En Iguala participaron unos 40 funcionarios del Ejército y policías que pueden ser identificados: Anabel Hernández

 

La periodista Anabel Hernández presentó en la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzianapa su libro La verdadera noche de Iguala, donde destaca la participación del Ejército, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la Procuraduría General de la República (PGR) y la Policía Ministerial, en los ataques a los normalistas el 26 y 27 de septiembre del 2014, cuando desaparecieron 43 estudiantes.
En este crimen participaron unos 40 funcionarios del gobierno que pueden ser claramente identificados y sometidos a procesos, incluso pocas horas después de los hechos, ante los dictámenes periciales de balística, videos, bitácoras del C-4 y testimonios de los sobrevinientes y de ciudadanos que presenciaron los hechos.
De esto dijo que se trata de autoridades de la 35 Zona Militar, del 27 Batallón de Infantería, la PGR, la SSP y la Policía Ministerial del estado, así como policías municipales de Iguala.
La periodista dijo que, durante los dos años que investigó para este libro no encontró ningún indicio de que los estudiantes estuvieran involucrados con el crimen organizado, como quiso mostrar el gobierno.
Anabel Hernández contó que a finales de 2014 inició su investigación, luego de que la PGR integró una averiguación manipulada, porque la intención de la autoridad desde un principio fue esconder la verdad, ocultar las pruebas periciales, forenses, las pruebas de balística que eran fundamentales, para encontrar incluso que soldados del 27 Batallón de Infantería del Ejército dispararon a los autobuses donde se transportaban los normalistas.
Comentó que el ejemplo de amor de los padres que emprendieron esta lucha fue el que la hizo desde el exilio involuntario en el que se encontraba, y al que la obligó el gobierno de México, regresar al país a investigar lo que realmente pasó la noche de ese 26 de septiembre.
Resaltó que durante este tiempo, el mismo gobierno ha querido dividir a la sociedad mexicana, y que entre algunos sectores lo ha logrado, y aunque localizar a los 43 normalistas es asunto de verdad y justicia, lo hace parecer solamente como un asunto ideológico y político.
“Para mí, que he hecho esta investigación durante más de dos años, y que llevo más de 23 siendo periodista de investigación –que he hecho muchas, muchas investigaciones muy complejas–, he dedicado los últimos 11 años de mi vida a investigar el crimen organizado en este país, cómo funciona, cuáles son los botones que lo detonan; les puedo decir que veo con absoluta claridad que el tema de los 43 estudiantes desaparecidos no es sólo un tema de 43 personas o de sus padres o de sus compañeros, es un tema que condena, que sintetiza lo que hoy es México, y nos involucra a todos”, dijo Anabel Hernández.
La periodista les leyó a los padres de los normalistas una reflexión que preparó para ellos, donde expuso que lo único que los normalistas buscaban era la transformación del país a través de la cultura y la democracia, y que, sin embargo, el Estado mexicano intentó criminalizar la protesta y dividió a la sociedad, haciendo ver las exigencias de los estudiantes como un tema de lucha ideológica y no de justicia social.
“Pareciera que el sistema político mexicano prefiere jóvenes sin educación, sin empleo, ni futuro, que engrosen las filas de la miseria y del crimen organizado, a que haya jóvenes educados como ustedes, que luchen por sus derechos y transformen a este país en una verdadera democracia”, leyó.
Agregó que “para comprender lo que pasó en Iguala y la impunidad de los crímenes había que entender que para el gobierno de México los estudiantes de esta escuela eran más peligrosos que los propios carteles de la droga, quizá porque con los carteles de la droga, el Estado mexicano siempre ha encontrado la maneras de convivir y encontrar intereses en común”.
Explicó que los hechos antes, durante y después de esa noche representan dos crímenes deleznables que pusieron a prueba al sistema político y de justicia de México.
El primero, dijo, fue el de los ataques perpetrados en la noche del 26 y 27 de septiembre, del que resultaron muertos seis civiles, entre ellos tres estudiante, 16 normalistas lesionados de armas de fuego y 43 desaparecidos.
El segundo crimen fue el que comenzó en el instante que inició la investigación de las autoridades para encontrar a los 43 y castigar a los responsables.
En este crimen y en su encubrimiento, las instituciones responsables de procurar justicia fabricaron culpables mediante torturas, manipulación y desaparición de pruebas, ejemplificó. Indicó que participaron funcionarios del más alto nivel en México, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de la Secretaría de Gobernación, la PGR, el Cisen e incluso la Presidencia de la República.
“A todos, periodistas, organizaciones sociales de derechos humanos y a la sociedad en general, nos corresponde que esta tragedia en México no sea una más, que los responsables de los hechos de esa noche y que quienes los han encubierto durante dos años y tres meses sean sometidos a juicio, no sólo por un derecho de los familiares de quienes fueron asesinados, desaparecidos, sino de toda la sociedad mexicana”, subrayó la periodista.
Añadió que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto debería ser el primero en estar presente y honrar a los jóvenes de Ayotzinapa, haciendo que las instituciones encuentren y provean justicia, pero que no ha estado y ni estará.
Anabel Hernández subrayó que, “si el jefe del Ejecutivo no encuentra las condiciones para hallar a los estudiantes desaparecidos, dar verdad y justicia a la sociedad mexicana en este caso, debemos ayudarle y solicitar que se conforme un tribunal internacional especial en este caso que sancione a todos los responsables”.
Ahondó que, como periodista de investigación ha tratado de hacer su contribución, la búsqueda de verdad y justicia. Y que pudo separar la mentira histórica fabricada por el Estado de los hechos reales y que dio visibilidad a las víctimas y a los victimarios en esta historia.
“Hoy, entrego a ustedes el resultado de esta modesta colaboración, esperando sea útil y dé un poco de luz a los hechos que el gobierno de México pretendía ocultar en la obscuridad de la fabricación de la llamada verdad histórica”, dijo.

Hay documentos en los que se considera a los normalistas un problema de seguridad nacional, dice

Anabel Hernández contó que, en esta investigación tuvo acceso a un documento secreto del gobierno mexicano en el que considera a los normalista de Ayotzinapa un problema de seguridad nacional.
De los documentos a los que accedió y que dijo que han incomodado al gobierno, detalló que son investigaciones internas que hizo la Visitaduría General de la PGR. Una focalizada en el antiguo jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR Tomás Zerón de Lucio, en la que indica que con dolo sembró pruebas de que los estudiantes fueron asesinados e incinerados, y sus restos tirados al río San Juan.
El otro documento es de una auditoría que se hizo a los cientos de tomos que conforman la averiguación previa de lo que pasó en Iguala, un documento de más de mil páginas.
Dijo que uno de los documentos, de 177 fojas, ya está disponible en la página de internet www.laverdaderanochedeiguala.com, y que hará público el segundo documento en enero.

Los ataques pudieron ser para recuperar los autobuses que llevaban droga, indica

Durante la ronda de preguntas de los asistentes, el padre de uno de los normalistas preguntó si los dos autobuses de la Estrella de Oro que fueron atacados realmente llevaban heroína.
Anabel Hernández respondió que, de acuerdo con documentos que consultó en la investigación, entre ellos la denuncia penal que hizo la empresa tras la toma de los dos autobuses, está la hipótesis que el 22 de septiembre, cuando los normalistas tomaron al azar estos autobuses no se percataron del contenido, y se los llevaron a Iguala el 26 de septiembre; en el trayecto fueron monitoreados por el C-4, y sucede el ataque de soldados y policías para, supuestamente, recuperar los camiones.
Los padres agradecieron a la periodista su investigación y aportación en la búsqueda de la verdad y para poder dar con el paradero de sus hijos.
La editorial Grijalbo donó 43 libros para cada uno de los padres, que fueron dedicados por la periodista, que se comprometió a regresar si los padres se lo piden, después de leer el libro, para seguirle planteando sus dudas.

Toman la caseta a Tixtla normalistas de Ayotzinapa; piden dinero para apoyar su movimiento

Estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa tomaron ayer dos horas la caseta de cobro del nuevo libramiento a Tixtla.
Los normalistas permitieron el paso a los automovilistas, a quienes pedían una cooperación voluntaria para el sustento de la escuela y el movimiento que encabezan los padres de los 43 estudiantes desaparecidos. También sustrajeron diesel del tanque de un camión pesado.
Desde las 11 de la mañana, los normalistas llegaron a la caseta de cobro que se encuentra a unos 4 kilómetros de la escuela, a bordo de dos autobuses de la Estrella de Oro. Todos llevaban el rostro cubierto.
Se supo que, a la llegada de los normalistas los trabajadores de la caseta dejaron sus módulos y no opusieron resistencia.
Ahí, los estudiantes permitieron el paso de todos los automovilistas a quienes les una pedían cooperación voluntaria, además se observó que a un camión pesado le sustrajeron una garrafa de diesel.
Los estudiantes explicaron que, poco antes del mediodía, cuatro patrullas se acercaron a la caseta y un oficial les preguntó si les permitirían el paso, porque más tarde se trasladarían a Chilpancingo; “les dijimos que el paso era libre para todos, no estamos bloqueando, sólo pedimos apoyo voluntario”, explicó uno de los normalistas, y aseguró que los policías estaban en Tixtla para resguardar la toma de protesta del nuevo alcalde Hossein Nabor Guillén, que se celebró en el auditorio del Ayuntamiento.
Aclararon que la actividad era solamente para pedir cooperación destinada al sustento de la Normal y al movimiento, y nada tenía que ver con la toma de posesión de Nabor Guillén.
A 2 kilómetros de la caseta, en el crucero que comunica al municipio de Apango, había un retén de la Fuerza Estatal con unos 15 uniformados armados en cuatro patrullas, pero a decir de los estudiantes no hubo un intento de desalojo.
Después de dos horas, los normalistas se retiraron del lugar.