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Llaman madres y padres de los 43 a Peña Nieto a que se acate la sentencia por el caso Ayotzinapa

 

Las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala el 26 de septiembre de 2014 exigieron al presidente Enrique Peña Nieto que acate la instrucción del poder Judicial, y “sepulte” la “verdad histórica” de la Procuraduría General de la República (PGR), con la creación de una comisión especial investigadora sobre el caso Ayotzinapa, como ordenó el Primer Tribunal Colegiado del Décimonoveno Circuito, con sede en Ciudad Reynosa, Tamaulipas.
En conferencia de prensa este jueves en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), los familiares expresaron que la sentencia del tribunal -la cual establece que en esa comisión tengan una participación preponderante los representantes de los padres y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)-, comprueba que “el actual gobierno les ha mentido y ocultado información”, y exhortaron al presidente a expresar públicamente la voluntad de su gobierno de acatar el fallo emitido el lunes.
A cuatro días de haber sido difundida la sentencia, Mario César González, padre de uno de los estudiantes desaparecidos, manifestó: “señor presidente Enrique Peña Nieto, le exigimos a usted que acate la resolución del Poder Judicial, ya que ustedes mismos nos decían que todas las resoluciones iban a ser cumplidas. Exigimos la voluntad de garantizar que se realice la comisión de investigación. Pedimos una declaración de voluntad política del presidente, el gobierno nos ha fallado una y otra vez”.
Acompañados del director del Centro Prodh, Mario Patrón, el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan Vidulfo Rosales, y Humberto Guerrero de Fundar Centro de Análisis e Investigación, los familiares de los 43 normalistas hicieron “un reconocimiento a los valientes magistrados” por la sentencia que reconoce múltiples irregularidades e indicios de tortura contra algunos de los indiciados.
Las madres y padres también mencionaron el informe que presentó este miércoles la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que señala que la investigación tiene muchas deficiencias, además de refrendar la inviabilidad de la versión oficial que sostenía que los estudiantes fueron calcinados en el basurero de Cocula y sus cenizas vaciadas en el río San Juan. También demandaron que los expertos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independiente (GIEI) vuelvan al caso.

Es necesaria una expresión pública del presidente, dice el Centro Prodh

Mario Patrón resumió que “en más de tres años y medio los familiares de las víctimas ya no confían en el gobierno federal”, por lo que es necesaria “una expresión pública del mandatario de su voluntad de acatar la sentencia. El informe de la CIDH es devastador, nos dice claramente que hay que sepultar la teoría del basurero y cumplir la sentencia”.
Remarcó que la sentencia “es inédita y da la oportunidad para crear un mecanismo extraordinario de justicia y verdad. Estamos frente a un caso de graves violaciones a derechos humanos, habla de tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones arbitrarias, y justo es alrededor de las condiciones de autonomía e independencia que deberían tener los órganos de Estado en este tipo de casos, en donde son las propias instituciones públicas las que están cuestionadas en la comisión de los hechos”.
Añadió que la CIDH “instó al Estado mexicano a acatar la resolución del primer tribunal, que ordenó que se reabra la investigación”, y que “es momento en que los candidatos presidenciales se pronuncien respecto al ordenamiento judicial, toda vez que buena parte de la ejecución de la sentencia le corresponderá implementarla al próximo gobierno”.
Hasta ahora, dijo, dos de los candidatos, Ricardo Anaya y Andrés Manuel López Obrador, “han hablado de mecanismos especiales para que se haga justicia en el caso Ayotzinapa, ahora, a la luz de la sentencia, sería importante que todos los candidatos se pronunciaran”.

“La justicia, lenta pero segura”

Vidulfo Rosales, representante legal de los padres, informó que están trabajando con los familiares las propuestas que se harán “para integrar la comisión que investigará nuevamente la desaparición de los normalistas”.
Indicó que cuando el tribunal notifique a las partes la sentencia, “el Ministerio Público tendrá 10 días hábiles para cumplir el ordenamiento de presentar peritajes independientes del Protocolo de Estambul de los inculpados que apelaron en principio a la orden de aprehensión, origen de la sentencia del tribunal colegiado.
“Lo que los magistrados piden, en el caso de los inculpados, es una investigación por las denuncias de tortura y una reposición de procedimiento acerca de un caso que fue construido sobre montajes, y una vez que ello ocurra se podrá dar lugar a la creación de la comisión en los siguientes 10 días”.
El vocero de los padres, Felipe de la Cruz insistió en que se trata de una sentencia que debe ser acatada.
“Hoy no estamos ante una recomendación de instituciones internacionales, como la CIDH o de la Organización de Naciones Unidas, hoy es una sentencia de un juez mexicano y tiene que acatarla”.
“Una vez más se confirma que nunca existió la ‘verdad histórica’ y que el resolutivo judicial confirma que la justicia es lenta pero llega”.
Los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos informaron su decisión de rechazar los 500 mil pesos que la sentencia plantea como indemnización, y advirtieron que si los inculpados salen libres por tortura será responsabilidad de la PGR.
Asimismo propusieron una mesa para crear la comisión de la verdad.
María Elena Guerrero, madre de uno de los estudiantes desaparecidos, dijo que la sentencia les da “otro motivo para estar de pie, para sepultar la verdad histórica y que se abran nuevas líneas de investigación”.
En opinión de Blanca Nava, otra de las madres, la formación de una comisión “es una oportunidad para que regresen los expertos del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes. Es lo que queremos, porque ellos descubrieron anomalías del gobierno y dejaron líneas de investigación que no se han cumplido”.
Los padres de familia exhortaron a los candidatos presidenciales a comprometerse a cumplir la sentencia del tribunal, que ordena establecer una comisión de la verdad en caso de que no pueda lograrse en lo que resta del año.

 

Confirman 23 expertos que es imposible cremar 43 cuerpos en el basurero de Cocula

Para incinerar a los 43 normalistas de Ayotzinapa hasta borrar su ADN se habrían necesitado alrededor de 15 toneladas de madera, en el mejor de los casos, concluye un nuevo estudio científico sobre hogueras a cielo abierto.
Aun así, habría quedado alguna materia orgánica, acotan 23 expertos que participaron en una investigación publicada en la revista Fire safety journal, diario oficial de la Asociación Internacional de Ciencias de Seguridad contra Incendios.
“En condiciones ideales –cuerpos pequeños y alimentación continua de combustible– es necesario un mínimo de cinco veces el peso del cuerpo en madera seca para lograr la destrucción casi completa de toda la materia orgánica”, refiere el estudio.
Esto significa que para quemar a los 43 estudiantes al grado que indicó la Procuraduría General de la República (PGR), se habrían requerido 15 mil 50 kilogramos de madera, si cada joven pesara 70 kilos.
Según la hipótesis central de la PGR, los normalistas habrían sido incinerados en el basurero de Cocula y, debido al alto nivel de exposición de calor, sus restos quedaron tan deteriorados que fue imposible obtener de ellos un perfil genético.
En la investigación titulada Estudio experimental sobre los requisitos de combustible para la degradación térmica de cuerpos por medio de la cremación de pira abierta, se encontró también que la presencia de múltiples cuerpos no favorece al fuego, sino que lo apaga.
“Es menos eficiente quemar una multitud de cadáveres que un cuerpo individual”, sostiene.
Los expertos, coordinados por Luis Yermán, y entre los que se encuentra el peruano José Torero, hicieron, con apoyo de la Universidad de Queensland, en Australia, seis diferentes piras, con uno o hasta cuatro cerdos en cada una de ellas.
“La relación entre el nivel de destrucción de un cuerpo y la eficiencia de quemado, la intensidad y la duración de los posibles incendios debe demostrarse para inferir la validez de una hipótesis de cremación”, indica el estudio.
“Un ejemplo de alto perfil donde esta correlación se convirtió en clave para establecer la validez de una hipótesis forense se relaciona con lo que se ha denominado la ‘verdad histórica’ en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa”, agrega al referirse a los hechos del 26 de septiembre de 2014.
Los especialistas en Australia continuaron el trabajo que dejó pendiente el grupo de peritos consensado entre la PGR y GIEI, en el que al final se advirtió la necesidad de una prueba a gran escala.
“El grupo de expertos en fuego ha convenido realizar más pruebas en las próximas semanas con el propósito de corroborar científicamente si es posible llevar a cabo la quema de 43 cuerpos humanos, los resultados de esas pruebas serán dados a conocer en su momento”, señaló entonces Ricardo Damián Torres, pero eso nunca ocurrió.

 

Convocan padres y normalistas a que participe la UAG en las protestas por los tres años de Iguala

 

En la tercera jornada de protesta por el estudiante detenido organizada por el Colectivo Revueltas, padres de los 43 alumnos desaparecidos de Ayotzinapa y dirigentes de la escuela normal convocaron a estudiantes y académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) a participar en las acciones de protesta por los tres años de los ataques y desaparición forzada de sus compañeros el 26 de septiembre.
El día del Estudiante Detenido-Desaparecido coincide con la semana internacional de la Desaparición Forzada y se conmemora cada año, por el grupo jóvenes, desde la agresión a los estudiantes de Ayotzinapa en 2014, de manera independiente a Rectoría y a la dirección escolar, en la Unidad Académica de Filosofía y Letras, siempre con el acompañamiento de los padres y representantes estudiantiles de la normal rural.
El representante de los padres, Melitón Ortega, habló de la lucha de la presentación de los normalistas y de las irregularidades en el proceso, cometidas por autoridades para criminalizar a los jóvenes desaparecidos, a fin de deslindar la responsabilidad a los agentes de la fuerza pública de los tres órdenes de gobierno involucrados.
Denunció que la entonces Procuraduría del estado dijo que 17 jóvenes estaban enterrados en fosas, un duro golpe para los padres, y fue descartado con el análisis de ADN del Equipo Argentino de Antropología Forense, “ahí comenzaron las inconsistencias, comenzaron a mentir y la campaña de descalificaciones” contra los estudiantes.
Añadió que cuando la Procuraduría General de la República (PGR) atrajo la investigación, los padres recibían mucha información en la escuela del posible paradero de los estudiantes y pidieron que la Policía Federal fuera con ellos buscar a los estudiantes en casas abandonadas, barrancas, cerros y colonias. Ahí, “mandaban por delante a los papás, para que ellos (los padres) les dijeran a los policías por dónde ir, ¡fue pura simulación!”, recriminó.
Destacó que la intervención del mecanismo internacional de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, permitió descartar la tesis oficial del basurero de Cocula, que daba por muertos y quemados hasta las cenizas a los 43. Lamentó que el gobierno insista en mantener esa versión en la investigación, para proteger a los perpetradores y a quienes elaboran “la falsedad de la verdad histórica”.
Un dirigente estudiantil denunció que las agresiones a la normal de Ayotzinapa reflejan el odio contra una institución que abre las puertas a los jóvenes más pobres, cuyas opciones son el narcotráfico, las corporaciones policiacas o la normal rural. Por esta misma razón, los estudiantes hacen una defensa entrañable de la escuela, al grado que los cuerpos policiacos acosan cada acción de los normalistas, mientras en el estado están ocurriendo tantos asesinatos en las regiones.
Convocó a los universitarios, estudiantes y académicos, a acudir a las acciones que preparan a tres años de los hechos de Iguala.
En la jornada participaron académicos y reporteros. Hoy se espera al representante de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU, Alan García Campos, entre otros invitados.

 

El gobierno dejó las recomendaciones del GIEI, señalan padres de los 43 en marcha en la CDMX

El gobierno abandonó las recomendaciones de los expertos internacionales en la investigación, miente y los agrede, denunciaron los padres de los 43 normalistas desaparecidos, ayer en la marcha de la Acción Global por Ayotzinapa en esta ciudad en la que participaron unos mil activistas, a 31 meses de los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala.
Como cada día 26, los padres de los normalistas desaparecidos marcharon en la Ciudad de México para expresar su indignación y reiterar sus reclamos de justicia. Este miércoles tuvo un valor simbólico particular: se cumplió un año de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) entregó su segundo y último informe sobre la investigación del caso Ayotzinapa.
En este documento, los expertos reafirmaron que era insostenible la llamada “verdad histórica”, señalaron irregularidades y omisiones graves en la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) y pidieron a las autoridades seguir nuevas líneas de investigación, entre ellas, las acciones de los militares la noche del 26 de septiembre de 2014 y la posible vinculación del caso con las redes de tráfico internacional de heroína entre Iguala y Chicago, Estados Unidos.
Los padres señalaron que los ex titulares de la PGR, Jesús Murillo Karam y Arely Gómez impidieron que las investigaciones se hicieran con verdad y justicia para las víctimas, y Raúl Cervantes, actual titular de la PGR, no indaga las cuatro líneas de investigación que propuso el GIEI.
Ayer los padres informaron que la mamá del normalista Luis Ángel Abarca Carrillo, Metodia Carrillo Lino fue hospitalizada por una crisis por un cuadro de diabetes que detonó el gas lacrimógeno que policías federales lanzaron a los padres de los desaparecidos en la Secretaría de Gobernación el martes, a donde fueron a pedir que se retomen las líneas de investigación que propuso el GIEI para esclarecer los hechos. En la noche se integró al plantón frente a la PGR.
Ratificaron que pese a las consecuencias no dejarán su lucha para exigir la presentación con vida de los 43 desaparecidos y justicia para los heridos y asesinados.
El señor Emiliano Navarrete aseguró que desde la agresión a los normalitas en Iguala, el gobierno tiene las respuestas de lo ocurrido, aunque se empecina en ocultarlo con mentiras, pero los padres están dispuestos a morir para exigir respeto.
“No vamos a dejar de buscar a nuestros hijos, aunque me llamen revoltoso. Me va a doler que pierda la vida algún compañero o compañera, pero estamos conscientes de que puede pasar y no habrá marcha atrás. Vamos a luchar para que este año nos digan dónde están nuestros hijos, ya estamos en la puerta (de la Procuraduría General de la República en un plantón), vamos a entrar en cualquier momento”, advirtió.
En el mitin político sobre la avenida Reforma, frente al hemiciclo a Juárez, reveló que los padres se han entrevistado con los detenidos, a propósito de la difusión de la detención en Querétaro de Walter Alonso Deloya Tomás, La Medusa, integrante de la banda de narcotraficantes Guerreros Unidos, a quien se vincula con la desaparición de los normalistas.
“Los visitamos en Almoloya para que nos digan la maldita verdad, y hasta parece que están a gusto encerrados. No van a hablar, no le conviene al gobierno que hable esta porquería”, dijo.
Mencionó que el exprocurador Jesús Murillo Karam dijo que una vez detenidos se tendrían todos los elementos de prueba para confirmar su versión de que los jóvenes fueron incinerados en un basurero de Cocula. Aclaró que el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca Velásquez, su director de seguridad pública y el líder de Guerreros Unidos ya están en prisión y los hechos siguen impunes, y la “verdad histórica” desfasada.
Aclaró que no se niegan a creer lo que diga el gobierno, pero no van a aceptar mentiras “no se puede aceptar algo que no existe”, y afirmó que fue Ejército el que desapareció a los 43 normalistas, pero “el gobierno sólo ha dado mentira, ¡nos han querido callar con mentiras!”.

La marcha

La protesta comenzó a las 4:30 de la tarde en el plantón que los padres instalaron el jueves de la semana pasada (20 de abril) en la sede de PGR, hasta que la dependencia dé algún indicio de que avanza en la investigación a los militares, que va a profundizar la investigación del trasiego de droga de Iguala a Chicago (lo que podría explicar el nivel agresión y de coordinación para los ataques a los normalistas), y entregue resultados del análisis de la telefonía celular.
Avanzaron despacio y se detuvieron en el campamento de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Industria Eléctrica, instalado en Reforma en contra de la reforma energética y por la reducción de los altos costos del servicio.
En el plantón de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) a un lado de oficinas de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), algunos manifestantes gritaron consignas de apoyo al paso de la marcha.
Más adelante el contingente encabezado por los padres se desvió a una calle lateral porque al frente se acercaba una marcha de campesinos, avanzaron por la vía lateral contraria.
Decenas de policías de la Ciudad de México permanecieron en accesos de calles alternas, como en entradas de hoteles y centros de negocios. Sólo algunas agentes de Tránsito siguieron a pie la manifestación a poca distancia de los bloques que, en distintos estilos, mantuvieron viva la protesta con bandas de música de viento, baterías, cantos y consignas de lucha. A las 6 de la tarde, comenzó el mitin político frente a la Alameda Central.
El representante de los padres, Melitón Ortega Carlos denunció el abandono del gobierno al trabajo del GIEI, “al parecer la investigación de los expertos el gobierno la está mandando al basurero”.
Ratificó que la tesis del basurero fue inventada y validada con tortura por los detenidos, manipulación de la escena y alteración de evidencia, como lo demostró el GIEI.
El papá de Jorge Álvarez Nava, Epifanio Álvarez, cuestionó, “¿hasta cuándo, nos preguntamos los padres, la madres, hasta cuándo habrá una respuesta clara, una verdad, algo que no sea sucio?, queremos abrazar de vuelta a nuestros hijos, queremos tenerlos con nosotros, tenemos que contarle todo lo que hemos sufrido, lo que hemos vivido, y (saber) cómo los ha tratado este gobierno, porque ya no nos queda duda, porque es claro que no nos quieren dar respuesta”.
La mamá de César Manuel González Hernández, Hilda Hernández demandó verdad hasta las lágrimas, “son dos años y medio en los cuales hemos sido tolerantes, y a ellos no les importa entregarnos a nuestros hijos. Este dolor es muy grande como padres y madres, a veces cómo quisiéramos no estar viviendo esta pesadilla que nos atormenta cada día, pero por amor a nuestros hijos vamos a seguir hasta encontrarlos, hasta saber qué paso con ellos. Nos golpearán, nos intimidarán y nosotros no nos hacemos para atrás”.
Aclaro que no son necios, van a insistir en la presentación de sus hijos porque existen pruebas de que policías y militares participaron en los ataques y la desaparición forzada en Iguala.
Urgió a que se castigue al secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, Tomás Zerón de Lucio, quien cuando era director de la Agencia de Investigación Criminal manipuló evidencia en el río San Juan.
Dijo a la PGR que en los últimos dos años y medio “hemos sido tolerantes, por la vía del diálogo”, pero aseveró que, si el caso no se cerró se debe a la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La señora Cristina Bautista, de origen nahua denunció en su lengua y en español la agresión en la Segob, por la que la señora Metodia Carillo fue hospitalizada, “es una vergüenza para (el secretario Miguel Ángel) Osorio Chong que nos agreda, si no nos quiere ver gritar, exigiendo la presentación con vida de nuestros hijos, que nos los entreguen, claro que ellos saben dónde los tienen, a dónde se llevaron a nuestros hijos”.
El secretario general del Comité Estudiantil de Ayotzinapa llamó a la unidad en la organización y la lucha de los padres y normalistas.
Ante la agresión a los padres en la Ciudad de México no dudaron en accionar en Guerrero. Confirmó que tomaron radiodifusoras en Chilpancingo para denunciar la represión y quemaron dos camiones cuando fueron perseguidos por policías, “ellos (los policías) tienen balas, escudos, nosotros sólo tenemos la razón”.
Participaron en la protesta la Organización Popular del Poder Popular, el movimiento de San Salvador Atenco del Estado de México, representantes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, y del Partido Comunista de México, entre otros.

Pretende el gobierno cerrar el caso Ayotzinapa con la hipótesis del basurero de Cocula, denuncia padres

Padres y madres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa marcharon ayer por Paseo de la Reforma al cumplirse 30 meses de los hechos ocurridos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala.
Indignación y coraje fueron las palabras con las que Melitón Ortega, papá de uno de los estudiantes desaparecidos, describió el ánimo de los padres, luego de que el gobierno federal revivió la llamada “verdad histórica” frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Bajo una lluvia tenue, los familiares marcharon del Antimonumento de los 43 hacia el Hemiciclo a Juárez. Atrás de los padres caminan estudiantes normalistas e integrantes de diversas organizaciones campesinas y obreras.
Los padres y madres de los normalistas desaparecidos denunciaron que las autoridades pretenden cerrar la investigación de los ataques, asesinatos y desaparición forzada de los estudiantes Iguala del 26 y 27 de septiembre, al sostener en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la hipótesis de la verdad histórica, en el marco de la 30 acción global por Ayotzinapa, en la Ciudad de México.
El abogado Vidulfo Rosales Sierra explicó que el sentir de las consignas y discursos en la marcha y el mitin político de ayer, es que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, tiene la intención de cerrar el proceso, porque resulta muy costoso políticamente para sus aspiraciones a la Presidencia seguir administrando el caso.
No obstante, que no se han agotado las líneas de investigación abiertas, y que la línea de Huitzuco está fortalecida.
En consulta telefónica, informó que ayer, a dos años y medio de los hechos de Iguala hubo acciones en diferentes ciudades del país y en el mundo para exigir respuestas y justicia a las autoridades mexicanas. En la Ciudad de México, pese a la lluvia intensa en el comienzo de la protesta, estimó que alrededor de 3 mil personas apoyaron la manifestación. La protesta concluyó a las 7 de la noche, cuando la lluvia había terminado.
Dijo que se tenía confirmación de acciones por Ayotzinapa en Tlaxcala, Guadalajara, Tuxtla Gutiérrez, Chihuahua, y en Filadencia, Nueva York y Houston en EU.
Informó que una de las mamás de los 43, María de Jesús Tlatempa, participó en una manifestación en Francia, en la embajada mexicana, que es parte de una gira por Europa que comenzó en Austria, y seguirá en Madrid, Alemania e Italia.
En la Ciudad de México, ayer, tres madres de estudiantes desaparecidos: Carmelita Cruz, Cristina Bautista y Joaquina García fueron las oradores principales.
Ahí expresaron la molestia por el regreso de la “verdad histórica” en el pleno de las sesiones públicas de la CIDH en Washington, porque representa un retroceso en el curso de la exigencia de justicia y por la presentación con vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, y “que coloca en otro tono y tesitura el diálogo con el gobierno”.

Atiende las denuncias de tortura en el caso Ayotzinapa, responde la PGR a la ONU-DH

 

La Procuraduría General de la República (PGR) aseguró que las denuncias sobre la posible comisión del delito de tortura en el caso Ayotzinapa, son atendidas “y se encuentran en investigación e integración en la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura, en la misma institución, en donde con estricto apego a la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, y demás leyes aplicables, serán determinadas”.
Por medio de un comunicado la PGR mencionó que la resolución del agente del Ministerio Público Visitador “se realizó con estricto apego al ámbito de competencia que le confiere la Ley Orgánica de la Institución y su Reglamento, así como en cumplimiento a las disposiciones que regulan la valoración de la prueba y la calificación de las conductas, en apego irrestricto a Derecho”.
La PGR se refiere a los señalamientos vertidos en la resolución realizada por la Visitaduría General de la PGR sobre una investigación interna que llevó a cabo a raíz de las diligencias hechas en el río San Juan, en Cocula, Guerrero, el 28 de octubre de 2014, sobre el caso Iguala.
En dicha resolución, el visitador determinó imputar responsabilidades administrativas al ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), actual secretario técnico de Seguridad Nacional, Tomás Zerón de Lucio, así como a nueve peritos y ministerios públicos.
Además responde al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DErechos Humanos (ONU-DH), que este miércoles señaló que al inicio de la investigación se documentaron “graves violaciones a derechos humanos y patrones en la comisión de las mismas, ligadas a la integración del caso”, como tortura, detenciones arbitrarias y transgresiones al debido proceso
“Cabe señalar que se llevan a cabo los Protocolos de Estambul, por lo que serán elementos técnicos y objetivos los que determinen la existencia de tortura”, agrega.
En su edición 2090, Proceso publicó que en la investigación que realizó la Dirección de Asuntos Internos de la PGR sobre las acciones irregulares cometidas en octubre de 2014 por Tomás Zerón de Lucio, a la cabeza de la AIC, en las indagatorias del caso Ayotzinapa, en primer lugar se evidencia el comportamiento ilícito del funcionario pero, más importante, queda claro que los testimonios de los presuntos ejecutores de los 43 normalistas, pilar de lo que el ex procurador Jesús Murillo Karam denominó “verdad histórica”, fueron obtenidos mediante tortura.

 

En Iguala participaron unos 40 funcionarios del Ejército y policías que pueden ser identificados: Anabel Hernández

 

La periodista Anabel Hernández presentó en la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzianapa su libro La verdadera noche de Iguala, donde destaca la participación del Ejército, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la Procuraduría General de la República (PGR) y la Policía Ministerial, en los ataques a los normalistas el 26 y 27 de septiembre del 2014, cuando desaparecieron 43 estudiantes.
En este crimen participaron unos 40 funcionarios del gobierno que pueden ser claramente identificados y sometidos a procesos, incluso pocas horas después de los hechos, ante los dictámenes periciales de balística, videos, bitácoras del C-4 y testimonios de los sobrevinientes y de ciudadanos que presenciaron los hechos.
De esto dijo que se trata de autoridades de la 35 Zona Militar, del 27 Batallón de Infantería, la PGR, la SSP y la Policía Ministerial del estado, así como policías municipales de Iguala.
La periodista dijo que, durante los dos años que investigó para este libro no encontró ningún indicio de que los estudiantes estuvieran involucrados con el crimen organizado, como quiso mostrar el gobierno.
Anabel Hernández contó que a finales de 2014 inició su investigación, luego de que la PGR integró una averiguación manipulada, porque la intención de la autoridad desde un principio fue esconder la verdad, ocultar las pruebas periciales, forenses, las pruebas de balística que eran fundamentales, para encontrar incluso que soldados del 27 Batallón de Infantería del Ejército dispararon a los autobuses donde se transportaban los normalistas.
Comentó que el ejemplo de amor de los padres que emprendieron esta lucha fue el que la hizo desde el exilio involuntario en el que se encontraba, y al que la obligó el gobierno de México, regresar al país a investigar lo que realmente pasó la noche de ese 26 de septiembre.
Resaltó que durante este tiempo, el mismo gobierno ha querido dividir a la sociedad mexicana, y que entre algunos sectores lo ha logrado, y aunque localizar a los 43 normalistas es asunto de verdad y justicia, lo hace parecer solamente como un asunto ideológico y político.
“Para mí, que he hecho esta investigación durante más de dos años, y que llevo más de 23 siendo periodista de investigación –que he hecho muchas, muchas investigaciones muy complejas–, he dedicado los últimos 11 años de mi vida a investigar el crimen organizado en este país, cómo funciona, cuáles son los botones que lo detonan; les puedo decir que veo con absoluta claridad que el tema de los 43 estudiantes desaparecidos no es sólo un tema de 43 personas o de sus padres o de sus compañeros, es un tema que condena, que sintetiza lo que hoy es México, y nos involucra a todos”, dijo Anabel Hernández.
La periodista les leyó a los padres de los normalistas una reflexión que preparó para ellos, donde expuso que lo único que los normalistas buscaban era la transformación del país a través de la cultura y la democracia, y que, sin embargo, el Estado mexicano intentó criminalizar la protesta y dividió a la sociedad, haciendo ver las exigencias de los estudiantes como un tema de lucha ideológica y no de justicia social.
“Pareciera que el sistema político mexicano prefiere jóvenes sin educación, sin empleo, ni futuro, que engrosen las filas de la miseria y del crimen organizado, a que haya jóvenes educados como ustedes, que luchen por sus derechos y transformen a este país en una verdadera democracia”, leyó.
Agregó que “para comprender lo que pasó en Iguala y la impunidad de los crímenes había que entender que para el gobierno de México los estudiantes de esta escuela eran más peligrosos que los propios carteles de la droga, quizá porque con los carteles de la droga, el Estado mexicano siempre ha encontrado la maneras de convivir y encontrar intereses en común”.
Explicó que los hechos antes, durante y después de esa noche representan dos crímenes deleznables que pusieron a prueba al sistema político y de justicia de México.
El primero, dijo, fue el de los ataques perpetrados en la noche del 26 y 27 de septiembre, del que resultaron muertos seis civiles, entre ellos tres estudiante, 16 normalistas lesionados de armas de fuego y 43 desaparecidos.
El segundo crimen fue el que comenzó en el instante que inició la investigación de las autoridades para encontrar a los 43 y castigar a los responsables.
En este crimen y en su encubrimiento, las instituciones responsables de procurar justicia fabricaron culpables mediante torturas, manipulación y desaparición de pruebas, ejemplificó. Indicó que participaron funcionarios del más alto nivel en México, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de la Secretaría de Gobernación, la PGR, el Cisen e incluso la Presidencia de la República.
“A todos, periodistas, organizaciones sociales de derechos humanos y a la sociedad en general, nos corresponde que esta tragedia en México no sea una más, que los responsables de los hechos de esa noche y que quienes los han encubierto durante dos años y tres meses sean sometidos a juicio, no sólo por un derecho de los familiares de quienes fueron asesinados, desaparecidos, sino de toda la sociedad mexicana”, subrayó la periodista.
Añadió que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto debería ser el primero en estar presente y honrar a los jóvenes de Ayotzinapa, haciendo que las instituciones encuentren y provean justicia, pero que no ha estado y ni estará.
Anabel Hernández subrayó que, “si el jefe del Ejecutivo no encuentra las condiciones para hallar a los estudiantes desaparecidos, dar verdad y justicia a la sociedad mexicana en este caso, debemos ayudarle y solicitar que se conforme un tribunal internacional especial en este caso que sancione a todos los responsables”.
Ahondó que, como periodista de investigación ha tratado de hacer su contribución, la búsqueda de verdad y justicia. Y que pudo separar la mentira histórica fabricada por el Estado de los hechos reales y que dio visibilidad a las víctimas y a los victimarios en esta historia.
“Hoy, entrego a ustedes el resultado de esta modesta colaboración, esperando sea útil y dé un poco de luz a los hechos que el gobierno de México pretendía ocultar en la obscuridad de la fabricación de la llamada verdad histórica”, dijo.

Hay documentos en los que se considera a los normalistas un problema de seguridad nacional, dice

Anabel Hernández contó que, en esta investigación tuvo acceso a un documento secreto del gobierno mexicano en el que considera a los normalista de Ayotzinapa un problema de seguridad nacional.
De los documentos a los que accedió y que dijo que han incomodado al gobierno, detalló que son investigaciones internas que hizo la Visitaduría General de la PGR. Una focalizada en el antiguo jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR Tomás Zerón de Lucio, en la que indica que con dolo sembró pruebas de que los estudiantes fueron asesinados e incinerados, y sus restos tirados al río San Juan.
El otro documento es de una auditoría que se hizo a los cientos de tomos que conforman la averiguación previa de lo que pasó en Iguala, un documento de más de mil páginas.
Dijo que uno de los documentos, de 177 fojas, ya está disponible en la página de internet www.laverdaderanochedeiguala.com, y que hará público el segundo documento en enero.

Los ataques pudieron ser para recuperar los autobuses que llevaban droga, indica

Durante la ronda de preguntas de los asistentes, el padre de uno de los normalistas preguntó si los dos autobuses de la Estrella de Oro que fueron atacados realmente llevaban heroína.
Anabel Hernández respondió que, de acuerdo con documentos que consultó en la investigación, entre ellos la denuncia penal que hizo la empresa tras la toma de los dos autobuses, está la hipótesis que el 22 de septiembre, cuando los normalistas tomaron al azar estos autobuses no se percataron del contenido, y se los llevaron a Iguala el 26 de septiembre; en el trayecto fueron monitoreados por el C-4, y sucede el ataque de soldados y policías para, supuestamente, recuperar los camiones.
Los padres agradecieron a la periodista su investigación y aportación en la búsqueda de la verdad y para poder dar con el paradero de sus hijos.
La editorial Grijalbo donó 43 libros para cada uno de los padres, que fueron dedicados por la periodista, que se comprometió a regresar si los padres se lo piden, después de leer el libro, para seguirle planteando sus dudas.

La “verdad histórica” no satisfizo a nadie, dice Héctor Astudillo

En la víspera de comenzar su gobierno, el desde hoy gobernador Héctor Astudillo Flores anunció que en Guerrero habrá una nueva estrategia contra la inseguridad con la participación de militares, y una nueva oficina de la PGR en Acapulco para el combate a la extorsión.
También precisó que en su gobierno no habrá persecución ni amenazas contra el movimiento social, y que la Escuela Normal de Ayotzinapa continuará recibiendo su respaldo en sus demandas educativas y en sus reclamos de justicia por los 43 desaparecidos y asesinatos.
En entrevista realizada la tarde de este lunes en su casa en esta ciudad, Héctor Astudillo pidió a los guerrerenses que le tengan confianza, “soy un guerrerense que se ha formado y vivido en Guerrero, comprometido porque me toca gobernar en momentos difíciles pero decidido a enfrentarlo”.
“Llego consciente pero sin miedo, no tengo temores, espero encontrar la fuerza y la participación no sólo de la sociedad guerrerense, sino también del gobierno federal para enfrentar todo el tipo de problemas que tiene Guerrero”, dijo.
Precisó que llega a gobernar “en un momento de crisis financiera y social, y la política espero sea la menor, donde no tengo otro propósito mas que de servir a Guerrero, para que las cosas sean mejores; estoy en la idea de iniciar un nuevo capítulo para Guerrero, alejado de la violencia, de la confrontación, del rencor y el odio”.
Agregó que “lo que sucedió en Iguala nunca más debe pasar, y para que no vuelva a pasar soy enfático en decirles a los presidentes municipales, colaboren; porque al final de cuentas yo soy una sola ficha, tengo que convocar a todos y debe haber un cambio de actitud, si ayudan las cosas pueden cambiar en Guerrero”.
Este lunes 26 de octubre el padre de Héctor Astudillo, Héctor Astudillo Bello, estaría cumpliendo 83 años de edad. Apegados a las tradiciones católicas, la familia Astudillo Flores a través de su madre, doña Carmen Flores, le organizó este día una misa a su esposo fallecido en la iglesia de la Santa Cruz, pero el gobernador electo no pudo llegar debido a sus actividades realizadas en Acapulco.
Este martes, desde las nueve de la mañana en el Congreso del estado, el futuro gobernador tomará protesta y posteriormente se trasladará a Acapulco, al centro de convenciones Fórum Mundo Imperial, en donde se realizará una ceremonia de salutación, que se acostumbra en el PRI cada vez que llega uno de los suyos al poder.
La militarización que a partir de este lunes se vive en Acapulco no es por la ceremonia de toma de posesión, sino el inicio de la nueva estrategia de seguridad pactada el pasado miércoles en la ciudad de México entre el secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, y Héctor Astudillo, dijo este último en la entrevista.
Añadió que la nueva estrategia de seguridad se formalizará este martes luego de la toma de protesta en el Congreso del estado.
Explicó que la presencia policiaca en las sedes donde tomará protesta como el Congreso local y el Palacio de Gobierno, así como en Acapulco, responde a un esquema de seguridad para proteger a invitados, legisladores, funcionarios y familiares que asistirán.
Pero aseguró que esa militarización no será utilizada en contra de las movilizaciones que han anunciado para este martes maestros de la CETEG y normalistas de Ayotzinapa.
A pregunta expresa, Astudillo Flores dijo que no ha dado ninguna instrucción a nadie para que actúen en contra de los marchistas.
-Pero los maestros y estudiantes de Ayotzinapa anunciaron movilizaciones para recibirlo como nuevo gobernador, ¿qué opina de esto?
-Sería anormal que no lo hicieran, ¿no? Que les he dicho, con quiénes me he reunido los últimos días de manera personal y con otros por teléfono, porque he hablado con un montón de gente, que no es con Héctor Astudillo con quien finalmente va a resolverse su conflicto, voy a colaborar y ayudar para que las cosas puedan tener otra ruta de entendimiento.
“No soy su enemigo, no es necesaria una lucha frontal, porque conmigo caminaremos en busca de la justicia, porque estoy consciente que debemos solucionar los conflictos”, dijo.
-A los maestros les molestó que en la semana pasada se reuniera con el secretario de Educación, Aurelio Nuño, y usted se comprometiera a sancionar a los maestros faltistas. ¿Eso marca una mala relación con el magisterio disidente?
-Haría muy mal en no reunirme con Nuño, que es el secretario de Educación, y me he reunido con todos los secretarios del gobierno federal y no tengo ningún interés en confrontarme con los maestros, ni con nadie. Yo lo que creo es que debo ser un armonizador, como dice la ley, de este conflicto.
“Lo que no puedo y no debo hacer, es para la reforma educativa porque es una decisión federal, pero ni es propósito mío andarlos persiguiendo ni andarlos amenazando, mi propósito es salir juntos de los problemas”.

Justicia para Ayotzinapa

Respecto a las múltiples necesidades de los estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, Héctor Astudillo anunció que su gobierno garantizará los beneficios y demandas para ellos, “y cabe recordar que desde inmediatamente de lo ocurrido la madrugada del 27 de septiembre, desde tribuna exigimos la separación del alcalde José Luis Abarca, condenamos los hechos y exigimos justicia, yo toqué el tema y tres días después le quitamos el fueron para que la justicia se hiciera cargo”.
Sobre los 43 desaparecidos y sobre los asesinatos de estudiantes, civiles y jóvenes deportistas, dijo que “por supuesto que no voy a descansar ni ceder en la exigencia de que se haga justicia ante una verdad histórica que no satisfizo a nadie, debe seguirse investigando y yo voy a colaborar con eso”.
Por lo anterior a pregunta expresa, señaló que hace suyas las investigaciones y recomendaciones realizadas por resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “y hago mías las exigencias de los padres y familiares de desaparecidos, para que regresen con vida estudiantes desaparecidos, porque refrendo mi dicho ‘cómo hubiera reaccionado como padre, si a mí me hubieran hecho eso, desaparecerme un hijo”.
“Y en eso he sido plenamente solidario, no tengo ni una duda de que mi solidaridad ha sido absoluta con los padres de familia y la propia Escuela Normal”, sostiene.
-¿Por las movilizaciones de mañana ha dado alguna instrucción específica a sus encargados de seguridad para contenerlos?
-Yo no he dado instrucción alguna a nadie, no veo ni un problema, la gente puede marchar, haría muy mal, no soy nadie para andar impidiendo que alguien marche, sería anticonstitucional y lo otro, pues estoy acostumbrado a que haya marchas, aquí vivo en Chilpancingo y entiendo perfectamente por qué las hacen.
“Pero vuelvo a lo mismo, el hacer una marcha porque yo soy gobernador no creo que resuelva ni un problema, porque es un asunto que ya se resolvió el 7 de junio pasado, con el voto de los guerrerenses”.
-¿Ya tendió los puentes para un acercamiento con los dirigentes del movimiento social?
-He tendido todos los puentes necesarios, en los últimos días he hablado con mucha gente y lo voy a seguir haciendo.
-¿Le han dado alguna garantía de parte del movimiento para mañana en su toma de protesta como gobernador?
-No, no tengo ninguna garantía, con todos los que he hablado, voy a ser prudente y no diré sus nombres, he sido claro y firme que estoy dispuesto al diálogo.

Nueva estrategia de seguridad

-Pero no sólo está el movimiento, usted va a recibir al estado, como el más violento del país, como se dio a conocer recientemente.
-Es una nota que ya la hemos conocido, y sí, el tema que más preocupa a los guerrerenses es el de la inseguridad y por eso mañana (martes) vamos a hacer los anuncios respectivos, ante la presencia del representante del presidente Enrique Peña Nieto.
“Y no podría entrar como gobernador si no hiciéramos algo nuevo, algo que levante la esperanza de los guerrerenses”.
Reconoció que el problema de la inseguridad “es tan grande que no ha permitido ver los resultados que uno quisiera, vamos a seguir en esa figura del Grupo de Coordinación Guerrero, por lo pronto, porque es una mesa de diálogo y de toma de acciones, pero estoy convencido que buscaremos cosas nuevas para dar resultados”.
Dijo que no tiene inconveniente en que se revisen los casos de los presos políticos y se beneficien con una ley de amnistía, como el caso de la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado, Arturo Campos y Gonzalo Molina, entre otros.
Estableció que está de acuerdo con las policías comunitarias y ciudadanas, “pero que actúen dentro de la ley, porque si tienen armas, éstas deben estar permitidas por la ley, como reconozco a las policías comunitarias que se mueven dentro de las regiones indígenas, porque han ayudado mucho en materia de seguridad”.
“Lo que no veo bien es lo que ha pasado, que entren en violencia las policías ciudadanas, porque ve uno una violencia desatada que no alcanza uno a comprender”.
“Pero el asunto del crimen organizado es un problema grave por su existencia y más grave por tantas bandas que existen”.
-Pero en Guerrero es evidente que es más fácil para los militares y la Policía Federal y estatal, reprimir a estudiantes y maestros, a donde llegan de inmediato, que en ir en auxilio de la población hostigada o sitiada por el crimen organizado.
-Bueno, hay varios problemas, no sólo el del crimen organizado, hay problemas de evitar algunos actos de vandalismo y creo que es correcto que se evite aquí y en cualquier parte del mundo.
“También hace falta que haya entendimiento del movimiento para encontrar las causas de la movilización”.
Héctor Astudillo recordó que hace exactamente una semana se reunió con el presidente Peña Nieto en Cuernavaca y que se comprometió a ayudar en materia de seguridad para combatir la extorsión.
Y anunció que mañana miércoles, la PGR va a instalar en Acapulco una oficina para la atención y combate a la extorsión. Suspenderá programas asistencialistas

-Otro problema es la pobreza, ni antes el PRI, ni luego el PRD, pese a sus promesas, lograron abatirla, al contrario, se ha incrementado, ahora nuevamente llega usted a gobernar un estado muy pobre. ¿Qué planes tiene?
-Sí, este es un estado pobre, que ha sido pobre y no puede salir de ser pobre, se debe dejar de pensar que sólo entregando dinero vamos a salir de pobres, hay que enseñarle a la gente a producir.
“Las políticas asistencialistas, donde vas a cobrar 500 pesos o mil pesos al mes, no creo que puedan funcionar; hay que encontrar otras acciones, hay que enseñar a la gente a producir, pero el problema es que la tentación de la producción de la amapola y la mariguana es grande y por eso deben encontrarse soluciones para que las familias y jóvenes que se dediquen a ese cultivo y no quieran producir  artesanías, por ejemplo”.
-¿Entonces usted se uniría a esas voces que piden legalizar la mariguana?
-No, yo no me uniría para legalizar la mariguana ni ninguna otra droga.
-¿Ni para uso lúdico y medicinal?
-Para uso médico, claro que sí, hay que encontrar el camino, pero no para consumirla.
-¿Pero eso no ayuda a combatir la pobreza?
-No creo que esa sea la salida, la salida a final de cuentas es la educación, salud, comunicación, hay que llenar de carreteras a Guerrero y hay que llevar algunas actividades productivas regionales para evitar que la gente brinque a la tentación de cultivar drogas.
-¿Entonces va a desaparecer los programas asistencialistas creados por Angel Aguirre Rivero?
-Algunos van a permanecer, como los uniformes escolares, los desayunos escolares, todo eso que sean apoyos en especie se mantendrán, yo no voy a andar entregando dinero a la gente.
Además dijo que inyectará recursos para el combate a la pobreza, pero que sigue pendiente especificarlo en el presupuesto federal que aún no se aprueba en la Cámara de Diputados federal.