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Prepara el gobierno de Guerrero disculpa a víctimas de la guerra sucia: subsecretario

El subsecretario Francisco Rodríguez Cisneros escucha al subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Félix Medina en las oficinas de la CNDH en la Ciudad de México Foto: Gobierno del estado

Juan Luis Altamirano

Ciudad de México

El subsecretario de Desarrollo Político y Social de Guerrero, Francisco Rodríguez Cisneros, aseguró que el gobierno del estado busca dar cumplimiento a la recomendación realizada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), relacionada con el trato a las víctimas de guerra sucia, la cual deberá terminar con una disculpa pública.
Luego de una reunión con la Comisión en la Ciudad de México, Rodríguez Cisneros declaró a El Sur que la posición del gobierno del estado es cumplir la recomendación realizada por el organismo, que data desde 2023.
“Dar cumplimiento a la recomendación 98VG/2023 que ha emitido la Comisión Nacional de Derechos Humanos en atención al periodo conocido como la Guerra Sucia, periodo en el estado de Guerrero en el que se cometieron abusos, que se hizo un uso excesivo de la fuerza por parte de las instituciones y de quienes en esa época estaban al frente de las diversas instituciones del gobierno del estado”, declaró Rodríguez.
Añadió que una de las tareas de la recomendación es la atención a las víctimas por parte del gobierno federal, con apoyo del estatal, además de realizar una disculpa pública a las personas agraviadas por las violaciones llevadas a cabo durante dicho periodo.
“Tiene que atenderse a las víctimas, el gobierno de México ya avanzó en este proceso de reconocimiento y atención al igual que lo estamos haciendo nosotros desde lo local. Tiene que concluir en una disculpa pública en la que intervienen tanto las autoridades locales como el gobierno de México”.
Comentó que la postura del gobierno de Guerrero es de dar cumplimiento a las recomendaciones planteadas por la CNDH, además que se dio un silencio respecto a las violaciones de la Guerra Sucia y que se tiene un compromiso moral con las víctimas de persecución.
“Este silencio que se ha guardado durante décadas ha profundizado el agravio hacia las víctimas, desde el gobierno del estado de Guerrero hemos velado siempre por el estado de Derecho, pero sobretodo por el respeto irrestricto a los derechos humanos”.
De igual forma comentó que no se trató otro tema distinto al cumplimiento de la Recomendación por parte de la Comisión, además que afirmó que se busca que el estado mantenga el diálogo como mecanismo de atención, ya que aseguró que en Guerrero “no existe represión ni persecución política por la expresión de las ideas”.
Rodríguez Cisneros dijo que para revisar el cumplimento de las recomendaciones por parte del gobierno del estado, se establecerán tiempos por parte de la Comisión, además que el encuentro fue programado previamente como parte de seguimiento.
En la mesa de diálogo estuvieron el secretario ejecutivo de la CNDH, Francisco Javier Estada Correa, el director de Derechos Humanos, Juan Carlos Castañón Arcos y la titular de la Coordinación General de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos, Cecilia Velasco Aguirre.
La Recomendación emitida por la CNDH tiene tareas especificas para la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de la Defensa, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Subsecretaria de Derechos Humanos de Gobernación, el Centro Nacional de Inteligencia, el Archivo General de la Nación y para la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.

Las acciones para la gobernadora

En las acciones para la gobernadora, se pide realizar “acto de reconocimiento de responsabilidad y disculpa pública por las atroces graves violaciones a derechos humanos registradas en el periodo de 1965 a 1990”.
De igual forma, gestiones para diagnosticar necesidades a las víctimas, coadyuvar en un plan de reparación integral, colaboración administrativa y presupuestaria y designar a una persona para dar seguimiento a la recomendación.
La Recomendación también identifica que se “realice las gestiones necesarias para que la nomenclatura de calles, los monumentos públicos, nombres de escuelas y otros lugares públicos, que refieran a perpetradores señalados en el presente instrumento recomendatorio, sean señalados públicamente como violadores a derechos humanos y, en conjunto con las víctimas sobrevivientes y familiares de violencia política de Estado, se establezcan alternativas de cambio de nomenclatura y/o desmonte de monumentos o estatuas que refieran a perpetradores”.
Dicha Recomendación se cruza con el homenaje realizado por el gobierno del estado por el natalicio del ex gobernador Rubén Figueroa Figueroa en noviembre, personaje señalado por su participación en la Guerra Sucia.

Critica el PRI inacción de la CNDH; gobiernos priistas fallaron en proteger derechos: Morena

Pocos diputados locales en la segunda sesión del Congreso local en la que el presidente de la Mesa Directiva decretó un receso para reanudarla hoy miércoles Foto: Jesús Eduardo Guerrero

José Miguel Sánchez

Chilpancingo

Durante la primera sesión del día martes, diputadas de Morena y del PRI participaron en tribuna con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, tema en el que mostraron opiniones distintas. La morenista, Araceli Ocampo Manzanares aseguró que las más grandes violaciones a los derechos humanos ocurrieron en gobiernos pasados, lo que fue refutado por la priista Beatriz Vélez Núñez.

Casos como la Guerra sucia, una herida abierta: Ocampo

El tema referente a los derechos humanos lo inició la morenista Ocampo Manzanares, quien subió a tribuna para hablar sobre el Día Internacional de Derechos Humanos, conmemorado el pasado 10 de diciembre, para recordar los derechos que nos son propios, para todos los seres humanos, sin distinción de raza, sexo, nacionalidad, religión o cualquier otra distinción”.
En su discurso, recordó hechos como la llamada Guerra sucia, la matanza de Aguas Blancas, la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, los que “demuestra que se ha fallado en el cumplimiento de este principio”. Sin mencionar nombres, culpó de los acontecimientos a “los gobiernos autoritarios del pasado”.
“Es lamentable que tengamos que recordar acontecimientos que han fallado en el cumplimiento de estos derechos, especialmente en lugares como Guerrero, donde las violaciones a los derechos humanos no sólo son una realidad, sino una herida abierta que persiste con el paso de los años; las cicatrices que nos dejó la llamada Guerra sucia siguen marcando a nuestra comunidades con desapariciones forzadas, torturas y asesinatos, que lejos de ser sólo recuerdos trágicos, siguen vigentes en nuestra memoria, como para recriminar el resto de la historia al régimen político corrupto y autoritario que nos gobernaba en aquel entonces”.
“Tampoco podemos olvidar la matanza de Aguas Blancas en 1995, donde decenas de campesinos fueron asesinados a sangre fría por el Ejército y la policía, mientras ellos exigían justicia para sus comunidades. Este crimen de Estado cometido por autoridades que se suponen deberían proteger al pueblo y a pesar de que han pasado décadas aún enfrentamos la impunidad que acompaña estos actos, debido a la deficiencia del sistema judicial”, agregó Ocampo Manzanares.
Otro caso que mencionó fue la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida en Iguala, en 2014, durante el gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto.
Sin decir nombres, la diputada aseguró que muchos de los perpetradores y actores en la desaparición de los 43 “se acobardan, desde Israel, o en España, evadiendo la justicia”.
Al final de su participación, aseguró que como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso alzará la voz en nombre de las víctimas, y se pronunció porque el Día Internacional de los Derechos Humanos no sólo sea un día más en el calendario, “sino que signifique un compromiso renovado con la justicia, la verdad, la reparación y el derecho a vivir en paz”.

El PRI creó la CNDH

Al concluir su participación, la priista Beatriz Vélez Núñez solicitó hacer uso de la palabra para hablar sobre el mismo tema, y al iniciar su discurso en la tribuna dijo: “cada mes en el estado de Guerrero mueren más que los muertos de Aguas Blancas”.
Se lanzó contra la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), al asegurar que actualmente “hay muestras de insensibilidad” por parte de su titular, María del Rosario Piedra Ibarra, para atender las denuncias que llegan a dicha institución.
La priista defendió a su partido de las acusaciones de la morenista, y aseguró que durante la presidencia de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) se creó la CNDH, junto con otros organismos locales para defender los derechos humanos.
“Resulta interesante hacer esta narrativa histórica en la evolución de los derechos humanos, porque el PRI, en los tiempo que gobernó, tuvo la visión de ponderar derechos de los ciudadanos, y que las instituciones estén al pendiente y al servicio de quienes necesitan defensa ante los abusos”.
La priista aprovechó para lanzarse contra la actual administración de la CNDH, al asegurar: “hoy vemos, y escuchamos los reclamos por el desinterés que existe en el actuar de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Quien se ha mostrado insensible ante las circunstancias evidentemente violatorias de los derechos humanos: secuestro de migrantes, sin pronunciamientos, sin pronunciarse en materia de desaparición forzada, entre otras. De ahí que sin duda, en las administraciones encabezadas por el PRI se trabaja en beneficio, en pro de los ciudadanos, buscando su bienestar e impulsando instituciones que de verdad los representen”.
A la participación de Vélez Núñez ya no hubo respuesta por parte de Ocampo Manzanares, sin embargo la diputada Obdulia Naranjo Cabrera (PVEM) y Leticia Mosso Hernández (PT), se sumaron a la discusión, aunque sus participaciones se centraron en mencionar que hay avances significativos en México en pro de la justicia y no discriminación; sin embargo, y que es obligación de las autoridades trabajar en la protección, promoción y garantía de los derechos de todas las personas.

Iniciativas

En la sesión, la diputada Guadalupe García Villalva, de Morena, presentó una iniciativa de adición a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado para crear la Subsecretaría para la Atención y Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Afromexicanas, misma que estará integrada en la estructura de la Secretaría para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos (Sedepia), la cual fue turnada a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos para su análisis y dictaminación.
El diputado Carlos Eduardo Bello Solano, también de Morena, presentó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, para establecer un plazo de 15 días naturales para que los servidores públicos proporcionen la información requerida por las comisiones o comités del Congreso local, con un segundo requerimiento de cinco días en caso de incumplimiento, y si la omisión persistiera, se prevé la comparecencia del funcionario ante el Pleno del Poder Legislativo. La iniciativa se turnó a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos.
Otra iniciativa presentada fue una de la diputada Diana Bernabé Vega (Morena), quién remitió a la Mesa Directiva una adición al Código Penal del Estado para tipificar como delito el uso indebido de drones, “con sanciones de 3 a 20 años de prisión, cuando se utilicen para agredir a personas o bienes, para facilitar el transporte de drogas o armas, se atente contra las vías de comunicación o para violar la privacidad de las personas”. Fue turnada a la Comisión de Justicia.

Condicionan en el hospital de la capital atención a menor con insuficiencia renal, denuncian

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Los padres de un adolescente con insuficiencia renal crónica, denunciaron a los directivos del Hospital General Raymundo Abarca Alarcón de Chilpancingo, a la secretaria de Salud estatal, Aidé Ibarez Castro y la propia gobernadora Evelyn Salgado Pineda por negarle la atención médica.
Juan Carlos Moreno García y Dulce Violeta Vázquez Rivera, informaron en conferencia de prensa que debido a las denuncias que han llevado incluso al ámbito nacional e internacional, ahora quieren iniciarle el tratamiento a su hijo, pero a condición de que retire las quejas, lo cual rechazaron.
A Kalef Moreno Vázquez, de 17 años de edad, le diagnosticaron hace un año y nueve meses insuficiencia renal crónica en el hospital Raymundo Abarca Alarcón, pero según el padre del joven lo hizo un médico general, no un especialista y le declaró fase terminal, aun así le aseguró que “ya no tenía posibilidad de vida, que se lo llevaran a su casa”.
Pero Juan Carlos contó que su familia es muy numerosa y unida y mediante cooperaciones de todos pudieron brindarle una atención privada en la Ciudad de México, debido a que aquí en el hospital y en la Secretaría de Salud municipal nunca le quisieron ayudar, “me negaron todo tipo de atención”, denunció.
El padre del joven declaró que en la Ciudad de México le colocaron un catéter a su hijo y lo estuvieron atendiendo hasta que se quedaron sin dinero y se deshicieron de sus bienes.
Informó que hace cinco meses regresaron a Chilpancingo y al Hospital General Raymundo Abarca Alarcón donde nuevamente les dijeron que ellos no atienden estas terapias porque son muy caras y que no cuentan con equipo ni medicamento.
Indicó que quisieron hablar con el director, pero nunca lo han encontrado y fueron a la Secretaría de Salud estatal, donde la titular Aidé Ibarez Castro les dijo que no podía hacer nada, que no estaba en sus manos porque es un proceso muy caro. Aseguró que la petición fue por escrito y la respuesta de la funcionaria igual.
Por enésima vez intentaron en el hospital general, y después de cinco intentos sólo le aplican suero de solución simple.
Juan Carlos Moreno aseguró que en el nosocomio nunca les hablaron ni les propusieron un trasplante o el traslado a un hospital de tercer nivel, porque “no hay coordinación ni con el área de Trabajo Social”.
Explicó que cuando la familia del paciente se enteró que del hospital pudieron hacer un trasplante o canalizarlo a un hospital de tercer nivel, presentaron una denuncia en contra del director José Antonio Ramírez Ríos, en contra del médico Bernardo Figueroa Flores, contra el área de Trabajo Social y contra la nefróloga, “que es una persona muy déspota y prepotente”.
Después de la denuncia, según el padre del paciente, del hospital lo mandaron a traer un catéter que cuesta 14 mil pesos, y lo anduvo buscando “en todo Guerrero” y no lo encontró.
Posteriormente, en Morelos, les dijeron que fuera a la clínica Humana en donde se lo podían elaborar, “y resultó que esa clínica es de la nefróloga Salinas, que trabaja en el hospital Raymundo Abarca Alarcón”.
“Nos dio un coraje, impotencia, rabia, al saber que nos estaban recomendando un medicamento que ellos si lo tienen”.
Informó que derivado de toda esa negativa de atención, negligencia, y hasta tentativa de homicidio contra su hijo, presentó una queja primero ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, después ante la Comisión Nacional (CNDH) y ya llegó hasta la “Corte Internacional de Derechos Humanos”.
Aseguró que también denunció el caso ante la Presidencia de la República, “así es que si esperaban callarme o hacerme algo yo hago responsable a Aidé Ibarez Castro, a José Antonio Ramírez Ríos, a Trabajo Social, a Bernardo Figueroa, a la nefróloga Salinas, así como a la misma gobernadora que nos ha negado toda atención, a pesar de que le hemos mandado oficios”.
Contó que derivado de las denuncias, el 23 de agosto los llamaron a una cita médica en el consultorio 4, pero cuando estaba en espera, resultó que los directivos habían “armado” una reunión al que lo mandaron llamar con los escoltas del director del hospital.
“Hay una reunión, mi jefe quiere hablar contigo y eres el único que falta”, le dijo uno de los guardias y cuando le respondió que él no sabía de ninguna reunión y que iba a una consulta, el médico que iba a atender a su hijo, le explicó que no lo podía recibir que mejor fuera a la reunión.
Explicó que al llegar a la sala de la reunión se encontró que hasta personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos había, “a quien le confiamos nuestra seguridad y nos sentíamos abrazados”.

Presenta queja la CRAC-PC ante la CNDH contra el aval de la Corte a la Ley 701

Daniel Velázquez

Los coordinadores y asesores de las casas de justicia de San Luis Acatlán, Espino Blanco, Zitlaltepec y Las Juntas Caxitepec, de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), acudieron a la Comisión Nacional Derechos Humanos (CNDH) para exponer su inconformidad por la resolución de la Corte sobre la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura Indígena y Afromexicana.
En declaraciones por teléfono, uno de los asesores de la CRAC, Uriel Leal Ramírez, informó que ayer tuvieron una reunión con el secretario ejecutivo de la CNDH, Francisco Estrada Correa, a quien le manifestaron su inconformidad en el fallo de la Corte sobre la ley 701, y a consultarle sobre la posibilidad de recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues la legislación aprobada por la Corte es regresiva y no progresiva.
El 24 de mayo de 2022 el Congreso local aprobó la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura Indígena y Afromexicana, la cual fue impugnada mediante una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pero el 5 de junio los ministros avalaron la reforma y la declararon vigente.
En la reunión con la CNDH los representantes comunitarios también expusieron que la reforma avalada por la SCJN no cumplió con el artículo 6 del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales, “no hubo una consulta, fue algo simulado”.
Agregó que en la reunión la CNDH ofreció revisar algunas cuestiones sobre el fallo de la Corte, específicamente sobre la publicación de la norma y en caso de que no proceda ese recurso se recurrirá a tribunales internacionales.
El asesor de la CRAC dijo que trabajan en dos vías, impugnar la norma y la otra que se haga una nueva reforma que permita a la CRAC-PC mantener el sistema de reeducación porque la reforma avalada por la SCJN solo reconoce a la CRAC-PC como “organismos auxiliares”. Recordó que el sistema de reeducación como forma de justicia que aplica la CRAC es resultado de una lucha que se ya se dio hace años y ya habían avanzado pero la nueva ley es regresiva, pues ya no les da ese derecho.
Agregó que de seguir la reforma vigente podrían promoverse amparos por los infractores para evitar someterse al sistema de justicia de la CRAC, “pero la CRAC ya tiene una posición: con o sin autorización de las autoridades jurisdiccionales y del propio Congreso se va a seguir adelante como se estaba trabajando anteriormente”.
Las opciones que proponen son reformar la Ley 701 para que se reconozca el sistema de reeducación como parte del sistema comunitario, o bien que se haga una nueva ley con una consulta verdadera, previa, informada, de buena fe y culturalmente adecuada.
Indicó que volverán a reunirse con la CNDH para evaluar las posibilidades de impugnación ante tribunales internacionales. En tanto del gobierno del estado no han recibido una respuesta sobre si la consulta y la reforma son viables para antes del proceso electoral de 2024.
En la reunión con la CNDH estuvieron los coordinadores de las cuatro casas de justicia de la CRAC y el abogado Vidulfo Rosales Sierra.

Pide la CNDH reformar la Ley de Registro Civil que impide casarse a personas con VIH

Daniel Velázquez

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), emitió una recomendación para que el Congreso local reforme la Ley 495 del Registro Civil y el Código Civil del Estado que impiden que a personas con VIH contraer matrimonio, pues violentan “el derecho al libre desarrollo de la personalidad y de formar una familia”.
La recomendación va dirigida a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y a la presidenta de la mesa directiva del Congreso local, Yanelly Hernández Martínez, así como a las comisiones de Justicia y Derechos Humanos.
La recomendación general 48/2023 fue emitida el pasado 5 de abril, señala que el artículo 417 del Código Civil del Estado Libre y Soberano de Guerrero Número 358 establece como impedimentos para celebrar el contrato de matrimonio la existencia de enfermedades crónicas e incurables, que sean, además, contagiosas o hereditarias; y obliga a los contrayentes a presenta certificado médico prenupcial, lo que es contrarios a lo establecido en la Constitución Política del estado.
La normativa vigente en la entidad, sostiene la CNDH también trasgrede a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Ley General de Salud.
La legislación de Guerrero también vulnera los tratados internacionales suscritos por México como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Convención Americana de Derechos Humanos, la Declaración de los Derechos Humanos y Humanidad sobre los principios fundamentales de derechos humanos, la ética y la humanidad aplicables en el contexto del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (Sida).
En su recomendación la CNDH también señala que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que, la decisión de unirse en matrimonio o concubinato con una persona que padece una enfermedad crónica o incurable que sea contagiosa o hereditaria, solo le corresponde a quien puede sufrir ese riesgo.

Discriminación estructural

En el documento se menciona que “La heterosexualidad como orientación sexual normativa, ha sido una de las principales causas para definir la homosexualidad como enfermedad, delito, o pecado, y demás connotaciones negativas relacionados con ella. Lo anterior se interpreta como una consecuencia en los inicios de la pandemia de VIH y Sida y que perdura hasta nuestros días; se ha asociado a la homosexualidad con el VIH, considerando al padecimiento como consecuencia/castigo de esta orientación sexual.
También señala “la criminalización del VIH es un fenómeno que se usa para promulgar leyes que castigan la conducta de las personas que se sospecha pueden transmitir el VIH y cuya aplicación se dirige específicamente a esta población”.
En su recomendación, la CNDH expone que “las personas que viven con VIH o Sida enfrentan una situación de discriminación estructural derivada de su estado de salud, situación caracterizada por la vulneración o negación sistemática de diversos derechos. Dicha negación responde a la presencia de estereotipos y prejuicios sobre el VIH o Sida. Debido a los estigmas, la discriminación, el rechazo y las violencias contra las personas con VIH durante los primeros 20 años de esta pandemia, se creó un imaginario social que orilló a la población a considerar que el virus es de fácil trasmisión y que su propagación es “culpa” de quienes viven con VIH, en lugar de asumir que el combate al VIH es un problema social y de salud pública que el Estado debe prevenir y atender.
Destaca además los avances científicos en el campo de la medicina han logrado alargar la expectativa de vida de las personas que viven con VIH, así como mejorar considerablemente la calidad de éstas a través del tratamiento antirretroviral

Las recomendaciones

La CNDH consideró que la Secretaría de Gobierno, junto con la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero y el Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS) deben capacitar de manera periódica a los funcionarios de la Dirección de Registro Civil “para prevenir que se vulneren los derechos humanos de las personas que viven con VIH o Sida y/u otras enfermedades crónicas e incurables, contagiosas o hereditarias, cuando decidan contraer matrimonio”.
También se recomienda emitir circulares de “observancia obligatoria” en tanto no se reforman las leyes para que los oficiales del Registro Civil actúen “conforme al estándar nacional e internacional más alto, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia que proceda en favor de las personas solicitantes, guiando su actuación conforme al criterio establecido por la SCJN en el Amparo en revisión 670/2021, y en la normatividad nacional e internacional invocada en la presente Recomendación”.
A las autoridades estatales les recomienda que presenten una iniciativa para reformar las disposiciones legales que regulan la figura del matrimonio. A los diputados intervenir para legislar.

Emite la CNDH recomendación a la SSCP, Guardia Nacional y FGE por caso de tortura

Juan Luis Altamirano Uruñuela

Ciudad de México

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), emitió una recomendación a la Secretaría de Seguridad de Protección Ciudadana (SSPC), a la Guardia Nacional y a la Fiscalía General del Estado (FGE), por violaciones de derechos humanos a una persona.
Mediante un comunicado de prensa, la CNDH publicó la Recomendación 91VG/2023 dirigida a la secretaria de Seguridad Rosa Icela Rodríguez, al comisionado general de la Guardia Nacional, David Córdova y la fiscal del estado, Sandra Luz Valdovinos.
Se explica que la recomendación se emitió debido a violaciones graves a los derechos humanos a la integridad de la persona por actos de tortura contra una víctima, presuntamente atribuibles a integrantes de la Guardia Nacional y de la Fiscalía, en el municipio de Chilpancingo.
La Comisión relató que el 21 de febrero y 7 de marzo de 2022, recibieron escritos de la víctima quejándose de que el 18 de febrero de 2022, detallando la situación en la que se realizaron los agravios.
“Vio que corrían varias personas, las cuales eran perseguidas por efectivos de la Guardia Nacional, por lo que apresuró el paso y se refugió en los baños de la presidencia municipal, de donde lo sacaron y, en las puertas del Ayuntamiento, los guardias federales lo golpearon en diversas partes del cuerpo, lo tiraron al piso, lo patearon, lo colocaron boca arriba y le cubrieron la cara con una franela a la que le echaron agua para asfixiarlo mientras le preguntaban los nombres de los ‘halcones’, además de señalarlo como uno de ellos”, describe la Comisión.
Indicaron que posteriormente, el 19 de febrero, la víctima fue trasladada a las instalaciones de la Fiscalía del estado en el municipio de Acapulco, donde personal de la dependencia le torturó física y sicológicamente.
“La madrugada del 19 de febrero de 2022, la víctima fue trasladada a las instalaciones de la Fiscalía del estado en la ciudad de Taxco de Alarcón, Guerrero, donde personal de la institución metió su cabeza a una taza de baño y le volvieron a cuestionar si era ‘halcón’ y los nombres de sus cómplices, además de torturarlo psicológicamente al amenazarlo con hacerle daño a su familia si no confesaba”, explicaron.
Afirman que debido a que no tuvieron respuesta, a la persona en cuestión se le trasladó al municipio de Chilpancingo y fue puesto a disposición del Ministerio Público, quien lo consignó al Centro de Reinserción Social.
Añadieron que debido a un análisis, estudio y valoración de evidencias, la Comisión afirmó la violación de derechos humanos por actos de tortura en agravio de la víctimas, esto por parte de integrantes de la Guardia Nacional y la Fiscalía.
“Del análisis, estudio jurídico y valoración de las evidencias, la CNDH acreditó la violación grave de los derechos humanos a la integridad personal y a trato digno, por actos de tortura, en agravio de la víctima por parte de elementos de la Guardia Nacional y de la Fiscalía de la entidad, por lo que solicitó al comisario de la GN y a la fiscal del estado que procedan a la inmediata reparación integral del daño causado, otorgando la atención médica y psicológica que requiera la víctima”, externó la Comisión.
De igual forma, la CNDH exhortó tanto a la Guardia Nacional como a la Fiscalía a colaborar en la carpeta de investigación e identificación de los agentes que participaron en los actos de tortura.
“Asimismo, esta Comisión Nacional pide que ambas dependencias colaboren en la integración de la Carpeta de Investigación iniciada por lesiones a la víctima y se investigue y determinen la responsabilidad de cinco personas servidoras públicas adscritas a la Guardia Nacional y una más al Ministerio Público. Asimismo, deberán identificar a los agentes que participaron en los actos de tortura a la víctima mientras permaneció en la ciudad de Taxco y que no firmaron ningún documento”.
La CNDH recomendó un curso de capacitación dirigido a personas servidoras públicas de las dependencias que realicen actividades de seguridad pública en Guerrero sobre la prevención de la tortura.

Entrega el nuevo sindicato del Congreso sus quejas en Palacio Nacional y la CNDH

Trabajadores del Congreso del estado agremiados al sindicato Sentimientos de la Nación continúan el paro de labores y el cierre de las instalaciones Foto: Jessica Torres Barrera

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El sindicato Sentimientos de la Nación, de trabajadores del Congreso local, entregó en Palacio Nacional y en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en Ciudad de México, una queja por discriminación y amenazas con despidos para que levanten el plantón que iniciaron el 8 de febrero, informó el secretario general, Fernando Martínez Román.
En consulta en el plantón, el dirigente se deslindó del diputado local de Morena, Alfredo Sánchez Esquivel, por la versión de que está detrás del movimiento laboral. Aseguró que la organización qye encabeza obtuvo su registro y toma de nota de las autoridades laborales y demandó piso parejo con la seccción del SUSPEG que representa a otros trabajadores del Congreso local.
Recordó que en su momento, como presidente de la Junta de Coordinación Política, Sánchez Esquivel sólo respetó su derecho a la libre sindicalización.
“Hay un tema público, nos vinculan con el diputado Sánchez Esquivel, y la verdad es que nos organizamos con miedo, pensábamos, ‘igual y nos corre Esquivel’, pero presentamos la solicitud del registro del sindicato”. Agregó que aunque no debe hacerlo, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje preguntó “¿cómo se llevan con el patrón?”, y consultó también a la parte patronal.
Entonces como presidente de la Junta de Coordinación, la postura de Sánchez Esquivel “fue no molestarnos porque sabía que estábamos organizados en el marco legal”.
Asimismo, dijo que es conocido el problema dentro de la bancada de Morena, entre la actual presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Yoloczin Domínguez Serna, y Sánchez Esquivel. Por lo que les pidió que las demandas del sindicato las dejen al margen de sus pleitos.
Añadió que otro rumor en el Congreso, para mal informar a los agremiados de una sección del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), es que “les van a quitar prestaciones a ellos, para darnos beneficios a nosotros”.
Reconoció que hay importantes logros de la ección del SUSPEG para sus agremiados, pero aclaró que el nuevo sindicato no apuesta a la reducción de prestaciones, “somos hermanos en el trabajo”.
Sobre las acciones del movimiento, informó que el viernes iban a manifestarse en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero el mandatario estuvo en Jalisco.
Sin embargo, en la Oficina de la Presidenta los recibieron de manera muy digna, porque López Obrador dejó la indicación de atender y responder a todas las demandas de violaciones a los derechos humanos y laborales.
Así, dejaron copias de los documentos legales del sindicato para acreditar la personalidad legal y los responsables de la oficina dijeron que iba aturnar el oficio, para hacer el seguimiento con prontitud.
Asimismo, señaló que fueron a la CNDH a entregar el documento de queja que levantaron en la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum), ahí se integró el expediente y un visitador se comprometió a ir a Guerrero.
“(Antes), le decíamos a la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Guerrero, Cecilia Narciso Gaytán, que queremos dialogar con los diputados. No pedimos un trato especial, sino un trato justo, piso parejo de acuerdo con la ley, tener las mismas prestaciones que tienen trabajadores de limpieza y administrativos”.
Después de que funcionarios del Congreso negaron que haya hostigamiento hacia los manifestantes, Martínez Román aclaró que el movimiento sindical va a seguir, pese al hostigamiento laboral.
“Hay muchas inquietudes, han amenazado a compañeras con fincar responsabilidades administrativas. Es normal que lo hagan con el secretario general del sindicato, pero las demás compañeras no tienen porqué ser hostigadas por un pliego petitorio”.
Aseguró que ya están documentando estas violaciones, para presentarlas a la opinión pública.

Piden a la CNDH iniciar juicio contra leyes del Congreso por cobro de alumbrado público

Jacob Morales Antonio

El Frente de Resistencia por Guerrero solicitó por escrito a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), iniciar un juicio de inconstitucionalidad contra las 81 leyes de ingresos de los municipios aprobadas por el Congreso local.
El integrante del Frente, Leucadio Nieto Apreza, explicó que en 2021 y 2022 se presentaron juicios contra el cobro del alumbrado público por parte de los ayuntamientos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Explicó que la primera sentencia que se ganó fue el 18 de noviembre de 2021, en favor de la población de cinco municipios. La segunda fue el 17 de octubre de 2022, cuando se obtuvo una sentencia a favor de la población de 69 municipios.
El integrante dijo que ahora volverán a solicitar que la CNDH inicie un juicio de inconstitucionalidad contra las leyes de ingreso 2023. “De las dos sentencias anteriores a los diputados del Congreso les importó un pepino y volvieron a meter el cobro del alumbrado público en las leyes de ingreso de todos los municipios”.
Nieto Apreza no precisó cuáles son los seis municipios que no se han considerado en las sentencias, pero insistió en que de los 81 actuales en 74 la población por sentencia de la SCJN no debe de pagar el alumbrado público.
Sostuvo que los diputados del Congreso local están desacatando un mandato de la SCJN: “vamos a darle el seguimiento al desacato de la última sentencia y estamos volviendo a solicitar el juicio de acción de inconstitucionalidad”.
Agregó que lo más grave no es que no se haya respetado la resolución de la SCJN sino que los diputados locales retomaron el modelo de cobro del estado de Puebla donde se estableció una cuota fija mensual de 125 pesos por concepto de alumbrado público, y al bimestre según la cuota que se estipula en Guerrero cada usuario pagará un aproximado de 480 pesos, más el consumo.
El también morenista recriminó que a pesar de que en el Congreso hay una mayoría de 22 diputados de Morena, “están actuando contra el gobierno federal” que mantiene una política a favor de la población de los que menos tienen.
Indicó que los integrantes del Frente han dialogado con todos los integrantes de la Comisión de Hacienda en el Congreso, en octubre y noviembre pasado y se comprometieron a revisar los puntos de ambas sentencias, “pero sólo nos dieron largas y aprobaron las leyes de ingresos de los 81 municipios sin quitar el cobro del alumbrado público”.
Nieto Apreza señaló que los diputados locales se han extralimitado en sus funciones al aprobar esta ley, que solo compete al ámbito federal y a la Cámara de diputados, y los senadores.
Agregó que van a agotar el proceso jurídico de ejecución de las dos sentencias obtenidas en 2021, y 2022, y en dado caso de que los diputados incumplan con lo mandatado por la SCJN podrían ser sancionados.

Denuncia ex delegada de la Codehum a Cecilia Narciso Gaytán ante la CNDH

Integrantes de diferentes sectores acompañaron a la ex delegada de la Codehum, Fanny Ruth Lara Figueroa a presentar una queja contra la presidenta del organismo, Cecilia Narciso Gaitan, en la CNDH en Acapulco Foto: Argenis Salmerón

Argenis Salmerón

La ex delegada en Acapulco de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codehum), Fanny Ruth Lara Figueroa, interpuso una queja contra la presidenta del organismo, Cecilia Narciso Gaytán por un trato diferenciado y desigual.
Acompañada de personas de diferentes sectores, la ex delegada interpuso su queja en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en el fraccionamiento Costa Azul.
Denunció que durante más de un año, la presidenta de la Codehum le gritaba y la restringía para desempeñar su labor como delegada.
Explicó que el trato desigual a nadie del organismo se le dio, ni a los demás delegados ni visitadores, “eran instrucciones solamente para Fanny”.
Lara Figueroa indicó que la presidenta de la Codehum tomó posesión en mayo del 2021, “yo estuve trabajando con ella más de un año”.
Argumentó que la presidenta de la Codehum decidió terminar la relación laboral, “no estoy pidiendo que me regresen a la institución, no es mi intención, no podría trabajar donde no hay paz ni armonía”.
“Yo de ella (Cecilia Narciso) recibí un trato desigual, ese es el motivo de la queja, queremos que las mujeres levanten la voz, Guerrero no puede seguir en esas condiciones”, puntualizó.
Declaró que la cuestión laboral fue resarcida parcialmente, e “hice hoy esto, porque es un día comemorable, día donde las mujeres tenemos que alzar la voz y mencionar que la violencia no puede ser permisible en las instituciones”.
Aseveró que el trato no digno es parte de una violencia que se ejerce abuso del poder. Recalcó que su queja va dirigida en violaciones a la dignidad, el derecho a la igualdad.
Reclamó que aparte de ella, dos mujeres más fueron humilladas por la presidenta de la Codehum y no fueron liquidadas conforme a derecho. Dijo que ella terminó de laborar el 17 de octubre de este año.
Lara Figueroa estuvo acampañada de Unión de Indígenas Radicados en Acapulco, comunidad LGTB eintegrantes del Foro Guerrerenses de Abogados, entre otros.

No obedece órdenes del Ejército de no atender una queja sobre Ayotzinapa, dice la CNDH

Emiliano Tizapa Lucena

Chilpancingo

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dijo que no sigue instrucciones del Ejército que le ordenó cerrar la queja interpuesta por el Comité de Madres y Padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa por actos violatorios de derechos humanos cometidos por militares.
Ayer en un comunicado, la CNDH respondió a la nota publicada por la revista Proceso, firmada por la reportera Gloria Leticia Díaz, y titulada “La Sedena se dio el lujo de girar instrucciones a la CNDH”.
Proceso informó que en un escrito fechado el 28 de julio de 2022 –que pertenece a los millones de archivos filtrados por el colectivo de hackers Guacamaya– el director general de Derechos Humanos de la Sedena, general de brigada diplomado de estado mayor Ángel Primitivo Flores González, instruyó al responsable de la Segunda Visitaduría de la CNDH, Jair Omar Pasaran Nieto, que “se determine la conclusión de la presente queja” CNDH/2/2022/505/Q, interpuesta por los padres y madres de los 43 por actos presuntamente violatorios a derechos humanos cometidos en su agravio y la de sus hijos atribuibles a personal perteneciente” a la Sedena.
La CNDH indicó en su comunicado que “está al servicio del pueblo de México, sólo a éste se debe, y sus acciones se basan únicamente en las atribuciones y facultades conferidas por el marco jurídico vigente”, aunque no negó la existencia del documento con la instrucción del militar.
Sostuvo que “gracias a la autonomía” que le otorga la Constitución federal y “por instrucción muy enfática de nuestra presidenta, Rosario Piedra Ibarra, en la integración, investigación y documentación de los expedientes de queja no se reciben, ni mucho menos se acatan órdenes ni instrucciones de ninguna autoridad nacional, estatal, municipal o internacional”.
Aseveró que lo expuesto en la nota periodística de que el general instruyó al responsable de la Segunda Visitaduría, exhibe “ausencia de información básica de la naturaleza jurídico-política de la CNDH”, y por ello, “falta contundentemente a la verdad”.
Afirmó que en la práctica cotidiana, sustentada en la sistemática procedimental establecida por ley, “el resultado de las investigaciones realizadas por la CNDH se basa única y exclusivamente en evidencias, y en ningún caso se determinan los expedientes por la estridencia emanada de los medios de comunicación ni de las redes sociales, y mucho menos por la solicitud simple y llana de ningún particular ni autoridad alguna sin excepción”.
Precisó que contrario a lo que sugiere la nota, el expediente CNDH/2/2022/505/Q/VG se encuentra en trámite y en ningún momento ha sido “cerrado”, y al efecto se cuenta con los acuerdos de 18 de octubre de 2021 y 3 de febrero de 2022, mediante los cuales, la presidente Rosario Piedra Ibarra atendió la petición de las madres, padres y familiares de los 43 normalistas rurales de Ayotzinapa, víctimas de desaparición forzada, y también atendió las recomendaciones y comunicaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).
Los acuerdos a los que se refriere la CNDH como indicativo de que se está atendiendo la petición sobre Ayotzinapa son anteriores al documento del 28 de julio de 2022 que Proceso reveló en su nota periodística, es decir, la orden del general del Ejército dirigida al responsable de la Segunda Visitaduría para concluir la queja de los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.
También dice que se han atendido “los nuevos hechos y elementos del caso (Ayotzinapa) en los que seguimos abundando con toda seriedad y responsabilidad”, y que continuará con la investigación del expediente citado, el cual sólo se podrá concluir por alguna de las causas señaladas en las nueve fracciones del artículo 125 del Reglamento Interno.
Las nueve causas para concluir un expediente son: por no ser competencia de la Comisión Nacional para conocer de la queja planteada; por no tratarse de violaciones a derechos humanos, en cuyo caso se dará orientación jurídica al quejoso; por haberse dictado la recomendación correspondiente; por haberse enviado a la autoridad o servidor público señalado como responsable un documento de no responsabilidad; por desistimiento del quejoso; por falta de interés del quejoso en la continuación del procedimiento; por acuerdo de acumulación de expedientes; por no existir materia para seguir conociendo del expediente de queja; y por haberse solucionado el expediente de queja mediante los procedimientos de conciliación o durante el trámite respectivo.
La CNDH manifestó que está siempre en comunicación con los familiares, con quienes tienen pendiente una reunión y cuya fecha las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos “habrán de establecer”, precisamente para el seguimiento de la queja.
Subrayó que en lo que respecta a la desaparición de los 43 normalistas, no solamente tiene el deber de observar la ley sino de mantener un compromiso con los padres y madres de las víctimas, al que no habrán de faltar, de acompañarlos en su búsqueda de verdad y justicia, y por lo mismo rechazó “cualquier insinuación” que la coloque en contradicción con ese compromiso que aseguró “va más allá de la ley, es de ética y de elemental solidaridad con su causa, que es de todo el pueblo de México”.
La revista Proceso dio a conocer también el comunicado de la CNDH en su plataforma digital, y resaltó que el organismo no desmintió la existencia del documento que se obtuvo por la filtración de Guacamaya donde el militar instruyó concluir la queja de los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que el expediente se encuentra en trámite y que siguen las investigaciones y las actuaciones.
De acuerdo con Proceso, como lo reconoció el GIEI en su reciente conferencia, los documentos filtrados por los hackers demuestran “un intento de exculpación de un militar detenido, el capitán José Martínez Crespo”, adscrito al 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala, cuando desaparecieron a los 43 estudiantes de Ayotzinapa, y detenido desde noviembre de 2020.