Tomás Zerón de Lucio presentó una demanda de amparo en la que solicita una orden judicial que prohíba a la Secretaría de Gobernación y, en particular, al subsecretario Alejandro Encinas, señalarlo públicamente como “torturador” y creador de la “verdad histórica”.
El ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) pidió una suspensión para que se ordene eliminar de las páginas oficiales y redes sociales, como Facebook, X, Instagram y You Tube, toda publicación que lo presente como culpable y bajo esos señalamientos, ya que afirma que violan su derecho a la presunción de inocencia.
De acuerdo con registros judiciales, la demanda de garantías fue turnada al Juzgado Décimo Quinto de Distrito de Amparo, en Ciudad de México, el cual analizará si es competente para pronunciarse sobre este asunto y si procede o no la suspensión solicitada.
“(Se solicita la suspensión para que) las autoridades responsables se abstengan de continuar realizando declaraciones verbales, escritas o la publicación de contenido de páginas oficiales o redes sociales mediante las que se afirme, sugiera o presente dentro de un contexto especial al quejoso, sosteniendo que es un torturador, que realizó actos de tortura o creó la ‘verdad histórica’ en el caso Ayotzinapa”, señaló.
“De continuar con lo anterior, seguiría la afectación a la presunción de inocencia del quejoso en su vertiente de trato extra procesal dentro de las investigaciones iniciadas en su contra, ya que la generación de mensajes como los emitidos por las autoridades responsables y que ahora se reclaman, pueden influir para generar una versión sesgada en los órganos de acusación y de impartición de justicia, porque de manera informal se adelanta una declaración de condena a través de un juicio mediático, volviendo al proceso penal correspondiente en una mera formalidad”.
El hoy prófugo de la justicia, y radicado en Israel, presentó esta demanda judicial contra el subsecretario Alejandro Encinas y la Segob.
Al primero, le reclama la trasgresión a los principios de presunción de inocencia y el debido proceso, por acusarlo públicamente de crear con base en torturas la “verdad histórica” del Caso Ayotzinapa.
Zerón señala que Encinas hizo estas manifestaciones el pasado 25 de agosto, en la presentación del informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia, con motivo del noveno aniversario del Caso Ayotzinapa, en este mes.
También hizo expresiones en el mismo sentido en un video de la Segob, que difundió el subsecretario en su cuenta de X (antes Twitter).
El ex jefe de la AIC también reclama a la Segob la orden de publicar en el portal del gobierno de México, el comunicado de prensa 438/2023, con el título “Tomás Zerón, hoy prófugo de la justicia, creó la verdad histórica con base en la tortura y Alteración de pruebas”.
En dicho texto, se queja el ex mando policiaco, se hacen afirmaciones sobre las conductas que le imputan y se adjunta un video con tales señalamientos.
“Lo anterior, es una clara violación a los principios de presunción de inocencia y debido proceso”, refiere.
Contra Zerón pesan cinco órdenes de aprehensión, tres de ellas por delitos de servidores públicos y supuestos desvíos en contratos de la PGR, y dos relacionadas con el Caso Ayotzinapa.
Estas últimas son por la presunta tortura a Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, operador del grupo criminal Guerreros Unidos, tras su detención en 2015.
Otra es por trasladar al río San Juan, sin abogado y sin orden ministerial, a Agustín García, El Chereje, uno de los sicarios del mismo grupo criminal que está acusado de participar en la desaparición de los estudiantes.
La Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República (PGR) internó en la cárcel federal de Gómez Palacio, Durango, a Erick Sandoval Rodríguez, La Rana, acusado de estar implicado en el plagio y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala.
Según fuentes federales, la noche del lunes, el mismo día en que fue detenido en Cocula, la PGR lo trasladó de la Ciudad de México a Durango, en cumplimiento a una orden de aprehensión por delincuencia organizada y secuestro.
Según fuentes allegadas al caso, el presunto integrante del grupo criminal Guerreros Unidos rendirá su declaración preparatoria vía exhorto ante un juez federal en Gómez Palacio.
El mandato de captura librado contra La Rana corresponde a los hechos ocurridos la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, cuando desaparecieron 43 normalistas de Ayotzinapa.
En el pliego de consignación original, el juez Primero de Distrito en Procesos Penales de Tamaulipas giró las órdenes de aprehensión por delincuencia organizada y secuestro, pero las negó por desaparición forzada.
Un testimonio recabado por la PGR, el de Jonathan Osorio, El Jona, ubica a Sandoval Rodríguez en el basurero de Cocula en el momento de la supuesta incineración de los cuerpos de los estudiantes.
Por su captura la PGR ofrecía una recompensa de 1 millón 500 mil pesos.
Para los padres de los normalistas esta detención sólo demuestra que la Procuraduría está interesada en consolidar su versión que señala que los normalistas fueron incinerados en el basurero de Cocula.
Agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) detuvieron a cuatro “posibles integrantes de un grupo delictivo que opera en la región” Centro, luego de que catearon una casa en la colonia 20 de Noviembre, al suroriente de Chilpancingo, informó la Procuraduría.
Por la noche, en el programa de televisión En Punto, el principal noticiero de la empresa Televisa que conduce Denise Maerker, la periodista informó que uno de los cuatro detenidos es Martín Piña Gómez El Charro, uno de los principales colaboradores de Isaac Navarrete Celis El señor de la I, líder de la organización delictiva Cártel de la Sierra.
Por su parte, familiares de los cuatro detenidos denunciaron que los agentes de la PGR de manera arbitraria catearon la vivienda sin mostrar una orden de aprehensión y violentaron los derechos humanos de sus familiares, a quienes les sembraron armas adentro de la casa.
A la 5 de la madrugada de ayer, los agentes de la PGR, a bordo de unas seis camionetas oficiales llegaron a la calle Eucaria Apreza esquina con Álvaro Obregón, en este asentamiento de clase media alta de Chilpancingo, y bloquearon más de cinco horas las dos vialidades impidiendo el paso de los automovilistas; los oficiales sólo dejaban pasar a los transeúntes en la zona.
El operativo generó miedo en los vecinos que viven cerca de la casa de dos pisos, hecha de concreto, que catearon, “pensé que eran hombres armados que iban por alguien, porque las camionetas no están rotuladas; sí nos dio miedo”, contó un vecino que pasaba por el lugar.
Otros vecinos salieron de sus casas para observar la operación de los oficiales de la PGR. Se le preguntó a un oficial el motivo, y contestó que no podía dar información por seguridad.
Minutos después de las 10:40 de la mañana, los policías de la PGR, a bordo de vehículos oficiales se retiraron de la colonia 20 de Noviembre y trasladaron a los cuatro detenidos a la delegación de la Procuraduría para ser investigados y para deslindar responsabilidades.
Fuentes de la PGR informaron que los cuatro detenidos permanecían en la delegación de la Procuraduría en la capital, y se espera que hoy sean trasladados a Acapulco o a la Ciudad de México para seguir las investigaciones.
En la transmisión nocturna del programa En Punto, Denise Maerker dijo que el detenido es Martín Piña Gómez El Charro.
“Es señalado por ordenar y participar en diversos homicidios y por producir una droga sintética que se denomina China White elaborada a base de fentanilio, está identificado como uno de los principales colaboradores de Isaac Navarrete Celis El señor de la I, líder de la organización delictiva Cartel de la Sierra, previo a ello la información de las autoridades es que trabajó para el grupo de Los Rojos; junto con El Charro fueron detenidos otros tres integrantes de esta organización”, informó Maerker.
Familiares de los cuatro detenidos acuden a la PGR
Minutos antes del mediodía, familiares de los cuatro detenidos acudieron a la delegación de la PGR para informarse sobre su detención y para conocer su situación legal.
Un familiar, quien se reservó su nombre, relató que a las 5 de la mañana unos 30 agentes de la PGR, a bordo de seis camionetas llegaron a la casa e intentaron abrir la puerta a golpes y con tubo para poder entrar, pero no lo lograron.
“Cuando ocurrió el operativo estábamos todos dormidos, la señora de la casa les pidió a los oficiales que se calmaran que ella les iba a abrir, pero cuando les abrió ellos empujaron la puerta y a la señora la tiraron al suelo, ya no pudieron hacer nada y estos fulanos entraron a la fuerza”, declaró.
Señaló que en la operación los oficiales dijeron que les iban a enseñar la orden de aprehensión o cateo, pero no ocurrió y se llevaron a sus cuatro familiares, “no podemos decir su nombre por seguridad, y venimos aquí a la PGR para que nos den noticias de ellos y porque los detuvieron”.
Afirmó que en el cateo los policías de la PGR les sembraron armas adentro de la vivienda y además se llevaron celulares, alhajas, video juegos, computadoras y dinero en efectivo, “nos dio miedo porque pensábamos que eran hombres armados, que nos iban a matar, no respetaron nada a pesar de que habían cuatro menores durmiendo”.
“Es una arbitrariedad esto, yo estoy de acuerdo que si alguien hizo algo malo que lo detengan, pero, señores, toquen la puerta cuando hagan esto, así espantan a la gente, no es justo que abusen las autoridades a la gente inocente”, indicó
La colonia 20 de Noviembre es de clase alta y media de Chilpancingo; ahí han ocurrido otros hechos de violencia. Hace un año, presuntos delincuentes rafaguearon una vivienda de tres pisos, cerca donde se llevó a cabo el cateo, en el ataque no hubo heridos o muertos.
El boletín oficial
Anoche, la PGR difundió un comunicado para informar que los detenidos se llaman Martín, Adán, David y Gustavo, y que con estas detenciones, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) “cumplimentó una orden de cateo autorizada por la autoridad judicial, en un inmueble en el estado de Guerrero”.
De acuerdo con el boletín, agentes de la PGR, a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la SEIDO, detuvieron a cuatro “posibles integrantes de un grupo delictivo que opera en la región” Centro, luego de que catearon una casa en la colonia 20 de Noviembre, al suroriente de Chilpancingo.
La institución señala que durante la operación aseguraron droga cristal y mariguana, “una báscula de las denominadas grameras, un arma corta y un arma larga”.
“Cabe señalar que la detención se realizó en estricto apego al debido proceso y en todo momento les fueron respetados sus derechos”, indica el comunicado.
Padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos protestaron en el Tercer Juzgado de Distrito en Materia Administrativa, para exigir al juez titular una explicación del amparo que demandaron contra la resolución de la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República (PGR), que exime de culpabilidad de las irregularidades del caso al ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio.
El juez Adolfo Santos Pérez contestó a una comisión de padres, que ingresó durante la protesta donde mostraron fotografías y nombres de sus hijos desaparecidos, que el amparo indirecto 195/2017-3 interpuesto por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan en marzo pasado, no se ha podido desahogar por la “desaparición” de seis funcionarios de la AIC: cuatro peritos y dos agentes ministeriales.
Como parte de su tercera jornada de lucha para exigir la presentación con vida de los 43 desaparecidos a casi 38 meses de los hechos en Iguala, apoyados por estudiantes e integrantes de organizaciones sociales y sus abogados, los padres llegaron al edificio en la delegación Álvaro Obregón cerca de mediodía. Al grito de ¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!, se colocaron en la explanada.
El abogado Vidulfo Rosales Sierra dijo en el mitin que: “los padres y madres de familia interpusimos un amparo contra la resolución mediante la cual exoneró de responsabilidades penales al señor Tomás Zerón de Lucío (actual secretario Técnico del Consejo de Seguridad Nacional), lo cual para nosotros implica serias y graves violaciones al acceso a la justicia, al derecho a la verdad y al derecho de saber del paradero de nuestros hijos”.
Precisó que como titular de la AIC “creemos que el señor Tomás Zerón de Lucio tiene responsabilidades penales: trasladó detenidos sin la autorización del Ministerio Público a la escena del crimen, manipuló evidencias de la escena del crimen sin que esto obre en el expediente, editó videos, sin que esto estuviera y constara dentro del expediente penal de las investigaciones”.
Los contingentes se trasladaron del plantón instalado desde el lunes en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para exigir una reunión con el juez, Santos Pérez. Una comisión ingresó al edificio con la petición de “saber el estado que guarda esta demanda de garantías”.
Rosales precisó que el procedimiento sancionatorio administrativo de la Secretaría de la Función Pública (SFP) en contra de Zerón de Lucio, no tendrá validez hasta que el juzgado Tercero de Distrito resuelva el amparo que los padres tramitaron en marzo pasado.
Mientras dejaban pasar a la comisión de padres acompañada de Vidulfo Rosales a entrevistarse con el juez, normalistas de Ayotzinapa repetían consignas: ¡Porque somos estudiantes, normalistas rurales, sí señor, porque somos de Ayotzi, sí señor, porque somos reprimidos, sí señor!
Rosales precisó que hace falta la publicación de edictos para avisar a los involucrados, “que asciende a 100 mil pesos cada uno”.
Mencionó que es importante que se desahogue el amparo para que Zerón pague por ocultar las diligencias en el río San Juan, donde fueron extraídos, según dice la PGR, los restos de uno de los 43 desaparecidos, Alexander Mora, el único identificado en estas condiciones sospechosas.
Aseguró que han solicitado al Consejo de la Judicatura cumplir el trámite, que es otra parte que atrasa el proceso: “nos preocupa que de manera deliberada la PGR haya ocultado los domicilios de estos servidores públicos, como una estrategia para dilatar el amparo y poner obstáculos al procedimiento”.
El representante de los padres, Melitón Ortega dijo al micrófono que: “a más de tres años estamos demandando una investigación profunda de cada una de las líneas como resultado de una investigación exhaustiva por parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), para conocer el paradero de nuestros 43 estudiantes de la Normal. En los primeros meses, en la primera etapa de la investigación que llevó a cabo las autoridades de Guerrero allí construyeron las bases de esta investigación que impide avanzar para esclarecer el caso”.
Lamentó que “tuvieron que desaparecer las evidencias como por ejemplo los videos de las cámaras de vigilancia que operan a lo ancho de la ciudad de Iguala, donde fueron los ataques, lugares por donde fueron perseguidos nuestros estudiantes, estos videos no están en los expedientes… ¿quién es el responsable finalmente de esa investigación deficiente e irregular, porque no podemos decir que no hay una coordinación a nivel federal, tuvo conocimiento del caso Ayotzinapa Tomás Zerón, Enrique Peña Nieto, (el ex procurador) Jesús Murillo Karam?”.
En su sexto día de la jornada de lucha: “Rompe el muro de la impunidad”, dijeron que como parte de sus exigencias de la semana que concluirá el próximo domingo con una marcha en la Ciudad de México, es que se amplíe el mandato del Mecanismo Especial del caso Ayotzinapa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hasta el año que viene, hagan las detenciones que faltan de policías federales y de Huitzuco implicados, les den resultados de la telefonía usada el 26 y 27 de septiembre de 2014, la investigación de la ruta de trasiego de droga de Iguala a Chicago y se investigue al Ejército.
Este viernes habrá una protesta en la PGR para continuar las actividades.
Comerciantes del andador Zapata del centro de Chilpancingo corren a agentes de Investigación Criminal de la PGR, para impedir que siguieran con el cateo en los establecimientos para decomisar ropa apócrifa de la marca Tommy Hilfiger .Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
Comerciantes establecidos en las calles del centro de la capital obligaron a abortar la tarde de ayer una operación implementada por la Agencia de Investigación Criminal (AIC) que llegaron en vehículos sin logotipo, algunos sin placas y otros con placas del estado de Morelos a decomisar mercancía, según los comerciantes, sin orden de cateo ni oficio de comisión.
Los agentes habían detenido a siete comerciantes y decomisado 15 playeras de la marca Tomy, como muestra de que se trataba de prendas piratas, y trasladaron a los detenidos a la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR), pero más de 50 comerciantes fijos y semifijos retuvieron una patrulla de la Policía Municipal con cinco elementos abordo, y una camioneta Pick Up con dos agentes de la AIC y un abogado de la dependencia federal, con los que negociaron la liberación de sus compañeros.
El ambiente se tensó cuando algunos de los indignados comerciantes amenazaron con voltear e incendiar la camioneta en la que se encontraban los agentes federales, y tuvieron que acudir al lugar el delegado de la PGR, José Juan Monroy, y el secretario de Seguridad Pública municipal, Esteban Espinosa Montoya, para negociar la entrega de los detenidos a cambio de la liberación de los agentes y las camionetas.
Todo esto ocurrió en la calle Francisco y Madero esquina con Emiliano Zapata, en el Zócalo de Chilpancingo, entre las 2:30 y las 4:30 de la tarde.
Los agentes federales encontraron resistencia de los comerciantes desde el primer establecimiento al que llegaron, ubicado en la esquina de Madero con avenida Guerrero. Allí, el propietario de Imagina Regalos, Roberto Castañón, un conocido comerciante de la capital y propietario de la farmacia Pasteur, que cerró hace cinco años tras un saqueo similar, llamó a la solidaridad de otros comerciantes y de transeúntes.
“Estos tipos vienen a saquearnos y a robarnos a Guerrero, ¡no lo permitamos, compañeros, vecinos, no lo permitamos porque al rato ustedes también van a ser afectados por este tipo de gente!”, gritó a media calle, en donde de inmediato se concentraron decenas de comerciantes que, con gritos de “¡fuera!” repelieron la actitud de los agentes, quienes ya cargaban en las manos dentro del negocio bolsas de plástico dispuestas para llenarlas de mercancía.
Los vecinos pidieron al comerciante que cerrara su negocio y entonces los agentes prefirieron salir y, a bordo de la camioneta, abandonaron el lugar.
“Estos señores vienen a saquear mi negocio amparados en un documento, pero antes de que me den chance de que yo presente mis facturas, para que yo compruebe que es mercancía legal, ya traen bolsas de plástico para llenarlas de todo lo que tengo aquí”, acusó. En el establecimiento había relojería, bolsas de mujer, perfumes y artículos para regalo.
Roberto Castañón se quejó que los agentes llegan en el momento de peor crisis de ventas, “apenas estamos vendiendo de 50 a 100 pesos sólo para ir comiendo”, se quejó.
Comentó que los policías dijeron llevaban una orden, pero que no se la quisieron enseñar, “ellos mismos las hacen para justificar los saqueos a los comercios”.
A este comercio llegaron tres policías en una camioneta blanca, sin logotipo, y con placas NW-89-937 del estado de Morelos.
En este mismo local, hace cinco años estaba la farmacia Pasteur, propiedad del mismo Roberto Castañón, que igualmente fue saqueada por policías federales.
El hijo de Roberto, Miguel Castañón, dijo que en 2012 los agentes llegaron encapuchados y no se identificaron, sólo le avisaron que iban a hacer un cateo por orden de un juez, y le vaciaron más de la mitad del negocio, además de que se los llevaron detenido dos días a la delegación de la PGR.
Denunció que para que lo liberaran pagó una fianza de 90 mil pesos y no le devolvieron su mercancía, por lo que tuvo que cerrar y después se dedicó a la venta de artículos para regalo. Dijo que por eso, ayer, su padre llegó a impedir otro atraco.
Para ese momento, otros agentes ya entraban a otros negocios de la calle Emiliano Zapata, de donde se llevaron detenidos a siete comerciantes, cuatro mujeres y tres hombres, algunas de ellas eran empleadas.
Los policías que participaron en el operativo portaban armas de fuego y actuaron arbitrariamente incluso en contra de los transeúntes, a quienes replegaban amenazantes cuando pasaban cerca de donde cateaban los negocios.
La actitud de los agentes indignó a transeúntes y a comerciantes, quienes empezaron a llamar a la solidaridad.
“Váyanse a Chilapa, o a las colonias donde están los descuartizados, nosotros no somos delincuentes”, les gritaron algunos comerciantes, y eso encendió a los transeúntes; en menos de cinco minutos llegaron más comerciantes y transeúntes, hasta juntarse más de 50 gentes, quienes casi persiguieron a los policías hasta la calle Madero.
Presionados por comerciantes y transeúntes, los agentes abordaron cuatro camionetas y huyeron del lugar. Atrás habían quedado rezagadas una patrulla de la Policía Municipal que los apoyaba con resguardo, con cinco policías abordo, y una camioneta Pick Up blanca con dos agentes de la AIC y un abogado de la PGR.
Cuando los comerciantes se enteraron de que en las cuatro camionetas se habían llevado a siete detenidos que sacaron de seis negocios cateados, bloquearon el paso a la patrulla municipal y a la camioneta de la AIC, ésta sin placa delantera, y que en la que portaba atrás tenía la matrícula HE-78-450.
Todos los comerciantes aseguraron que su mercancía era legal y que contaban con documentos para probarlo; denunciaron que, en cambio, el operativo fue ilegal y arbitrario, y advirtieron que retendrían a los agentes hasta que fueran liberados sus compañeros.
Algunos comerciantes desinflaron las llantas traseras de la camioneta de los agentes federales y comenzaron a balancearla con intenciones de volcarla, también amenazaron con incendiarla.
Entonces llegaron el delegado de la PGR, José Juan Monroy, y el secretario de Seguridad Pública municipal, Esteban Espinoza Montoya, para dialogar con los comerciantes.
El delegado informó que el operativo se hizo conforme a derecho, y derivado de la presentación de una denuncia por los apoderados legales de la marca Tomy.
Estos argumentos indignaron más a los inconformes, que comenzó a gritarle para obligarlo a callar y a bajarse de la camioneta retenida a la que se había montado para hacerse escuchar.
“La Procuraduría, señores, está para servirles a ustedes, no estamos en contra de ustedes”, volvió a intentar convencer a los amotinados, pero volvieron a comenzar los abucheos y el funcionario bajó para dialogar con una de las líderes, con quien negoció la entrega de los detenidos a cambio de que dejaran ir a los agentes y las patrullas.
Casi a las 4:30 de la tarde llegaron en un vehículo de la PGR, también sin logotipos, los siete detenidos, y entonces los comerciantes empezaron a exigir la devolución de la mercancía decomisada, pero después se aclaró que únicamente habían sido 15 playeras sólo como muestra de que eran prendas piratas.
Cuando se había aparentemente resuelto el problema, llegó un comerciante y acusó ante el delegado a uno de los agentes que había llegado después de la retención, de haberlo extorsionado y saqueado su negocio, “son unos rateros le gritó” y le dijo su nombre, también le dijo que era empleado del gobierno del estado y que se ganaba la vida honradamente, y que por eso le indignaba que servidores públicos corruptos, como el policía señalado, se dedicarán a extorsionar a gente trabajadora.
Como pudo, el policía que comenzaba a ser acusado por otros comerciantes como uno de los que había participado minutos antes en la operación, se escabulló entre la multitud y hasta entonces lograron sacar del lugar la patrulla y la camioneta de la AIC.
Agentes del Ministerio Público federal ingresaron en un convoy a La Gavia, municipio de San Miguel Totolapan, a inspeccionar la zona donde fueron atacados los agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República (PGR) y asesinados cuatro de ellos el 20 de junio.
Unas 10 patrullas de la PGR llegaron a San Miguel Totolapan alrededor de las 9 de la mañana y junto a policías estatales ingresaron a La Gavia, que fue el bastión del líder criminal Raybel Jacobo de Almonte, El Tequilero, quien secuestró a un maestro a inicios de este mes, según denunciaron ayer sus familiares.
Los agentes hicieron peritajes es inspecciones forenses en la zona donde sufrieron la emboscada la madrugada del 20 de junio, cuando intentaban detener a El Tequilero pero fueron recibidos a balazos.
Los agentes estuvieron en La Gavia durante 4 horas y se retiraron.
No habían podido ingresar a esa comunidad porque estaba bajo el control de la banda Los Tequileros, incluso un día después de la emboscada hubo gente que impidió el trabajo a los agentes de la Fiscalía General del Estado.
La investigación incluye la inspección de la zona donde fue sepultado Agustín de Almonte primo de El Tequilero e integrante de su grupo criminal, quien murió en la refriega el día de la emboscada.
En La Gavia también recibieron el reporte de un maestro de la comunidad de Las Mesas, quien fue secuestrado el 2 de agosto por el grupo de El Tequilero.
Se trata de un nuevo caso de un maestro jubilado que vive en su pueblo natal y que de acuerdo al reporte se lo llevaron el 2 de agosto, y fue liberado este lunes después de pagar por su rescate.
El profesor es de la familia Bustamante quienes pidieron que se inicie la investigación oficial de este caso, ante lo que hubo un diálogo con los policías estatales y federales.
La comunidad de Las Mesas se ubica aproximadamente a 30 kilómetros de La Gavia detrás de cerros, y que según el reporte hombres armados llegaron a ese pueblo y se lo llevaron a la parte alta de la sierra.
Se trata de un nuevo maestro que se suma a la lista de profesores secuestrados por el grupo de El Tequilero, al que en los últimos 3 años le adjudicaron el secuestro de 16 profesores de los cuales cuatro fueron asesinados. (Israel Flores / Ciudad Altamirano).
Ante los hechos de la comunidad de La Gavia, municipio de San Miguel Totolapan, donde el lunes se dio un enfrentamiento entre el grupo criminal Los Tequileros y policías federales de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), de la Procuraduría General de la República (PGR), el coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, Luis Walton Aburto consideró que la federación debe coordinarse con el gobierno estatal y el municipio.
Asimismo, consultado al finalizar la tercera sesión ordinaria de la Coordinadora Ciudadana, Walton Aburto reiteró que está dispuesto a una alianza con Morena pero acatará la decisión del comité nacional del partido.
El dirigente estatal de Movimiento Ciudadano consideró que la emboscada a agentes de la PGR en la comunidad de La Gavia, en Tierra Caliente, fue una muestra de la falta de coordinación entre la federación y poderes locales, “se debe trabajar en coordinación; la situación de Guerrero es difícil, no nos debemos apartar de la realidad de todos los homicidios que hay en el estado, yo recomendaría, si es que de esa manera se puede hacer, es de que se trabajara coordinadamente, la federación con el estado y los municipios, para dar buenos resultados”.
Sostuvo que la seguridad es también responsabilidad del gobierno municipal, porque así lo estipula el Artículo 21 de la Constitución, y al presidente municipal de San Miguel Totolapan le corresponde la prevención, “no puede estar trabajando por un lado el municipio, por otro lado el estado y luego la federación, se necesita coordinación”.
Negó que la presencia de la AIC se interpretara como una violación a la soberanía municipal, “de ninguna manera; hay delitos que son federales, por ejemplo el hecho que haya un arma de calibre reservado para el Ejército, de esa manera puede atraer la federación el caso, pero no se trata de eso, se trata de trabajar coordinados”. Esperan en MC llegar competitivos a 2018; confía en la unidad de las izquierdas, dice
El dirigente estatal dijo que en MC esperan llegar al 2018 “competitivos”, y que confía en que las izquierdas deben ir unidas.
Indicó que para 2018 el partido llevará candidatos honestos, “vamos a buscar perfiles, eso no quiere decir que no podamos fallar en algunas cosas, la idea fundamental es de buscar perfiles; en primer lugar que sean honestos, y en segundo lugar que tengan arraigo y que la sociedad se incline por ellos”.
Ante los señalamientos del diputado local del PAN, Iván Pachuca, de no aliarse con el PRD porque es un partido al que la militancia está abandonando para irse a Morena, Luis Walton disintió del panista, “en una elección se gana por un voto, entonces todos somos importantes, pero juntos seremos más importantes”.
Sobre si MC descarta ir en unidad con Morena, reiteró que es una decisión que le corresponde a la Coordinadora Nacional y a su dirigente, “pero a mí me gustaría no solamente Morena, sino todas las izquierdas, como se mencionó en un principio, que fueran juntas”.
Indicó que en MC Guerrero hay afinidad con Morena para ir en una alianza; consideró que la dirigencia nacional “todavía” debería hacer un esfuerzo e ir en unidad, y reiteró su respeto a Andrés Manuel López Obrador, “ha sido una persona honesta, una persona que ha trabajado; sin embargo lleva la tercera elección, yo no puedo opinar, más que es un buen dirigente y, vuelvo a insistir, que me gustaría ir con todas las izquierdas”.
De las candidaturas comunes, descargó la decisión a la dirigencia nacional; pero no las descartó, “nosotros nos vamos a abonar porque haya una alianza a nivel nacional”.
En la tercera sesión del partido se tomó protesta a 13 nuevos comisionados municipales y a la nueva dirigencia de Jóvenes en Movimiento, encabezada por Silvia Cabañas.
Cerca de 100 vecinos salieron de la comunidad de La Gavia entre el lunes y el martes en grupos pequeños de familias, quienes abandonaron la localidad por temor a la violencia luego del enfrentamiento entre el grupo criminal Los Tequileros y policías federales de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República (PGR).
Informes oficiales dicen que desde la noche de este lunes salieron alrededor de 30 personas en varias camionetas desde La Gavia, en las que iban mujeres.
En tanto que en la mañana de este martes salió otro grupo en la mañana y se dirigió hacia la carretera federal en Poliutla.
Del grupo que salió desde el lunes se reportó que en Poliutla hicieron contacto con la Policía Federal, que los escoltó a Chilpancingo.
Una denuncia por parte del grupo de autodefensa que vigiló la carretera y la zona de salida desde San Miguel Totolapan, reportó que entre los desplazados por la violencia viajaban también personas con órdenes de aprehensión identificados como integrantes del grupo criminal Los Tequileros.
Según los reportes ante las denuncias de la autodefensa, en Arcelia se acercó un grupo de la Policía Ministerial al convoy escoltado por los agentes federales, pero se retiraron del lugar porque ya no se les permitió verificar la identidad de quienes iban en el grupo.
Este grupo llegó a Chilpancingo a refugiarse con familiares que tienen ahí.
A los que salieron en la mañana de este martes se les perdió el rastro y se desconoce su paradero.
En San Miguel Totolapan se encontraban por lo menos otros 100 vecinos de La Gavia que salieron después de los hechos violentos de mayo.
La Gavia era una localidad de aproximadamente 600 habitantes antes de la violencia, y se estima que en estos dos meses cerca de 200 personas han abandonado sus hogares.
El 16 de mayo un grupo de ganaderos de la comunidad de La Gavia sacó alrededor de mil cabezas de ganado de esa localidad.
El Ejército abandona La Gavia
La base militar que se colocó en la comunidad de La Gavia fue retirada por órdenes superiores, luego del enfrentamiento que sostuvieron los agentes federales con Los Tequileros.
Como parte de las acciones del Ejército con el Operativo Relámpago desde el 11 de mayo, se estableció una base en esa comunidad en el campo de fútbol pero sin hacer labores de búsqueda del líder criminal Raybel Jacobo de Almonte, El Tequilero, o de su banda solamente hacían presencia para disuadir cualquier enfrentamiento.
La postura de los militaras de las órdenes que tenían para permanecer en La Gavia fueron cuestionadas varias veces por la autodefensa de San Miguel Totolapan, que denunció que el Ejército apoya a Los Tequileros con su presencia pero que no busca a este grupo ni su detenciónn a pesar de estar justamente en la comunidad donde se consideraba que es su guarida.
Durante un mes del Operativo Relámpago no se reportó ninguna acción de búsqueda o detención de los integrantes del grupo, solamente la presencia disuasoria que permitió que durante este tiempo no hubiera ningún enfrentamiento entre grupos antagónicos del crimen organizado.
Este lunes en la noche se informó que salió de esa localidad el grupo que quedaba para la protección a la comunidad de La Gavia, y este martes no volvió.
En San Miguel Totolapan tampoco se reforzó la seguridad militar y permanecen los mismos 100 soldados mezclados con policías estatales, que mantienen en el control de siete puntos en las entradas de la cabecera municipal.
La Policía del Estado permanece en sus puestos de control, según un boletín de la Agencia de Iinvestigación Criminal ingresó a La Gavia sin coordinarse con el grupo del Operativo Relámpago e incluso los tomó por sorpresa, y fue hasta después del enfrentamiento cuando se dieron cuenta de la acción y de qué corporación había llegadom pues los federales regresaban con sus heridos y pidieron apoyo en el puesto de control que se ubica en el crucero de La Gavia.
Un día después de la emboscada contra policías de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República (PGR), a cargo de la banda criminal Los Tequileros, el Grupo de Coordinación Guerrero acordó reforzar la seguridad en las regiones Norte y Tierra Caliente.
La tarde de este martes en la Octava Región Naval de Acapulco se reunieron el comandante de la misma, Francisco Fierro Rocha y el de la Novena Región Militar Germán Javier Jiménez Mendoza con el gobernador Héctor Astudillo Flores.
Vía telefónica el vocero en materia de seguridad, Roberto Álvarez Heredia dijo que el gobierno estatal tenía conocimiento de los trabajos de investigación e inteligencia que hacía la PGR en San Miguel Totolapan.
Detalló que el gobierno estatal no estaba enterado de la operación de este lunes en la comunidad de La Gavia, donde fueron asesinados tres agentes de esa institución y siete más resultaron heridos.
En la reunión de hoy dijo que se abordó el reforzamiento de la seguridad en las regiones críticas del estado principalmente la Tierra Caliente en el municipio de San Miguel Totolapan, para proteger a la población e intensificar la coordinación.
“Hay un asunto que es el trabajar con los mismos elementos que tienen ya las instituciones en las regiones, por eso no podemos hablar de mayor número, porque para esto se debe hacer primero una gestión ante la federación”, agregó.
Comentó que uno de los acuerdos del Grupo de Coordinación es adquirir un terreno que sirva para construir el cuartel militar en el municipio de Teloloapan, ya que es un compromiso del gobierno federal.
“No habíamos podido superar el tema del terreno, ya se tiene dinero para la adquisición sobre el cual se construirá el cuartel militar del municipio de Telolopana”, agregó.
Dijo que se reforzará el corredor de Chilapa a Tixtla, así como otras zonas críticas donde actúa la policía de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).
Detalló que se planteó reforzar la seguridad principalmente en municipios de la región Centro, Norte, Tierra Caliente y Acapulco así como modernizar la infraestructura en distintos lugares del estado.
En un boletín de prensa el vocero lamenta la muerte de personal militar el 10 de junio por las lluvias, además de la de los policías de la PGR que fueron atacados en La Gavia.
En la reunión participaron el coordinador de la Policía Federal David Portillo Menchaca, el Delegado de la PGR José Juan Monroy García y el delegado de Gobernación Ramiro Ávila Morales, el secretario general de Gobierno Florencio Salazar Adame, el fiscal general Javier Olea Peláez, y el secretario de Seguridad Pública Pedro Almazán Cervantes, entre otros funcionarios federales. (Anarsis Pacheco Pólito / Chilpancingo).
Padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos protestaron en el juzgado Tercero de Distrito Administrativo, en la Ciudad de México (CDMX), para exigir la admisión de un amparo contra la resolución de la Visitaduría General de Procuraduría General de la República (PGR), que diluye la responsabilidad del ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio en las graves irregularidades que cometió en la investigación del caso.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) encontró que Zerón de Lucio hizo diligencias de las que no notificó ni están en los expedientes del proceso de investigación de los ataques, homicidios y desaparición forzada de estudiantes y otros civiles en Iguala.
Ayer acompañados de activistas los padres hicieron un mitin de 3 horas afuera de las oficinas del Poder Judicial en la colonia Tláhuac de la delegación Álvaro Obregón, mientras conseguían una entrevista con el juez Martín Adolfo Santos Pérez, en quien recayó la revisión de la solicitud de amparo bajo el folio 195/2017.
En consulta telefónica el abogado Vidulfo Rosales Sierra explicó que el amparo se entregó hace dos semanas, y señala que la resolución de la Visitaduría de la PGR viola el derecho de los padres al conocimiento de la verdad sobre los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014, entre otros perjuicios.
Pidieron que el juez admita la queja y en el estudio de fondo revise la legalidad de la resolución que emitió la PGR, que revise todas las irregularidades en que incurrió el actual secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional cuando estuvo al frente de la investigación, y que se restablezca la legalidad quebrantada por él.
Informó que los padres hicieron énfasis en que han recorrido todas las instancias de gobierno en busca de respuestas, y todas las instituciones se aliaron para mantener una versión oficial sobre el destino de sus hijos, descartada en siete ocasiones por expertos independientes mediante pruebas científicas.
Ayer solicitaron al juez que no le tiemblen las manos, si Zerón de Lucio violentó la ley que se le aplique una sanción acorde con el agravio y los delitos que generen sus acciones.
Abundó que hay una crisis en las instituciones y sus órganos de control interno, en los mecanismos anticorrupción y las contralorías que deben regular la función pública y velar por el respeto al Estado de derecho en las estructuras de gobierno, ya que no están dando resultados.
Demandó al juez que no acepte la política federal de solapar por consigna a los funcionarios que incurren en irregularidades y actos de corrupción.
Mencionó que esperan que en este proceso sí se tomen en cuenta todas las irregularidades cometidas la investigación, que llevaron a la tesis del procurador Jesús Murillo Karam que establece que los 43 desaparecidos fueron asesinados e incinerados por un grupo criminal, la cual llamó “verdad histórica”.
Precisó que a la par de este procedimiento la investigación sigue su curso mediante la oficina de investigación del caso Ayotzinapa en la PGR, que también avanza muy lento.
Denunció que los funcionarios de la PGR no quieren profundizar ni perfeccionar las líneas de investigación que recomendó el GIEI en abril, hace un año, sobre la participación de policías de Huitzuco en los ataques y la desaparición forzada de los estudiantes, y dos policías federales que tuvieron conocimiento del momento en que se los llevaron detenidos.
A la fecha, aseguró que no hay ni siquiera una consignación para detener a los policías de esas corporaciones que están plenamente identificados, y puede dar lugar a que evadan la justicia.
Agregó que los funcionarios de la PGR argumentan que no hay suficientes elementos para consignarlos, sin embargo, más allá de que jurídicamente no haya elementos, aseguró que políticamente no se quiere dar un paso en esa dirección porque implica abandonar la tesis oficial.
“Esa es la molestia, el hartazgo de los padres de familia, nosotros vemos que no hay interés ni voluntad de agilizar, de profundizar en tales líneas, la última detención que tenemos fue en esa ruta (de la verdad histórica), y hay otras 15 o 20 personas con orden de aprehensión ligadas a esa versión”, explicó.
Sin avances importantes, confirmó que no tenía caso acudir a la reunión de ayer en la PGR, que cancelaron con anticipación.
Los temas que quedaron pendientes de respuesta en la anterior sesión, el 9 de febrero, serán discutidos en la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que ahí el gobierno mexicano haga compromisos con el organismo internacional.
Concretamente los temas pendientes son: la consignación de los policías municipales de Huitzuco, de los policías federales, la utilización de todos los recursos de búsqueda en vida o muerte sin escatimar la utilización de tecnología laser, el análisis rápido y exhaustivo de la telefonía celular, “de los que hemos monitoreado hay pocos avances, así la reunión no tiene razón”.
Del mecanismo especial de seguimiento del caso Ayotzinapa de la CIDH, que tenía programada una visita a México este mes, informó que se pospuso pero hace un seguimiento a distancia, y participará en la audiencia dentro del periodo ordinario de sesiones, en Washington DC.
