esté de acuerdo o no, alguna de las partes”.
Chavarría precisó que son 202 millones de pesos –152 que aporta la federación y 50 el estado– la cantidad que está asignada al Foseg y es la misma que se tiene que distribuir entre Seguridad Pública, la Procuraduría de Justicia y el Tribunal Superior de Justicia.
Rechazó que la falta de consenso esté generando algún problema, debido a que “se están ejerciendo los recursos del 2005 y ahora se habla de cómo va a quedar la distribución en el 2006, y esto es normal, no es un problema realmente”.
El funcionario señaló que no puede revelar la propuesta de distribución del dinero, ni dónde está atorada la discusión, porque “es algo que estamos discutiendo internamente y genera implicaciones anunciar cantidades cuando todavía no tenemos el consenso”.
Dijo: “hay programas federales (dentro del Foseg) que estamos obligados a que tengan vigencia en el estado y que se tiene que asignar alguna cantidad para su funcionamiento. Son cinco: uno es la profesionalización de las corporaciones, red nacional de telecomunicaciones, el sistema nacional de información sobre seguridad pública, el seguimiento y evaluación, y el registro público vehicular”.
Dijo que los programas complementarios “son la construcción de los cinco cuarteles, la terminación del Instituto de Formación Policial (Infocap) en Chilpancingo y la construcción de otro en Acapulco, el mejoramiento para seis agencias del Ministerio Público y la compra de radios, armamento y chalecos”.
Más adelante dijo “no es que no estemos de acuerdo, estamos tratando de conciliar una propuesta, y es normal que en una distribución de presupuesto haya distintas opiniones”.
Chavarría negó que si por esa falta de consenso se estaba perjudicado a la población y las acciones del combate a la delincuencia.
Respecto a cuándo enviará el gobierno la iniciativa de la reforma integral al Poder Judicial y si en ésta se va a considerar el caso de los juicios orales, el secretario de Gobierno, expuso que dicha iniciativa “va a ir en un planteamiento más global que es la Reforma del Estado, no ha habido hasta este momento las condiciones para abocarnos a una discusión porque no queremos contaminar el proceso electoral”.
Señaló que el gobierno “ya tiene avanzada la propuesta de la ruta crítica, de la metodología, de la integración de algunas comisiones y este proyecto lo vamos a compartir en su momento con el Poder Legislativo, con el Poder Judicial, con los partidos políticos y sectores representativos de la sociedad. A partir del 5 o 6 de julio estaremos en condiciones de llevar a cabo esta reforma, en donde uno de los temas es el fortalecimiento y la restructuración del Poder Judicial”.
En respuesta a otro reportero, negó que no haya disposición para abordar la Reforma Política como aseguran algunos diputados del PRI y afirmó que “yo creo que es una responsabilidad compartida, el Congreso local nombró a una comisión y entiendo que están trabajando en lo que es la parte conceptual y la parte de la propuesta para la metodología para desahogar la agenda temática”.
Mejor pregúntenme sobre Acapulco Brilla
Respecto a si ya había hablado con el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Edmundo Román Pinzón, sobre la demanda de amparo de Edgar Valdez La Barbie, presunto jefe de los sicarios del cártel de Sinaloa que encabeza Joaquín El Chapo Guzmán, Chavarría atajó entre risas: “no hay que hablar de esos temas, hay que hablar de temas más agradables, pregúntenme cómo va el Acapulco Brilla”.
–¿Pero eso no es un tema que le preocupa al gobierno, que a través de las instancias judiciales se estén escudando quienes han generado los hechos de violencia en la entidad? –se le preguntó.
–Ya el procurador (de Justicia, Eduardo Murueta Urrutia) contestó sobre ese tema.
–Pero usted dijo que le iba a preguntar al presidente del Tribunal Superior de Justicia –se le insistió
–Sí, pero ya ayer el procurador fijó una postura oficial.
–¿No está de verdad La Barbie en Acapulco? –preguntó otro reportero.
–No sé, la verdad no sé, escapa a mis medios saber si está o no está. Es muy complicado saberlo, ustedes saben cómo actúa.
Rechazó más adelante que Torreblanca y Salinas vayan siempre a avalar a quienes sean nombrados funcionarios seguridad pública municipal, como ocurrió en el caso del secretario de Protección y Vialidad de Acapulco, Juan Carlos Moreno Muñoz, cuya designación fue consultada por el alcalde Félix Salgado, según reveló el mismo.
Chavarría agregó: “normalmente los Ayuntamientos son autónomos ¿no?, están amparados en el 115 de la Constitución, los Cabildos son los que determinan el nombramiento de los funcionaros. Yo no sé si efectivamente Félix hizo la consulta o no, de eso no tengo constancia, pero no es un requisito que el Cabildo consulte al gobernador ni a otras instancias policiacas”.
Rechazó que el asesinato del taxista en El Treinta –durante una gira de Félix Salgado por ese lugar–, esté vinculado con la amenaza anónima que recibió el alcalde porteño en un programa radiofónico, “hay indicios de que fue un asalto, un robo, lamentablemente a un taxista joven”.