El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), respondió que los cuestionamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre su participación en el caso Ayotzinapa son falsos, una reacción a que no ha callado sus señalamientos al Ejército y confirman que apoya la llamada “verdad histórica” que tanto critica.
Mediante un comunicado de prensa, el prestigioso colectivo resaltó que en su conferencia de prensa de este jueves, el presidente dedicó 20 minutos a hacer señalamientos con información falsa.
“Lamentamos las descalificaciones genéricas e injustas a nuestro trabajo de más de 35 años en la defensa de los derechos humanos en México. Sin duda obedecen a que no hemos callado nuestros señalamientos sobre la persistencia en el presente de la impunidad, la violencia y el encubrimiento al Ejército” en el caso Ayotzinapa, subrayó.
De igual forma agregó que “so-bre el caso Ayotzinapa, precisamos que lo dicho en la conferencia es falso. Nuestra labor, junto con otras organizaciones respetadas de la sociedad civil, ha sido defender los intereses y derechos de las familias, poniendo a las víctimas al centro”.
Destacó que esta postura de defensa “nos ha llevado a denunciar la existencia de la tortura en la investigación inicial que llevó a la Verdad Histórica, que paradójicamente, es la que hoy respalda el presidente de la República en sus dichos”.
Aclaró que no han puesto ningún recurso contra el nombramiento de Teresa Guadalupe Reyes como titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, y que sí señalaron, y lo seguirán haciendo, que el procedimiento mediante el cual fue designada no fue el adecuado.
Reiteró que lamenta las “falsedades y descalificaciones” que son especialmente graves por venir directamente del presidente de la República, y subrayó que continuará su labor apartidista con el pleno respaldo de la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús y se guía por los estándares internacionales de defensa de los derechos humanos.
Rechazan jesuitas señalamientos
La Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús expresó su rechazo a los comentarios del presidente contra el Centro Prodh.
En un comunicado, indicó que el Prodh es la voz autorizada de los jesuitas para hablar de los derechos humanos en el país y recordó que por 35 años “ha desempeñado su labor con un alto grado de profesionalismo, siempre del lado de las víctimas. Su esencia no ha cambiado”.
“Rechazamos enfáticamente las descalificaciones injustas hacia su valiosa labor”, subrayó y extendió su respaldo a Mario Patrón y a Santiago Aguirre, los últimos dos directores laicos del Centro.
Hizo un llamado a todas las autoridades del país a generar un clima propicio y de respeto hacia las personas defensoras de derechos humanos.
“La Compañía de Jesús apuesta al diálogo y no a la descalificación”, insistió. (Victor Osorio / Agencia Reforma / Ciudad de México).
El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ayer en la conferencia matutina en Palacio de Gobierno Foto: Agencia Reforma
Juan Luis Altamirano Uruñuela
Ciudad de México
El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el abogado de los padres y madres de familia de los 43 normalistas desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra, exageró al decir que tras la reunión de este lunes en Palacio Nacional, les dieron una postura más cercana a la llamada Verdad Histórica.
“El abogado salió a decir, desde luego respeto su punto de vista pero no lo comparto, de lo que se dijo aquí fue algo muy similar a la llamada Verdad Histórica, creo que exageró, se confundió porque nosotros tenemos principios, tenemos ideales y hablamos con la verdad”.
Después de la reunión sostenida este lunes entre los padres con la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez además del subsecretario Alejandro Encinas, Vidulfo Rosales mencionó que fue el funcionario quien dio lectura a una narrativa que les acercaba más a la Verdad Histórica que a los más recientes avances en las investigaciones.
“Alejandro Encinas lee una narrativa de donde estamos en este momento. Una narrativa que se acerca más a la Verdad Histórica que a los nuevos hechos. Refiere que los estudiantes iban infiltrados, que se trataba de una disputa entre los bandos del crimen organizado, reduciendo totalmente la responsabilidad al crimen organizado y a un aspecto meramente local, dejando por fuera al Ejército, al único al que se le finca responsabilidad es al capitán Martínez Crespo, fuera de ahí no aparece ningún militar más con responsabilidad”, reveló Vidulfo.
Durante la conferencia de prensa matutina de este martes, el presidente aceptó que se tienen diferencias con los padres en la entrega de información clave por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), agregando que la institución ya dio toda la información que tienen.
“Ayer se tuvo una reunión con los padres, con los abogados, asesores y me había comprometido a entregar toda la información, tenemos diferencias. Ellos insisten en que el Ejército no está cooperando, que no quieren que se sepan los hechos, yo no estoy de acuerdo con eso porque el Ejército ha entregado toda la información que tiene y ha ayudado mucho a esclarecer estos casos”.
La carta
López Obrador proyectó una carta que sería entregada a los padres, incluyendo grabaciones y una relatoría de los hechos. En la carta se tocan cuatro puntos fundamentales: la entrega del informe de la Sedena, la entrega de las grabaciones proporcionadas por el gobierno de Estados Unidos, la relatoría realizada por el gobierno y el compromiso del presidente de mantener los trabajos de investigación.
“Por último, les manifiesto que mantengo convicciones y principios, que es lo que estimo más importante en mi vida y nunca jamás traicionaré la confianza de ustedes y del pueblo de México”, así finalizó López Obrador la carta a los padres.
En la carta firmada por el mandatario, asegura que la relatoría que dio lectura Alejandro Encinas sobre la desaparición ocurrida el 26 de septiembre de 2014 y los días posteriores “se aleja de la llamada Verdad Histórica”. En la conferencia mencionó que al comparar la información presentada por la anterior administración con la presente, hay cambios.
“Por supuesto, dicha versión se aleja de la llamada versión histórica” leyó en la carta y agregó: “Que es lo que dijo el abogado, que lo que está aquí en la relatoría es muy cercana a la versión de la Verdad Histórica. Entonces ustedes van a leer la Verdad Histórica, seguramente está y van a conocer la relatoría que nosotros presentamos ayer y ustedes, todos, van a tener elementos para tener un criterio. Lo que no queremos es ocultar ninguna información porque si no, se cae la manipulación”, precisó.
López Obrador agrega que en el informe del Ejército “se reitera el compromiso de continuar la búsqueda de otros escritos para no dejar ninguna duda sobre el manejo transparente y el recto proceder de esta institución del Estado mexicano”.
El segundo punto de la carta de López Obrador dice que este 25 de septiembre también se les va a entregar “las grabaciones proporcionadas por el gobierno de Estados Unidos, vinculadas directa o indirectamente con el caso de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa”.
En el tercer punto el presidente de México les dice a los padres de los 43: “considero de especial interés el que ustedes conozcan la primera versión o relatoría que hemos laborado de manera conjunta en el gobierno que represento para ir formulando una idea que, complementada y sustentada con pruebas, nos lleve a un mayor acercamiento a lo que realmente sucedió la noche del día 26 de septiembre de 2014 y los días posteriores, por supuesto, dicha versión se aleja de la llamada verdad histórica”.
En el cuarto punto, López Obrador les reitera su compromiso de seguir la investigación “hasta encontrar a los jóvenes desaparecidos”, en coordinación con la Unidad Especial de la Fiscalía General de la República (FGR) para el caso Ayotzinapa y la FGR.
La información del Ejército
El presidente aseguró que le llamó la atención que los padres no recibieran el informe que estaba preparado por parte del secretario Luis Cresencio Sandoval, además de señalar que el informe se hará público.
“Hoy vamos a entregar, porque ellos no quisieron recibir el informe ayer, nosotros queremos que se conozca el informe. Porque me entregaron un escrito pidiéndome información de documentos que supuestamente el Ejército no ha entregado y pedí al secretario de Defensa un informe detallado que me entregó y ellos no quisieron recibir ese informe ayer”.
Respecto a la transcripción de una intercepción telefónica realizada por el Ejército el 26 de septiembre de 2014, en el que se indica que se llevaban a 17 jóvenes a las 10 de la noche, el presidente aceptó que recibió el documento por parte del secretario Sandoval y se lo entregó tanto a padres como a los representantes legales.
Incluso aseguró que la entrega de la transcripción generó molestia entre abogados y asesores por el contenido de la misma y los padres buscan tener la grabación, misma que no se tiene pero se está buscando el archivo.
“Ahora lo que quieren es la grabación y resulta que el documento aparece en los archivos, pero no hay grabación. Eso es lo que hay que ver y estamos investigando, pero existe el documento. Lo que tenemos no lo podemos, ni debemos ocultar, sin embargo, es: ¿a ver, a dónde está la grabación? Pues se está buscando”.
Sobre una falta de jerarquización y de cumplimiento de indicaciones del presidente al Ejército para brindar la información, López Obrador señaló que “yo estoy ordenando las cosas y me hacen caso”.
En lo correspondiente al proceso de extradición del ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, el presidente López Obrador señaló que ha enviado cartas a dos primeros ministros de Israel y le han respondido que si habrá cooperación.
“También se está buscando que lo envíen. Le he escrito dos cartas a dos primeros ministros de Israel y que sí, que van a ayudar, que van a cooperar, pero son intereses, porque están protegiéndolo. Y es muy lamentable que no se avance en este caso, cuando este señor participó en actos de tortura. Y no puede el gobierno de Israel protegerlo, ningún gobierno puede proteger a un torturador y mucho menos Israel”.
El presidente afirmó que en caso de que su movimiento hubiera ganado en 1988 o en 2006, la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa nunca hubiera pasado.
“¿Qué fue lo que produjo lo de Ayotzinapa? El autoritarismo del Estado. Pero antes de Ayotzinapa ya habíamos pasado por dos elecciones y las organizaciones no gubernamentales y de derechos humanos llamaban a no votar por nosotros. Si nosotros hubiésemos estado desde el 88, desde el 2006, nada de eso hubiese sucedido, porque ahora que estamos nosotros no hay masacres, no hay tortura, no hay persecución a nadie”.
Una juez federal prohibió a la Secretaría de Gobernación (Segob) y en particular al subsecretario Alejandro Encinas, señalar públicamente a Tomás Zerón de Lucio como “torturador” y creador de la “verdad histórica” en el caso Ayotzinapa.
María Isabel Bernal Hernández, juez séptima de distrito en Materia Administrativa en Ciudad de México, concedió una suspensión provisional al ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), que impide al funcionario hacer este tipo de manifestaciones por cualquier medio.
“Se concede la suspensión provisional a Tomás Zerón de Lucio, para el único efecto de que las autoridades responsables se abstengan de continuar realizando declaraciones verbales, escritas o la publicación de contenido en páginas oficiales o redes sociales, mediante las que se afirme, sugiera o presente dentro de un contexto especial al quejoso, sosteniendo que es un torturador, que realizó actos de tortura o creó la ‘verdad histórica’ en el caso Ayotzinapa”, resolvió Bernal.
“Su concesión no se advierte que se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público (fracción ll), y porque de no concederse la medida cautelar de referencia, se le causarían daños y perjuicios de difícil reparación”.
La medida protectora estará vigente por lo menos hasta el próximo 2 de octubre, fecha en que la impartidora de justicia resolverá la suspensión definitiva, la que, en caso de ser concedida, ampliará la prohibición por tiempo indefinido.
La juzgadora, sin embargo, en el mismo fallo rechazó eliminar de las páginas de internet oficiales y redes sociales como Facebook, X, Instagran y You Tube, toda publicación que lo presente a Zerón como culpable, “torturador” y creador de la “verdad histórica”.
Una de las publicaciones que continuará en internet es el comunicado de prensa 438/2023, con el título “Tomás Zerón, hoy prófugo de la justicia, creó la verdad histórica con base en la tortura y alteración de pruebas”, publicado en la página del gobierno de México, el 25 de agosto de este año, y que Zerón pidió cancelar porque viola su derecho a la presunción de inocencia.
La juez Bernal dijo que, por tratarse de un tema de fondo, la eliminación de contenidos deberá ser resuelta en la sentencia de amparo y no en la medida cautelar, razón por la que le negó la suspensión provisional sobre este aspecto.
“Además, de concederse la medida suspensión para los efectos referidos, equivaldría a resolver el fondo del juicio de amparo del que deriva el presente incidente de suspensión, pues se estaría determinando la inconstitucionalidad de los actos reclamados, constituyendo a la parte quejosa en el derecho que persigue con la promoción del juicio de amparo, lo que no es materia de la medida cautelar”, expuso.
A solicitud de la Fiscalía General de la República, jueces federales han girado cinco órdenes de aprehensión contra Tomás Zerón, tres de ellas por delitos de servidores públicos y supuestos desvíos en contratos de la PGR, y dos relacionadas con el caso Ayotzinapa.
Estas últimas, son por la presunta tortura a Felipe Rodríguez Salgado El Cepillo, operador del grupo criminal Guerreros Unidos, tras su detención en 2015; y por trasladar al río San Juan, sin abogado y sin orden ministerial, a Agustín García El Hereje, acusado de participar en la desaparición de los 43 normalistas en Iguala.
Desde hace varios años, Tomás Zerón se encuentra en Israel, país que no tiene tratado de extradición con México.
Los integrantes de la Comverdad Nicomedes Fuentes y Pilar Noriega, la coordinadora de Derecho a la Verdad y Rendición de Cuentas de Artículo 19, Jéssica Alcázar, la oficiala de Verdad y Memoria de Artículo 19, María de Vecchi Gerli, y el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera, en la Facultad de Derecho de la UAG Foto: Carlos Carbajal
Ramón Gracida Gómez
Acapulco
Ex integrantes de la Comisión de la Verdad de Guerrero (Comverdad) presentaron el tercer anexo de su informe final, que esboza el perfil de más de 300 participantes en desapariciones forzadas de la guerra sucia, como el ex gobernador Rubén Figueroa Figueroa y el jefe de la Policía Judicial del estado en su gobierno, Arturo Acosta Chaparro.
Aún no se sabe dónde están los desaparecidos, pero sí sabemos quiénes fueron los perpetradores, destacó el ex comisionado Nicomedes Fuentes, y su colega Pilar Noriega planteó que la más completa verdad histórica posible pasa por conocer quiénes fueron las personas que participaron en las desapariciones forzadas.
Unos 30 familiares de desaparecidos, de distintas comunidades de Atoyac, asistieron este jueves a la Sala de Juicios Orales de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG). Nicomedes Fuentes recordó que los planes del Ejército, en la guerra sucia, fueron de “tierra arrasada, de llegar a los pueblos, de llevarse a las familias, a los hombres, a las mujeres, no necesariamente que estaban participando en la guerrilla, eran personas que estaban ubicadas ahí: eran trabajadores, ciudadanos de bien, pacíficos y muchos de ellos están desaparecidos todavía y todavía no sabemos dónde están, pero sí sabemos quiénes fueron” los perpetradores.
Pidió al gobierno federal “que no se tarde mucho y que de preferencia, de una vez por todas resuelva las demandas que tienen las víctimas de la llamada guerra sucia. Son: verdad, justicia, reparación integral del daño, medidas de no repetición y rescate de la memoria histórica”.
La ex comisionada Pilar Noriega informó que “de la Femospp (Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado) a la Comverdad ya había restricción, pero además, sobre todo, (documentos) que, o desaparecieron o no dieron acceso”.
Indicó que “la verdad exige la determinación de la más completa verdad histórica posible y la más completa verdad histórica posible pasa por conocer quiénes fueron las personas que participaron en las desapariciones forzadas, nuevamente, por eso la importancia de este archivo”.
Vía Zoom, el comisionado del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH), que forma parte de la Coveh, Abel Barrera, criticó que el lunes pasado se inscribieron en letras doradas en el Congreso local: “2023, año del Bicentenario del Heroico Colegio Militar. Qué triste que se hagan estos eventos fastuosos y se ignore a las víctimas”.
“¿Por qué no pensar en que se ponga en letras doradas los nombres de los caídos de la guerra sucia?”, preguntó y aseguró que las autoridades actuales “se vanaglorian con los perpetradores”, lo cual es una “mala señal en nuestro estado”.
Propuso que el Congreso local “invite a los compañeros y compañeras de la Comverdad para decir, ‘vengan y expongan este informe, de cómo se vivió esta situación y cómo diputadas y diputados asumimos este informe, lo abrazamos, es parte de nuestra agenda legislativa’”.
El comisionado del MEH reiteró la denuncia de que no les han entregado la información completa en la Comisión Nacional de Inteligencia (CNI) y aseguró que “se está encubriendo al Ejército y es algo que sí nos preocupa mucho, porque entonces no podemos avanzar con las fuentes que hay históricas sobre lo que sucedió en aquellos años”.
La coordinadora de Derecho a la Verdad y Rendición de Cuentas de Artículo 19, Jessica Alcázar, explicó que el anexo 3 es un compilado de más de 300 personas, desde presidentes, agentes de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) y funcionarios de bajo nivel.
La integrante de Artículo 19 dijo que “es muy triste que en Guerrero vas caminando y encuentras nombres de personas perpetradoras o personas presuntamente responsables de estas desapariciones. No deberíamos de tener ninguna calle que se llame Rubén Figueroa Figueroa, ninguna escuela, y algunos otros nombres que siguen estando en nuestra vida común”.
“O si los vamos a tener, los vamos a tener como lo que fueron, personas responsables de estas desapariciones forzadas”, propuso y agregó que las calles deberían llamarse de las “personas que fueron violentadas por construir un país distinto que todavía, desgraciadamente, no podemos acceder, pero que es antecedente de esa lucha de resistencia”.
De los asistentes, participó la profesora de la UAG, Anita Estrada, hermana de los desaparecidos Teresa Estrada y Domingo Estrada, quien reconoció el trabajo de la Comverdad, pero dijo que “mis expectativas se vieron frustradas, porque en este gobierno no hay nada, nada de información”.
Opinó que la reparación de daños “sería por lo menos la información, en qué estado, dónde están sus familiares desaparecidos. ¿Qué otra reparación del daño? Yo siempre he pensado, el daño está hecho y no hay nada material que pueda reparar”. Su hijo y fotoperiodista, Raúl Sendic García Estrada, también habló de la violencia de Estado que ha sufrido su familia y él mismo cuando fue niño.
Rodrigo Ramírez Wences, hijo del estudiante desaparecido de la Preparatoria 7, Rodrigo Ramírez García, dijo: “Tenemos claro, desde el primer día en que desapareció nuestro familiar, que no buscamos la compensación ni la reparación del daño, porque no hay ninguna cantidad de dinero que pueda reparar la pérdida de una vida”.
También participaron familiares de desaparecidos de Atoyac, como el pariente de Fermín Barrientos Reyes, quien planteó que esta víctima no está registrada como tal en instituciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), al igual que otros desaparecidos. También asistieron el cronista Víctor Cardona y otros activistas.
Tomás Zerón de Lucio presentó una demanda de amparo en la que solicita una orden judicial que prohíba a la Secretaría de Gobernación y, en particular, al subsecretario Alejandro Encinas, señalarlo públicamente como “torturador” y creador de la “verdad histórica”.
El ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) pidió una suspensión para que se ordene eliminar de las páginas oficiales y redes sociales, como Facebook, X, Instagram y You Tube, toda publicación que lo presente como culpable y bajo esos señalamientos, ya que afirma que violan su derecho a la presunción de inocencia.
De acuerdo con registros judiciales, la demanda de garantías fue turnada al Juzgado Décimo Quinto de Distrito de Amparo, en Ciudad de México, el cual analizará si es competente para pronunciarse sobre este asunto y si procede o no la suspensión solicitada.
“(Se solicita la suspensión para que) las autoridades responsables se abstengan de continuar realizando declaraciones verbales, escritas o la publicación de contenido de páginas oficiales o redes sociales mediante las que se afirme, sugiera o presente dentro de un contexto especial al quejoso, sosteniendo que es un torturador, que realizó actos de tortura o creó la ‘verdad histórica’ en el caso Ayotzinapa”, señaló.
“De continuar con lo anterior, seguiría la afectación a la presunción de inocencia del quejoso en su vertiente de trato extra procesal dentro de las investigaciones iniciadas en su contra, ya que la generación de mensajes como los emitidos por las autoridades responsables y que ahora se reclaman, pueden influir para generar una versión sesgada en los órganos de acusación y de impartición de justicia, porque de manera informal se adelanta una declaración de condena a través de un juicio mediático, volviendo al proceso penal correspondiente en una mera formalidad”.
El hoy prófugo de la justicia, y radicado en Israel, presentó esta demanda judicial contra el subsecretario Alejandro Encinas y la Segob.
Al primero, le reclama la trasgresión a los principios de presunción de inocencia y el debido proceso, por acusarlo públicamente de crear con base en torturas la “verdad histórica” del Caso Ayotzinapa.
Zerón señala que Encinas hizo estas manifestaciones el pasado 25 de agosto, en la presentación del informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia, con motivo del noveno aniversario del Caso Ayotzinapa, en este mes.
También hizo expresiones en el mismo sentido en un video de la Segob, que difundió el subsecretario en su cuenta de X (antes Twitter).
El ex jefe de la AIC también reclama a la Segob la orden de publicar en el portal del gobierno de México, el comunicado de prensa 438/2023, con el título “Tomás Zerón, hoy prófugo de la justicia, creó la verdad histórica con base en la tortura y Alteración de pruebas”.
En dicho texto, se queja el ex mando policiaco, se hacen afirmaciones sobre las conductas que le imputan y se adjunta un video con tales señalamientos.
“Lo anterior, es una clara violación a los principios de presunción de inocencia y debido proceso”, refiere.
Contra Zerón pesan cinco órdenes de aprehensión, tres de ellas por delitos de servidores públicos y supuestos desvíos en contratos de la PGR, y dos relacionadas con el Caso Ayotzinapa.
Estas últimas son por la presunta tortura a Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, operador del grupo criminal Guerreros Unidos, tras su detención en 2015.
Otra es por trasladar al río San Juan, sin abogado y sin orden ministerial, a Agustín García, El Chereje, uno de los sicarios del mismo grupo criminal que está acusado de participar en la desaparición de los estudiantes.
El 3 de Julio de 2014, el secretario de Seguridad Pública en el estado Leonardo Vázquez, el comandante de la Novena Región Militar Martin Cordero Luqueño, el alcalde Luis Walton, el gobernador Angel Aguirre, el secretario de Gobierno Jesús Martínez Garnelo, el comandante de la Octava Región Naval Rafael Ojeda Durán, el subdirector de Protección Civil Estatal Raúl Miliani, la secretaria de Desarrollo Social estatal Beatriz Mojica y el comisario de la Policía Federal Omar García Harfuch en la segunda sesión ordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil Foto: Archivo/El Sur
Abel Barajas / Agencia Reforma
Ciudad de México
En la audiencia de imputación contra el ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, por el caso Ayotzinapa, la Fiscalía General de la República (FGR) alegó que el ex funcionario federal encabezó un cónclave en Iguala, el 7 de octubre de 2014, en el que participó el entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero, y otros funcionarios federales y estatales, y ahí se fraguó “la verdad histórica”.
El sábado, un día despuués de la aprehensión de Murillo Karam, entre sus alegatos, los fiscales afirmaron que el ex funcionario de Enrique Peña Nieto organizó un cónclave para fraguar la “verdad histórica” sobre Ayotzinapa.
Señalaron que en esa reunión participó Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y ex delegado de la Policía Federal en Guerrero.
En la diligencia, la fiscal Lidia Bustamante Vargas reveló que Bernardo Cano Muñozcano, secretario particular de Tomás Zerón de Lucio, se apegó a un criterio de oportunidad, se convirtió en testigo colaborador de la FGR y aportó los videos de las torturas a presuntos integrantes del grupo Guerreros Unidos.
La funcionaria dio lectura a unos párrafos de una declaración ministerial de Cano, en la que menciona que hubo una reunión en Iguala entre mandos federales y estatales, encabezada por Murillo Karam.
En ese encuentro también estuvieron Gualberto Ramírez Gutiérrez, ex coordinador Antisecuestros de la SEIDO; el ex delegado de la PGR en Guerrero, José Luis Martínez Pérez; el ex jefe de la Policía Federal Ministerial, Carlos Gómez Arrieta –ya procesado–; y Omar García Harfuch, por aquellas fechas delegado de la Policía Federal en Guerrero y luego en Michoacán.
El testigo colaborador declaró que cuando llegó el entonces gobernador, Ángel Aguirre, les pidieron retirarse a la mayoría de los funcionarios y sólo se quedaron en la encerrona los mandos.
Cano salió de ese encuentro y no señala que se hayan planeado ilícitos; sin embargo, la fiscal afirmó que allí se empezó a inventar “la verdad histórica”.
“Sólo dos días después de que la PGR ejerció la facultad de atracción de la investigación ya estaban sosteniendo reuniones en Iguala. Esto evidencia este conocimiento, fue un cónclave donde hubo una planeación, fueron los actos preparatorios para los hechos del 27, 28 y 29 de octubre y 7 de noviembre (de 2014)”, dijo.
En esas fechas, la entonces PGR detuvo a cuatro presuntos integrantes de Guerreros Unidos que, sostuvo, fueron torturados por efectivos de la Marina y la Agencia de Investigación Criminal (AIC). De sus testimonios, se obtuvo información que luego Murillo hizo pública en rueda de prensa, según la imputación.
García Harfuch ya ha sido relacionado en la investigaciones del caso Iguala porque uno de sus números telefónicos estaba en la agenda que le fue asegurada a Sidronio Casarrubias, líder de Guerreros Unidos, cuando fue detenido.
También porque un testigo protegido con el nombre clave “Juan” declaró a la FGR que entregó altas sumas de dinero al hoy jefe de la SSC, a cambio de proteger a dicho grupo criminal.
Probará lo que pasó en la investigación, dice Murillo Karam
El sábado, tras una audiencia de 12 horas, el juez federal Marco Antonio Fuerte impuso la prisión preventiva justificada al ex funcionario, razón por la que permanecerá en el Reclusorio Norte por lo menos hasta el miércoles.
El ex procurador Jesús Murillo Karam, prometió presentar pruebas que, aseguró, dejarán en claro lo que sucedió en la investigación por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
“Son cosas que se pueden probar claramente, qué pasó y cómo pasó”, dijo la noche del sábado durante su audiencia de imputación en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.
Javier López García, uno de sus abogados, mencionó que los datos de prueba que ofrecerá el ex funcionario, en la diligencia del próximo miércoles, serán documentos y fotografías.
Incluso, la defensa reprochó que la Fiscalía General de la República (FGR) detuvo el viernes por error al hermano de Murillo Karam, y el juez ordenó su liberación.
Durante la audiencia del sábado, un día después de que Murillo Karam fue aprehendido en su casa en Las Lomas, que inició a las 9:00 horas, los fiscales federales formularon la imputación contra el ex procurador por los delitos de tortura, desaparición forzada y contra la administración de la justicia.
Asimismo, pidieron a un juez federal imponerle la prisión preventiva justificada, al estimar que cuenta con los recursos y medios suficientes para darse a la fuga.
La fiscal Lidia Bustamante Vargas argumentó que, de acuerdo con sus declaraciones patrimoniales, cuenta con un patrimonio de al menos 85 millones de pesos y no tiene arraigo en algún lugar, ya que posee inmuebles en la Ciudad de México, Pachuca y Acapulco.
Al mismo tiempo, manifestó que Murillo Karam tiene relaciones y amistades que le podrían facilitar la fuga y huir a un país sin tratado de extradición con México, como fue el caso de Tomás Zerón de Lucio, ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal, quien es prófugo de la justicia y se encuentra en Israel.
“De permitir que el día de hoy Jesús Murillo Karam salga por la puerta, equivaldría a que no lo volvamos a ver, equivaldría a negar a los padres se los 43 normalistas no llegar a conocer la verdad”, dijo
“No es penoso, es político”, dijo cuando fue aprehendido
“Es político”, le dijo el ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, al elemento de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR que lo aprehendió el viernes.
En videos de la captura se observa cómo agentes ministeriales se acercan al ex funcionario afuera de su domicilio, en Lomas de Chapultepec.
“A sus órdenes”, les dice Murillo Karam en actitud tranquila.
–Buenos días, le responde el agente, “permítame, hágame el favor… nos pasamos para acá. Buenas tardes ¿Su nombre es Jesús Murillo Karam?”, pregunta.
–A sus órdenes, repite el ex procurador.
El miembro de la AIC se presenta, informa a Murillo que existe un mandamiento judicial en su contra y le anuncia la lectura de sus derechos.
–Es penoso, le dice el agente, aparentemente apenado por aprehender al ex Procurador durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
–No es penoso, es político, le responde Murillo en voz baja.
Una familiar de Murillo se acerca y aclara a los agentes federales que el ex funcionario no se va ir, y pide que no obstruyan el paso vehicular por los vecinos.
El agente que lleva la orden de aprehensión le dice a Murillo que tiene derecho a estar informado de su detención y a consultar a un abogado.
“Tortura, contra la adm… tortura, contra la administración de la justicia, desaparición forzada”, lee el agente en alusión a los delitos que la FGR le imputa a Murillo.
El ex procurador, siempre en actitud tranquila, es conducido a una camioneta. Una familiar pregunta que si lo puede acompañar, pero sólo sube el médico del hidalguense.
–¿Una pregunta, me puede decir a dónde lo va llevar, por favor@, cuestiona la familiar de Murillo.
–Al juzgado del Reclusorio Norte, si me pueden seguir no hay ningún impedimento”, le responden.
–Se lo encargo mucho porque está delicado de salud, por favor –pide la mujer antes de que la camioneta se vaya.
Su defensa
Un grupo de cuatro abogados, entre ellos defensores de Raúl Beyruti El Rey del outsourcing y de Juan Collado, llegaron el sábado al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, para la audiencia de imputación de Jesús Murillo Karam.
José Javier López García, abogado de Collado, fue el primero en llegar a las 8:15 horas y cinco minutos después lo hizo Antonio López Ramírez, quien también defiende a Beyruti. Casi enseguida llegaron otros dos litigantes que no se identificaron.
Ninguno de ellos hizo comentarios a la prensa, al entrar por la caseta del centro de justicia.
Minutos antes del arribo de los abogados llegó Santiago Aguirre Espinosa, director del Centro Prodh y representante de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, acompañado de dos padres de estudiantes desaparecidos.
La verdad histórica involucra abuso de poder y violaciones a los derechos humanos
La denominada “verdad histórica” del caso Iguala, término que acuñó el entonces procurador Jesús Murillo Karam, hoy detenido, acredita abuso de poder y configura al menos cuatro elementos de violaciones graves a los derechos humanos en materia de desaparición forzada.
De acuerdo con el Informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia, dichas violaciones son privación de la libertad, homicidio y participación e involucramiento de agentes estatales o grupos de personas que actúan con el apoyo y consentimiento del Estado.
Asimismo, negativa, ocultamiento y manipulación de información e investigaciones por parte de las autoridades gubernamentales.
“En las investigaciones del Caso Ayotzinapa se generó una narrativa a conveniencia, fundada en las declaraciones obtenidas mediante tortura a los presuntos responsables de la desaparición de los estudiantes, donde las víctimas –estudiantes– fueron revictimizadas y estigmatizadas”, señala el Informe.
“La ‘verdad histórica’ fue revestida de acciones institucionales y estrategias de comunicación que tenían como finalidad el cierre de las investigaciones y, por tanto, dar una resolución sobre el caso”, agrega.
Es decir, indica el documento presentado el jueves por la Comisión para el Acceso a la Verdad y la Justicia del Caso Ayotzinapa, fue una construcción desde el gobierno federal para crear una versión de los sucesos del 26 y 27 de septiembre de 2014 y “legitimar socialmente” la supuesta verdad de los hechos.
“Limitándose a señalar los delitos de secuestro y homicidio, la violencia ejercida por grupos criminales que operaban en el estado de Guerrero y sus estructuras delictivas, la cooptación de autoridades civiles y grupos de seguridad municipal, estatal y federal”.
“Sin considerar la participación de las Fuerzas Armadas en la región y de las autoridades federales involucradas en los hechos, para posteriormente ceder a una estrategia de neutralidad, responsabilizando a las autoridades locales”, concluye.
La “verdad histórica” se funda en la versión de la incineración de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en el basurero de Cocula, Iguala, por parte de Guerreros Unidos.
“En ésta, prevalecen contradicciones, rupturas argumentativas y vacíos narrativos que acreditan abuso de poder, que derivó en el entorpecimiento de los procesos de búsqueda y de las investigaciones”, se analiza en el documento.
En cónclave en Iguala, donde estuvo Aguirre, Murillo Karam fraguó la verdad histórica: FGR
Según un testigo, también estuvo Omar García Harfuch, revelaron los fiscales en la audiencia de imputación al ex procurador por los delitos de tortura, desaparición forzada y contra la administración de la justicia. El juez federal impuso la prisión preventiva justificada al ex procurador
El 3 de Julio de 2014, el secretario de Seguridad Pública en el estado Leonardo Vázquez, el comandante de la Novena Región Militar Martin Cordero Luqueño, el alcalde Luis Walton, el gobernador Angel Aguirre, el secretario de Gobierno Jesús Martínez Garnelo, el comandante de la Octava Región Naval Rafael Ojeda Durán, el subdirector de Protección Civil Estatal Raúl Miliani, la secretaria de Desarrollo Social estatal Beatriz Mojica y el comisario de la Policía Federal Omar García Harfuch en la segunda sesión ordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil Foto: Archivo/El Sur
Abel Barajas / Agencia Reforma
Ciudad de México
En la audiencia de imputación contra el ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, por el caso Ayotzinapa, la Fiscalía General de la República (FGR) alegó que el ex funcionario federal encabezó un cónclave en Iguala, el 7 de octubre de 2014, en el que participó el entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero, y otros funcionarios federales y estatales, y ahí se fraguó “la verdad histórica”.
El sábado, un día despuués de la aprehensión de Murillo Karam, entre sus alegatos, los fiscales afirmaron que el ex funcionario de Enrique Peña Nieto organizó un cónclave para fraguar la “verdad histórica” sobre Ayotzinapa.
Señalaron que en esa reunión participó Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y ex delegado de la Policía Federal en Guerrero.
En la diligencia, la fiscal Lidia Bustamante Vargas reveló que Bernardo Cano Muñozcano, secretario particular de Tomás Zerón de Lucio, se apegó a un criterio de oportunidad, se convirtió en testigo colaborador de la FGR y aportó los videos de las torturas a presuntos integrantes del grupo Guerreros Unidos.
La funcionaria dio lectura a unos párrafos de una declaración ministerial de Cano, en la que menciona que hubo una reunión en Iguala entre mandos federales y estatales, encabezada por Murillo Karam.
En ese encuentro también estuvieron Gualberto Ramírez Gutiérrez, ex coordinador Antisecuestros de la SEIDO; el ex delegado de la PGR en Guerrero, José Luis Martínez Pérez; el ex jefe de la Policía Federal Ministerial, Carlos Gómez Arrieta –ya procesado–; y Omar García Harfuch, por aquellas fechas delegado de la Policía Federal en Guerrero y luego en Michoacán.
El testigo colaborador declaró que cuando llegó el entonces gobernador, Ángel Aguirre, les pidieron retirarse a la mayoría de los funcionarios y sólo se quedaron en la encerrona los mandos.
Cano salió de ese encuentro y no señala que se hayan planeado ilícitos; sin embargo, la fiscal afirmó que allí se empezó a inventar “la verdad histórica”.
“Sólo dos días después de que la PGR ejerció la facultad de atracción de la investigación ya estaban sosteniendo reuniones en Iguala. Esto evidencia este conocimiento, fue un cónclave donde hubo una planeación, fueron los actos preparatorios para los hechos del 27, 28 y 29 de octubre y 7 de noviembre (de 2014)”, dijo.
En esas fechas, la entonces PGR detuvo a cuatro presuntos integrantes de Guerreros Unidos que, sostuvo, fueron torturados por efectivos de la Marina y la Agencia de Investigación Criminal (AIC). De sus testimonios, se obtuvo información que luego Murillo hizo pública en rueda de prensa, según la imputación.
García Harfuch ya ha sido relacionado en la investigaciones del caso Iguala porque uno de sus números telefónicos estaba en la agenda que le fue asegurada a Sidronio Casarrubias, líder de Guerreros Unidos, cuando fue detenido.
También porque un testigo protegido con el nombre clave “Juan” declaró a la FGR que entregó altas sumas de dinero al hoy jefe de la SSC, a cambio de proteger a dicho grupo criminal.
Probará lo que pasó en la investigación, dice Murillo Karam
El sábado, tras una audiencia de 12 horas, el juez federal Marco Antonio Fuerte impuso la prisión preventiva justificada al ex funcionario, razón por la que permanecerá en el Reclusorio Norte por lo menos hasta el miércoles.
El ex procurador Jesús Murillo Karam, prometió presentar pruebas que, aseguró, dejarán en claro lo que sucedió en la investigación por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
“Son cosas que se pueden probar claramente, qué pasó y cómo pasó”, dijo la noche del sábado durante su audiencia de imputación en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.
Javier López García, uno de sus abogados, mencionó que los datos de prueba que ofrecerá el ex funcionario, en la diligencia del próximo miércoles, serán documentos y fotografías.
Incluso, la defensa reprochó que la Fiscalía General de la República (FGR) detuvo el viernes por error al hermano de Murillo Karam, y el juez ordenó su liberación.
Durante la audiencia del sábado, un día después de que Murillo Karam fue aprehendido en su casa en Las Lomas, que inició a las 9:00 horas, los fiscales federales formularon la imputación contra el ex procurador por los delitos de tortura, desaparición forzada y contra la administración de la justicia.
Asimismo, pidieron a un juez federal imponerle la prisión preventiva justificada, al estimar que cuenta con los recursos y medios suficientes para darse a la fuga.
La fiscal Lidia Bustamante Vargas argumentó que, de acuerdo con sus declaraciones patrimoniales, cuenta con un patrimonio de al menos 85 millones de pesos y no tiene arraigo en algún lugar, ya que posee inmuebles en la Ciudad de México, Pachuca y Acapulco.
Al mismo tiempo, manifestó que Murillo Karam tiene relaciones y amistades que le podrían facilitar la fuga y huir a un país sin tratado de extradición con México, como fue el caso de Tomás Zerón de Lucio, ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal, quien es prófugo de la justicia y se encuentra en Israel.
“De permitir que el día de hoy Jesús Murillo Karam salga por la puerta, equivaldría a que no lo volvamos a ver, equivaldría a negar a los padres se los 43 normalistas no llegar a conocer la verdad”, dijo
“No es penoso, es político”, dijo cuando fue aprehendido
“Es político”, le dijo el ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, al elemento de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR que lo aprehendió el viernes.
En videos de la captura se observa cómo agentes ministeriales se acercan al ex funcionario afuera de su domicilio, en Lomas de Chapultepec.
“A sus órdenes”, les dice Murillo Karam en actitud tranquila.
–Buenos días, le responde el agente, “permítame, hágame el favor… nos pasamos para acá. Buenas tardes ¿Su nombre es Jesús Murillo Karam?”, pregunta.
–A sus órdenes, repite el ex procurador.
El miembro de la AIC se presenta, informa a Murillo que existe un mandamiento judicial en su contra y le anuncia la lectura de sus derechos.
–Es penoso, le dice el agente, aparentemente apenado por aprehender al ex Procurador durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
–No es penoso, es político, le responde Murillo en voz baja.
Una familiar de Murillo se acerca y aclara a los agentes federales que el ex funcionario no se va ir, y pide que no obstruyan el paso vehicular por los vecinos.
El agente que lleva la orden de aprehensión le dice a Murillo que tiene derecho a estar informado de su detención y a consultar a un abogado.
“Tortura, contra la adm… tortura, contra la administración de la justicia, desaparición forzada”, lee el agente en alusión a los delitos que la FGR le imputa a Murillo.
El ex procurador, siempre en actitud tranquila, es conducido a una camioneta. Una familiar pregunta que si lo puede acompañar, pero sólo sube el médico del hidalguense.
–¿Una pregunta, me puede decir a dónde lo va llevar, por favor@, cuestiona la familiar de Murillo.
–Al juzgado del Reclusorio Norte, si me pueden seguir no hay ningún impedimento”, le responden.
–Se lo encargo mucho porque está delicado de salud, por favor –pide la mujer antes de que la camioneta se vaya.
Su defensa
Un grupo de cuatro abogados, entre ellos defensores de Raúl Beyruti El Rey del outsourcing y de Juan Collado, llegaron el sábado al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, para la audiencia de imputación de Jesús Murillo Karam.
José Javier López García, abogado de Collado, fue el primero en llegar a las 8:15 horas y cinco minutos después lo hizo Antonio López Ramírez, quien también defiende a Beyruti. Casi enseguida llegaron otros dos litigantes que no se identificaron.
Ninguno de ellos hizo comentarios a la prensa, al entrar por la caseta del centro de justicia.
Minutos antes del arribo de los abogados llegó Santiago Aguirre Espinosa, director del Centro Prodh y representante de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, acompañado de dos padres de estudiantes desaparecidos.
La verdad histórica involucra abuso de poder y violaciones a los derechos humanos
La denominada “verdad histórica” del caso Iguala, término que acuñó el entonces procurador Jesús Murillo Karam, hoy detenido, acredita abuso de poder y configura al menos cuatro elementos de violaciones graves a los derechos humanos en materia de desaparición forzada.
De acuerdo con el Informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia, dichas violaciones son privación de la libertad, homicidio y participación e involucramiento de agentes estatales o grupos de personas que actúan con el apoyo y consentimiento del Estado.
Asimismo, negativa, ocultamiento y manipulación de información e investigaciones por parte de las autoridades gubernamentales.
“En las investigaciones del Caso Ayotzinapa se generó una narrativa a conveniencia, fundada en las declaraciones obtenidas mediante tortura a los presuntos responsables de la desaparición de los estudiantes, donde las víctimas –estudiantes– fueron revictimizadas y estigmatizadas”, señala el Informe.
“La ‘verdad histórica’ fue revestida de acciones institucionales y estrategias de comunicación que tenían como finalidad el cierre de las investigaciones y, por tanto, dar una resolución sobre el caso”, agrega.
Es decir, indica el documento presentado el jueves por la Comisión para el Acceso a la Verdad y la Justicia del Caso Ayotzinapa, fue una construcción desde el gobierno federal para crear una versión de los sucesos del 26 y 27 de septiembre de 2014 y “legitimar socialmente” la supuesta verdad de los hechos.
“Limitándose a señalar los delitos de secuestro y homicidio, la violencia ejercida por grupos criminales que operaban en el estado de Guerrero y sus estructuras delictivas, la cooptación de autoridades civiles y grupos de seguridad municipal, estatal y federal”.
“Sin considerar la participación de las Fuerzas Armadas en la región y de las autoridades federales involucradas en los hechos, para posteriormente ceder a una estrategia de neutralidad, responsabilizando a las autoridades locales”, concluye.
La “verdad histórica” se funda en la versión de la incineración de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en el basurero de Cocula, Iguala, por parte de Guerreros Unidos.
“En ésta, prevalecen contradicciones, rupturas argumentativas y vacíos narrativos que acreditan abuso de poder, que derivó en el entorpecimiento de los procesos de búsqueda y de las investigaciones”, se analiza en el documento.
Ordenó ocultar el paradero de los 43, dice la acusación de la FGR a Murillo Karam
En forma premeditada, el entonces procurador general de la República ordenó alterar y manipular evidencias y desviar líneas de investigación, alegaron los fiscales en la audiencia de imputación contra el ex funcionario detenido
Abel Barajas / Agencia Reforma
Ciudad de México
Jesús Murillo Karam fue el artífice de un montaje llamado “verdad histórica” en el caso Iguala, pues en forma premeditada ordenó alterar y manipular evidencias y desviar líneas de investigación, contribuyendo a ocultar el paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014.
Así lo afirmó la Fiscalía General de la República (FGR) al formular la imputación por los delitos de tortura, desaparición forzada y contra la administración de la justicia contra Murillo Karam, quien la noche del sábado se convirtió en el primer ex procurador de la República en ser encarcelado.
“Usted presentó una versión de la verdad histórica de los hechos que frustró y desvió otras líneas de investigación, contribuyendo al ocultamiento del paradero de los 43 normalistas”, dijo Lidia Bustamante Vargas, fiscal del caso en la audiencia inicial en la que el ex funcionario fue imputado.
“Usted ordenó ocultar el paradero de los estudiantes por 5 aspectos: uno, por su responsabilidad directa en la investigación; dos, por su actuar como superior jerárquico de Tomás Zerón de Lucio; tres, por el control que tenía usted sobre los detenidos en sus instalaciones; cuatro, por el control de la escena del crimen y de las evidencias halladas en el lugar de los hechos; y cinco, por el modus operandi como superior jerárquico y su falta de debida diligencia”.
Lo que la Fiscalía llama peyorativamente “verdad histórica”, frase tomada de una conferencia de prensa de Murillo Karam, es la versión de que los estudiantes fueron detenidos por agentes municipales de Iguala, Cocula y Huitzuco, y entregados al grupo criminal Guerreros Unidos, quienes los incineraron en el basurero de Cocula y luego trasladaron los restos al río San Juan.
La FGR sostuvo que la tortura y los delitos contra la administración de la justicia imputados a Murillo Karam, entre los que se incluyen la siembra, manipulación y desaparición de evidencias, ocurrieron entre el 6 de octubre de 2014 y el 27 de enero de 2015, mientras que la desaparición de los estudiantes es un ilícito continuado desde el 26 de septiembre de 2014 a la fecha.
De acuerdo con la fiscal Bustamante, la construcción de una versión paralela de los hechos, la “verdad histórica”, tuvo tres finalidades.
Frenar la percepción ciudadana que había sobre Murillo Karam y que cesara la movilización social por la indignación que ocasionó la desaparición de los estudiantes; pero también, debilitar políticamente a los padres de los normalistas, dando a conocer avances relevantes de la investigación dos días antes de que se reunieran con el presidente Enrique Peña Nieto, el 29 de octubre de 2014.
La fiscal reveló que hay tres testimonios clave en la investigación contra Murillo Karam y Tomás Zerón de Lucio, ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal, a quien señaló como el ejecutor de las ilegalidades del ex titular de la otrora PGR para ajustar una versión concluyente sobre la indagatoria de los desaparecidos.
Uno de esos testimonios, el de Mercedes Doretti, integrante del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), apunta contra el ex funcionario que desde la noche del viernes 19 duerme en el Reclusorio Norte.
La fiscal dio detalles de la declaración rendida el 31 de diciembre de 2021 por Doretti, quien narró a la Fiscalía que la mañana del 27 de octubre de 2014 viajó con Murillo Karam en un helicóptero a la zona donde ocurrieron los hechos.
En el sobrevuelo sobre el río Cocula, el entonces procurador le comentó que en ese sitio seguramente iban a encontrar restos de los estudiantes, como si ya supiera de información que no habían obtenido y que oficialmente proporcionarían cuatro detenidos hasta el día siguiente.
El hecho es que ese mismo día por la tarde, a las 16:00 horas, Murillo Karam dio una conferencia de prensa con Zerón en la sede de la PGR y dieron a conocer la captura de cuatro presuntos integrantes de Guerreros Unidos que confesaron haber recibido y vigilado el traslado de los 43 normalistas, la noche en que fueron plagiados.
Aunque no mencionó los nombres de los detenidos, se trataba de Jonathan Osorio Cortés, El Jona; Patricio Reyes Landa, El Pato; Darío Morales Sánchez, El Comisario, y Agustín García Reyes, El Chereje.
Al día siguiente, Zerón trasladó a El Chereje de la Ciudad de México al río San Juan para una diligencia de inspección que las autoridades califican de ilegal, porque no estaba autorizada por el Ministerio Público y el detenido no tenía abogado.
El 29 de octubre, buzos de la Marina descubrieron en el río dos bolsas con restos de algunos estudiantes, entre los cuales se logró identificar plenamente un hueso del normalista Alexander Mora Venancio.
El testimonio de Doretti y lo sucedido en las 48 horas posteriores a que se subió al helicóptero con Murillo, hacen suponer a los fiscales que el ex procurador tenía planeado hallar evidencias que las mismas autoridades habrían manipulado.
Otro hecho de gravedad imputado a Murillo es que supuestamente conoció y consintió las torturas de las que fueron víctimas los cuatro detenidos el 27 de octubre de ese año.
Según la FGR, Murillo habría usado en la rueda de prensa de esa fecha la información que proporcionaron los 4 torturados, cuando formalmente fueron puestos a disposición del Ministerio Público después de las 22:30 horas y rindieron su declaración ministerial hasta el día siguiente.
Además, el 7 de noviembre de 2014 Murillo Karam ofrecería otra conferencia de prensa en la que presentaría nuevos avances, con base en un video de El Chereje en el que ahora la Fiscalía asegura que fue grabado bajo torturas.
Según la fiscal Bustamante, Doretti declaró que ese 7 de noviembre el entonces titular de la PGR le pidió que le ayudara a redactar un informe para la conferencia en el que se insistía en que los huesos hallados en el río San Juan estaban relacionados con las evidencias encontradas en el basurero de Cocula, y la antropóloga argentina no aceptó.
A pesar de que los delitos imputados son penados en conjunto con 54 y hasta 90 años de prisión, esas conductas no prevén la prisión preventiva de oficio. No obstante, el juez Marco Antonio Fuerte Tapia le dictó la prisión preventiva justificada, el sábado 20 en el interior del Reclusorio Norte.
Testigos colaboradores
La FGR dio a conocer que dos de los testimonios rendidos en el expediente contra Murillo Karam provienen de testigos colaboradores que recibieron un criterio de oportunidad, aunque no mencionó imputaciones directas contra el ex procurador.
Se trata de Bernardo Cano Muñozcano, ex secretario particular de Zerón en la AIC, y Érika Ramírez Ortiz, ex agente del Ministerio Público federal de la Unidad Antisecuestros de la entonces SEIDO.
De acuerdo con Bustamante, Cano videograbó las sesiones de interrogatorios y presuntas torturas a los sospechosos de pertenecer a Guerreros Unidos y proporcionó todas las grabaciones a la Fiscalía del caso.
“Dichas entrevistas eran irregulares, por no estar presente un defensor y que en ese momento pensé que era regular, pero ahora entiendo que me engañaron. Estaba el Ministerio Público, verdaderamente creía que estábamos haciendo algo bueno para llegar a la verdad”, dijo el testigo colaborador, según la fiscal.
Niega Ángel Aguirre haber participado en reunión para construir la “verdad histórica”
Dice el ex gobernador que el entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, intentó involucrarlo “a toda costa como miembro de la delincuencia organizada”
Rosalba Ramírez García
Chilpancingo
El ex gobernador Ángel Aguirre Rivero negó haber participado en la reunión convocada por el ex procurador de la República, Jesús Murillo Karam, para la construcción de la llamada “verdad histórica” del caso Ayotzinapa.
Además, Aguirre Rivero recordó que el entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, intentó involucrarlo “a toda costa como miembro de la delincuencia organizada”.
En un comunicado de este domingo, el ex mandatario estatal, quien no concluyó su periodo y pidió licencia a su cargo como gobernador a casi un mes de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, afirmó que no fue parte de los mencionados 18 funcionarios federales y estatales, quienes se reunieron y configuraron la construcción de la “verdad histórica”, en la que concluyeron que los 43 normalistas habían sido incinerados en el basurero de Cocula.
Aguirre Rivero se pronunció sobre “algunas notas periodísticas, donde se hacen interpretaciones sesgadas” del informe presentado por el gobierno federal, y consideró necesarias algunas precisiones, entre ellas, que “nunca tuve reunión alguna con el licenciado Jesús Murillo Karam, para participar en la construcción de la supuesta ‘verdad histórica’. Son meros trascendidos dolosos y por tanto absolutamente falsos, tengo mi conciencia tranquila”, afirmó.
Entonces, recordó que el ex funcionario federal, y ahora prófugo, Tomás Zerón “intentó involucrarme, a toda costa, como miembro de la delincuencia organizada”, de eso dijo que hay constancia en las declaraciones del ex procurador del estado Iñaky Blanco y su entonces secretario de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo.
Destacó lo ampliamente declarado por Iñaki Blanco, respecto a que “todas las investigaciones y acciones que realizó la entonces Procuraduría de Justicia, se mantienen firmes, toda vez que quienes fueron detenidos por esta instancia permanecen en la cárcel y no hay acusaciones de tortura o violaciones a procesos judiciales”.
Abundó que incluso “el gobierno federal cortó toda relación de colaboración con el gobierno de Guerrero”.
Se refirió también a las 83 órdenes de aprehensión giradas por FGR, de las cuales 20 son contra mandos militares y personal de tropa; cinco contra autoridades administrativas y judiciales del estado de Guerrero; 26 contra policías municipales de Huitzuco, seis contra policías municipales de Iguala, una contra policía de Cocula, 11 contra policías estatales y 14 contra miembros del grupo criminal Guerreros Unidos.
Mientras que de las 33 solicitudes de nuevas órdenes de aprehensión, que mencionó en su informe el subsecretario Alejandro Encinas, son contra funcionarios federales, funcionarios municipales y miembros de la delincuencia organizada, “no hay mención para funcionarios estatales” destacó el ex gobernador.
Ángel Aguirre dijo, en su comunicado, que “no es momento de especular sobre el curso de las investigaciones que realiza la FGR, mucho menos de ‘fabricar culpables’ a través de publicaciones periodísticas”. Reiteró que “nunca tuve reunión alguna para planear la ‘verdad histórica’. Nunca celebré ninguna reunión con Murillo en Iguala o en ninguna otra parte. Resulta absurdo lo que hoy se publica a ese respecto”.
Aguirre señaló que esta “verdad histórica” fue desechada, porque “fue fabricada” y que ahora “es necesario que se aclare con qué propósito se desviaron las investigaciones, y quién o quiénes son los autores intelectuales y materiales de la obstrucción de la justicia”.
También informó que cuando concluyó el informe “tomé contacto” con Alejandro Encinas, “para manifestarle una vez más mi disposición de seguir colaborando en este lamentable caso, hasta su conclusión. Estoy en Acapulco y después estaré en mi querido Ometepec. No me voy a esconder ni mucho menos. La vida me ha enseñado que en los momentos más difíciles es cuando más debemos de mostrar el temple y el carácter”.
Ángel Aguirre dijo que está “tranquilo y con la disposición de enfrentar siempre, con una gran dignidad y decoro, cualquier señalamiento que se me haga. Siempre he sostenido que se pueden perder muchas cosas en la vida, pero si pierdes tu dignidad, entonces estás perdido”.
No me sumaré al coro de linchamiento anticipado contra Murillo Karam, dice Ricardo Monreal
Antonio Baranda / Agencia Reforma
Ciudad de México
El senador de Morena Ricardo Monreal urgió ayer a respetar la presunción de inocencia del ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, y anunció que no se sumará a ningún “coro de linchamiento” anticipado en contra del priista.
“Lo que sí deseo como abogado y maestro universitario es que no se altere el debido proceso y que tampoco se altere un principio que debemos de cuidar todos: la presunción de inocencia, yo ahí sí soy muy estricto”, expresó.
“Porque no estoy de acuerdo y no me voy a sumar a ningún coro de linchamiento anticipado, no voy a ser un juez de acusación y no voy a actuar de manera desmedida frente a estas detenciones que se festinan en varias partes, no”.
De gira por La Paz, Baja California, subrayó que lo que debe haber es justicia.
“Y que no haya impunidad, pero que se respete el principio de presunción de inocencia y el debido proceso”, recalcó.
Se demuestra que hay justicia: Sheinbaum
Claudia Sheinbaum consideró que con la detención del ex procurador Jesús Murillo Karam por el caso Ayotzinapa, el actual gobierno está demostrando que hay justicia.
“Hay un esclarecimiento y una verdad de los hechos y es muy importante para las víctimas, las familias, para la no repetición de estos actos, el reconocimiento de que es un crimen de Estado y al mismo tiempo la justicia que se muestra en esta primera detención del (ex) procurador Murillo Karam”, indicó.
“Falta Peña Nieto”, escribe en Twitter Félix Salgado
El senador Félix Salgado Macedonio señaló, luego de la detención del ex procurador Jesús Murillo Karam, que “falta Peña Nieto” en referencia al ex presidente priista.
En un breve párrafo, escrito en su Twitter, el senador preguntó a quienes critican la política de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador, de abrazos no balazos, “qué dicen ahora, con el nuevo informe que presentó el jueves el subsecretario de derechos humanos, Alejandro Encinas”.
“Para aquellos que critican la política de seguridad de @lopezobrador_de ‘abrazos no balazos’ ¿qué dirán ahora con lo de Ayotzinapa? ¿Quién da la orden a las policías y al Ejército de actuar? Falta Peña Nieto.¡La mentira histórica! Crimen de Estado”. (Jacob Morales Antonio).
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) rechazó que la recomendación por las violaciones graves cometidas en la investigación del caso Ayotzinapa tenga alguna consideración política, y aseguró que su contenido no legitima la versión de que los estudiantes fueron incinerados en Cocula, como dice la “verdad histórica”.
En un comunicado emitido este lunes la CNDH argumentó que su investigación “estuvo determinada por la falta de información confiable con la que contaban las autoridades, así como una serie de negativas y obstáculos para el desarrollo de sus labores”.
Insistió en que “la extensión, alcance y duración del trabajo desarrollado por este organismo nacional no atendió a cálculo o consideración política de ninguna índole”.
Por tanto, se dijo comprometida “con las víctimas y la obtención de la verdad”.
Dice que su investigación “estuvo determinada por la falta de información confiable con la que contaban las autoridades que en ámbitos diversos desarrollaban la investigación del caso, así como una serie de negativas y obstáculos que enfrentó para el desarrollo de sus labores”.
“Para determinar la existencia de violaciones a los derechos humanos la CNDH se vio forzada a realizar, en el ámbito de sus atribuciones, la investigación que otras instancias no pudieron o no quisieron llevar a cabo en forma pertinente y debida”, justificó.
Reiteró también que no avala la “teoría de la verdad histórica”, pero las críticas y cuestionamientos en contra de ésta y otras hipótesis “no pueden implicar que las posteriores investigaciones partan de un sesgo inicial o premisa de descartar cualquier elemento vinculado con las mismas”.
Explicó que ha sido su prioridad básica determinar el paradero y destino de los normalistas desaparecidos, y por eso llamó la atención “sobre la necesidad de que se revisen los más de 63 mil fragmentos óseos que habrían sido recuperados en el basurero de Cocula y en el río San Juan, y que obran en resguardo de la Procuraduría General de la República”.
Respecto a las irregularidades u omisiones que pudieran servir para corroborar que se cometieron durante la obtención de los fragmentos óseos aludidos, consideró que implicarían “la comisión de delitos o la apertura de nuevas líneas de investigación, que necesariamente tendrían que ser desahogadas con independencia de que se determine si los restos óseos hallados corresponden a los normalistas desaparecidos”.
Pidió dejar que “la ciencia hable” sobre los resultados de su investigación. “Si bien aún no se ha podido llegar a la verdad en este caso, el trabajo que desarrolle cualquier instancia u organismo de seguimiento e investigación al caso tendrá en el trabajo desarrollado por la CNDH una guía y orientación”.
Revictimización de los padres
La recomendación de la CNDH presentada el 29 de noviembre fue criticada por Ángela Buitrago, integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En entrevista con Aristegui Noticias la abogada dijo que la información sobre los restos óseos encontrados en el basurero de Cocula –que retoma en su informe la CNDH como una posible evidencia de que en el sitio fueron asesinados, quemados y tirados al río los normalistas– “puede llevar a equívocos”.
Buitrago detalló que esta versión recuperada por la CNDH en su informe podría “seguir revictimizando a los padres con la historia del basurero de Cocula”.
Este lunes tras la firma del convenio para crear una comisión investigadora del caso Ayotzinapa, una de las madres de los jóvenes desaparecidos desestimó el informe presentado por la CNDH, pues no tiene nada nuevo y retoma líneas ya descartadas.
“No nos aferramos a una visión, pero queremos todo demostrado científicamente”, exigió.
Los 43 fueron incinerados; la investigación de la PGR es “clara y contundente”, insiste Peña Nieto
“No hemos alcanzado el objetivo de darle a los mexicanos paz y tranquilidad en cualquier parte de la geografía nacional”, reconoce en un video con motivo de su último informe de gobierno
María Avilez Rodríguez
Chilpancingo
El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que los 43 normalistas de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014 fueron incinerados por un grupo delincuencial, basado en las investigaciones “claras y contundentes” de la Procuraduría General de la República (PGR).
En un video difundido en su cuenta oficial de Twitter y Facebook con motivo de su sexto informe de gobierno, dijo que “se suscita el evento de Ayotzinapa, muy lamentable, la desaparición de 43 jóvenes, un 26 de septiembre del 2014”.
Agrega que la PGR atrajo lo que era un tema del orden local en el estado de Guerrero, para ver qué había ocurrido con los jóvenes que estaban desaparecidos. “De ahí vino una investigación profunda y amplia, y más cuando evidentemente se generó un eco ante la demanda muy sentida y justa de los padres de familia por saber qué había pasado con sus hijos”.
Manifestó que la investigación ahí está, pero ante la negativa y el rechazo de los padres por aceptar los alcances, donde había evidencias “claras y contundentes”, de que muy lamentablemente los 43 jóvenes habían sido incinerados en el basurero de Cocula por un grupo delincuencial que operaba en Guerrero.
Indicó que fue necesario incluso abrir la investigación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que sus integrantes pudieran conocer la averiguación de la Procuraduría.
En el video Enrique Peña Nieto expresó que “en lo personal y con el dolor que causa, y con lo que significa la pena para los padres de familia, yo estoy en la convicción que lamentablemente pasó lo que justamente la investigación arrojó”.
Continúo, “sé que lamentablemente la pérdida de un hijo no hay forma de repararla, son hechos que nunca más se deben de repetir en nuestro país. Me quedo con la insatisfacción de aquello que no se logró atender suficientemente y será un gran reto para la próxima administración, que es en el ámbito de la seguridad”.
En su mensaje celebró que en los primeros años de su administración hubo una reducción significativa en los índices de criminalidad, pero lamentó que al cierre de este sexenio nuevamente hubo un repunte.
Aceptó que, “no hemos alcanzado el objetivo de darle a los mexicanos paz y tranquilidad en cualquier parte de la geografía nacional”.
El 21 de agosto en entrevista con la periodista con Denise Maerker, Enrique Peña Nieto manifestó que lo que marca su administración es “la pena que embarga a los padres, o el dolor que tuvieron o siguen teniendo durante estos años en demanda de justicia y en demanda de saber qué deparó a sus hijos, yo espero que encuentren la paz y la tranquilidad en su interior”.
Externó que más allá de dudas y cuestionamientos se queda con la convicción de que “muy lamentablemente el crimen organizado ha permeado en los gobiernos municipales”, que tuvieron que ver en la desaparición de los jóvenes y que los hayan quemado en el basurero.
Peña Nieto aseveró que todos los elementos de la investigación concluyen lo mismo, incluso información reciente conocida por los padres y quienes le dan seguimiento a este caso saben de labores de inteligencia del gobierno norteamericano que interviene llamadas de un grupo delincuencial que operaba en Chicago y que tenía vínculos con el grupo delincuencial en México, que confirman, “los quemamos en el basurero”.
“Yo creo que esto fue lo que ocurrió, si la investigación tuvo errores y fallas bueno está abierta y sigue en curso”.
Según la PGR los normalistas fueron incinerados en el basurero de Cocula y debido al alto nivel de exposición de calor, sus restos quedaron tan deteriorados que fue imposible obtener de ellos un perfil genético, versión que ha sido desmentida científicamente por el Equipo Argentino de Antropología Forense y otros expertos.
Reprueban padres de los 43 las declaraciones de Peña Nieto respecto al caso Ayotzinapa
Padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos reprobaron las declaraciones de Enrique Peña Nieto, tanto en entrevistas como en un mensaje de la Presidencia de la República con motivo del Sexto Informe de Gobierno, en las que los responsabiliza de que el caso no está concluido porque ellos no aceptan la versión de que los jóvenes fueron incinerados, llamada “verdad histórica” por la Procuraduría General de la República (PGR).
“No es la reticencia de los padres y las madres a aceptar dicha versión el principal pendiente del caso, sino la ausencia de esclarecimiento sostenido en pruebas científicas irrebatibles”, señalaron los familiares.
En un escueto mensaje mencionan que la investigación de la PGR que señala que los jóvenes fueron ejecutados e incinerados en el basurero de Cocula y sus cenizas vertidas en el río San Juan, “fue reprobada por todas las instancias externas al gobierno federal que la han revisado”: el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito de Reynosa, Tamaulipas.
Destacaron que contrario a lo que ha dicho Peña Nieto en entrevistas y en el promocional de la Presidencia, “los mensajes de telefonía enviados por presuntos integrantes de la delincuencia organizada la noche de los hechos desde Chicago hacia Iguala, no corroboran la hipótesis oficial como lo afirma el presidente”, sino que evidencia la existencia de “un esquema de macrocriminalidad no acotado a la esfera municipal”.
Los padres y madres consideraron contradictorias “las expresiones de solidaridad” de Peña Nieto cuando ha encabezado una “campaña en la que al menos 10 dependencias de su gobierno han presentado más de 200 recursos y escritos jurídicos para impugnar el fallo” del Tribunal Colegiado, que ordena la creación de la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia del caso.
En su comunicado, los familiares reiteraron el llamado que han hecho al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para que “demande garantías de que no se seguirá manipulando el expediente en los meses que quedan de este sexenio, para que la próxima administración impulse la justicia y la verdad, sancionando a quienes impidieron que ésta se alcanzara”.
Para los padres y madres de los 43 en este escenario, “adquiere especial relevancia la visita a México que realizará el Mecanismo Especial y de Seguimiento creado por la CIDH para el caso, mismo que acudirá a la Normal Rural de Ayotzinapa y sostendrá reuniones con el gobierno entrante”.(Agencia Proceso / Ciudad de México).
Padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos reprobaron las declaraciones de Enrique Peña Nieto, tanto en entrevistas como en un mensaje de la Presidencia de la República con motivo del Sexto Informe de Gobierno, en las que los responsabiliza de que el caso no está concluido porque ellos no aceptan la versión de que los jóvenes fueron incinerados, llamada “verdad histórica” por la Procuraduría General de la República (PGR).
“No es la reticencia de los padres y las madres a aceptar dicha versión el principal pendiente del caso, sino la ausencia de esclarecimiento sostenido en pruebas científicas irrebatibles”, señalaron los familiares.
En un escueto mensaje mencionan que la investigación de la PGR que señala que los jóvenes fueron ejecutados e incinerados en el basurero de Cocula y sus cenizas vertidas en el río San Juan, “fue reprobada por todas las instancias externas al gobierno federal que la han revisado”: el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito de Reynosa, Tamaulipas.
Destacaron que contrario a lo que ha dicho Peña Nieto en entrevistas y en el promocional de la Presidencia, “los mensajes de telefonía enviados por presuntos integrantes de la delincuencia organizada la noche de los hechos desde Chicago hacia Iguala, no corroboran la hipótesis oficial como lo afirma el presidente”, sino que evidencia la existencia de “un esquema de macrocriminalidad no acotado a la esfera municipal”.
Los padres y madres consideraron contradictorias “las expresiones de solidaridad” de Peña Nieto cuando ha encabezado una “campaña en la que al menos 10 dependencias de su gobierno han presentado más de 200 recursos y escritos jurídicos para impugnar el fallo” del Tribunal Colegiado, que ordena la creación de la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia del caso.
En su comunicado, los familiares reiteraron el llamado que han hecho al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para que “demande garantías de que no se seguirá manipulando el expediente en los meses que quedan de este sexenio, para que la próxima administración impulse la justicia y la verdad, sancionando a quienes impidieron que ésta se alcanzara”.
Para los padres y madres de los 43 en este escenario, “adquiere especial relevancia la visita a México que realizará el Mecanismo Especial y de Seguimiento creado por la CIDH para el caso, mismo que acudirá a la Normal Rural de Ayotzinapa y sostendrá reuniones con el gobierno entrante”.(Agencia Proceso / Ciudad de México).
