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Ya se prepara un diálogo con empresarios sobre temas que les afectan, anuncia el subsecretario

El subsecretario de Desarrollo Político y Social Francisco Rodriguez Cisneros en una sala de la Secretaría General de Gobierno en la entrevista con El Sur Foto: El Sur

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros, indicó que están en proceso de concretar una reunión con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) para el seguimiento de las mesas de trabajo que realizaron el año pasado, en respuesta a un reclamo de diferentes sectores económicos afectados por la violencia, huracanes y el incremento del costo de licencias y permisos comerciales.
Consultado en su oficina sobre la carta que asociaciones enviaron a la presidenta Claudia Sheinbaum, sobre el colapso económico en Acapulco, cierre de negocios en Chilapa y una invitación a la próxima feria de San Mateo, Navidad y Año Nuevo en Chilpancingo, para hablar de la situación que han padecido en los últimos años, el funcionario estatal informó que las autoridades discutieron esta situación.
Indicó que en reunión con el fiscal Zipacná Jesús Torres Ojeda, el secretario de Seguridad Pública, Daniel Antonio Ledesma Osuna, representantes del gobierno de México por medio de la Defensa Nacional, acordaron reunirse con los empresarios para informar las acciones que están emprendiendo y recibir de ellos sus opiniones.
Recordó que líderes empresariales también han reconocido antes, las acciones que ha hecho el gobierno del estado. “Siempre lo he dicho, que se dan incidencias en algunas regiones de la entidad, pero también se debe reconocer la labor que se hace, de acuerdo con la cifras oficiales, hasta septiembre, nosotros estamos reduciendo todos los índices de violencia, por la presencia importante de seguridad pública, con el apoyo del gobierno de México”.
Indicó que en Acapulco hay detenciones importantes de personas que se dedican a la extorsión y al secuestro.
Resaltó la intervención en Taxco, en alusión a la crisis del transporte público tras el asesinato de un conductor en enero de 2024, donde ya no hay registros de homicidios desde la intervención integral; “porque las denuncias se atiende desde la parte política como con las unidades (de seguridad pública)”, puntualizó.
Del incremento al costo de licencias y permisos comerciales que llevó al cierre de hoteles y restaurantes, aclaró que es un asuntos de los ayuntamientos y sus cabildos, porque los impuestos del gobierno del estado no han aumentado, “al contrario, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, ha mantenido una cercanía importante con los empresarios de Acapulco”.
Destacó que en Acapulco se está trabajando a marchas forzadas para que, cuando se celebre el próximo Tianguis Turístico en el puerto, haya resultados, aunado a las campañas para impulsar los destinos tradicionales del estado, y localidades de la Costa Chica y Costa Grande, con esta vocación.
Para actuar, por ejemplo, en Chilapa donde empresarios seña-laron la pérdida del emblemático tianguis de artesanos por la vio-lencia en 2016, el cierre del res-taurante Casa Pilla, tras 100 años de operación, Rodríguez Cisneros dijo que se tiene que hacer de la denun-cia un instrumento para actuar como ciudadanos y autoridades.
Recordó que en el primer diálogo con el Consejo Coordinador, los llamaron a presentar denuncias.
El 1 de enero de 2024, Salgado Pineda estuvo en una sesión del Consejo Coordinador Empresarial en Acapulco donde reconoció la intervención de los empresarios en la recuperación de Acapulco, tras el huracán Otis, a la que siguieron dos mesas de trabajo el 8 de agosto y 14 de noviembre, hace casi un año.
El subsecretario reconoció que hay temor, “pero es la parte que corresponde a la ciudadanía, para generar una cultura de la legalidad entre todos”.
Enfatizó que el reforzamiento con seguridad pública federal en Acapulco permitió bajar los índices de inseguridad, porque también hay quejas por los filtros de seguridad, que sí han tenido resultados.
Sin embargo, consideró que hace falta socializar los resultados y no generalizar una situación de violencia; ver cuántas empresas, negocios, personas han sido afectadas, y en ese sentido, se harán las valoraciones que se están haciendo acá”.
Recordó que ante los ataques a trabajadores de empresas transnacionales en Acapulco, hubo acciones inmediatas de gobierno, coordinadas, con resultados se contuvieron de inmediato en enero de este año.
Asimismo, dijo que han trabajado con los transportistas, después de los ataques a taxistas, se hicieron detenciones importantes a señalados por extorsión, así como con los empresarios de la masa y la tortilla, que también fueron acosados.
De la invitación a de la presidenta a la feria de San Mateo, Navidad y Año Nuevo en Chilpancingo, rodeada de eventos de violencia en la anterior edición, tras el asesinato del alcalde, Alejandro Arcos Catalán, que debía encabezar la organización, y luego del presidente del patronato, Martín Roberto Ramírez.
Indicó que Chilpancingo es una situación diferente, “aunque es un asunto que compete al gobierno municipal, la gobernadora directamente está revisando con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) la rehabilitación del recinto ferial, para desarrollar ahí la feria”.
De la seguridad de la feria, declaró que llegado el momento se establecerá una coordinación, como se hizo en la feria de Iguala, donde hubo señalamientos desde el anonimato, operó la coordinación para hacer uso de la tecnología de tomar una serie de medidas que le llaman “pasivas” para evitar situaciones de riesgo.
De las quejas de ganaderos que desde agosto señalaron problemas inseguridad y falta de controles de sanidad en el ingreso de ganado al estado, dijo que pidió al secretario de Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, información sobre los puntos de revisión, algunos con más actividad, para atenderlo también.
Reiteró el llamado a los sectores empresariales a agotar este proceso de interacción local, a continuar el acercamiento, con la disposición de la mandataria estatal a dialogar.

 

Pedirá Sheinbaum a García Harfuch ver el problema de la violencia en Cuajinicuilapa

Juan Luis Altamirano Uruñuela

Ciudad de México

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que hay un grupo para analizar el problema de seguridad en Guerrero y adelantó que le pedirá al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ponerse en comunicación con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para revisar la situación de Cuajinicuilapa.
Durante la conferencia matutina de este miércoles, a Sheinbaum Pardo se le mencionó que en el municipio no hay clases a consecuencia de la violencia.
Una reportera le señaló que el viernes pasado maestrows entregaron una carta al presidente municipal Hildeberto Salinas dirigida a la presidenta para so-licitar su intervención, y le preguntó si le llegó la comuni-cación y si tenía previsto enviar una comisión especial.
“Tenemos un grupo, un equipo que está viendo el tema general de Guerrero, pero para Cuajinicuilapa lo que haremos, en efecto, le diré hoy al secretario de Seguridad que se ponga en contacto con la gobernadora y que se pueda atender”, mencionó la presidenta.
El lunes pasado El Sur publicó como su nota principal que maestros de las escuelas de educación básica y bachillerato enviaron una carta a la presidenta y a la gobernadora Evelyn Salgado para que se atienda la violencia que se vive en el municipio y se pueda garantizar la seguridad para el retorno a clases.
En la comunicación se plantea que “tenemos casi tres meses sin clases presenciales, porque la situación de inseguridad y violencia ha creado psicosis entre nosotros. ¡Queremos regresar a clases presenciales ya! Por ello, les pedimos, encarecidamente y a nombre de nuestra comunidad, que atiendan de manera urgente y eficaz esta situación. Todas y todos se los agradeceremos”.
El 12 de noviembre se informó que después de casi un mes, el presidente municipal de Cuajinicuilapa, Hildeberto Salinas, regresó a funciones, tras recibir amenazas. Un día antes se informó que recibió protección de la Guardia Nacional para volver a sus funciones.

 

Rechazan trabajadores del Poder Judicial la reelección de Casarrubias en el TSJ

 

En una carta abierta a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, abogados litigantes y trabajadores del Poder Judicial del estado, se pronunciaron “en contra de las intenciones de que el magistrado Raymundo Casarrubias Vázquez, se perpetúe como magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ)”.
Lo acusan de que en su administración “han continuado las viejas prácticas de nepotismo y corrupción al interior de esta institución”.
El mandato de Casarrubias Vásquez terminó el 1 de noviembre, pero de acuerdo a los trabajadores del Tribunal, pretende reelegirse por un periodo más.
En el escrito que también va dirigido al presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, Jesús Urióstegui García, fechado el 8 de noviembre, los inconformes piden la omisión de sus nombres “por miedo a represalias a todos los que estamos manifestando nuestra inconformidad”.
“Condenamos que, tal como lo han publicado varios medios de comunicación, dentro del TSJ existe la intención para que Raymundo Casarrubias prolongue su periodo de manera indefinida contraviniendo lo establecido en la Ley, hasta que se homologue la ley federal sobre la Reforma al Poder Judicial y se haga la elección popular, que sería el próximo año”, refieren en su escrito.
Agregan: “Lanzamos un enérgico llamado al Pleno del Tribunal que lo conforman los 25 magistradas y magistrados del TSJ, para que, a la brevedad posible, cumplan con su obligación establecida en los artículos 103 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero y 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Guerrero Numero 129, que disponen que el Presidente del Tribunal Superior de Justicia debe ser elegido por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia de entre sus miembros en funciones como Magistrados”.
Indican que el mal manejo de recursos “derivó en que no se cumplieran las demandas laborales de los trabajadores del Poder Judicial, que realizaron protestas y paros de labores durante su administración, rechazamos categóricamente que el magistrado Raymundo Casarrubias Vázquez busque la reelección”.
Explican que Casarrubias Vázquez ya fue ratificado como magistrado del Tribunal Superior de Justicia por un segundo período improrrogable de ocho años, mediante el Decreto número 454, emitido por la Sexagésima Primera Legislatura del Honorable Congreso del Estado, el 11 de mayo de 2017.
Dicho periodo finaliza en mayo de 2025, “por ello, resulta jurídicamente inviable su reelección como Presidente del TSJ, dado que dejará de ser magistrado en mayo de 2025, lo cual le impediría cumplir con la condición indispensable de ser magistrado en funciones para concluir su periodo como presidente”. (Zacarías Cervantes /?Chilpancingo).

 

Critica activista LGBTIQ+ que colectivo avalara registro en candidaturas de Morena

José Miguel Sánchez

Chilpancingo

El activista por los derechos de las poblaciones LGBTIQ+, Alberto Serna Mogollón, denunció que la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, Gloria Citlali Calixto Jiménez, quien busca la reelección por la vía plurinominal, usurpa un espacio de acción afirmativa destinado a la comunidad.
El pasado jueves 4 de marzo, Serna Mogollón informó que solicitó al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) una lista con los nombres de todos y todas las candidaturas registradas por acciones afirmativas para las poblaciones LGBTIQ+.
El objetivo de dicha solicitud, de acuerdo con el activista, es denunciar pública y legalmente a las personas heterosexuales que se registraron como LGBTIQ+ para usurpar el espacio.
Derivado de esa solicitud, la tarde ayer martes, en conferencia de prensa, Serna Mogollón denunció que en Morena, Calixto Jiménez y su suplente Alma Jessica Pérez Vargas, se autoadscribieron como personas bisexuales sin serlo para registrarse como una acción afirmativa.
“Nos llevamos otra gran desilusión, o se llevan mis amigos de Morena otra gran desilusión porque en la lista aparece como candidata a diputada plurinominal la actual diputada del Congreso de Guerrero Citlali Calixto y se autoadscribe a sus 25 años como bisexual”.
El activista agregó que Calixto Jiménez usurpa un espacio que no le corresponde, al igual que el presidente estatal de Morena, también diputado local, Jacinto González Varona, que en las elecciones del 2021 se registró como acción afirmativa LGBTIQ+.
“Respeto mucho su preferencia sexual, si es bisexual de clóset, pero las acciones afirmativas son únicamente para para las personas LGBT abierta, no queremos candidatos closeteros, ya tuvimos a Jacinto González Varona, quien es el presidente actual de Morena que usurpo y sigue usurpando un espacio porque se registró como acciones afirmativas en el 20212”.
En la conferencia, Serna Mogollón presentó la carta de autoadscripción de Calixto Jiménez, donde se asume como persona bisexual y una carta de respaldo del colectivo Orgullo Guerrero, firmada por el secretario de dicha organización, Uriel Mena Flores, documentos con los que la diputada se registró a la reelección por acciones afirmativas LGBTIQ+.
Mena Flores es activista por los derechos de las poblaciones LGBTIQ+ y Morena lo registró como candidato a regidor de Chilpancingo, y su suplente es el también activista y presidente del colectivo Orgullo Guerrero, Juan Carlos Salvador López.
“Que decepción tan grande nos llevamos con el grupo LGBT Orgullo Guerrero, que lo fundó nuestro amigo Orlando Pastor que en paz descanse, si Orlando Pastor viviera se revolcara ante este agravio que han hecho en contra”, sostuvo.
“Es un retroceso que nuestro compañero Uriel Mena Flores, secretario de esta organización gay, haya avalado esta usurpación, es un retroceso a nuestra lucha de más de 25 años en los que tratamos de equiparar los derechos políticos electorales”.
El activista dijo que llamarán a las dirigencias de los partidos a reconsiderar dichas postulaciones y de no hacerlo las impugnarán ante el Tribunal Electoral del Estado.
Agregó que ni González Varona, ni Calixto Jiménez apoyaron a las poblaciones LGBTIQ+ y que si la actual legislatura aprobó el matrimonio igualitario en el 2022, fue por una iniciativa presentada por la diputada de Morena, Yoloczin Domínguez Serna, la entonces priista Gabriela Bernal Reséndiz, y el cabildeo realizado entre los activistas y los coordinadores parlamentarios del PRI y el PRD.
“Si la diputada (Calixto Jiménez) tuvo ya tres años en esta legislatura y no ha hecho absolutamente nada, ni un punto de acuerdo a favor de las poblaciones LGBT, que votó a favor del matrimonio, claro, que bueno, pero no fue un favor que nos haya hecho, porque entonces también el PRI votó, también los del PRD, ella no nos ha ayudado en nada”, agregó.
También acusó a González Varona de avalar la usurpación de espacios y aprovecharse de las acciones afirmativas desde el 2021.
Serna Mogollón militó en Morena y actualmente es candidato de Movimiento Ciudadano a un regiduría por Acapulco, aunque aseguró, que sus aspiraciones políticas nada tienen que ver con la demanda contra las candidaturas.
A la conferencia de prensa lo acompañó el suplente de González Varona, Fernando Agüero García, quien apoyó la postura de Serna Mogollón y aseguró que continuarán con denunciar públicamente y legalmente las candidaturas usurpadas a las acciones LGBT.

 

Le pidió Félix la renuncia, dice ex subsecretario de Gobierno en carta enviada a la gobernadora

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

En una carta enviada a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, el ex subsecretario de Desarrollo Político y Social de la Secretaría General de Gobierno estatal, Oscar Chávez Rendón, confirmó que quien le pidió su renuncia fue el senador Félix Salgado Macedonio a cambio de que aceptara la dirección del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guerrero (Cecytec), cargo que rechazó.
A un día de que la encargada de despacho de la secretaría general de Gobierno, Anacleta López Vega, le tomó la protesta a Francisco Rodríguez Cisneros, ex director general de Gobernación, como titular de la subsecretaría que ocupaba Chávez Rendón, éste dio a conocer que fue presionado para que renunciara al cargo.
La carta tiene fecha del 3 de abril y está dirigida a la gobernadora Salgado Pineda.
Dice: “En atención a la llamada telefónica del senador Félix Salgado Macedonio, padre de usted, en el sentido de la urgente necesidad de ocupar por parte del personal del equipo de la Dra. Anacleta López Vega”, el espacio de subsecretario de Desarrollo Político y Social de la Secretaría General de Gobierno, que usted me confirió el día 01 de febrero de 2022, presento a usted mi renuncia con carácter de irrevocable”.
Agrega: “Dada la enorme responsabilidad que implica gobernar una entidad federativa, y el haberme hecho parte de ese equipo hasta este día, y por los valores y principios comprometidos para proveer al estado de paz y desarrollo, es indispensable para mí, dejar establecido lo siguiente:
“Durante el periodo que he desempeñado el cargo, lo he realizado de tiempo completo, poniendo toda mi experiencia, relaciones, creatividad, compromiso y profesionalismo, con resultados positivos, evaluables y medibles, que han contribuido a la muy difícil gobernanza de Guerrero, aún y cuando nunca se tuvo el respaldo de mi superior inmediato para contar con las condiciones mínimas para la obtención de mejores resultados”, reprochó en referencia al ahora exsecretario de Gobierno Reynoso Núñez.
Añade: “En reiteradas ocasiones, propuse ideas e iniciativas, para establecer estrategias que permitieran contribuir a detener el deterioro vertiginoso de todos los órdenes de la vida social y de convivencia de nuestro Estado, encontrando siempre como respuesta el desinterés y la falta de compromiso”.
Enseguida, denuncia que a cambio de dejar la subsecretaría, el senador Salgado Macedonio le “ofreció” la dirección del Cecyteg, “por lo que rechacé tal propuesta, pues no es una indicación de usted”, le dice a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
El ex funcionario expresa que para él, el compromiso con Guerrero no es asunto de cargos o representaciones, “sino de convicciones profundas que rebasan lo material o banal; un anhelo al que he dedicado la mayor parte de mi vida: ver un día a mi estado en paz, con gobernabilidad y transformado, donde nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos puedan vivir sin temor y disfruten de esta bella tierra suriana”.
El ahora ex subsecretario Chávez Rendón dice a la gobernadora en su carta que la seguirá apoyando “desde mi trinchera, pues conozco y reconozco en usted a una mujer íntegra y trabajadora, comprometida con nuestro estado”.
En tanto, fuentes de la dependencia estatal informaron ayer que quien sigue manteniendo el control en la Secretaría de Gobierno es el ex secretario de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, quien en los hechos es el asesor de la secretaria López Vega, así como el ahora subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros, el nuevo director de Gobernación del estado, Juan Méndez Nogueda y el ahora delegado de Gobierno en la zona Centro, Rafael Julián Arcos, quienes son incondicionales de Reynoso Núñez.
Los integrantes de este grupo son afines al senador y padre de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, Félix Salgado Macedonio, y según se dijo, no sólo controlan los asuntos políticos, sino los recursos financieros “de manera extralimitada y sin la rendición de cuentas”.

 

Urgen el IEPC y partidos al gobierno estatal el pago de 26 millones; hay actividades afectadas

Redacción

Integrantes del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) realizaron un llamado urgente a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para efectuar el pago del adeudo que tiene con el organismo.
“Expresamos nuestra y nuestra más enérgica inconformidad, por la omisión de pago de recursos autorizados en que la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado ha incurrido con este organismo electoral”, indicaron en una carta que se difundió el sábado, dirigida a la gobernadora y a la opinión pública.
No obstante, la presidenta del IEPC, Fabiola Matildes Gama, informó ayer que hasta este lunes no ha habido respuesta del gobierno del estado a ese posicionamiento.
Se detalla que a la fecha se adeuda a este organismo un monto de 26 millones 563 mil 452 pesos que corresponden al pago del financiamiento público a partidos políticos, así como gasto de operación y proyectos de este organismo electoral, no obstante que en un ejercicio de planeación, dichos recursos fueron proyectados, presupuestados, autorizados y calendarizado su pago, con toda oportunidad y cumpliendo con todas las formalidades que la ley establece.
Sostuvieron que en el transcurso del año la ministración de dichos recursos presentó retrasos en la transferencia por parte de la Secretaría de Finanzas en los pagos que mensualmente se debieron realizar a este instituto, lo que provocó retardos en la ejecución de diversas actividades fundamentales para la organización electoral en la entidad.
“Es necesario señalar que la falta de pago de los recursos autorizados afecta sensiblemente a cientos de familias que a esta fecha no perciben sus salarios y prestaciones laborales, a actividades preparatorias de la elección y, con esto último, a la vida democrática en nuestra entidad”.
La carta la firman los consejeros electorales, encabezados por la presidenta Luz Fabiola Matildes Gama y los representantes de los partidos políticos en el organismo electoral, a excepción de Morena, que no aparece en el documento.
Firman los representantes del PRI, PRD, PAN, PT, PVEM, MC, Partido México Avanza, Partido Fuerza por México, Partido de la Sustentabilidad Guerrerense, Encuentro Solidario, Alianza Ciudadana, Movimiento Laborista, Bienestar Guerrero, Partido Regeneración, Representante del Pueblo Afromexicano y Representante de los Pueblos y Comunidades Originarias.
La presidenta del IEPC, Fabiola Matildes Gama, informó este lunes que no ha habido comunicación de gobierno del estado, tras el posicionamiento de organismo difundido el sábado, donde el organismo expresó su preocupación y enérgica inconformidad por la omisión de pagos de recursos autorizados para el ejercicio fiscal 2023.
Confirmó que tampoco, hasta este lunes primero del año, se realizó el depósito el financiamiento público que las ministraciones que se adeuda a partidos políticos de medio mes de octubre, noviembre y diciembre del año pasado, que quedaron pendientes al cierre del año.
Por separado, se trató de tener una reacción vía telefónica del secretario de Sefina, Raymundo Segura Estrada y del secretario general de gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, sobre la denuncia pública del IEPC. En ninguno de los dos casos se tuvo respuesta.

 

Desconoce AMLO carta de padres de los 43 de apoyo al Centro Prodh, y reitera sus críticas

Juan Luis Altamirano Uruñuela

Ciudad de México

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aceptó que no ha revisado la respuesta de padres y madres de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, donde respaldan al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
Durante la conferencia de prensa matutina de este jueves, al presidente se le preguntó sobre el conteo de los desaparecidos en México y su crítica al Centro Prodh, donde se le indicó si había visto la respuesta de los padres donde apoyan al Centro, a lo que respondió con un “no”.
“No. Estoy esperando porque teníamos una reunión con padres de Ayotzinapa y de repente no participaron”.
El 14 de diciembre López Obrador aseguró que se mantenía comunicación con los padres y madres de los 43, además de que un día después sostendrían una reunión con el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina.
Ante esto le aseguraron que los padres y madres de los desaparecidos no consiguieron un camión para transportarse. López Obrador adelantó que en la conferencia del próximo 27 de diciembre presentará el documento donde el Prodh celebró la sentencia donde se liberaron a supuestos involucrados en la desaparición por sufrir tortura.
“Voy a traer el documento del Prodh sobre la sentencia, de cómo, lo explico así, una persona solicita un amparo, pide la protección de la justicia porque sostiene que fue torturado. El juez, en este caso magistrados, le dan al Ministerio Público diez días de plazo para que presente el Protocolo de Estambul a sabiendas de que era imposible. El Ministerio Público pide ampliación del plazo, se le niega y en automático dejan en libertad a esta persona, al primero. Y como se sentó el precedente con esta sentencia, se deja en libertad a 63 más. Pero voy a traer el documento”, prometió.
De igual forma se le planteó si sostendría una reunión con el Centro Prodh y otra con los padres, a lo que señaló que aceptaría que los representantes del Centro puedan responder a los señalamientos sobre una supuesta defensa de las personas que estuvieron involucradas en la desaparición.
“Claro que sí, que vengan aquí y digan por qué. Por qué a partir de ahí se dejó en libertad a quienes, me consta, porque después participaron como testigos protegidos y aseguran que habían ellos actuado en la desaparición de los jóvenes”.
Añadió que el origen de las liberaciones de los presuntos responsables de participar en la desaparición de los 43 normalistas, se basa en la sentencia la cual afirma que fue celebrada por organizaciones sociales.
“El origen legal de esas liberaciones de responsables (de la desaparición de los normalistas), es esa sentencia, que celebraron. Es gravísimo porque por un lado argumentando que habían sido torturados, se libera a responsables y por el otro se deja sin justicia a quienes también ellos presuntamente o supuestamente o realmente defienden, que son los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa”.
Argumentó que tras las detenciones de militares y del ex procurador Jesús Murillo Karam, hubo oposición de organizaciones bajo el argumento de no seguir los procedimientos penales.
“Lo que más me sorprende es que se detiene a Murillo Karam, incluso a militares y en vez de decir ‘se está actuando en contra de los que crearon la Verdad Histórica’, porque Murillo Karam se responsabiliza él mismo, él dice ‘yo soy el responsable con Zerón’. Entonces, se le detiene y en vez de decir ‘qué bien que durante mucho tiempo se mantuvo la impunidad y se termina aquí’, se oponen”, afirmó.
El presidente aseguró que de no haber tomado las decisiones y acciones que se realizaron, “no hubiésemos detenido a nadie”, comentando que de lo contrario hubieran seguido de rehenes.
Reiteró su petición de que el gobierno de Israel extradite al ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio por su participación en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
Al presidente se le preguntó sobre la ausencia de una postura de México en el conflicto armado de Israel y Palestina y si se debía por la búsqueda de la extradición de Zerón, a lo que aseguró que no hay ningún acuerdo “vergonzoso” con ningún gobierno y que la política exterior mexicana se basa en la Constitución.
“O porque tienen a Zerón y a otro mexicano y estamos buscando que los envíen. He dirigido dos cartas a dos primeros ministros de Israel, planteándoles que se extradite a Zerón por tortura y por otros delitos, a dos”.
Añadió que ha mandado dos cartas a dos primeros ministros de Israel reprochando que el gobierno del país tenga resguardado a una persona acusada de tortura, reiterando que no existen acuerdos no conocidos.
“En las cartas les digo que es una vergüenza que Israel proteja a un torturador. Entonces no hay ningún acuerdo en lo oscurito, también para que esto quede claro, es una decisión que hemos tomado, que consideramos es lo más adecuado” mencionó.

Revisa la SSPC la petición de libertad de la activista presa Kenia Hernández: AMLO

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el caso de la activista detenida Kenia Hernández, es revisado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y su titular Rosa Icela Rodríguez.
En la conferencia de prensa matutina de este jueves, se le indicó al presidente que en el caso de Hernández, buscaron hacer un acuerdo reparatorio con Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la dependencia se negó, además de cuestionar a quien pertenece la concesión de Viaducto Bicentenario en el Estado de México.
Ante esto el presidente López Obrador adelantó que solicitarán a la Secretaría de la Función Pública (SFP) la información sobre el Viaducto y remarcó que Rosa Icela Rodríguez revisa el caso de Kenia Hernández.
“Vamos a pedirle a la Función Pública que nos informe. Y el otro tema, de la señora que está detenida (Kenia Hernández), con Rosa Icela, que sí me consta que lo está viendo”, afirmó el mandatario.
Señalaron que hubo un recibimiento por parte de la secretaria y el equipo de trabajo y les habían asegurado que no pueden ir más allá debido a que Capufe se niega a aceptar un acuerdo reparatorio, a lo que López Obrador indicó que “lo vamos a ver, lo vamos a ver con Rosa Icela”.
Por su parte el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño, reiteró la postura de que Rosa Icela Rodríguez es quien revisa el caso de la activista Kenia Hernández. Además señaló que la concesión es operada por el gobierno estatal.
“La concesión está operada por el gobierno del estado. Hubo un convenio que se firmó antes de que yo asumiera como subsecretario, el convenio ha sido validado tanto por la parte de la Función Pública y entregamos toda la información a la Fiscalía General de la República”, declaró.
Kenia Hernández es activista y se encuentra privada de la libertad en el penal federal de máxima seguridad en Morelos desde octubre de 2020. En julio de 2022 señaló que ha vivido 14 violaciones graves de derechos humanos en la cárcel, además de que la han mantenido incomunicada con familiares y representantes legales.

 

Sin presupuesto desde su instalación, el municipio Ñu Saavi; protestarían en el informe de Evelyn

Integrantes del Cabildo instituyente del municipio Ñu Saavi, con cabecera en Coapinola, antes de Ayutla, el regidor Inocente Morales, la síndica Eusebia de los Santos y el presidente Donaciano Morales en conferencia de prensa afuera del Congreso del estado Foto: Jessica Torres Barrera

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Integrantes del cabildo instituyente del nuevo municipio Ñu Saavi, con cabecera en Coapinola, antes municipio de Ayutla, entregaron ayer su Bando de Policía y Buen Gobierno y el Estudio Financiero Presupuestal al Congreso local, documentos que les pide la Secretaría de Finanzas del Gobierno estatal para que les autorice el presupuesto proporcional que les corresponde para este año.
Al salir, encabezados por su presidente Donaciano Morales Porfirio, denunciaron en conferencia de prensa que desde hace dos meses que entraron en funciones están trabajando sin presupuesto.
Advirtió que si siguen sin respuesta, podrían venir con la gente de las comunidades a manifestarse el día de su informe, el 26 de octubre.
Asimismo están elaborando un oficio dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador, y que quieren llevárselo “caminando si es necesario de aquí (Chilpancingo) hasta México, a ver si así regañan a la gobernadora, porque el presidente de la República siempre ha defendido a los pueblos originarios, siempre ha dicho que primero los pobres y aquí no se está viendo eso, estamos abandonados y discriminados totalmente”.
“El gobierno del estado y el Congreso local nos están dejando solos, nos están discriminando, no nos quieren autorizar el presupuesto proporcional que nos corresponde este año”.
Dijo que incluso la gobernadora Evelyn Salgado Pineda no les recibe las llamadas telefónicas y no ha dado respuesta a una solicitud de audiencia, que presentaron por escrito.
El presidente municipal recordó que desde el 31 de agosto del 2021 fue creado su municipio y el 23 de agosto pasado tomaron protesta como cabildo instituyente y se instalaron como tal el 25 de agosto.
“Ya vamos para dos meses funcionando conforme a la ley y no hemos recibido ningún centavo de parte del gobierno del estado, desde el 25 de agosto estamos trabajando de manera gratuita y voluntaria”.
Aseguró que como autoridades municipales ya están prestando servicios como el agua potable, drenaje, alcantarillado, panteones, servicios de salud y rehabilitación de las carreteras que están en malas condiciones por la temporada de lluvias.
“Nosotros estamos cumpliendo con nuestra obligación como nos mandata la Constitución, desgraciadamente en el gobierno del estado no ven eso, nos están dejando solos, sin ningún centavo, estamos prestando los servicios con nuestros propios recursos”, se quejó.
Declaró que ayer entregaron los documentos al Congreso local que les pidió la Secretaría de Finanzas del gobierno del estado, y esperan que ya les autoricen los recursos.
“Ojalá que el gobierno del estado y la gobernadora, por lo menos volteen los ojos a nosotros como pueblos originarios porque sentimos que nos están discriminando, que nos están dejando sin nada”.
Donaciano Morales explicó que proyectaron más de 50 millones de pesos como presupuesto para todo el año, pero que saben que de esa cantidad sólo les corresponde el recurso proporcional, “y esperamos que nos entreguen por lo menos lo que nos corresponde de manera para gasto corriente, seguridad y obra pública”.
Informó que están considerando que el presupuesto proporcional que les corresponde de los 50 millones del 2023 sería de entre seis a siete millones de pesos.
La sindica procuradora, Eusebia de los Santos Hermelinda, reprochó que están viendo que lo que siempre dice la gobernadora Evelyn Salgado Pineda de que primero los pobres y primero los pueblos indígenas es falso, “porque nosotros ya somos parte de un nuevo municipio pero hemos dado muchas vueltas para entregar los documentos que ellos nos piden y todavía no tenemos una respuesta concreta a lo que queremos”.
Dijo que los 37 pueblos que integran el nuevo municipio los están presionando, “tengamos o no recursos ellos, los pueblos, nos exigen los servicios”.
El regidor de Educación Inocente Morales Álvarez, se quejó que a dos meses de que tomaron protesta no pueden atender ninguna de las necesidades de los pueblos porque no han recibido los recursos que les corresponden para este año.
“Por eso exigimos a nombre del municipio Ñu Saavi que atienda nuestra preocupación porque la verdad ya llevamos dos meses sin ningún recurso y, sin embargo, estamos atendiendo a las 37 comunidades que están dentro de nuestro nuevo municipio”.
El alcalde advirtió: “Si vemos que no hay respuesta, la verdad los pueblos nos están pidiendo que participemos en el informe de la gobernadora y vamos a participar, pero no solamente el cabildo, si no quieren participar la gente de los pueblos”.
Reprochó que desde el 4 de septiembre entregaron un oficio dirigido a la gobernadora en el que le piden una audiencia, “desgraciadamente no tenemos respuesta, yo me he estado comunicando casi a diario con su secretario particular y con su asistente y no hay respuesta, entonces yo creo que hay también parte de culpa de la maestra”.

 

“Exagera” Vidulfo Rosales al comparar el informe reciente con la Verdad Histórica: AMLO

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ayer en la conferencia matutina en Palacio de Gobierno Foto: Agencia Reforma

Juan Luis Altamirano Uruñuela

Ciudad de México

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el abogado de los padres y madres de familia de los 43 normalistas desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra, exageró al decir que tras la reunión de este lunes en Palacio Nacional, les dieron una postura más cercana a la llamada Verdad Histórica.
“El abogado salió a decir, desde luego respeto su punto de vista pero no lo comparto, de lo que se dijo aquí fue algo muy similar a la llamada Verdad Histórica, creo que exageró, se confundió porque nosotros tenemos principios, tenemos ideales y hablamos con la verdad”.
Después de la reunión sostenida este lunes entre los padres con la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez además del subsecretario Alejandro Encinas, Vidulfo Rosales mencionó que fue el funcionario quien dio lectura a una narrativa que les acercaba más a la Verdad Histórica que a los más recientes avances en las investigaciones.
“Alejandro Encinas lee una narrativa de donde estamos en este momento. Una narrativa que se acerca más a la Verdad Histórica que a los nuevos hechos. Refiere que los estudiantes iban infiltrados, que se trataba de una disputa entre los bandos del crimen organizado, reduciendo totalmente la responsabilidad al crimen organizado y a un aspecto meramente local, dejando por fuera al Ejército, al único al que se le finca responsabilidad es al capitán Martínez Crespo, fuera de ahí no aparece ningún militar más con responsabilidad”, reveló Vidulfo.
Durante la conferencia de prensa matutina de este martes, el presidente aceptó que se tienen diferencias con los padres en la entrega de información clave por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), agregando que la institución ya dio toda la información que tienen.
“Ayer se tuvo una reunión con los padres, con los abogados, asesores y me había comprometido a entregar toda la información, tenemos diferencias. Ellos insisten en que el Ejército no está cooperando, que no quieren que se sepan los hechos, yo no estoy de acuerdo con eso porque el Ejército ha entregado toda la información que tiene y ha ayudado mucho a esclarecer estos casos”.

La carta

López Obrador proyectó una carta que sería entregada a los padres, incluyendo grabaciones y una relatoría de los hechos. En la carta se tocan cuatro puntos fundamentales: la entrega del informe de la Sedena, la entrega de las grabaciones proporcionadas por el gobierno de Estados Unidos, la relatoría realizada por el gobierno y el compromiso del presidente de mantener los trabajos de investigación.
“Por último, les manifiesto que mantengo convicciones y principios, que es lo que estimo más importante en mi vida y nunca jamás traicionaré la confianza de ustedes y del pueblo de México”, así finalizó López Obrador la carta a los padres.
En la carta firmada por el mandatario, asegura que la relatoría que dio lectura Alejandro Encinas sobre la desaparición ocurrida el 26 de septiembre de 2014 y los días posteriores “se aleja de la llamada Verdad Histórica”. En la conferencia mencionó que al comparar la información presentada por la anterior administración con la presente, hay cambios.
“Por supuesto, dicha versión se aleja de la llamada versión histórica” leyó en la carta y agregó: “Que es lo que dijo el abogado, que lo que está aquí en la relatoría es muy cercana a la versión de la Verdad Histórica. Entonces ustedes van a leer la Verdad Histórica, seguramente está y van a conocer la relatoría que nosotros presentamos ayer y ustedes, todos, van a tener elementos para tener un criterio. Lo que no queremos es ocultar ninguna información porque si no, se cae la manipulación”, precisó.
López Obrador agrega que en el informe del Ejército “se reitera el compromiso de continuar la búsqueda de otros escritos para no dejar ninguna duda sobre el manejo transparente y el recto proceder de esta institución del Estado mexicano”.
El segundo punto de la carta de López Obrador dice que este 25 de septiembre también se les va a entregar “las grabaciones proporcionadas por el gobierno de Estados Unidos, vinculadas directa o indirectamente con el caso de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa”.
En el tercer punto el presidente de México les dice a los padres de los 43: “considero de especial interés el que ustedes conozcan la primera versión o relatoría que hemos laborado de manera conjunta en el gobierno que represento para ir formulando una idea que, complementada y sustentada con pruebas, nos lleve a un mayor acercamiento a lo que realmente sucedió la noche del día 26 de septiembre de 2014 y los días posteriores, por supuesto, dicha versión se aleja de la llamada verdad histórica”.
En el cuarto punto, López Obrador les reitera su compromiso de seguir la investigación “hasta encontrar a los jóvenes desaparecidos”, en coordinación con la Unidad Especial de la Fiscalía General de la República (FGR) para el caso Ayotzinapa y la FGR.

La información del Ejército

El presidente aseguró que le llamó la atención que los padres no recibieran el informe que estaba preparado por parte del secretario Luis Cresencio Sandoval, además de señalar que el informe se hará público.
“Hoy vamos a entregar, porque ellos no quisieron recibir el informe ayer, nosotros queremos que se conozca el informe. Porque me entregaron un escrito pidiéndome información de documentos que supuestamente el Ejército no ha entregado y pedí al secretario de Defensa un informe detallado que me entregó y ellos no quisieron recibir ese informe ayer”.
Respecto a la transcripción de una intercepción telefónica realizada por el Ejército el 26 de septiembre de 2014, en el que se indica que se llevaban a 17 jóvenes a las 10 de la noche, el presidente aceptó que recibió el documento por parte del secretario Sandoval y se lo entregó tanto a padres como a los representantes legales.
Incluso aseguró que la entrega de la transcripción generó molestia entre abogados y asesores por el contenido de la misma y los padres buscan tener la grabación, misma que no se tiene pero se está buscando el archivo.
“Ahora lo que quieren es la grabación y resulta que el documento aparece en los archivos, pero no hay grabación. Eso es lo que hay que ver y estamos investigando, pero existe el documento. Lo que tenemos no lo podemos, ni debemos ocultar, sin embargo, es: ¿a ver, a dónde está la grabación? Pues se está buscando”.
Sobre una falta de jerarquización y de cumplimiento de indicaciones del presidente al Ejército para brindar la información, López Obrador señaló que “yo estoy ordenando las cosas y me hacen caso”.
En lo correspondiente al proceso de extradición del ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, el presidente López Obrador señaló que ha enviado cartas a dos primeros ministros de Israel y le han respondido que si habrá cooperación.
“También se está buscando que lo envíen. Le he escrito dos cartas a dos primeros ministros de Israel y que sí, que van a ayudar, que van a cooperar, pero son intereses, porque están protegiéndolo. Y es muy lamentable que no se avance en este caso, cuando este señor participó en actos de tortura. Y no puede el gobierno de Israel protegerlo, ningún gobierno puede proteger a un torturador y mucho menos Israel”.
El presidente afirmó que en caso de que su movimiento hubiera ganado en 1988 o en 2006, la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa nunca hubiera pasado.
“¿Qué fue lo que produjo lo de Ayotzinapa? El autoritarismo del Estado. Pero antes de Ayotzinapa ya habíamos pasado por dos elecciones y las organizaciones no gubernamentales y de derechos humanos llamaban a no votar por nosotros. Si nosotros hubiésemos estado desde el 88, desde el 2006, nada de eso hubiese sucedido, porque ahora que estamos nosotros no hay masacres, no hay tortura, no hay persecución a nadie”.

No atiende la SEG a los padres de familia de la primaria en Ahuixtla, en Chilapa, denuncian

Por segundo día consecutivo, padres de familia de la comunidad de Ahuixtla, municipio de Chilapa, que exigen el cambio de cuatro maestros porque no dan clases de manera regular, fueron ignorados por representantes de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG).
Una comisión de 20 padres de familia de la primaria Benito Juárez, en Ahuixtla, llegó a las 10 de la mañana a las oficinas de la delegación de la dependencia para pedir una audiencia con el delegado regional de servicios educativos, Jerónimo Maurilio Morales.
El representante de los padres de familia y gestor de la comunidad, Margarito González Nava, informó que el martes les pidieron que acudieran a la delegación, para plantear la exigencia a Maurilio Morales. “Confiamos y llegamos, pero nos dijeron que no está”, explicó.
Dijo que le llamaron por teléfono al funcionario, pero que les respondió que no tenía tiempo para atenderlos.
“Dice que no tiene tiempo, de cuando va a ir a dar una vuelta (a la comunidad) y a final de cuentas no nos dice nada. Dijo que no, totalmente no tiene tiempo, no sabe cuándo y no se compromete”, afirmó el representante de la comunidad. “Exigimos cambio de maestros, no queremos a los que estaban, ya el pueblo decidió”, insistió.
Los padres de familia han exigido ya en tres ocasiones el cambio de los cuatro maestros que atienden a 142 alumnos de la primaria Benito Juárez, argumentando que de septiembre a diciembre de 2017 no subieron a trabajar y que a partir de enero han ido sólo a dos días a la semana.
Los padres informaron que ante la falta de respuesta en Chilapa, enviarán un documento al secretario de Educación, José Luis González de la Vega Otero, y que una vez que les sea recibido le darán dos días para su respuesta o de lo contrario, advirtieron, tomarán la delegación de la SEG en Chilapa o cerrarán la vía Chilpancingo-Tlapa. (Luis Daniel Nava / Chilapa).