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Buscan Los Otros Desaparecidos fosas clandestinas en Iguala con la PGR y la Policía Federal

La secretaria general del colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala, Adriana Bahena informó que ayer inició la jornada de búsqueda de fosas clandestinas con la Fiscalía de Búsqueda de la Procuraduría General de la República (PGR) y la Policía Federal, en zonas señaladas por testigos anónimos.
Informó de la firma del convenio entre el gobernador Héctor Astudillo y el titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Jaime Rochín del Rincón, con la inversión de 20 millones de pesos para tomar los perfiles genéticos a 655 cuerpos que tienen en los servicios médicos forenses del estado.
En declaraciones vía telefónica ayer después de la una de la tarde al término del acto protocolario, Bahena Cruz informó que en la reunión que tuvo con el gobernador Héctor Astudillo y el presidente de la CEAV, Jaime Rochín, se firmó el convenio en el que ambas partes se comprometieron a aportar 10 millones de pesos para la toma de perfiles genéticos de todos los cuerpos que hay en las morgues de Acapulco, Chilpancingo e Iguala.
Señaló que según la información que tiene hay unos 751 cuerpos en los tres Semefos del estado, de los cuales 655 no tienen los perfiles genéticos de ADN.
Mencionó que a partir del primero de septiembre empieza el proceso para lo cual ya fueron liberados los recursos, y los trabajos serán coordinados por la Cruz Roja Internacional.
Detalló que el objetivo es que estos perfiles genéticos se crucen con las muestras de ADN que se han tomado a familiares de las víctimas de desaparición en las diferentes regiones del estado.
Ayer en la tarde miembros del colectivo confirmaron que inició la búsqueda de fosas clandestinas programado la semana pasada con la Fiscalía de Búsqueda de desaparecidos de la PGR.
Se dio a conocer que el trabajo de ayer con el resguardo de agentes de la Gendarmería fue para una exploración y búsqueda de probables fosas clandestinas, en cerros en las faldas del Cerro Gordo al poniente de Iguala.
Según la también vocera del colectivo, sí fueron hallados varios puntos considerados como posibles entierros clandestinos, los que se van a procesar a partir de este martes. (Alejandro Guerrero / Iguala).

Niega la SCJN un amparo a la esposa de Abarca Velázquez, presa por la desaparición de los 43

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó un amparo a la esposa del ex alcalde de Iguala, María de los Ángeles Pineda Villa, presa por la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en 2014.
La Primera Sala de la Corte declaró constitucional el artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales, impugnado por esposa del ex alcalde José Luis Abarca, que permite a la PGR consignar asuntos relevantes ante juzgados que no están en el lugar donde se cometió el delito.
“El párrafo tercero, del artículo 10 del Código no faculta a la autoridad ministerial federal para fijar la competencia del juez, sino que lo faculta a que, por razones de seguridad en las prisiones, ejerza la acción penal ante un juez de Distrito distinto al del lugar de la comisión del delito”, afirmó la Sala por unanimidad.
La Corte ya tenía varios precedentes en los que, desde hace más de 15 años, ha avalado esta facultad de la Procuraduría General de la República (PGR).
Pineda Villa presentó este alegato en un proceso que se le sigue por el delito de cohecho, por el soborno que ofreció a los policías que la detuvieron en 2015.
Si bien los normalistas fueron desaparecidos en Guerrero, y Pineda Villa fue detenida en la Ciudad de México, se le recluyó en un penal de Nayarit, y los procesos en su contra fueron radicados por la Procuraduría General de la República (PGR) ante un juzgado federal de Matamoros, Tamaulipas.
En la actualidad, Pineda está internada en el penal 16, de Coatlán del Río, Morelos.
En junio pasado, el proceso en su contra por delincuencia organizada fue enviado de Matamoros a Cuernavaca, luego de que el Tercer Tribunal Unitario en Reynosa, Tamaulipas, concedió un amparo en el que sostuvo que Pineda tiene derecho a ser juzgada por tribunales del lugar donde está recluida.
Eso quiere decir que la apelación de Pineda contra su auto de formal prisión por delincuencia organizada tendrá que ser revisada por uno de los dos tribunales unitarios en Cuernavaca, y de ser confirmado dicho auto, el resto del proceso y la sentencia la dictará un juez de la misma ciudad.
Una vez que la Corte negó el amparo en el tema del artículo 10, es previsible que el juicio contra Pineda por cohecho también será enviado a Cuernavaca, donde no hay juzgados ni tribunales especializados en materia penal, sino que ven todas las materias.
Esto implica que Pineda no será beneficiaria directa de las sentencias que ha dictado el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con sede en Reynosa, en favor de varios integrantes del Cártel Guerreros Unidos, a los que ha puesto al borde de la libertad al ordenar que se anulen los autos de prisión que se les dictaron por la desaparición de los normalistas.
Lo anterior, ya que la revisión final de los procesos contra Pineda Villa tocarán a un tribunal colegiado de Cuernavaca, que no está obligado a resolver igual que su similar de Reynosa.

El fallo que ordena una comisión de la verdad por Ayotzinapa es problemático constitucionalmente, dice investigador del CIDE

La Procuraduría General de la República (PGR) presentó un recurso en el que alega que existe “imposibilidad real, jurídica y material” para dar cumplimiento al amparo que ordena crear una comisión de la verdad y desconoce la investigación oficial del caso Ayotzinapa. También, procuradores y fiscales del país se pronunciaron contra la decisión y aseguraron que el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con sede en Tamaulipas, se “excedió” en sus atribuciones.
Así reaccionaron luego de que ese tribunal ordenó una nueva indagatoria por la desaparición forzada, el 26 de septiembre de 2014, de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en Iguala, así como la creación de una Comisión de la Verdad y Justicia que sería integrada por el Ministerio Público y los familiares, asistidos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Pero no son las única voces que, a favor y en contra, se han escuchado.
Es una “resolución de claroscuros”, explica a El Sur Javier Martín Reyes, investigador de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). “Hay partes muy rescatables. Una cosa que queda clara cuando uno revisa la argumentación de estos tres magistrados, es que el caso refleja el día a día de nuestro sistema de procuración de justicia. El elemento grave que queda registrado, según estos magistrados, es que hay muy fuertes indicios de tortura en contra de los imputados. Visibilizar y poner con sus letras es un logro importante”.
Un segundo elemento a destacar, indica, es el papel que esta decisión les da a las víctimas dentro del proceso, “más allá de la técnica profesional que utilizan los magistrados”. Es de lo más rescatable, menciona el politólogo.
Por otro lado, “la sentencia tiene defectos técnicos. El primero es que da la impresión de que el colegiado no se atreve a dar un paso: este es un amparo que originalmente presentan las personas a las cuales se les está investigando por el caso (miembros de la organización criminal Guerreros Unidos), para la enorme cantidad de violaciones que acreditan, quizá el efecto más consistente hubiera sido ordenar soltar a esas personas que presentaron el amparo, en las cuales, según el colegiado, hay altísimos indicios de tortura”.
El investigador cuestionó la orden del tribunal de crear una comisión de la verdad: “Ese modelo que crea es discutible, porque dice que ahora la investigación del caso seguirá las líneas de investigación que determinen las víctimas, en colaboración con la CNDH. Ese modelo va en contra del diseño constitucional, pues lo que dice la Constitución es que la investigación de los delitos se hace bajo el mando y conducción del Ministerio Público. Según el colegiado, la solución es que la averiguación recaiga en los familiares o las víctimas, porque hay una falta de autonomía del ministerio. Eso, en términos constitucionales, es problemático. Por eso la resolución genera controversia”.
La PGR, añade, está extrañada con ese criterio “porque le están quitando una facultad constitucional. Dijo el colegiado que la creación de estas comisiones ha sido llevada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero ese tribunal (de Tamaulipas) no tiene el mismo tipo de atribuciones que la Corte. No cuenta con los elementos, testimonios e información suficiente para ordenar ese tipo de cosas”.

“Lo tiene que echar abajo la Corte”, dice Alto al Secuestro

La organización Alto al Secuestro –presidida por Isabel Miranda de Wallace– anunció que interpondría un amparo en contra de la resolución del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito. En entrevista con El Sur su asesor jurídico, Samuel González dijo que ese fallo “lo tiene que echar abajo la Suprema Corte si se presentan controversias inconstitucionales. Nuestro amparo es de interés legítimo. En México hay una interrelación criminal entre algunas policías y los criminales. En Iguala hay un acto de privación de la libertad, igual que en los casos de Fernando Martí y Hugo Alberto Wallace”.
“La Ley de Secuestro dice que este es la privación de la libertad con el fin de causar daño. Lo que está acreditado en la averiguación previa del caso de Iguala es que los estudiantes fueron privados de la libertad con el fin de causarles daño. Es un secuestro, no una desaparición forzada. Por eso se compara con los casos de Martí y Wallace”, argumentó.
El abogado no contextualizó más el caso Ayotzinapa y agregó que, “no aceptamos que se forme una comisión de esa naturaleza porque viola la Constitución. No sólo son las víctimas de los 43. Las otras víctimas de los hechos de Iguala no han sido llamadas a juicio. Esa sentencia tiene efectos de ley, porque crea un órgano de Estado al cual le da competencias. Dice quién va a participar, cómo. A nosotros para perjuicio, porque rompe con la estructura de la investigación del sistema jurídico mexicano”.
Samuel González dio su visto bueno a la primera parte de la resolución del tribunal colegiado: “dice que deben de reiniciarse los procesos, la investigación. Pero la segunda parte no es correcta, porque los jueces de Tamaulipas crean un órgano de Estado que no solamente se va a aplicar a quienes están en su resolución, sino a otros. En la sentencia hay una sustitución de autoridades. A la CNDH la pone a hacer algo que constitucionalmente está incapacitada de hacer, que es realizar investigaciones criminales”.
–El objetivo es que participe con los padres de los normalistas desaparecidos, ¿no?
–No lo puede hacer, no tiene competencias constitucionales, su función es dar recomendaciones. La competencia del MP es investigar los delitos, la víctima puede coadyuvar, pedir que se practiquen pruebas, etcétera, pero no puede sustituir. Imagínate qué peligroso que le den a cualquier víctima la capacidad de manejar al Ministerio Público.
La resolución dice que el ministerio tiene que obedecer todos los actos que le pidan las víctimas y que las comisiones serán formadas por tres partes: el ministerio, las víctimas y CNDH. La PGR sólo acataría, según esta decisión, lo que digan los dos últimos.
–¿Por qué hay interés de Alto al Secuestro de ampararse, intervenir en este caso?
–No es intervenir, queremos que se aplique la Constitución.
–Esta resolución puede sentar un precedente, cuatro años después de falta de respuesta.
El abogado evadió este comentario y contestó otra cosa: “Esos que dicen que la resolución es definitiva e inatacable, mienten. Hay muchas maneras de atacarla”.
–¿Por qué atacarla? Es una resolución que se refiere a un tema específico.
–El problema es que esa no era la atribución que tenían los jueces. Se extralimitaron en sus funciones. Nosotros vamos a crear el amparo. Veremos si la Suprema Corte lo atrae, porque será la que decida el final si es viable.

Paradigma jurídico

Consultado por separado Javier Martín Reyes del CIDE, afirma lo contrario: “esta sí es una sentencia definitiva”.
“Ni el tribunal superior puede revisar esa determinación, pues no puede corregir las decisiones de todos los tribunales colegiados. Su trabajo no es examinar cada sentencia. En este caso no se admiten recursos en contra”, afirmó.
“Alto al Secuestro puede estar o no de acuerdo con esa resolución, pero es definitiva, y la PGR y la CNDH podrían pensar en una controversia constitucional, que tampoco procede ante sentencias dictadas por tribunales colegiados de circuito. Aunque –matiza el investigador– siempre hay interpretaciones, podría ser”.
Eso sí, reconoce, la orden del tribunal indique que los familiares señalen las líneas de investigación, asistidos por la CNDH, “es una resolución que nunca antes se había visto, por lo menos en un amparo en México”.
“La autoridad está obligada a acatar. Cuando tienes una resolución definitiva, así sea de un tribunal colegiado, toda autoridad está obligada. Es un fallo histórico, inédito. Jurídicamente es un paradigma que no se compadece de lo que dice la Constitución. Es lo más discutible”.
–El abogado de Alto al Secuestro dice que con esta resolución cada persona con un caso similar querrá controlar al Ministerio Público.
–No estoy de acuerdo con esa afirmación. Creo que es banalizar mucho lo que pasó en Ayotzinapa, que es un caso de violaciones gravísimas. Hay un conjunto de factores que hacen que sea particularmente relevante.

Es un caso icónico, la resolución muestra avances importantes, considera Amnistía Internacional

“Una persona puede considerar que una sentencia es inconstitucional, pero desde Amnistía Internacional consideramos que esa resolución muestra avances importantes”, dijo en entrevista Tania Reneaum Panszi, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México (AI).
La sentencia, prosigue, reitera “lo que desde 2016 había expuesto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando manifestó irregularidades importantes en la investigación. Esto implica que la PGR debe de hacer nuevas diligencias encaminadas a averiguar los hechos. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) dijo que muchas de las personas detenidas habían sido víctimas de tortura. Estamos ante esa corroboración”.
–¿Qué opina AI de la creación de una comisión de la verdad?
–Marca un precedente importantísimo para iniciar un cambio sustancial en la forma en que se investigan graves violaciones de derechos humanos en México. El caso Ayotzinapa es icónico. AI ha analizado que reúne gravísimas violaciones a derechos humanos en los propios hechos, detención e investigación. La sentencia del tribunal que se hizo pública el 4 de junio, también reconoce que en México no hay una fiscalía independiente. La investigación de los 43 ha sido defectuosa y no ha tomado líneas adecuadas.
–Según las críticas, una comisión de la verdad y la intervención de los familiares en la investigación violarían la Constitución.
–No entendemos por qué puede haber un argumento así, cuando una serie de investigaciones ya violentan principios constitucionales al debido proceso. Decir que se viola la Constitución por retrotraer efectos de una investigación irregular y exigir que haya una fiscalía independiente no es argumento fuerte. Pareciera que ese dicho es meramente apegado a un entendimiento específico, pero no a uno contextual, y creo que este caso lo tenemos que ver en ese contexto de instituciones totalmente debilitadas y deficiencias de la investigación. Desearía saber cuál es la parte constitucional que se violenta cuando se intenta restablecer un proceso judicial.
El caso de los 43, concluye Reneaum, “no tiene más privilegios, sino que reúne responsabilidad del Estado desde diferentes perspectivas, desde la desaparición hasta la investigación. Nos ha revelado la incapacidad del Estado para tener una averiguación clara, que nos lleve a la verdad. Las familias han sido víctimas o no han podido acceder al derecho a la verdad. Esto es súper relevante.
“Generalmente las comisiones de la verdad se empiezan a crear por un caso específico, que luego nos lleva a entender que las instituciones requieren profundas reformas y configuraciones”.

Urge crear la Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa, dicen ONG ante el error de la PGR

La reciente revelación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre la detención ilegal de Erick Sandoval Rodríguez por la Procuraduría General de la República (PGR), y presentarlo erróneamente como partícipe de la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa, es un elemento más que confirma la urgencia de cumplir la sentencia del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, que ordenó la creación de una Comisión de la Verdad para este caso, consideraron organizaciones que representan a los familiares de las 43 víctimas.
En un comunicado el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Servicios y Asesoría para la Paz y Fundar Centro de Análisis e Investigación alertaron que la información dada a conocer por la CNDH en la víspera constituye “un nuevo y preocupante agravio contra las víctimas”, debido a que “viola el derecho a la verdad de las familias y de la sociedad en su conjunto”.
Para los defensores resulta “indignante que a estas alturas, pese a que subsiste la atención de la opinión pública sobre el caso e incluso un monitoreo estrecho por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la PGR intente sorprender a las víctimas y a la sociedad”.
Los familiares de los 43 normalistas y las organizaciones que los representan exigieron “el acatamiento de la sentencia en sus términos”, al confirmarse las irregularidades halladas por el Tribunal Colegiado.
Las ONG puntualizaron que la revelación de la CNDH “es una prueba más de que asiste la razón al Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Décimo Noveno Circuito y que ha sido objeto de un amplio debate público”.
Igual recordaron que en la sentencia inapelable del tribunal se determinó que en la investigación del caso “se ha suscitado retraso, ineficiencia y falta de imparcialidad en las indagaciones respectivas”.
Entre los asuntos evidenciados por la CNDH, las organizaciones destacaron el control que mantiene la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) sobre la indagatoria del caso Ayotzinapa, a pesar de que de manera formal es responsabilidad de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad.
Los representantes reprobaron la participación de la SEIDO, “a pesar de las múltiples irregularidades que han sido documentadas por la propia CNDH, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos”.
También resaltaron que de acuerdo con la CNDH, “el propio detenido presentó a agentes de la SEIDO elementos que acreditaban la equívoca detención, y advierten que ésta no fue formalizada, por el contrario, se informó al público en general que Erick N ‘tuvo una intervención decisiva en los hechos en contra de los estudiantes”.
Al recordar que “no es la primera ocasión en la que queda comprobada la ausencia de buena fe en las acciones del Ministerio Público en este caso”, las organizaciones que representan a las 43 familias de estudiantes desaparecidos subrayaron que “deben investigarse las irregularidades denunciada por la CNDH en su reciente documento y sancionarse a las autoridades responsables”, como instruyó el organismo a la PGR.

La PGR y PF se confundieron y está preso un inocente por la desaparición de los 43: CNDH

La Policía Federal y la Procuraduría General de la República (PGR) se confundieron al detener y procesar a Erick Uriel Sandoval Rodríguez, La Rana, implicado en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, determinó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Desde el 17 de marzo Grupo Reforma publicó que Sandoval Rodríguez alegó en su declaración preparatoria que lo confundieron con Édgar Albarán Sandoval, a quien apodan de la misma manera.
La CNDH confirmó que en los testimonios que existen en el expediente oficial sólo hacen referencia a los apodos de La Rana o El Güereque y ninguno da un nombre o apellido específico, mucho menos se refieren a Erick Uriel Sandoval Rodríguez.
“Este nombre aparece por primera vez en el expediente, de la nada, en el primer pliego de consignación”, advierte la CNDH.
“En ninguna actuación consta cómo se determinó el nombre de la persona a la que los perpetradores identificaron como La Rana o El Güereque”.
Según el expediente, Patrio Reyes Landa, El Pato, declaró que por órdenes de Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo y Gildardo López Astudillo, El Gil, La Rana intervino en la ejecución de los estudiantes y hasta él mismo levantó sus cenizas.
Mientras que Jonathan Orozco Cortés, El Jona describió que La Rana tiene un tatuaje de una flama y una rana en la parte izquierda de la espalda, y Salvador Reza Jacobo, Lucas, lo describió como un hombre gordo de 1.70 metros de altura.
“Las características personales y señas particulares referidas por los acusados para identificar a El Güereque no corresponden con las de Erick Uriel Sandoval Rodríguez”, expuso la CNDH.
“Ante la duda del juez de que el detenido pudiera haberse borrado los tatuajes, la CNDH practicó examen médico pericial al detenido y determinó que no existe indicio alguno que indique que la persona haya modificado o eliminado algún tatuaje en su cuerpo”, agrega.
La detención de Erick Uriel Sandoval Rodríguez fue informada el 12 de marzo en una conferencia conjunta entre la PF y la PGR, en la que lo vincularon con los ataques contra los estudiantes de Ayotzinapa en Iguala, la noche del 26 de septiembre de 2014.

Hace CNDH labor de PGR

La CNDH aseguró que tiene información de que el verdadero nombre del implicado en la desaparición de los normalistas es Édgar.
El dato es coincidente con lo que Sandoval Rodríguez declaró el 15 de marzo al referir que la persona a la que buscaban las autoridades es Édgar Albarrán Sandoval y vive al lado del Centro de Salud en Cocula.
Para llegar a esa conclusión la CNDH realizó 13 entrevistas en las que todos los testigos identificaron fotográficamente a Édgar a quien señalaron como parte de Guerreros Unidos.
“La CNDH logró ubicar a una persona cercana a Édgar, quien constató dos cuestiones: una, que Édgar tiene el referido tatuaje de una figura de rana, dos, que Édgar era parte del grupo de amigos de los ahora coacusados y desvinculó de ellos al profesor Erick Uriel”, indicó el organismo.
También contactó a quien hizo el tatuaje a Édgar y reprodujo en una hoja la figura de rana que tatuó en la espalda a El Güereque.
“De la misma forma la CNDH realizó una diligencia de inspección en la que ubicó y fijó fotográficamente la casa en la que habitó Édgar al día en que ocurrió la desaparición de los estudiantes”, agregó.
Desde el 23 de mayo la CNDH entregó a la PGR una carpeta confidencial con copias certificadas de todas las evidencias que obtuvo, por lo que lamentó que la instancia ministerial haya dado respuesta 15 días después y se haya negado a aceptarlas.
“Agentes de la autoridad se negaron a emitir las medidas precautorias solicitadas, aduciendo irracionalmente que dichas medidas debían ser planteadas ante el juez que sigue el caso del ilegalmente detenido Erick Uriel Sandoval Rodríguez”, señala. (Agencia Reforma / Ciudad de México).

No notifican a los padres de los 43 el fallo que ordena una Comisión de la Verdad, dice Vidulfo

A 10 días de que el Primer Tribunal Colegiado con sede en Reynosa, Tamaulipas, ordenara la creación de una Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa al concluir que la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial, el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra informó que los representantes legales de los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos no han sido notificados oficialmente del fallo.
El 5 de junio los magistrados emitieron el fallo en el que especifican que la comisión estará integrada por los representantes de las víctimas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el Ministerio Público de la federación, pero sólo las dos primeras decidirán las líneas de investigación y las pruebas que deberán desahogarse. Dicha comisión debía formarse diez días después de que las partes involucradas fuesen notificadas.
Consultado vía telefónica sobre la formación de la comisión y el seguimiento jurídico del fallo, Rosales Sierra declaró que los representantes legales de los padres de familia de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa desaparecidos no han sido notificados de manera oficial.
“Seguimos teniendo reuniones para poder seguir estructurando esta comisión, sin embargo a la fecha (ayer) no hemos sido notificados todavía de tal manera que el plazo no ha empezado a correr para nosotros, tendrían que notificarnos pero no ha ocurrido”, explicó.
Dijo que desconoce si la PGR ya fue oficialmente notificada mientras que los padres y madres de familia con los abogados que los representan siguen con el análisis del fallo, así como de los posibles integrantes de la Comisión de la Verdad de quienes prefirió no entrar en detalles pues “sería muy incipiente, muy aventurado”.
Por último señaló que seguirán a la espera de que se les notifique de manera oficial así como a la respuesta de las autoridades para saber, “si van a cumplir o no van a cumplir” lo establecido en el fallo que faculta a la Comisión de la Verdad para tener acceso libre e inmediato “a todo centro de detención y a cada una de sus dependencias, así como a todo lugar donde haya motivos para creer que se puedan encontrar los estudiantes desaparecidos, incluso lugares sujetos a la jurisdicción militar o castrense”. (Alina Navarrete Fernández / Chilpancingo).

Sentencian al fundador de Guerreros Unidos a 29 años de prisión y a 21 a su contador

El juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México sentenció al fundador de Guerreros Unidos, Cleotilde Toribio Rentería, El Tilde, a 29 años de prisión y a su contador a 21, informó la Procuraduría General de la República (PGR).
La sentencia contra el ex líder del grupo criminal relacionado con la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014, fue porque se le acreditaron los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, portación de armas de fuego y posesión de cartuchos, así como contra la salud.
El ex líder en 2010 fue identificado como integrante del Cártel Independiente de Acapulco del que se separó para fundar Guerreros Unidos, y fue detenido luego de un enfrentamiento en la zona de Santa Fe en la Ciudad de México, el 9 de julio de 2012 y desde entonces recluido en una cárcel federal. Durante su detención le decomisaron armas de fuego y un millón 38 mil pesos.
Toribio Rentería es mencionado en el expediente de la PGR por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, por Sidronio Casarrubias Salgado (detenido), quien señaló a El Tilde como fundador de Guerrero Unidos.
En un comunicado la PGR informó que el juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, le impuso a El Tilde, 29 años de prisión, mientras que su contador Mario Saúl Farfán Ruiz, El Guachito, recibió la pena de 21 años, además fueron sancionados con una multa de 62 mil 330 pesos cada uno. (Redacción / Chilpancingo).

Llaman madres y padres de los 43 a Peña Nieto a que se acate la sentencia por el caso Ayotzinapa

Las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala el 26 de septiembre de 2014 exigieron al presidente Enrique Peña Nieto que acate la instrucción del poder Judicial, y “sepulte” la “verdad histórica” de la Procuraduría General de la República (PGR), con la creación de una comisión especial investigadora sobre el caso Ayotzinapa, como ordenó el Primer Tribunal Colegiado del Décimonoveno Circuito, con sede en Ciudad Reynosa, Tamaulipas.
En conferencia de prensa este jueves en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), los familiares expresaron que la sentencia del tribunal -la cual establece que en esa comisión tengan una participación preponderante los representantes de los padres y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)-, comprueba que “el actual gobierno les ha mentido y ocultado información”, y exhortaron al presidente a expresar públicamente la voluntad de su gobierno de acatar el fallo emitido el lunes.
A cuatro días de haber sido difundida la sentencia, Mario César González, padre de uno de los estudiantes desaparecidos, manifestó: “señor presidente Enrique Peña Nieto, le exigimos a usted que acate la resolución del Poder Judicial, ya que ustedes mismos nos decían que todas las resoluciones iban a ser cumplidas. Exigimos la voluntad de garantizar que se realice la comisión de investigación. Pedimos una declaración de voluntad política del presidente, el gobierno nos ha fallado una y otra vez”.
Acompañados del director del Centro Prodh, Mario Patrón, el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan Vidulfo Rosales, y Humberto Guerrero de Fundar Centro de Análisis e Investigación, los familiares de los 43 normalistas hicieron “un reconocimiento a los valientes magistrados” por la sentencia que reconoce múltiples irregularidades e indicios de tortura contra algunos de los indiciados.
Las madres y padres también mencionaron el informe que presentó este miércoles la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que señala que la investigación tiene muchas deficiencias, además de refrendar la inviabilidad de la versión oficial que sostenía que los estudiantes fueron calcinados en el basurero de Cocula y sus cenizas vaciadas en el río San Juan. También demandaron que los expertos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independiente (GIEI) vuelvan al caso.

Es necesaria una expresión pública del presidente, dice el Centro Prodh

Mario Patrón resumió que “en más de tres años y medio los familiares de las víctimas ya no confían en el gobierno federal”, por lo que es necesaria “una expresión pública del mandatario de su voluntad de acatar la sentencia. El informe de la CIDH es devastador, nos dice claramente que hay que sepultar la teoría del basurero y cumplir la sentencia”.
Remarcó que la sentencia “es inédita y da la oportunidad para crear un mecanismo extraordinario de justicia y verdad. Estamos frente a un caso de graves violaciones a derechos humanos, habla de tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones arbitrarias, y justo es alrededor de las condiciones de autonomía e independencia que deberían tener los órganos de Estado en este tipo de casos, en donde son las propias instituciones públicas las que están cuestionadas en la comisión de los hechos”.
Añadió que la CIDH “instó al Estado mexicano a acatar la resolución del primer tribunal, que ordenó que se reabra la investigación”, y que “es momento en que los candidatos presidenciales se pronuncien respecto al ordenamiento judicial, toda vez que buena parte de la ejecución de la sentencia le corresponderá implementarla al próximo gobierno”.
Hasta ahora, dijo, dos de los candidatos, Ricardo Anaya y Andrés Manuel López Obrador, “han hablado de mecanismos especiales para que se haga justicia en el caso Ayotzinapa, ahora, a la luz de la sentencia, sería importante que todos los candidatos se pronunciaran”.

“La justicia, lenta pero segura”

Vidulfo Rosales, representante legal de los padres, informó que están trabajando con los familiares las propuestas que se harán “para integrar la comisión que investigará nuevamente la desaparición de los normalistas”.
Indicó que cuando el tribunal notifique a las partes la sentencia, “el Ministerio Público tendrá 10 días hábiles para cumplir el ordenamiento de presentar peritajes independientes del Protocolo de Estambul de los inculpados que apelaron en principio a la orden de aprehensión, origen de la sentencia del tribunal colegiado.
“Lo que los magistrados piden, en el caso de los inculpados, es una investigación por las denuncias de tortura y una reposición de procedimiento acerca de un caso que fue construido sobre montajes, y una vez que ello ocurra se podrá dar lugar a la creación de la comisión en los siguientes 10 días”.
El vocero de los padres, Felipe de la Cruz insistió en que se trata de una sentencia que debe ser acatada.
“Hoy no estamos ante una recomendación de instituciones internacionales, como la CIDH o de la Organización de Naciones Unidas, hoy es una sentencia de un juez mexicano y tiene que acatarla”.
“Una vez más se confirma que nunca existió la ‘verdad histórica’ y que el resolutivo judicial confirma que la justicia es lenta pero llega”.
Los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos informaron su decisión de rechazar los 500 mil pesos que la sentencia plantea como indemnización, y advirtieron que si los inculpados salen libres por tortura será responsabilidad de la PGR.
Asimismo propusieron una mesa para crear la comisión de la verdad.
María Elena Guerrero, madre de uno de los estudiantes desaparecidos, dijo que la sentencia les da “otro motivo para estar de pie, para sepultar la verdad histórica y que se abran nuevas líneas de investigación”.
En opinión de Blanca Nava, otra de las madres, la formación de una comisión “es una oportunidad para que regresen los expertos del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes. Es lo que queremos, porque ellos descubrieron anomalías del gobierno y dejaron líneas de investigación que no se han cumplido”.
Los padres de familia exhortaron a los candidatos presidenciales a comprometerse a cumplir la sentencia del tribunal, que ordena establecer una comisión de la verdad en caso de que no pueda lograrse en lo que resta del año.

Ordena un tribunal una comisión de la verdad para el caso Ayotzinapa

Ordena un tribunal una comisión de la verdad para el caso Ayotzinapa; PGR no fue imparcial

Estará integrada por los representantes de las víctimas, la CNDH y el MP federal, y las dos primeras decidirán las líneas de investigación y las pruebas que deberán desahogarse. Por la resolución de un amparo se deberá reponer el proceso a cuatro presos presuntos miembros de Guerreros Unidos

Agencia Reforma

Ciudad de México

En un hecho inédito un tribunal federal ordenó la creación de una Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa, al concluir que la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial.
La comisión estará integrada por los representantes de las víctimas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Ministerio Público de la Federación, pero sólo las dos primeras decidirán las líneas de investigación y las pruebas que deberán desahogarse, de acuerdo con el fallo judicial.
Los magistrados del Primer Tribunal Colegiado con sede en Reynosa, Tamaulipas, determinaron en el mismo fallo reponer el procedimiento a Gildardo López Astudillo, El Gil, Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, Miguel Ángel Landa Bahena, El Chequel, y Salvador Reza Jacobo, presuntos miembros de Guerreros Unidos.
“Debido a que en México, lamentablemente no contamos con una Fiscalía independiente, se considera que el mecanismo a implementar en el caso concreto, a fin de contrarrestar y superar los defectos en la investigación”, afirma, el fallo “consiste en permitir que sean las propias víctimas, en específico los familiares de los estudiantes desaparecidos, quienes dirijan la investigación, desde luego, con la participación del Ministerio Público.
“De ese modo entre el Ministerio Público, los representantes de las víctimas y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se integrará una comisión, con permanente y estrecha relación, especialmente entre estos dos últimos, a la que para efectos de mayor precisión y claridad se denominará Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (Caso Iguala)”, dice el fallo suscrito por los magistrados Mauricio Fernández de la Mora, Juan Antonio Trejo Espinoza y Héctor Gálvez.
En esta comisión podrá validarse la incorporación de más organizaciones tanto nacionales como internacionales de derechos humanos.
Según la resolución a los cuatro presuntos delincuentes también se les deberá volver a determinar su situación jurídica sólo en el proceso iniciado por el delito de delincuencia organizada, derivado de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
El colegiado refiere que para definir si serán o no procesados, antes se deberá requerir a la PGR para que presente dictámenes independientes en las pruebas del Protocolo de Estambul.
De no hacerlo, según el tribunal, el juzgado a cargo del proceso deberá dar por ciertos los testimonios de los presuntos sicarios de Guerreros Unidos y concluir que, efectivamente fueron torturados.
Esto no implicaría en automático la libertad de los presuntos sicarios, sino la cancelación de sus confesiones como pruebas en el juicio. pues en el caso Ayotzinapa la mayoría de los imputados tienen dos procesos por delitos graves en curso.
Los magistrados invocan en su sentencia el derecho de acceso a la justicia de las víctimas, previsto en el Artículo 17 constitucional, cuyo objeto es llegar a la verdad y que se pueda garantizar que no se repitan este tipo de graves violaciones de derechos humanos.
También justifican su fallo en los artículos 20 y 21 constitucionales sobre el derecho de las víctimas a participar en la investigación y la atribución para indagar del Ministerio Público.
Los quejosos que con sus amparos propiciaron la orden para crear la Comisión de la Verdad son Gildardo López Astudillo, El Gil, acusado de ordenar la captura, asesinato e incineración de los 43 normalistas la noche del 26 de septiembre de 2014.
También Miguel Ángel Landa Bahena, El Chequel, Duba o Duvalín, supuesto lugarteniente de El Gil; Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, uno de los acusados de incinerar a los estudiantes, y Salvador Reza Jacobo, halcón o vigilante de Guerreros Unidos.

Rechaza la PGR la orden del tribunal; desconoce división de poderes y facultades del MP, reclama

La Procuraduría General de la República (PGR) afirmó que los magistrados que ordenaron la creación de una Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa, desconocen la división de poderes y las facultades de investigación y persecución del Ministerio Público federal.
En un comunicado la dependencia dijo que si bien no ha sido notificada oficialmente del fallo, ya hizo una revisión de la versión pública de la sentencia del Primer Tribunal Colegiado de Tamaulipas y, con base en ella manifiesta su desacuerdo.
“La PGR no ha sido notificada hasta este momento, sin embargo realiza un análisis sobre la versión pública de la resolución del amparo en revisión dado a conocer por el Poder Judicial de la Federación para determinar las acciones que correspondan conforme a derecho”, indicó en un comunicado.
“No se comparte el criterio de los magistrados que integran el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito con sede en Tamaulipas, pues desconoce la división de poderes y las facultades de persecución, investigación y el ejercicio de la acción penal que, de acuerdo al Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde al Ministerio Público de la Federación”.
En la resolución el tribunal concluye que la investigación de la PGR sobre la desaparición de los normalistas no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial.
Ordenó reponer el procedimiento a cuatro implicados en el caso por existir indicios de que su confesiones fueron obtenidas bajo tortura.
Al respecto la PGR señaló que la Unidad Especializada tiene abiertas diversas carpetas de investigación en las que constan los dictámenes practicados por peritos certificados y con autonomía técnica, conforme al Protocolo de Estambul.
“La investigación continúa y se trabaja en diferentes líneas, entre ellas las sugeridas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través del Mecanismo de Seguimiento, y toma en cuenta las observaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos”, añadió.
“La Procuraduría General de la República continuará ejerciendo sus facultades constitucionales, en estricto respeto a los derechos humanos y el debido proceso”. (Agencia Reforma / Ciudad de México).

Celebran ONG el fallo por el caso Ayotzinapa y califican de “histórica” la sentencia

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Las asociaciones civiles de derechos humanos que representan a los padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos, calificaron de “histórica” la sentencia del Tribunal Colegiado de Tamaulipas que ordenó reponer el procedimiento de la investigación de los crímenes del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, y la creación de una Comisión para la Justicia y la Verdad para este caso.
Destacaron entre otros puntos de la sentencia, “la actuación parcial y sin autonomía” de la Procuraduría General de la república (PGR) que no exploró líneas de investigación que apuntaban a la participación del Ejército y a la Policía Federal, ni posibles actos de tortura que también se atribuyen a la Secretaría de Marina Armada de México.
En un comunicado Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el Centro de Análisis e Investigación (Fundar), y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) consideraron importante la resolución como un aporte del Poder Judicial de la Federación para alcanzar la verdad y la justicia en el caso, frente a múltiples señalamientos críticos a la llamada “verdad histórica” por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y de la propia Oficina en México de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).
Mencionan que el gobierno federal siempre dijo que serían los tribunales mexicanos los que emitirían la calificación final de la indagatoria, “hoy lo han hecho y su veredicto es contundente: la acusación de la PGR es insostenible, y toda la investigación debe ser revisada de manera autónoma e imparcial”.
Aclararon que los amparos en revisión 203/2017 al 206/2017 que motivaron la sentencia Tribunal Colegiado de Circuito del Décimo Noveno Circuito fueron presentados por algunos acusados, que señalaron haber sido objeto de tortura, no fueron promovidos por las familias de los 43 estudiantes desaparecidos.

La investigación de la PGR estuvo dirigida

De la sentencia destacaron que el tribunal “pone especial énfasis en la existencia de pruebas respecto de la práctica de la tortura dentro de la investigación y en ese sentido, llama a que se recurra a peritos ajenos a la PGR que formen parte de instituciones públicas o privadas independientes”.
La resolución “insiste en que en el actual contexto institucional y sobre todo en el presente caso, la PGR ha actuado con parcialidad y sin autonomía, por ello, la resolución debe entenderse como un llamado a la creación de una Fiscalía genuinamente autónoma”.
Señalaron la ausencia de independencia e imparcialidad de PGR que se plasma en el párrafo 1033 de la sentencia, donde dice que “no se aprecia que se hayan explorado siquiera las líneas de investigación que apuntaban a la participación del personal del Ejército mexicano y la Policía Federal, y encima de ello tampoco aparece que se hayan investigado los actos de tortura, lo que conlleva que igualmente no se ha indagado al personal a quien se atribuyen tales actos, entre ellos a los integrantes de la Secretaría de la Marina Armada de México”.
Asimismo, en el párrafo 1148 de la sentencia se indica que la investigación de la PGR “estuvo dirigida a practicar y poner sólo énfasis en aquellas pruebas que pudieran apoyar una versión de los hechos que narraron varios detenidos en sus declaraciones autoincriminatorias, acorde a la incineración de los estudiantes en el basurero de Cocula y el depósito de sus restos en el río San Juan”.
En el 1149 agrega que “al conceder un peso excesivo a la referida versión se dejaron de explorar otras líneas de investigación”.
Por lo anterior el tribunal ordenó la creación de una Comisión de Investigación para la Justicia y la Verdad en el caso Iguala, como un “procedimiento alternativo” (párrafo. 1102) para subsanar y corregir la deficiente actuación de la PGR.
Puntualiza que en su conformación debe haber participación de las víctimas, de sus representantes, de la CNDH y de organismos internacionales, y recomienda un nuevo periodo de participación del Grupo Interdisciplinario Expertos Independientes (GIEI), que coadyuvó dos periodos en la investigación.
Las ONG exigieron un compromiso público del gobierno federal en lo que resta del sexenio de que no se manipulará el expediente para impedir el esclarecimiento del caso, y que la implementación del fallo sea previamente consultada con las víctimas y sus representantes.

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