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Presume el presidente del TSJ “apertura a la sociedad”, pese a que las sesiones fueron cerradas

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Raymundo Casarrubias Vázquez, rindió este jueves a puerta cerrada su tercero y último informe de labores, ante los magistrados y consejeros del Poder Judicial del Estado.
La reunión se realizó en el salón de plenos del Edificio 1 de Ciudad Judicial, al sur de la ciudad, a partir de la una de la tarde, en donde el presidente saliente del TSJ aseguró que en su administración trabajó “con total apertura a la sociedad”.
Sin más asistentes que magistrados, consejeros y funcionarios del órgano judicial, Casarrubias Vázquez, expresó: “Esta presidencia, como también es de su conocimiento, ha trabajado con total apertura a la sociedad. Ahora más que nunca hemos estado abiertos al escrutinio público. De hecho, este fue uno de los compromisos asumidos desde el inicio de esta administración”.
La sesión ordinaria conjunta de los plenos del TSJ y del Consejo de la Judicatura que integran el Poder Judicial, fue convocada el miércoles únicamente para desahogar tres puntos: la entrega del informe de Casarrubias Vázquez, “sobre la situación que guarda la impartición de justicia en la entidad correspondiente al año judicial del 1 de diciembre del 2023 al 30 de noviembre del 2024”; el mensaje del magistrado presidente, y la develación de su fotografía en la galería de los presidentes del Tribunal.
En su mensaje con motivo de su informe que fue distribuido por la tarde a los medios de comunicación, Casarrubias Vázquez expresó que “de lo que se trata es justamente rendir cuentas a ustedes y a la sociedad”.
El magistrado, quien el domingo entregará la presidencia al próximo presidente Ricardo Salinas Sandoval, informó que en este año que termina atendió a mil 200 personas en 920 audiencias.
Informó que en este periodo ingresaron a los órganos jurisdiccionales (juzgados y salas) del Poder Judicial 28 mil 722 asuntos, sólo 70 más que en el 2023, sin que diera la cifra del año anterior.
De ellos, de acuerdo a sus datos, se resolvieron 16 mil 992, 988 menos que los contabilizados hace doce meses, reconoció.
Informó que la materia familiar sigue siendo la más demandante pues en este periodo se radicaron 17 mil 135 casos, frente a los 17 mil 237 del 2023, “es decir, cantidades similares”.
Explicó que, de hecho, el 60 % del total de expedientes que se iniciaron en esta institución corresponde a la primera instancia familiar.
En cuanto a los juicios de divorcio “incausado”, alimentos y sucesorios intestamentarios son, en ese orden, los de mayor incidencia, al registrarse seis mil 459, dos mil 939 y dos mil 251, respectivamente.
Agregó que los tribunales laborales radicaron dos mil 48 asuntos; mil 967 individuales y 81 colectivos, que implica un incremento de 85.5 % en relación con el periodo inmediato anterior, pero igualmente no se dio a conocer la cifra del año pasado.
De ellos, de acuerdo al informe del magistrado presidente, se resolvieron 924 casos, lo que según el magistrado Casarrubias, representa un aumento de 143.2 % respecto de 2023.
Dijo que Acapulco es la región donde más conflictos laborales llegan a la instancia judicial, pues en este periodo los dos tribunales de esa ciudad radicaron 68.1 % del total de asuntos; en tanto que el de Chilpancingo radicó el 13.1 %; el de Iguala, el 9.9 %, y el de Zihuatanejo, el 8.9 %.
Informó que el Centro Estatal de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (CEMASC) registró, por tercer año consecutivo, “un aumento en la actividad desarrollada” por sus cuatro coordinaciones regionales de Acapulco, Chilpancingo, Iguala y Zihuatanejo.
Agregó que durante este periodo el CEMASC radicó tres mil 904 expedientes, 12.8 % más que en 2023, y concluyó dos mil 675 asuntos, 23.0 % más que hace un año.
Casarrubias Vázquez indicó que también en este ejercicio, las partes acreedoras recuperaron 22.9 millones de pesos, con motivo del cumplimiento de los acuerdos correspondientes; suma mayor en 55 % a la contabilizada en 2023, según dijo.
El Instituto de la Defensoría Pública, proporcionó durante este periodo 25 mil 868 servicios, 11 mil 438 de defensa y representación jurídica, y 14 mil 430 de asesoría jurídica. Destacó que la cifra representa un 48.9 % más que en 2023.
Con respecto al presupuesto, informó que este 2024 el Congreso local le asignó al Poder Judicial del Estado mil, 005 millones de pesos, de los cuales 980.7 corresponden a gasto corriente y 25 millones para obra pública; “estos últimos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)”, aclaró.
Explicó que a lo anterior se sumaron 10 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), por lo que el presupuesto total autorizado, modificado, fue de mil 015 millones de pesos.
“El balance del trabajo realizado en el periodo que está muy próximo a finalizar me parece que es positivo, las cifras ahí están, “a pesar de las circunstancias”, subrayó sin precisar qué circunstancias.
Dijo: “Lo señalado (en su informe) pone de manifiesto que, a pesar de las circunstancias, se ha avanzado en la construcción de una mejor justicia en Guerrero; los datos ahí están. Me voy con la conciencia tranquila de haber hecho lo que estaba a mi alcance, lo que las circunstancias me permitieron”, insistió.
Aprovechó la oportunidad para agradecer a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, “por su invaluable e incondicional apoyo”, así como a las diputadas y diputados, “por su solidaridad con el Poder Judicial”.
“En escasos días termina mi gestión como presidente de estos máximos órganos de gobierno judicial, No hay arrepentimientos ni reproches. No tengo duda, tenemos un mejor Poder Judicial que hace tres años”, presumió.
También aprovechó para desear “el mayor de los éxitos” a Ricardo Salinas Sandoval, el magistrado presidente electo.
Casarrubias Vázquez adelantó que los retos para la próxima administración son la implementación de la justicia oral civil y familiar; la implementación de los mecanismos alternativos de solución de controversias en materias distintas a la penal, que dijo, es “impostergable”, y el desarrollo e implementación de nuevos sistemas tecnológicos.
Expresó: “recientes decisiones legislativas están cambiando el rumbo de la administración e impartición de justicia en nuestro país. Por ahora no se puede saber cuál será el impacto real que dicha medida tendrá para la sociedad. Solo el tiempo lo dirá”, informó en referencia a la reforma judicial, que impactará también en los tribunales de los estados.
La transparencia no fue lo que distinguió a la administración que termina el domingo en el Poder Judicial. En el año del que se informó ayer, sólo una sesión fue pública, la del 15 de noviembre pasado cuando fue electo como presidente del TSJ por unanimidad de 20 magistrados, Ricardo Salinas Sandoval.
Los magistrados determinaron encerrarse en sus sesiones a pesar de que de acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Judicial, deben ser públicas y solo algunas que las circunstancias lo ameriten serían cerradas.
La presidencia del TSJ ha convocado a la siguiente sesión que será el domingo a las 9:30 de la mañana en el auditorio del TSJ del edificio ubicado en el zócalo de la capital en la que rendirá protesta el nuevo presidente Ricardo Salinas Sandoval; se ha adelantado que ésta será abierta al público.
Casarrubias Vázquez rindió protesta al cargo el 1 de diciembre del 2021 ante la presencia de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.

Rechazan trabajadores del Poder Judicial la reelección de Casarrubias en el TSJ

En una carta abierta a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, abogados litigantes y trabajadores del Poder Judicial del estado, se pronunciaron “en contra de las intenciones de que el magistrado Raymundo Casarrubias Vázquez, se perpetúe como magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ)”.
Lo acusan de que en su administración “han continuado las viejas prácticas de nepotismo y corrupción al interior de esta institución”.
El mandato de Casarrubias Vásquez terminó el 1 de noviembre, pero de acuerdo a los trabajadores del Tribunal, pretende reelegirse por un periodo más.
En el escrito que también va dirigido al presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, Jesús Urióstegui García, fechado el 8 de noviembre, los inconformes piden la omisión de sus nombres “por miedo a represalias a todos los que estamos manifestando nuestra inconformidad”.
“Condenamos que, tal como lo han publicado varios medios de comunicación, dentro del TSJ existe la intención para que Raymundo Casarrubias prolongue su periodo de manera indefinida contraviniendo lo establecido en la Ley, hasta que se homologue la ley federal sobre la Reforma al Poder Judicial y se haga la elección popular, que sería el próximo año”, refieren en su escrito.
Agregan: “Lanzamos un enérgico llamado al Pleno del Tribunal que lo conforman los 25 magistradas y magistrados del TSJ, para que, a la brevedad posible, cumplan con su obligación establecida en los artículos 103 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero y 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Guerrero Numero 129, que disponen que el Presidente del Tribunal Superior de Justicia debe ser elegido por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia de entre sus miembros en funciones como Magistrados”.
Indican que el mal manejo de recursos “derivó en que no se cumplieran las demandas laborales de los trabajadores del Poder Judicial, que realizaron protestas y paros de labores durante su administración, rechazamos categóricamente que el magistrado Raymundo Casarrubias Vázquez busque la reelección”.
Explican que Casarrubias Vázquez ya fue ratificado como magistrado del Tribunal Superior de Justicia por un segundo período improrrogable de ocho años, mediante el Decreto número 454, emitido por la Sexagésima Primera Legislatura del Honorable Congreso del Estado, el 11 de mayo de 2017.
Dicho periodo finaliza en mayo de 2025, “por ello, resulta jurídicamente inviable su reelección como Presidente del TSJ, dado que dejará de ser magistrado en mayo de 2025, lo cual le impediría cumplir con la condición indispensable de ser magistrado en funciones para concluir su periodo como presidente”. (Zacarías Cervantes /?Chilpancingo).

Consigue el FPM reunión por el caso Cerón y retira el plantón ante el Congreso

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Tras 26 horas en plantón, el Frente Popular de la Montaña (FPM), se retiró del Congreso local luego de acordar con la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Yoloczin Domínguez Serna, reunirse el próximo 8 de enero para saber si existe algún mecanismo para que el poder Legislativo dé seguimiento a la investigación que realiza el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), del crimen de luchador social de Tlapa, Arnulfo Cerón Soriano, para que el caso no quede impune.
El integrante de la dirección colectiva de la organización, Telésforo Aguilar Villanueva, dijo el plantón fue para explicar a los diputados las irregularidades en el proceso penal que permitió la liberación del principal sospechoso intelectual del homicidio del defensor de derechos humanos, el morenista, Marco Antonio García Morales.
Reconoció que Yoloczin Domínguez les dijo el Congreso no tenía facultades opinar o intervenir en las investigaciones judiciales. Le insistieron en que conforme a su función, buscará el mecanismo legal para pedir informes al TSJ sobre la sentencia que permitió la libertad del principal sospechoso del crimen, como autor intelectual.
“Como que no le gustó que nos instaláramos en plantón. Le explicamos todo lo que vivimos en el caso de Arnulfo, y pues nos atendió, siempre bajo el argumento que no es su tema”.
La tambien diputada de Morena, Domínguez Serna, pidió a su secretario técnico, Arturo Pacheco Bedolla, para que diera seguimiento a la solicitud del Frente.
Aguilar Villanueva tambien indicó que la solicitud de la organización era hablar con representantes de las fracciones políticas representadas en el Congreso local, pero comprendieron después que la representante del poder Legislativo no quería que otros partidos escucharan que el sospechoso del asesinato del luchador social, al conseguir su libertad, se puso a hacer precampaña en la región para buscar un cargo por Morena.
Añadió que esta acción, es parte de una ruta hacia la verdad y justicia para Arnulfo Cerón, “a pesar de que las autoridades digan que no pueden hacer nada, vamos a continuar”.
Ratificó que la impunidad deja en la vulnerabilidad a todos los luchadores sociales.
En consulta telefónica, la presidenta de la Jucopo señaló la disposición del Legislativo de atender a agrupaciones que piden apoyo. Dijo que trató de ser clara y responsable con el FPM: “Se les explicó que (ésta) no es la instancia competente para llevar a cabo un procedimiento sujeto a la investigación de un asesinato, pero le dimos la orientacion de lo que se debía hacer”.
Ante la posible omisión o conductas al margen de la ley de algunos magistrados del TSJ, les sugirieron acudir al Consejo de la Judicatura.
Confirmó que también acordaron que el Congreso va a solicitar una tarjeta informativa del proceso en cuestión, y el 8 de enero, al volver de vacaciones de diciembre, tendrá otra reunión con trabajo con representante del FPM.

Protestan ante el Congreso por la liberación del sospechoso del crimen de Arnulfo Cerón

Integrantes del Frente Popular de la Montaña, en el plantón en la entrada del estacionamiento del Congreso del Estado Foto: Jesús Eduardo Guerrero

Lourdes Chávez

Chilpancingo.

Integrantes del Frente Popular de la Montaña (FPM), instalaron un plantón afuera del Congreso local para exigir que los diputados llamen a comparecer el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Raymundo Casarrubias Vázquez, por la liberación del principal sospechoso de la desaparición y asesinato del luchador social Arnulfo Cerón Soriano.
En la protesta, uno de los miembros de la dirección del FPM, Telésforo Aguilar Villanueva, recordó que el Poder Judicial hace tres meses declaró inocente al morenista Marco Antonio García Morales, Tony, principal sospechoso del homicidio del defensor de derechos humanos, desaparecido el 11 de octubre y cuyo cuerpo fue localizado el 20 de noviembre 2019.
No obstante que desde el inicio del proceso legal, la organización denunció diversas irregularidades que estaba cometiendo la Fiscalía General del Estado, y que no tomó en cuenta el juez que determinó su liberación, pese a que anticipadamente señalaron las faltas ante el mismo presidente del poder Judicial.
“Entendemos que hubo un acuerdo económico con el magistrado en primera instancia, que lo liberó (por insuficiencia probatoria)”.
Aclaró que aún faltan dos instancias a las cuales pueden recurrir, pero insistieron en que el Congreso local atienda esta demanda, porque antes, hicieron en un plantón en las instalaciones del tribunal y conversaron con el presidente que sólo les respondía que la ley estaba a favor del acusado.
“Nos decía que supuestamente él no interviene, pero antes de la sentencia, afirmó que las pruebas estaban a favor del (autor) intelectual, cuando sabemos que no es cierto. Nuestro compañero señaló directamente a quién lo estaba a amenazando”.
Añadió que el inculpado fue aprehendido en el gobierno de Héctor Astudillo Flores, y liberado en la administración de Mo-rena, de Evelyn Salgado Pineda.
“No es un tema de justicia, sabemos que el actor intelectual ha estado apoyando directamente a la gobernadora desde que estuvo en campaña, por eso estamos aquí nuevamente”.
García Morales también fue precandidato a la alcaldía de Tlapa y los hechos ocurrieron cuando era el jefe de gabinete del Ayuntamiento.
Ratificó que el magistrado debe informar al poder Legislativo sobre la resolución que se emitió en un caso emblemático de violencia en la región.
La denuncia de hechos, es que Cerón Soriano fue citado por una persona conocida en las afueras de la ciudad de Tlapa. Después de que fue torturado y asesinado, su cuerpo fue traslado en un vehículo que cruzó la ciudad para colocarlo en una fosa de tres metros, con el fin de desaparecerlo. Tras mucha presión social se dio la investigación. Sus restos fueron rescatado al mes siguiente.
La protesta del FPM se instaló afuera del portón principal del Congreso del estado, a las 1:40 de la tarde. De acuerdo con Aguilar Villanueva, un secretario de la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Yoloczin Domínguez Serna, fue a preguntar qué pedían al Congreso, y no regresó durante toda la tarde.
Adentró se desarrollaba una sesión que concluyó por la noche, donde vieron salir al personal. Aclaró que la protesta continuará en el acceso del poder Legislativo, hasta tener una respuesta formal.
Añadió que antes de la sentencia, también recurrieron al Congreso para que fueron observador del juicio, y entonces se comprometieron a enviar un exhorto al poder Judicial, por la justicia.
A las 9 de la noche, el director general de Gobernación del gobierno del estado, Francisco Rodríguez Cisneros, acudió al plantón del FDP en el Congreso local a dialogar con los manifestantes.
Vía telefónica, Aguilar Villanueva indicó que el funcionario les dijo que llegó a atender una queja de la diputada Yoloczin Domínguez, de que estaban impidiendo la salida de los diputados con el plantón en la puerta del estacionamiento, donde se habían instalado siete horas antes.
A través del funcionario estatal, indicó que se acordó una audiencia con la presidenta de la Jucopo, para este martes a la 1 de la tarde.
La fuente precisó que la manifestación no cerró ningún de los accesos principales o alternos del edificio, incluso aclaró que al concluir la sesión del Congreso, vieron salir a varios diputados por la puerta del estacionamiento, a pie, pero la diputada de Morena pedía salir en su vehículo.

Repliegan antimotines a jubilados que cerraron el Recinto para exigir el pago de pensiones

Policías estatales con equipo antimotines repliegan con violencia a los jubilados y pensionados del gobierno estatal y de la FGE de uno de los accesos laterales del Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo, donde exigieron el pago de dos meses de jubilaciones que les deben a 900 de ellos Foto: Jessica Torres Barrera

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Jubilados y pensionados del gobierno del estado, Fiscalía General del Estado (FGE) y del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) fueron replegados ayer violentamente de uno de los accesos del Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo donde demandaban del pago de sus pensiones por policías antimotines.
Patricia Cabañas, viuda de un pensionado de la FGE denunció que la Caja de Previsión Social, que recibe los recursos de la Secretaría de Finanzas y Administración del gobierno del estado, no ha pagado a unos 900 jubilados y pensionados desde el octubre.
Cerca de las 11 de la mañana más de 100 manifestantes bloquearon todos los accesos del inmueble para presionar a las autoridades y les paguen los recursos.
A las 12 del día entró una comisión a dialogar con funcionarios de la Sefina, pero a la 1 de la tarde, antes de que salieran con los acuerdos, policías antimotines llegaron con intención de replegarlos.
Media hora después, los policías provistos con escudos y toletes replegaron con violencia a los jubilados y pensionados, la mayoría mujeres y de avanzada edad, de uno de los accesos laterales del Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo.
Los policías jalonearon a algunos de los manifestantes para quitarlos del acceso, según dijeron, para que pudieran salir los empleados y la gente del público que se encontraba adentro realizando trámites.
A la 1:30 de la tarde, finalmente abrieron la reja para que saliera el personal y los usuarios; sin embargo, el resto de los accesos siguieron bajo control de los jubilados y pensionados.
Patricia Cabañas informó que quienes exigen el pago de sus pensiones son policías ministeriales, agentes del Ministerio Público, jueces y actuarios del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), así como policías de la Secretaría de Seguridad Pública estatal que dependen de la Caja de Previsión Social.
“Tenemos años peleándoles, desde el gobierno anterior nos estuvieron retrasando el pago, pero ahorita definitivamente se nos suspendieron, ellos alegan que no hay dinero, pero pues cómo va a haber si se lo están dando a todos sus funcionarios, jefes de área, a quienes les están dando viáticos exorbitantes”, agregó.
En tanto, denunció que entre los jubilados y pensionados “hay viudas, parapléjicos, otros que les falta algún miembro, un brazo, una pierna o están ciegos”.
Agregó que hay personas con secuelas de heridas que sufrieron en cumplimiento de su deber, “y ni aun así nos pagan, este es un gobierno indolente, que definitivamente no le importa su pueblo”.
Ayer, antes de que los replegaran un funcionario salió a advertirles que no los recibirían si no retiraban el bloqueo.
Pero Patricia Cabañas, dijo que desde el mes pasado se comprometieron en el gobierno del estado a pagarles, “pero les importó un carajo, nomás les pagaron como a 30 o 40 compañeros, ¿y los demás qué?”, cuestionó.
La vocera informó que hay muchos que son de Acapulco y necesitan que les paguen porque son damnificados por el huracán Otis.
Dijo que otros vienen de la región de la Montaña, gastando para el pasaje y sólo para encontrarse aquí con la negligencia de los funcionarios.
El contingente se retiró a las ocho de la noche del exterior del Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo, después de que les depositaron las pensiones de octubre y noviembre a los que tienen su cuenta en el banco Afirme.
A esa misma hora se trasladaron a las oficinas de la Caja de Previsión Social, ubicadas en la lateral de norte a sur de la Autopista del Sol, esquina con la calle Recursos Hidráulicos, al sur de Chilpancingo, donde pidieron que les informaran cuándo les depositarán sus pensiones a los que tienen cuentas en los otros bancos.

Repliegan con violencia a jubilados de la FGE y del gobierno

Policías antimotines retiraron a un centenar de trabajadores jubilados y pensionados de la FGE, el TSJ y de secretarías del gobierno del estado, que cerraron uno de los accesos al recinto del Poder Ejecutivo. Los manifestantes, la mayoría mujeres de edad avanzada, exigían el pago de pensiones y a las 8 de la noche dejaron la protesta después de que a algunos les pagaron Foto: Jessica Torres Barrera

Repliegan antimotines a jubilados que cerraron el Recinto para exigir el pago de pensiones

El contingente se retiró a las 8 de la noche del lugar, después de que les depositaron a los que tienen cuenta en el banco Afirme, pero de ahí se fueron a las oficinas de la Caja de Previsión Social –ubicada a una cuadra– para pedir que les digan cuándo pagan a los demás

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Amplía el TSJ dos días más suspensión de labores en Iguala por daños al inmueble

Redacción

Iguala

Debido a los daños ocasionados a los equipos de oficina e instalaciones del Palacio de Justicia de Iguala, que imposibilitan las labores, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) extendió la suspensión de labores, que acordó para el 26 y 27 de septiembre, para el 28 y 29.
Esto, luego de que el miércoles normalistas lanzaran piedras, bombas molotov y petardos y estrellaran un tráiler en la fachada de las instalaciones, como parte de las acciones de protesta a nueve años del asesinato de tres estudiantes de Ayotzinapa y la desaparición de 43.
En su protesta, los jóvenes rompieron cristales de varias oficinas en la parte alta del edificio, hicieron destrozos en el área del Centro de Convivencia Familiar (Cecofam), quemaron expedientes y dañaron mobiliario como escritorios, archiveros, sillas y aparatos eléctricos.
De igual forma fueron dañadas la puerta principal, un portón y una barda donde estrellaron un tráiler.
Por los hechos, el TSJ emitió la circular 46/2023 en la cual establece: “En razón por la gravedad de los daños ocasionados en esta fecha a los equipos de oficina y a las instalaciones del inmueble denominado Palacio de Justicia situado en la carretera Chilpancingo-Iguala, en el kilómetro 98 de la colonia Floresta, derivado de las protestas a que se convocó con motivo del noveno aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, imposibilita la prestación de los diversos servicios del quehacer de justicia.
“Decreta inhábiles lo días 28 y 29 de septiembre para los juzgados primero y segundo de primera instancia materia familiar; juzgado de primera instancia en materia civil; juzgado mixto de paz; juzgados de control; enjuiciamiento penal y de ejecución penal; Tribunal Laboral con sede en Iguala, con competencia territorial en los distritos judiciales de Alarcón, Aldama, Cuauhtémoc, Hidalgo y Mina; así como para la Tercera Sala Penal y la Sala Penal Unitaria del Sistema Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia del Estado; el Centro de Convivencia Familiar Supervisada, el Centro Estatal de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias y la Delegación Administrativa, todos con sede en la ciudad de Iguala de laIndependencia, Guerrero”.
Finalmente, en el documento piden a los juzgados realizar guardias, ya que “las concernientes actuaciones pueden practicarse a toda hora, aún en los días feriados, en virtud de la improrrogabilidad de términos”.

Acusan de corrupción abogados de Tierra Caliente a la encargada del juzgado de Coyuca

Edificio del juzgado del distrito de Mina en Coyuca de Catalán, el cual no cuenta con un juez titular mixto sino con una encargada del despacho, a quien litigtantes acusan de corrupción Foto: Israel Flores

Israel Flores

Ciudad Altamirano

Un grupo de 17 abogados de Tierra caliente, de los principales que litigan en el juzgado del distrito de Mina, en Coyuca de Catalán, denunciaron a la encargada del juzgado, Esmeralda Jacobo Espinosa, mediante un documento enviado al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Guerrero, ante casos de corrupción y arbitrariedades.
Los litigantes solicitan en el texto que se envíe a un titular que se haga cargo de este juzgado mixto.
El documento fue entregado el 5 de junio y va dirigido al presidente del TSJ, Raymundo Casarrubias Vázquez. Lo firman 17 abogados de Tierra Caliente, entre los que se encuentran Juan Manuel Sánchez Mendoza, Juan José Gutiérrez Valladares, Heberto Ortiz Gutiérrez, Jorge Macedo Maganda y Leobardo Alcántara Santibáñez, quien además funge como el defensor de oficio en el juzgado; también Anahí Pérez Santamaría, Minervo Palacios Antúnez, José Juan Flores Pérez, María de la Luz Beltrán Mederos, Angélica Patiño Benítez, Regilnaldo Sánchez Lucas, Jasmine Gómez Freyat, Servando Espinoza Peñaloza, Julia Elizabeth Jiménez Espíndola, Gilberto Gómez Martínez, María Eugenia Pineda Sánchez y Néstor Aguilar Pérez.
El documento señala que la licenciada Esmeralda Jacobo Espinosa asumió este cargo hace cerca de dos meses, como encargada del despacho del juzgado, y que por tal motivo se requiere, en un juzgado tan importante, a un titular que realmente sea juez.
De acuerdo con la denuncia, los abogados señalan que “se trata de una funcionaria y servidora déspota, soberbia, arbitraria, abusiva y también tentada por el vicio de la corrupción”.
En el documento se señala que a la encargada del juzgado se le han hecho peticiones dentro de la función jurisdiccional, para que aclare o precise conforme a la norma del procedimiento y diga “en qué consisten los múltiples requerimientos y prevenciones que las promociones o pretensiones que le plantean, como acciones jurídicas de su actuar, hemos tenido como respuestas no lo que correspondía a derecho, sino amenazas o combinaciones procesales, así como aplicarnos medidas de apremio por el sólo ejemplo de solicitarle que nos aclare y fundamente sus acuerdos”.
Señala el documento que los abogados han tenido que recurrir a los amparos, quejas procesales, excitativas, apelaciones y reconsideraciones, y que todo ello tiene que ver con la injusticia que muestra con su actuar el encargado de despacho del juzgado de Mina.
El documento también señala que “cuando se trata de ratificar un escrito, para cuando le parece caprichoso, se tiene que sacar una cita previa y que por lo general es agendada para largos días posteriores, y mientras, tanto los tiempos procesales van chocando con el principio de prontitud”.
También señalan que la licenciada dilata para turnar los acuerdos, así como el archivo y poderlos consultar, porque generalmente los mantiene en su privado, “son turnados al archivo tres o cuatro días después de haberse publicado, y mientras tanto, los términos de los acuerdos han estado corriendo, y si se trata de recurrir alguno que merezca objeción, prácticamente ya se pasó el tiempo, porque no podemos penetrar a solicitar el expediente a su secretaria, porque está ocupada la señora, y no podemos interrumpir para solicitar se nos preste el expediente, pues esa es una práctica que no podemos tolerar como abogados, por ello le pedimos que se nombre a un juez con otra actitud y aptitud”.
“Además, la señora encargada del despacho, frente a las abogadas mujeres se vuelve aun más arbitraria, intolerante y grosera, y en ocasiones se burla de la figura física”.
Pero además de los señalamientos, expresan que podría tratarse de acciones relacionadas con su convivencia constante con tres litigantes de la misma región, con quienes abiertamente aparece en bares, “fiestas particulares que le realizan, sirviéndole de chóferes, preparando convites, por ello es que necesitamos que se nombre un juez titular, que no tenga esos vicios que se confrontan con el principio de imparcialidad”.
Señalan los abogados en el documento que tienen evidencias materiales, testimonios o documentos, que pueden señalar como pruebas en contra de la encargada del juzgado mixto de Coyuca de Catalán.
El grupo de abogados señalaron que representan a grupos de la sociedad del campo, del comercio y de la agricultura, entre otras organizaciones, que se han visto afectadas por la forma en la que actúa la encargada del despacho y quienes incluso han estado inquietos de manifestarse y obstruir a la acceso al juzgado, por lo cual le piden al presidente del TSJ que ponga a su consideración estas peticiones.
El grupo de abogados espera que esta misma semana haya una respuesta por parte del TSJ.

Inicia el TSJ evaluación a aspirantes a una plaza como juez en materia laboral

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ), inició el viernes el proceso de evaluación teórica a los aspirantes (12 en total), a jueza o juez en materia laboral del Poder Judicial del Estado.
Mediante un boletín de prensa informó que este miércoles se realizará la siguiente etapa de evaluación, “encaminada a la selección de la nueva juzgadora o juzgador para integrar el Tribunal Laboral del Poder Judicial del Estado.
Los tribunales laborales del Poder Judicial del Estado y el Centro de Conciliación Laboral iniciaron su funcionamiento el 3 de octubre pasado como parte del nuevo Sistema de Justicia Laboral.
Se informó que el viernes se aplicó el primer examen teórico a 12 aspirantes en materia laboral del Poder Judicial, “de acuerdo a la base novena, etapa II, de la convocatoria emitida el 27 de enero pasado relativa al concurso de oposición”.
Se informó que coordinó la realización de la evaluación el titular del Instituto para el Mejoramiento Judicial y de la Escuela Judicial, Víctor Manuel Nava Casarrubias, y estuvo a cargo de las catedráticas Leticia Castro Medina y Gloria Santos Mateos, integrantes de la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados.
“En presencia de los aspirantes, la jornada de evaluación fue videograbada y los resultados del examen y las respuestas de los evaluados fueron puestas en sobres sellados y firmados por los participantes”, se informó.
De acuerdo al comunicado, este 22 de marzo se realizará la siguiente etapa de evaluación, “encaminada a la selección de la nueva juzgadora o juzgador en materia laboral”.
El 13 de marzo, el Poder Judicial del Estado, publicó los números de inscripción de los 12 aspirantes que pasaron a la segunda etapa del concurso de oposición.
El examen se realizó a las 11 horas del 17 de marzo en el auditorio del TSJ.
De acuerdo a la convocatoria publicada el 27 de enero, los resultados se darán a conocer el 10 de abril mediante publicación en la página de internet del Poder Judicial, “identificando a cada aspirante únicamente con el número de inscripción al concurso”.
Asimismo, se especificó que los aspirantes seleccionados que obtengan al menos una calificación mínima del 80 por ciento en una escala de cero a cien deberán asistir al curso taller, que en su caso, autorice el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado.
También se estableció que a propuesta del Consejo de la Judicatura nombrará a la jueza y juez mejor evaluado de entre los aspirantes que hayan obtenido los más altos porcentajes de evaluaciones y determinará su lugar de adscripción: los Tribunales laborales se abrieron el 3 de octubre pasado en Acapulco, Chilpancingo, Iguala y Zihuatanejo.

Concluyó desde noviembre el periodo de Olimpia Godínez en el TJA, revelan

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

En un escrito enviado a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, “trabajadores” del Tribunal de Justicia Administrativa le notificaron que el periodo como magistrada de Olimpia María Azucena Godínez Viveros, feneció el 3 de noviembre pasado y le pidieron ejercer la facultad que le otorga la Constitución Política del Estado para enviar la propuesta al Congreso local de quien debe suplirla.
Le advirtieron que, en caso contrario, si continúa con esa responsabilidad “de manera inconstitucional e ilegal”, sus actuaciones resultarán inválidas, “al no tener sustento jurídico alguno”.
Denunciaron que los magistrados del Pleno de la Sala Superior de ese Tribunal, “fueron totalmente omisos al no hacerle de su conocimiento sobre dicha anomalía jurídica” para evitar el “retiro forzoso” de la magistrada.
Explicaron que el nombramiento de Godínez Viveros como magistrada de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa fue expedido por el Congreso del estado y publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 3 de noviembre de 2015 por seis años, por lo que feneció el 3 de noviembre pasado, aunque en realidad en esta fecha se cumplieron siete años.
“No obstante, los integrantes del pleno de la Sala Superior en contravención a las disposiciones del artículo 13 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa fueron totalmente omisos en hacerle de su conocimiento sobre dicha anomalía jurídica”.
Según los trabajadores, los magistrados actuaron así porque la ley señala que en estos casos procede el “retiro forzoso” de los magistrados, debido a que el titular del Poder Ejecutivo del Estado debe proceder con la propuesta para cubrir la vacante en los términos previstos por la Constitución Política del Estado.
Explicaron que quien debió informar oportunamente del término del periodo de la magistrada era la entonces presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa, Martha Elena Arce García.
Insistieron que su nombramiento dejó de tener vigencia “y no existe disposición legal que le permita justificar que continúe en el cargo”.
Quienes impugnan a la magistrada, detallaron que de acuerdo a la Ley orgánica de ese Tribunal, los magistrados durarán en su encargo siete años a partir de que rindan protesta de ley, y podrán ser ratificados para un segundo periodo de ocho años improrrogables.
Y aclararon que Godínez ejerció un segundo periodo como magistrada mediante el decreto del 20 de octubre del 2015, “con la salvedad que el Congreso del estado, estableció en el artículo primero que: se aprueba el nombramiento de la maestra en ciencias Olimpia María Azucena Godínez Viveros, como magistrada de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (ahora Tribunal de Justicia Administrativa) por el término de seis años.”
Por ello, argumentaron que si el Poder Legislativo estableció ese lapso “es incuestionable que, a la fecha, el nombramiento de referencia ha dejado de tener vigencia y como consecuencia lógica, al existir impedimento constitucional para ser ratificada para un tercer periodo, las actuaciones de la mencionada profesionista pueden ser tildadas por alguna de las partes contendientes en un juicio contencioso administrativo de ilegales”.

La magistrada Martha Elena Arce, en la misma situación

Los que impugnan informaron a la gobernadora que de igual manera el nombramiento de la magistrada Martha Elena Arce García termina el 17 de febrero de 2023, “toda vez que fue designada por un periodo de seis años, y en segundo lugar, que ese periodo es improrrogable”.
Añadieron que al igual que Godínez Viveros, Arce García a la fecha ha desempeñado por dos periodos el cargo de magistrada, “es decir, ha fungido como magistrada de Sala Regional y como Magistrada de Sala Superior, de ahí que una eventual ratificación de su actual nombramiento o permitírsele que continúe en el cargo con un nombramiento que ya no tiene vigencia, resultaría inconstitucional e ilegal, y como consecuencia su actuación sería inválida”.
En atención a ello, solicitaron a la gobernadora que ejerza sus facultades y proceda a cubrir las vacantes.