Protestan padres de los 43 en un juzgado en la Cdmx; no avanza el amparo contra Tomás Zerón

Padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos protestaron en el Tercer Juzgado de Distrito en Materia Administrativa, para exigir al juez titular una explicación del amparo que demandaron contra la resolución de la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República (PGR), que exime de culpabilidad de las irregularidades del caso al ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio.
El juez Adolfo Santos Pérez contestó a una comisión de padres, que ingresó durante la protesta donde mostraron fotografías y nombres de sus hijos desaparecidos, que el amparo indirecto 195/2017-3 interpuesto por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan en marzo pasado, no se ha podido desahogar por la “desaparición” de seis funcionarios de la AIC: cuatro peritos y dos agentes ministeriales.
Como parte de su tercera jornada de lucha para exigir la presentación con vida de los 43 desaparecidos a casi 38 meses de los hechos en Iguala, apoyados por estudiantes e integrantes de organizaciones sociales y sus abogados, los padres llegaron al edificio en la delegación Álvaro Obregón cerca de mediodía. Al grito de ¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!, se colocaron en la explanada.
El abogado Vidulfo Rosales Sierra dijo en el mitin que: “los padres y madres de familia interpusimos un amparo contra la resolución mediante la cual exoneró de responsabilidades penales al señor Tomás Zerón de Lucío (actual secretario Técnico del Consejo de Seguridad Nacional), lo cual para nosotros implica serias y graves violaciones al acceso a la justicia, al derecho a la verdad y al derecho de saber del paradero de nuestros hijos”.
Precisó que como titular de la AIC “creemos que el señor Tomás Zerón de Lucio tiene responsabilidades penales: trasladó detenidos sin la autorización del Ministerio Público a la escena del crimen, manipuló evidencias de la escena del crimen sin que esto obre en el expediente, editó videos, sin que esto estuviera y constara dentro del expediente penal de las investigaciones”.
Los contingentes se trasladaron del plantón instalado desde el lunes en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para exigir una reunión con el juez, Santos Pérez. Una comisión ingresó al edificio con la petición de “saber el estado que guarda esta demanda de garantías”.
Rosales precisó que el procedimiento sancionatorio administrativo de la Secretaría de la Función Pública (SFP) en contra de Zerón de Lucio, no tendrá validez hasta que el juzgado Tercero de Distrito resuelva el amparo que los padres tramitaron en marzo pasado.
Mientras dejaban pasar a la comisión de padres acompañada de Vidulfo Rosales a entrevistarse con el juez, normalistas de Ayotzinapa repetían consignas: ¡Porque somos estudiantes, normalistas rurales, sí señor, porque somos de Ayotzi, sí señor, porque somos reprimidos, sí señor!
Rosales precisó que hace falta la publicación de edictos para avisar a los involucrados, “que asciende a 100 mil pesos cada uno”.
Mencionó que es importante que se desahogue el amparo para que Zerón pague por ocultar las diligencias en el río San Juan, donde fueron extraídos, según dice la PGR, los restos de uno de los 43 desaparecidos, Alexander Mora, el único identificado en estas condiciones sospechosas.
Aseguró que han solicitado al Consejo de la Judicatura cumplir el trámite, que es otra parte que atrasa el proceso: “nos preocupa que de manera deliberada la PGR haya ocultado los domicilios de estos servidores públicos, como una estrategia para dilatar el amparo y poner obstáculos al procedimiento”.
El representante de los padres, Melitón Ortega dijo al micrófono que: “a más de tres años estamos demandando una investigación profunda de cada una de las líneas como resultado de una investigación exhaustiva por parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), para conocer el paradero de nuestros 43 estudiantes de la Normal. En los primeros meses, en la primera etapa de la investigación que llevó a cabo las autoridades de Guerrero allí construyeron las bases de esta investigación que impide avanzar para esclarecer el caso”.
Lamentó que “tuvieron que desaparecer las evidencias como por ejemplo los videos de las cámaras de vigilancia que operan a lo ancho de la ciudad de Iguala, donde fueron los ataques, lugares por donde fueron perseguidos nuestros estudiantes, estos videos no están en los expedientes… ¿quién es el responsable finalmente de esa investigación deficiente e irregular, porque no podemos decir que no hay una coordinación a nivel federal, tuvo conocimiento del caso Ayotzinapa Tomás Zerón, Enrique Peña Nieto, (el ex procurador) Jesús Murillo Karam?”.
En su sexto día de la jornada de lucha: “Rompe el muro de la impunidad”, dijeron que como parte de sus exigencias de la semana que concluirá el próximo domingo con una marcha en la Ciudad de México, es que se amplíe el mandato del Mecanismo Especial del caso Ayotzinapa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hasta el año que viene, hagan las detenciones que faltan de policías federales y de Huitzuco implicados, les den resultados de la telefonía usada el 26 y 27 de septiembre de 2014, la investigación de la ruta de trasiego de droga de Iguala a Chicago y se investigue al Ejército.
Este viernes habrá una protesta en la PGR para continuar las actividades.

Conclusión inmediata de la investigación interna de la PGR en el caso Ayotzinapa, exigen ONG

 

Decenas de organizaciones sociales exigieron a la Procuraduría General de la República (PGR) la conclusión inmediata de la investigación interna sobre el caso Ayotzinapa, así como las sanciones correspondientes a funcionarios que incurrieron en ilegalidades.
En un comunicado las organizaciones civiles retomaron parte de la información revelada por Proceso en los números 2090 y 2091 sobre las investigaciones de la Visitaduría General de la PGR respecto de las irregularidades cometidas por los responsables de la indagatoria sobre la desaparición forzada de los 43 estudiantes.
Uno de los investigados es el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio.
Pese a que el Acuerdo de Conclusión del expediente DFAI/510/CDMX/2016 de la Dirección General de Asuntos Internos (DGAI) fechado el 18 de agosto pasado, da cuenta de las acciones ilegales cometidas por Zerón, éste fue investido como secretario técnico de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) por Enrique Peña Nieto el pasado 14 de septiembre.
Para las organizaciones la información difundida también por los rotativos Reforma, The New York Times y el portal de Aristegui Noticias, pone en evidencia que “el proyecto de Resolución ha sido retenido y obstaculizado”.
Agregaron que “la omisión de la PGR en concluir la investigación, notificarla a los familiares y sancionar a los funcionarios responsables, pone en evidencia un afán de encubrir tanto las irregularidades como sus consecuencias legales”, y peor aún “esta omisión representa un obstáculo para llegar a la verdad del caso, pues abona a que prevalezca una teoría basada en pruebas ilícitas”.
Los firmantes apuntan que entre las irregularidades detectadas por los agentes del Ministerio Público adscritos a la DGAI destacan los agravios contra los seis detenidos en los que se sostiene la “verdad histórica” de que los 43 jóvenes fueron ejecutados y quemados en el basurero de Cocula.
Recordaron que la investigación interna de la PGR documentó “la violación al derecho a la verdad por el ocultamiento de actuaciones realizadas en el río San Juan que no fueron formalizadas en el expediente y que habrían repercutido en la posible manipulación y/o contaminación de la evidencia”, así como que estas irregularidades “deberían traducirse en responsabilidades administrativas y penales de diversos funcionarios”.
Al recordar que la PGR no ha negado la autenticidad del documento revelado por Proceso y otros medios de comunicación, en tanto que ha señalado que continúa siendo analizado, las organizaciones sociales recordaron que la dependencia “incumplió su compromiso de entregar los resultados de esta investigación interna el 18 de agosto de este año a las familias (de los jóvenes desaparecidos), mismas que se vieron obligadas a levantarse de la mesa de diálogo por ello”.
Insistieron en que el documento revelado representa “un parámetro insoslayable” de lo que la Visitaduría General tendrá que comunicar a las familias de las víctimas, además de que es “un referente adecuado para evaluar la autonomía de la Visitaduría e incluso el compromiso actual de la PGR para actuar con independencia, lo que resulta crucial en el tránsito hacia la Fiscalía General de la República”.
Destacaron que “una resolución que no esté a la altura del caso y que diluya los señalamientos del proyecto que se ha hecho público será un pésimo precedente en la agenda de fortalecimiento a la rendición de cuentas y combate a la impunidad”.
Tras considerar que está a prueba “la probidad de la Visitaduría General y de la propia PGR frente a la investigación interna”, las organizaciones insistieron en exigir “total transparencia y respeto a los derechos de las víctimas del caso Ayotzinapa en la emisión de la resolución con que deberá concluir, en breve, la citada investigación interna”.
Signan el posicionamiento el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, la Oficina de Washington para América Latina, Artículo 19, México Unido contra la Delincuencia Movimiento por la Paz, Fundación para la Justicia y el Estado de Derecho, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Fundar Centro de Análisis e Investigación, México Evalúa, Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, Servicio y Asesoría para la Paz, Fundación para el Debido Proceso Legal, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México, Centro Nacional de Comunicación Social, la Oficina de Defensoría de Derechos de la Infancia, Instituto de Justicia Procesal Penal, así como la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todos y Todas, integrada por 80 organizaciones en 21 estados del país.